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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 23ª, en martes 14 de marzo de 2000
Ordinaria
(De 16:18 a 19:34)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE,
Y CARLOS CANTERO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zurita Camps, Enrique
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 19ª, ordinaria, en 4 de enero del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 2ª, ordinaria, en 18 de enero del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Ocho de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los cuatro primeros comunica que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea la moneda de quinientos pesos. (Boletín Nº 2.453-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
2) El que modifica el decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, deroga la ley Nº 18.645 y dicta demás normas que indica, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2.426-03).
--Pasa a la Comisión de Economía y a la de Hacienda, en su caso.
3) El que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional. (Boletín Nº 2.359-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
4) El que establece adecuaciones a la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. (Boletín Nº 2.455-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los dos siguientes informa que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado a los proyectos de ley que a continuación se señalan:
1) El que regula la ejecución de trabajos por empresas contratistas en faenas que indica. (Boletín Nº 98-13), y
2) El que modifica la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. (Boletín Nº 2.424-14).
--Se toma conocimiento y se manda archivarlos.
Con el séptimo comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que prohíbe la fluoración del agua potable en el territorio nacional, y que propone su archivo. (Boletín Nº 1.536-11).
--Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el último informa que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de la cooperación económica en Chile en virtud del reglamento "ALA", sus anexos y protocolos, suscritos entre el Gobierno de la República de Chile y la Comunidad Europea, en Bruselas, el 24 de noviembre de 1998, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2.423-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, con el que responde un oficio enviado por el Senado, referido a diversas consideraciones y reparos a la redacción del proyecto de ley que traslada a los días lunes los feriados que indica.
Del señor Ministro de Obras Públicas, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la posibilidad de reparar el camino Candelario Mancilla ¿ Laguna Redonda.
Del señor Ministro de Salud subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a la posibilidad de dotar de un médico a la actual posta de la Caleta de Carelmapu, Décima Región.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a las diversas interpretaciones de la ley Nº 19.593, que suspende por un período de dos años la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.
Dos del señor Contralor General de la República:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, referido a los ingresos fiscales y la producción industrial de cobre durante 1997, 1998 y 1999, y sus estimaciones para el presente año.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar, relativo a la situación de la persona que indica.
Del señor Director del Servicio Nacional de Pesca, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la modificación de los requisitos para ser inspector ad honorem de pesca, a fin de que los extranjeros residentes puedan desempeñar tal función. .Del señor Director General de Obras Públicas, con el que remite un cuadro resumen de los oficios dirigidos en febrero del presente año, por dicha Repartición, a los señores Parlamentarios y a otras autoridades.
Del señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, relativo a la política actual de manejo de plaguicidas que impulsa el SAG y a los principales problemas que enfrenta dicho Servicio en esta materia.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, con el que remite las informaciones que el artículo 3º de la ley Nº 19.561 dispone que sean enviadas anualmente a esta Corporación.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Nuevo informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de acuerdo sobre aprobación del Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a "La protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública". (Boletín Nº 1.958-10).
De la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que autoriza la construcción de monumentos en las ciudades de Santiago, Talca, Valparaíso y Villa Alegre, en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez. (Boletín Nº 2.322-04).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Muñoz Barra, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que establece como garantía constitucional la no discriminación en los establecimientos educacionales con aporte estatal, en razón de sexo, edad, nacionalidad, etnia o raza, condición física o psíquica, situación socioeconómica, religión o ideología. (Boletín Nº 2.472-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicaciones
Del señor Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, con la que informa que la Excelentísima Corte Suprema, el 29 de diciembre de 1999, procedió a designar como miembros de dicho máximo Organismo Electoral para el próximo período constitucional de cuatro años a los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema señores Mario Garrido Montt, Enrique Tapia Witting, Ricardo Gálvez Blanco y Domingo Yurac Soto, y en su calidad de ex Vicepresidente del Senado, a don Luis Fernando Luengo Escalona. Agrega que la Presidencia será ejercida por don Mario Garrido Montt.
Del señor Director del Servicio Electoral, con la que remite el cronograma de actividades relacionado con las próximas elecciones municipales por celebrarse el viernes 27 de octubre del año en curso.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que informa que ha presentado su renuncia como Presidente de la misma el Senador señor Valdés y que, por unanimidad, ha elegido como su Presidente al Senador señor Romero.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que informa que, por unanimidad, ha elegido como su Presidente al Senador señor Díez.
De la Comisión de Defensa Nacional, con la que informa que ha presentado su renuncia como Presidente de la misma el Senador señor Fernández y que, por unanimidad, ha elegido como su Presidente al Senador señor Adolfo Zaldívar.
De la Comisión de Economía, con la que informa que, por unanimidad, ha elegido como su Presidente al Senador señor Novoa.
--Se toma conocimiento.
Solicitud
Del señor Luis Gerardo Schmidt Muñoz, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletín Nº S 473-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
_______________

El señor PRAT.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PRAT.- Señor Presidente, solicito que el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 182, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre "La prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación", que fue enviado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Relaciones Exteriores, sea estudiado por éstas en conjunto, a fin de evitar duplicidad de trabajo, porque normalmente se ha procedido de esa manera.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se acuerda.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se suspende la sesión por unos minutos para efectuar una reunión de Comités.
_______________
--Se suspendió a las 16:28.
--Se reanudó a las 16:37.
_______________

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Antes de tratar la iniciativa que figura en el primer lugar del Orden del Día, debo informar a Sus Señorías que en la tabla de la sesión de mañana se incluirán el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional e informado por la Comisión de Constitución, que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares, y el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que autoriza la construcción de monumentos en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez en las ciudades de Santiago, Talca, Valparaíso y Villa Alegre.
V. ORDEN DEL DÍA



COMPLEMENTACIÓN DE NORMAS SOBRE
DISCAPACITADOS MENTALES


El señor RÍOS (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Silva, Bombal y Pérez, sobre discapacitados mentales, con segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Salud, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2192-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Silva, Bombal y Pérez)
En primer trámite, sesión 9ª, en 30 de junio de 1998.
Informes de Comisión:
Salud, sesión 30ª, en 8 de septiembre de 1999.
Constitución, sesión 30ª, en 8 de septiembre de 1999.
Constitución y Salud, unidas, sesión 22ª, en 7 de marzo de 2000.
Discusión:
Sesión 34ª, en 15 de septiembre de 1999 (se aprueba en general).

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión particular el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente, el segundo informe cuyo debate estamos iniciando, y respecto del cual haré una breve relación, fue aprobado unánimemente por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Salud, unidas.
Marco ético
En una sociedad democrática es importante reconocer la desigualdad y construir herramientas que permitan una equiparación de oportunidades, entendida como un proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la documentación se ponen al servicio de todos, especialmente de las personas con discapacidad. El principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada persona tienen igual importancia; que tales necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades, y que la integridad de los recursos han de emplearse de manera de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación.
En tiempos pasados, las respuestas al fenómeno de la discapacidad fueron dadas bajo la forma de protección social, de tratamiento aparte de la sociedad y de desarrollo de servicios especializados. Independientemente de su buena intención o necesidad, estas respuestas colaboraron para agravar el problema de la exclusión y la baja participación social del colectivo de personas con discapacidad. Dar valor a la diferencia, a la diversidad, constituye a nuestro juicio uno de los grandes retos actuales de nuestras sociedades.
La ausencia de "visibilidad" de las personas con discapacidad en la vida ordinaria, como por ejemplo la tendencia tan arraigada en muchas familias a esconderlas, no ha hecho más que alimentar los estereotipos que a ellas se referían. Esta situación ha contribuido a reproducir automáticamente el ciclo de exclusión. De esta forma, uno puede observar la misma asociación reforzada de prejuicios, desigualdad de oportunidades y discriminación.
El motor de esta evolución es la toma de conciencia de la oportunidad de valorar mejor la diferencia entre los individuos, creando procesos sociales y educacionales con la preocupación bien entendida de la igualdad. El valor fundamental de la igualdad se percibe ahora como el punto de referencia en torno al cual gira todo lo demás y constituye la esencia del movimiento basado en los derechos de las personas con discapacidad. El concepto de igualdad de oportunidades es, por lo tanto, más amplio, pero incluye el principio de no discriminación.
En esencia, este esfuerzo se puede resumir en la idea de la "integración en la vida diaria". Esto implica la formulación de políticas para favorecer la total participación y la asociación de las personas con discapacidad a los procesos educacionales, sociales y otros, respetando al propio tiempo la capacidad de elección personal. De forma gradual se puede observar cómo las políticas de algunos países van cambiando su orientación, desde la administración de medidas tendientes a superar las limitaciones funcionales, hacia la instauración de la igualdad efectiva de los derechos, con numerosas variantes, según los países. Una tendencia mundial particularmente relevante es el abandono progresivo de la creación de nuevas estructuras separadas para atender a las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
El proyecto que se aprueba
Dicho marco ético sirvió de fundamento para esta iniciativa, tan bien acogida por todos los sectores y de la cual quien les habla es uno de sus autores, junto con los Honorables señores Bombal y Pérez.
Este proyecto tiene por objetivo modificar la ley Nº 18.600, sobre deficientes mentales ¿así se denomina el texto vigente-, único cuerpo legal que se preocupa sobre una discapacidad específica.
Sus aspectos centrales son los siguientes:

1.- Actualizar y mejorar las normas sobre protección de los discapacitados mentales, armonizándolas con la ley Nº 19.284, sobre integración de personas con discapacidad.

2.- Coordinar la ley Nº 18.600 con la ley mencionada en cuanto a usar la nomenclatura de "persona con discapacidad mental" en vez de "deficiente mental", a los derechos que asisten a los discapacitados mentales y a las personas obligadas a brindárselos.

3.- Reorientar la educación a los discapacitados mentales sobre la base del principio de la integración y no del de paternalismo excluyente.

4.- Uniformizar el procedimiento para la declaración de la discapacidad mental, que actualmente se encuentra disperso y genera en los familiares de estas personas confusiones que a menudo no les son aclaradas satisfactoriamente.

5.- Por último -y éste fue el impulso inicial para el proyecto-, establecer a favor de las personas con discapacidad mental una curaduría de pleno derecho, que será ejercida por las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que las tengan bajo su cuidado permanente.
Es interesante señalar la justificación de la iniciativa. En efecto, hoy el país tiene, aproximadamente, 616 mil personas con discapacidad. De este número, los discapacitados mentales, los únicos que cuentan con una ley especial ¿como dije-, llegan, según el Instituto Nacional de Estadísticas, a cerca de 81 mil personas. Al parecer, la realidad eleva considerablemente esta cifra.
En la actualidad, quienes padecen de discapacidad mental provienen de hogares constituidos por una o dos personas, regularmente destruidos por la discapacidad y donde uno solo de los padres ¿por lo general, la madre- tiene el cuidado del discapacitado. A ello debe adicionarse que comúnmente las personas que los cuidan son de edad avanzada. El fenómeno excluyente que genera la discapacidad mental produce la huida de los familiares y, en consecuencia, la soledad de su manutención.
Cabe agregar a lo anterior el hecho de que las personas con discapacidad mental hace dos o tres decenios tenían una expectativa de vida menor a 20 ó 25 años de edad, lo que regularmente permitía que el menor permaneciera siempre bajo el cuidado de su protector hasta su muerte. Sin embargo, de un tiempo a esta parte esa expectativa de vida ha aumentado sustantivamente. En efecto, según estadísticas oficiales, las personas de entre 15 y 29 años con discapacidad mental representan el 36,9 por ciento de los casos, y las de entre 30 y 60 años, el 32,6 por ciento.
Es decir, existe en el país un potencial de abandono natural, por la muerte de quienes los tienen a su cuidado, de aproximadamente 69 por ciento de los discapacitados mentales, que prácticamente quedan en la orfandad total.
Ante esa realidad, numerosas son las personas e instituciones que asumen voluntariamente, de manera remunerada o gratuita, el cuidado de los discapacitados mentales. El proyecto busca precisamente solucionar este problema disponiendo que, mientras se nombra un curador definitivo, quienes estén a cargo del cuidado permanente de los discapacitados mentales tengan la curaduría provisoria, con el objeto de evitar el desamparo que se registra en la actualidad.
Éste es el proyecto que se halla sometido a la consideración de la Sala.
Los desafíos pendientes
Esta iniciativa ha producido en los miembros del Senado un interés sin igual -quienes planteamos la moción lo agradecemos profundamente- y ha presentado como desafío abocarse de fondo al tema global de la discapacidad.
La ley Nº 19.284, si bien constituyó un avance sustantivo en la materia, es hasta ahora un texto regularmente incumplido, tanto en el sector público como en el privado, sobre todo en lo relativo a la infraestructura social.
Existe, pues, un desafío pendiente: adecuar las normas sobre la discapacidad a los nuevos tiempos. Un país que no reconoce sus diferencias es una sociedad condenada al sectarismo y la exclusión. Abrigamos la esperanza de que muy pronto podamos enfrentar este desafío. Mientras tanto, el proyecto de ley sometido a la consideración de Sus Señorías viene a solucionar un problema impostergable.
Por ello, solicitamos, con todo respeto, la generosa aprobación de la Sala.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Recuerdo a Sus Señorías que este proyecto ya fue debatido en general por el Senado. Nos encontramos ahora en la discusión particular. Por tanto, no corresponde hacer planteamientos globales.
La Mesa, en todo caso, estimó importante que uno de los autores de la moción (quizás el principal), el Honorable señor Silva, hiciera una exposición general, para permitir a la Sala reencontrarse con una materia ya discutida globalmente.
Ahora bien, quiero hacer presente que el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento permite en la discusión particular votar sin debate las modificaciones aprobadas por unanimidad en la Comisión, salvo que algún señor Senador, antes de iniciarse aquélla, manifieste su intención de impugnar una o más.
Nos encontramos en ese caso. De modo que la Mesa puede dar por aprobadas todas las proposiciones de las Comisiones unidas...

El señor VIERA-GALLO.- Pido la palabra.

El señor BITAR.- Pido la palabra.

El señor BOENINGER.- Pido la palabra.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Como varios señores Senadores están solicitando la palabra, propongo abrir un período de intervenciones que no vaya más allá de las 17:30 y votar a partir de esa hora.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, en forma muy breve, sólo quiero reiterar lo señalado por el Honorable señor Silva y, quizás, efectuar una consideración.
Este proyecto, que es muy importante (y por eso fue acogido de manera unánime en las Comisiones), modifica la ley Nº 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales, actualizándola, coordinándola y haciéndola coherente con la ley Nº 19.284, que consagra normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. Y se refiere a un punto muy específico, cual es el problema de las curadurías que se producen cuando las personas con discapacidad mental quedan prácticamente huérfanas, haciendo operar en tal evento una curatela de pleno derecho. Se dispone que en este caso rigen los preceptos del Título XXX del Libro I del Código Civil en lo referente a las incapacidades para ejercer tutela o curaduría, y no se exige que la persona respectiva esté inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad para acreditar la curatela provisoria frente a terceros.
Por cierto, esto, que es muy significativo, no agota todas las modificaciones que deben hacerse a la ley sobre discapacidad. Existen en el país muchas organizaciones de discapacitados que están planteando enmiendas más sustanciales y globales a la ley Nº 19.284. La que nos ocupa es una modificación específica, a un punto muy relevante de la ley Nº 18.600. Pero ello no quiere decir que en un futuro muy próximo no nos hallemos abocados a un debate más amplio sobre cómo actualizar la ley Nº 19.284.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bitar
El señor BITAR- Señor Presidente, no quisiera dejar de señalar, después de un trabajo muy importante que realizó en la comunidad de Iquique todo el movimiento asociativo de la discapacidad, algunos de los puntos allí mencionados, que me gustaría hacer constar en la Versión Taquigráfica, como fruto de la labor desarrollada por cerca de 12 agrupaciones de discapacitados, en todos los terrenos.
Por un lado, la conveniencia de aprobar las enmiendas sugeridas, en particular la referente al cambio de la expresión "deficiencia mental" por "discapacidad mental", que votaré favorablemente, y la relativa a la curatela, que, sin duda -como lo indicó el Senador señor Silva-, significa un avance.
Quiero referirme también a puntos adicionales vinculados a la discapacidad no tocados en el proyecto (solicito -y si otros señores Senadores se sumaran a mi petición, sería aún mejor- que el Ejecutivo los tome en cuenta) y que requieren una corrección lo más ágil posible.
En primer lugar, la acreditación de la COMPIN. La normativa vigente, la ley Nº 19.284, faculta a dicha Comisión para determinar la calidad de discapacitado. Empero, su acreditación no tiene ninguna relevancia en el Registro Civil, que pide exámenes similares para tal efecto. Por eso, resulta indispensable modificar ese modo de operar.
Asimismo, a los discapacitados se les da un carné por dos años; pero es evidente que las condiciones de discapacidad, por ejemplo, de un niño o de una persona con síndrome de Down, no cambian en ese lapso.
Frente a tal situación, proponemos al Ejecutivo, en primer lugar, establecer la norma de que la única certificación válida sea hecha por la COMPIN, y que las cédulas de identidad que se otorguen a los discapacitados tengan, a lo menos, la misma duración que para el resto de los chilenos.
En segundo término, las encuestas CAS no consideran bajo ninguna circunstancia la discapacidad. Entonces, dejaron de ser un instrumento útil para las personas discapacitadas; no miden el impacto económico que la discapacidad produce en las familias. Por ello, junto con señalarlo en el Senado, solicito que se oficie al Ministerio de Planificación y Cooperación para que se corrijan las encuestas CAS, de manera de sumar puntaje a las familias entre cuyos integrantes haya discapacitados.
Tercero, la pensión asistencial que se otorga actualmente por un monto individual de alrededor de 34 mil pesos no constituye un aporte fundamental. Además, ese subsidio no es permanente, pues el beneficiario, al obtener trabajo, independientemente de la calidad del mismo, pierde el beneficio. Y al quedar cesante, no recupera inmediatamente la pensión asistencial.
En consecuencia, someto a la consideración de los señores Senadores la siguiente idea, por si quieren respaldarla: oficiar al Ejecutivo pidiéndole hacer permanente la pensión asistencial para las personas provenientes de familias de bajos ingresos per cápita.
En cuarto lugar, está el tema de la postulación a viviendas. En la actualidad una norma dispone que el 2 por ciento se reserva para adultos mayores y personas minusválidas. Proponemos que se corrija esta situación. Y una de las fórmulas es que, a lo menos, se entreguen casas bajo el concepto de comodato vitalicio, es decir, que las personas discapacitadas gocen del uso de una vivienda en vida, como una posibilidad de opción a quienes tienen menos recursos y cuya capacidad de ahorro es limitada.
Existen otras consideraciones respecto de la capacitación laboral que estimo indispensables.
Termino señalando que el punto crucial -y entiendo que la Comisión así lo consideró- es que esta modificación legal tendrá efecto inmediato, pero se requiere una de mayor envergadura, que implique modificar la ley Nº 19.284 y su eventual fusión con la Nº 18.600. No existe en el país una política pública respecto de la discapacidad; tampoco hay un organismo del Estado que se preocupe del problema. La unidad del MIDEPLAN que se encargaba del asunto ya no existe; no hay una Comisión Nacional de la Discapacidad. Y al FONADIS no le corresponde fijar o definir la política nacional sobre la materia.
Por ello, considero indispensable plantear acá la necesidad de que el Ejecutivo envíe -no está entre nuestras facultades- un proyecto que cree el Servicio Nacional de la Discapacidad, capaz de formular y coordinar políticas públicas en beneficio de las personas discapacitadas, con oficinas regionales y programas específicos, que incluya al FONADIS.
He creído importante formular estas observaciones para los fines de complementar el muy buen trabajo que ha hecho la Comisión, en el entendido de que el Senado adopte una acción nueva, que implique mejorar la ley Nº 19.284, y su fusión con la Nº 18.600, para que a comienzos del siglo XXI tengamos una legislación digna del trato que merecen las personas con discapacidad, para que desarrollen sus potencialidades en beneficio del país.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, considero que el tiempo que se dedique a entregar algunos antecedentes en un tema tan delicado y dramático no puede estar mejor empleado. Si bien es cierto que los problemas económicos de la nación son importantes y trascendentes, creo que la discapacidad merece nuestra preocupación y para abordarla no debemos escatimar el tiempo que se le destine.
Mi Honorable colega el Senador señor Bitar me ha evitado referirme a la engorrosa realidad que se observa y comprueba en la obtención de pensiones asistenciales de invalidez. Lamentablemente, el reglamento vigente en la materia y los puntajes exigidos nos ponen muchas veces ante la necesidad de hacer llamados a todo nivel para solucionar los dramáticos problemas económicos y de asistencia que viven numerosas familias en el país.
Por otro lado, deseo destacar el trabajo realizado por la Comisión y por los autores de esta moción, que beneficia aproximadamente a un millón 244 mil personas. Creo que vale la pena señalar que hay 402 mil discapacitados mentales, de los cuales 360 mil presentan retardo mental; 37 mil exhiben parálisis cerebral, y 5 mil son niños autistas. Además, existen 442 mil discapacitados sensoriales, de los cuales 372 mil son sordos y 70 mil ciegos. Asimismo, conviene recordar que hay 400 mil discapacitados físicos. Todos suman un millón 244 mil personas.
Quiero tocar el tema de los discapacitados físicos.Hace pocos días el país fue testigo de que un colegio rechazó a un niño con discapacidad física, en circunstancias de que reunía prácticamente todos los conocimientos y capacidades de coeficiente intelectual. Asimismo, no hace mucho, otro joven, que quiso seguir una carrera profesional y que visitó el Senado con motivo de la tramitación de un proyecto de reforma constitucional para evitar la discriminación de los discapacitados en Chile, señaló en forma dramática que, a pesar de su discapacidad, era una persona normal con tantos derechos como cualquier otro connacional.
Por eso he querido entregar estos modestos antecedentes y enfatizar -repito- esta situación, tan real y humana, que aflige a parte importante de nuestra sociedad.
También espero que esta iniciativa abra un camino hacia el futuro, para ir creando institutos que traten estas discapacidades. Cabe resaltar que no puede ser que en Chile, que muchas veces se vanagloria de ser un país desarrollado en lo económico, y se le considera como señero del desarrollo en el mundo, sólo cuenta con servicios clínicos para tratar ese tipo de discapacidades en los hospitales tipo A, existentes en Santiago, Concepción y Valparaíso; es decir, donde hay cinco áreas de salud. En lo que respecta a las Regiones, muchos Senadores presentes en el Hemiciclo saben que la atención de estos casos es sumamente incompleta y débil en la gran mayoría de los hospitales del país.
Con gran afecto y cariño daré mi aprobación a esta iniciativa, destacando el brillante trabajo que ha realizado la Comisión, y reiterando mis felicitaciones a los autores de la moción.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, sin perjuicio de los problemas pendientes planteados por quienes intervinieron antes.
La mía es una observación meramente formal para tenerla en cuenta al momento de la votación. Y si bien daría mi acuerdo para aprobar unánimemente y de inmediato la iniciativa, deseo representar lo siguiente, para cuya acogida -entiendo- se necesitaría acuerdo unánime de la Sala.
Ocurre que la redacción del proyecto ha sido muy cuidadosa -y con toda razón- para modificar una terminología que tiene un sentido peyorativo en la legislación vigente, reemplazando el vocablo "deficiencia" por "discapacidad". Pero aún subsiste aquel término en un par de normas, y creo que podría fácilmente concordarse su sustitución.
En el artículo 2º, se dice lo siguiente: "Para los efectos de la presente ley, se considera persona con discapacidad mental a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias síquicas, congénitas o adquiridas,", etcétera. La palabra "deficiencias" podría perfectamente cambiarse, por ejemplo, por "limitaciones". Y en el artículo 18 bis se señala que "Las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que tengan a su cargo personas con deficiencia mental,". Aquí podría decirse "discapacidad mental", con lo cual los vocablos relativos a "deficiencia" desaparecerían del texto, lo que me parece absolutamente razonable. Por consiguiente, sugiero eliminarlos en los dos lugares que mencioné.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se acogerían las modificaciones propuestas por el Senador señor Boeninger.
--Se aprueban.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, desde el momento en que las Comisiones unidas comenzaron su trabajo quedó claro que uno de sus propósitos era abocarse de lleno al tema de la discapacidad, como muy bien recordó el Senador señor Silva Cimma, uno de los autores de la moción. En verdad, la voluntad del señor Presidente de las Comisiones unidas es profundizar mucho más todo el tema de la discapacidad, porque en la normativa vigente se advierten muchas insuficiencias y porque, si bien su enmienda requiere la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, el Parlamento no puede restarse a analizar en profundidad, y en conjunto con el Ejecutivo, una realidad de tanta relevancia como ésta que afecta a tantos compatriotas.
Por de pronto, si se examina a simple vista lo relativo a la educación, que también se aborda en el proyecto, se observa que hoy día los discapacitados sufren no sólo discriminaciones muy grandes, sino que también de carencias muy profundas que les impiden acceder a educarse mediana o dignamente. Por ejemplo, una persona limitada por parálisis cerebral prácticamente no tiene dónde acudir, ya que en Chile no hay especialización para educar a este tipo de personas, y aunque para ello existe una importante subvención del Estado -como conversaba en días pasados con la Diputada señora Allende- no se la utiliza, pues no se dispone ni de profesionales ni de establecimientos adecuado para brindar una buena atención a quienes sufren limitaciones de esta naturaleza. Podría argumentarse que la preparación de esos especialistas es muy costosa. Pero -como muy bien señala el Senador señor Muñoz- en el país existen condiciones de desarrollo que permiten pensar en estímulos o en determinadas subvenciones a universidades y otros planteles de formación para que se dediquen a la preparación de dichos profesionales.
Además, está el tema tan complejo de las personas con discapacidad auditiva o fonoaudiológica. Hoy, por ejemplo, no tienen ninguna posibilidad de acceder a la televisión y escasos medios de comunicación les brindan espacio en un recuadro de la pantalla para interpretar lo que se dice. En días pasados, alguien me comentaba que no había podido enterarse de nada de lo planteado por los candidatos durante la campaña presidencial, porque en la franja política sólo pudo ver imágenes pero no oír lo que se señalaba.
Pero hay muchos espacios que deberían abrirse a los discapacitados. Por ejemplo, si uno de ellos desea desplazarse en un medio de locomoción colectiva, no tiene cómo abordarlo si va en silla de ruedas. Incluso, frecuentemente observamos en la calle que, cuando una persona está doblando su silla de ruedas para subirse a un taxi, todos le tocan la bocina para apurarlo. Es decir, carecemos de cultura para tratar la discapacidad. Solamente se nos "prende la ampolleta" cada vez que se realiza la TELETÓN. En esa ocasión, todos somos muy solidarios, pero terminado dicho evento perdura la realidad de no considerar a los no videntes, a los con problemas fonoaudiológicos, de parálisis y, para qué decir, de discapacidad mental.
En la misma línea, son pavorosos los informes acerca del tratamiento que reciben los discapacitados mentales que ingresan a recintos hospitalarios.
Acaba de realizarse un importante evento para tratar todo lo relativo a la discapacidad y a la insuficiencia hospitalaria en esa materia. Allí se formularon propuestas muy interesantes, que no es del caso hoy día recordar. Pero existe sobre el particular una preocupación importante.
¿A dónde voy con esto, señor Presidente? A que en definitiva la voluntad expresada por el Senado al tratar el proyecto, y la unanimidad y generosidad con que se ha acogido, demuestra precisamente su buena disposición e interés para dedicarse más en profundidad a estos temas. No es una mera declaración política ni nada que se le parezca. Aquí existe una voluntad profunda -al menos así se ha manifestado en la Comisión de Salud, donde están representados todos los sectores políticos- para abocarse a estudiar estas materias con más detenimiento. Y quiera Dios que ello sea posible.
En tal sentido, recogiendo lo señalado por el Senador señor Bitar, me atrevo a proponer a la Sala, como Presidente de la Comisión de Salud, que se la mandate para recopilar toda la legislación existente; recoger las iniciativas de los señores Parlamentarios de todos los sectores con el objeto de diagnósticar la situación actual y de formular proposiciones concretas, para elevarlas al Ejecutivo, o en caso de ser iniciativa nuestra, presentar la respectiva moción; y, dentro de un plazo prudente ¿de cuatro a seis meses, o tal vez menos si se quiere-, se emita un completo informe que considere las sugerencias planteadas.
Además, se podría estudiar la realidad internacional relativa a los discapacitados, y cómo acceder a la cooperación de organismos extranjeros que hoy trabajan en esta materia bajo el auspicio de Naciones Unidas y otras entidades.
En fin, se trata de realizar un trabajo interno destinado a recibir las inquietudes de los distintos sectores, no para concluir en un proyecto de ley determinado, sino en un informe que, ojalá, además de las sugerencias aquí formuladas, represente una señal muy concreta a la sociedad chilena en el sentido de que el Parlamento se encuentra no sólo preocupado de estudiar el tema, sino de proponer, en conjunto con el Poder Ejecutivo, soluciones reales, concretas, que sirvan para favorecer a tan importante sector de nuestra sociedad que hoy sigue marginado. De esa forma, también se dará una señal clara a quienes no sufren discapacidad para que miren de modo distinto a los que sí la padecen.
Desgraciadamente, es muy cruel la realidad. Algunos miembros de la Comisión la conocemos de cerca, y probablemente muchos de los señores Senadores presentes también se han percatado de la percepción que muchas veces se tiene de los discapacitados y de cuánto sufren cuando son rechazados y mal mirados por la sociedad. De manera que las motivaciones para entregar este tipo de señal son muy grandes, profundas y sensibles. Señor Presidente -y con esto termino-, sugiero que consulte a esta Honorable Sala acerca de si existe acuerdo para otorgar a la Comisión de Salud un plazo, que ella puede fijar, para estudiar el asunto y entregar más que un informe propuestas concretas sobre una materia tan sensible y urgente para la sociedad chilena.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señor Senador, la Mesa estima que la Comisión no requiere la aprobación de la Sala para realizar esa labor.

El señor BOMBAL.- A mi juicio, sería una señal muy poderosa que el Senado entero lo acordara. De otra forma, se podría entender que es un trabajo más de la Comisión, el cual, a lo mejor, se va a diluir dentro de las muchas tareas que le corresponden. Un mandato de la Sala constituiría una señal que reconfortará a los discapacitados, cuya situación nos obliga moralmente a mucho más.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Al término de las intervenciones, propondré a la Sala las dos peticiones planteadas.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, junto con manifestar que votaré favorablemente todas las normas propuestas, recojo con mucho entusiasmo el planteamiento del Senador señor Bombal, que en alguna oportunidad ya había planteado en la Comisión, del mismo modo que el propio señor Vicepresidente, quien también la integra.
Ahora bien, estimo importante que nos ocupemos en el tema, porque creo que ha ido variando la circunstancia en que se visualiza. En efecto, hace muchos años el asunto fue parte de la caridad pública, después pasó a constituir una cuestión asistencial de los Gobiernos y hoy debe ser valorado, a mi juicio, en relación con la idea de la igualdad social de todas las personas y de los derechos humanos de cuantos de una u otra manera sufren alguna dificultad de la naturaleza de que se trata.
Lo anterior requiere una concepción de la propia sociedad en cuanto a entender el punto, y también de los Gobiernos. Cabe consignar que se registra un déficit de financiamiento del Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) y de los recursos dedicados como sociedad al ámbito en análisis. Esto se traduce en que en cierto momento determinada acción privada, como la Teletón, cuenta con toda la solidaridad, pero durante un largo plazo, en definitiva, la enorme cantidad de otros casos en que no se logran las ventajas de ese resultado no se considera como una tarea prioritaria de la sociedad y, por lo tanto, del Estado, que la representa.
Agrego sólo un antecedente, para no dilatar la discusión. Juzgo que la gran dificultad que se plantea radica no sólo en el tratamiento del millón 400 mil compatriotas en alguna situación de discapacidad, sino también en que si no se toman medidas preventivas respecto de la forma en que funciona la sociedad chilena, se presentará muy pronto un aumento exponencial de lo que sucede con algunos tipos de minusvalía.
Hace aproximadamente una semana tuve la oportunidad de conocer la opinión de especialistas de Estados Unidos y de distintas áreas de América Latina acerca de cómo deben enfrentarse los aspectos de salud en el futuro. Y la gran preocupación se centra en la prevención. En el caso específico a que nos abocamos, ocurre que en Chile, al igual que en todas partes, existe conciencia de que ésa es la única manera de no llegar al exceso de algunas enfermedades que pudieran ser evitables.
En particular, me refiero a algo de lo cual de repente no nos damos cuenta y ya planteado por los otorrinolaringólogos nacionales hace alrededor de dos años, en orden a que si en el país no se adoptan precauciones respecto del nivel de decibeles del ruido ambiental, el aumento de niños sordos será increíble. Se estima que, con la realidad que presenta al respecto la sociedad en general, con la forma en que se escucha música, por ejemplo, como se puede observar en las micros y en distintas partes, el número de afectados de sordera será en verdad importante.
Y ello reviste trascendencia en lo que decía el Senador señor Bombal. Es algo que requiere educación diferenciada y demanda gastos. Es algo que exige preocupación especial en las empresas. Es algo que hace necesario entender, en definitiva, que tendrá lugar un déficit de productividad. Y el resultado, al final de cuentas, es un porcentaje de discapacitados que cuando llega a cierto nivel transforma a la sociedad en un conjunto extremadamente difícil de ordenar.
Por tales consideraciones, señor Presidente, entendiendo que el tema sobrepasa la cotidianidad y que de repente no llega a nosotros mismos o a la sociedad, salvo cuando median situaciones especiales, pienso que se debe acoger la petición del Senador señor Bombal. La idea se puede concretar sin ninguna necesidad de acuerdo, pero tal vez constituye un cierto signo el hecho de que el Senado asume la preocupación por un punto, efectúa un encargo a una Comisión técnica y después es capaz de formular una propuesta, en el plano de lo que muchas veces hemos discutido en cuanto a no ser sólo un reservorio de proyectos del Ejecutivo.
Me atrevo a insistir en la solicitud del Honorable señor Bombal y en la conveniencia de tomar un acuerdo de Sala, lo que si bien puede no significar una diferencia real, proyecta sí la imagen de un compromiso de esta Corporación respecto de un asunto, considerando que seguramente en el futuro se presentarán otros de índole similar.
Muchas gracias.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Foxley.

El señor FOXLEY.- Seré muy breve, señor Presidente. Junto con respaldar el proyecto y sumarme a los análisis realizados, acojo la proposición del Senador señor Bombal. Y la razón para ello, por lo menos desde mi punto de vista, reside en que Chile ha ido tomando conciencia en forma extraordinariamente lenta de la situación de la discapacidad. No hace mucho tiempo que las familias que incluían un hijo con retardo mental severo o alguna otra dificultad de esa naturaleza simplemente lo escondían en las piezas traseras de su vivienda, pues el hecho se convertía en una especie de estigma social.
Hace casi exactamente diez años el país emprendió un primer avance significativo para dar cuenta de la realidad que se vivía cuando en la primera fase del Gobierno de don Patricio Aylwin se acordó crear el Fondo Nacional de la Discapacidad y establecer un marco institucional para empezar a reconocer la cuestión desde el Estado y proveer algunas soluciones mínimas. Recuerdo que en ese tiempo me tocó discutir el asunto con el Ministro de Planificación y Cooperación. Y los recursos dispuestos para tales efectos ¿es preciso reconocerlo- fueron nada más que un paso inicial.
Me impresiona mucho la cifra proporcionada por el Senador señor Muñoz Barra en el sentido de que casi 10 por ciento de la población se halla afectado por algún grado de discapacidad física o mental. Cabe recordar que hemos mantenido un debate larguísimo y nos referimos en términos muy reiterativos a algo tan grave como la pobreza, en la que se encuentra 20 por ciento de los habitantes. Probablemente se registra una alta correlación entre discapacitados y personas en nivel de pobreza o de extrema pobreza. Es curioso que esa dimensión de la pobreza no la hayamos considerado sobre la base de la envergadura con que deberíamos haberlo hecho.
Como también se decía hace un momento, los países con mayor grado de desarrollo han sido capaces de manifestar en la creación de espacios físicos, como un gesto colectivo de la sociedad, un acto de preocupación y afecto por los discapacitados. Seguramente no son cuantiosas las inversiones necesarias para facilitar el desplazamiento de esas personas, su acceso a espacios y servicios públicos, a actividades culturales, y, sin embargo, se nos presenta una gran dificultad en asumir ese objetivo como una tarea que requiere una expresión muy especial de sensibilidad humana.
Por su parte, el Senador señor Bitar dio ejemplos de cuatro o cinco medidas ¿las anoté- concretas, simples, que se podrían tomar para lograr un avance en el plano en análisis.
Me parece excelente la sugerencia del Honorable señor Bombal de armar una especie de equipo de trabajo asentado en la Comisión de Salud. Propongo que sea un grupo intercomisiones, a fin de que otros Senadores interesados en el tema podamos colaborar en ese esfuerzo, darle la envergadura requerida y poner el asunto en la agenda nacional como una iniciativa de esta Corporación. Estimo que es una magnífica idea ¿repito- y que sería bueno que hoy se le diera una expresión de apoyo, sea reglamentaria o no.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Concluyo que lo solicitado por el Senador señor Bombal apunta, básicamente, a que un acuerdo de la Sala entregue a la Comisión citada la responsabilidad de reunir todos los antecedentes legales y de carácter técnico, económico, en fin, relacionados directamente con los discapacitados, así como la de recoger las informaciones del Honorable señor Muñoz Barra y de configurar un cuadro completo de lo que es en Chile el mundo de esas personas, con el objeto de que, producto del análisis que se efectúe, se entreguen algunas proposiciones con el objeto de mejorar el proceso social...

El señor BOMBAL.- Así es.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- ... en torno de dicho sector.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, comparto plenamente lo manifestado por el Senador señor Foxley en el sentido de que el trabajo no sólo se limite a la Comisión de Salud, sino que es necesaria la creación de un grupo interdisciplinario donde participen las otras Comisiones. Eso lo acogemos ampliamente, pues nos parece una buena iniciativa.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Entiendo que lo planteado por el Honorable señor Bitar, que apunta al mismo objetivo, se incorporaría también como acuerdo de todos los señores Senadores. Su Señoría se refirió a un conjunto de proposiciones tendientes a modificar la ley actual, que rige el desarrollo y la acción del Fondo Nacional de la Discapacidad, a fin de mantener ciertos recursos públicos.

El señor BOMBAL.- ¿Me permite, señor Presidente? Deseo hacer una consulta al Honorable señor Bitar.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría..
El señor BOMBAL.- Deseo preguntar al señor Senador si es partidario de que sus propuestas sean incorporadas al trabajo que realizará la Comisión, posponiendo un tanto el envío de oficios, situación que en alguna forma podría significar un adelanto con respecto a determinados puntos y que se pierda el ordenamiento orgánico que deberían tener las proposiciones. En todo caso, se estima que dicho órgano técnico podría concluir su informe en el lapso de tres o cuatro meses, y así no se dilataría el asunto.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Me parece bien el planteamiento formulado. Creo que ayuda a tener una visión más completa. Sin embargo, estimo que en esa perspectiva podría darse un factor de activación por parte del Ejecutivo, pues algunas de estas materias, a mi juicio, no requieren de ley. Supongo que el otorgamiento de un carné por diez años, en lugar de dos, o introducir una modificación a las tarjetas CAS, para considerar puntaje, son aspectos que pueden ser resueltos desde el punto de vista administrativo, lo que permitiría adelantar en el terreno.
Probablemente el resto de las observaciones, y otras que haré llegar a la Comisión de Salud, resultarán una contribución valiosa para el trabajo que ella realice.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Honorable señor Bitar, entiendo que su oficio va dirigido al Ejecutivo y también a la Comisión de Salud.

El señor BITAR.- Sí, señor Presidente.

El señor RIOS (Vicepresidente).- Así se procederá, señor Senador, y se enviará el oficio correspondiente, en su nombre.

Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
--Se aprueba el proyecto en particular, y queda despachado en este trámite.




NUEVOS INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO
DE PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA.
INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor RÍOS (Vicepresidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2282-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 22 de junio de 1999.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 19ª, en 4 de enero de 2000.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 15ª, en 14 de julio de 1999.
Economía (segundo), sesión 10ª, en 10 de noviembre de 1999.
Hacienda, sesión 10ª, en 10 de noviembre de 1999.
Mixta, sesión 23ª, en 14 de marzo de 2000.
Discusión:
Sesiones 18ª, en 3 de agosto de 1999 (queda pendiente su discusión); 19ª, en 4 de agosto de 1999 (se aprueba en general); 12ª, en 16 de noviembre de 1999 (se aprueba en particular).

El señor LAGOS (Secretario).- En el informe se deja constancia de que la referida Comisión se constituyó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, con motivo de que la Honorable Cámara de Diputados, durante el tercer trámite constitucional del proyecto, rechazó una de las modificaciones introducidas por el Senado.
En mérito de los fundamentos contenidos en el documento en cuestión, y como forma y modo de resolver la controversia suscitada entre ambas Cámaras, la Comisión recomienda aprobar la proposición que indica, la cual consiste en mantener el texto aprobado por el Senado respecto del numeral 2 del ARTÍCULO 2º, consultando dentro de las disposiciones transitorias un artículo 6º, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 6º.- El artículo 18 del decreto supremo Nº 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, contenido en el número 2 del artículo 2º de esta ley, entrará en vigencia el 31 de diciembre del año 2002.".
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión la proposición de la Comisión Mixta.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.

El señor ZURITA.- Señor Presidente, por encargo de la Comisión de Economía del Senado, tengo a bien informar el resultado de la Comisión Mixta constituida para resolver la discrepancia presentada entre ambas ramas del Parlamento, con motivo de las modificaciones que la Cámara Alta introdujo a la ley relativa a Arica y Parinacota.
Constituida la referida Comisión, se inició un debate al tenor de la reforma introducida por el Senado, el que durante el segundo trámite constitucional de la iniciativa incorporó al ARTÍCULO 2º un número 2 del siguiente tenor:

"2.- Sustitúyese el Título IV y los artículos 18º, 19º y 20º derogados en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley Nº 18.846, por el siguiente Título y artículo 18º, nuevos:
"IV. NORMAS ESPECIALES PARA LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EN EL SECTOR DE ALTO HOSPICIO.

"Artículo 18º.- El régimen preferencial establecido por el decreto ley Nº 1.055, de 1975, y sus modificaciones, para la Zona Franca Primaria de Iquique será aplicable, en los mismos términos, a las empresas industriales manufactureras instaladas o que se instalen en el sector de Alto Hospicio de la comuna de Iquique. Para estos efectos, se entenderá por empresas industriales a aquellas que desarrollan un conjunto de actividades en fábricas, plantas o talleres, destinadas a la obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente de las materias primas, partes o piezas extranjeras utilizadas en su elaboración. Igualmente, dicho régimen preferencial será aplicable a las empresas que en su proceso productivo provoquen una transformación irreversible en las materias primas, partes o piezas extranjeras utilizadas para su elaboración. También podrán realizarse otros procesos que incorporen valor agregado nacional, tales como armaduría, ensamblado, montaje, terminado, integración, manufacturación o transformación industrial.
"Los límites que conforman el sector de Alto Hospicio serán establecidos, para los fines del presente artículo, por el Presidente de la República mediante decreto.
"Los lugares o recintos, en el sector señalado en el inciso anterior, en que las empresas deseen desarrollar sus actividades, deberán ser autorizados para cada una de ellas por el Intendente Regional, con indicación precisa de su ubicación y límites.
"Concedida la autorización prevista en el inciso anterior, se aplicarán a dichas empresas las normas establecidas para la Zona Franca Primaria de Iquique y para todos los efectos legales, estas empresas se considerarán situadas en dicha Zona.". Y sigue la norma.
Este artículo fue rechazado por la Cámara de Diputados durante el tercer trámite constitucional del proyecto, lo que motivó la creación de la Comisión Mixta. En ella se escuchó al señor Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien manifestó que, en opinión del Ejecutivo, la norma en discrepancia no altera el espíritu ni el objetivo que animó al Gobierno a presentar a tramitación legislativa una iniciativa legal que establece medidas para el desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota.
Los Honorables Diputados señora González y señor Urrutia hicieron presente que en la comunidad de Arica existe la percepción de que la disposición en discrepancia, al establecer normas especiales para las empresas manufactureras en el sector de Alto Hospicio, podría promover la inversión en la ciudad de Iquique, perjudicando a la industria de Arica.
El Senador señor Lavandero puso de relieve que no se había entregado ningún antecedente concreto a la Comisión que permitiera justificar el temor que sienten los habitantes de la ciudad de Arica respecto de los efectos negativos que para ellos tendría la aplicación de la norma en discrepancia.
La Honorable Diputada señorita Sciaraffia llamó la atención sobre la circunstancia de que la aprobación del artículo 18 permitiría disminuir la burocracia que en la actualidad existe en la materia, porque hoy día, con la normativa vigente, es posible solicitar autorización para la instalación de industrias en Alto Hospicio, pero ello queda sujeto a la resolución del Ministerio de Hacienda, que demora en otorgarla plazos excesivamente dilatados.
La Senadora señora Matthei, por su parte, expresó que, si bien ella estima que el proyecto de ley no traerá gran desarrollo para Arica y Parinacota, el conflicto que sobre la norma en discrepancia enfrenta a los habitantes de ambas comunidades le parece una manifestación de antiguas rivalidades entre ellas, resaltando que, en su opinión, ambas ciudades debieran esforzarse en trabajar juntas por el desarrollo regional.
Luego de las exposiciones de los personeros que dieron a conocer la opinión de los diversos sectores de las ciudades de Arica e Iquique y de un extenso intercambio de ideas, el Senador señor Pizarro solicitó la clausura del debate, la que fue aprobada por seis votos contra cuatro.
Los Honorables Diputados señora González y señor Urrutia sugirieron, como proposición para la Comisión Mixta, consultar una norma que postergara hasta el 1 de enero del año 2005 la entrada en vigencia del artículo 18 propuesto por el numeral 2 del artículo 2º.
Sometida a votación dicha proposición, resultó rechazada por siete votos contra tres.
Los Senadores señores Bitar y Lagos instaron a la Comisión Mixta a aprobar la norma en discrepancia, haciendo presente que están conscientes de que, si bien no es posible satisfacer enteramente las aspiraciones que sobre la materia tienen las ciudades de Arica e lquique, lo importante es propender al desenvolvimiento y mejoría armoniosos de la región en su conjunto. Formularon, por consiguiente, una proposición para incorporar a la iniciativa un artículo 6º transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 6º.- El artículo 18º entrará en vigencia el 31 de diciembre del año 2002.".
Puesta en votación la antedicha proposición, se registraron cuatro votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Repetida la votación de la proposición de conformidad a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento del Senado, se obtuvo como resultado un empate de cinco votos a favor y cinco en contra. Repetida la votación para dirimir el empate, según lo prescrito en el artículo 182 del mismo Reglamento, la Diputada señora González cambió su voto en contra por uno de aprobación, manteniendo su votación los restantes integrantes de la Comisión, por lo que la propuesta para postergar la entrada en vigencia del artículo 18º resultó aprobada por seis votos contra cuatro.
En mérito de lo expuesto la Comisión Mixta, como forma y modo de resolver la diferencia suscitada entre ambas ramas del Congreso Nacional, tiene el honor de efectuar la proposición que paso a indicar:
Mantener el texto aprobado por el Senado para el numeral 2 del artículo 2º, consultando, dentro de las disposiciones transitorias, un artículo 6º, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 6º.- El artículo 18º del decreto supremo Nº 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, contenido en el número 2 del artículo 2º de esta ley, entrará en vigencia el 31 de diciembre del año 2002.".
Eso es cuanto puedo informar.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, la exposición del titular de la Comisión Mixta precisa con bastante detalle los términos de la votación que deberemos realizar en su momento. Insto al Senado a aprobar la proposición pertinente, con el objeto de dar curso a la nueva Ley Arica, que es muy importante para estimular el desarrollo de dicha ciudad en el siglo XXI.
Como señaló el señor Presidente de la Comisión, el Honorable señor Lagos y el Senador que habla buscamos una fórmula tendiente a resolver, en un punto muy específico, lo que aparecía como una disputa entre dos ciudades que ambos representamos en esta Alta Cámara. Nuestra responsabilidad era encontrar una solución armoniosa que, junto con mantener la ventaja del arancel cero para la industria que se instale en Arica con la finalidad de importar al resto del país, permitiera extender la actual Zona Franca de Iquique hacia Alto Hospicio, a fin de dar trabajo a gente muy modesta de la zona, como asimismo, evitar el traslado a Iquique de las industrias instaladas allí abaratando el costo de los terrenos en ese sector.
A nuestro juicio, se ha encontrado una buena fórmula, que permite a Arica disponer de un tiempo adicional (hasta fines del año 2002); y a Iquique, contar por primera vez con la posibilidad de extender la Zona Franca hacia Alto Hospicio. Los dos años que quedan hasta la fecha indicada deberán destinarse a elaborar los proyectos, establecer los parques industriales, efectuar las instalaciones de agua, luz y, en fin, procurar que ambas ciudades se beneficien y apoyen mutuamente.
Desde ya anuncio mi voto favorable. Solicito a los Honorables colegas pronunciarse en igual forma, para los efectos de proceder a la promulgación de la nueva ley. La propuesta de la Comisión Mixta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, de manera que sólo falta el presente trámite.
Este nuevo cuerpo legal constituye un importante avance. Debemos felicitarnos de que una normativa de esta naturaleza surja a comienzos del año 2000, junto con otra decisión histórica que favorecerá a la Región de Tarapacá y a Arica: la ratificación del Acta de Entrega de Obras a Perú, efectuada hace algunos días, que abre un espacio de colaboración fronteriza del que antes carecíamos y permite a los habitantes del norte de Chile vislumbrar un futuro bastante más auspicioso.
La nueva Ley Arica que hoy quedará lista para su promulgación, contempla potentes elementos que coadyuvarán al desarrollo de la ciudad. Entre ellos puedo mencionar sucintamente los siguientes:
-Prorrogar la vigencia del DFL Nº 15, de Hacienda, de 1981, que establece el Estatuto del Fondo de Fomento y Desarrollo de las zonas extremas, y modificar algunas de sus normas. Por ejemplo, fija un subsidio de 20 por ciento para las inversiones e introduce otros perfeccionamientos destinados a fomentar la inversión de la pequeña y mediana empresa.
-Establecer arancel cero hasta el año 2010 para los insumos incorporados a mercancías elaboradas por industrias manufactureras que se instalen en Arica, que luego se importen al resto del país.
-Contemplar un sistema de compras a través de mandatos, que permitirá a los comerciantes adquirir mercaderías desde Arica, con las mismas ventajas de aquellas que se realizan desde la ZOFRI de Iquique. El monto de cada operación no podrá ser superior a 1.500 dólares.
-Aumentar el crédito tributario de 20 a 30 por ciento en general, y a 40 por ciento en el caso de inversiones turísticas o que se realicen en la provincia de Parinacota, y ampliar la vigencia del mismo hasta el año 2007.
-Perfeccionar los centros de exportación contemplados en la anterior ley y reducir el monto mínimo de compra beneficiable. Ello posibilitará a pequeños o medianos comerciantes de los países vecinos llegar a Arica y, por ende, incrementará la actividad.
-Redistribuir el pago por concesión en zona franca. Actualmente la ZOFRI entrega hasta 15 por ciento de sus ingresos brutos en beneficio de las comunas de la región. Un 30 por ciento de ese monto total va al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En virtud de la ley en proyecto ese 30 por ciento se asignará directamente a las provincias y comunas de Arica y Parinacota.
-Perfeccionar la venta de inmuebles a extranjeros en la franja de 10 kilómetros medidos desde la frontera, para la instalación de nuevos parques industriales.
-Autorizar la instalación y explotación de nuevos casinos ¿ésta es una gran innovación- cuando se construyan hoteles de más de 80 habitaciones y con condiciones de lujo que permitan concentrar allí mayor inversión para el desarrollo turístico.
-Facultar al Gobierno Regional de Tarapacá para crear una Corporación de Desarrollo de Derecho Privado, sin fines de lucro, para incentivar el progreso de las provincias de Arica y Parinacota.
-Extender hacia Alto Hospicio la actual Zona Franca Industrial de Iquique. Éste es el punto a que me referí al comenzar mi intervención.
Por lo tanto, la normativa que nos ocupa constituye un cuerpo legal potente, tendiente a beneficiar a nuestra primera ciudad del norte, limítrofe con países vecinos y que necesitamos desarrollar con fuerza. Allí subsiste una grave situación de desocupación, y es nuestro deber patriótico enfrentarla. A ello debemos agregar otras inversiones que están en juego y que es necesario reactivar; las posibilidades de entendimiento comercial y de nuevas inversiones en infraestructura con Bolivia; el paso adicional que implica la licitación del puerto de Arica. Como los señores Senadores saben, en la última licitación no hubo oferentes y, por cierto, creo que no los habrá por tratarse de un puerto cuyo movimiento depende de acuerdos internacionales con Perú y Bolivia. Por consiguiente, es preciso buscar fórmulas que involucren en las inversiones a todos los países del área, para que cada uno tenga interés en ellas y de este modo Arica adquiera un carácter internacional más pujante.
Lo señalado y, en particular, la ley en proyecto, representan un comienzo auspicioso para estos años, del 2000 en adelante, en los cuales esperamos que esa ciudad del norte pase a ser el eje de la articulación de toda una región compuesta por el sur del Perú, el norte de Chile, el occidente de Bolivia y también -¿por qué no?-, a través del corredor bioceánico, la parte occidental de Brasil; vale decir, de una gran zona de desarrollo del centro de América del Sur.
Eso es lo que deseaba destacar en esta intervención, para situar el paso que mediante la aprobación de este proyecto daremos hoy en una perspectiva de interés nacional y de interés fundamental para la Región de Tarapacá, que represento en el Senado.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, como ha manifestado el Senador señor Bitar, la ley en proyecto es la palanca que Arica necesita para incorporarse al proceso de desarrollo en que se encuentra el resto de las ciudades del país. Su aprobación reviste enorme trascendencia, porque en esa parte de Sudamérica existe una verdadera competencia entre zonas fronterizas. Hoy, mientras tratamos la iniciativa (espero que todos los señores Senadores la voten favorablemente), tenemos con el sur del Perú una gran competencia en lo que dice relación a puertos, carreteras y todo lo atinente a servicios. Lo mismo ocurre con Bolivia.
En consecuencia, el cuerpo legal que estamos próximos a despachar debe ser mirado en forma más global. La experiencia nos indica que las zonas extremas deben considerarse en conjunto como un solo polo de desarrollo, asignándose áreas definitivas y específicas a cada ciudad, como el caso de Arica e Iquique en la Primera Región, para evitar que compitan entre sí. Resulta altamente inconveniente suscitar disputas -las que a veces son incentivadas por intereses creados- o pretender confrontar a los chilenos que habitan en la Primera Región.
Estimo que esta palanca de desarrollo que entregaremos puede ser muy importante en la medida en que para administrarla se cuente con autoridades y funcionarios del Estado de buen nivel y con capacidad técnica más que política, para que en verdad ofrezcan la ley a las diferentes naciones y a los empresarios de nuestro propio país.
Por eso, estoy satisfecho. Opino que podremos participar en la competencia internacional que se desarrolla hoy día, y que todos trabajaremos por alcanzar el éxito.
Por esas razones llamo a mis Honorables colegas a aprobar el proyecto, para no demorar ni un día más la nueva etapa que emprenderá la Primera Región, destinada a impulsar su desarrollo y salir de la situación de crisis que se había generalizado en Arica.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer término quiero destacar que la primera parte del proyecto prorroga el decreto con fuerza de ley Nº 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda, que bonifica las inversiones, en este caso hasta en 20 por ciento; y que la resolución de enmendar las versiones de la Cámara de Diputados y del Ejecutivo respecto de la posibilidad de bonificar por fracciones, según distintos puntos -10, 15 ó 20 por ciento- y dejarlo sólo en 20 por ciento, como se acordó en el Senado, es digno de destacarse como un elemento positivo.
En segundo lugar, existe un problema que conviene prever relativo a la aplicación de la ley en el presente año 2000. Ello, porque la regla general es que las peticiones podrán presentarse hasta el 15 de noviembre ante el Gobernador (antes se había dispuesto hasta el 31 de marzo, ante el Intendente), y que los pagos se harán con cargo al presupuesto del año siguiente. Para el presente ano, los artículos transitorios señalan que se aplicará el proceso de postulación según lo que establece el proyecto; pero en el artículo 2º se indica que en el caso particular del 2000 las bases por las que se regirán quienes postulen tendrán que haberse elaborado sesenta días después de la publicación de la ley. Y será posible postular 60 días después de que las bases sean conocidas. Luego, se dispondría de ese plazo para dictar la resolución que otorgará o no otorgará la bonificación.
En realidad, si la ley se publicara el 30 de marzo, tendríamos un período demasiado estrecho para que con cargo al presupuesto de este año las empresas puedan adjudicarse las bonificaciones, sobre todo en la forma más transparente posible.
En este sentido, como se planteó en la Cámara de Diputados, tal vez sería conveniente que el Ejecutivo analizara detenidamente este calendario y, en caso de ser necesario, estableciera un veto aditivo para que el proyecto contenga disposiciones transitorias bastante más expeditas y flexibles.
Por otra parte, en lo relativo a la constitución del Comité Resolutivo, es una lástima que los tres empresarios que lo integrarán vayan a ser nombrados por el Intendente según el procedimiento que esta autoridad determine. En verdad, lo que corresponde es que los empresarios sean designados por las organizaciones empresariales. Además, hay que tener algún cuidado, porque estos empresarios no podrán, por cierto, acogerse a los beneficios que otorga la ley. Ahí hay algunos aspectos que no son del todo convenientes. Lo ideal sería que los plazos de postulación fuesen más amplios; que se pudiese postular en cualquier momento; que se dispusiera de una clara cronología en cuanto al derecho de acogerse a la bonificación, y que, por cierto, las bases mostraran la mayor transparencia.
Vamos a ver los resultados que determine la aplicación de la ley durante uno o dos años, luego de lo cual deberemos establecer algunas correcciones en el sentido señalado.
Es lo que quería representar a la Sala y, por cierto, al Ejecutivo a través de la Mesa.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Haremos llegar al Ejecutivo las observaciones que ha planteado Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, en términos generales, y por lo que he escuchado particularmente de los señores Senadores de la Primera Región, la presente sería una iniciativa positiva para esa importante zona.
Sin embargo, como lo hice en la Comisión de Hacienda en su oportunidad y también en la Sala durante la discusión de la iniciativa, me referiré a una situación extraordinariamente seria que me atreví a calificar de discriminatoria. Dice relación a un artículo conforme al cual las mercancías elaboradas por empresas industriales manufactureras instaladas o que se instalen en Arica, acogidas al régimen que establece el artículo 27, y que desarrollan actividades "destinadas a la obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente de las materias primas, partes o piezas extranjeras utilizadas en su elaboración"..., o "que en su proceso productivo provoquen una transformación irreversible de dichas materias primas", estarán exentas en su importación al resto del país hasta el 31 de diciembre de 2010 de los derechos, tasas, impuestos y demás gravámenes determinados por las aduanas, incluida la tasa de despacho.
Como es de conocimiento de la Sala, existen en el país dos empresas que se dedican efectivamente a una industria automotriz muy definida: por una parte, Automotora Franco Chilena, y por otra, General Motors, individualizada y trabajando en la Primera Región.
En esta misma Sala hemos planteado al Ejecutivo (y éste se ha comprometido a estudiar una solución) que en la práctica se produce una discriminación. En realidad, la situación favorece a una empresa y afecta a la otra. Naturalmente, sin hacer comparación de ninguna especie, nos encontramos ante una situación que afecta a los trabajadores de la zona que represento, en la Quinta Región Cordillera, o Aconcagua. Es el caso de quienes trabajan en la Automotora Franco-Chilena. La presente iniciativa, a mi juicio, discrimina en contra de las empresas instaladas en dicha región, como es el caso de Peugeot o de la Franco Chilena.
Debo agregar que la situación es muy seria, porque también estaría afectando las normas del Estatuto de Inversiones Extranjeras, al cual se encuentra acogida la última de las empresas mencionadas. Me refiero al decreto ley Nº 600, que en su título II, artículo 5º, dispone:
" La inversión extrajera y las empresas en que ésta participe se sujetan al régimen jurídico común aplicable a la inversión nacional y a este estatuto, no pudiendo discriminarse en perjuicio de ellas o de las empresas en que participe, así como respecto de los productos o subproductos de éstas, de su comercio o de su transporte, insumo u otros.".
"La garantía de no discriminación" --señala el mencionado decreto ley-- involucra el que no se dictarán normas que afecten en forma exclusiva a la inversión extranjera o a las empresas en que ésta participe, que traten, entre otras, sobre las siguientes materias:
"a) Determinación de rentas para los efectos tributarios;
"b) Tasas y sobretasas de impuestos y contribuciones;
"c) Derechos arancelarios, cupos, prohibiciones, contingentes y depósitos previos...", etcétera.
Después menciona la aplicación de obligaciones, gravámenes o cargas o aumento de los existentes o rebajas, exenciones o derogaciones de ellos; y normas sobre amortizaciones. En fin. Y esto, naturalmente nos pone frente a una situación arbitraria y discriminatoria.
No estoy en contra de que se dicte una norma de esta naturaleza. Lo que estoy planteando es que, al favorecer a una empresa, se está desfavoreciendo a otra y a los trabajadores de esta última. En la práctica, se produce una discriminación que, repito, afecta el estatuto en que ella está involucrada.
Solicito que se haga llegar, en mi nombre, un oficio al señor Ministro de Economía, con el objeto de que éste señale cuál ha sido la solución o salida ¿como lo señalaron en su oportunidad en esta Sala- existente para una situación de esta naturaleza. En verdad, no quiero entorpecer el trámite de una iniciativa como ésta, que es tan positiva según lo han señalado los señores parlamentarios de la respectiva región; lo que me importa es que no discriminemos a los trabajadores de empresas, según éstas se sitúen en una región o en otra.
Señor Presidente, solicito que el oficio que se dirija al Ministerio de Economía también se haga llegar al Banco Central, así como al Comité de Inversiones Extranjeras, porque no dudo que también es importante que esas reparticiones conozcan el planteamiento que en esta oportunidad estoy reiterando.
Por las razones expuestas, anuncio que me abstendré en la votación de este informe de Comisión Mixta.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se enviarán los oficios solicitados por el Honorable señor Romero, en nombre del señor Senador.
--Se acuerda.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, algunos señores Senadores han expresado su conformidad con este proyecto, señalando sus esperanzas de que él traerá el desarrollo a las provincias de Arica y Parinacota. Me encantaría compartir ese optimismo, pero no lo comparto en lo absoluto. En mi opinión, la presente iniciativa, al igual que las llamadas "leyes australes", que hemos despachado sucesivamente, constituyen soluciones pequeñas, baratas y que no van al fondo del problema. Además, están basadas en criterios absolutamente anticuados.
Todo el tema de las zonas francas obedece a una lógica económica que era razonable en los años 70 u 80, en que teníamos aranceles altos en el país. Por lo tanto, el haber dispuesto de zonas donde la internación de determinados productos no estaba afecta al pago de aranceles, obviamente significaba una mejor posibilidad de instalar industrias, sobre todo de maquila; pero hoy día, cuando ya nos encaminamos a tasas arancelarias de 6 por ciento, realmente no tienen efecto alguno, como lo comprobaremos con este proyecto, que tendrá muy pocos resultados.
En cuanto a todos los otros incentivos ¿los créditos, el no pago de impuestos, etcétera- cabe señalar, primero, que involucran relativamente poca plata, y segundo, que son pasajeros; esto es, no constituyen nada que pueda realmente sustentar un desarrollo regional en esas zonas extremas tan importantes.
Desgraciadamente, los proveedores, los consumidores, los servicios financieros, las comunicaciones, las obras de infraestructura, están todos muy concentrados en la zona central. Y eso significa que las ventajas reales de una empresa ¿el estar cerca de los proveedores y de los mercados y el tener la posibilidad de importar y de exportar en forma rápida y a bajo costo-, en las Regiones sencillamente no se dan.
Supongamos por un minuto que sí se dieran. Pongámonos por un instante en el mejor de los casos: que esta ley Arica y la ley austral sí den resultados y realmente impulsen el desarrollo en la Primera, la Undécima y la Duodécima Regiones. Bueno, ¿y qué pasa con las Regiones Segunda, Tercera, Cuarta y Décima? De todas maneras tendremos Regiones pobrísimas. ¿Por qué a la Primera y a la Duodécima Regiones les damos estas facilidades, y no a las otras? Porque nunca se ha tratado el tema del desarrollo equilibrado de Chile en forma seria. No lo hizo ninguno de los dos Gobiernos de la Concertación ni lo ha hecho este Parlamento. Siempre se ha elaborado una ley parcial para una Región, un poco para que sus habitantes dejen de alegar hasta la próxima elección.
Insisto: el proyecto no es de manera alguna una solución de fondo. Tenemos un Santiago que crece cada vez más, que cada vez se come más recursos, donde cada vez hay más gente, y que, por lo tanto, cada vez acapara más mercados, y ello, mientras las Regiones se están muriendo.
Por lo tanto, señor Presidente, así como recién le hemos dado un mandato a la Comisión de Salud para que estudie el problema de los discapacitados, de lo cual realmente me alegro, también creo que ya es hora de que el Senado, en forma seria, empiece a ver el tema del desarrollo equilibrado del país, y yo propongo que eso se haga en la Comisión de Economía. Es hora de que empecemos a mirar en forma sistemática qué se ha hecho en otros países para lograr un desarrollo equilibrado. Es hora de que invitemos a los mejores economistas a que propongan medidas. Es hora de que escuchemos a personas realmente expertas: gente del Fondo Monetario Internacional, gente del Banco Interamericano de Desarrollo, esto es, personas que se especializan en estas materias. Porque, en el mejor de los casos, estas leyes quizá van a paliar un poco el desempleo en la Primera, Undécima y Duodécima Regiones, pero eso no significará que estemos solucionando el problema del excesivo centralismo y de la falta de desarrollo de las otras Regiones.
Yo represento a la Cuarta Región, donde, desgraciadamente, se encuentran algunas de las comunas más pobres del país, y este proyecto no les soluciona nada a ellas. Hay que empezar a ver qué pasa con ciudades como Illapel y Salamanca, que están aisladas, o como Combarbalá. ¿Tienen futuro o no lo tienen?. ¿Vamos a ir al desarrollo de ciudades intermedias? ¿Qué vamos a hacer? A mi juicio, todo esto tiene que ver con distorsiones muy grandes en los precios. ¿Cómo puede ser que una vivienda social adquirida en Santiago le cueste al usuario más o menos lo mismo que una adquirida, por ejemplo, en La Serena, donde los terrenos son enormes, donde no se requieren construcciones ni más hospitales, ni más vías, ni existe el problema de la contaminación, etc? Lo que sucede es que hay muchos precios que están mal fijados, costos mal fijados que llevan a la gente a tomar decisiones erradas y a querer seguir viviendo e instalarse en Santiago, porque no se están cobrando las cosas según lo que realmente cuestan.
Entonces, señor Presidente, yo naturalmente voy a votar a favor del proyecto porque peor es nada, pero quiero señalar muy claramente -esto lo he dicho muchas veces en el Senado y también en la Cámara de Diputados- que no estamos solucionando el problema de fondo. Por lo tanto, creo que ya es hora de que el Senado, en forma seria, en una Comisión, empiece por lo menos a pensar -ni siquiera estoy pidiendo que se formulen políticas- en las vías de solución del problema y a ver qué es lo que se ha hecho en otros países para lograr frenar un centralismo como el que realmente está matando no sólo a la gente que vive en Santiago, por la mala calidad de vida, por el ruido, por la polución, sino también a la que vive en Regiones, porque no tienen los mercados suficientes ni la masa crítica necesaria para establecer empresas que realmente puedan producir un desarrollo en ellas.
En consecuencia, señor Presidente, propongo encomendar a la Comisión de Economía que se aboque al estudio de las medidas que podrían tomarse para ir logrando de a poco un desarrollo más armónico de nuestro país.
He dicho. El señor RÍOS (Vicepresidente).- Con el permiso de la Sala, quiero expresar que comparto absolutamente todo lo planteado por la Senadora señora Matthei y que tal vez ese estudio debiera comenzar por los actores que tienen hoy la responsabilidad de iniciar los planes de desarrollo, que son los consejos comunales, que han demostrado incapacidad en este plano.
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, sin duda el sólo hecho de definirnos frente a la normativa en debate nos lleva, y nos debe llevar, a plantearnos problemas muy de fondo. No tenemos la culpa de tener un país con las características geográficas del nuestro. Habría sido mucho más favorable, no sólo desde el punto de vista económico, que nuestro país, en vez de ser tan largo y angosto, hubiese sido más bien cuadrado. Eso le habría dado mejores comunicaciones y una mayor facilidad de integración. Pero tenemos una geografía compleja y, además, un desarrollo inarmónico de las diversas Regiones. Pero ello no viene de ahora. Reducir las cosas a los últimos 10 ó 20 años es también olvidarse de nuestra historia. Nuestro país se fue formando desde la zona central hacia los extremos en cien o en doscientos años, y todavía falta mucho por hacer.
Por eso, con esta pequeña reflexión, quisiera reiterar lo que ya he dicho en otras oportunidades, con ocasión de iniciativas similares o de medidas de excepción: que necesitamos de verdad aplicar una política que nos permita desarrollar nuestro país como corresponde. Porque nadie puede negar que la situación actual es realmente injusta. En ese sentido, este tipo de iniciativas legales vienen a llenar un vacío. Yo me alegro, por Arica y por la Primera Región, de que ahora van a tener una legislación que, al menos en parte, les va a ayudar a paliar situaciones bastante odiosas. No obstante, respecto de esta iniciativa de ley -y no voy a dejar pasar la oportunidad de señalar este punto, por lo que a la Undécima Región se refiere- el señor Ministro de Economía se comprometió con el Senado a impulsar una serie de medidas con el propósito de lograr el desarrollo de la Undécima Región. Hoy sólo aparecen una o dos, pero francamente nada de lo que sostuvimos en esa oportunidad fue acogido por el Gobierno. En consecuencia, hoy debemos pronunciarnos sobre algo que si bien beneficia a la Primera Región, de manera alguna satisface los problemas de la Undécima Región.
Quiero dejar constancia de esto en la Corporación, porque el Ejecutivo se comprometió aquí a entregar una respuesta seria y responsable respecto de las necesidades que por años vienen arrastrándose en las zonas extremas. En este caso, me refiero a las Regiones Undécima y Duodécima, y aquélla aparece como la más desmejorada.
Además, recogiendo lo planteado por la Honorable señora Matthei, creo que ésa puede ser la oportunidad para reflexionar sobre la búsqueda de soluciones de fondo que nos permitan definir criterios sobre la materia.
No soy de los que creen que el mercado puede resolver los problemas. No veo cómo, por ejemplo, las regiones extremas o que han llegado tarde al desarrollo y no están particularmente dotadas de situaciones de excepción ¿como es el caso del extraordinario desarrollo minero de las Regiones Segunda o Tercera-, puedan resolver sus dificultades. Sin lugar a dudas, aquí debe haber una mayor presencia del Estado para permitir, por ejemplo, que a lo menos en infraestructura la Undécima Región tenga soberanía.
Me parece fundamental que nos definamos en estas materias y que digamos hacia dónde queremos caminar. No podemos seguir con soluciones a medias o contradictorias.
Por eso, señor Presidente, junto con felicitar a los Parlamentarios de la Primera Región por haber logrado al menos en parte este tipo de disposiciones ¿que espero que también se traduzcan en mejoría para la Primera Región-, anuncio que votaré favorablemente el proyecto en debate.
En todo caso, quiero dejar constancia de que voy a presentar próximamente en el Senado los planteamientos que por años hemos venido haciendo en representación de la Undécima Región con el propósito de obtener de verdad no sólo la comprensión del Gobierno en esta materia, sino también una definición que hace años debió haberse entregado.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, concuerdo plenamente con lo señalado por la Honorable señora Matthei y por el Senador Adolfo Zaldívar, en orden a que el tema que se está tratando no es menor, sino de gran envergadura: ver cómo podemos activar las regiones extremas del país.
En lo que dice relación con la Duodécima Región, la iniciativa contiene sólo pequeñas modificaciones que corrigen algunos defectos, por lo que, obviamente, no producirá un impacto de significación. Este tipo de legislación debe irse moldeando y planteando sobre la base de un gran proyecto de desarrollo de las zonas extremas de Chile, que requieren de un apoyo estatal especial que no se contradiga con la política económica general del país. Estas zonas alejadas requieren de inversión y de la presencia del Estado para tener una igualdad que les permita competir en el país o en el extranjero.
Apoyaré la iniciativa en debate con las reservas que he señalado, en el sentido de que, en nuestra opinión, no estamos dando una solución definitiva ni para la Primera ni para la Duodécima Regiones. Sin embargo, el proyecto puede contribuir a aliviar en parte los más angustiosos problemas del presente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.

El señor VALDÉS.- Señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto. Pero la Honorable señor Matthei ha ampliado el horizonte del tema que el Senado podría abordar, que es uno de los más importantes en relación con el desarrollo del país.
Por cierto, nos estamos refiriendo a Arica. En razón de los cargos que me correspondió desempeñar en el orden público durante los años sesenta, conocí lo que hizo por esa zona el Presidente Ibáñez: la creación de la Junta de Adelanto de Arica, institución que confirmó después el Presidente Alessandri y que fue mantenida por el Presidente Frei Montalva. Se creó en cierta manera algo artificioso, pero, sin duda, se ayudó a consolidar a una región extrema de gran significación política, geopolítica y de seguridad nacional.
Por motivos que no es del caso explicar, dicho instrumento fue suprimido. Echo de menos la Junta de Adelanto de Arica, porque esa zona ¿particularmente, la ciudad de Arica- posee una dimensión histórica y política de primerísima importancia. Felizmente, ya no desde el punto de vista de la defensa, como la tuvo antes, debido a los acuerdos alcanzados últimamente con el Perú, que hacen de Arica, más que un lugar de fronteras, una zona de penetración en el corazón de América del Sur, mediante una acción conjunta coordinada con Bolivia y Perú y, a través de estas naciones, con Brasil. De manera que estoy de acuerdo en que se realice este esfuerzo, que si bien, a mi juicio, es insuficiente, en todo caso constituye un avance positivo, que yo apoyo.
Pero deseo hacer algunas consideraciones sobre el tema que ha planteado la Honorable señora Matthei, con quien concuerdo plenamente. Creo que en Chile no se está mirando el problema del desarrollo del país en una forma racional, armónica y con una visión de aprovechamiento de nuestro extenso y difícil territorio, como lo han hecho otras naciones.
Si uno analiza el problema de la distribución de la gente en el territorio, donde hay numerosas doctrinas y pensamientos, básicamente generados por los franceses con el concepto del "aménagement du territoire" ¿es decir, con el aprovechamiento humano del territorio, que ha costado mucho dinero, pero que en definitiva da estabilidad social a la geografía de una nación-, aprecia la ventaja de Estados Unidos, que se desarrolla armónicamente en todos sus extremos. Allá, cada diez años las encuestas indican que la población disminuye en las grandes ciudades, como Boston, Chicago y Nueva York, pero aumenta en los pequeños poblados. La tendencia del ser humano es a vivir más en familia y cerca de la naturaleza. En fin, hay una concepción del desarrollo humano implícita en el desarrollo geográfico.
No es cuestión de contradecir al mercado, sino de inducirlo a que ocupe un territorio y dé mayor tranquilidad y felicidad a los países. Es el caso de la grandeza de Alemania, que históricamente ha sido formada por unidades políticas que se han reunido después y poseen las mejores universidades; no una sola. Todas poseen vida cultural, científica e industrial, lo cual hace de ese país un conjunto de unidades que cada cincuenta años ha sido destruido, pero que en el mismo lapso se ha restablecido. Lo mismo ha ocurrido en Italia, España y otras naciones.
En Chile hemos ignorado esta situación, y si bien hubo intentos por crear las regiones, eso quedó más bien en el papel y en la distribución de cargos políticos, sin llegar a constituir estímulos reales. Éste es un asunto de la mayor importancia. Santiago crece en forma absurda. Cualquier estudioso de estos temas internacionales puede señalar que, al respecto, América Latina ha demostrado un grado de inmadurez que lleva al trastorno social y al colapso económico. Es el caso de México, que ya tiene la urbe más grande del mundo: Ciudad de México; que tiene a Sao Paulo, que registra el segundo producto industrial de América Latina -es más rico, produce más que el Estado de México-, también está concentrando gente. Lo mismo ocurre con Buenos Aires; al viajar por Argentina, uno puede apreciar que se trata de una ciudad maravillosa, excelente, bien construida, que tiene 40 a 50 años de diferencia con Neuquén u otras provincias del norte. En Perú, cuando el Presidente Belaúnde abrió el interior -lo que denominó "la ceja de los Andes"- para llevar allá la civilización, todos los indígenas llegaron a Lima; no se desarrolló el interior, sino la costa, la ciudad.
Y en Santiago de Chile, señor Presidente, ocurre lo mismo. Estadísticas de hace tres o cuatro años indican que cada cuarto de hora llega una familia a vivir a esa ciudad. Se trata de campesinos, de gente pobre que se radica en la parte sur y, ahora, en la parte norte. Nuestra Capital ¿según me señaló no hace mucho un premio nacional de arquitectura- actualmente bordea los 7 millones de habitantes, si se considera como ciudad un continuo de casas entre Paine y Colina. Es decir, la mitad de la población del país.
¡Es una locura, señores Senadores! Eso tiene un costo gigantesco desde el punto de vista monetario, pero más aún desde las perspectivas social y cultural y del aprovechamiento del territorio.
Este tema, en mi opinión, es muy apasionante. Lo digo, además, como representante de dos provincias, una de las cuales todavía reclama -y cada vez con mayor fuerza- cierta autonomía. Porque la Décima Región fue creada muy artificialmente. Y tengo el agrado de señalar ahora que los candidatos presidenciales señores Lavín y Lagos, por escrito y ante notario, expresaron su voluntad de dar a la provincia de Valdivia una autonomía que le permita dirigir sus propios asuntos. Eso está en el corazón de ellos y creo que lo vamos a sacar adelante.
Sin embargo, no hablo sólo de una zona, sino de un concepto de desarrollo, lo cual me parece fundamental. Y eso toca, no únicamente a la Comisión de Economía ¿excúsenme sus miembros-, sino a todos los que tenemos una preocupación por el desarrollo.
¡Para qué voy a mencionar a Valparaíso! Hasta no hace mucho era un centro importante y hoy es una ciudad quejosa, en un país que ha crecido admirablemente en diversos aspectos. Basta ir a Santiago y ver, por ejemplo, los sistemas bancarios. Chile es una nación moderna. Empero, hay ciudades enteras que decaen y con ello entran en un círculo vicioso donde la pobreza acarrea mayor pobreza. Eso está aconteciendo en muchas partes de nuestro país.
Considero que éste es un tema de Estado de la mayor trascendencia y que debe preocuparnos. El Gobierno ha señalado ¿lo planteó el nuevo Presidente, con razón- que algunas autoridades provinciales deben ser elegidas. Sin embargo, a mi juicio, no es todo lo que debe hacerse.
No deseo politizar el problema de la regionalización. La política tiene su nivel; se encuentra representada aquí. Pero hay ciertas cosas (funciones, estudios, etcétera) que deben estar por encima de ella. Porque hoy esta materia pasa a ser tan importante como la Defensa Nacional, que se halla al margen de los criterios políticos en cuanto a su concepción y al desarrollo de su estrategia. El método para lograr el crecimiento de las Regiones debe quedar fuera de toda división y determinar cómo podemos ocupar el territorio, cualquiera que sea su costo, porque, en definitiva, será más barato hacerlo hoy que concentrarnos en Santiago y empobrecer las provincias.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- También comparto todo lo manifestado por el Senador señor Valdés.
Ofrezco la palabra a la Honorable señora Matthei para que especifique a la Sala su solicitud de una Comisión especial de trabajo sobre la materia.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, hay que tener claro que una cosa es escuchar las quejas de las ciudades, de las personas, de los empresarios que se hallan en las Regiones que se van quedando atrás, y otra muy distinta contar con un marco teórico apropiado, basado en estudios acerca de cómo funciona el mercado, cuáles son las fallas, dónde hay que intervenir, qué intervenciones permiten obtener los objetivos deseados y cuáles no, en qué casos las intervenciones tienen más costos que beneficios.
Ese marco teórico, obviamente, debe ser diseñado para una nación con las características de Chile (país pequeño, abierto al comercio internacional, con grandes distancias y que, conforme a su infraestructura, implica enormes costos de transportes y de comunicaciones) y tener una estructura concordada con especialistas para determinar cuáles son los factores que inciden en que, mientras el desarrollo de las Regiones se va quedando atrás, el de Santiago, en cambio, es cada vez más fuerte y centralizado.
Por lo tanto, deseo pedir que se entregue un mandato a la Comisión de Economía. Y me refiero a este organismo, básicamente, porque se trata de un problema económico. En realidad, éste envuelve aspectos relacionados con planos reguladores, estructuras urbanas, infraestructuras vial y portuaria, sistemas de precios, en fin. Sin embargo, a mi juicio, debe haber un marco de estudio esencialmente económico y no basado en escuchar las quejas de las Regiones. Es decir, considero que alguna vez tenemos que analizar en la forma más pura posible cuáles son los factores que están causando este desarrollo tan irracional en Chile.
A mi entender, deberíamos dar un plazo de 6 meses a la Comisión. Y del estudio que efectúe, yo esperaría un marco teórico concordado con especialistas en desarrollo tanto chilenos como extranjeros.
Éste es un tema en el que debemos invertir dinero y tiempo. Por ejemplo, hace poco el Ministerio de Hacienda encargó un estudio ¿ignoro su costo- a dos economistas de la Universidad de Harvard, los señores Larraín -chileno- y Sachs, sobre diversos aspectos relacionados con el desarrollo de Chile.
Estoy hablando de eso: de estudios de gran nivel, de elevada capacidad intelectual, efectuados por los mejores especialistas, liderados, coordinados y, posiblemente, pagados por el Senado.
Creo que en este momento no hay en Chile tema alguno que amerite más atención que éste. Porque, en definitiva, de ello dependerá la existencia de cada vez más pobreza en las Regiones y menores posibilidades de desarrollo en la mayoría del país, ante un Santiago "que se lo come todo".
Si no somos capaces de abordar esta materia, de dedicar tiempo y dinero a analizar seriamente los factores que inciden en la situación en comento, el problema continuará. Y cada vez que alguien proteste, tendremos proyectos como los que hemos estado comentando: muy bien intencionados, que durante un tiempo calman las aguas, pero que en definitiva no resuelven la cuestión de fondo, que, según expresé, no sólo afecta a las zonas extremas, sino a todas las Regiones, incluso a la Quinta y a la Sexta, que se hallan al lado de Santiago.
En concreto, propongo radicar el asunto en la Comisión de Economía -naturalmente, podrán asistir a ella todos los señores Senadores que lo deseen; y me parece que habrá mucho interés en participar en un tema de esta naturaleza-, pues alguien debe liderar el análisis del problema, que, en mi opinión ¿reitero-, es de carácter económico. Asimismo, sugiero dar a ese organismo un plazo de seis meses. Y probablemente tendremos que ver la factibilidad de contratar estudios y escuchar a los mejores especialistas en la materia.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Recuerdo a los señores Senadores que en Chile existe un Ministerio de Planificación y Cooperación, el que, sin duda, algo puede aportar a la inquietud planteada por la Senadora señora Matthei, que todos compartimos.
En apariencia, esa Secretaría de Estado no ha satisfecho todas las inquietudes. Por tanto, el Senado estima oportuno entregar a su Comisión de Economía facultades para que, en determinado período -haré una proposición al respecto-, se aboque al asunto en comento, sobre el cual existe una opinión tan favorable.
Concretamente, sugiero encargar a la Comisión de Economía que, en un plazo no superior a dos meses, recoja los estudios existentes sobre la materia y formule a esta Sala un planteamiento que permita desarrollar un plan o programa de trabajo, el cual podrá ser ejecutado, tal vez, no por aquel organismo, sino por el Ministerio de Planificación y Cooperación o por un conjunto de personeros que el propio Ejecutivo designe.
Ésa es mi proposición, con la que creo interpretar a la Senadora señora Matthei.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, estamos tratando un informe de Comisión Mixta. No he querido intervenir porque esta discusión la hemos tenido en numerosas oportunidades, con motivo del estudio en general de este y otros proyectos. Empero, deseo referirme a lo que se expresó recientemente.
Me parece muy bien la participación de los especialistas, pero creo que también debemos escuchar a la gente. No se pueden desoír las voces de los habitantes de las Regiones y de sus representantes, como tampoco las de los consejeros regionales, quienes tienen experiencia sobre estas materias, pues las han discutido.
A mi entender, el problema que nos ocupa ¿y en esto discrepo de la Senadora señora Matthei- no es económico, sino político; es una cuestión que tiene que ver con la estructura del país.
En Chile tenemos una estructura centralizada. Nos rige una Constitución que señala un rumbo e impide crear organismos que permitan el desarrollo regional. Existe un poder económico centrado en Santiago, un poder político centrado en Santiago, un poder militar centrado en Santiago. Y cada vez que se pronuncian discursos, ellos nunca son acordes con las conductas.
Las iniciativas de ley que entregan mayores facultades a los municipios, a los gobiernos regionales, etcétera, tienen que ver con el sentido de la descentralización, pues permiten a las personas en las Regiones diseñar su desarrollo acorde con sus aspiraciones y necesidades.
Oigamos, entonces, a todos los especialistas e invitemos a todos los técnicos en la materia. Pero, por favor, escuchemos también la voz de las Regiones.
Aquí tenemos que considerar a todo mundo. De lo contrario estaremos de nuevo creando una cosa académica que perfectamente se puede llevar a cabo en una universidad. Éste es un Parlamento, un escenario político, donde debemos discutir sobre política.
No pretendo abrir un debate al respecto; tan sólo deseaba entregar mi opinión.
Y aprovecho esta intervención para anunciar mi voto favorable al informe de la Comisión Mixta, porque, sin ser lo que anhelamos, constituye un avance importante para las Regiones involucradas.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, aprobaremos el informe de la Comisión Mixta, con la abstención del Honorable señor Romero, y la indicación de la Senadora señora Matthei, en los términos planteados por la Mesa.

El señor CANTERO.- ¿Qué es lo planteado por la Mesa?
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Encargar a la Comisión de Economía que realice un estudio global del tema y al cabo de sesenta días -el 16 de mayo, concretamente- nos señale un camino para las acciones futuras.

El señor CANTERO.- Pido la palabra.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, este asunto tiene que ver con el ámbito de acción de una Comisión específica, que es la de Gobierno, Descentralización y Regionalización. En consecuencia, si se pretende avanzar en tal sentido, debe considerarse, obviamente, la participación de ese órgano técnico.

El señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, la materia que nos ocupa es muy importante. Por ende, me parece que sería conveniente analizarla en reunión de Comités, a fin de presentar a la Sala una proposición más pensada, razonada y efectiva.

La señora MATTHEI.- ¡Gracias, señor Senador...!
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Aquí hay tres sugerencias: la de la Honorable señora Matthei, para enviar el asunto a la Comisión de Economía; la del Senador señor Cantero, para remitirla a la de Gobierno, y la del Honorable señor Horvath, para elevarla a la consideración de los Comités.
Tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, es posible proponer muchas soluciones. Pero, en el ánimo de llegar a un acuerdo, ¿por qué no nos quedamos con la primera sugerencia y en la Comisión de Economía evaluamos el funcionamiento?
Pienso que no habrá inconvenientes, por ejemplo, en que participen señores Senadores de otras Comisiones. Incluso, si es necesario, se puede decidir escuchar a representantes de los consejos regionales, en fin. Existen innumerables trabajos sobre la materia.
Todos conocemos el problema expuesto, señor Presidente. Lo importante ahora es ver cómo se soluciona.
Por eso, resolvamos lo más inmediato, lo más sencillo, que es aceptar la proposición de la Senadora señora Matthei.
EL señor VALDÉS.- Conforme.

El señor BOENINGER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, creo que debemos tomar como eje a cualquier Comisión. Y, al igual que el Honorable señor Adolfo Zaldívar, me parece razonable que sea la de Economía.
Ahora bien, considero del todo indispensable que ese órgano técnico, cuando programe las sesiones pertinentes, avise con anticipación a quienes no lo integran, pues somos muchos los Senadores que deseamos participar en la discusión de esta materia, que potencialmente interesa a todo mundo.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se encargará a la Comisión de Economía el estudio de la materia.
--Así se acuerda.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar el informe de la Comisión Mixta, con la abstención del Honorable señor Romero?
--Se aprueba en esos términos.


El señor RÍOS (Vicepresidente).- Quiero recordar al Honorable señor Valdés que no es necesario el compromiso de los candidatos a la Presidencia de la República, porque Su Señoría tiene facultades para proponer la reforma del artículo 45 de la Constitución a fin de crear en Chile una nueva Región.

El señor VALDÉS.- Sí, señor Presidente, lo recuerdo bien. Pero debo puntualizarle que entre los dos representan casi ciento por ciento de la opinión pública del país.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A la señora Ministra de Planificación y Cooperación, y al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, respecto de PROYECTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ÁREAS CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: FORMACIÓN DE COMISIÓN INTERMINISTERIAL; y al señor Ministro de Agricultura; a la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y a los señores Directores Ejecutivos de la Corporación Nacional Forestal y del Instituto Forestal, acerca de INADECUADA APLICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 701 Y MAYORES INCENTIVOS PARA FORESTACIÓN CON BOSQUE NATIVO.
Del señor LAGOS:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, en cuanto a NÓMINA DE PROPIEDADES FISCALES DE PRIMERA REGIÓN ENAJENADAS ENTRE 1990 Y 1999 (reiteración de oficios).
Del señor LARRAÍN:
Al señor Director Ejecutivo de Televisión Nacional de Chile, sobre EXTENSIÓN A CAUQUENES DE RED DE TELEVISIÓN DEL MAULE (SÉPTIMA REGIÓN).
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El señor RÍOS (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable Senador señor Moreno.
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--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Cantero.
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NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES EN INDAP: RÉPLICA A SENADORA SEÑORA MATTHEI

El señor MORENO.- Señor Presidente, en la hora Incidentes de la sesión del martes recién pasado, la Honorable señora Matthei realizó una intervención cuyo carácter y tono me obligan a referirme a la materia, en descargo de la honorabilidad de las personas a que Su Señoría, en forma injusta, atribuyó responsabilidades que no tienen.
No es mi propósito interferir con el derecho a fiscalizar y a velar por que los negocios públicos y privados se realicen con idoneidad y corrección. Pero aquí no podemos confundir la fiscalización con la denigración a personas inocentes y a las que se imputan cargos y responsabilidades que van más allá de lo que uno puede comprender como el apasionamiento en una intervención o la vehemencia con la cual ella se expresa.
En dicha oportunidad, la Senadora señora Matthei se refirió a lo que denominó "fraude crediticio" cometido por el entonces Director Nacional de INDAP y toda la plana ejecutiva que lo acompañaba, y pidió que ninguna de esas personas fuera considerada en futuros cargos de Gobierno, debido a "los múltiples robos cometidos" bajo su gestión.
El Honorable Senado comprenderá que ésas no son imputaciones simples y que ellas no pueden ser hechas ni siquiera bajo el amparo del fuero parlamentario.
Solicité la información pertinente respecto de los dos casos que la Honorable señora Matthei mencionó en la Sala: uno, la situación de la sociedad denominada Productos del Campo Chileno S.A., organización campesina localizada en Curacaví, la que adquirió un predio de propiedad de la Fundación Chile, y el otro, la situación de la entidad -ubicada en la Sexta Región, que represento en el Senado- denominada Sociedad de Desarrollo Campesino S.A. (DECAM).
Daré los detalles mínimos necesarios para que se entienda cuán agraviante es el cargo que aquí se ha formulado y cuán injustas las apreciaciones emitidas.
La Sociedad de Desarrollo Campesino, conocida como DECAM, localizada en la ciudad de San Fernando, fue organizada para prestar servicios a los pequeños agricultores, y durante muchos años actuó como poder comprador regulador en la zona y prestó innumerables servicios a la gente modesta de esa Región.
Dicha sociedad adquirió un crédito de parte de INDAP y, debido a una serie de circunstancias económicas, por un lado, y un mal manejo, por otro, se vio en la imposibilidad de ir cancelando la deuda correspondiente. En efecto, en agosto de 1996 consolidó su deuda, que en ese momento ascendía a 497 millones de pesos, y solicitó un crédito adicional de 140 millones, como lo hace cualquier empresa o firma que desarrolla alguna actividad, con el objeto de contar con un capital de operación que le permitiera seguir funcionando. Para acelerar la renegociación de la deuda y otorgar el nuevo crédito, INDAP puso diversas condiciones, tales como la exigencia de nuevas garantías reales que caucionaran el crédito, así como la constitución de una segunda hipoteca sobre un bien raíz urbano propiedad de esta sociedad, ubicado en San Fernando, el que tenía un avalúo comercial de 477 millones de pesos.
Esta sociedad, que prestó asistencia a más de cinco mil campesinos, no logró estabilizar su situación, y producto de un cambio de gestión se vio enfrentada a la imposibilidad de cancelar los créditos recibidos.
En vista de esta situación, la Dirección Nacional de INDAP, en abril de 1997, de acuerdo con la documentación disponible, ordenó una auditoría en DECAM. Ésta se realizó plenamente y se colocaron todos los elementos de resguardo a fin de poder investigar realmente lo que allí estaba ocurriendo. Aún más: el 1º de septiembre de 1998 ingresó una demanda ejecutiva en el Juzgado de Policía Local de San Fernando por parte de INDAP, ya que DECAM no cumplió en dicha fecha con el acuerdo de cancelar los créditos pendientes a lo que se había comprometido.
El 7 de mayo de 1999, la Dirección Nacional de INDAP, adicionalmente a acelerar la demanda interpuesta en el Juzgado, instruyó un Sumario Administrativo con el propósito de investigar directamente la forma como dichos créditos habían sido otorgados y cuáles podrían ser las eventuales responsabilidades de algún funcionario en tal negociación. Pero, además del juicio ejecutivo en el Juzgado de San Fernando y del Sumario Administrativo, INDAP se hizo parte de una demanda entablada por el Banco del Desarrollo en el Juzgado Civil de Santiago, en junio de 1999, contra DECAM, precisamente con el objeto de cautelar los intereses tanto de los trabajadores, que tenían imposiciones y remuneraciones impagas, como para recuperar, a través de ese juicio, los bienes que eventualmente pudieran corresponder al patrimonio de INDAP.
Aún más, el 3 de enero del año en curso, INDAP dedujo querella criminal, en el Segundo Juzgado del Crimen, bajo el Rol Nº 159.484-4, en contra de quienes resultaren responsables del presunto delito de estafa al Instituto de Desarrollo Agropecuario. Unido a ello, existe una investigación de la Contraloría General de la República ¿activada por el propio INDAP-, a fin de que cualquier duda referente a la transparencia de lo actuado pudiese ser despejada.
Estos son los hechos específicos. Por lo tanto, son absolutamente arbitrarias, injustas y denigrantes las palabras de la Honorable colega en cuanto a que el director de entonces, don Luis Marambio; el subdirector, don Alfonso Jasmen; el jefe del departamento financiero, don Fernando González; el jefe del departamento de finanzas y administración, y los directivos de la Dirección Regional se encuentran "procesados". ¡No están procesados en ninguna parte! Y es el propio INDAP el que ha entablado las demandas respectivas. ¡Eso no se hace! No se puede imputar como procesados a quienes no se encuentran en dicha situación.
En segundo término, quiero referirme a lo que ocurre en la otra sociedad, la que surge en 1993 cuando INDAP decide adquirir a la Fundación Chile un predio, que además estaba vinculado a la marca comercial "Punto Verde", ubicado en Curacaví. La compra se efectúa por medio de un crédito otorgado a las organizaciones campesinas, cuando estaba en pleno desarrollo en nuestro país el problema del cólera, a fin de producir hortalizas regadas con aguas limpias y comercializarlas en un momento en que la población exigía precauciones de carácter sanitario.
Esta sociedad continuó con el gerente, que era el mismo de la Fundación Chile, persona respetable, conocida por la Senadora señora Matthei y varios de los señores Senadores presentes. Se mantuvo en su puesto de gerente los dos años siguientes. Me refiero al señor Pablo Ríoseco. Cuando éste abandonó la gerencia, habían cambiado las circunstancias relativas al problema del cólera y obviamente la sociedad se encontró con dificultades económicas derivadas de la misma situación.
La Honorable Senadora calificó de "robo" la condonación de 800 millones de pesos, y dijo que lo menos que le parecía a ella es que era algo "raro". Debería informarse mejor. ¡No se ha condonado nada! ¡No existe condonación alguna! Por lo tanto, mal podía inferirse un supuesto robo o irregularidad de un acto que, aun estando dentro de las facultades administrativas del Ministro de Agricultura, no lo ha hecho precisamente para buscar la verdad y establecer las eventuales responsabilidades que pudiesen existir.
En el caso de PROCAMPO, se dijo que aquí se había vendido el predio de 90 hectáreas del que esta sociedad es propietaria en Curacaví, y que fue tasado en un valor infinitamente menor al que tenía, lo que garantizaba la deuda de mil diecisiete millones pesos. Pero, ¿qué pasó? Cuando esta sociedad decide enfrentar la deuda, acuerda levantar la garantía sobre 20 hectáreas y venderlas, como lo hace cualquier empresario, sobre todo en el sector agrícola donde muchos de ellos viven bajo un pasivo muy grande, con el objeto de aliviar su carga. Vendió y se pagó una parte de la deuda, pero los negocios no permitían sacar la sociedad adelante. ¿Y qué es lo que hizo INDAP entonces? Cuando estaba a punto de declararse la quiebra, al igual que un empresario que desea honrar sus compromisos, hizo lo más conveniente: vender el predio en el valor de mercado, y tratar de cancelar lo que está debiendo, aunque no alcanzace para evitar la quiebra, porque todos quienes estamos en esta Sala sabemos que, si el proceso de la quiebra se inicia y se instala, lo que se va a recoger prácticamente será insignificante para cancelar dichos bienes.
Por lo tanto, INDAP mantiene en el día de hoy una garantía por 10 mil unidades de fomento sobre esta sociedad.
He formulado estas observaciones, no porque sea grato hacerlo. Además, avisé a la señora Senadora que abordaría el tema, por estimar que no podía dejar pasar una afirmación que lesiona la honra de algunas personas. Nunca de parte nuestra advertirán una actitud como ésa.
Pero quiero agregar un elemento: los Senadores de estas bancas y de la Concertación estamos abiertos a cualquier fiscalización. Hubo un debate aquí cuando discutimos la necesidad de presentar declaraciones juradas de patrimonio e intereses. Fueron los Senadores de la Derecha los que se negaron a la declaración de patrimonio, y anunciaron que votarían en contra. Sólo expresaron su acuerdo con la declaración de intereses.

El señor LARRAÍN.- No, señor Senador.

El señor MORENO.- Lo que señalo se encuentra consignado en la respectiva Versión Taquigráfica, señor Senador. Búsquela y lea sus argumentaciones.
Por lo tanto, queremos denunciar que aquí estamos aparentemente ante el inicio de una campaña que, probablemente, tiene un sesgo electoral. Y mirando hacia las elecciones municipales, se pretende generar la imagen de robo, de fraude, de dolo, con el objeto de crear una situación que no corresponde a la verdad.
Lo digo responsablemente: haremos frente a esta campaña, porque distinto es fiscalizar que organizar campañas de desprestigio. Y a ello estamos obligados, por decoro, por integridad, debiendo responder en el mismo seno donde se ha efectuado tal acusación.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.

El señor LAVANDERO.- Pido la palabra.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, concedo parte de mi tiempo al Senador señor Muñoz Barra.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.


RELACIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS DE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CON GUERRILLA COLOMBIANA

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, seré muy breve. Agradezco la deferencia del Senador señor Lavandero, a quien hemos cedido el tiempo de nuestro Comité para que realice su intervención.
En esta oportunidad, quiero referirme a algunas informaciones que el Honorable señor Pérez dio a conocer a través de la prensa. De modo que lamento mucho que no se encuentre presente en la Sala.
En los últimos días, Su Señoría, en su calidad de Senador, estuvo en el sur de Chile, fundamentalmente en la Región de la Araucanía, y declaró a los medios de comunicación que tenía importantes informaciones que señalaban que grupos indígenas de la Región -que al igual que otros señores Senadores represento en este Hemiciclo- tendrían relaciones muy concretas con la guerrilla colombiana y que, por ende, se estaba configurando un movimiento de tipo bélico, armado, de proporciones.
Señor Presidente, indudablemente, para quienes vivimos en la zona estas afirmaciones son de suma gravedad. Y las consideramos así, porque los conflictos que se han venido manifestando, equivocadamente por la vía física, transgrediendo en este sentido las disposiciones legales relativas al derecho de propiedad, involucran sólo a seis comunidades indígenas de un sector de Lumaco y Traiguén del total de dos mil cuatrocientas reducciones indígenas. De tal manera que consideramos sumamente grave, peligroso -y significa incentivar una situación que todos queremos evitar-, hacer denuncias de esta naturaleza sin entregar los antecedentes respectivos a las autoridades responsables de la Novena Región.
En las últimas horas tuve la oportunidad de conversar con la recién asumida intendente de esa Región, señora Berta Belmar, quien me hizo presente su deseo de que en esta Sala se le solicitara al Senador señor Pérez que haga llegar a la intendencia los antecedentes sobre los cuales se basan sus informaciones, o que los dé a conocer en el Senado, para que los personeros políticos que aquí nos encontramos podamos constatar la gravedad de los hechos que señala, y así poder ejercer mayor presión en las autoridades del Gobierno central, cuya participación en esta materia -lo reconozco hidalgamente- no ha sido feliz. Y digo esto porque, curiosamente, los mencionados conflictos se han centrado única y exclusivamente en estas seis comunidades, sin que se extiendan a ninguno de los otros sectores.
Señor Presidente, de manera alguna calificaré la intención del señor Senador al divulgar esa información. Si ésta es efectiva, bienvenida sea; pero, si no lo es, me parecería un acto sumamente peligroso, riesgoso. Sé que Su Señoría, como caballero que es y como político responsable, señalará si esta información fue falsa. Si es efectiva, estoy cierto de que indicará los antecedentes que la respaldan.
Entonces, como Senador de la Región de la Araucanía, reitero mi petición formal en cuanto a que el señor Senador responda a este planteamiento, sea en la hora de Incidentes o en la oportunidad que estime pertinente. Ello lo puede hacer incluso usando los minutos que reglamentariamente le corresponden por haber sido aludido.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Senador señor Cantero me reemplace en la testera.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Cantero.

El señor CANTERO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.


PROBLEMAS DERIVADOS DE PRODUCCIÓN DE COBRE. OFICIOS

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, hoy día quiero referirme nuevamente a una materia de extraordinaria importancia: el cobre.
Desde hace largo tiempo, cerca de seis años, con un grupo de personas muy calificadas hemos seguido la política que se ha llevado adelante sobre nuestra principal riqueza. Y con estos expertos, muchos de ellos doctorados, hemos incentivado la idea de escribir algunos libros acerca de la realidad del cobre chileno. Así, el libro del cual soy autor "La Quimera del Cobre"; el "Libro Negro del Metal Rojo", de Julián Alcayaga; "El Cobre es Chileno y debe ser Refinado en Chile", de Carlos Tomic, y el próximo a salir, del profesor Orlando Caputo, siguen un hilo central, que es defender la mayor riqueza de este país: el cobre.
Por ello, impulsamos y buscamos acuerdos, más allá de los partidos políticos, para encontrar un camino que, al menos en esta Corporación, y ante la opinión pública, nos permita proteger esta incalculable riqueza.
Desgraciadamente, las respuestas dadas por las autoridades del Gobierno anterior han sido completamente evasivas. Me extraña sobremanera que se le nieguen los antecedentes sobre la materia, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, cuyos miembros son los representantes del pueblo chileno, y hablan en nombre de él en estos temas. Lo mismo ocurre con el Senado. ¿Cómo es posible que exista confidencialidad sobre la producción y los ingresos fiscales que proporciona el cobre? A nuestro juicio, por la falta de una política del cobre en los dos últimos Gobiernos de la Concertación se ha suscitado una cantidad enorme de irregularidades, anomalías y dolores, como la elevada cifra de cesantes en el norte.
Entre los responsables que puedo y debo señalar aquí, indudablemente, entre otros, se encuentra COCHILCO.
Las funciones primordiales de la Comisión Chilena del Cobre son las de establecer una política para el cobre chileno, sea de producción pública o privada.
La segunda función en importancia es fiscalizar la producción y ventas del cobre, colaborando con el Servicio de Impuestos Internos, con el Banco Central y, por supuesto, con el Comité de Inversiones Extranjeras.
La prohibición de informar tanto a la Cámara de Diputados como al Senado los detalles financieros de cada empresa, a que se acogen CODELCO y otros organismos, puede estar basada en la confidencialidad. Pero los volúmenes globales de producción y ventas, como los ingresos fiscales, no están amparados por ningún régimen confidencial, y así lo ha determinado la Contraloría General de la República.
Repito: parece risible que un Poder del Estado, como lo es el Congreso Nacional, no disponga de los elementos de juicio necesarios para evaluar la situación económica producto de los vaivenes de su principal riqueza, que es el cobre.
Tengo un set de oficios dirigidos al Banco Central que, en definitiva, señalan que esas materias corresponden a COCHILCO, no obstante que el Instituto Emisor es el que vigila las exportaciones y los retornos. Sin embargo, él señala que tales asuntos atañen a dicha Corporación y al Servicio de Impuestos Internos. Requerida COCHILCO, responde que ello es de resorte del referido Servicio, basada en que el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario prohíbe dar esa información; sin embargo, el inciso tercero autoriza sin problemas la entrega de antecedentes globales con fines estadísticos.
Por lo tanto, nada en la ley impide proporcionar datos sobre tributación en el ámbito minero, tanto del sector privado como del público (CODELCO y ENAMI). La única información que hemos logrado obtener es que, en 1996, CODELCO aportó al Fisco alrededor de mil 600 millones de dólares por el 37 por ciento de la producción de cobre, y todas las empresas privadas, incluida la ENAMI, sólo 107 millones 700 mil dólares por el 63 por ciento restante.
Respecto de la Compañía Minera Disputada de Las Condes, filial de la Exxon, es público y notorio que en 20 años, de acuerdo con los balances, produce sólo pérdidas. Esta empresa internacional no invirtió capitales en Chile, sino que otorgó créditos, con altísimos intereses, muy por sobre los del mercado internacional, desde una filial en Centroamérica. El resultado final es que Chile no recibe ni un centavo por la explotación de dicho yacimiento, y sus utilidades las transforma en elevados intereses pagados a una filial de la Exxon. Por esta razón, Disputada de Las Condes -¡increíble!-, filial de una de las empresas más grandes del mundo, se mantiene en Chile durante 20 años, a pérdida.
¿Alguien en el Senado cree que un conglomerado tan poderoso, como la Exxon, tenga una filial en Chile durante 20 años consecutivos a pérdida? Esto no es real.
Por su parte, La Escondida aparece vendiendo a 55 centavos de dólar a su casa matriz en el extranjero, en circunstancias de que a esa fecha el cobre estaba a 90 centavos de dólar la libra. Y, no obstante ser hechos comprobados, ningún organismo del Estado defiende los intereses de Chile. Reitero: ¡ningún organismo del Estado defiende los intereses de Chile en esta materia! Dicha compañía minera -ésta es una sociedad anónima; las otras forman sociedades contractuales y no aparecen balances-, según COCHILCO, aporta 330 millones de dólares al Fisco, lo cual está contradicho por el Servicio de Impuestos Internos.
¡Calculen, señores Senadores, nuestro desaliento al ver cómo se trata la principal riqueza del país, que hasta 1989 financiaba 25 por ciento del Presupuesto de la Nación, y que actualmente, con sus ingresos, no alcanzará a pagar a las Fuerzas Armadas el 10 por ciento de los gastos reservados de la Ley del Cobre!
Cabe hacer notar que el cobre es un recurso no renovable, y que cuando suba su precio, de aquí a 20 años, ya estará semiagotado en Chile.
Es necesario darse cuenta de que en China y otros países asiáticos el consumo de metal rojo por habitante es de 200 gramos; en las naciones desarrolladas de Europa y en Estados Unidos y Japón alcanza a 18 kilos. En la medida en que China y los demás países asiáticos vayan progresando, su consumo se acercará al de las naciones desarrolladas. Y los 18 millones de toneladas de mineral que en la actualidad se producen en el mundo serán consumidos por los habitantes de China y de los países asiáticos; pero eso ocurrirá cuando la principal riqueza de Chile se haya agotado y vendido a un precio vil, como sucede en la actualidad.
Los Parlamentarios nos preguntamos cuál es el papel de COCHILCO frente al cobre chileno, y cuánto le cuesta al país este organismo como para que no tenga ningún control ni información acerca del 60 por ciento del cobre que se produce en el país.
Hace unos días, requerí antecedentes para saber por qué existe tal disparidad de criterios entre los distintos organismos del Estado, por una parte, y los privados, por otra, en materia de estimaciones del precio internacional del cobre. Estos datos tan diferentes surgen del principal país productor, que comercializa más de 60 por ciento del metal rojo que se vende en el mundo. Una desinformación en esta materia genera, indudablemente, incertidumbre y confusión. Las diferencias de apreciación entre COCHILCO, el Ministerio de Minería y el Consejo Minero equivalen a algo más de 250 millones de dólares. No es un asunto baladí. Al parecer, las responsables de tales diferencias, según COCHILCO -piensen bien en lo que voy a señalar-, son las ecuaciones matemáticas que han utilizado.
¿Es matemáticamente aceptable una apreciación como ésta por parte de especialistas tan extraordinariamente bien pagados como los que existen en COCHILCO? ¿Cuál es la función de dicho organismo, si sólo se preocupa de lo que produce CODELCO, en circunstancias de que esta empresa por sí misma se autoabastece de la información y no se la comunica a la Cámara de Diputados ni al Senado, y tampoco a Impuestos Internos, porque este Servicio no puede fiscalizarla? Los antecedentes que estoy dando, que revisten gravedad, me han sido proporcionados precisamente por éste. Más grave aún es que COCHILCO tampoco fiscaliza a CODELCO. Prueba de ello son los traspasos ilegales de pedimentos y concesiones de exploración a empresas privadas, que se encuentran prohibidos por la ley. Y lo que es todavía peor es que se hacen en forma gratuita.
Quiero dar a conocer un grupo de empresas constituidas por CODELCO, al margen de la ley, y sin que el Estado reciba un solo peso: Compañía Contractual Minera Los Andes, constituida en 1996 por escritura pública, con un capital de 10 mil dólares, de los cuales CODELCO aportó 49 por ciento, y el 51 por ciento restante lo puso AMP Chile Holding Ltda., sociedad que a su vez pertenece en 99 por ciento a Australian Mutual Provident. Tres días antes se formó la sociedad Inversiones Mineras Los Andes S.A., también con un capital de 10 mil dólares, entre los mismos contratantes y con similar repartición del capital, cuyo objeto era adquirir los derechos mineros de la Compañía Contractual Minera Los Andes, ya citada. De esta forma se traspasaron a la sociedad 47 mil 390 hectáreas de concesiones mineras, que se ubican en tres Regiones del país.
La segunda empresa constituida es la Sociedad Contractual Minera Quebrada Valiente. Se trata de una promesa de asociación entre CODELCO y las sociedades Minera Orvana Andes Ltda. y Minera BMG Chile Inc., aportando 30 por ciento y 70 por ciento de capital, respectivamente. Esta asociación fue aprobada por el decreto de minería Nº 308, de 1998. El capital inicial sería de 4 millones 760 mil dólares, representados por 10 mil acciones, de las cuales CODELCO suscribirá y pagará 3 mil, y Orvana-BMG, 7 mil. CODELCO aportará su 30 por ciento con alrededor de 5 mil 500 hectáreas de pertenencias, concesiones de exploración y pedimentos ubicados en quebrada Valiente, quebrada Ciénaga y cerro El Hueso, en la comuna de Diego de Almagro y dependientes de la División El Salvador, por un precio que alcanza a 260 dólares la hectárea. Orvana-BMG paga su 70 por ciento de capital con un programa de trabajo inicial para la exploración en las concesiones mineras de CODELCO, en un período máximo de tres años, sin que dicha Corporación reciba dinero en efectivo por la venta de estas pertenencias.
La tercera sociedad: Compañía Contractual Minera Yabricoya, que tiene la mayor cantidad de irregularidades, se constituyó el 2 de febrero de 1998 en la notaría de don Eduardo Pinto Peralta, ubicada en Santiago, con un capital de 277 mil 778 dólares, divididos en 72 mil acciones, de las cuales 32 mil las suscribe CODELCO por 45 por ciento del capital, y 55 por ciento, Minera Cominco. El centro de operaciones de esta sociedad se ubica en la comuna de Pozo Almonte, donde en pago de su 45 por ciento de capital CODELCO aporta un total de 12 mil 430 hectáreas de pedimentos, manifestaciones y concesiones de exploración de los proyectos "Cunta" y "Quisma", por la suma de 125 mil dólares, o su equivalente de 56 millones de pesos chilenos. Esto significa que se aportaron concesiones de la gran minería por la suma de 10 dólares, o 4 mil 568 pesos, la hectárea.
De acuerdo a la presentación, la constitución de esta sociedad, más que todas las otras, adolece de "nulidad absoluta", porque infringe el artículo 7º de la ley Nº 19.137, debido a que casi la totalidad de las concesiones aportadas por CODELCO son pedimentos, concesiones de exploración y manifestaciones sin exploración básica y, además, porque la Base de Datos del Diario Oficial y la Oficina de Partes del Ministerio de Minería no registran un decreto supremo que lo autorice, como lo establece el artículo 4º de la ley 19.137, que dice: "Dichos actos y contratos deberán ser aprobados por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Minería, previamente a su celebración u otorgamiento.".
En cuarto lugar se halla una promesa de asociación entre CODELCO-Chile y Compañía Minera Riochilex S.A., aprobada por el decreto Nº 290 del Ministerio de Minería, del 3 de noviembre de 1997. El capital de esta asociación será de 9,8 millones de dólares, en la cual CODELCO tendrá el 49 por ciento mediante el aporte de las siguientes concesiones mineras del Prospecto Inca de Oro: concesiones de explotación Clementina, Viviana, Laura, Sonia y Perla, ubicadas en Sierra Llano de San Pedro de Cachiyuyo, con 5 mil 38 hectáreas en total, cuyas inscripciones datan de 1991 a 1993, en la comuna de Diego de Almagro; más 200 hectáreas de concesiones de exploración, y 200 hectáreas del pedimento San Pablo, inscrito a nombre de CODELCO en 1997 en el Conservador de Minas de Diego de Almagro.
Según el escrito, la sociedad Riochilex S.A. no aporta un solo dólar de capital en pago de estas pertenencias mineras sobre las cuales obtiene 51 por ciento de la propiedad, sino que sólo adquiere un compromiso de realizar trabajos por un valor de 5 millones de dólares en un período inicial de tres años.
Aparece también la Sociedad Contractual Minera Manto Rojo, que es una nueva asociación entre CODELCO y Minera Cyprus, empresa que también es propietaria de El Abra, que se constituye para la explotación de pertenencias mineras de CODELCO situadas entre los yacimientos Radomiro Tomic y El Abra.
En esta futura sociedad, CODELCO entrega este yacimiento a Cyprus, empresa que detentará 51 por ciento de las acciones de la asociación y que efectuaría trabajos de exploración por un monto total de 5,1 millones de dólares, en pago de su aporte de capital, y debería pagar a CODELCO 5 millones de dólares en efectivo, al momento de constituirse la sociedad. Pero este pago en efectivo queda en suspenso en el mismo decreto, pues más adelante se dice que se constituye la sociedad con mil acciones, de las cuales "CODELCO suscribirá y pagará 490 acciones mediante el aporte en dominio a la sociedad de las pertenencias mineras singularizadas en el artículo 1º de este decreto, y Minera Cyprus, 510 acciones mediante el aporte de los resultados de los estudios efectuados en las pertenencias mineras.". Es decir, Cyprus sólo pagará 5,1 millones con trabajos de exploración.
Finalmente, Agua de Falda S.A. se constituyó el 25 de julio de 1996, por escritura pública. El capital de la sociedad asciende a la suma de 10 millones de dólares. CODELCO aporta 4,9 millones de dólares por su 49 por ciento de capital con la entrega de 3 mil 375 hectáreas de pertenencias mineras, lo que arroja el valor de mil 451 dólares por hectárea. El decreto y el contrato comprometen, además, el suministro de agua dulce, agua industrial, energía eléctrica, telecomunicaciones, laboratorio de análisis y un contrato de arrendamiento de viviendas en Potrerillos. Respecto de éstas, previamente se había establecido que los trabajadores que las ocupaban debían trasladarse por razones medioambientales; sin embargo, el verdadero motivo fue la entrega de dichas viviendas a la Minera Homestake de los Estados Unidos.
Una de las irregularidades más graves de este contrato de asociación es que CODELCO no percibe un solo dólar por el traspaso de estas pertenencias. Para completar su 51 por ciento de capital, Homestake aporta en dinero efectivo solamente 1 millón 418 mil 333 dólares, y para enterar los 5,1 millones de dólares correspondientes a ese porcentaje CODELCO reconoce a Homestake 500 mil dólares en estudios geológicos, que la empresa habría realizado entre julio y diciembre de 1995 en las mismas pertenencias que CODELCO aporta en este contrato, y 3 millones 181 mil 677 dólares en estudios geológicos que Homestake debería realizar en estas mismas pertenencias entre febrero de 1996 y la fecha de la escritura, el 25 de julio de 1996. En pocos meses, Homestake habría invertido estos 3 millones 181 mil 677 dólares en investigaciones geológicas.
La última asociación formada recientemente se basa en una promesa de contrato de la Sociedad Contractual Minera Sierra Mariposa, entre CODELCO y Outokumpu Exploraciones S.A., aprobada por decreto supremo Nº 345, de Minería, publicado en el Diario Oficial de 3 de febrero del 2000. Esta sociedad se formará con un capital de 5 millones 247 mil 376 dólares, que se dividirá en 10 mil acciones nominativas, de las cuales CODELCO obtendrá 3 mil 300 acciones Serie A, con 33,3 por ciento del capital, y pagará su aporte con 39 mil 800 hectáreas de concesiones mineras ubicadas en la comuna de Antofagasta (Segunda Región), valorizadas en un millón 747 mil 376 dólares, lo que arroja el increíble precio de sólo 43,9 dólares por hectárea de concesión de la Gran Minería del Cobre. Outokumpu adquiere 6 mil 670 acciones Serie B por 66,67 por ciento del capital, las que serán pagadas con trabajos iniciales por un valor de 3 millones de dólares que se efectuarán en el plazo de 3 años, y el aporte de pertenencias mineras de su propiedad no detalladas en el decreto, pero avaluadas de "común acuerdo" en 500 mil dólares.
CODELCO no recibe, entonces, un solo dólar por el aporte de esa enorme cantidad de concesiones mineras. Y ésa es la evidencia de una operación fraudulenta generadora de pérdidas considerables para el Estado, al efectuarse un traspaso por sólo 44 dólares la hectárea, es decir, un precio más de veinte veces inferior a lo que se cotizan habitualmente las pertenencias de la pequeña minería y cientos de veces inferior a lo que se cotizan las pertenencias de la gran minería. Baste recordar que la misma CODELCO recibió por las pertenencias de El Abra 330 millones de dólares en efectivo y 317 millones de dólares por el 49 por ciento del capital de la sociedad que las explotaría.
Pero, además de tales irregularidades en el valor de la transacción, que debe ser investigada, solicitamos que el Consejo de Defensa del Estado pida la anulación de Derecho Público del decreto Nº 345, de Minería, por no conformarse a la norma legal, puesto que aprueba el traspaso de 12 mil 100 hectáreas de concesiones de exploración y de 10 mil 100 de pedimentos, lo que no se halla autorizado por la ley Nº 19.137. Ésta, según sus artículos 1º y 7º, sólo permite el traspaso de pertenencias mineras, es decir, de concesiones de explotación que ya comporten exploración básica. Por lo tanto, el decreto debe ser declarado nulo.
Señor Presidente, quiero exponer algunos elementos que conforman el marco legal del estudio de los traspasos, operaciones contrarias al artículo 2º del Código de Minería y a los artículos 1º, 2º, 4º y 5º de la ley Nº 19.137. Este último dispone: "Las acciones, derechos, cuotas o participaciones que correspondan a la Corporación Nacional del Cobre de Chile en las sociedades, asociaciones o comunidades que se constituyan para explotar las pertenencias a que se refiere esta ley," ¿las pertenencias, no los pedimentos ni concesiones de exploración- "no podrán enajenarse sin previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior.
"La Corporación Nacional del Cobre de Chile no podrá desprenderse de más de la mitad de tales acciones, derechos, cuotas o participaciones, salvo expresa autorización legal.".
Y, como se concluye de la lectura atinente a cada una de las sociedades analizadas, CODELCO no solamente no se queda con más de 51 por ciento, como lo establece la disposición anterior, sino que ni siquiera con 50 por ciento, pues entrega el 51 por ciento de algunas pertenencias y, lo que es más grave, de concesiones de exploración y de pedimento, lo que se encuentra expresamente prohibido por la ley.
Deseo consignar completamente, en todo caso, el marco legal respectivo. El artículo 6º de la Carta Fundamental señala: "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.
"Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
"La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.".
En seguida, el artículo 7º precisa: "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.
"Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
"Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.".
La ley Nº 19.137, publicada el 12 de mayo de 1992, autoriza la venta de las pertenencias mineras no explotadas por CODELCO y que no se encuentren en sus planes de reposición, derogando, así, parte del decreto ley Nº 1.167, dictado en 1976 por el Gobierno militar, texto que prohibía absolutamente toda enajenación de ellas.
El artículo 3º de la ley citada expresa que dichas pertenencias pueden ser traspasadas gratuitamente a ENAMI si son consideradas de la pequeña minería, pero tal gratuidad no se extiende a cualquier otro tipo de empresa, menos aún si se trata de pertenencias de la gran minería.
El artículo 4º, por su parte, determina: "Dichos actos y contratos deberán ser aprobados por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Minería, previamente a su celebración u otorgamiento.".
Pero es esencialmente el artículo 7º de la citada ley el que ha sido sistemáticamente violado, ya que en la parte relativa a las transferencias dispone que "sólo podrán recaer en pertenencias mineras que hayan sido objeto, a lo menos, de exploración básica por parte de Codelco-Chile.".
Para explicar aún más el contenido de esta última disposición, el 5 de julio de 1992 se dictó su reglamento, mediante el decreto Nº 96, del Ministerio de Minería, con el objeto de precisar que por exploración básica debe entenderse la aplicación de técnicas geológicas que permitan comprobar la existencia de depósitos minerales. Ello ha sido infringido al formarse sociedades y efectuarse traspasos por pedimentos y concesiones de exploración.
La importancia de ese artículo y de ese decreto resulta de la aplicación del Código de Minería, el cual define de manera muy explícita lo que constituye una pertenencia. Su artículo 35 puntualiza que existen dos tipos de concesión minera: la de exploración, que se inicia con un pedimento, y la de explotación, que empieza con una manifestación y se define al final como una pertenencia. La ley considera sólo a esta última como pertenencia minera cuya concesión es definitiva, pero no así a la primera, pues reviste un carácter temporal, con una duración de dos años, reconducible por otros dos, pero por sólo la mitad de la antigua concesión, y paga una patente seis veces inferior al de una pertenencia.
El Código de Minería define en forma muy precisa ¿repito- lo que es una pertenencia y la ley Nº 19.137 establece muy concretamente que las transferencias respectivas de CODELCO, incluso las que se efectúen a ENAMI, sólo podrán recaer en pertenencias mineras. Y ningún cuerpo legal faculta al Gobierno o autoriza a CODELCO la venta o aporte a asociaciones con terceros de pedimentos o concesiones de exploración, ni menos puede existir una ley que permita a la Corporación facilitar gratuitamente sus pertenencias mineras a asociaciones con empresas extranjeras.
Tampoco una ley posibilita que esa entidad entregue gratuitamente sus instalaciones industriales y aún menos la soberanía sobre un territorio de la República, como ha ocurrido en Potrerillos.
En los aportes de concesiones mineras realizados por CODELCO desde 1996 en adelante se ha violado flagrantemente el mismo texto legal que permite las enajenaciones y asociaciones, es decir, la ley Nº 19.137, porque ésta no hace factible la enajenación de pedimentos o concesiones de exploración, por lo que los contratos y los decretos supremos que la autorizan son nulos, en virtud del artículo 7º de la Constitución Política de la República.
Por la gravedad que revisten, he querido exponer latamente estos hechos en el Senado, que en tres sesiones ha tratado estos temas. Y, por más que se han reiterado los oficios, ni CODELCO, ni la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), ni el Ministerio de Minería, ni el Banco Central de Chile, ni el Comité de Inversiones Extranjeras, jamás han dado respuesta cabal a los planteamientos de un Poder del Estado, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado.
Cabe hacer notar que cuando se elabora el Presupuesto de la Nación, el primer elemento que se considera para que nosotros debamos aprobarlo es el precio del cobre y los ingresos generados por él. Pero los parlamentarios, sea en la Cámara de Diputados o en esta otra rama legislativa, no han conocido nunca -¡nunca!, ¡nunca!- los ingresos fiscales provenientes del 63 por ciento de la producción de cobre chileno, que está en manos de la gran minería privada.
En todo caso -repito-, lo importante para el país y para el Senador que habla, miembro de la Comisión de Economía de esta Corporación, es conocer los ingresos que el país tendrá, en su conjunto, por la producción y venta del cobre, tanto del sector público como del sector privado en forma global. No pedimos saber lo referente a las utilidades ni a las ventas de una empresa, sino imponernos de los ingresos autorizados por la Contraloría General de la República. Sobre el particular, recuerdo que al señor Marcos Lima se le suspendió del goce de su sueldo por no acceder a los requerimientos que al respecto hizo la Cámara de Diputados.
Eso es lo realmente importante para el país y para todos los chilenos. No nos interesa que las empresas extranjeras ganen plata.
¡Señores de COCHILCO, del Ministerio de Minería, del Banco Central, de la Comisión de Inversiones Extranjeras, del Servicio de Impuestos Internos y de la Contraloría General de la República, nos importa saber cuánto recibe el Fisco por entregar a empresas extranjeras una parte tan importante de la explotación de su principal riqueza minera, como es el cobre! Durante seis años consecutivos no sólo el Senador que habla, sino también otros parlamentarios, hemos pedido esos antecedentes, pero dichas entidades se han negado a proporcionarlos.
Es necesario dar cuenta en esta Sala que se trata de un tema de la mayor relevancia. Y depende de que las empresas extranjeras paguen lo que les corresponde, para que esos mayores ingresos tributarios nos permitan rebajar los impuestos que hoy día deben pagar los chilenos. Además, con ello sería posible resolver nuestros problemas de salud, de educación y de vivienda. Esos recursos pertenecen al Estado; sin embargo, por carecer de una política del cobre y debido a la negligencia de quienes están a cargo de cautelar la principal riqueza de Chile, dichos antecedentes se han escondido al Parlamento, a pesar de que son muy importantes para la vida normal de la República.
Señor Presidente, por tales razones, y por que haya una nueva oportunidad, deseo que mis observaciones se envíen por oficio al Ministerio de Minería, al Banco Central de Chile, a COCHILCO, al Servicio de Impuestos Internos y al Comité de Inversiones Extranjeras. Y por supuesto también solicito que se remitan al nuevo Presidente de la República, para que éste conozca mi opinión, la cual no sólo es mía, pues es compartida por numerosos Senadores y Diputados.
Señor Presidente, pretendemos que se haga claridad sobre esta materia, para lo cual exigimos una explicación y la información que nos corresponde como Senadores y Diputados. Deseo que estas opiniones sean transmitidas en la forma antedicha, a fin de contar con los antecedentes requeridos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor CANTERO (Presidente accidental).- Por mi parte, solicito, en mi nombre, el envío de dos oficios: uno, dirigido a la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), para que, en virtud de lo establecido en la ley Nº 19.137, evacue los informes previos que necesita CODELCO en relación con las asociaciones señaladas; el otro, remitido a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de que me informe acerca de la resolución que tenga a bien adoptar dicho órgano respecto de los antecedentes aportados por el Honorable señor Lavandero.
--Se anuncia el envió de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor CANTERO (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Senador señor Cordero.


LIBERACIÓN DE EX PRESIDENTE DE CHILE HONORABLE SENADOR DON AUGUSTO PINOCHET

El señor CORDERO.- Señor Presidente, después de diecisiete meses de haber sido detenido injusta y arbitrariamente en Londres, el Gobierno del Reino Unido ha puesto en libertad al Senador Augusto Pinochet Ugarte, en razón del deterioro que el cautiverio causó en su salud.
Su regreso nos da una gran satisfacción, por significar el término de una etapa de sufrimientos y vejaciones y el reencuentro con su patria y con su familia de un hombre que merece respeto y gratitud. Deploramos, sin embargo, el hecho de haberse producido un episodio que jamás debió ocurrir, aunque su conclusión provoca en la gran mayoría de los chilenos un justificado alivio.
En este largo proceso, nunca se resolvió el fondo de los temas controvertidos, esto es, la violación de la soberanía jurisdiccional de Chile, tal como fue permanentemente denunciada por los titulares de los poderes públicos de nuestro país. El análisis de todo el proceso, demostró claramente ante la opinión pública nacional e internacional que se trató siempre de un asunto netamente político.
En virtud de lo expresado, junto con alegrarnos por el regreso del Senador señor Pinochet, señalamos al país que no se puede aceptar el precedente que ha generado el agravio sufrido. Creemos indispensable que el Gobierno siga adelante con su presentación ante el Tribunal Internacional de La Haya, hasta que sea plenamente reparado este incalificable atropello a la soberanía y dignidad de Chile.
Por eso, aunque el retorno a Chile del Senador señor Pinochet restablece en lo que a él respecta la vigencia de nuestra soberanía e independencia jurisdiccional, habría sido preferible que ello se lograse por un camino directo y no por la vía que se ha optado, por cuanto ésta no repara el atropello sufrido por nuestra patria, dejando sin resolverse la cuestión de principios planteada desde su inicio por el Gobierno de Chile.
Como una de las más preciadas aspiraciones del Senador señor Pinochet tanto por su formación de soldado como en su obra de gobernante ha sido siempre el logro y la mantención de la unidad nacional, formulamos un llamado a todos los sectores, para que sea este espíritu y no el de división o confrontación entre los chilenos, el que inspire las actitudes con que cada cual reaccione ante su regreso a la patria.
Esta declaración fue suscrita por 23 señores Senadores, cuya relación acompaño.

El señor CANTERO (Presidente accidental).- Como no hay más asuntos que tratar y habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:34.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción