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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 20ª, en martes 18 de enero de 2000
Ordinaria
(De 16:21 a 17:56)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Relaciones Exteriores; Secretario General de la Presidencia y de Justicia.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 27 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 12ª, ordinaria, en 16 de noviembre de 1999, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 13ª, especial, secreta, y 14ª, ordinaria, ambas de 17 de noviembre de 1999, y 15ª, extraordinaria, en 1º de diciembre de 1999, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que permite el incremento de la subvención educacional del artículo 9° del DFL N° 2, de 1998, de Educación, con el objeto de contribuir al financiamiento de la asignación de perfeccionamiento docente (boletín Nº 2.450-04), y
2) Proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales (boletín Nº 2.263-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el tercero hace presente la urgencia, con el carácter de "suma", respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre "La protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública" (boletín Nº 1.958-10).
Con los dos últimos hace presente la urgencia, con el carácter de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos (boletín Nº 2.289-05), y
2) Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas (boletín Nº 876-09).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado, con excepción de las que señala, al proyecto de ley que establece normas especiales para los profesionales funcionarios que indica de los Servicios de Salud y modifica la ley Nº 15.076 (boletín Nº 2.117-11); y que ha designado a los señores Diputados que menciona para que integren la Comisión Mixta que debe formarse.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Salud para que integren la referida Comisión Mixta.
Del señor Ministro del Interior, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la vigencia de la circular Nº A-007, que dispone que los funcionarios públicos no pueden participar en actividades políticas.
Dos del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido al derecho de los funcionarios de la Contraloría General de la República de la Primera Región a percibir asignación de zona extrema.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senado, relativo a diversas ideas planteadas por los Honorables señores Díez y Novoa como indicaciones a la Ley de Presupuestos del Sector Público para el presente año y que fueron declaradas inadmisibles.
Del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relacionado con el eventual cierre de la Comisaría Judicial de la Policía de Investigaciones de Chile ubicada en Puerto Varas.
Tres del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la reapertura del paso fronterizo internacional de Coyhaique Alto.
Con el segundo da respuesta a dos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a la bonificación que establece el decreto ley Nº 701, de 1974, para quienes foresten en predios privados a fin de evitar la erosión producida por ríos y torrentes.
Con el tercero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, concerniente a la clausura de una cancha de matanza que atendía a los ganaderos de la comuna de Navidad.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, tocante a la posibilidad de modificar las bases de licitación de los frentes de atraque del puerto de Iquique.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo al taller laboral Los Copihues, de Catemu.
Del señor Subsecretario de Carabineros, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, respecto a la conveniencia de construir un nuevo edificio para el retén de Carabineros de la comuna de Cochamó.
Del señor Subsecretario de Pesca, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la posibilidad de asignar una cuota extraordinaria de 400 toneladas para la extracción de merluza en la Región de Aisén.
Del señor Subsecretario de Justicia, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a la cantidad de reclusos que se han fugado desde recintos penitenciarios o de orientación en los últimos diez años.
Del señor Director Nacional de Gendarmería, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Matta, relativo a la necesidad de aumentar la dotación de funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Javier.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, concerniente a los contratos suscritos entre la empresa KDM S.A. y veintiún municipios de la Región Metropolitana para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Dos del señor Director del Servicio Nacional de Pesca, con los que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la posibilidad de asignar, en diciembre último, una cuota extraordinaria de extracción de merluza en la Región de Aisén.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar, atinente a los recursos necesarios para la ejecución de proyecto "Construcción Minicentral Hidroeléctrica Villa O¿Higgins", en la Undécima Región.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Moción
De los Senadores señores Bombal, Parra, Ríos, Silva y Urenda, con la que inician un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al señor Juan Lucarini Strani (boletín Nº 2.451-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
(Este proyecto no puede ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria mientras no sea incluido en la Convocatoria).
Comunicaciones
De la Excelentísima Corte Suprema, con la que comunica el acuerdo en virtud del cual eligió como su Presidente, a contar del 5 de enero del año en curso, al Ministro señor Hernán Alvarez García.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con la que remite copia de la Nota Verbal enviada por la Embajada de Francia en Chile para exponer los efectos que podrían tener, para las empresas automotoras de la provincia de Los Andes, las normas del proyecto de ley que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota.
Del señor Director del Servicio Electoral, con la que informa que con fecha 28 de diciembre se publicó en el Diario Oficial el Acta de Declaración del Tribunal Calificador de Elecciones que dispone la realización de una segunda votación presidencial, según lo preceptuado en el artículo 26 de la Carta Fundamental, acompañando, asimismo, un cronograma de las actividades relacionadas con dichos comicios.
--Se toma conocimiento.
Solicitudes
De la señora Cristina del Rosario Pérez Rivas y de los señores Rienzi Jerardo Valencia González, Nicolás Alexis Pérez Gómez y Exequiel del Carmen Arenas Aliaga, con las que piden la rehabilitación de su ciudadanía (boletines Nºs. S 457-04, S 458-04, S 459-04 y S 460-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los acuerdos de Comités.

El señor LAGOS (Secretario).- Los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Dejar sin efecto la sesión ordinaria de mañana, miércoles 19 de enero.

2.- Celebrar la sesión ordinaria del martes 25 del presente y la del miércoles 26, si hay tabla.
3.- Tratar como de fácil despacho y en el primer lugar de la tabla de hoy el proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento de la Corporación para autorizar a la Secretaría del Senado a fin de requerir los informes y antecedentes a que se refiere el artículo 9º de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DEL SENADO EN MATERIA
DE INFORMES Y ANTECEDENTES. PROYECTO DE ACUERDO

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Senadores señores Bombal, Díez, Horvath, Larraín y Romero, que modifica el Reglamento de la Corporación para autorizar a la Secretaría del Senado a fin de requerir los informes y antecedentes a que se refiere el artículo 9º de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (s 439-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo: (moción de los señores Bombal, Díez, Horvath, Larraín y Romero).
Se da cuenta en sesión 2ª, en 6 de octubre de 1999.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 18ª, en 15 de diciembre de 1999.
Discusión:
Sesión 19ª, en 4 de enero de 2000 (queda para segunda discusión).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Este proyecto se encuentra en segunda discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.


REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de "suma", que modifica el Código Orgánico de Tribunales, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2263-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 22 de junio de 1999.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 19ª, en 4 de enero de 2000.
Hacienda, sesión 19ª, en 4 de enero de 2000.

El señor LAGOS (Secretario).- Tal como se expresa en el informe pertinente, los Comités resolvieron que esta iniciativa fuera informada por la Comisión de Constitución en general y particular a la vez. Se agrega que, con posterioridad, aquéllos facultaron a dicha Comisión para recibir indicaciones durante la discusión del proyecto.
Diversas normas de esta iniciativa requieren para ser aprobadas quórum de ley orgánica constitucional: artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10 y 11 permanentes -este último, en cuanto modifica los artículos del Código Orgánico de Tribunales señalados en la página 2 del informe-, y los artículos 1º, 4º, 5º y 7º transitorios.
También se deja constancia en el informe de que se escuchó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema.
El principal objetivo del proyecto es crear los tribunales en lo criminal que tendrán a su cargo el ejercicio de la jurisdicción, en primera instancia, en el nuevo sistema procesal penal, cuales son los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal.
La Comisión de Constitución, por la unanimidad de sus integrantes, aprobó en general la iniciativa. Y, en cuanto a la discusión particular, en el informe se hace una relación de cada una de las normas del proyecto y de las indicaciones presentadas -según ya se dijo-, dejándose constancia del debate y de los acuerdos adoptados.
En su parte resolutiva, el informe de la Comisión propone a la Sala aprobar la iniciativa de la Cámara de Diputados, con las modificaciones que señala, todas las cuales fueron aprobadas por consenso.
Por su parte la Comisión de Hacienda, que informó también este proyecto, deja constancia de que lo aprobó en general por unanimidad y de que con igual votación prestó su aprobación en particular a los preceptos de su competencia.

______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Debo comunicar a los señores Senadores que ha llegado un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, al que el señor Secretario dará lectura, para luego tomar una resolución sobre él.

El señor LAGOS (Secretario).- El oficio es del tenor siguiente:
"DE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
"A: SEÑOR PRESIDENTE DEL H. SENADO
"1. Para los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 y 49 Nº 6 de la Constitución Política de la República, vengo solicitar el acuerdo del Senado para ausentarme del territorio nacional, entre los días 31 de enero y 3 de febrero del año en curso, ambos inclusive, con motivo de una visita de Estado a la República del Perú, y desde el 14 al 21 de febrero, con motivo de una visita oficial al Estado del Vaticano.
"2. Durante el período que dure mi ausencia, me subrogará con el título de Vicepresidente de la República, el señor Ministro titular de la Cartera de Interior, don Raúl Troncoso Castillo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de nuestra Carta Fundamental.
"Saluda atentamente a V.E.,
"EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE
"Presidente de la República".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa el debate.
Debo recordar que, conforme a las normas reglamentarias, el proyecto que nos ocupa fue discutido en general y particular a la vez por la Comisión de Constitución, y asimismo, que todos sus artículos fueron aprobados por unanimidad. La Sala, ahora, deberá discutirlo primero en general y luego en particular.
Hago presente, por último, que la hora de votación está fijada a las 7 de la tarde, a más tardar.
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, ésta es la segunda iniciativa que despachará el Congreso Nacional con relación a la reforma procesal penal, luego de la que dio origen a la ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, publicada el 15 de octubre de 1999.
Como los señores Senadores recordarán, en ese cuerpo legal se fijó el cronograma para la entrada en vigencia de la reforma, disponiéndose distintos plazos, según las regiones en las cuales entraría a regir.
En consecuencia, nos encontramos sujetos a plazos para dar cumplimiento al compromiso de todos los sectores políticos de aprobar este proyecto y los restantes, que son fundamentalmente los relativos al nuevo Código Procesal Penal y a la Ley de Defensoría Penal Pública, con la anticipación suficiente para permitir la oportuna entrada en vigor de la reforma procesal penal.
La Comisión realizó un detenido estudio de la iniciativa de ley que informo, el cual contó con la permanente presencia de quien acaba de dejar el cargo de Presidente de la Corte Suprema, don Roberto Dávila Díaz. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a este Ministro y dejar testimonio público de su enorme dedicación, durante el ejercicio de aquel cargo, a la reforma procesal en general y al trabajo de nuestra Comisión en forma muy particular. Por cierto, siempre estuvo acompañado del Ministro don Mario Garrido, quien todavía continúa laborando con nosotros en torno de éstas y otras enmiendas, para completar el gran proyecto de reforma procesal penal.
Asimismo, la Comisión tomó muy en cuenta las opiniones formuladas por la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial; los Secretarios de Juzgados del Crimen, y la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial. Ello nos da la tranquilidad de saber que la iniciativa que hoy se propone cuenta con el respaldo de los magistrados y funcionarios judiciales.
Adicionalmente, se contó con el apoyo técnico que proporcionó el Ministerio de Justicia, a través del Coordinador General de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, don Rafael Blanco Suárez, y los asesores de dicha Secretaría de Estado, señores Mauricio Decap, Cristián Riego y Hamilton Vega; y el profesor señor Jorge Bofill, invitado por la Comisión en su calidad de especialista en la materia que nos ocupa.
Además, la Comisión estudió las sugerencias efectuadas por diversos señores Senadores ¿algunos de ellos nos acompañaron en reiteradas oportunidades- sobre los lugares de asiento, la competencia territorial y el número de jueces de varios juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal. Este hecho nos permite asegurar que las distintas inquietudes surgidas desde el seno de las Regiones han quedado satisfechas, sea porque se pudieron acoger determinados planteamientos o, al menos, porque se conocieron los motivos fundados que no hacían posible acceder a ellos.
Por otra parte, en el ánimo de hacer una síntesis de los grandes rasgos que caracterizan este proyecto, puedo señalar que su principal propósito es crear los nuevos tribunales especializados en lo criminal: los juzgados de garantía, a los que corresponderá, en lo sustancial, asegurar los derechos de los intervinientes en el proceso penal, y los tribunales orales en lo penal, que tendrán a su cargo conocer y juzgar las causas por crimen y simple delito. Para este efecto, se suprimen los actuales juzgados del crimen.
A diferencia de la organización actual de los tribunales, cada juzgado de garantía tendrá un número variable de jueces, de uno a diecisiete, con competencia sobre el mismo territorio, de acuerdo con el volumen estimado de causas que se deberá atender, y que actuarán en forma unipersonal. Los tribunales orales en lo penal, a su vez, funcionarán en una o más salas integradas siempre por tres jueces, de forma que cada tribunal oral en lo penal podrá tener desde tres hasta 27 jueces.
Es preciso destacar que, si bien los tribunales orales en lo penal funcionarán habitualmente en los lugares en que tienen su asiento, se prevé que se constituyan y funcionen en otras localidades cuando sea necesario para facilitar la aplicación oportuna de la justicia penal, de conformidad a criterios de distancia, acceso físico y dificultades de traslado de quienes intervienen en el proceso. Le corresponderá a la respectiva Corte de Apelaciones determinar anualmente la periodicidad y forma en que funcionarán estas "salas itinerantes" -como se les ha dado en llamar-, sin perjuicio de que ella pueda disponer en cualquier momento la constitución y funcionamiento de un tribunal oral en lo penal en una localidad fuera de su asiento, cuando la mejor atención de uno o más casos así lo aconseje. Esta innovación permitirá llenar vacíos existentes en diversas regiones; es decir, podrá contarse con la presencia del tribunal oral en lo penal en lugares que no sean su asiento, sin necesidad de que las personas afectadas viajen en forma asidua a la sede permanente de ese tribunal oral.
El número múltiple de jueces por juzgado o tribunal, en su caso, obedece, entre otros motivos, a la nueva organización administrativa que se implantará con fines de racionalización y mejor uso de los recursos disponibles, y constituye también uno de los aspectos centrales de la reforma. Esto, que podría denominarse "profesionalización" de la gestión administrativa de los tribunales, es también uno de los objetivos muy queridos que persigue el proyecto. Ella contempla la dedicación exclusiva de los jueces a la administración de la justicia, con la sola salvedad de los cinco ¿o de los que formen parte del juzgado o tribunal, si fuesen menos de cinco- que compondrán el comité de jueces del tribunal. Dicho comité de jueces designará a un profesional como administrador del tribunal y tomará las decisiones administrativas superiores, y será ese administrador del tribunal, bajo la supervisión del juez presidente del comité de jueces, quien dirija las labores propias del funcionamiento interno, tales como administrar el personal, llevar la contabilidad y elaborar el presupuesto anual.
Otro objetivo de la reforma del Código Orgánico de Tribunales que hoy se somete a la consideración de la Sala es procurar una eficiente asignación de personal. En tal virtud, se establecen plantas esquemáticas para los tribunales y juzgados de acuerdo con el número de jueces que los compongan, las que consideran sólo el número de funcionarios que desarrollarán labores directivas (administradores, subadministradores y jefes de unidades administrativas) y el de los empleados que tendrán a su cargo las funciones subordinadas. La Comisión ha reafirmado la flexibilidad que orientará la organización interna, confiriendo a la Corporación Administrativa del Poder Judicial la facultad de determinar las unidades administrativas con que contará cada juzgado o tribunal, y permitiendo que la respectiva Corte de Apelaciones destine transitoriamente a empleados de un juzgado de garantía a otro y de un tribunal oral a otro, siempre que estén ubicados dentro del mismo territorio jurisdiccional.
Por otra parte, hay un aspecto importante que guarda relación con el número de personas que significa la aplicación de esta reforma y que se grafica en el proyecto que se somete a la aprobación de la Sala. Basta señalar que hay 75 juzgados del crimen en el país, los cuales se suprimen, junto con algunos juzgados de letras. En total, desaparecen 86 tribunales, que involucran igual número de jueces, otro tanto de secretarios y 1.016 empleados de secretaría.
A cambio, habrá 151 juzgados con competencia de garantía, con 413 jueces, y 44 tribunales orales en lo penal, que permitirán el funcionamiento de 132 salas, con un total de 396 jueces. Cabe apuntar que, dentro del total de juzgados con competencia de garantía, se encuentran 58 tribunales de letras, de los cuales se crean 7 mediante esta iniciativa. Los restantes son los nuevos juzgados de garantía que se crean, esto es, 93 juzgados, con 355 jueces. Estos tribunales, en su conjunto, requerirán el concurso de 2.649 funcionarios de apoyo a la labor jurisdiccional, incluyendo a los administradores de tribunales.
Como podrán apreciar los señores Senadores, el número de personas involucradas varía de 86 jueces, igual número de secretarios y 1.016 empleados de secretaría a 809 jueces y 2.649 funcionarios. Es decir, casi se triplica la cantidad de personas que en el ámbito de la justicia del crimen ejercerán labores. Éste es, ciertamente, uno de los aspectos más relevantes del proyecto desde el punto de vista de la preocupación ciudadana por contar con una atención mejor, más eficiente y más rápida de parte de la justicia chilena.
Como consecuencia de las innovaciones precedentes, en los artículos transitorios se dan reglas sobre la oportunidad en que deberán estar instalados los nuevos tribunales, la modalidad de designación de los jueces y del personal que deberá servir en ellos, así como la forma en que surtirá efecto la supresión de los actuales juzgados y se producirá el traspaso paulatino de causas a los juzgados subsistentes, hasta que quede un juzgado del crimen por cada territorio jurisdiccional de Corte de Apelaciones.
Resulta conveniente poner de relieve que en esta materia, al igual que en la organización permanente que se establece en el Código Orgánico de Tribunales, se confieren importantes facultades a la Corte Suprema y, muy en especial, a las respectivas Cortes de Apelaciones, que son las que mejor conocen la situación de su territorio jurisdiccional. Sin ir más lejos, se le encomienda a ellas determinar las oportunidades en que entrará a regir la supresión de los actuales juzgados del crimen, dentro del marco que establece el proyecto de ley.
En cuanto a los actuales jueces y demás funcionarios ¿como hice presente-, se tuvieron en cuenta los planteamientos de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile y de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, e igualmente los de los actuales secretarios de juzgados del crimen, cargos que ¿como es de conocimiento de todos los señores Senadores- esta reforma suprime. En este último caso, la Comisión consultó a cada uno de los secretarios y recibió 43 respuestas -número apreciable-, lo que permitió elaborar con conocimiento de causa una fórmula que compatibiliza sus legítimas expectativas con el marco constitucional vigente y la resolución de las ternas para el nombramiento de los jueces. En síntesis, el proyecto confiere un derecho de opción a los actuales jueces de los juzgados que se suprimen para postular como juez de juzgado de garantía o de tribunal oral en lo penal; un derecho preferente a los actuales secretarios de juzgados del crimen para ser incluidos en ternas destinadas a proveer los cargos de jueces, y también un derecho preferente a los empleados de secretaría que aprueben el curso habilitante que les impartirá la Academia Judicial. Como remate, se les garantiza, en todo caso, la permanencia en el Poder Judicial, sin detrimento de sus remuneraciones y beneficios. Esta materia, que fue una de las más inquietantes para muchos funcionarios judiciales, quedó debidamente zanjada gracias a la intervención del Ejecutivo, a las conversaciones con representantes del gremio afectado y a la participación en ellas de los miembros de la Comisión.
Siempre dentro de las reglas transitorias, la iniciativa crea una Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal que tendrá una duración de cinco años y cuya función será hacer las proposiciones técnicas que faciliten la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal. Los integrantes de dicha Comisión son de la más alta investidura: la preside el Ministro de Justicia y la conforman el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, un Ministro de la Corte Suprema de Justicia elegido por el pleno de este Tribunal, el Presidente del Colegio de Abogados con mayor número de afiliados, un Fiscal Regional elegido por el Consejo del Ministerio Público y el Subsecretario de Justicia; y contará, además, con un Secretario Ejecutivo.
El proyecto de ley incorpora otras enmiendas al Código Orgánico de Tribunales, fundamentalmente de concordancia, tales como las que, ajustándose a la reforma constitucional, cambian la nomenclatura de los actuales fiscales de Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema a "fiscales judiciales", para diferenciarlos de los fiscales del nuevo Ministerio Público.
Cabe destacar que, para ajustarse a los plazos contemplados en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, los artículos transitorios establecen un calendario muy ceñido de las diversas actuaciones que deberán cumplirse.
Aquí, señor Presidente, quiero llamar la atención de la Sala porque, dada la demora en la tramitación del proyecto, será necesario recabar el asentimiento unánime del Senado para modificar una de las disposiciones transitorias.
El número 6) del articulo 1° transitorio prevé un plazo de cinco días, desde que reciba las ternas respectivas, para que el Presidente de la República designe a los nuevos jueces. Tal plazo, que cuenta con la conformidad del Ejecutivo, se explica por la razón ante dicha y no merece cuestionamiento alguno desde el punto de vista jurídico, a la luz de la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República sintetizada en la frase "Para la Administración no existen los plazos fatales". Es decir, tratándose del ejercicio de una potestad propia del Presidente de la República, el plazo que se fija es meramente orientador del propósito del legislador, pero si no le fue posible darle cumplimiento, de igual forma el Primer Mandatario podrá ejercer su atribución, toda vez que ésta le ha sido entregada por la Constitución Política.
También puede suscitar dudas la facultad que en el número 3) del mismo artículo 1º transitorio se confiere a las Cortes de Apelaciones para elaborar ternas simultáneas, en relación con el derecho que tiene el juez letrado más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer, que figure en lista de mérito y que exprese interés en el cargo, a fin ocupar un lugar en la terna pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75, inciso octavo, de la Carta Fundamental. Por ello, se prefirió dejar entregada esta decisión a la Corte de Apelaciones, teniendo en cuenta además que, como el juez en cuestión debe manifestar interés en el cargo por proveer, no resulta razonable pensar, en el caso de ternas simultáneas, que pudiese manifestar al mismo tiempo interés en todos los cargos para los que se abra concurso.
Únicamente es preciso corregir una situación que se puede producir con motivo de que la Comisión despachó su informe hace ya más de dos meses, el 2 de noviembre del año pasado. Ella consiste en que el plazo de 300 días para optar, que el artículo 1º transitorio, número 1), concede a los jueces del crimen, que vence el 15 de febrero próximo, pudiera encontrarse vencido a la fecha en que se publique la ley. Esto afectaría solamente a los tres jueces del crimen de Temuco, pero como no resulta razonable fijar en la ley un plazo que pudiera estar extinguido cuando ella se publique en el Diario Oficial, propongo a la Sala agregar, al final del primer párrafo del referido número 1) lo siguiente: "Con todo, los jueces del crimen de Temuco podrán optar dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación de esta ley.". Si incorporáramos esta frase, se resolvería esta situación que afecta solamente a la Corte de la Novena Región, puesto que en la Cuarta, donde también se aplica inicialmente la reforma judicial, no hay jueces del crimen. De modo que, con la norma que hemos estudiado con la Secretaría de la Comisión, se evitaría el error que se produciría si la ley se publica con posterioridad al 15 de febrero, lo que haría imposible a los jueces ejercer su derecho a opción.
Es pertinente advertir que, como la Comisión ha podido revisar solamente en forma parcial el nuevo Código Procesal Penal, por razones de prudencia, que hacen aconsejable no anticipar en este proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales criterios sobre materias aún no resueltas en el otro Código, ha preferido suprimir de la iniciativa que se informa diversos preceptos que se estudiarán conjuntamente con este último proyecto. Ello permitirá armonizar apropiadamente las reglas de procedimiento con las normas procesales orgánicas en un nuevo artículo que se incorporará al proyecto de Código Procesal Penal, destinado a introducir los cambios pendientes que sean necesarios en el Código Orgánico de Tribunales. Esto, incluso más -de apreciarse algunos errores o la necesidad de rectificar ciertos aspectos en la iniciativa que hoy día aprobamos, y como en el Código Procesal Penal de todas maneras habrá normas que modifiquen a su vez el Código Orgánico de Tribunales-, permitirá incorporar en el trabajo de la Comisión de Constitución aquello que la experiencia demuestre que debe corregirse o que haya escapado a su análisis, cuando termine el estudio del nuevo Código Procesal Penal.
Sin perjuicio de este aspecto, que se zanjará dentro de un plazo relativamente breve, toda vez que la Comisión ya ha retomado en forma exhaustiva el análisis del proyecto de Código Procesal Penal, es preciso dejar constancia de que quedan pendientes, al menos, tres grandes temas relacionados con la organización del Poder Judicial que no se abordan en esta iniciativa y que deberán ser resueltos en una oportunidad futura. Uno de ellos, es la supresión de los abogados integrantes, tanto de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones, que responde a un criterio ya adoptado por el Congreso Nacional cuando aprobó la reforma constitucional contenida en la ley Nº 19.541, de 22 de diciembre de 1997. Otro es el caso de los fiscales judiciales que se preocupan principalmente de informar causas criminales, cargos que desaparecerán en el nuevo sistema procesal penal, pero que aún están contemplados en la Constitución Política. Y el tercer tema pendiente consiste en la urgente reestructuración de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para que pueda cumplir en debida forma sus funciones y las que se le asignan en este proyecto en relación con un número considerable de nuevos funcionarios y juzgados, y se regionalice, además, mediante la creación de unidades en las distintas Cortes de Apelaciones.
Por las consideraciones precedentes, la Comisión que tengo el honor de presidir solicita a la Sala la aprobación en general y en particular del proyecto, con la sola enmienda al número 1) del artículo 1º transitorio, en los términos antes señalados.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, el proyecto en debate forma parte del proceso de reforma procesal penal en su conjunto y es de vital importancia para su concresión.
Tal como sostuvo el Presidente de la Comisión de Constitución, la iniciativa fue adecuadamente estudiada y se aprobó por unanimidad.
Sin embargo, quiero destacar que no sólo se trata de adecuar el Código Orgánico de Tribunales a los principios de la reforma procesal penal y que estableció tribunales orales y juzgados de garantía, sino además se ha introducido un criterio de modernización en su organización. Ello me parece extraordinariamente importante, porque el juez ya no será más el encargado de la parte administrativa del funcionamiento del tribunal, sino que existirá toda una estructura, mucho más flexible y moderna, que le permitirá dedicarse, fundamentalmente, a su tarea jurisdiccional.
Otro punto relevante es que esta modernización se ha efectuado respetando los derechos de quienes actualmente desempeñan cargos en los tribunales de justicia, de tal manera que puedan, cumpliendo algunos requisitos, formar parte de esta nueva estructura, conservándoseles sus derechos, sus grados y todas sus conquistas.
Por otra parte, también es esencial tener presente que la entrada en vigencia de esta normativa será progresiva, adecuándose a la ley que creó el Ministerio Público. Como todos sabemos, hay dos Regiones que, por decirlo de algún modo, tendrán la prioridad en el tiempo para iniciar el funcionamiento de esta reforma judicial, y las otras Regiones se incorporarán paulatinamente. Y se establece un plazo de 30 días para que los tribunales se instalen plenamente y funcionen a cabalidad en ambas Regiones.
Asimismo, resulta interesante señalar que el artículo 6º transitorio crea la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, presidida por el Ministro de Justicia e integrada por representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados y del Gobierno, a través del Subsecretario de Justicia. Ello, con el fin de que este magno proceso de transformación de la Justicia Penal en Chile se realice adecuadamente, cosa que, por cierto, no será fácil, pues se trata de una de las transformaciones más profundas experimentadas por la Magistratura desde que el país es independiente.
Corresponde ahora a esa Comisión Coordinadora discutir a fondo los problemas financieros o presupuestarios que pudieran surgir en la implementación de la reforma. No creo que sea materia que pueda ocupar tanto páginas de la prensa cuanto un análisis adecuado y profundo de esa misma Comisión, la que tendrá a su vez una relación privilegiada con el Gobierno y el Ministerio de Hacienda respectivo.
Por último, quiero hacer presente que hay un compromiso político, y también diría que ético, con la ciudadanía en el sentido de que el Senado despache la iniciativa de Defensoría Pública junto con la reforma procesal penal, de manera que todos estos cuerpos legales estén plenamente vigentes cuando empiece a funcionar el nuevo procedimiento penal en las dos Regiones pioneras.
El proyecto de Defensoría Pública se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados; todavía no ha llegado al Senado. Y, habiéndose ya promulgado la ley que crea el Ministerio Público, despachando hoy día este cuerpo legal que transforma sustancialmente la organización de los tribunales que van a implementar la reforma, y prácticamente despachados por la Comisión de Constitución dos tercios del nuevo Código de Procedimiento Penal, lo que sí nos está faltando es el proyecto de Defensoría Pública. Esperamos que la Cámara lo apruebe a la brevedad y el Senado posteriormente haga lo mismo, a fin de que, con este conjunto de materias legales, el proceso de reformas pueda realizarse a cabalidad.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, quiero referirme a un punto específico del tema que nos convoca. A fines del año 1997, el Ejecutivo y la Oposición llegaron a un amplio acuerdo relativo a la reforma del Poder Judicial, sobre la base del aumento del número de los Ministros integrantes de la Corte Suprema, y la incorporación del Senado como órgano que prestaría su acuerdo al Presidente de la República para la designación de los miembros titulares de esa Corte.
Junto con lo anterior, se acordó la eliminación de los abogados integrantes del máximo tribunal. Y ello se hizo en concordancia con el aumento del número de Ministros titulares, y fundamentalmente con el objeto de fortalecer la independencia y autonomía de la Corte Suprema.
Así las cosas, la reforma constitucional fue aprobada sin ninguna dilación en el Congreso Nacional y publicada en el "Diario Oficial" el 22 de diciembre de 1997. Sin embargo, la correspondiente reforma legal en la cual se concretaba el acuerdo de la eliminación de los abogados integrantes ¿según consta en el boletín 2059-07- fue al poco tiempo retirada del Senado por el Ejecutivo, aduciendo que estas mismas normas serían incorporadas en el proyecto de ley de reforma del Código Orgánico de Tribunales -que hoy día nos convoca- que entraría próximamente a tramitación dentro del paquete de la reforma a la justicia penal.
Debo recordar, sin embargo, que la solicitud de retiro fue recalificada por la Sala del Senado y, con fecha 14 de julio de 1998, la Corporación dispuso sólo la suspensión del trámite del mismo proyecto, comunicando dicho acuerdo al Presidente de la República mediante oficio Nº 12.667. Lo anterior sobre la base de que una vez que el Ejecutivo remitiera a trámite el anunciado proyecto, comprendiendo en él la eliminación de los abogados integrantes de la Corte Suprema, se procedería verdaderamente a archivar el antiguo proyecto de ley.
Ocurre que la iniciativa sometida hoy a nuestra consideración no incorporó tampoco ese acuerdo suscrito en su momento entre Gobierno y Oposición y que formó parte de toda la reforma al sistema procesal penal y de la modernización de la Justicia.
Como consecuencia de ello, no habiéndose incorporado al proyecto lo que en su oportunidad el Ejecutivo se comprometió a incluir, la Senadora señora Matthei, el Honorable señor Larraín y el Senador que habla formulamos indicaciones para modificar su artículo 11 en el sentido de sustituir el artículo 215 del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente: "Si por falta o inhabilidad de algunos de sus miembros quedare una Corte de Apelaciones o cualquiera de sus salas sin el número de jueces necesarios para el conocimiento y resoluciòn de las causas que les estuvieren sometidas, se integrarán con los miembros no inhabilitados del mismo tribunal, con sus fiscales y con los jueces de los tribunales unipersonales de su jurisdicción en calidad de ministros suplentes de conformidad con el orden de precedencia del escalafón respectivo.". Y tras punto aparte, agregábamos que "La integración de las salas en la Corte de Santiago se hará preferentemente con los miembros de aquellas que se compongan de cuatro, según el orden de antigüedad.".
Asimismo, pero en otra dirección, presentamos indicación para sustituir el artículo 217 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente:
"Si la Corte Suprema o alguna de sus salas se hallare en los casos previstos en el artículo 215 se llamará a integrar a los miembros no inhabilitados de la misma Corte Suprema, al fiscal del tribunal o a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago en calidad de ministros suplentes de conformidad con el orden de precedencia del escalafón respectivo.". Y concluía la indicación con una modificación que proponía cambiar las expresiones "abogado integrante" por la de "ministro suplente" y "abogados integrantes" por la de "ministros suplentes".
Señor Presidente, a raíz del debate en torno de esta indicación, el Presidente de la Comisión de Constitución decidió retirarla por considerar que requería de un mayor estudio, en especial en lo relativo a las Cortes de Apelaciones, lo que, naturalmente, parece razonable. Pero aquí hay un criterio que fue el que en su momento se consideró en la negociación cuando se habló en la reforma judicial de la supresión de los abogados integrantes, y que formó parte sustantiva del acuerdo que llevó a que con toda celeridad se aprobara aquella reforma y en la que se aumentó el número de magistrados para permitir precisamente la eliminación de los abogados integrantes.
Desgraciadamente, el proyecto en discusión no recogió lo que en su momento el Ejecutivo prometió que constituiría una de sus partes sustantivas. El establecer que otros miembros del Poder Judicial, funcionarios plenamente acreditados, con la titularidad de sus cargos, puedan asumir suplencias, fortalece ampliamente ¿no cabe duda- el mejor desarrollo de nuestra administración de Justicia. El hecho de que funcionarios de menor jerarquía, en el carácter de suplencia, por sus méritos, y de conformidad a lo acordado en su momento, puedan llegar a ejercer otras magistraturas, contribuye a estimular la carrera judicial, en cuyo sentido, por lo demás, tanto se ha hecho al crear academias e instancias que permitan el desempeño de las personas más calificadas. No vemos en ello nada que se oponga al fortalecimiento del Poder Judicial, por lo contrario, lo aumenta mucho más todavía, desde el momento en que a los propios funcionarios les estamos entregando la facultad de asumir responsabilidades mayores en calidad de suplencias.
Lamento profundamente que el Ejecutivo no haya incorporado tal punto en este proyecto, el que, por lo demás ¿reitero-, forma parte de un acuerdo sustantivo para la reforma en su oportunidad, y que sin duda le haría mucho bien a nuestra administración de justicia, la que estamos modernizando con una y otra iniciativa, más las otras que se anuncian.
En consecuencia, hacemos presente que insistiremos en esta indicación y queremos advertir que aquí hay un acuerdo de por medio, el que debiera llamar a la meditación y a la reflexión a esta Sala para que ¿ojalá- el Ejecutivo así lo considere, y desde luego, señor Ministro, se lo planteo con todo respeto, porque éste fue un tema cuyos términos, por lo demás, usted muy bien conoce. Si mi planteamiento estuviere errado, le agradecería que me lo hiciera notar, pero tal como ya lo he dicho, el acuerdo existió, los compromisos se pactaron, la recalificación se dio en su minuto, y los oficios pertinentes fueron enviados al Ejecutivo, de modo que aquí estamos actuando sobre la base de antecedentes fidedignos relacionados con este punto del proyecto.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.- Señor Presidente, ante todo quiero dejar constancia de que seguí muy de cerca el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre este proyecto. Y me hago un deber en hacer públicos mi reconocimiento y mis felicitaciones, porque -como es habitual en ella- el análisis realizado fue riguroso, acucioso, y el resultado se halla materializado en el informe que hoy conocemos, que es del nivel a que esa Comisión nos tiene acostumbrados.
Creo que el proyecto en debate reviste enorme trascendencia. Naturalmente, la justicia chilena necesita una modernización integral; y a través de la reforma procesal penal en marcha estamos alcanzando sólo la modernización de una parte de la administración de justicia chilena (sin duda aquélla que con más urgencia requería de una intervención de este tipo, pero sólo una parte). Está pendiente la reforma de la justicia civil y, desde luego, la creación de los tribunales administrativos y la instauración de los procedimientos que hagan operantes las acciones de que esos tribunales deberán conocer.
No podemos descansar mientras el esfuerzo no se haya realizado en forma integral. Los pasos que se han dado son extraordinariamente trascendentes, pero están lejos de agotar el tema. Y como esto tiene implicancias de orden financiero (de las que queda constancia en el informe de la Comisión de Hacienda), es bueno que el Senado, al pronunciarse esta tarde sobre la iniciativa, tenga claro que está asumiendo con la administración de justicia en Chile un compromiso de un sello muy distinto del que ha sido característico en nuestra historia.
Hace pocos días se dio a conocer un documento de la Universidad Diego Portales (la que gentilmente lo ha hecho llegar a todos los señores Senadores) que tiene como título "Gasto en Justicia". Hay aquí antecedentes comparados muy valiosos, que ponen en evidencia que lo que nuestro país destina a la administración de justicia es verdaderamente marginal: en la actualidad, apenas 0.17 por ciento del Producto Interno Bruto (conforme a la última estadística incorporada a este mismo estudio), y en términos de Presupuesto Público, algo más de 0.8 por ciento.
A algunos les llama la atención que en este momento Chile se decida a realizar un gasto sustancialmente mayor en justicia. Pero ésa es una condición de la paz social, del desarrollo social de nuestra nación. La seguridad ciudadana preocupa -y con razón- al país entero, y, sin duda, la vía más clara de solución la tiene, en el contexto de una política de Estado coherente en esta materia, mediante la reforma procesal penal, que ahora se está emprendiendo.
Es cierto que esta reforma, específicamente en lo que atañe a los tribunales que se crean a través de la iniciativa sobre la que ahora nos estamos pronunciando, demanda en los próximos cuatro años un esfuerzo fiscal considerable: alrededor de 141 mil millones de pesos, entre gastos de inversión y operación. Pero -como lo hace constar la Comisión de Hacienda en su informe- el gasto en régimen, referido casi exclusivamente a la operación (desgraciadamente la inversión en el campo de la administración de justicia ha sido históricamente marginal entre nosotros), alcanzará a 43 mil millones de pesos, de los cuales debemos deducir alrededor de 16 mil millones de pesos, que corresponden al gasto en que se incurre hoy en los tribunales que se suprimen a través de este proyecto. En consecuencia, el gasto incremental que hay que retener sólo asciende a 27 mil millones de pesos, cifras que, al adoptar una decisión de este tipo, naturalmente no pueden asustar, ni hacer pensar que el compromiso sea de una magnitud temeraria.
Es cierto que a él hay que añadir lo que significarán el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Pero la verdad es que todavía estamos tomando una decisión para mejorar la administración de justicia en Chile que está lejos de ser de relevancia extrema en el campo de las finanzas públicas.
Señor Presidente, que esta reforma es absolutamente necesaria, está fuera de dudas. El documento de la Universidad Diego Portales a que hice referencia explora por primera vez el tema de la eficiencia y la eficacia de la administración de justicia, y aporta datos extraordinariamente relevantes, que ayudan a terminar de configurar el diagnóstico que estuvo en la base de la decisión de emprender o abordar esta reforma.
Creo que el hecho de contar con una administración de justicia oportuna, eficaz, transparente, pública, ayudará considerablemente, no sólo en lo relativo a la seguridad ciudadana, sino, en general, a mejorar las condiciones en que se desarrolla nuestra vida en la sociedad civil.
Podrá sostenerse que la opción que se materializa en este proyecto de reforma al Código Orgánico es cara; que, además, como lo pone en evidencia el derecho comparado, no constituía el camino ineludible para que la reforma se pudiera realizar. Aquí, en efecto, sumamos tres intervenciones públicas, y una cuarta eventual: la del Ministerio Público, la de los jueces de garantía y la de los tribunales orales en lo penal; y, también, puede darse la intervención del defensor penal que se asigna a determinado imputado para que asuma su defensa.
Sin embargo, estoy convencido de que se trata de una buena opción, que justamente ayudará al buen ordenamiento, a la celeridad en la tramitación de los procesos, a que no quede delito sin investigar y a que las sanciones que se apliquen a esos delitos sean oportunas, para que resulten verdaderamente eficaces y tengan un impacto en la gente que contribuya, precisamente, a alejar el delito de la vida civil.
Cuando la reforma se planteó, se sostuvo que bastaba con crear más jueces, eventualmente con dividir la justicia penal en jueces de instrucción y jueces sancionadores. Pero, la verdad, a la luz de estas estadísticas, ésa habría sido una reforma parcial e incompleta.
A través de este proyecto habrá más jueces; en términos netos, 730 nuevos jueces, con un alto grado de especialización y una funcionalidad en el trabajo que a cada uno se asigna, que, sin lugar a dudas, contribuirá a que el funcionamiento de la administración de justicia sea sustancialmente mejor que al presente.
Como lo señaló el Presidente de la Comisión, considero importante tener en cuenta que la reforma del Código Orgánico de Tribunales en votación deja temas pendientes, los cuales van a aflorar en los próximos años. He mencionado el de los fiscales judiciales, que son parte de nuestro ordenamiento judicial, pero que en la práctica van a quedar sin trabajo en los próximos años. La nueva organización de los tribunales fuerza a repensar el rol de los secretarios y, a lo mejor, por esa vía, a buscar formas para dar mayor agilidad todavía a la justicia civil en la reforma pendiente a la que me referí al comienzo de esta intervención.
No puede soslayarse la reforma sobre las corporaciones de asistencia judicial, porque la defensoría penal pública está orientada únicamente ¿como indica su propio nombre- a la defensa de los imputados. Aquí se encuentra pendiente el esfuerzo para facilitar el acceso a la justicia. Y, en ese campo, el rol de las corporaciones de asistencia judicial es fundamental. Sobre esta materia existe un proyecto en la Cámara de Diputados que espero llegue pronto al Senado.
También deseo destacar que el esfuerzo emprendido es notable y que ¿como dijo la ex Ministra de Justicia señora Soledad Alvear- se trata de una reforma realizada "con los jueces". Felizmente el Poder Judicial chileno posee una tradición de profesionalismo y de probidad a toda prueba que nos enorgullece a todos. Y los magistrados, lejos de aferrarse a la organización y a los procedimientos actualmente vigentes, han manifestado a través de la Corte Suprema y en la Comisión ¿donde se destacó con razón la labor cumplida por el ex Presidente del Máximo Tribunal don Roberto Dávila- su intención de hacer todo el esfuerzo necesario a fin de asegurar el éxito de esta reforma.
Es preciso, sin embargo, que tal esfuerzo de nuestros jueces sea acompañado por el Estado. Para eso fue creada la Academia Judicial. En este punto, deseo insistir en lo señalado por el Honorable señor Bombal: el importante trabajo de la Academia Judicial ha tenido un factor negativo hasta el momento, cual es su extrema centralización. Los cursos tendientes a la formación de jueces se imparten sólo en Santiago.
El esfuerzo por realizarse ahora es de tal envergadura que la Academia Judicikal tiene que llevar también a las regiones la formación y preparación de los jueces, pues dicho proceso se encuentra atrasado para la total aplicación de la reforma procesal penal.
Por último, señor Presidente, quiero formular una petición al Ministerio de Justicia. En el artículo 1º transitorio, referido a la instalación y puesta en funcionamiento de los nuevos tribunales, se han asimilado a los juzgados de garantía y a los tribunales orales en lo penal -creados mediante la iniciativa en estudio- los nuevos juzgados de letras, de modo que la instalación de éstos queda diferida hasta la entrada en funcionamiento en la respectiva región de la reforma del Código Orgánico de Tribunales.
A mi juicio, eso no es necesario. La norma transitoria en esa parte debería ser como la tradicionalmente utilizada en las leyes que crean nuevos tribunales; es decir, una disposición flexible, pero que permita, en la medida en que se encuentren disponibles los inmuebles y los recursos para poner en funcionamiento dichos tribunales, que comiencen a operar. Ellos tienen una competencia que llega mucho más allá de lo penal: van a jugar el rol de jueces de garantía, y ése es su punto de contacto con la reforma procesal penal. Por ejemplo, respecto del nuevo juzgado de letras que se creará en Cabrero, no me cabe duda de que sería muy positivo para una buena administración de justicia en la Octava Región que dicho tribunal fuese instalado cuanto antes.
Se trata de una materia que puede ser corregida a través de una indicación del Ejecutivo; y sería muy bueno abordarla.
Por tales consideraciones, me sumo a la invitación del señor Presidente de la Comisión para que la Sala apruebe el proyecto en general y particular.

El señor ROMERO.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, esta iniciativa no sólo pertenece a quien la planteó, sino que, además, ha sido compartida por otros sectores y particularmente por el Senado en términos casi propios.
No cabe la menor duda de que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha tenido un papel preponderante, porque la modificación del Código Orgánico de Tribunales es una parte de toda una reforma penal gestada en el Senado como un acuerdo de Estado. La modificación de la norma relativa a los integrantes de la Corte Suprema en 1997 y los distintos alcances a otros cuerpos legales nos permiten señalar que efectivamente estamos frente al resultado de una participación colegislativa. Esto es fundamental, porque algunos aspectos pendientes deben ser aclarados, considerando la importancia de que la reforma no debe fracasar. Ésta es demasiado trascendental para que simplemente seamos testigos de lo que está ocurriendo y no anticipemos ciertas situaciones que tal vez sean perfectibles.
En este aspecto, me parece oportuno señalar -aun cuando no se trata exactamente de un tema propio del debate- que está pendiente el compromiso respecto a los abogados integrantes, suscrito honorablemente entre la Ministra de Justicia de la época señora Alvear y quienes participamos en el acuerdo de Estado para reformar la Corte Suprema e integrar en forma diferente el Poder Judicial. Deseo ratificar lo que sobre el tema destacó el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Efectivamente, existe un acuerdo en el sentido de que debe eliminarse la figura de los abogados integrantes de la estructura de trabajo de las Cortes, tanto de la Suprema como de las de Apelaciones.
Asimismo, estimo importante referirme a otros aspectos subrayados aquí; por ejemplo, la descentralización de la Academia Judicial. Como señaló el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, ella es fundamental, porque, en la medida en que existan buenos jueces en el país y no solamente en las grandes ciudades, podrá facilitarse de verdad el acceso a la justicia. En el futuro habrá 151 juzgados de garantía, con 413 jueces, y 43 tribunales orales en lo penal, lo que permitirá el funcionamiento de 131 salas, con un total de casi 400 jueces. Esto obviamente redunda en que debe buscarse el mayor perfeccionamiento de los magistrados.
Igualmente, me parece esencial que se señale la necesidad de realizar un estudio anticipado respecto de los cronogramas de trabajo, especialmente en cuanto al establecimiento físico de algunos tribunales en regiones para permitir que los cambios se realicen dentro de las fechas estipuladas.
Por otra parte, tengo cierta preocupación en cuanto a la designación de los fiscales regionales por parte de los SEREMI de Justicia, según se informa en la prensa de hoy. No es una buena señal el que, a través de este sistema, se apunte tal vez a trasladar un tribunal contencioso a un nivel administrativo político, lo cual sólo debería producirse como excepción y no como norma. No conozco el caso, pero probablemente se actuó de esa manera, porque no había suficientes postulantes al cargo. Me parece que existe una normativa al respecto, con el objeto de que en Temuco, por ejemplo, se pueda ampliar el plazo de recepción de la nómina de interesados. Me gustaría que el señor Ministro aclarara el punto.
En todo caso, deseamos que esta reforma tan trascendental e importante sea perfeccionada y -como lo señalamos- constituya un instrumento eficaz para un mejor y mayor acceso a la justicia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Stange.

El señor STANGE.- Señor Presidente, deseo dejar constancia en la historia de la ley que en el artículo 2º del proyecto de reforma, relativo a la creación de juzgados de letras, se dice "Hualaihué, con competencia sobre la misma comuna", en circunstancias de que se trata de Río Negro, Hornopirén, que es la capital de la comuna. Entonces, se debe expresar: "Río Negro, Hornopirén, con competencia sobre la comuna de Hualaihué.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito a Su Señoría que se ponga de acuerdo al respecto con el señor Ministro, ya que como el proyecto se votará primero en general, se puede efectuar una precisión, también en general, incluso por Secretaría.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, deseo formular una observación de carácter global.
No cabe duda de que son necesarias la reforma y el poner en práctica el nuevo enfoque sobre la manera de hacer justicia. Eso lo quiero dejar sentado; pero, dado el cambio completo que se efectúa en ese ámbito, parece ser breve el plazo de dos años para que empiece a operar el sistema en la Cuarta y la Novena Regiones, sobre la base de la complejidad que ello involucra y la cantidad de personas que deben ser preparadas para hacerse cargo de su buen funcionamiento. Tal vez, es más apropiado pensar hasta en cinco años, porque realmente nos hallamos en presencia de una modificación sustancial, cuya concreción requiere suma cautela.
Seguramente, surgirán dificultades de ajuste y de tiempo, ya que se deben considerar las apelaciones que se interpondrán en determinado momento. Cabe tener presente que hasta se podrá llegar a la Corte Suprema en ciertas etapas de los procesos, con lo cual es posible que todo resulte mucho más largo, en la práctica, de lo que se imagina.
Deseo poner de relieve la conveniencia de aumentar el plazo para aplicar el sistema e ir corrigiéndolo. Es preferible demorar un poco en lugar de que cojee al comienzo y provoque muchos más tropiezos que aquellos que se desea corregir.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, deseo requerir la atención del señor Ministro de Justicia, a propósito de la intervención del Honorable señor Bombal.
Este último manifestó su inquietud respecto del caso de los abogados integrantes, incorporado, efectivamente, dentro de la reforma constitucional de diciembre de 1997. Y, de hecho, en la Carta Fundamental se eliminó toda mención a ellos, porque la voluntad del Ejecutivo y del Congreso, en su oportunidad, fue la de suprimirlos. Así ocurrió en cuanto a la referencia que se hacía a los que actuaban en la Corte Suprema, con relación al Tribunal Constitucional, por ejemplo.
El Ejecutivo envió después un proyecto de ley sobre el particular, cuya tramitación fue suspendida a la espera del atinente a la enmienda del Código Orgánico de Tribunales. El punto no se contempló, sin embargo, y presentamos la indicación aludida por el Senador señor Bombal. Cuando se discutió, el Ejecutivo expresó su voluntad de no incluir en la iniciativa que nos ocupa la supresión de los abogados integrantes tanto de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones, pero se comprometió a remitir otra a la brevedad posible, en donde el tema iba a ser abordado y resuelto.
En atención a lo anterior, retiré la indicación respecto del articulado en debate. Pero la supresión mencionada constituye ¿repito- un compromiso asumido por el Ejecutivo en dicha ocasión. Así consta en el informe, que dice: "El representante del Ejecutivo, señor Blanco, estuvo conteste en que resulta urgente dar una solución adecuada a la integración de las Cortes del país, y que, aunque el Ejecutivo comparte la idea de suprimir los abogados integrantes, no se puede desconocer que, en la actualidad, no se advierte una forma adecuada de solución.".
La fórmula que planteamos motivó que el Ejecutivo nos pidiera no darle curso. Porque la cuestión se había resuelto en la Corte Suprema con el incremento del número de jueces, pero no en la misma forma a nivel de Cortes de Apelaciones, donde se halla pendiente la situación de los abogados integrantes.
Por tal razón, para la tranquilidad del Senador señor Bombal, solicito que el Ejecutivo reitere aquí su voluntad de legislar sobre ese punto a la brevedad posible.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, pedí el "Compendio Estadístico" del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) respecto de 1999, para ver el número de habitantes y la superficie de cada región y comparar esos datos con la cantidad de jueces asignada de acuerdo con el artículo 4º. Y, francamente, me cuesta mucho encontrar una lógica que pueda explicar el criterio que se utilizó.
A mi juicio, la Cuarta Región de Coquimbo se halla sumamente perjudicada. Y es algo que han hecho saber tanto la gente de la zona como la Corte de Apelaciones local. Existe preocupación. Para los que viven, por ejemplo, en Combarbalá, en Los Vilos, en Salamanca o en Illapel -lugares apartados de Ovalle- no sé cómo funcionará el sistema.
Pero, sobre todo, si se comparan la población y la superficie con el número de magistrados, cabe observar que la Cuarta Región, con 570 mil habitantes y 40 mil 600 kilómetros cuadrados, contará solamente con doce jueces: nueve en La Serena y tres en Ovalle. La Quinta Región de Valparaíso, en cambio, con tres veces más habitantes pero dos veces y media menos superficie, dispondrá de cuarenta y dos jueces: doce en Valparaíso; doce en Viña del Mar, que se halla al lado; seis en Quillota; seis en San Antonio; tres en Los Andes y otros tres en el cercano San Felipe. En la Cuarta Región, sin embargo, se dejará muy desamparada a toda la provincia de Choapa, cuyos habitantes enfrentarán dificultades de acceso debido a la distancia. Repito que en Ovalle sólo existirán tres jueces.
La Séptima Región, a su vez, representa tres cuartas partes de la superficie de la Cuarta y 50 por ciento más de habitantes, pero tendrá veintiún jueces, lo que no guarda relación si se compara con los doce de esta última.
La Región de Coquimbo ha hecho saber su molestia, al igual que nosotros en numerosas oportunidades.
Y ofrezco a quien se interese una fotocopia del compendio del INE.
Agregaré que la Octava Región registra casi 2 millones de habitantes, es decir, cuatro veces más que la Cuarta, pero una superficie menor, y le corresponderán treinta y seis jueces, frente a los doce ya mencionados.
Entonces, si la Región de Coquimbo es una de aquellas en que partirá la reforma procesal penal, conviene subrayar de inmediato que en la práctica se suscitarán dificultades. Y la gente sostendrá después que la ley fue mal hecha, cuando, en realidad, lo que sucede es que el número de jueces o quizás de juzgados no ha sido bien distribuido. No deseo afirmar que es poco equitativo, ni poco justo, ni algo semejante; pero, a la luz de las cifras indicadas, me parece que no es razonable.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A lo mejor, la gente de Ovalle es muy buena y por eso hay menos jueces allá.

La señora MATTHEI.- ¡No, señor Presidente! Tenemos una enorme población flotante. El problema de la delincuencia en ciudades como Ovalle, Coquimbo y, obre todo, Monte Patria y Combarbalá, debido al número de trabajadores temporeros que llegan procedentes de todo el país, arroja índices muy altos de criminalidad. Por ello, digo que la situación es realmente seria.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Fueron expresiones bondadosas para su Región, Su Señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro para aclarar las dudas de la señora Senadora o para referirse a otros aspectos vinculados a la materia.

El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, desde que se inició el estudio del proyecto, que lleva bastante tiempo en discusión parlamentaria, se han presentado varias proposiciones que apuntan a los lugares donde quedarán establecidos determinados tribunales. Lo que hemos resuelto no obedece a una decisión arbitraria, sino que es producto de un estudio realizado por la Universidad Católica de Valparaíso en lo referente a la población y al número de causas que presenta cada una de las Regiones o comunas.
Cuando se habla de reforma procesal penal, es necesario destacar la gran cantidad de recursos que se invertirá en los distintos ámbitos. Se trata de 250 mil millones de pesos, los que serán distribuidos en cuatro años, de aquí hasta el 2003.
Actualmente, el presupuesto total del Poder Judicial, en todo lo que significa su actuación en materia de justicia, alcanza la cifra de 71 mil millones de pesos. Por lo tanto, el aumento de recursos será enorme, y también el de personal. Ese incremento sobrepasa el 600 ó 700 por ciento, si se considera que hoy, a nivel nacional, tenemos un total de 75 jueces especialistas en lo criminal. Con el nuevo sistema, habrá 390 y tantos jueces de garantía y 400 jueces abocados a lo penal. En definitiva, se está aumentando de 75 a 800 el número de magistrados.
Se trata de un sistema inquisitivo donde el juez realizará todas las actividades del proceso y en cuya investigación se incorporará a 640 fiscales más.
Por lo tanto, es enorme la cantidad de recursos que se destinarán al efecto. Probablemente, en un análisis detallado hecho por algún señor Parlamentario, podría considerarse que hay zonas que eventualmente quedarían desprotegidas. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el estudio fue realizado por una Universidad, y no a voluntad de determinada persona. Y, en definitiva, se traducirá ¿como dije- en la incorporación de una gran cantidad de recursos.
Señor Presidente, Honorables señores Senadores, para los efectos de establecer la reforma, construiremos más de 300 edificios a lo largo del país. En la Cuarta Región se levantarán alrededor de 15. Si uno mirara el asunto en detalle, con esa magnitud, probablemente podría pensar que se cometió algún error. Si lo hubiera, en su momento, cuando el proceso continúe, deberán hacerse las modificaciones pertinentes. No obstante, es del caso señalar que se ha puesto la mayor voluntad para incorporar recursos al sistema judicial, como nunca antes había ocurrido en Chile.
No habría sido posible sacar adelante una iniciativa como ésta sin la existencia de un consenso total. Aquí participaron todos los Parlamentarios de los diferentes partidos políticos; los Ministros de la Corte Suprema; los jueces ¿con ellos hicimos la reforma-; los abogados, las comunidades jurídicas; los estudiantes. Pero resulta indispensable continuar con ese consenso para que esta reforma se instaure en el más breve plazo. Los plazos se hallan establecidos en el Código en reforma y debemos cumplirlos.
Es posible concluir que no se consideró a ciertos tribunales, pero éstos seguirán su labor como tribunales mixtos, según consta en un documento que obra en poder de los señores Senadores. Por lo tanto, existe una amplitud de la oferta jurídica que es realmente espectacular.
También es del caso señalar que los actuales juzgados no serán cerrados y que seguirán ejerciendo sus funciones, excepto una mínima cantidad de ellos. O sea, lo que hoy existe, va a continuar en el futuro.
Con respecto a lo manifestado por el Honorable señor Larraín, efectivamente hay un compromiso para analizar y discutir, conjuntamente con el Poder Judicial, lo relativo a los abogados integrantes, que es un tema no menor ni de fácil solución. Sin perjuicio de ello, hay un trabajo que debe hacerse con la Corte Suprema, con los tribunales de justicia, para resolver una situación que quedó establecida en acta y a la cual se refirió el señor Senador.
Analizaremos ese problema con el Poder Judicial, pues incide en materias cuya solución no es fácil. Por ejemplo, cuando un Ministro de la Corte de Apelaciones asume un cargo similar en el Máximo Tribunal, significa que otro deja un cargo atrás, y así sucesivamente. Por eso, los propios Ministros de la Corte Suprema plantearon la posibilidad de contemplar jueces suplentes permanentes en tal sentido. Sin embargo, ése es un tema que deberemos discutir. Y si existe un compromiso, éste será cumplido.

El señor LARRAÍN.- Señor Ministro, ¿me permite una interrupción, con la venia de la Mesa?

El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).- Con todo gusto, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Deseo precisar que, independientemente del compromiso de conversar con el Poder Judicial, la Comisión acordó legislar respecto de la supresión de los abogados integrantes de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones.
El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).- Efectivamente, señor Senador. Si no fui claro en su momento, ahora hago la precisión. Nuestra intención es proceder de esa manera, pero una vez que contemos con el consenso total, para evitar que la reforma en la cual estamos encaminados se vea entorpecida por otra situación. Reitero: es como Su Señoría lo ha expresado, y daremos cumplimiento a ello.

La señora FREI (doña Carmen).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra, señora Senadora.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, yo tenía la misma duda que planteó la Senadora señora Matthei y se la indiqué al señor Ministro.
Por eso, me gustaría dejar bien claro, al menos, lo concerniente a lo siguiente. Me preocupaba que en el cuadro correspondiente a la Segunda Región, que represento en el Senado, no figurara juez ni en Taltal ni tampoco en María Elena. Formulada la consulta, el señor Ministro me explicó que en la parte final del documento que obra en su poder aparecen, desgraciadamente sombreadas, las localidades donde el juez de letras actuará también como juez de garantía. Vale decir, habrá tribunales mixtos. Pero eso no figura en el texto de que disponemos nosotros.
En virtud de lo anterior, se concluye nítidamente que habrá magistrados en esos lugares y que deberán ejercer una función mixta.
Además, el señor Ministro me explicó que ellos, para hacer el estudio, se basaron en el número de causas que había en los juzgados. Yo pensaba que las localidades de mayor población necesitaban más jueces, pero no es así. Obviamente, desconozco la cantidad de procesos existentes.
Por consiguiente, en cuanto a mi Región, deseo dejar claramente establecido que todas las localidades contarán con un juez de garantía y que habrá tribunales mixtos en Taltal y María Elena, motivo de mi preocupación, pues no estaban consideradas en el cuadro respectivo. El comentario que formulo da respuesta a la pregunta hecha por la Senadora señora Matthei, quien planteó la misma duda que me surgió en su momento.
Muchas gracias.

El señor FERNÁNDEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor FERNÁNDEZ.- Deseo precisar lo relativo al acuerdo adoptado en su oportunidad.
Participé en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento cuando se planteó la reforma al Poder Judicial. Y, en realidad, debo decir que hay un acuerdo político sobre el particular. No se trata de conversar y de buscar consenso, ni de que el asunto esté sujeto a la condición de que el Máximo Tribunal acepte o no cierta proposición, sino de que existe un compromiso ¿y esto fue tratado en dicho órgano legislativo- por parte del Ejecutivo en orden a eliminar los abogados integrantes de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, lo cual consta en acta. Sin embargo, ello no se hizo en su momento, con el objeto de acelerar el despacho de la reforma; pero ese aspecto fue un requisito fundamental que tuvimos en vista para aprobar la reforma constitucional que permitió la modificación de la composición de la Corte Suprema.
En consecuencia, dicho asunto no está sujeto a un nuevo estudio, ni a que los tribunales de justicia acepten o no determinado planteamiento, por cuanto es un compromiso que fue adoptado con toda la oposición de la época, cuando era Presidente del Senado el Honorable señor Romero, quien participó activamente en la materia. Vale decir, no se trata de algo que esté sujeto a la aceptación de los tribunales de justicia, sino de un compromiso formal, el que, a mi juicio, debe materializarse a la mayor brevedad, con el objeto de dar cumplimiento a lo acordado.

El señor ROMERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, sólo quiero confirmar lo señalado por el Senador señor Fernández.
Efectivamente, cuando nos enfrentamos a esta reforma quedó muy claro que se eliminarían los abogados integrantes tanto de las Cortes de Apelaciones como de la Corte Suprema.

El señor ZURITA.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor ZURITA.- Señor Presidente, deseo formular algunas consultas.
¿El acuerdo a que se ha hecho referencia se transformó en ley y ésta se halla promulgada?

El señor FERNÁNDEZ.- No, es un acuerdo.

El señor ZURITA.- ¿Los Senadores que no intervinimos en ese acuerdo estamos obligados a adherir a él?

El señor BOMBAL.- No. Es un acuerdo de legislar sobre la materia, Honorable colega.

El señor ZURITA.- Si yo considero un disparate ¿con perdón de quienes lo cometieron- suprimir los abogados integrantes ¿tendré que reservarme mi opinión y aceptar esa eliminación por tratarse de un acuerdo político?

El señor ROMERO.- No. Va a ilustrar el debate.

El señor BOMBAL.- En efecto, ilustrará el debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Indiscutiblemente, el acuerdo tomado en su oportunidad obligará a quienes fueron partícipes de él, pero no a quienes no concurrieron a adoptarlo.
Por lo tanto, en su momento veremos la forma como se llevará a cabo.

El señor BOMBAL.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría, en el tiempo de su segundo discurso.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, más allá de reconocer el legítimo derecho del Honorable señor Zurita a expresar su opinión ¿no cabe la menor duda de que ella, por la vasta experiencia de Su Señoría, ilustrará notablemente el debate cuando llegue el instante de debatir esa norma-, lo importante es concluir que el acuerdo existe. Tal es así que la materia fue incluida en la reforma que hoy nos ocupa. Sin embargo, el Senado recalificó el asunto y decidió solicitar su retiro del presente texto, y de ese modo se lo comunicó al Presidente de la República. Ello revela que ya hay un criterio al respecto.
Para los efectos de que quede claro en la historia de la ley, de las palabras del señor Ministro se desprende el compromiso del Gobierno de impulsar una iniciativa destinada a resolver lo atinente a ese punto tanto respecto de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones, independientemente del debate que aquí se suscite y en el cual ¿reitero- la opinión de los ilustres ex magistrados hoy día Senadores será de capital importancia.
Señor Presidente, deseo expresar al señor Ministro que nuestra conclusión es que ése es un compromiso formal del Ejecutivo.

El señor HAMILTON.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, no me referiré al fondo del proyecto -ya lo tratamos extensamente en la Comisión y sería inoficioso repetir aquí esa discusión- sino, simplemente, al problema que se ha planteado ahora, al margen de lo que debemos resolver esta tarde.
Efectivamente, el proyecto inicial suprimía los abogados integrantes sólo de la Corte Suprema, no así los de las Cortes de Apelaciones, donde probablemente hay más razones para eliminarlos. El compromiso que en su oportunidad contrajo el Gobierno fue revisar esa supresión, consultarla con el Poder Judicial y enviar al Congreso una propuesta para solucionar el tema. Ésta será aprobada o rechazada, pero no puede haber por parte de la Cámara de Diputados ni del Senado una obligación en cuanto a aceptar determinada norma.
Lo que interesa en este momento es que esa materia no se encuentra incluida en el proyecto que estamos despachando.
Nada más.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
La iniciativa requiere quórum de ley orgánica constitucional.
En votación general.

El señor SABAG.- Que se apruebe.

El señor MATTA.- Sí.

El señor FERNÁNDEZ.- Hay consenso.

--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emitieron pronunciamiento 30 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde proceder a la votación en particular.
Dado que la Comisión aprobó por unanimidad las distintas normas, en conformidad a los artículos 120 y 133, inciso sexto, del Reglamento, propongo dar por aprobado todo el articulado, sin perjuicio de pronunciarnos acerca de la indicación a que hizo referencia el Presidente de ese órgano técnico, Senador señor Larraín.
Dicha indicación es del siguiente tenor: "Para agregar al final del primer párrafo del número 1) del artículo 1º transitorio la siguiente frase: "Con todo, los jueces del crimen de Temuco podrán optar dentro del plazo de diez días, contado desde la publicación de esta ley.".".

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, entiendo que también hay consenso para aprobar la indicación formulada por el Honorable señor Larraín.

El señor RUIZ (don José).- Sí.
--Por unanimidad, se aprueba en particular la iniciativa con la indicación al precepto señalado, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que se pronunciaron favorablemente 30 señores Senadores.


El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, sólo quiero manifestar que en los inicios del Gobierno del Presidente Frei se tomó la decisión de modernizar la justicia. Casi al término de su mandato estamos aprobando la modificación del Código Orgánico de Tribunales, que es la columna vertebral de la reforma procesal penal.
Agradezco a los señores Parlamentarios el trabajo realizado, porque, como dije con anterioridad, si no hubiera existido acuerdo total sobre la materia, no habría sido posible avanzar tan rápido como lo hemos hecho en el establecimiento de un nuevo sistema de justicia.
Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Queda despachado el proyecto en este trámite.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CHADWICK:
Al señor Ministro de Educación, acerca de CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y TAREAS ADMINISTRATIVAS EN COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO "ARTURO PRAT", DE COMUNA DE MACHALÍ (SEXTA REGIÓN).
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, sobre AMPLIACIÓN DE USO DE LAS AGUAS DE LAGO COLBÚN PARA FINES TURÍSTICOS, y al señor Ministro de Justicia, con relación a MÉDICO LEGISTA Y AUXILIAR PARA COMUNA DE PARRAL (SÉPTIMA REGIÓN).
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, respecto de AUMENTO DE PERSONAL PARA RESGUARDO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PICHILEMU (SEXTA REGIÓN).
Del señor ROMERO:
Al señor Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, relativo a CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE FUTUROS TRIBUNALES DE GARANTÍA Y ORALES EN QUINTA REGIÓN, y al señor Fiscal Nacional, referente a NOMBRAMIENTOS E INSTALACIÓN DE TRIBUNALES CONTEMPLADOS EN REFORMA PROCESAL PENAL PARA QUINTA REGIÓN.
______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los Comités, en reuniones de 4 de enero y de esta tarde, dejaron sin efecto, respectivamente, la hora de Incidentes de hoy y la sesión ordinaria de mañana miércoles 19, sin perjuicio del funcionamiento de las Comisiones que se encuentren citadas.
Por lo tanto, la próxima sesión ordinaria de la Corporación se celebrará el martes 25 del presente.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 17:56.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción