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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 19ª, en martes 4 de enero de 2000
Ordinaria
(De 16:22 a 18:51)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
YCARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Martínez Busch, Jorge
--Moreno Rojas, Rafael
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda; Secretario General de la Presidencia; Secretario General de Gobierno y Presidente de la Comisión Nacional de Energía, y el señor asesor del Ministerio de Hacienda.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22 en presencia de 24 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
A todos los señores Senadores les deseo felicidades para el nuevo año, que comenzamos con la presente sesión. No he podido saludar personalmente a dos o tres de ellos, lo que espero hacer después. Y me dirijo en especial a la Honorable señora Frei.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 10ª, extraordinaria, y 11ª, ordinaria, en 10 de noviembre de 1999, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 12ª, ordinaria, en 16 de noviembre del año pasado, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira las urgencias que hizo presentes para los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley destinado a rehabilitar la nacionalidad a personas nacionalizadas en el extranjero. (Boletín Nº 2.407-07).
2) Proyecto de acuerdo sobre aprobación del Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo, atinente a "La protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública". (Boletín Nº 1.958-10).
3) Proyecto de acuerdo relativo a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción. (Boletín Nº 2.209-10).
4) Proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal. (Boletín Nº 1.630-07).
5) Proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la libre creación artística y elimina la censura cinematográfica, sustituyéndola por un sistema de calificación. (Boletín Nº 2.016-07).
6) Proyecto que modifica la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, acotando los delitos contra el orden público y las facultades de los tribunales para requisar libros o textos en delitos contra la seguridad del Estado. (Boletín Nº 2.324-07).
7) Proyecto que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, en lo relativo a fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza (pendiente en la Honorable Cámara de Diputados: boletines refundidos números 1.502-02 y 1.516-07), y
8) Proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales. (Boletín Nº 2.263-07).
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales. (Boletín Nº 2.263-07).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que incrementa el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y modifica disposiciones que indica de la ley Nº 19.030, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Boletín Nº 2.445-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el segundo informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que permite el incremento de la subvención educacional del artículo 9º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, a fin de contribuir al financiamiento de la asignación de perfeccionamiento docente, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2.450-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
De la Excelentísima Corte Suprema, con el que solicita al señor Presidente del Senado que se haga llegar una nómina completa de los ex Senadores que hubieran ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Corporación por un período no inferior a 365 días, con el objeto de proceder a la integración del Tribunal Calificador de Elecciones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Carta Fundamental.
--Se mandó contestar.
Cuatro del señor Ministro del Interior:
1) Con el primero responde oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a la incorporación de la Región de Aisén al régimen de jornada continua de trabajo para los órganos y servicios públicos que integran la administración civil del Estado.
2) Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al incendio que afectó a una sede en Coyhaique del candidato presidencial señor Joaquín Lavín y a diversos atentados a vehículos y a otra sede de este último en Puerto Aisén.
3) Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a los motivos por los que se dejó inconcluso el proyecto cultural consistente en una Exposición Itinerante para celebrar los 110 años de la incorporación de Rapa Nui al territorio nacional.
4) Con el último contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a la necesidad de realizar durante el presente año diversas obras públicas en la Región de Aisén.
Tres del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
1) Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Canessa, acerca de los Estados que han ratificado el tratado que crea la Corte Penal Internacional.
2) Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, concerniente al eventual traslado del Instituto Antártico Chileno a Punta Arenas.
3) Con el último responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la petición planteada por algunos Parlamentarios de la República Argentina en orden a solicitar la devolución de las condecoraciones otorgadas por ese país al ex Presidente de la República y actual Senador señor Augusto Pinochet Ugarte.
Del señor Ministro de Educación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, con relación a los procedimientos utilizados en el cobro de las deudas contraídas por los estudiantes con el Fondo Solidario de Crédito Universitario.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, atinente a la incorporación de la Región de Aisén al régimen de jornada continua de trabajo para los órganos y servicios públicos que integran la administración civil del Estado.
Seis del señor Ministro de Obras Públicas:
1) Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre el proyecto de pavimentación de la ruta G-84, de La Manga.
2) Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referente a la recuperación de los cauces en la cuenca del Biobío.
3) Con el tercero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al proyecto de construcción del camino que conectaría las localidades de Mallín Grande y Valle Chacabuco, en la Undécima Región.
4) Con el cuarto y quinto responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la necesidad de considerar en el presupuesto de Obras Públicas para el 2000 la construcción de diversas obras que indica en la Undécima Región.
5) Con el último contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, tocante a la posibilidad de declarar a toda la comuna de Calama como área protegida, así como zona de vegas y bofedales, además, a las 800 hectáreas que aún es posible conservar en el entorno de la capital comunal.
Dos del señor Ministro de Bienes Nacionales:
1) Con el primero responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, respecto de los motivos que se tuvieron en consideración para que el camino minero Huella Tres Puntas haya sido declarado público a fin de facilitar la construcción de un gasoducto por parte de la empresa Norandino.
2) Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la licitación internacional que se está realizando respecto de algunos predios de la Región de Aisén.
Del señor Contralor General de la República, con el que responde oficios enviados en nombre del Senador señor Stange, atinentes a la situación que afecta a diversas personas impedidas de trabajar sus vehículos como taxis colectivos en Puerto Montt debido a que los cupos adquiridos para tal objeto habrían sido transferidos a terceros con anterioridad.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a la posibilidad de destinar recursos para el Comité de Agua Potable San Pedro de Alcántara, comuna de Paredones, Sexta Región.
Dos del señor Director General de Deportes y Recreación:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referido a la disminución del presupuesto de dicha repartición en la Sexta Región.
Con el segundo atiende un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre la posibilidad de destinar recursos al Club Deportivo Cutemu, comuna de Paredones, Sexta Región.
Del señor Director General de Obras Públicas, con el que remite un cuadro resumen de los oficios dirigidos en noviembre pasado, por el señor Ministro del ramo, a los señores Parlamentarios y otras autoridades, vinculados con diversas consultas formuladas a dicha Secretaría de Estado.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2.263-07).
--Quedan para tabla.
Comunicación
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, con la que comunica la designación como Presidente de dicho Tribunal, a contar del 1 de marzo del año en curso, del Ministro señor Leopoldo Llanos Sagrista.
--Se toma conocimiento.
Solicitudes
De los señores Artemio Castillo González, Gastón Mario Torres Márquez y Jorge Rodrigo Navarro Calisto, de rehabilitación de sus ciudadanías. (Boletines Nºs. 454-04, S 455-04 y S 456-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de Comités.

El señor LAGOS (Secretario).- Los Comités, por unanimidad, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Incluir en la tabla de esta sesión y despachar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que incrementa el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, y modifica disposiciones que indica de la ley Nº 19.030, para cuyo efecto se rendirá informe verbal por la Comisión de Hacienda.

2.- Tratar y despachar en la sesión ordinaria del martes 18 de enero el proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, debiendo votarse, a más tardar, a las 19.
En caso de no ser posible lo anterior, este acuerdo regirá para la sesión del miércoles 19 de enero.

3.- Dejar sin efecto la hora de Incidentes de la sesión ordinaria que corresponda para tal efecto.
4.- Por último, dejar sin efecto la sesión ordinaria de mañana miércoles 5 de enero.
V. ORDEN DEL DÍA



REHABILITACIÓN DE NACIONALIDAD A CHILENOS NACIONALIZADOS EN EL EXTRANJERO


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que rehabilita la nacionalidad a personas nacionalizadas en el extranjero, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2407-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 1ª, en 5 de octubre de 1999.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 18ª, en 15 de diciembre de 1999.

El señor LAGOS (Secretario).- La Comisión hace presente en su informe que esta iniciativa, de artículo único, se discutió sólo en general y que sus miembros aprobaron por unanimidad la idea de legislar sobre la materia. El texto pertinente se transcribe en la página 7 del referido documento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra al Honorable señor Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente, Honorable Senado, en mi condición de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, me corresponde informar el proyecto de ley destinado a rehabilitar la nacionalidad a personas que la hubieren perdido como consecuencia de haberse nacionalizado en un país extranjero.
El oficio respectivo fue despachado por la Comisión el 1 de diciembre pasado y se encuentra a disposición de los señores Senadores. El proyecto en estudio rola en el Boletín Nº 2407-07.
Deseo hacer presente, en primer término, que el 2 de agosto de 1995 el referido órgano técnico aprobó e informó una iniciativa sobre nacionalidad, la cual, en su artículo 3º transitorio, contenía una norma similar a la del proyecto en análisis. Ella pende de la consideración de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con fecha 5 de agosto de 1998, el Honorable Senado decidió la formación de Comisiones unidas de Constitución y de Derechos Humanos para analizar el mencionado proyecto. Sin embargo, ni esa iniciativa ni otras dos, también relativas a reformas constitucionales en materia de nacionalidad, fueron incluidas en la Legislatura Extraordinaria. Sí lo fue, en cambio, el proyecto al que me refiero en esta ocasión.
La iniciativa consta de un artículo único compuesto de cuatro incisos, y su finalidad es específicamente disponer la rehabilitación de la nacionalidad de aquellos chilenos que la hayan perdido por nacionalizarse en país extranjero.
Para tales efectos, los interesados deberán solicitarla dentro de veinticuatro meses, contados desde la publicación de la ley, siempre que tal nacionalización se haya producido antes de dicho plazo.
Se dispone, además, que la solicitud se presentará al Ministerio del Interior (Intendencias o Gobernaciones) o, en el exterior, en los Consulados chilenos. Y deberán adjuntarse los antecedentes que exija el respectivo reglamento.
Finalmente, se agrega que dicha Secretaría de Estado ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación las inscripciones o subscripciones pertinentes.
En cuanto a la vigencia de la indicada rehabilitación, el proyecto prescribe que ella será retroactiva a la fecha en que los beneficiarios se hubieren nacionalizado en el exterior. Esto, con la específica motivación de mejorar la situación de los hijos nacidos afuera, los que de otro modo en muchos casos tendrían la condición de apátridas.
Señores Senadores, llama la atención que el Ministerio del Interior nos haya informado, por intermedio de su Director de Extranjería, que existe un número aproximado al millón de chilenos que se encuentran en ambas condiciones; vale decir, o perdieron la nacionalidad por las circunstancias indicadas, o son apátridas.
El Nº 1º del artículo 11 de la Carta Fundamental dispone que la nacionalidad chilena se pierde "Por nacionalización en país extranjero,". Consta, de los antecedentes hechos valer por el Ejecutivo en su mensaje y en las explicaciones dadas a conocer por las autoridades respectivas del Ministerio que asistieron a las sesiones de la Comisión, que son miles los casos de chilenos que por diversos motivos debieron renunciar a su nacionalidad de origen con el objeto de adoptar la del país donde residen.
Agrega el Ejecutivo que los afectados han realizado permanentemente muchos esfuerzos para recobrar su nacionalidad, y que se ha estimado de toda justicia habilitar los medios legales para tal efecto, explicitando que a ello obedece precisamente este proyecto de ley.
Vuestra Comisión ha estimado unánimemente que existen poderosas razones para rehabilitar la nacionalidad chilena a miles de personas que la perdieron por la circunstancia indicada, y que se vieron abocadas a renunciar a la nacionalidad de origen en contra de su voluntad y por motivos de fuerza mayor. Destaca, asimismo, que en la inmensa mayoría de los casos no hubo ánimo de cortar los vínculos con su patria de origen.
Por estas consideraciones, el referido órgano técnico, por la unanimidad de sus miembros presentes ¿Senadores señores Ríos, Urenda, Viera-Gallo y quien habla-, aprobó en general el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, debo hacer presente a la Sala que la Comisión resolvió aprobar sólo la idea de legislar, aplicando lo prescrito en el artículo 36 del Reglamento, a pesar de tratarse de una iniciativa de artículo único, porque sus miembros concordaron en que es posible perfeccionar su texto durante el trámite de elaboración del segundo informe.
Eso permitirá, sobre todo, efectuar un estudio más pormenorizado respecto de la cuestión planteada por el Honorable señor Urenda, quien expresó que, si bien concurría a la aprobación en general del proyecto por la evidente justicia de la rehabilitación propuesta, abrigaba, sin embargo, ciertas dudas sobre la constitucionalidad de la normativa, por cuanto implicaría alterar el sentido del Nº 1º del artículo 11 de la Constitución, burlando en cierto modo sus efectos.
En el fondo, el argumento de Su Señoría incidiría en la circunstancia de que se requeriría de ley específica para la rehabilitación, y no una ley general, como la planteada en este caso.
Por otra parte, el Senador que habla agregó también que, dada la finalidad perseguida por el proyecto, podía ser útil especificar que la rehabilitación sólo procederá cuando la pérdida de la nacionalidad se haya producido sólo por la causal del Nº 1º del mencionado artículo 11, esto es "Por nacionalización en país extranjero," y no por las demás causales de dicho precepto, las que tienen una especificidad diferente, si bien la iniciativa no hace distinciones al respecto. Por eso, en la hipótesis de aprobarse la idea de enviarla a Comisión para segundo informe, se convino en que así se procedería a redactar la norma.
En tal virtud, la Comisión recomienda aprobar en general el proyecto y disponer de un segundo informe para su discusión en particular, con fijación de plazo para la presentación de las indicaciones pertinentes.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, este proyecto viene a solucionar uno de los problemas más sentidos por las comunidades de chilenos que habitan en el extranjero.
Como acaba de señalar el señor Presidente de la Comisión, se estima en alrededor de un millón el número de compatriotas que viven fuera del país en forma estable. Y éste es un fenómeno más o menos nuevo de nuestra realidad.
¿Cuál es el problema que se les presenta a esas personas? No obstante que la Carta Fundamental prescribe que no perderán la nacionalidad aquellos chilenos que "en virtud de disposiciones constitucionales, legales o administrativas del Estado en cuyo territorio residan, adopten la nacionalidad extranjera como condición de su permanencia en él", les cuesta mucho demostrar ante las autoridades de nuestro país que debieron optar por la nueva nacionalidad por motivos de residencia o de trabajo. En la práctica, pierden la nacionalidad chilena pese a que en el artículo 11 de la Constitución de 1980 se establece una excepción respecto de la que podemos llamar "nacionalización forzosa".
La iniciativa en debate viene a "blanquear" esa situación, porque la interpretación que las autoridades administrativas chilenas han dado a tal excepción es muy restrictiva y, en los hechos, esos compatriotas pierden la nacionalidad de origen. Se trata de permitirles mantener ¿ésta es la aspiración que ellos tienen- los vínculos con nuestro país.
Lo anterior se enmarca dentro de una discusión más general -que creo muy importante realizar-, iniciada por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, atinente a una revisión más completa del capítulo sobre nacionalidad y ciudadanía del Texto Fundamental. Ello, por cuanto Chile, al igual que casi todos los países latinoamericanos, adoptó el principio del "jus soli", conforme al cual se otorga la nacionalidad chilena a todo individuo que nace en el territorio nacional, sistema muy propio de Estados que se forman a través de la migración y que buscan cohesionarse por el vínculo del nacimiento.
Pero, pasados ya casi 200 años desde la formación del Estado de Chile, parece lógico que el "jus sanguinis" -consignado también en la Constitución, pero como vía complementaria- tenga el rol que le corresponde en la determinación de la nacionalidad y que, además, en un mundo cada vez más globalizado, donde las personas circulan con mayor facilidad, podamos abrirnos al principio de la doble nacionalidad, que la Carta establece sólo de manera excepcional cuando existe un tratado explícito entre dos países.
La discusión de ahora, más general, se inicia -fue interrumpida por el trabajo legislativo- como consecuencia de dos proyectos de reforma constitucional presentados por algunos Honorables colegas del Senado, y de una enmienda más a fondo del cuerpo legal sobre nacionalización de extranjeros propuesta por el Gobierno. El texto que ahora nos ocupa es más puntual y busca resolver el problema que hoy afecta a las comunidades de chilenos que viven en el exterior.
A continuación quiero plantear una inquietud para ser analizada en un trámite posterior.
Si bien la retroactividad sugerida en el proyecto permite, como consecuencia, entender que los hijos de los beneficiarios tampoco han perdido nunca su condición de hijos de chilenos y, por tanto, pueden acogerse a la causal del Nº 3º del artículo 10, la cual dispone que son chilenos por el solo hecho de avecindarse por más de un año en Chile, sería conveniente precisar en mejor forma que a este efecto les será útil el avecindamiento producido entre la fecha de nacionalización de sus padres en otro país y la de vigencia de este nuevo texto legal, con el objeto de evitar que una errada interpretación les requiera cumplir nuevamente con tal requisito.
Por todo lo anterior, apoyamos esta iniciativa, que representa una gran noticia para miles de compatriotas repartidos en el mundo enter: y constituye la concreción del compromiso del Gobierno con ellos y sus familias. Sin embargo ¿como dije-, debe ser complementada a la brevedad con disposiciones legales generales relativas a la nacionalidad y al derecho a sufragio (éste constituye la otra gran reivindicación de las comunidades de chilenos en el extranjero, máxime cuando es ejercido por ciudadanos de muchos otros países, entre los que se cuentan varios de nuestro continente); con tratados y acuerdos bilaterales sobre doble nacionalidad, tributación y previsión, y con iniciativas culturales, académicas y artísticas destinadas a reforzar los lazos de la nacionalidad.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, por las razones expuestas aquí, he coincidido en la importancia del proyecto, que tiende a solucionar el problema de muchos chilenos que viven en el extranjero y que por diversas causas han debido adoptar otra nacionalidad.
Ésa es una situación que uno siempre comprueba al viajar fuera de Chile. Son miles los compatriotas que demandan una reforma constitucional o legal para simplificar lo establecido en el inciso segundo del Nº 1º del artículo 11 de la Carta y que en todo caso abra camino a la mantención de la nacionalidad chilena para aquellos compatriotas que se nacionalizan en otro país.
Sin embargo, a pesar de compartir esas razones, he expresado algunas dudas que, a mi juicio, ameritan un estudio detenido de la iniciativa y quizás complementarla para evitar eventuales dificultades. Desde luego, suscita duda el hecho de que, no obstante que el Nº 1º del artículo 11 de la Carta establece que la nacionalidad chilena se pierde "Por nacionalización en país extranjero,¿", en virtud de la ley en proyecto -amparada en el inciso final de la norma constitucional mencionada, lo que puede hacer suponer que se trata de una recuperación por causales determinadas-, se rehabilite de una plumada la nacionalidad a alrededor de un millón de chilenos.
Ojalá podamos despejar debidamente esa duda, para evitar problemas. A lo mejor podríamos dilucidarla en la forma señalada por el señor Presidente de la Comisión: con el agregado de alguna otra exigencia o excepción destinada a aclarar la disposición, a fin de que el legislador no aparezca, simplemente, borrando mediante una ley lo dispuesto en una norma constitucional concreta.
Además, hay dos cuestiones que justifican una mayor preocupación por el asunto.
Indiscutiblemente, la futura ley establecerá de hecho una doble nacionalidad masiva, materia sobre la cual no se ha legislado o sólo se ha llegado a acuerdos con algunos países. Al respecto, sería conveniente ¿ojalá se hubiera hecho- que los proyectos pendientes en las Comisiones unidas, tanto de reforma constitucional como legal, pudieran llevarse adelante para establecer de una vez por todas un sistema de doble nacionalidad debidamente regulado. De lo contrario, del inciso final de la iniciativa en debate, que expresa: "Para todos los efectos legales se entenderá que la rehabilitación establecida en la presente ley rige desde la fecha en que las personas beneficiadas se hubieren nacionalizado en país extranjero." -lo que obviamente constituye una doble nacionalidad-, pueden derivarse situaciones que afecten a otro tipo de normativas.
No debemos olvidar que en materia de derechos personales el Código Civil establece que las disposiciones de nuestro Derecho persiguen al chileno en el extranjero.
¿Qué puede suceder al ciudadano que se nacionalizó en otro país ¿así lo comentaba por vía de ejemplo un Honorable colega- en donde se hubiere divorciado legítimamente, si en virtud de esta norma se entiende que nunca dejó de ser chileno? ¿Qué puede pasar respecto de los derechos sucesorios, cuyas normas son obviamente distintas en Chile y en el extranjero? Puede haber otras normativas en el orden tributario o en el penal que en este momento no acierto a determinar, pero que a mi juicio justifican un estudio más detenido de la norma propuesta. Ello, primero, para que salvemos la posibilidad de una eventual inconstitucionalidad; y segundo, para que el inciso final regule el procedimiento de manera de no crear conflictos de difícil solución y para que su verdadero objetivo -cual es favorecer a los hijos- se reafirme bien; pero sin disponer un derecho general que podría tener consecuencias de orden civil, tributario, penal o de otra naturaleza, que en este momento resulta difícil dimensionar.
Por ello coincido en que la Sala apruebe en general el proyecto y se fije un plazo para formular indicaciones. De esta manera el texto podrá perfeccionarse y se eviten, hasta donde esté a nuestro alcance, eventuales dificultades de interpretación. Ello, sin perjuicio de que se siga abordando derechamente la reforma a la Carta Fundamental para no tener que emplear un camino oblicuo en la solución de un problema que debiera estar debidamente resuelto con normas constitucionales más precisas y adecuadas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, éste es un asunto complejo que merece un estudio pormenorizado.
Aun cuando se comprenda el anhelo de muchos chilenos nacionalizados en el extranjero de recuperar su vínculo legal con Chile, no puede desconocerse que nuestra Constitución establece mecanismos bastante claros al respecto. Como aquí no disponemos de antecedentes empíricos que describan en cantidades o pormenorizadamente cuál es en cada caso la conveniencia de la norma, inevitablemente surgen algunas preguntas.
La Carta Fundamental puntualiza en su artículo 11, ya citado, cuándo se pierde la nacionalidad chilena. En los delicados casos de los números 2º, 3º, 4º y 5º -como el de traición u otros- se establece un mecanismo para la rehabilitación por ley. En verdad no podría ser de otra manera. Se trata de personas que incurren en conductas tales como "prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile..."; o "sentencia judicial condenatoria por delitos contra la dignidad de la patria o los intereses esenciales..."; o "cancelación de la carta de nacionalización". Son situaciones muy delicadas que requieren por la misma razón de una ley de rehabilitación individual.
Los casos referentes a personas que sin querer renunciar a la nacionalidad chilena han debido adoptar la de otro país están contemplados excepcionalmente en el número 1º, inciso segundo del mismo artículo, donde se dice que la causal de pérdida de la nacionalidad chilena señalada precedentemente -es decir, haberse nacionalizado en un país extranjero, salvo algunas excepciones referidas a personas, cuyos padres estaban allí "en actual servicio de la República", etcétera- no rige respecto de los chilenos que "en virtud de disposiciones constitucionales, legales o administrativas del Estado en cuyo territorio residan, adopten la nacionalidad extranjera como condición de su permanencia en él o de igualdad jurídica en el ejercicio de los derechos civiles con los nacionales del respectivo país.".
Lo anterior significa que si un connacional residente en el extranjero se ve obligado a nacionalizarse allí para tener igualdad de condiciones jurídicas, o simplemente para poder residir en ese lugar porque así lo dispone la legislación, no pierde la nacionalidad chilena. Luego, no necesita de proceso alguno de rehabilitación. Entonces, pregunto: ¿A quiénes está destinado el proyecto? ¿A una persona que, por ejemplo, ha sido condenada por el delito de atentar contra la dignidad de la patria? ¿Esa persona va a poder saltarse la ley? ¿Sólo tendría que extender para ello una solicitud? Porque según esto se trataría de una especie de autorización genérica de rehabilitación, no requiriéndose en consecuencia el dictar una ley especial.
En verdad, no logro entender bien cuál es el sentido del proyecto. He leído el mensaje y escuchado la discusión. Se produce un debate jurídico interesante; pero en lo referente a qué caso. Porque en el de un chileno que necesitó nacionalizarse, él está expresamente excepcionado y no necesita de una ley. Si se trata de una persona condenada por traición, esa circunstancia amerita una rehabilitación en forma individual.
A lo mejor hay algo que no estoy entendiendo...

El señor VIERA-GALLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor LARRAÍN.- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, se trata del chileno que para conseguir trabajo o para mantener su residencia se ve forzado a nacionalizarse en otro país. El caso está contemplado en la Constitución; pero, en la práctica, no se aplica la norma correspondiente, porque no hay manera de probar que forzosamente tuvo que adquirir esa nacionalidad. No hay cómo probar que actuó obligado. Lo borran del Registro Civil chileno. Es decir, la norma constitucional, que es buena, no rige en el hecho.

El señor ZURITA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- No tengo inconveniente, con la venia de la Mesa.

El señor ZURITA.- Señor Presidente, en realidad se puede probar ese hecho. Podría citar quince o veinte casos en que la Corte Suprema ha acogido los reclamos interpuestos. Como decía el Honorable señor Larraín, las personas quedan privadas de su inscripción electoral, debido a que los cónsules mandan las listas de chilenos que se hicieron norteamericanos, australianos, en fin. El Registro Electoral los borra y el Registro Civil les quita la nacionalidad chilena.
La burocracia, que siempre es lenta, cuando alguien solicita que se rehabilite su inscripción porque tuvo que nacionalizarse por determinadas razones, contesta que no. Reclamada la intervención de la Corte Suprema, ésta -que interviene como jurado o falla como tal- ha dado la razón a todos los solicitantes.
De modo que no es tan efectivo que el trámite cueste mucho.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en realidad, las expresiones del Senador señor Zurita ahorran todo comentario.
Respecto de la inquietud del Honorable señor Viera-Gallo, quiero señalar que el aspecto que abordó Su Señoría está zanjado en el artículo 12 de la Carta Fundamental, que permite intervenir a los tribunales de justicia. Tal precepto señala que en caso de que a alguien se le desconozca su derecho a recuperar la nacionalidad puede recurrir a la Corte Suprema, la que dentro de un plazo de treinta días resolverá como jurado.
Si ése es el objetivo, parece todavía más prudente o conveniente no dictar una ley que establezca la posibilidad de rehabilitarse, por así decirlo, dentro de un plazo, ya que de no impetrarse en ese lapso, no podría ejercerse el derecho. Me parece peor como recurso si hay alguna dificultad burocrática, ya que a ello apunta, por lo que entiendo, la inquietud de fondo que se está exponiendo. Sería mucho más adecuado dictar una norma interpretativa del precepto constitucional, destinada a facilitar o a establecer un procedimiento con tal fin, del cual se pudiera reclamar a la Corte Suprema conforme al artículo 12 mencionado. Pero en verdad a la norma que se nos propone no le encuentro justificación alguna. No podemos establecer rehabilitaciones genéricas que burlen el sentido de la Constitución.
En cuanto a las disposiciones específicas, en realidad ellas hacen innecesaria la rehabilitación, porque se refieren a circunstancias expresamente excepcionadas por el hecho de que en ellas no se ha perdido la nacionalidad: son los casos consignados en el inciso segundo del número 1º del artículo 11 de la Carta.
En consecuencia, me parece que en el enfoque del proyecto hay un error de fondo que -tal vez por falta de estudio o de antecedentes-, no logro entender. En otras palabras, no veo la justificación de otra ley. O hay una norma que agilice la aplicación de la excepción establecida por la Constitución (y la presente no sirve, ciertamente, esa finalidad); o estamos buscando un mecanismo para burlar los otros números que requiere una rehabilitación individual, lo que tampoco aparece en el ánimo del proyecto, ni en el del informe, ni se desprende de la voluntad de los señores Senadores que han aprobado este último.
Por ambos conceptos, en verdad no advierto la justificación de la norma que se nos propone y que, tal vez por su misma naturaleza, requeriría mayor estudio. En cualquier caso, señor Presidente, hasta ahora el proyecto no nos parece necesario.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, participo de la idea del proyecto, cual es proteger a aquellas personas que se ven obligadas a renunciar a la nacionalidad chilena con el objeto de poder seguir viviendo en el país extranjero donde trabajan. Sin embargo, me parece que será necesario analizar más a fondo la fórmula empleada para alcanzar esa finalidad, que naturalmente comparto. Ello, por varias razones.
En primer lugar, resulta a lo menos discutible -no lo he estudiado a fondo- que la rehabilitación sea genérica. En mi opinión, debiera ser individual, caso a caso. De todas maneras, es un tema que debemos analizar.
Por otro lado, también se puede presentar una situación bastante conflictiva: que con el proyecto estemos rehabilitando a personas que no hayan perdido la nacionalidad. Porque si alguien se ha visto, por ejemplo, en la situación del número 1º del artículo 11 de la Constitución, esto es, obligado a renunciar a su nacionalidad para los efectos de obtener o de mantener un trabajo en el extranjero, en realidad no la ha perdido. Siendo así, no tiene sentido rehabilitarlo. ¿Cómo se va a rehabilitar la ciudadanía de alguien que nunca la ha perdido? Entonces, se nos presenta el problema de cómo otorgar el beneficio. En mi opinión, si realmente queremos resolver la situación de estas personas, tendríamos que idear un sistema administrativo muy simple. Bastaría, por ejemplo, que la persona acompañara una declaración jurada, un antecedente consular u otro documento para señalar que se ha visto obligada a renunciar a la nacionalidad chilena.
Por otra parte, no nos olvidemos de que no existe un registro de las personas que se nacionalizan en el extranjero. Es decir, la autoridad chilena normalmente no sabe cuando alguien pierde su nacionalidad. Probablemente existen muchos casos de personas que la han perdido sin que la autoridad chilena lo sepa, y, a la inversa, casos de personas que no la han perdido, no obstante lo cual la autoridad cree que la perdieron. De tal manera que hay situaciones bastante complejas.
En mi concepto, sin perjuicio de la necesidad de hacer un mayor estudio del proyecto, creo que podría facilitarse la rehabilitación por la vía meramente administrativa. En algunos casos, bastaría incluso una simple reglamentación del Ministerio del Interior que señalara que las personas que han debido nacionalizarse en el extranjero podrán continuar con la nacionalidad chilena simplemente presentando un certificado que acredite que han debido renunciar a su nacionalidad por razones de trabajo o de otro tipo; con eso sería suficiente. Porque aquí hay un problema de prueba. La única manera de que la autoridad chilena pueda enterarse de que una persona renunció a su nacionalidad es que esa misma persona le muestre el documento respectivo. No hay otra manera. En efecto, cuando la persona se ve en la necesidad de hacer un trámite en nuestro país, normalmente puede hacerlo con los documentos chilenos, como la cédula de identidad, el pasaporte, etcétera. De tal manera que es muy difícil que la autoridad tome conocimiento de que alguien renunció a su nacionalidad. Desconozco si hay situaciones más o menos genéricas en que eso pueda ocurrir, pero me parece que la autoridad chilena normalmente no tiene conocimiento de esos casos. Dado ese hecho, si la persona cumple, además, con los requisitos de la Constitución, de hecho no ha perdido la nacionalidad.
Por eso, insisto en la necesidad de buscar un sistema más simple: una reglamentación del Ministerio del Interior. De esa manera, tal vez mediante declaraciones juradas u otros documentos que sean de muy fácil acceso, las personas en la situación en comento podrían continuar siendo chilenas. Porque ¿lo reitero- no podemos rehabilitar a aquel que no ha perdido su nacionalidad. Y los que realmente la han perdido (por ejemplo, las personas a las que se les ha cancelado la carta de nacionalidad), solamente pueden ser rehabilitados por ley, pero directamente, con nombre y apellido. Y lo mismo ocurre en los casos en que a la persona se la ha privado de su nacionalidad por decreto supremo, por prestación de servicios a una potencia enemiga en caso de guerra, por ejemplo. Ahí también estamos ante situaciones que deben ser abordadas individualmente.
El proyecto, incluso, podría dar lugar a la siguiente situación: restituir la nacionalidad chilena a extranjeros que la perdieron por algún acto de la autoridad administrativa. Podríamos estar rehabilitando a una persona a la que el Ministerio del Interior le quitó su nacionalidad. Nos parece complicado el tema, porque en ese caso ha habido un acto de la autoridad chilena, que ha tenido sus motivos en su momento, y a su vez, el particular ha podido recurrir a los tribunales y defenderse. De modo que hay una serie de temas y problemas bastante complejos involucrados en la iniciativa.
Con respecto a la retroactividad de la norma, entiendo lo planteado por el Senador señor Silva en el sentido de que ello responde a la intención de favorecer a la familia, a los hijos del beneficiario, y concuerdo plenamente con ese objetivo. Pero, en mi opinión, esa disposición puede provocar problemas tributarios. Porque si se entendía que una persona era extranjera y ahora, por una disposición legal, se entiende que es chilena, yo creo que va a tener que tributar con efecto retroactivo, porque, en determinadas circunstancias, las leyes tributarias se aplican a los chilenos que están en el extranjero.
Por las razones dadas, señor Presidente, creo que el proyecto va a requerir un análisis bien a fondo. En lo fundamental, debiéramos buscar no tanto una ley de rehabilitación de ciudadanía, sino simples medidas administrativas que faciliten a las personas, sin trámites mayores, acreditar que continúan con la nacionalidad chilena, que es el objetivo fundamental de la iniciativa en debate.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor INSULZA (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, al escuchar el debate creo advertir algún grado de confusión. El proyecto está dirigido sólo a aquellos chilenos que se nacionalizaron en un país extranjero, quienes, en virtud de ello, fueron borrados en el Servicio de Registro Civil y solicitan recuperar su nacionalidad chilena. Aquí no se incluye a las personas a las cuales se canceló la nacionalidad ni a otras.
¿Qué es lo que ocurre? El texto constitucional surgió de un hecho práctico: el exilio. Ésa es la verdad. Había una cantidad de chilenos que vivieron largo tiempo en el exterior como producto del exilio y, por lo tanto, al dictarse la Constitución, se tomó en cuenta esa realidad. El constituyente de 1980, reconociendo el hecho del exilio -lo cual, por cierto, obra en su mérito-, decidió hacer una excepción y establecer que quien ha estado fuera de Chile por un tiempo prolongado y que, para poder seguir viviendo o trabajando en el país en que ha sido acogido, se vio en la obligación de hacerse ciudadano de ese país, no perderá su ciudadanía chilena. Los que vivimos en el exterior muchos años sabemos que esa situación se presenta de hecho, no necesariamente por un problema legal. Se suele decir: "Señor, en realidad, yo lo nombraría director de esta empresa, pero usted es extranjero, así es que no podré hacerlo", o bien: "Yo lo ascendería, pero desgraciadamente en el servicio público de este país se da preferencia a los nacionales", o bien: "El cargo de director está vacante; usted tiene todos los méritos necesarios para asumirlo; lleva diez años trabajando aquí, pero yo tengo que preferir a los nacionales". Esas cosas no se pueden demostrar; no quedan registradas en ninguna parte.
Curiosamente, durante los últimos años del Gobierno militar este precepto constitucional se aplicó bien. De hecho, no se borraba la nacionalidad de las personas a menos que ellas dejaran constancia de su renuncia a la misma. Y aunque hubiese llegado una lista de nacionalizados en el extranjero -entre paréntesis, hay países que las mandan: el Servicio de Inmigración y Naturalización del Gobierno de los Estados Unidos notifica a todos los consulados de los países extranjeros respecto de quienes han adquirido la nacionalidad norteamericana, y entiendo que numerosos países de Europa hacen lo mismo-, los cónsules simplemente notificaban ese hecho y no se adoptaba ninguna otra resolución. En cierto momento -no podría decir cuándo exactamente-, los cónsules de Chile, en virtud de una circular del Ministerio del Interior, empezaron a enviar al Servicio de Registro Civil las listas de ciudadanos chilenos nacionalizados en otros países y éste los empezó a borrar. Esa norma ha sido reinterpretada y hoy día no envían las listas; están procediendo como al comienzo. Pero se originó un vacío respecto de una cantidad de gente que, sin querer renunciar a la nacionalidad chilena, pero que por diversas razones debía seguir residiendo ahí, optó por nacionalizarse en un país extranjero y perdió la nacionalidad chilena. Además, debemos recordar que el problema de las migraciones produjo una situación difícil en Europa en los años 80. Entonces, para usar un término que tal vez no es el más apropiado, pero que permite entender bien el asunto, puede decirse que ésta es como una amnistía, señor Presidente.
El precepto constitucional que hoy nos rige se ha aplicado bien. Los chilenos que renuncian a la nacionalidad deben hacerlo expresamente ante el Servicio del Registro Civil e Identificación. Pero durante un largo período, que no recuerdo exactamente, pero que debió ser por allá por 1986 ó 1987, hasta hace dos o tres años, se borraba automáticamente de los registros a los nacionales por el solo hecho de que un país extranjero notificara al consulado chileno que habían sido privados de su nacionalidad.
Ése es todo el sentido de la norma.

El señor LARRAÍN.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor INSULZA (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Por supuesto.

El señor LARRAÍN.- Ésa es la parte que no logro entender.
El señor Ministro ha dado a conocer antecedentes, que hasta ahora yo desconocía, acerca de cuál es el sentido del proyecto. Hay un período de tiempo durante el cual algunas personas, por información proveniente de gobiernos extranjeros, fueron eliminadas de los registros nuestros como chilenos y, por ende, perdieron su nacionalidad. Pero me pregunto: ¿Por qué esas personas, pudiendo acudir a la excepción establecida en el número 1.º del artículo 11 de la Constitución y que, como bien se ha dicho, no han perdido la nacionalidad para nuestros efectos, aun cuando formalmente pueda haberse producido, necesitan de una ley especial? ¿Por qué esas personas no concurren simplemente al Ministerio del Interior a cumplir con el trámite que se ha establecido, y dicen: yo no he perdido la nacionalidad; tuve que hacerlo porque la ley me obligaba a ello para poder trabajar o por cualquier motivo de ese tipo? Y el Gobierno, a propósito de esta solicitud, procedería a rehabilitarlos.
En realidad, desde mi punto de vista, no he encontrado una justificación a esta iniciativa de ley. Creo que el problema que ha planteado el señor Ministro se subsana por la vía administrativa. No se requiere de una ley. Y si la vía administrativa no opera, está la vía judicial. En consecuencia, ¿cuál es la justificación real de la situación que plantea el señor Secretario de Estado?

El señor INSULZA (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Como decía el Senador señor Zurita, el único recurso es llegar hasta la Corte Suprema. Para tal efecto, el artículo 12 de la Carta Fundamental dispone que "La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema,".
En el caso que se citó, ocurrió que el Cónsul de Chile en Estocolmo envió al Director del Servicio del Registro Civil e Identificación la lista correspondiente, y conforme a ella la autoridad administrativa procedió a desconocer la nacionalidad chilena de las personas allí mencionadas, y las borró de los registros. Y el único recurso que tienen es recurrir ante la Corte Suprema ¿reconozco que el Máximo Tribunal ha hecho justicia en una cantidad de casos-, lo que implica un procedimiento bastante extenso, especialmente en el evento de que todos los afectados recurran a dicho Tribunal. Y esto sucederá pese a que sólo se trata de establecer un procedimiento excepcional de rehabilitación.

El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Senador?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por favor, señor Senador. La Mesa dirige el debate.

El señor HAMILTON.- Solicito una interrupción con la venia de la Mesa.

El señor INSULZA (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Concluí mi intervención, señor Presidente.

El señor MORENO.- Entiendo que hay otros señores Senadores inscritos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger, a quien el Senador señor Hamilton deberá solicitar la interrupción. Con anterioridad había solicitado una interrupción al señor Ministro el Honorable señor Fernández.
Ruego a los señores Senadores no abrir debate por la vía de las interrupciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, responderé en forma breve las preguntas que ha formulado el Honorable señor Larraín.
Hasta donde yo he podido entender, el proyecto es muy simple. Hay dos motivos por los cuales la iniciativa viene a favorecer a los chilenos que han perdido la nacionalidad y desean recuperarla dentro del plazo que se les otorga.
En primer lugar, los afectados no se encuentran en Chile para poder efectuar las tramitaciones del caso, y menos tienen la posibilidad de presentar recursos y llegar hasta la Corte Suprema.
En segundo término, no tienen pruebas, o hasta ahora las que se les han exigido no son las que ellos pueden proporcionar. Muchas veces la razón por la cual deben tomar una nacionalidad extranjera ¿ya sea por residencia o por trabajo- no es susceptible de conocer. Pero, en todo caso, creo que con la prevención que ha hecho el Presidente de la Comisión, que seguramente traducirá en una indicación en el segundo trámite del proyecto, se reduce la posibilidad sólo a los que pierdan la nacionalidad chilena de acuerdo con el número 1.º del artículo 11 de la Carta Fundamental. O sea, con ello se despejan todas las dudas que inicialmente habían planteado los señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Es preferible que los señores Senadores se inscriban, para no hacer el debate por la vía de las interrupciones, porque en ese caso los que están inscritos quedan postergados.
Recupera la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa es extremadamente simple en lo que pretende conseguir, pero en cuanto al tema de fondo es bastante más complejo.
Me parece que la explicación que ha dado recién el señor Ministro respecto a la forma en que se ha tratado el caso, en términos de la cancelación de la nacionalidad, etcétera, aclara las dudas ¿en mi opinión, muy razonables- planteadas por el Senador señor Fernández, en cuanto a las personas que han perdido la nacionalidad y cuya situación no se conocía en Chile, produciéndose con ello una discriminación, por el hecho de que, hallándose en igual situación, algunas habrían perdido la nacionalidad y otras no. De manera que lo que está claro, a mi juicio, es que el peso de la prueba ¿lo que también acaba de ser mencionado- debiera fundamentalmente recaer en aquellos que pueden probar su situación jurídica para recuperar la nacionalidad por aplicación del artículo 11 de la Constitución.
Pero yo quería llegar a otro tema. Aun cuando entiendo que es una materia ajena al proyecto, francamente encuentro que en los inicios del tercer milenio, del siglo XXI, de la globalización, etcétera, nos encontramos con un mundo en el que las conexiones entre los países son cada vez más estrechas y cercanas.
Si uno mira la Unión Europea, percibe que cada vez es mayor el número de personas con nacionalidad distinta a la de un país equis de la Unión a las que se les reconocen los derechos del nacional. Porque así es el mundo de hoy.
Creo que en un mundo globalizado va a ser cada vez más frecuente que las personas posean lazos reales y profundos con más de un país y no sólo con aquel en el que nacieron, del cual son nacionales por derecho adquirido al nacer. De manera que, a mi juicio, necesitamos debatir el tema de la doble nacionalidad con más amplitud. El no hacerlo significa de alguna manera volver la espalda a la historia que se va a escribir en el futuro.
Por último -y esto tampoco es materia propia del proyecto-, tengo la convicción de que también habría que rediscutir el tema de la pérdida de la nacionalidad. Porque la Constitución establece que son chilenos los nacidos en el territorio de Chile. Después agrega dos o tres casos excepcionales, como el de los hijos de chilenos nacidos en el extranjero. Y me parece que por grave que sea un delito cometido por un chileno, no se lo puede privar de la nacionalidad que adquirió por el mero hecho de haber nacido en Chile. En mi opinión, la condición de apátrida es una cosa absurda. Se podrá penar con presidio perpetuo a quien, por ejemplo, ha cometido un delito de traición o ha atropellado la dignidad de la patria, pero ello no significa que deje de ser básicamente chileno.
Por ello, quiero dejar constancia de que en algún instante también deberemos proceder a revisar los criterios existentes sobre la pérdida de la nacionalidad.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.

El señor MORENO.- Señor Presidente, deseo enfocar el asunto desde un ángulo tal vez diferente.
Creo que, como nación, debemos preguntarnos sobre cuáles son los intereses reales del pueblo chileno y qué significan nuestros compromisos comunes.
Somos una nación poblacionalmente reducida en comparación con otros países, incluso con algunos cercanos geográficamente al nuestro, con los que a fines del siglo antepasado y comienzos del que acaba de concluir teníamos una población equivalente. Hoy, Chile ha ido quedándose en un rezago poblacional respecto de ellos.
Nuestro país está abierto en su desarrollo a seguir exportando sus recursos naturales renovables y no renovables. Ése es nuestro destino, y es lo que en los próximos 50, 70 u 80 años seguiremos haciendo.
Por tanto, el interés de Chile se halla en la capacidad de vincularse como nación con el máximo de países y en tener una representación efectiva en cuanto a la posibilidad de colocar en ellos el fruto de nuestro esfuerzo y trabajo.
Eso es lo que interesa a cualquier país que mira hacia el futuro: tener representantes reales -no sólo diplomáticos o comerciales- en aquellos lugares adonde las circunstancias de la vida llevaron a determinados compatriotas.
Por consiguiente, si existen personas (cualquiera que sea su número: un millón, quinientas mil, dos millones) que por su sangre se hallan vinculadas a Chile y que por circunstancias de la vida no se encuentran residiendo en este territorio y no poseen nuestra nacionalidad, me parece una contradicción no incentivar la posibilidad de ligarlas a nuestro destino común.
Por eso, considero que hay que simplificar los trámites, pero simplificarlos verdaderamente.
Soy partidario del proyecto en debate, pero no en el aspecto restrictivo en que aparentemente se sitúa con relación a lo que significa solicitar la rehabilitación de la nacionalidad perdida. No. Yo sugeriría ir más lejos. No entiendo por qué fijar un plazo de 24 meses si se aplica la lógica que estoy desarrollando, cual es que quienes nacieron en nuestro territorio y tuvieron que ausentarse de él y verdaderamente se sienten chilenos y poseen lazos sanguíneos con nuestro país no pierdan su nacionalidad de origen con motivo del tiempo transcurrido fuera de la patria.
La Senadora señora Frei me señaló hace un momento que presentará una iniciativa -voy a apoyarla- referida a los chilenos que han salido becados al extranjero, que no están al servicio del Gobierno de nuestro país y cuyos hijos nacidos en el exterior quedan impedidos, conforme a una norma de nuestra Constitución, de postular al cargo de Presidente de la República. Ello me parece, obviamente, injusto y restrictivo.
Eso, en cuanto al primer argumento que se dio.
El segundo argumento fue expuesto por el Senador señor Hamilton. Esto no es para quienes estaban viviendo en otro país, retornaron con un pasaporte donde consta su nacionalidad distinta y, sin duda, pueden hacer trámites tanto en la Corte Suprema como en otras instancias para pedir la rehabilitación de la nacionalidad chilena. Aquí no estamos ante el caso de espías chilenos que han traicionado a su patria y respecto de los cuales, por lo tanto, deben buscarse mecanismos para beneficiarlos. En la lógica de lo que estoy exponiendo, no es eso lo que se desea hacer por la vía de la excepción.
Por ende, creo que debemos tomar una decisión como Senado. Nos interesa, como órgano superior de la nación, que quienes nacieron en nuestro territorio o tienen sangre chilena y, por circunstancias de la vida (de trabajo o de otra naturaleza), residen en el extranjero o tuvieron que adoptar otra nacionalidad, se vinculen a nuestro país, más aún si lo hacen voluntariamente y adhieren a sus valores.
En tal virtud, durante la discusión particular formularé indicación para eliminar el plazo de 24 meses, porque no le encuentro justificación ni lógica. A mi juicio, lo que interesa es el reforzamiento de nuestra nacionalidad, de aquellos que serán nuestros representantes en todos los países, quienes tienen derecho, si así lo desean, a sentirse parte de nosotros mismos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Informo a la Sala que todavía hay tres Senadores inscritos. No pretendo limitar el derecho de Sus Señorías a hacer uso de la palabra, sino simplemente recordar que en seguida deberemos ocuparnos en el proyecto que incrementa el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, cuya urgencia fue calificada de "discusión inmediata".
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.- Trataré de ser breve.
Señor Presidente, a estas alturas del debate hay dos cosas que representan el criterio de todos aquellos que han intervenido en la discusión y, seguramente, interpretan también a la Sala en su conjunto.
En primer lugar, la de que estamos frente a una situación de hecho que es de justicia corregir. Eso fue lo que concitó la unanimidad de la Comisión y lo que ha determinado también la unanimidad de pareceres en las distintas intervenciones que hemos escuchado esta tarde.
En segundo término, la de que, en rigor, nos hallamos en presencia, no de un proyecto destinado a rehabilitar nacionalidad, sino de un texto que fija un procedimiento que permite demostrar que se dan las circunstancias contempladas en el inciso segundo del número 1º del artículo 11 de la Constitución; es decir, un procedimiento que conduzca a declarar que las personas de que se trata nunca perdieron la nacionalidad chilena.
Siendo así, creo que la Comisión hizo muy bien al plantear sólo un informe de carácter general, a fin de que se votara la idea de legislar y hubiere unanimidad en la Sala para aprobarla. Al preparar el segundo informe, entonces, será necesario reenfocar el proyecto en gran medida, con la activa participación del Ejecutivo, en esa dirección.
A ese respecto, deseo hacer constar que, desde mi punto de vista, deben ser bases de tal reformulación las siguientes. Primero, tener claro que la nacionalidad constituye un derecho esencial que debe ser respetado en toda circunstancia. A esta materia se refieren la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo XIX; la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, en el artículo 15; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, de las Naciones Unidas, en el artículo 24; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", de 1969, todos documentos suscritos por Chile antes de 1980, aun cuando algunos de ellos fueron ratificados con posterioridad.
Teniendo la nacionalidad esa característica y siendo ella renunciable, hay una cosa fundamental: la renuncia debe ser voluntaria. Por eso, el número 4º del artículo 10 -tocante a quienes se nacionalizan en Chile- y el inciso segundo del número 1º del artículo 11 de la Constitución, cuando se refieren a esa renuncia, dejan claramente consignado el criterio de voluntariedad. No cabe en esta materia interpretación restrictiva; la interpretación debe ser amplia. No se puede presumir el ánimo de renunciar. Por la misma razón, hay que facilitar el establecimiento de que ese ánimo no ha existido al adoptar una nacionalidad extranjera.
Deseo recordar aquí el caso de uno de nuestros más celebrados artistas, quien llenó de orgullo a Chile, paseó por el mundo entero su condición de chileno y fue honrado por todos nosotros en la hora de su muerte. En un momento importante de su vida, ese artista hubo de tomar la nacionalidad norteamericana para contar con un pasaporte que le facilitara su desplazamiento por el mundo.
Casos como ése no son hoy día tan poco frecuentes. Felizmente, a muchos deportistas se les presenta esta oportunidad. Y respecto de uno ya se ha hablado de la posibilidad de que tome una nacionalidad extranjera con el objeto de facilitarle la realización de sus actividades deportivas en el exterior. Sin embargo, él ha sido muy claro en el sentido de que de ninguna manera desea comprometer su nacionalidad chilena.
En tercer lugar, la iniciativa legal que nos ocupa es complementaria de la Constitución. Mediante ella se fija un procedimiento para los efectos de establecer, justamente, que no ha habido renuncia de la nacionalidad chilena y que no se ha incurrido en causal de pérdida de ella.
Desde ese punto de vista, me hago cargo de la inquietud planteada por el Senador señor Larraín en cuanto a si es necesaria una ley. Entiendo que sí lo es, a la luz de lo dispuesto por el Nº 18) del artículo 60 de la Carta Fundamental. Porque, si se trata de fijar un procedimiento simplemente para acreditar la circunstancia a que se refiere el inciso segundo del número 1º del artículo 11, es sin duda un procedimiento de la administración que, conforme a esa norma, requiere sanción legal.
Finalmente, por la misma razón, comparto del todo el criterio que planteó el Honorable señor Moreno en el sentido de que la ley en proyecto debe ser de efectos permanentes y no tener el carácter transitorio que aquí se le asigna.
Señor Presidente, percibo que en la Sala hay ambiente para aprobar por unanimidad la idea de legislar y, también, que existen elementos suficientes para llegar a una muy buena ley de carácter permanente que remedie hacia atrás y hacia adelante este tipo de injusticias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, estamos abocados al estudio de un proyecto muy específico y no a la discusión de todo el tema de la nacionalidad y la ciudadanía. Éste puede ser muy interesante, pero para ocuparnos en él deberíamos contar con una iniciativa concreta que nos permitiera analizar sus aspectos más profundos.
Este proyecto persigue un propósito muy simple: aplicar en forma más expedita lo dispuesto en el inciso segundo del Nº 1º del artículo 11 de la Carta Fundamental. Y, desde ese punto de vista, coincido con lo aquí señalado en cuanto a que debe dictarse una norma permanente y muy sencilla que, por ejemplo, establezca que para acreditar la circunstancia a que se refiere aquel inciso basta con declaración jurada del interesado, sin necesidad de demostrar que las leyes o los reglamentos de otro país lo obligaron a renunciar a la nacionalidad chilena.
En segundo lugar, como muchas personas ya perdieron la nacionalidad chilena y no existe un procedimiento fácil para recuperarla, debiera consignarse un artículo transitorio que, durante un plazo como el señalado aquí, permita recobrarla o invocar la excepción establecida en la Constitución Política.
Si ése fuera el propósito del proyecto, no habría ningún inconveniente en aprobarlo en general, para corregirlo a fondo en la Comisión. Porque aquí lo estamos interpretando. Y me parece increíble que debamos interpretar un texto que consta de sólo un artículo. Es decir, la iniciativa está tan mal redactada que suscita toda esta discusión, en circunstancias de que se trata de algo muy simple.
Asimismo, propongo que proyectos de esta naturaleza, que inciden en normas constitucionales, también sean enviados a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández, en su segundo discurso.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, como ya señalé, el proyecto no soluciona el problema, porque rehabilita la nacionalidad chilena a personas que la perdieron. Pero si ella no se ha perdido, nada hay que rehabilitar. Quienes se hallan amparados por el inciso segundo del Nº 1º del artículo 11 de la Carta Fundamental no han perdido su nacionalidad. De manera que la ley en proyecto se estaría refiriendo a otros casos: a aquellos en que efectivamente se perdió la nacionalidad chilena.
Por consiguiente, soy partidario de incorporar a la iniciativa una norma muy simple, donde se disponga que, para los efectos de acreditar lo dispuesto en el ya citado inciso, basta una declaración jurada ante el cónsul chileno, un notario o cualquier otra autoridad, para presentarla al Ministerio del Interior.
Por otro lado, me parece que las cancelaciones de nacionalidad ya realizadas por dicha Secretaría de Estado mediante los oficios a que se refirió el Ministro señor Insulza deben quedar sin efecto, porque el Ministerio del Interior no podía hacerlas. Hay que dictar, entonces, una norma que anule automáticamente las cancelaciones efectuadas en virtud de determinaciones administrativas de la autoridad.
De esa manera facilitaremos las cosas a las personas. Porque este proyecto exige a cada interesado, aunque esté en el extranjero, que presente una solicitud al Ministerio del Interior, a través de los consulados pertinentes, para que efectúe la rectificación en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Estimo indispensable simplificar el sistema, señor Presidente. Para ello, simplemente, el citado Ministerio debe dejar sin efecto todas las cancelaciones de nacionalidad, pues no tenía facultades para proceder a ellas, por ejemplo, con el solo mérito de una lista enviada por el consulado norteamericano, en fin. Ése no era documento suficiente para cancelar la nacionalidad chilena, en la medida en que no acreditaba que la persona de que se trataba no estaba amparada por la excepción constitucional.
Por lo tanto, propongo -y éste es trabajo de la Comisión-, de un lado, que la propia autoridad deje sin efecto los actos llevados a cabo a aquel respecto, debido a que no se cumplieron los requisitos; y de otro, que se facilite la acreditación dispuesta en el inciso segundo del Nº 1º del artículo 11 de la Constitución mediante declaración jurada. De ese modo no se obliga a la persona a presentar una solicitud ante el Ministerio del Interior ni a que éste, en tal virtud, concurra al Servicio de Registro Civil e Identificación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Senador señor Bombal, que era el último orador inscrito, renunció al uso de la palabra.
Cerrado el debate.
Este proyecto tiene un artículo. Por lo tanto, requiero la unanimidad de la Sala para votarlo solamente en general. De ser aprobada la idea de legislar, la iniciativa pasaría a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía -luego deberíamos decidir sobre la solicitud de enviarla también a la de Constitución-, para los efectos de la presentación de indicaciones.
--Se aprueba en general el proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Como anuncié, se ha pedido que el proyecto vaya también a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor SILVA.- Enviémoslo a Comisiones unidas.

El señor HAMILTON.- Disiento de ambos planteamientos, señor Presidente, pues estimo que en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía hay distinguidos juristas que pueden resolver el problema de igual forma o mejor que la Comisión de Constitución.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Su Señoría puede proponer eso en el debate. Sin embargo, la Mesa debe someter al conocimiento de la Sala la petición de un señor Senador de que la iniciativa vaya también a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y, salvo que tal solicitud sea retirada, ello debe ser resuelto, no por la Mesa, sino por la mayoría de la Sala.

El señor BOMBAL.- Enviemos el proyecto a Comisiones unidas, señor Presidente

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará la iniciativa a Comisiones unidas.
--Se acuerda enviar el proyecto a las Comisiones de Constitución y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas, fijándose el martes 7 de marzo, a las 18, como plazo para presentar indicaciones.




MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DEL SENADO EN MATERIA DE INFORMES Y ANTECEDENTES. PROYECTO DE ACUERDO


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Honorables señores Bombal, Díez, Horvath, Larraín y Romero, que modifica el Reglamento de la Corporación en el sentido de autorizar a la Secretaría del Senado para requerir los informes y antecedentes a que se refiere el artículo 9º de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (s 439-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo: (moción de los señores Bombal, Díez, Horvath, Larraín y Romero).
Se da cuenta en sesión 2ª, en 6 de octubre de 1999.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 18ª, en 15 de diciembre de 1999.

El señor LAGOS (Secretario).- Sometido a votación en general el proyecto de acuerdo en la Comisión, fue aprobado por tres votos a favor y uno en contra, y con la misma votación lo fue también en particular. En su parte resolutiva, el informe propone a la Sala aprobar el texto del artículo único que indica.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto de acuerdo.

Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de las razones de mi voto negativo, por lo demás muy simples.
La rama del Congreso dotada de facultades fiscalizadoras es la Cámara de Diputados, no el Senado. Nuestra Corporación sólo puede pedir informes para sus tareas legislativas, no para funciones fiscalizadoras. Entonces, se ha incurrido, podríamos decir, en la mala práctica de ir más allá de lo que la norma constitucional permite. Tanto es así que, incluso, en la propia Cámara de Diputados debiera cumplirse que la fiscalización se haga por el tercio de la Sala, pero ello tampoco se aplica en virtud de normas reglamentarias precedentes.
En el fondo, se propone ampliar la facultad de los Senadores de pedir información, lo que de por sí no tiene nada de malo, si tal solicitud se hace para fines pertinentes. Pero esto es algo que no se puede preestablecer. Esperemos y confiemos en el buen juicio de los señores Senadores.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde al buen juicio del Presidente y de la Secretaría dar curso o no a los oficios solicitados por los señores Senadores. Siempre procuramos que ellos no tengan carácter fiscalizador, y es obligación de la Mesa tratar de evitarlo. Asimismo, los señores Senadores deben estar atentos a esta circunstancia al formular sus observaciones.
Hemos examinado muy a fondo la iniciativa. Al terminar el Orden del Día, antes de entrar a Incidentes, el señor Secretario, cuando corresponde, anuncia que han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios, a lo que el Presidente agrega que se les dará curso en la forma reglamentaria, en nombre de los señores Senadores que los han solicitado. Es decir, ello no compromete a la Sala, y el mismo procedimiento se sigue en cada una de las sesiones. Este proyecto de acuerdo propone que los Senadores también recaben antecedentes por intermedio de la Secretaría del Senado, lo que facilita su tramitación. Incluso el propio Senador Viera-Gallo me manifestó que su observación pretendía una mayor rigurosidad para que, por ningún motivo, los Senadores soliciten el envío de oficios que tengan calidad fiscalizadora, porque eso no nos corresponde.
Como Presidente del Senado, considero procedente esta modificación, que en el fondo contribuirá a facilitar el trabajo de los propios Senadores en lo atinente a los oficios.
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, la moción original contemplaba la situación que se acaba de mencionar, pues decía: "Si el oficio consiste en una petición dirigida a algún organismo de la Administración del Estado, la Secretaría de la Corporación estará autorizada para su tramitación en los términos del artículo 9º de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.".
Por su parte, el artículo 105 del Reglamento, referente a la hora de Incidentes, habla de las "observaciones o peticiones" que formule todo Senador. Por eso, si en la hora de Incidentes se plantean peticiones de antecedentes -no para solicitar respuesta a observaciones, porque ahí podría caber la posibilidad de representar indebidamente un acto a la autoridad-, de acuerdo con ese artículo del Reglamento y el artículo 9º de la Ley Orgánica del Congreso, esa autoridad está obligada a informar. Como señala la Comisión, incluso oficios al Presidente de la República, suscritos por la unanimidad del Senado, no se han respondido. Y naturalmente la Mesa no tramitará oficios indebidos, al igual como lo hace con normas que declara inconstitucionales. A su vez, el Jefe del Estado, si considera que un oficio adolece de algún vicio no advertido por la Mesa del Senado, aducirá: "En este caso, no me corresponde responder".
Quiero llamar la atención a que el proyecto de acuerdo original establecía que si se trataba de una petición ¿ni siquiera de una observación-, podía seguir esa tramitación. Pero en la Comisión se consideró mejor incorporar a la Secretaría en el artículo 39 del Reglamento y -considerando que en él ya estaban incluidas las Comisiones y la Oficina de Informaciones- le otorgó la misma atribución. Eso es lo que se viene proponiendo a la Sala. Pero -reitero- inclusive el texto de la moción podría mantenerse tal como se propone y agregarle la proposición original, y no pasaría nada. Sería una precisión que evitaría cualquier error.
Pero según el espíritu del constituyente, del Senado y de la tradición está muy claro que nuestra Corporación no es Cámara fiscalizadora.
Por lo demás, la petición de antecedentes que consagra el artículo 9º de la Ley Orgánica del Congreso permite a los Parlamentarios contar con informaciones suficientes para la elaboración de proyectos de ley. Hay oportunidades en que los Senadores, al trabajar en una determinada moción, necesitan antecedentes genéricos que la autoridad les puede proporcionar. Y se da el caso de que las respuestas recabadas por las Oficinas de Informaciones -que son muy competentes, particularmente la del Senado; aprovecho la oportunidad para felicitarla una vez más- no incluyen detalles requeridos para elaborar proyectos. Por eso es bueno que los Senadores puedan ejercer esa facultad durante la hora de Incidentes.
En consecuencia, aun cuando la moción original -cuyos autores son los Honorables señores Díez, Horvath, Romero, Larraín y el que habla- se modificó, para evitar toda interpretación podría agregársele la frase del texto primitivo, y el sentido de la norma no sufriría alteración alguna y quedaría más precisa. Pero eso ameritaría una segunda discusión.
No sé si el Presidente de la Comisión tiene otro criterio.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, creo que el debate ha sido más extenso de lo necesario, considerando la naturaleza tan simple de la iniciativa.
Lo primero es fijar el marco constitucional dentro del cual se está introduciendo esta enmienda reglamentaria. Y eso está dado por el inciso final del artículo 49 de la Constitución, que dice: "El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización.".Tal es el marco que ninguna petición de oficio, provenga de la Sala o de alguno de organismos del Senado, puede alterar o modificar. En consecuencia, el propósito del proyecto de acuerdo es simplemente que las actuales atribuciones de las Comisiones y la Oficina de Informaciones también las tenga la Sala a través de la Secretaría. Realmente, no hay más alcance que ése. Hoy día, si la Oficina de Informaciones o una de las Comisiones del Senado solicita antecedentes que no implican fiscalización a determinada entidad de la Administración del Estado, ésta tiene la obligación de proporcionarlos. Si los pide la Sala, a través de un oficio de la Secretaría, no está obligada a entregarlos.
Aunque el texto original me parecía correcto, la asesoría de distintas personas nos permitió entender mejor lo que estábamos haciendo. Incluso invitamos al Jefe de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados y, por cierto, al Secretario del Senado subrogante, para aclarar bien hasta dónde podíamos llegar.
Pienso que la norma propuesta cumple plenamente con el objetivo de hacer más eficaz el trabajo que realizamos en la Sala, en conformidad a la Constitución y al artículo 39 del Reglamento del Senado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, sólo quiero dilucidar al máximo la posible confusión entre nuestra facultad y la de la Cámara de Diputados en esta materia. Textualmente, "informar" significa enterarse o hacer enterarse o dar noticia de una cosa; y "fiscalizar", criticar y traer a juicio las acciones u obras de otro. Por cierto, este segundo punto no se encuentra dentro de las facultades del Senado, y a través de este proyecto de acuerdo con características de ley en ningún caso se abre el alcance hacia ese lado. Solamente se afirma en mejor forma una de las atribuciones de que disponemos los Senadores para aportar ideas y proyectos nuevos; realizar acciones de prevención; mejorar el uso de los recursos; aumentar, por ejemplo, en mayor medida la regionalización de las distintas iniciativas. Es una acción positiva, de colaboración y de prevención.
Y, en ese sentido, todo lo que se haga por mejorar esta facultad me parece conveniente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Comité que representa el Senador señor Pizarro ha solicitado segunda discusión.
--El proyecto de acuerdo queda para segunda discusión.

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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tal como señalé al comienzo de la sesión, se dará cuenta de los oficios enviados por la Cámara de Diputados y que hemos recibido en este momento.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa cuatro oficios de la Cámara de Diputados:
Con el primero, informa que ha desechado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, en lo relativo a fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza. (Boletines Nºs 1.502-02 y 1.516-02, refundidos).
En consecuencia, corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los señores Diputados que menciona para que la integren en representación de esa Corporación.
--Se toma conocimiento, y se designa a los miembros de la Comisión de Defensa Nacional para que integren la Comisión Mixta que debe formarse.
Con el segundo, informa que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado, con excepción de la que indica, al proyecto de ley que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota. (Boletín Nº 2.282-03).
En consecuencia, corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los señores Diputados que menciona para que la integren en representación de esa Corporación.
--Se toma conocimiento, y se designa a los miembros de la Comisión de Economía para que integren la Comisión Mixta respectiva.
Con el tercero, informa que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas ante la delincuencia. (Boletín Nº 2.176-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el último, informa que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado, con las excepciones que indica, al proyecto de ley sobre libertad de opinión e información y el ejercicio del periodismo. (Boletín Nº 1.035-07).
En consecuencia, corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los señores Diputados que menciona para que la integren en representación de esa Corporación.
--Se toma conocimiento, y se designa a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que integren la Comisión Mixta que debe formarse.
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INCREMENTO DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL PETRÓLEO


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme a los acuerdos de Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados que incrementa el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo a que se refiere la ley Nº 19.030 y modifica disposiciones que indica de dicho cuerpo legal, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Solicito el asentimiento de los señores Senadores para que ingrese a la Sala el asesor del Ministerio de Hacienda señor Guillermo Larraín.
Acordado.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2445-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 19ª, en 4 de enero de 2000.
Informe de Comisión:
Hacienda (verbal), sesión 19ª, en 4 de enero de 2000.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Foxley, Presidente de la Comisión de Hacienda, quien, según se acordó, informará verbalmente el proyecto.


El señor FOXLEY.- Señor Presidente, esta iniciativa pretende el continuado funcionamiento a futuro de un instrumento de política económica que se creó con motivo de la crisis del Golfo y el impacto que ésta tuvo sobre el precio del petróleo a fines de 1990 y, sobre todo, en el primer semestre de 1991.
En esa oportunidad, nos tocó enfrentar un aumento extraordinariamente brusco del petróleo, que, obviamente, por estar vinculado a un conflicto bélico breve, no era permanente; y se buscó la forma de absorber el shock del incremento transitorio de su precio a niveles cercanos a los 40 dólares por barril, creándose el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Podemos encontrar los antecedentes de esta política en el "fondo del cobre", que, con determinadas características, comenzó a funcionar a partir de 1981 con el objeto de dar cuenta del otro fenómeno que ha sido cíclico en la economía chilena, cual es que el precio de nuestro principal producto de exportación, el cobre, tiende a fluctuar y ser muy volátil, generando, también, una innecesaria inestabilidad interna en la economía, si acaso no se crean los mecanismos de absorción de shocks.
En los meses recientes el precio del petróleo ha subido en forma muy acentuada, excediendo largamente las normales fluctuaciones históricas, precio que habitualmente oscila entre 14 y 20 dólares por barril, y en este momento se encuentra cercano a los 26 dólares por barril. Ello genera un problema, por cuanto el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo tiene un monto muy limitado de recursos: sólo 200 millones de dólares, asignación que se determinó originalmente en 1991, trasladando recursos desde el "fondo del cobre".
Sin embargo, entremedio han ocurrido dos fenómenos: primero, un aumento en la volatilidad del precio del petróleo y, segundo, un notable crecimiento de la economía chilena en los últimos diez años, que ha significado duplicar tanto el tamaño de ésta como también el monto de las importaciones del combustible necesario para mantener un buen funcionamiento sobre todo en las actividades industriales.
Si se han duplicado las importaciones de petróleo, es obvio que cuando se produce un fenómeno como el que observamos hoy -esto es, un precio anormalmente alto e inestable del petróleo- los 200 millones de dólares originales se hacen insuficientes. De hecho, de prevalecer en los próximos meses los niveles de precios de hoy, los recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo se agotarían al cabo de un período de tres o cuatro meses.
Por eso, el Gobierno ha estimado prudente solicitar al Congreso Nacional la aprobación de un suplemento a los recursos originales de este Fondo, trasladando 200 millones de dólares desde un componente del "fondo del cobre", que se estableció en 1981 y cuyos recursos debían utilizarse solamente para reducir o prepagar la deuda externa del sector público.
Durante los últimos diez años, tanto el Gobierno del Presidente Aylwin como el del Presidente Frei, han mantenido una política de reducción. Cada vez que ha habido abundancia de divisas en el sector público efectivamente se ha prepagado deuda externa, y hoy sus niveles son notablemente bajos.
Por lo tanto, esto -es decir, mantener recursos destinados a enfrentar una eventual necesidad de endeudamiento externo del Fisco alto o inesperado o bruscamente fuera de toda tendencia-, que era importante y útil hacerlo en 1981 por las condiciones externas que enfrentaba Chile en ese momento, no parece igualmente útil después de doce años de superávit fiscal, con excepción del último, y del compromiso de sucesivos Gobiernos con una política de equilibrio en el Presupuesto público. Por lo tanto, es perfectamente razonable pensar que no será necesario recurrir a un fondo especial para enfrentar un endeudamiento anormalmente alto del Fisco, cuando la política seguida por todos los Gobiernos ha sido no requerir de endeudamiento externo para lograr equilibrio o superávit fiscal.
En consecuencia, la finalidad del proyecto es trasladar parte de los recursos generados por el mecanismo creado en 1981 para el cobre, con el objeto de reducir deuda, al Fondo de Estabilización del Petróleo, para enfrentar la situación de los próximos meses. Y si bien se estima como un fenómeno transitorio, en que el precio del petróleo estará efectivamente fuera de tendencia, distintos factores económicos apuntan con bastante seguridad a que su valor comenzará a bajar dentro de poco.
La iniciativa es muy simple, y su objeto es hacer un aporte adicional de 200 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, elevar su límite superior de 400 millones a 600 millones de dólares, trasladando recursos generados por el mayor valor del cobre. Ella se discutió hoy día en la Comisión de Hacienda, se aprobó por la unanimidad de los Senadores presentes, y se halla en condiciones de ser despachada por la Sala, donde suponemos que concitará similar respaldo al que recibió en la Comisión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, deseo plantear en la Sala ciertas aprensiones o comentarios que formulé en la Comisión, no obstante haber concurrido con mi voto a aprobar el proyecto en comento.
El Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo tiene por objeto evitar cambios bruscos en los precios, pero en ningún caso subsidiar permanentemente el consumo de gasolina, petróleo diesel u otros elementos. Es evidente que si sólo se trata de estabilizar, la cantidad de 200 millones de dólares permite ir haciendo ajustes paulatinos, de manera que el impacto en los precios no sea tan fuerte. Pero si el Fondo -yéndonos a un extremo- contara con 2 mil millones, en definitiva, siempre estaremos usando parte de él, que es muy grande, para bajar el precio, con lo cual se configuraría un subsidio. Acá no se trata de subir de 200 millones a 2 mil millones de dólares los recursos del Fondo, por lo que el ejemplo que pongo es teórico; pero considero conveniente hacer presente la aprensión, porque no es el propósito ¿por lo menos del Senador que habla- establecer un subsidio a los combustibles, lo que significaría crear, a lo mejor, un beneficio que no favorecerá a los más necesitados. Se destinan 200 millones de dólares a aumentar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Y si eso se considerara subsidio, propongo discutir si socialmente no es más importante subsidiar, por ejemplo, a trabajadores cesantes.
Los argumentos que se nos dieron en la Comisión parecieron convincentes en cuanto a que no estamos ante un subsidio. El que más peso me hizo fue que al establecer, en 1990, un Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo de 200 millones de dólares, teníamos un consumo equis. Transcurridos diez años, éste es tres o cuatro veces superior al de entonces. Por lo tanto, si en esa oportunidad se estimó que con tal cantidad se estabilizaba el precio de los combustibles y se creó un Fondo que lo permitía, pero no un subsidio que distorsionara el consumo, pareciera relativamente razonable aumentar ese Fondo a 600 millones, habida consideración del importante aumento en el consumo.
Considero relevante hacer esta prevención, pues no me parece socialmente más urgente, como destino para los fondos públicos, subsidiar a quienes consumen gasolina o petróleo diesel, porque habría otras necesidades.
En el entendido de que no se trata de un subsidio, voté a favor, no obstante lo cual adhiero a la prevención que, entiendo, el Senador señor Prat realizará, pues puede haber un elemento de distorsión con respecto a otros combustibles, cosa que también debiera tenerse presente.

El señor HAMILTON.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?
El señor NOVOA.- Con todo gusto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, comparto el criterio manifestado por el Senador señor Novoa en el sentido de que el Fondo no pretende dar un subsidio, sino que su propósito es que las alzas o bajas bruscas que ocurran en el mercado internacional de los combustibles no afecten indebidamente al país.
Cuando esto se estableció, en el mes de septiembre de 1990, el impacto en la inflación de ese mes de un alza súbita del petróleo fue de 4 por ciento. En consecuencia, al sobrepasar el precio del petróleo un porcentaje de una banda determinada -entiendo que es de 12,5 por ciento-, se entra a subsidiar, por así decirlo, el precio del petróleo. Pero cuando baja un porcentaje igual sobre el precio de paridad, no se traspasa a los usuarios, sino que en parte se transforma en impuestos que van a capitalizar el Fondo. De manera que, a la larga, con esta volatilidad del precio del petróleo, se debe estimar que no hay un efecto a favor ni en contra, sino que, en definitiva, el Fondo es neutro.
Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, ello es así en la medida en que el monto disponible no sea tan grande como para que transcurra mucho tiempo sin que se produzca el alza de precios que permita no utilizar estos recursos.
Deseo señalar también que, probablemente, de no existir impuestos muy altos al consumo, no habría necesidad de aumentar este Fondo, porque perfectamente podríamos haber tenido un precio menor para los combustibles, aun con valores internacionales altos. Hay que recordar que el 1 de enero recién pasado entró a regir un nuevo impuesto a la gasolina, que es lo que ha precipitado, de alguna forma, la calificación de "discusión inmediata" para el proyecto .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, en su oportunidad, en 1990, me manifesté contrario al proyecto que creó el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, por estimar que constituía una injerencia en el uso eficiente de los recursos por parte del país que alteraba el buen desempeño de las actividades. Considero positivo que las personas puedan evaluar el costo real de cada insumo y tomen las decisiones correctamente basadas en esa realidad.
Al crear el Estado este tipo de mecanismos, está comprometiendo recursos para ocultar la realidad, sea en un sentido o en otro. Es mejor una sociedad con mayor transparencia, donde los actores tomen las decisiones y se adelanten a los procesos de cambio, porque con ello gana la sociedad en su conjunto. La suma de las acciones individuales es, sin duda, mucho más eficiente que la acción del regulador, del funcionario o del burócrata que pretende amparar a los individuos mediante un mecanismo de estabilización como éste, creado en 1990. Seguramente, habría habido mayor ahorro de energía y más dinamismo en la búsqueda de soluciones para ser más eficientes, de no haber existido este Fondo de Estabilización. Éste no es neutro. El monto comprometido y agotado es de 400 millones de dólares en diez años. Por lo tanto, si buscamos una media del costo anual, veremos que cuesta 40 millones de dólares al año. En la actualidad, está agotado y es necesario inyectarle 200 millones más. A la larga, es así, porque partió con los recursos aportados en 1990, y en la actualidad, en vista de que se agotó, se le está traspasando un monto.

El señor BOENINGER.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

El señor PRAT.- ¿Es para aclarar lo señalado?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Le concede la interrupción, señor Senador?

El señor PRAT.- Sí, con su venia, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor BOENINGER.- Ocurre que no se ha agotado.

El señor PRAT.- Pero lo hará.

El señor BOENINGER.- Podría agotarse, y por eso se estima que como la economía ha crecido al doble, el Fondo debería aumentar en forma más o menos equivalente. Pero el dato factual señalado por Su Señoría en cuanto a que no es neutro es inefectivo, porque de los 200 millones de dólares iniciales -habiéndose repagado 40 millones de dólares a la ENAP y reintegrado 73 millones al Fondo del Cobre- quedan de saldo 104 millones de dólares al 22 de diciembre.

El señor PRAT.- Eso ha costado.

El señor BOENINGER.- Claro, su balance en la década, sumados todos los créditos e impuestos, solamente es de 18 millones de dólares de uso, netos. De manera que no hay tal agotamiento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera la palabra el Senador señor Prat.

El señor PRAT.- En todo caso no es neutro, porque tiene un costo y -yo diría- genera una inmovilización de recursos que tampoco es gratis. Por lo tanto, dicho concepto no puede aplicarse en este caso. Otra cosa es que se busque que lo sea, pero el hecho de que hoy estemos incrementando los recursos se debe a que los existentes se agotaron. Por consiguiente ¿reitero-, no ha sido neutro.
Transcurridos nueve años, hay un elemento que debe considerarse. Han ocurrido cambios en la estructura de uso de combustibles en el país desde 1990. Hoy día existe el sistema de gasoductos que traen gas desde el exterior, cuyos empresarios tomaron sus decisiones sobre la base de una realidad que hoy se está alterando. No estaba previsto el aumento de recursos propuesto y, por lo tanto, a quienes adoptaron decisiones e invirtieron para proveer de gas al país se les están cambiando las condiciones de competencia. Tal situación debió haber sido evaluada al estudiar el proyecto.
Lamento que esta forma de legislar, tan apurada e influida por la coyuntura impida analizar...

El señor HAMILTON.- Perdón, ¿me concede una interrupción, con la venia de la Mesa?

El señor PRAT.- No tengo apuro, así que con mucho gusto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hago presente a los señores Senadores que es preferible inscribirse para intervenir, porque si no el debate sería dirigido por un Senador.

El señor HAMILTON.- Por el contrario, yo he solicitado una interrupción para hacer mucho más breve el debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Sólo deseo corregir algo. Cuando se estableció el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y sus derivados, ya se hallaba en plena marcha y por concretarse la acción del Gobierno de la época para traer gas y petróleo desde Argentina.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera la palabra el Senador señor Prat.

El señor PRAT.- Me permito llamar a revisión al señor Senador que planteó este tema, porque en 1990 se legisló sobre el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

El señor HAMILTON.- En 1991.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido a Su Señoría no interrumpir.
El señor PRAT.- Los gasoductos o, por lo menos, su puesta en marcha deben ser bastante posteriores a esa fecha. El hecho es que en la práctica el precio del petróleo estará subsidiado. Puede que en el futuro se lo castigue, pero en la etapa que viene será subsidiado, y por eso se propone aportarle recursos. Esto generará una competencia desleal respecto de otras formas de combustibles como el gas, y los legisladores deberíamos sopesar esta circunstancia al momento de resolver la materia. Desgraciadamente, por la forma como se está legislando, en que el proyecto se discutió en la mañana en la Cámara de Diputados, a mediodía en la Comisión de Hacienda y ahora se ve en la Sala, es imposible oír a sus actores, a quienes serán afectados por su contenido.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).- En primer lugar, agradezco a la Comisión de Hacienda no sólo por haber despachado este proyecto de manera unánime, sino en una discusión extraordinariamente importante, y a su Presidente el Senador señor Foxley, cuya exposición me ahorra la argumentación básica de presentación de la iniciativa. Así que sólo trataré de despejar algunas inquietudes planteadas durante el debate por los señores Senadores.
En primer lugar, debo señalar que el desempeño del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo ha sido excepcionalmente equilibrado, tal como indicó el Honorable señor Boeninger. El uso y reposición del Fondo han sido ejemplares como instrumentos de estabilización, y no han implicado distorsiones de largo plazo ni subsidios.
Es más, al momento de comenzar la crisis, en junio de 1999, el Fondo disponía de 200 millones de dólares, o sea, el máximo originalmente traspasado. Sin embargo, ya había amortizado los 110 millones de dólares aquí señalados: 40 millones a ENAP y 73 millones al Fondo de Compensación del Cobre. Los 40 millones de dólares a ENAP se deben a que, al comenzar la crisis de Irak, dicha empresa estabilizó el precio del petróleo mientras se discutía el proyecto respectivo en el Congreso.
Por lo tanto, aunque la utilización del Fondo haya sido ejemplar, no significa haber dejado de observar que la volatilidad de los precios y los volúmenes involucrados requieran -en una economía que ahora consume el doble- de un Fondo un poco más grande.
Coincido con el Senador señor Novoa -al igual como lo hicimos en la Comisión- en cuanto a que un Fondo muy elevado podría eventualmente convertirse en un elemento de subsidio. Por eso, hicimos una propuesta razonable que, además de la ventaja de plantearse como un préstamo que debe amortizarse, genera una contabilidad sobre el uso del Fondo en el largo plazo. Es decir, si éste en el largo plazo no muestra un equilibrio entre los créditos y los débitos, si no genera excedentes para ir repagando y reponiendo su fuente original, obviamente, ello significaría una mala utilización y una tendencia a alterar la situación internacional.
Durante el último semestre del año pasado, la situación internacional se caracterizó por los más altos precios del petróleo desde la Guerra del Golfo (1990). No se trata de una coyuntura cualquiera. Para resolver eso fue diseñado el Fondo de Estabilización del Petróleo, con tal fin el Congreso aprobó la respectiva ley, y se ha utilizado de manera razonable, sin eliminar totalmente las alzas. Todos sabemos que las gasolinas, el diesel, el "oil fuel", el gas licuado, han experimentado alzas en sus precios. Aumentos de 25 y 30 por ciento son importantes para una economía con inflación de menos de 3 por ciento. Sin embargo, hemos evitado que ellos alcancen 100, 80 ó 118 por ciento, lo que en un período de doce meses puede generar graves trastornos no sólo productivos, sino macroeconómicos.
Debemos recordar que las últimas dos crisis mundiales importantes (los "shocks" petroleros del 73 y del 80-81) provocaron inflación con estancamiento, inflación con desempleo. De allí se acuñó el término "estanflación". En consecuencia, evitar ese tipo de "shock" en precios tan importantes es una tarea crucial, desde el punto de vista productivo y macroeconómico.
A mi juicio, el Congreso, el Ejecutivo, los poderes colegisladores, fueron extraordinariamente acertados al establecer el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Ése es uno de los mecanismos con que el país cuenta para tener una economía abierta pero sólida, que muestra mejor desempeño que otras.
En este momento, lo único que se ha propuesto es reforzar el Fondo de manera razonable, adecuada, moderada, de acuerdo a las condiciones. Y, por eso, ha tenido una recepción adecuada.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Honorable señor Fernández pide una interrupción, señor Ministro.

El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, deseo consultar al señor Ministro acerca de la situación en países desarrollados. ¿Existe algún tipo de fondo, o las variaciones tan bruscas a las cuales se refirió son totalmente reguladas por el mercado? ¿Dispone de alguna información al respecto?

El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).- Sí, señor Senador. Hemos estudiado diversos casos.
En primer lugar, en algunos países el efecto del precio internacional sobre el cobrado al consumidor es mucho menor, porque los impuestos son bastante más altos; o sea, hay un efecto atenuador del precio de paridad sobre el precio final, porque los impuestos son muy elevados.
En el caso del mercado norteamericano, algunas empresas de allá actúan como "suavizadoras" del mercado interno, es decir, no trasladan a ese ámbito las fluctuaciones del mercado internacional. El otro día conversaba al respecto con ejecutivos de Shell, quienes señalaban que ello constituye parte de su política comercial, consistente en no hacer fluctuar los precios más de la cuenta, porque eso les causaría enormes dificultades.
Lo que deseo consignar es que existen mecanismos de diverso tipo. Aquel que nos ocupa, en particular, resulta importante para un país tan abierto como el nuestro, que es neto importador energético, sobre todo de petróleo y derivados.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra .
Ofrezco la palabra,
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, con la abstención del Honorable señor Prat, se daría por aprobado en general y particular el proyecto.
Acordado.

Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro del Interior, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Director Regional de la Comisión Regional del Medio Ambiente y Alcalde de Coyhaique, acerca de DEPÓSITO SANITARIO PARA COYHAIQUE.
A los señores Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretario de Pesca, Director Nacional de Turismo y Director de Pesca, en cuanto a INCLUSIÓN EN LEGISLATURA EXTRAORDINARIA DE MOCIÓN SOBRE PESCA DEPORTIVA Y TURÍSTICA y acerca de DESEMPEÑO DE EXTRANJEROS RESIDENTES COMO INSPECTORES DE PESCA AD HONÓREM.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Agricultura, respecto de NORMATIVA ADVERSA A COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA.
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, con relación a CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE EMBALSES, Y PAVIMENTACIÓN Y TENDIDO DE CAMINOS EN QUINTA REGIÓN.
______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los Comités Institucionales 2. Mixto y Demócrata Cristiano no harán uso de su tiempo.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.


IMPLICACIONES DE CASO MATUTE

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, me referiré en forma muy breve a un hecho que ha causado cierta conmoción pública luego de que el pasado 20 de noviembre, en circunstancias que aún no se han podido precisar y que revisten hasta ahora una connotación policial, desapareció en Concepción el ciudadano Jorge Matute Johns. En efecto, transcurrido más de un mes, no se cuenta con informaciones sobre su paradero.
Y traigo a colación el tema, porque en el día de ayer me pareció delicada, por decir lo menos, la entrevista que un medio de comunicación hizo al padre del joven, quien declaró que no se halla en condiciones de confirmar o desmentir que exista algún interés político en dilatar la solución del caso para después del 16 de enero, fecha de la segunda vuelta presidencial. Textualmente, señaló: "Lamentablemente no estoy en condiciones de descartar o de confirmar nada, ya que en estos momentos no tengo ninguna pista. Hasta ahora no hay antecedentes de algo político o criminal en el desaparecimiento de mi hijo.".
Pedí al medio de comunicación que me hiciera llegar la transcripción textual de las expresiones formuladas en directo, considerando el solo hecho de que alguien tan cercano al desaparecido ¿entiendo que se trata de su padrastro- mencionara una determinada intencionalidad. Ello, unido a que anoche los noticiarios de televisión manifiestamente dejaban entrever, también, una suma de especulaciones y rumores, algunos de los cuales hasta incidían de cierta forma en la actuación del servicio a cargo de las diligencias indagatorias, que es la Policía de Investigaciones. Cuando en un suceso de esta naturaleza se llega a que familiares directos se hagan cargo de una suposición como la indicada -estimo de la mayor gravedad que frente a algo de tanta trascendencia siquiera circule el comentario de que la posible solución se relacionaría con un acontecer de orden político muy trascendente como el que pronto tendrá lugar-, me parece extraordinariamente delicado y grave.
En el día de hoy, un señor Diputado de Gobierno ha hecho referencia a "omisiones" en que habrían incurrido los organismos policiales, el municipio de Concepción y el Servicio de Impuestos Internos al permitir que el establecimiento donde presuntamente se registró la situación -una discoteca- haya funcionado sin los permisos respectivos. Está bien. Tal parlamentario se encuentra en su derecho al plantearlo. Pero juzgo mucho más grave que transcurridos más de 40 días no se disponga de un solo antecedente, en circunstancias de que se señala que a partir de ese lugar, donde se encontraban 200 personas, sucedieron los hechos que todavía no se ha podido esclarecer.
No me corresponde inmiscuirme en la acción de la justicia, pero claramente ha habido conmoción pública. Y lo digo porque estuve hace pocos días en Concepción. ¡Cómo no la va a haber, desde el momento en que en todos los lugares públicos de la ciudad aparece el retrato del muchacho, pidiéndose por favor que se entreguen antecedentes! ¡Ello ya constituye una convulsión!
La justicia no ha determinado, por ahora, la intervención de un ministro en visita y la que actúa es una magistrada, que esperamos que pueda concluir la investigación.
Pero me ha parecido muy grave que un familiar de Jorge Matute advierta que podría existir alguna otra connotación. Y es nada menos que el padre, a quien hemos visto circular públicamente en muchos lugares y concurrir al Palacio de la Moneda, adonde -es más- entiendo que fue invitado por el Presidente a las celebraciones de fin de año. Se trata de un destacado dirigente sindical del petróleo, combustible a propósito del cual hace un momento el Senado despachó un proyecto de ley.

El señor PARRA.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor BOMBAL.- En seguida, señor Senador, con mucho gusto.
Entonces, cuando en el rumor circulante, que es muy dañino, se pretende involucrar hasta a autoridades de la Región de Concepción y se genera todo el clima enrarecido que se da en torno del caso, considero que sería muy importante que la autoridad, el Ministerio del Interior, informara al menos al Senado -si se quiere, en forma reservada- acerca de qué diligencias se están cumpliendo en el plano estrictamente del orden administrativo. Porque en las judiciales no procede que nos inmiscuyamos.
Pienso que es muy delicado que un continuo y creciente rumor se extienda sobre un hecho respecto del cual todos queremos que ojalá se alcance una feliz solución y que se encuentre con vida al muchacho. Sin embargo, de no ser así, el tema no puede seguir rodeado de un clima tan enrarecido como el actual. Se ha llegado al punto de que, según me he impuesto en varias versiones de prensa, incluso altos jefes policiales han viajado para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, ya que, en una determinada dirección, podría estar creándose alguna suerte de investigación equivocada.
Como ya se han presentado casos de este tipo en que nuestras policías han terminado enfrentadas por sus respectivas investigaciones y entre ha habido encuentros y desencuentros, creo que sería muy negativo para el país que se mantuviera el ambiente expuesto. Por lo tanto, considero que se debiera contribuir a despejar las dudas, a terminar con un clima que les hace muy mal especialmente a las autoridades de la Región, las cuales entiendo que también son parte de todos los rumores, que perturban y complican.
Y sobre todo deseo destacar, reitero ¿y por ello lo he planteado hoy, pues es algo que me ha impresionado mucho-, el que sea el padre del joven el que se haya hecho eco de la situación en la forma señalada, sin poder desmentir ni confirmar lo de que la solución del caso pudiera hallarse ligada a un interés de carácter político, subalterno, por lo demás, desde su punto de vista.
Por tal motivo, pido al señor Presidente que se oficie al señor Ministro del Interior para que haga llegar al Senado antecedentes ¿si es necesario, de un modo reservado- respecto de cómo la autoridad a cargo del orden público ha dispuesto los medios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.
El Senador señor Parra me ha pedido una interrupción.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Podría ser con cargo al tiempo del Comité de este último o al del Senador Bombal.

El señor BOMBAL.- No hay inconveniente en que se impute al mío.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.- Señor Presidente, la inquietud que ha traído a la Sala el Senador señor Bombal es compartida plenamente por la mayor parte del país, a mi juicio, y, desde luego, por quienes vivimos en Concepción.
Llevo prendida en una solapa una cinta distribuida por la familia Matute Johns y que gran parte de los penquistas exhiben hoy, como manifestación de solidaridad con ella, de compromiso y apoyo con la investigación y de la determinación de esa comunidad en el sentido de que la indagación correspondiente no sea suspendida ni interrumpida hasta esclarecerse por completo el delicado y lamentable hecho que la ha originado.
Por lo mismo, señor Presidente, puedo dar testimonio de que toda la comunidad de Concepción, desde el Intendente Regional hasta el último ciudadano, se halla firmemente unida para respaldar la labor que está realizando la jueza señora Flora Sepúlveda, quien cuenta con el apoyo activo de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile.
Por fortuna, no hay desencuentros ni divisiones que dificulten el desarrollo de la investigación. Éste -y sólo éste- debe ser el interés que a todos nos mueva. En democracia, el hecho de que un ciudadano desaparezca es algo que puede y debe ser esclarecido, para lo cual se precisa, sin duda, la colaboración activa de todos.
Por eso, debo deplorar que manos que no revelan ciertamente su identidad, con la cobardía que siempre refleja el anonimato, hayan efectuado rayado mural en Concepción, con el propósito de sembrar sombras de dudas en torno de distinguidas autoridades locales, las que, al igual que todos nosotros, han estado involucradas en el respaldo activo a los esfuerzos para esclarecer la situación.
Nadie tiene motivaciones de carácter secundario ¿ni es admisible que las haya- que puedan afectar la investigación.
Por lo tanto, deseo firmemente -y desde aquí hago un llamado en tal sentido- que esas manos anónimas cesen en su torpe campaña, porque ésta en definitiva genera dudas respecto de la real intención con que algunos expresan solidaridad a la familia Matute Johns y demuestran preocupación por el caso.
En un Estado de Derecho debe haber siempre respaldo activo a la acción de los tribunales y a la labor de las policías, para que ningún hecho delictual quede sin esclarecimiento ni sanción.
Confío en que el joven Matute Johns, alumno de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad de Concepción, pueda ser encontrado con vida, para felicidad de sus padres, de sus compañeros y, en general, de la comunidad toda. Y confío, también, en que los causantes directos de su desaparición recibirán el castigo ejemplarizador que su acción delictual merece. Sin embargo, para ello es fundamental no enrarecer el ambiente y actuar todos juntos en pos del único objetivo legítimo que puede haber en un caso como éste.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Bombal.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, terminaré mi intervención adhiriendo claramente al planteamiento del Senador señor Parra, en el sentido de que esos rayados ¿no sabía que estaba ocurriendo este tipo de cosas¿ es algo que naturalmente resulta deplorable desde todo punto de vista.
Sin embargo, mi comentario apuntaba a que el padre del joven ¿ fue precisamente lo que me impresionó- se haría cargo de posibles rumores que no puede confirmar ni desmentir, lo cual me parece que contribuye a la creación de un clima de mucho enrarecimiento.
Reitero: ayer impactó la apertura de los noticiarios de televisión con el caso, lo que nuevamente dejaba en evidencia situaciones de las cuales los medios de comunicación no podían darse por enterados; vale decir, existía confusión y circulaba una cantidad de rumores muy lamentables.
Lo anterior, unido a la declaración del padre del joven, me parece que amerita la existencia de un planteamiento muy claro y categórico por parte de la autoridad, en orden a saber cómo se están llevando a cabo las investigaciones y los actos que ella realiza y a respaldar, naturalmente, la investigación ordenada por la justicia.
En todo caso, es una realidad -como consta al señor Senador-, el clima de rumores, que puede ser más grave si se le vincula al proceso electoral que el país está viviendo. No es admisible que esté ocurriendo una situación de esa naturaleza ni que, incluso, el padre del joven haya tenido que hacerse cargo de lo mismo.
Por eso, señor Presidente, reitero mi petición de oficio, para que la autoridad nos pueda informar ¿entiendo que reservadamente- sobre los pasos que se están dando al efecto. Así se podría despejar toda suerte de dudas en un caso tan dramático como éste, a cuyo respecto, al igual que el Honorable señor Parra, confío en Dios que el joven Jorge Matute Johns se encuentre con vida.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido al señor Senador que precise concretamente el contenido del oficio, ya que como su planteamiento es de carácter general, la Mesa tendría que rechazarlo, pues, en primer lugar, como hay actuaciones secretas y el proceso se encuentra en etapa de sumario, mal podría requerirse información sobre el tema. En segundo término, si la solicitud apuntara a un acto de fiscalización respecto del cometido de la autoridad, estaríamos incurriendo en una infracción al artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, sólo se trata de recabar información acerca de cómo el Gobierno ha dispuesto los medios policiales para llevar a cabo la investigación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En ese caso, sugiero al señor Senador que haga llegar por escrito y de manera precisa su petición de oficio, pues la Mesa por ningún motivo desea caer en alguna infracción.
El señor BOMBAL.- Con mucho gusto, señor Presidente. Así lo haré.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A continuación, corresponde el tiempo al Comité Renovación Nacional. Como no intervendrá, ni tampoco lo hará el Institucionales 1, toca su turno al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.


LAVÍN, UNA INCÓGNITA

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, por primera vez elegiremos en segunda vuelta al próximo Presidente de la República. Para quienes respaldamos la opción de Ricardo Lagos, creo que a estas alturas, especialmente en este Honorable Senado, resultaría redundante, y por tanto inoficioso, reiterar las razones que tenemos para ello. Puede, en cambio, contribuir a esclarecer el debate político el señalar los motivos del cierto reconcomio que un eventual triunfo de Lavín produce en el espíritu de muchos ciudadanos.
No lo hago con afán polémico. Parto de la base de que tanto la alternativa de Lavín como la de Lagos son plenamente legítimas; no están en riesgo ni la estabilidad constitucional, ni las bases económico-sociales del país ni su identidad valórica cultural. Sin embargo, la opción de Lagos no es la misma que la de Lavín. Representan alternativas distintas. Y es en torno de esa diferencia -que la campaña de Lavín ha sintetizado en la expresión "cambio"- donde surgen ciertas aprensiones o inquietudes.
Luego de la primera vuelta y del consiguiente alineamiento del electorado respecto de las dos principales postulaciones, mucho se ha escrito sobre los profundos cambios experimentados por nuestra sociedad y la incidencia de éstos en el comportamiento electoral y en la política en general, la que más de una vez hace caso omiso de esas transformaciones. Se ha escrito, incluso, que el 12 de diciembre terminó una época y que habríamos tenido ya la primera elección del siglo XXI. La idea de futuro parece atrapar nuestra percepción de la realidad.
Antes de esa fecha, escribí acerca del carácter singular de esta contienda presidencial: es la primera por realizarse en forma separada de las elecciones parlamentarias; la primera en que los candidatos de los principales bloques no pertenecen a los partidos mayoritarios; es una elección que tiene lugar durante una recesión económica con fuerte impacto en el empleo, y en que se advierte una poderosa influencia de la comunicación televisiva.
Cuando pase la segunda vuelta y estemos en condiciones de mirar, a la luz de sus resultados, con más perspectivas los hechos políticos de los últimos años, podremos tal vez desentrañar mejor el significado de los cambios que ha vivido el país, con su mezcla de avance económico-social y de aspiraciones aún insatisfechas.
Al iniciarse el segundo turno electoral, me parece pertinente dejar constancia de las principales preocupaciones que produce un eventual triunfo de Joaquín Lavín. ¿Sería una anormal alternancia en el ejercicio del poder o es un caso especial? Para tranquilizar a la gente, un dirigente de la UDI ha llegado a decir que el Gobierno del candidato opositor sería una natural proyección de los Gobiernos de la Concertación. En cambio, un conocido economista, que adhiere a esa postulación, ha manifestado su inquietud por la presencia en esa campaña de ciertas personas representativas del sector más extremo del pinochetismo.
En efecto, la primera preocupación se refiere a la mayor o menor distancia que Joaquín Lavín tiene con el pasado dictatorial. Es evidente que tanto él como las fuerzas que lo respaldan han vivido en estos años una evolución democrática. Pese a la derrota sufrida por el sector liderado por Andrés Allamand, el candidato de la Oposición ha asumido últimamente esta bandera. ¿Hay en esto una convicción acendrada, o es la reacción propia de quien aspira a la Presidencia de la República y percibe el sentir de la gente?
Pero difícilmente se puede hablar de una ruptura con la herencia dictatorial. Por el contrario, el mismo Joaquín Lavín ha ensalzado la obra realizada entonces, y la mayoría de los dirigentes que lo apoyan no se cuestionan el haber sustentado al régimen de facto que gobernó el país durante un largo período, con tantas consecuencias dolorosas. Lavín ha dicho solamente que pudieron haber hecho más en defensa de los derechos humanos.
Reconozco que muchos pensamos que tal vez pasarían mil años antes de que alguno de los partidarios de la dictadura aspirara con posibilidades de éxito a la Presidencia de la República, y que ese candidato, tal como ha ocurrido en países europeos que han pasado por regímenes dictatoriales de Derecha o de Izquierda, debería cortar con su pasado para presentarse ante el electorado. Pero en esto Chile pareciera encontrarse más cerca de lo sucedido en Bolivia o Guatemala.
Falta por parte del aspirante de la Derecha un juicio más claro, nítido y categórico sobre el período militar, sin el cual cabe una fundada duda sobre su voluntad y capacidad para consolidar y perfeccionar nuestra democracia. Sus afirmaciones, como la de que estos temas "no interesan a la gente", no hacen sino alimentar la intranquilidad en cuanto a la forma como podría llegar a ejercer el mando.
Eso nos lleva directamente a la segunda aprensión: ¿de qué manera podría usar Joaquín Lavín las exorbitantes facultades que la Constitución entrega al Jefe del Estado? Patricio Aylwin y Eduardo Frei lo han hecho con prudencia y moderación, por sus profundas convicciones democráticas. Además, en el interior mismo del Estado han existido evidentes contrapesos a la discrecionalidad presidencial, los cuales dejarían de operar en el caso de que Lavín llegara a la Primera Magistratura, o tendrían un contenido distinto. Me refiero al papel desempeñado por las Fuerzas Armadas.
Un futuro Gobierno de Joaquín Lavín podría contar con un respaldo activo de los institutos castrenses, que acentuaría los rasgos autoritarios de nuestra democracia. Ello puede ocurrir dentro de los marcos del Texto Fundamental, que fue concebido precisamente para que existiera un Presidente de la República con ese tipo de sustento. Por primera vez se concretaría la concepción original de la Carta de 1980. En tal eventualidad, la mayoría opositora de la Cámara de Diputados no sería un freno suficiente.
El vértigo del poder es fuerte y nadie se halla indemne ante él. Además, el posible futuro Presidente dispondría del apoyo de los principales grupos que tienen en sus manos la economía y los medios de comunicación. Restringido sería, entonces, el espacio de una oposición que no quisiera adoptar actitudes confrontacionales ni deslizarse por la pendiente de la lucha social. Y si eso sucediera, ¿no podría entrar el país en una espiral de conflictos que terminara recurriendo a los regímenes de excepción como última lógica para sostener el orden?
En tales condiciones, ¿qué sentido real puede tener la afirmación de Joaquín Lavín de que debe dejarse a la magistratura trabajar tranquila en el esclarecimiento y sanción de las más graves violaciones a los derechos humanos?
Al romperse la armonía económico-social, inclinarse la balanza hacia el sector más poderoso de la sociedad y multiplicarse las tensiones sociales, ¿no se vería comprometido incluso el crecimiento económico? Porque éste requiere no sólo de ciertas condiciones de equilibrio financiero, sino también de un ambiente favorable al ahorro y la inversión, en el que influye la calidad del gobierno y el clima de cooperación social. En una palabra, exige confianza.
El tema no es sólo cómo se administra la economía, sino cómo la autoridad resuelve las demandas sociales y las nuevas aspiraciones culturales de un país en desarrollo y qué salida les da.
Por otro lado, no puedo negar que me causa inquietud el hecho de que vuelva a imperar en la sociedad una visión estrechamente conservadora, que sólo gobernó democráticamente en nuestro país durante el siglo XIX. No era ésa la postura del Presidente Jorge Alessandri, de raigambre más bien liberal. El peso institucional que el conservantismo ha ido adquiriendo en Chile es desmesurado: se multiplican los colegios y las universidades privadas que adhieren a esas ideas, las que además tienen preponderancia en muchos medios de comunicación. Y ello podría ocurrir justo cuando el entusiasmo propio del nuevo milenio parecía abrir espacios a la diversidad y a la libertad.
No cabe duda de que, más allá de los discursos y del apoyo más bien simbólico de elementos liberales, Joaquín Lavín adhiere a una corriente conservadora del pensamiento, que mira con alarma los efectos de la modernidad, que desconfía de los avances científicos y sociales y que no comprende las manifestaciones del arte contemporáneo. Eso explica que el mundo de la cultura no sólo no respalde su postulación, sino que los creadores y artistas se encuentren efectivamente alarmados. En estos años el Estado ha apoyado -aunque débilmente- a la cultura y esos creadores esperan una acción mucho más decidida con respecto al cine, la música, el teatro, la danza, la pintura, la escultura y la creación literaria, y no entregar esas nobles actividades al mero juego del mercado.
Mientras fue Alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín no tuvo iniciativa relevante alguna en el campo de las artes: no construyó un teatro, no creó un museo, no respaldó a algún conjunto musical ni instituyó algún premio importante para las letras. Tampoco se preocupó de la estética arquitectónica de su comuna.
Un eventual desencuentro entre el poder y la cultura, en un país como el nuestro, tampoco augura nada positivo. Es bien probable que ello repercuta, por ejemplo, en la forma en que vean y perciban la sociedad las nuevas generaciones, ansiosas de imprimir su huella en el siglo que acaba de nacer y de emprender caminos de búsqueda sin trabas ni limitaciones. La nueva generación quiere discutir con plena libertad -abriendo el debate a toda la gente y a todos los temas, sin prejuicios- y valorar más la dignidad que el peso del dinero o de la norma tradicional. Uno de sus representantes, ante el resultado del 12 de diciembre pasado, escribió: "Pero de pronto nos llega un balde de agua fría: nada de eso es lo que parecen querer los chilenos, o al menos la mitad. Es como si una arteriosclerosis viral se hubiera apoderado de miles de cabezas y olvido mediante regresaran a soñar con tiempos peores, esta vez lavados de todo espanto".
Son muchos los que sienten que Chile no es una sociedad suficientemente pluralista, tolerante y respetuosa de las diversas opciones culturales. Y tienen razón si la comparamos con sociedades más avanzadas.
Algunos podrían sostener que yo exagero al hacer presentes esta tarde en el Senado tales aprensiones, o que me dejo llevar por mis prejuicios, y tal vez podrían traer a colación que en España la Derecha volvió al poder y el franquismo no se levantó del "valle de los caídos". Probablemente puedan estar en lo cierto. Pero, para que así fuera -en la hipótesis a partir de la cual razonamos-, es útil que las fuerzas que apoyan a Lavín, y especialmente los Honorables colegas del Senado, conozcan los desasosiegos y las perplejidades que agitan el ánimo de una parte muy significativa de los chilenos ante el eventual triunfo de ese candidato.
La campaña de Joaquín Lavín no ha contribuido a disipar esas dudas, no sólo por el uso desmedido del dinero, sino además por su estilo: pareciera considerar a los ciudadanos como componentes de un mercado electoral por conquistar, adecuando sus postulados a las demandas, empeñado en "vender" una imagen a los potenciales clientes. No ha abordado con claridad ni seriedad los desafíos que tendrá el país y que él podría verse en la circunstancia de tener que enfrentar como gobernante.
¿Populismo ¿se ha dicho- o fatal condición de la competencia electoral en las democracias modernas? Cuando los electores exigen medidas que, de ser aplicadas, se volverían en su contra, entonces los candidatos que se someten a esa lógica están destinados a caer luego, como gobernantes, en la retórica de la impotencia. Los políticos, tradicionales o nuevos, deben tener la fuerza para orientar a los electores; el coraje de arriesgar su éxito momentáneo para convencerlos de lo que desconocen, e incluso pueden rechazar lo que se les pide, cuando así lo requiere el bien del país, y no limitarse al halago de lo que, según las encuestas, se piensa que la gente anhela.
¿Cómo podría entonces el futuro gobernante que llegara al poder por esa vía cumplir sus promesas, hacer frente a los embates, despertar el sentimiento de solidaridad necesario para terminar con las injusticias y las exclusiones, y unir la nación?
Más que un lenguaje agresivo, o uno conciliador, lo que el ciudadano espera de un candidato a la Presidencia de la República es que presente opciones bien definidas, con sus respectivos costos y beneficios; que señale el grado de sacrificio requerido para ponerlas en práctica, y que indique sus consecuencias a mediano plazo, como también los valores en que funda su programa. No interesa tanto el embalaje o el adorno, como el contenido de su propuesta.
Desde ese punto de vista, Joaquín Lavín sigue siendo para muchos una gran incógnita.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habiendo otros Comités inscritos para intervenir...
El señor HORVATH.- Perdón, señor Presidente, antes de que Su Señoría levante la sesión, quiero señalar brevemente al señor Senador que me precedió en el uso de la palabra que le responderemos después del día 16 de este mes, con bastantes argumentos, y muy novedosos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:51.
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción