Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 28ª, en miércoles 5 de abril de 2000
Ordinaria
(De 16:19 a 19:11)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social, la señora Subsecretaria de Hacienda y el señor asesor del Ministerio de Hacienda.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19 en presencia de 25 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 22ª, ordinaria, en 7 de marzo del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 23ª, ordinaria, en 14 de marzo del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, retira la urgencia que hizo presente acerca del proyecto de ley sobre normas adecuatorias del sistema legal al proyecto de Código de Procedimiento Penal y Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. (Boletín Nº 2.217-07).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo, hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", con relación al proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal. (Boletín Nº 1.630-07).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que aprobó la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes embarazadas o que son madres lactantes de acceder a los establecimientos de educación y permanecer en ellos. (Boletín Nº 1.251-18).
--Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el segundo, comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica las leyes Nº 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y Nº 18.290, de Tránsito. (Boletín Nº 739-07).
--Queda para tabla.
Uno del señor Comandante en Jefe de la Armada y otro del señor General Director de Carabineros, con los que responden dos oficios enviados en nombre de los Senadores señores Canessa, Martínez y Vega, referidos al proyecto de ley que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares, así como también respecto de una indicación presentada por los Senadores señores Díez, Fernández, Larraín y Novoa.
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Informes
Cinco de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales celebrado entre la República de Chile y el Gobierno de la República Francesa (boletín Nº 2.432-10);
2) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales celebrado entre la República de Chile y el Gobierno de Turquía (boletín Nº 2.433-10);
3) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales celebrado entre la República de Chile y el Gobierno de la República Helénica (boletín Nº 2.434-10);
4) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales celebrado entre la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana (boletín Nº 2.435-10), y
5) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales celebrado entre la República de Chile y el Gobierno de la República Eslovaca (boletín Nº 2.437-10).
Dos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Nuevo, sobre el proyecto de ley que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares (boletín Nº 2.304-07), y
2) Proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a las personas que tienen fuero constitucional, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 2.481-07).
Uno de la Comisión de Economía y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, deroga la ley Nº 18.645 y dicta normas que indica, con urgencia calificada de "simple". (Boletín N° 2.426-03).
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de los animales. (Boletín Nº 1.721-12).
--Quedan para tabla.
Comunicaciones
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, informando que ha renunciado a la Presidencia de ese órgano técnico la Senadora señora Carmen Frei Ruiz-Tagle y que por unanimidad se ha elegido como Presidente al Senador señor Ricardo Núñez Muñoz.
De la Comisión de Minería y Energía, comunicando que ha renunciado a la Presidencia de ese órgano técnico el Senador señor Juan Hamilton Depassier y que por unanimidad se ha elegido como Presidente al Senador señor Jorge Lavandero Illanes.
--Se toma conocimiento.
Solicitud
Del señor Senador Adolfo Arancibia Valenzuela, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletín Nº S 481-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.

El señor OMINAMI.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Sobre la Cuenta, Su Señoría?

El señor OMINAMI.- Sí, señor Presidente.
Pido que se incorpore en la tabla de la presente sesión el proyecto relacionado con el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), despachado ayer por la Comisión de Hacienda.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que la normativa a que se ha hecho referencia, acogida sin discrepancias, sea incluida en el cuarto lugar del Orden del Día.
Aprobado.


HOMENAJE A FUERZA AÉREA DE CHILE

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En primer lugar, corresponde rendir homenaje a la Fuerza Aérea de Chile, con motivo de cumplirse el septuagésimo aniversario de su fundación.
Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.

El señor CORDERO.- Señor Presidente, Honorables señores Senadores, señor Coronel don Pedro Bascuñán -representante del señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile-, señores oficiales y personal del cuadro permanente:
En nombre del Comité de Senadores Institucionales l, y con motivo del septuagésimo aniversario de la Fuerza Aérea, rindo un sincero homenaje a esta noble Institución que durante su trayectoria ha cimentado, para beneplácito de la comunidad nacional, una activa, férrea y celosa vigilancia de nuestros cielos, uniendo montañas, ríos y mares.
En este noble apostolado por forjar una patria mejor, junto a sus hermanos del Ejército, Marina y Carabineros, la Fuerza Aérea de Chile intensifica su accionar en las tareas de la Defensa Nacional, en el desarrollo del país y en la integración internacional, especialmente llevando la ayuda solidaria del pueblo chileno a otros países hermanos que sufren por efectos naturales.
Muchas son las razones que tenemos para admirar a la Fuerza Aérea de Chile, porque desde pequeños hemos vistos sus aviones surcando nuestros cielos portando la estrella solitaria en el timón, que marca el rumbo al infinito.
Cada acto del hombre y de las instituciones tienen su sello, pero la Fuerza Aérea de Chile posee su propia personalidad, empleando sus mejores energías en el servicio y la defensa de los superiores intereses de esta Patria, que, inserta en el final del mundo, siempre tiene la necesidad, como nuestros cóndores, de conquistar cimas, atravesando espacios e integrando a muchas pequeñas localidades con el resto de Chile.
Entonces, podemos decir, sin equivocarnos, que sólo a través de la aviación se pudo vencer a las montañas y a los océanos.
Como carabinero, durante mi carrera, tuve el gran orgullo y la satisfacción de ser testigo de cómo estos aviadores cumplen su tarea en inhóspitos y abruptos paisajes, en intrépidas y muchas veces anónimas tareas de rescates y asistencia a la comunidad en los habituales desastres a que nos tiene acostumbrados nuestra loca geografía.
En estos setenta años ha dejado grabado los aciertos de tantas obras humanistas y tecnológicas, que todos disfrutamos, porque la Fuerza Aérea, sin alardes ni presiones, sólo ha acatado el viejo lema del deber cumplido, conquistando, lejos, el orgulloso agradecimiento de todos los chilenos y de otros hermanos americanos que en algún instante recibieron el calor de sus turbinas y el abrazo de sus pilotos.
El avión ha sido un valioso puente en nuestro crecimiento y desarrollo, puesto que ha permitido acercar importantes territorios a la geografía útil de Chile.
Isla de Pascua, la isla más isla del mundo, este peñón polinésico, fue unido al suelo continental gracias a la visión futurista de los mandos de esa época y a la valentía oportuna de un grupo de hombres que arriesgó todo por la misión a cumplir.
Este sueño irrealizable de la Fuerza Aérea de Chile marcó mi vida, porque siempre viene a mí el recuerdo de cuando, aún niño y de la mano de mi padre, vimos perderse en el horizonte el mitológico Manu-Tara, que, al mando del Capitán de Bandada don Roberto Parragué Singer, despegara desde el aeropuerto de La Serena, para después aterrizar, felizmente, en Mataveri.
Desde ese instante, penetraron en mis sueños las azules aguas de Anakena, que reflejan las palmeras en la soledad de la distancia.
Ustedes entregaron al mundo, y especialmente a nuestra Patria, ese maravilloso peñón con historia que sabe a leyenda, tragedia, esperanzas, tradición y ensueño. Allí Dios, en la personalidad de Hotu-Matua, bendijo al pájaro de acero y trazó la ruta aérea con Chile y el mundo.
Así aprendimos a mirar el espacio infinito.
El sueño se había iniciado en 1913, cuando los fundadores de la Escuela Aeronáutica Militar -los tenientes Manuel Ávalos Prado y Eduardo Molina Lavín-, después de su adiestramiento en Francia, se convirtieron en precursores de las primeras generaciones de aviadores chilenos, abriendo las alas doradas para volar hacia las estrellas y alcanzar la mejor, aquella que brilla y muestra el futuro de un pueblo digno de un Chile sin rey, porque desde esa posición es más fácil ver a los hombres iguales y soñar, soñar -como lo dijo Gabriela- con una ronda entre las manos laboriosas y las mentes fecundas.
Tenemos, entonces, al hombre, con la inteligencia a su servicio, luchando para diseñar estrategias que le permitan proteger sus cielos, con la firme convicción de que el espacio nos depara una proyección infinita. Así llegamos al 21 de marzo de 1930, cuando el Ejército y la Marina entregan sus servicios especializados, que, mucho más que medios, tenían el germen de la inquietud y esa locura sabia, privilegio de los inteligentes, que dan fuerza y vigor a la Fuerza Aérea de Chile.
Un lugar destacado en este homenaje merece la extensa obra desarrollada por la Institución en la Antártica chilena. Allí nuestra bandera flamea, sin complejos ni debilidades, ante otras potencias que también trabajan para la mantención de esos hielos eternos, que en algún instante serán el soporte biológico del mundo.
Allí la Fuerza Aérea y un grupo de heroicos chilenos han fundado un pueblo -"Villa Las Estrellas"-, donde la vida transcurre siempre activa para que los recursos naturales y los derechos de Chile se mantengan inalterables a la visión de los sabios precursores.
Otro aporte interesante en su agenda institucional es su contribución a la protección y manejo de los recursos naturales, a través del Servicio Aerofotogramétrico.
Señor Presidente, Chile ha desarrollado mediante su Fuerza Aérea una gran participación en el campo espacial. Desde un principio, supo avizorar, en esta inexplorada fuente de vida, un extraordinario mundo de posibilidades.
En efecto, nuestro país marca su inicio en la actividad espacial en 1959, al suscribir un acuerdo con Estados Unidos. En 1980, se crea el Comité de Asuntos Espaciales, con dependencia del Ministerio de Defensa Nacional y presidido por el Director de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea de Chile. Dicho organismo sigue vigente, asesorando al Presidente de la República en todos los asuntos de carácter científico, tecnológico, financiero y jurídico relativos a las materias espaciales.
Por eso, todos debemos hacer un esfuerzo y pedir al Estado que se implemente una política más definida en materia espacial, a fin de no retrasar el trabajo iniciado con el proyecto FASAT, petición que hizo presente el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General don Patricio Ríos, durante la celebración del septuagésimo aniversario de su Institución.
También debemos resaltar su destacada participación en la actividad internacional, tanto a través de medidas de confianza mutua y de colaboración con otras fuerzas aéreas de la región, así como su participación en operaciones internacionales de paz.
Gracias a su experiencia, por el prestigio y capacidad profesional de sus integrantes, a la Fuerza Aérea de Chile le ha sido relativamente fácil organizar, desde 1980, una de las muestras aeronáuticas más importantes del mundo: la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, la cual, aparte exhibir tecnología y destreza, se ha convertido en un hito en las ferias de este tipo en el mundo.
Señores oficiales, en esta oportunidad, no puedo dejar de agradecer a ustedes y a su personal, como chileno de bien, la delicada y compleja operación aérea que realizara la FACH, en cumplimiento de lo dispuesto por el Supremo Gobierno, al traer de regreso a la Patria a nuestro colega Senador, ex Presidente de la República y ex Comandante en Jefe del Ejército, don Augusto Pinochet Ugarte, quien estuviera 504 días en un oprobioso cautiverio dispuesto por el Gobierno de Reino Unido, ante la petición de un juez del imperial Gobierno español, infiriendo un ignominioso atentado no sólo a la investidura de nuestro Senador, sino también a la soberanía nacional.
La delicada misión, cumplida con total éxito, fue el más fiel testimonio del prestigio, capacidad y experiencia alcanzadas en estos setenta años.
La Institución, inspirada en los mismos principios y valores de los aviadores precursores de las primeras décadas del siglo XX, ha dado un paso trascendental al incorporar recientemente a un selecto grupo de jóvenes mujeres a su escalafón de oficiales, como ya lo han hecho otras instituciones militares de naciones desarrolladas. Esto es un primer paso. Confiamos en que los resultados de esa experiencia serán ampliamente satisfactorios para la mujer, la Fuerza Aérea y la sociedad chilena. Ello, sin lugar a dudas, permitirá a esa rama de la Defensa seguir una constante trayectoria de progreso, que hoy la distingue como un organismo altamente eficiente en el concierto aéreo mundial.
Chile reconoce en su Fuerza Aérea a un valioso y leal componente de la Defensa Nacional, por sus desvelos en la protección y seguridad del espacio aéreo y su permanente apoyo al desarrollo de la aviación civil nacional, a la que siente como parte integral de su ser como institución.
Señor Presidente, señores Senadores, usando las mismas palabras empleadas por el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General don Patricio Ríos, en su último discurso, hago votos para que el país siga contando con una Fuerza Aérea "sólida, madura y eficiente, porque tenemos que seguir mirando al frente, al futuro, donde está el progreso y la superación, hacia donde se dirige la civilización en el milenio que iniciaremos".
He dicho.
--(Aplausos).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señoras Senadoras, señores Senadores, la unanimidad de los Comités me ha solicitado adherir al homenaje en nombre de todos los miembros de esta Alta Cámara.
Hace algunos momentos tuvimos ocasión de reunirnos con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire señor Patricio Ríos, y un grupo representativo del Cuerpo de Generales de esa Institución. Allí les hicimos presente nuestro reconocimiento y homenaje. Sin embargo, en virtud del encargo que se me hizo, quiero reiterar algunos conceptos que expresé ante esa distinguida delegación.
Nadie puede negar que la Fuerza Aérea se ha ganado un merecido reconocimiento, tanto nacional como internacional. Podemos decirlo con orgullo: la Fuerza Aérea de Chile es un órgano de la República que tiene el respeto ciudadano; que ha ejecutado las funciones que le han sido encomendadas por la Constitución y la ley no sólo en lo que se refiere a la defensa de nuestra soberanía, al desarrollar el potencial disuasivo junto a las otras ramas castrenses -Ejército y Marina-, sino que, además, se ha asentado a lo largo y ancho del país en sus bases y establecimientos, potenciando nuestra soberanía en los territorios insulares -como Isla de Pascua- y en el continente antártico. Pero ha ido aún más allá. Se ha proyectado en el extranjero, especialmente en los últimos años, participando con éxito en misiones de paz emprendidas por las Naciones Unidas.
La Fuerza Aérea a través de sus escuelas de formación ha moldeado a quienes han sido y a quienes en la actualidad son sus integrantes, de forma tal que todo su quehacer se ha ido marcando y se marca con el signo de la excelencia. Por eso, no es de extrañar que su tarea se haya traducido en los frutos que hoy recogemos. Estoy seguro ¿y así se lo manifesté al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea- de que el próximo tiempo también será promisorio, tanto para la Institución como para la comunidad nacional.
Como manifesté a la delegación, creo que esta oportunidad es propicia no sólo para tributar un justo homenaje a la Fuerza Aérea de Chile con motivo de cumplir 70 años de vida, sino igualmente para aunar los esfuerzos de los ciudadanos que representamos la soberanía popular y los de quienes ostentan las armas para resguardar la soberanía nacional, y así, juntos, comprometernos con el país en un proyecto donde el único norte sea el irrestricto respeto a las instituciones democráticas, donde siempre predomine el interés superior de la patria por sobre nuestras personas.
Pienso que aún nos falta camino por transitar para lograrlo. Ello sólo lo alcanzaremos cuando cada uno de nosotros sepa respetar al otro como persona y en sus visiones de la historia y del futuro de la nación.
No hay posibilidad de construir patria si no tenemos capacidad para respetar nuestras ideas y pensamientos. La unidad nacional sólo puede construirse reconociendo nuestras diversidades y defectos, y las virtudes de los demás.
Ésa es la tarea común entre las Instituciones Armadas y el Senado. Estoy seguro de que los 70 años de historia de nuestra Fuerza Aérea son un buen cimiento para soñar con un proyecto conjunto de país.
Muchas gracias.
--(Aplausos).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vega.

El señor VEGA.- Señor Presidente, lo expresado tanto por el Senador señor Cordero como por Su Señoría constituye una motivación y un reconocimiento legítimo para la Fuerza Aérea de Chile, que recién ha cumplido 70 años.
Conozco desde siempre a la Institución pues tuve el privilegio de pertenecer a ella durante 40 años. Por tal motivo, quiero hacer algunas reflexiones adicionales.
La Fuerza Aérea se encuentra en la cúspide de la tecnología. En estos 70 años ha alcanzado sobresalientes niveles de desarrollo en una tecnología tremendamente compleja y difícil. Estimo necesario recalcar algunos de esos logros.
Uno de ellos lo constituye la FIDAE 2000, que acaba de terminar. En ella participaron 400 expositores de 35 países y contó con la presencia de 7 mil 200 visitantes extranjeros y más de 300 mil nacionales.
La FIDAE 2000 representa una síntesis de lo que la Fuerza Aérea ha realizado en estos 70 años; es la expresión directa de la tecnología del presente que la Institución ha conseguido trasuntar en este campo internacional; es una integración práctica y exitosa entre una institución armada y el vasto conocimiento del desarrollo civil que necesariamente alcanza; constituye un ejemplo de cómo civiles y militares confluyen en el esfuerzo común de dar progreso a una nación en el mundo; es un esfuerzo internacional notable que efectúa, en forma única y exclusiva en el mundo, la Fuerza Aérea de Chile.
Por su naturaleza, la Fuerza Aérea debe emplear tecnología de vanguardia. De lo contrario, no sería una Institución de la Defensa Nacional.
El espacio y su conocimiento teórico y práctico es lo que permite la gran inspiración humana que domina hoy todo progreso y aparece como emblema de la modernidad y manifestación de nuestras libertades en su expresión esencial. Chile fue pionero ¿muy precoz- en este ámbito desde comienzos de siglo. Hay un famoso informe, elaborado en 1910 por el Coronel Dartnell, en el cual se visualiza en forma muy certera el desarrollo que tendrán la aeronáutica y el espacio.
El Coronel Dartnell fue el primero en postular que el avión y el espacio no eran solamente una tercera dimensión del campo de batalla, sino un factor integrador del mundo, de las regiones y de nuestro territorio.
Esa razón fue preponderante en la creación de la Escuela de Aviación y en otros hechos, como la venida de la Misión Houston, en 1918; la preparación de Dagoberto Godoy en el cruce de los Andes; el "raid" del Comandante Aracena, de Santiago a Río de Janeiro; los viajes a Isla de Pascua, que mencionó el Senador señor Cordero, a la Antártica, al Polo Sur; los vuelos supersónicos, la sonda espacial, Kuwait, Londres, Irak. Es una trayectoria muy exclusiva por su multifacético aporte a nuestra sociedad y al desarrollo del país.
Por lo tanto, ese conocimiento, motor de nuestra Fuerza Aérea, es en este particular caso un signo de unidad en medio de la diversidad en que hoy se mueve el mundo. A través del espacio, hoy, este conocimiento (como ocurrió en Grecia) ha vuelto a traspasar las fronteras, sean éstas físicas, políticas, culturales o religiosas.
La Fuerza Aérea, por doctrina, se desenvuelve en este espacio natural del mundo, razón por la cual su gran esfuerzo se concentra en perfeccionar los diversos sistemas aeronáuticos y espaciales de nuestra patria.
El espacio que nos rodea nos ha seducido desde siempre porque sabemos que encierra los grandes misterios que nos presenta la vida. Sentimos y sabemos, ante su inmensidad, que cualquiera de nuestras diferencias humanas se reduce a detalles, llevándonos a una realidad esencial de igualdad ante Dios. No tenemos una clara definición jurídica de lo que es el espacio; no la poseen las Naciones Unidas; tampoco nosotros, excepto el control del espacio troposférico que nos entrega la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), el que más o menos coincide con el concepto de "mar presencial".
Estamos, sin embargo, en el comienzo de los comienzos, y por eso el gran interés de la Fuerza Aérea y de nuestro Gobierno por crear la Agencia Nacional del Espacio, conscientes de la utilidad práctica y cotidiana de las tecnologías espaciales en nuestro desenvolvimiento y progreso.
El 80 por ciento del conocimiento humano se ha desarrollado durante estos últimos sesenta años, tiempo que prácticamente abarca la vida de la Institución a la cual rendimos hoy este merecido homenaje. Las circunstancias que la rodean son muy distintas a las de su origen, por supuesto: tecnologías sofisticadas, potencial humano exclusivo, escenario político globalizado, misión, espacio. Todo ello demanda relaciones políticas fluidas y directas; requiere del cumplimiento de las responsabilidades en cada nivel, de respeto mutuo en función de este nuevo escenario.
Su formalización, en 1930, es consecuencia de un complejo escenario que nace con el siglo. En sí misma, la Fuerza Aérea de Chile es conclusión de este escenario, y la razón por la cual se proyectó con energía y realidad en este maravilloso presente. La preocupación del Gobierno y la de su Alto Mando por modernizarla fortalece nuestra sociedad y nuestra democracia.
Señor Presidente, señores Senadores, estimados camaradas, serví a la Fuerza Aérea de Chile, como ustedes saben, durante cuarenta o más años, y, a través de ella, a mi patria. No puedo, por eso, dejar pasar esta ocasión sin agradecer al Senado de la República y a su Presidente el gesto que han tenido para con la Fuerza Aérea, y, al mismo tiempo, felicitar a cada uno de sus integrantes, a su Comandante en Jefe, a su Alto Mando, a cada uno de ustedes, hombres y mujeres que entregan su esfuerzo y sacrificio a la grandeza de nuestra patria.
He dicho.
--(Aplausos).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Carmen Frei.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, aunque no estaba inscrita para intervenir, quisiera expresar un testimonio personal.
En el mes de enero pasado, la señora esposa del Intendente de la Segunda Región sufrió un accidente gravísimo que hizo necesario trasladarla a Santiago. En esa oportunidad tomamos contacto con la Fuerza Aérea, cuyos efectivos atendieron la emergencia con delicadeza y cuidado extraordinarios. Desgraciadamente, la señora falleció y fue necesario retornar sus restos. En todos aquellos quehaceres, extremadamente duros, la Fuerza Aérea mostró una sensibilidad y solicitud para prestar su ayuda como pocas veces suele verse entre nosotros.
He pedido la palabra para resaltar aquella actitud y para manifestar mi agradecimiento a la Institución, ya que muchas veces uno critica, pero no da las gracias cuando las cosas se hacen bien. En verdad, lo que el personal de la Fuerza Aérea realizó en esa oportunidad es para mí motivo de orgullo, como lo es el que exista este tipo de instituciones en nuestro país. Siento que tengo con ellos una deuda permanente, porque esa vez pude conocerlos en el aspecto humano, que muchas veces no se percibe detrás de un uniforme, pero que yo comprobé muy cercanamente al verlos actuar como personas atentas, amables y extremadamente eficientes.
Reitero mi agradecimiento, y lo hago en especial hacia la persona del Senador señor Vega, que está con nosotros, y le expreso mis mejores felicitaciones. Se trata de una rama de las Fuerzas Armadas, de las cuales a menudo se piensa que sólo están para defendernos o para hacer la guerra; pero cuando se tiene la oportunidad de verlos actuar con tanta prontitud, delicadeza y eficiencia, se siente, como yo ahora, el deber de mostrarles nuestra gratitud.
He dicho.
--(Aplausos).


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se suspende la sesión por algunos minutos.
______________
--Se suspendió a las 16:51.
--Se reanudó a las 16:53.
______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la sesión.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN A CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN MATERIA DE FUERO


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día, figura el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Hamilton, Larraín y Viera-Gallo, que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a las personas que tienen fuero constitucional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2481-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los señores Hamilton, Larraín y Viera-Gallo):
En primer trámite, sesión 27ª, en 4 de abril de 2000.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El proyecto será informado verbalmente por el Honorable señor Díez, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, el informe de la Comisión ya ha sido distribuido.

El señor DÍEZ.- Así es.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¡Muy bien!

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, con motivo de la reforma constitucional aprobada en el Congreso Pleno con fecha 25 de marzo; y en la creencia de que las disposiciones constitucionales se bastan a sí mismas, y que aún así resulta útil explicitar con mayor claridad las características del fuero que se otorga a los ex Presidentes de la República, los Senadores señores Hamilton, Larraín y Viera-Gallo presentaron un proyecto de ley al que el Primer Mandatario hizo presente la urgencia con el carácter de "Discusión Inmediata".
El asunto que enfrentamos es muy simple.
Esta mañana, la Comisión de Constitución, por unanimidad, acordó recomendar a la Sala la aprobación del proyecto, el cual, si bien se tramita mientras aún no se halla vigente la reforma constitucional, tendrá aplicación se apruebe o no se apruebe ésta, como se desprende de su propia lectura. En efecto, tanto el de Procedimiento Penal como el Código Orgánico de Tribunales se refieren en lo relativo a esta materia a los Diputados y Senadores. Y lo que hace el proyecto es reemplazar esas expresiones por "las personas a quienes les sea aplicable el fuero del artículo 58 de la Constitución Política de la República", que hoy sólo son los Diputados y Senadores, pero que también lo serán los ex Presidentes de la República una vez que comience a regir la reforma constitucional pertinente.
De esta manera, queda en claro que el proyecto en debate tiene valor aun cuando dicha reforma no se encuentre publicada, y también que, pese a introducir modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales, no requiere informe de la Corte Suprema de acuerdo con el artículo 74 de la Carta Fundamental, por cuanto, en los términos en que ha sido despachado, no introduce alteración alguna en las atribuciones de los tribunales de justicia, ya que se limita a reemplazar los actuales vocablos que emplea la ley sin modificar en absoluto el fondo de la norma. En efecto, el alcance de las locuciones "las personas a quienes les fueren aplicables los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 58 de la Constitución Política de la República" y "las personas con el fuero del artículo 58 de la Constitución" está determinado por la propia Carta Fundamental. En consecuencia, el fuero, mientras no entre en vigor la reforma constitucional, sólo debe entenderse referido a los Diputados y Senadores, y una vez que ésta entre a regir, se extenderá también a los ex Presidentes de la República. Pero este efecto se producirá por mandato directo del texto constitucional y no a consecuencia de las enmiendas consignadas en esta iniciativa de ley.
Por lo tanto, señor Presidente, la Comisión, por unanimidad, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en la forma en que ha sido despachado por ella.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton, y luego el Honorable señor Larraín.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, concuerdo con la exposición hecha por el señor Presidente de la Comisión de Constitución.
La reforma que ratificamos en el Congreso Pleno del 25 de marzo recién pasado creó la institución de la "dignidad de los ex Presidentes de la República", que consiste, fundamentalmente, en otorgarles el fuero a que se refieren los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 58 de la Constitución Política de la República, y la dieta que contempla el artículo 59 de la misma. El Presidente de la República ha asegurado que no le formulará observaciones; y cuenta con 30 días para promulgarla a contar de la fecha señalada.
La nueva disposición constitucional regirá y producirá sus efectos desde su publicación en el Diario Oficial, según corresponde y como quedó en claro en el Congreso Pleno en que la reforma fue ratificada.
No obstante lo anterior, y con el exclusivo objeto de adecuar las disposiciones que rigen el fuero a que se refiere el artículo 58 a la normativa de la reforma que lo hace aplicable a los ex Presidentes, hemos planteado, junto a los Senadores señores Larraín y Viera-Gallo, el proyecto de ley que ahora discutimos y respecto del cual el Gobierno ha dispuesto el trámite de "Discusión Inmediata".
El proyecto modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo al procedimiento, y el Código Orgánico de Tribunales, en lo que concierne a la competencia en todo lo pertinente al fuero parlamentario, para hacerlo extensivo a todas las personas que gocen de dicho beneficio; es decir, también a los ex Presidentes que puedan acceder a él de acuerdo con la reforma aprobada, una vez que ella se promulgue.
Donde en esas disposiciones se habla de Diputados y Senadores, se reemplaza esa referencia por "las personas con el fuero del artículo 58 de la Constitución". No existe en esta materia sino la adecuación de las referidas normas legales a la disposición constitucional aprobada, ratificada y pronta a ser promulgada.
Por esas razones y con el perfeccionamiento producido al proyecto en la Comisión, el informe propone su aprobación por la unanimidad de sus miembros.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, junto con manifestar mi acuerdo con quienes han hecho uso de la palabra respecto de este proyecto, quiero simplemente enfatizar un aspecto que me parece necesario.

En mi opinión, la iniciativa de ley que yo mismo patrociné no es en rigor necesaria. Y creo muy importante precisarlo. Por lo demás, así lo manifestamos en el considerando 4, el cual dice lo siguiente: "4.- Que, consecuente con lo anterior y aún entendiendo que las normas constitucionales se bastan a sí mismas,¿". Vale decir, el solo texto de la norma constitucional despachada por ambas Cámaras y ratificada por el Congreso Pleno es suficiente para entender que el fuero que se entrega a los ex Presidentes de la República es exactamente el mismo que tienen los parlamentarios; y que, en consecuencia, no se les da a los ex Mandatarios un derecho adicional o distinto. Para evitar dudas o suspicacias y para ayudar a que esa interpretación sea la correcta, hemos creído oportuno hacer presente a través de esta normativa las modificaciones correspondientes al Código de Procedimiento Penal.
Para los efectos de no modificar una doctrina vigente desde hace ya varios años, creo importante subrayar que las disposiciones constitucionales se bastan a sí mismas y que no requieren de otras normas de jerarquía inferior para su aplicación. Porque, de entenderse que por aprobar esta norma se modificaría esa doctrina, estaríamos cometiendo un grave error y limitando la doctrina constitucional de que las normas constitucionales se aplican directamente.
A mi juicio, señor Presidente, éste es un tema de carácter doctrinario muy importante para la jurisprudencia futura respecto del resto de las normas de nuestra Constitución.
Hemos avanzado en cuanto a dar eficacia jurídica directa a la Carta Fundamental y a que para ningún efecto se pueda interpretar en lo futuro que esta norma modifica alguna de las disposiciones de ella. Quiero entender ¿y todos lo hacemos así- que la aprobación del proyecto en debate obedece a las razones que aquí se han hecho valer: se trata de una cuestión de utilidad y de conveniencia, pero no porque sea necesaria en estricto rigor, dados el hecho de que el tenor de la norma constitucional es suficientemente explícito y la circunstancia de que ya está establecida en nuestra doctrina, en nuestros tribunales y en el entendimiento del propio Senado y del Congreso que las disposiciones constitucionales se bastan a sí mismas y que no requieren de normas de grado inferior en su jerarquía para lograr su aplicación plena.
En ese sentido, señor Presidente, ciertamente reitero mi acuerdo con el proyecto y con el texto despachado por la Comisión, pues cuando nosotros lo redactamos, en realidad, estábamos pensando en que ya iba a estar promulgada la reforma constitucional recientemente ratificada. Pero, como no lo está, y si se quiere avanzar, había que cambiar su tenor literal, para que fuera constitucionalmente procedente.
Creo que con el informe y el trabajo de la Comisión de Constitución se ha cumplido con ese objetivo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, señores Senadores, se ha dicho claramente que la Carta Fundamental o sus normas se bastan a sí mismas.
A mí me parece que aquí estamos en un proceso ilógico: el Presidente de la República ha recibido una modificación constitucional aprobada por el Congreso Pleno; pero ella no se ha publicado. Y, mientras así no suceda, no existe la norma. Pero, simultáneamente, queremos introducir una enmienda a los códigos civiles respectivos sin que exista la norma a que ella se refiere.
Entonces, en mi opinión, hay un contrasentido. Porque esto mismo podría haberse indicado o establecido al momento de la reforma constitucional. No se hizo. Y ahora estamos en un tiempo neutral. ¿Dónde está esa reforma? En poder de Su Excelencia el Presidente de la República. ¿Se ha publicado? No, pero nosotros ya estaríamos agregando a los códigos aspectos que no tienen justificación ni respaldo legal-constitucional. Me parece un procedimiento ilógico.
No soy partidario de aprobar el proyecto en debate, porque se pretende introducir una modificación de extraordinaria importancia en los procedimientos legislativos, la que después puede tener consecuencias graves en el futuro.
Ésta es una brecha que me parece peligrosísima en la doctrina constitucional. Sugiero al Honorable Senado que esta materia se trate una vez que esté aprobada la reforma. Es lo que corresponde. Si no, estaríamos aprovechándonos de una norma que no está publicada, que no existe en la Constitución y que no es ley de la República; y sin embargo le estaríamos agregando algo a los códigos que no tiene sustento legal.
En mi opinión, es sumamente importante y grave lo que está ocurriendo, señor Presidente: lo que en el fondo se quiere es dictar leyes con nombres. Y como Senadores de la República debemos velar por los principios y comprender claramente que al respecto no podemos cometer errores que después puedan traer consecuencias extraordinarias para el futuro legislativo de Chile.
Por estas razones, señor Presidente, no estoy de acuerdo con el proyecto en debate. Creo que aquí hay una precipitación. Sugiero ¿con especial énfasis- que, una vez que Su Excelencia el Presidente de la República promulgue la reforma ¿puede vetarla también-, procedamos a tratar el tema. Ni siquiera a eso le hemos dado espacio y, sin embargo, estamos modificando algo que no existe. Esto no tiene sustento legal. Estamos introduciendo modificaciones a los códigos sin ningún sustento legal, porque la reforma no se ha publicado en el "Diario Oficial" ni se ha introducido aún en la Constitución Política de la República. Esto lo quiero dejar en claro. Soy contrario a tal procedimiento. Lo considero ¿insisto- gravísimo para el futuro. Estamos abriendo una brecha en la doctrina constitucional, y eso es inaceptable.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, creo que parte del equívoco producido se debe a que no se precisó la causa o razón para dar fuero a quien haya ejercido la Primera Magistratura de la Nación. Porque la razón no es igual, similar o equivalente a la que existe para reconocer fuero a quien es representante de la soberanía y ejerce un cargo parlamentario. En este caso, se justifica, porque se quiere y se busca que quien ejerce la soberanía popular o la representa tenga algunos atributos que le permitan desempeñar fielmente el cargo.
Pero diferente es si queremos dar fuero a quien ha ejercido la Primera Magistratura de la Nación. Aquí el fuero se da en razón de otro principio, el cual por cierto vale en una institucionalidad, para que él se pueda reconocer por todos: la dignidad del cargo. Quien fue Presidente de la República va a tener fuero por la dignidad del cargo que ejerció. Pero no es similar o equivalente a quien ejerce un cargo parlamentario, el cual lo tiene en razón del ejercicio de la soberanía.
Me alegro que la situación haya quedado debidamente precisada en la Comisión de Constitución por el Honorable señor Díez. Eso aclara el problema y evita la repetición de discusiones como las de estos días y que no se compadecen con la reforma que se llevó adelante y menos con el procedimiento que debemos emplear para construir un sistema democrático, donde las personas que han ejercido un alto cargo tengan también un reconocimiento en las instituciones, según la forma en que la disposición va a quedar.
Con todo, creo que era excesivo. Quizás, sea de una buena técnica legislativa la modificación que hoy día hacemos. Pero, para precisar y dejar las cosas en claro, apruebo el proyecto conforme al sentido de mi argumentación dada en la primera parte.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, aquí hay dos órdenes de materias distintas. Uno se refiere a la reforma aprobada por el Congreso Pleno. Si está claro que el Presidente de la República no la va a vetar, según lo ha indicado y después de haberle dado "Discusión Inmediata" al proyecto, de lo que se trata únicamente es de adecuar la norma procesal penal a la nueva realidad constitucional. Eso es algo normal, más allá ¿como bien han señalado los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra- del hecho que el Texto Fundamental tenga un valor directo en sí mismo.
En segundo término, no hay vicio alguno en la tramitación ¿nada que así pueda aparecer-, a tal punto que se ha tenido el cuidado de buscar la forma de efectuar la enmienda respectiva sin hacer referencia a la nueva reforma.
Por lo tanto, no existe impedimento alguno para tratar el proyecto en debate. Por algo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por unanimidad, le dio su aprobación.
En tal sentido, a mi juicio, corresponde que el Congreso lo apruebe. Si ambas ramas del Parlamento así lo hicieren, el Presidente de la República tendrá en sus manos ambos textos y promulgará primero la reforma a la Constitución, y luego, la adecuación a la ley. No habrá ningún problema.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, deseo aludir a dos asuntos: en primer lugar, a lo que acaba de señalar el Senador señor Viera-Gallo, en el sentido de que aquí no hay error ni vicio de procedimiento, por cuanto a las personas a las cuales se hace referencia les es aplicable el artículo 58. Por lo tanto, mientras no se promulgue la reforma constitucional, la normativa rige para los Senadores y Diputados, y luego, se agregarán los ex Presidentes de la República. De manera que, evidentemente, no existe ningún tipo de error o vicio.
En segundo término, es importante que quede en la historia de la ley el hecho de que ésta es una enmienda que tiene por objeto adecuar terminología y contenido expreso; pero, en realidad, la reforma constitucional se basta a sí misma.
Por lo tanto, debe entenderse ¿como lo señaló el Senador señor Larraín- que no estamos alterando una jurisprudencia de siempre.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si me permite la Sala, deseo hacer algunas observaciones al respecto. En mi calidad de Senador, intervine en el debate de la reforma constitucional y expresé que tenía la convicción jurídica absoluta de que el fuero que aprobamos era el mismo que se otorgaba a Senadores y Diputados y no uno nuevo. Por lo tanto, estimé que no era procedente modificar ningún otro precepto. Sin embargo, cuando se anunció el proyecto en análisis, dije ante la opinión pública que, a mi juicio, éste no era necesario, pero que lo aceptaba -porque lo que abunda no daña-, siempre que no se alterara la norma constitucional.
Me parece que la argumentación dada por el Honorable señor Martínez carece de fundamento, sobre todo por la modificación efectuada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y por lo que señaló el Senador señor Boeninger.
Si se aprobara la iniciativa en comento, aun cuando no haya habido reforma constitucional, no innovaría en materia alguna, pues se mantendría el mismo fuero de que gozan, conforme con la actual norma constitucional, los Senadores y Diputados. Ahora, el hecho de que la reforma constitucional agregue a los ex Presidentes de la República, se entiende que se refiere al fuero de las personas a que hace alusión el citado artículo 58.
Por lo tanto, afirmar que el proyecto constituiría un precedente que podría crear graves dificultades en materia jurídica, en mi opinión, no lo estimo valedero. Si éste no se hubiese presentado, igualmente se habría aplicado la norma del Código de Procedimiento Penal, en los mismos términos actuales, al fuero que se hizo extensivo a los ex Presidentes de la República.
Por esa razón, votaré a favor de la iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, anuncio que votaré en contra del proyecto por considerarlo consecuente con la actitud que adoptamos frente a la reforma constitucional.
No me parece procedente una iniciativa de esa naturaleza, sobre todo si estamos de acuerdo con la norma según la cual la Constitución se explica por sí misma.
Desde el punto de vista estrictamente procesal, entiendo perfectamente lo que se pretende con el proyecto. Sin embargo, es evidente que, en un mundo donde cada vez más se disminuyen los fueros, nosotros los aumentamos. Estamos yendo contra la corriente de los países, que, en este momento, los reducen, incluso los de los Parlamentarios. En varias naciones, éstos prácticamente ya no son inmunes frente a la acción de la justicia. Eso ha desaparecido en muchas partes. Con mayor razón para quienes no se hallan ejerciendo una actividad. Porque un ex Presidente de la República no está desarrollando tareas propias de un Mandatario; es un ciudadano que tuvo una dignidad, pero que en tanto tal hoy ya no la tiene y sólo la ostenta por el hecho de haber ocupado un alto cargo en el escalafón de la vida pública de un país. Distinto es el caso de los Parlamentarios, quienes ¿a diferencia de los ex Presidentes de la República- permanentemente están ejerciendo tal labor y han sido elegidos para ello.
Por esa razón, creo que aquí estamos yendo contra la corriente de la historia, que señala claramente en todo el mundo que, incluso, los fueros de los Presidentes en ejercicio están disminuyendo. El caso del Primer Mandatario de Estados Unidos, señor Clinton, así lo demuestra en el último tiempo. Es un hecho concreto que en Europa los Presidentes y Primeros Ministros ya no cuentan con los mismos fueros de que gozaban anteriormente.
En tal virtud, como dije, por ser consecuente con mi pronunciamiento sobre la reforma constitucional, voto en contra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.

El señor MORENO.- Señor Presidente, votaré a favor el proyecto; sin embargo, deseo dejar constancia de mi opinión.
Considero que todo el debate llevado a cabo, tanto en la reforma constitucional como en la iniciativa que nos ocupa, probablemente, ha exagerado lo que se buscaba, y estamos dando la imagen de que debemos dictar normas aclaratorias a situaciones que hemos resuelto en Congreso Pleno y que han sido aprobadas, casi por unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, aquí hay un problema de prolijidad legislativa.
Ésa es, por lo menos, mi opinión y deseo que quede constancia de ella.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, voté a favor la reforma constitucional, y del estudio y debate de esa normativa no quedó duda alguna de que se bastaba a sí misma y de que resultaba innecesario entrar a dictar otras disposiciones que complementaran la Constitución. El texto fue largamente debatido en esta Sala y en el Congreso Pleno.
Por lo tanto, el proyecto en análisis carece de todo sentido. No obstante ello, tiene un efecto meramente didáctico o de eficacia de las normas en cuanto a su forma. Sin embargo, en el fondo, no modifica en caso alguno -y no podría hacerlo- la norma constitucional aprobada ni constituye una disposición distinta que pueda contrariar la Carta Fundamental.
En lo que dice relación a la posibilidad de que se apruebe la reforma constitucional, como ésta rige in actu, obviamente, lo hará respecto de todas las situaciones que se estén presentando en ese momento.
Por lo tanto, insisto en que el proyecto en debate no es necesario. No obstante ello -aun cuando discrepo de lo señalado por el señor Presidente, en el sentido de lo que abunda no daña, pues a veces hay cosas que abundan y dañan-, voy a aprobarlo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, también me pronunciaré a favor del proyecto, aun cuando estimo que no era necesario.
Es evidente que, en la reforma constitucional aprobada por ambas Cámaras legislativas y el Congreso Pleno y en los numerosos discursos e intervenciones de los Parlamentarios, quedó claramente establecido el verdadero significado acerca de la materia de que se trata.
La iniciativa que nos ocupa es sólo para mayor abundamiento. En ese sentido, la votaré favorablemente; pero creo que la reforma, por sí sola, establece claramente el sentido que todos le dimos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton en su segundo discurso.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, sólo deseo que no nos salgamos del contexto del proyecto en discusión. Ciertamente, la reforma constitucional se basta a sí misma y aquél no sería ¿como dijo, con razón, el Senador señor Larraín- absolutamente necesario. Sin embargo, tampoco hace daño. Es una adecuación. Porque, de aquí en adelante, el fuero pasa a ser para los Senadores, Diputados y ex Presidentes, y agregar al Código de Procedimiento Penal ¿que sólo contempla a los Parlamentarios- lo que le añade la Constitución, es hasta didáctico y conveniente.
Deseo rectificar dos cosas a un señor Senador, quien señaló que estábamos modificando los Códigos Civiles. Hay un solo Código Civil, y no se toca en esta ocasión. Aquí estamos modificando el Código de Procedimiento Penal y el Orgánico de Tribunales, en lo relativo a los desafueros.
Asimismo, se refirió a una "doctrina constitucional" que estaríamos violando. Por lo tanto, solicito a Su Señoría que en alguna oportunidad, tal vez en la hora de Incidentes, tenga la bondad de explicar a los ignorantes que estamos en la Sala cuál es esa doctrina constitucional que de alguna manera estaríamos vulnerando, porque no tenemos conocimiento de ella.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Esa discusión la dejaremos para otra oportunidad, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, coincido con lo que aquí se ha expresado, especialmente con lo planteado por el Senador señor Fernández. Y no obstante considerar que, en general, el proyecto resulta inútil y redundante, mi propósito es votarlo favorablemente.
Deseo hacer presente, sí, una pequeña observación de redacción, la que me gustaría fuese aclarada por alguno de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En lo concerniente a la modificación del artículo 616 del Código de Procedimiento Penal, se reemplaza la expresión "al Diputado o Senador" por "a la persona con fuero". Éste es el único caso en que no se hace referencia al fuero establecido en el artículo 58 de la Constitución Política.
Pues bien, según consta en el mismo capítulo del Código de Procedimiento Penal, los intendentes y gobernadores también gozan de fuero; pero su desafuero sigue un procedimiento distinto. En ese caso, el Senado de la República debe levantar el fuero.
Sin embargo, tal como figura en el proyecto, la disposición del artículo 616 podría aplicarse ya no a un Diputado, Senador o ex Presidente de la República, sino a un intendente o gobernador. Es decir, mientras el Senado todavía no decreta el desafuero, el tribunal que conozca el proceso podría recibir expreso encargo de la respectiva Corte para tomar ciertas decisiones.
Desconozco si el espíritu de lo aprobado por la Comisión de Constitución fue también extender la norma del artículo 616 al fuero de gobernadores e intendentes. En todo caso, preferiría que aquí se repitiera, al igual que en las demás normas del proyecto, la referencia expresa al fuero del artículo 58 de la Carta Fundamental. Ello evitaría un equívoco que ¿reitero- daría lugar a que la Corte de Apelaciones, estando pendiente el desafuero de un intendente o de un gobernador por parte del Senado, decrete determinadas medidas.
Hago presente esta observación, pues no ha sido reparada por los integrantes de la Comisión.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor URENDA.- Con mucho gusto, Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.- Señor Presidente, lo formulado por el Senador señor Urenda es absolutamente cierto, y se trata solamente de un error de redacción o de tipografía. De modo que la enmienda al artículo 616, que dice: "a la persona con fuero", debe ser reemplazada por la expresión: "a la persona con fuero del artículo 58 de la Constitución". Seguramente, como tantas veces se repetía la referencia al precepto constitucional, se cometió el error de omitirla y, para repararlo, el artículo tiene que redactarse igual como las otras disposiciones de la iniciativa, haciendo mención a la citada norma constitucional.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La Secretaría ha tomado nota de la observación, a fin de considerarla en la redacción final del proyecto.
Agradecemos al Senador señor Urenda su intervención.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, el debate casi ha logrado confundirme. Así que, en verdad, no sé como abordar mi fundamentación.
Sólo quiero manifestar lo siguiente. Como es público y notorio, voté en contra de la citada reforma constitucional, por considerarla inoportuna y estimar que se estaban confundiendo cosas muy distintas. Sin embargo, comparto el criterio expresado por varios señores Senadores, en el sentido de que la reforma no establecía un doble fuero, como se discutió en el país y en el extranjero.
Curiosamente, en esta ocasión me pronunciaré favorablemente, para evitar que el fuero pudiera utilizarse en alguna de las querellas existentes. Porque, finalmente, todo esto tiene que ver con Pinochet, aunque digamos que estamos dictando leyes de carácter general. Pero ésos son los efectos prácticos. Así nadie podrá alegar incoherencia entre el texto constitucional y el Código de Procedimiento Penal.
Por lo anterior, votaré a favor del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, votaré en contra del proyecto, pero por razones distintas.
A mi entender, la reforma constitucional ratificada por el Congreso Pleno hace pocos días planteó, entre otros, dos problemas que deben distinguirse.
El primero de ellos se refiere a la naturaleza del fuero. En ese sentido, el proyecto -como aquí se ha dicho- deja claramente establecido que no se trata de un fuero particular ni de un doble fuero. Y, desde ese punto de vista, la iniciativa cumple con un propósito.
Sin embargo, existe otro problema relacionado con el hecho de si un ex Presidente de la República debe o no gozar de fuero. En mi opinión, un ex Primer Mandatario debe ostentar tal dignidad, pero ella no puede estar asociada a la mantención de dicho beneficio. Y esto corresponde a una discusión más general.
Estimo que el otorgamiento de fuero a un ex Presidente de la República es contrario a nuestra tradición republicana y, en general, a la tradición democrática imperante a nivel internacional.
Por esa razón, votaré en contra del proyecto, pues no comparto el hecho de que un ex Jefe de Estado deba mantener un fuero, independientemente de la naturaleza o de la característica que éste revista.

El señor MARTÍNEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría, en su segundo discurso.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, he sido aludido por un señor Senador, quien me pidió que le aclare la doctrina constitucional.
Ella está explicada en el mismo informe preparado por los Honorables señores Hamilton, Larraín y Viera-Gallo, en el sentido de que las normas constitucionales se bastan a sí mismas.
Y respecto del Código afectado, éste es el de Procedimiento Penal.
Insisto en el siguiente hecho: si uno lee la presentación de los señores Senadores, queda en claro que se está esperando la publicación en el Diario Oficial de la reforma constitucional aprobada por el Parlamento. Pero como aún no ha sido publicada y el proyecto está relacionado con ella, según el informe de la Comisión, ocurre que estamos discutiendo una modificación de los Códigos que, dada su dependencia de la citada reforma constitucional -que no está vigente-, carece de sustento legal. Y, aunque la lógica recomienda la aprobación de tales enmiendas, ésta es materia de otra discusión.
Sin embargo, estamos trabajando sobre el supuesto de que la reforma se encuentra vigente; tal como lo señala el mismo considerando que lo establece...

El señor DÍEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MARTÍNEZ.- Con mucho gusto, señor Senador.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría, con la venia de la Mesa.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, la iniciativa en debate, propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, y Justicia, es esencialmente distinta, no comparte los considerandos del texto original, y en ella no se hace referencia a la reforma constitucional.
En mi intervención expliqué que las disposiciones del proyecto se pueden aplicar se encuentre o no vigente la mencionada enmienda a la Carta Fundamental.
Evidentemente, un discurso elaborado sobre la base de una iniciativa modificada por la Comisión, carece de actualidad y de vigencia respecto del texto que ahora debate la Sala. Éste último, en lo referente al Código de Procedimiento Penal, dice: "Sustitúyese el epígrafe del párrafo primero, por el siguiente:

"1.- De las personas a quienes les sea aplicable el fuero del artículo 58 de la Constitución Política.".
De esa manera se reemplazan todas las expresiones: "un Diputado o Senador" por otra referida a la persona a quien se le aplica el fuero del artículo 58 de la Constitución Política.
Si no hay reforma constitucional, la norma se aplica exclusivamente a Diputados y Senadores, y se trata de un proyecto que tiene iniciativa válida, que puede referirse a las personas o a los parlamentarios. Y si mañana un proyecto de reforma constitucional, tal como lo hizo el recién ratificado respecto de los ex Presidentes de la República, incorpora a otras personas al fuero consignado en el artículo 58 de la Carta Fundamental, también se les aplicará.
Y la coordinación es perfecta, señor Presidente. Se puede sancionar una modificación del Código de Procedimiento Penal absolutamente coherente con la Constitución Política vigente en la forma propuesta por la Comisión, que es distinta de la planteada por los autores de la iniciativa.
Por consiguiente, agradecería a mi Honorable colega que analizara el proyecto tal como está presentado a la Sala, haciendo abstracción de la exposición de motivos de la moción y del texto incluido en ella.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Senador señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, tengo entendido que estamos estudiando el boletín Nº 2.481-07,¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El mismo, señor Senador.

El señor MARTÍNEZ.- ¿que es exactamente el que corresponde a la discusión.
En uno de los considerandos de la moción -es el problema existente- se dice "Que la Constitución Política ha establecido" -o sea, ya está en la Carta- "para los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la República una Senaturía Vitalicia, a contar de su alejamiento¿

El señor DÍEZ.- ¡Eso lo dice la moción, no el proyecto que despachó la Comisión!

El señor MARTÍNEZ.- ...de aquel cargo, siempre que lo hayan ejercido", etcétera.
Entonces, de ahí se parte organizando el sistema. O sea, por diversas consideraciones y en el entendido de que tienen fuero, se plantea toda esta modificación.
Acepto que se puede modificar todo lo que se quiera. Sin embargo, ¿se publicó la reforma? No. Entonces, ¿sobre qué base estamos corrigiendo los Códigos? El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, el Honorable señor Díez señaló que el proyecto primitivo sufrió una alteración sustancial y quedó redactado de tal manera que surtirá efecto haya o no reforma constitucional. Porque, en definitiva, se introduce al Código de Procedimiento Penal una enmienda que hace referencia al artículo 58 de la Constitución. De modo que la consecuencia dependerá de lo que disponga ese precepto de la Carta: si dice "Senadores y Diputados", la norma pertinente de aquel Código será aplicable sólo a ellos; si además alude a los ex Presidentes de la República", procederá también a su respecto.

El señor RÍOS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, lo planteado por el Honorable señor Martínez es muy interesante. Sin embargo, mi impresión es que en definitiva el Primer Mandatario, con los dos proyectos en sus manos, va a promulgar primero el de reforma constitucional y luego el que estamos analizando hoy. A lo mejor, de no aprobarse el que nos ocupa ahora, podría vetar el que enmienda la Carta. En fin, cada cual tiene su percepción sobre el punto.
Ahora bien, aprovechando que estamos discutiendo el tema del fuero, quiero recordar que quienes integramos la Mesa del Senado presentamos una moción para iniciar un proyecto tendiente a modificar el artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales respecto del conocimiento en primera instancia por los Ministros de Corte de Apelaciones de las causas civiles y criminales por crímenes o simples delitos en que sean parte o tengan interés el Presidente de la República, los ex Presidentes de la República, los Ministros de Estado, los Intendentes o Gobernadores, los Embajadores, los Arzobispos, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios Capitulares, etcétera. Pero no ocurre lo mismo con los Senadores y Diputados.
Honorables colegas, hace casi un año y siete meses que un Senador está enjuiciado por un combo que le pegó a un señor a quien teóricamente (ello no se encuentra acreditado) le voló parte de un diente. Se han pedido 67 diligencias, etcétera.
En mi concepto, señor Presidente, nosotros no podemos mantenernos del todo al margen de una situación que afecta a un Senador, independientemente de la opinión que se tenga sobre él, sea de carácter político o de otra naturaleza.
La verdad de las cosas es que esto resulta extremadamente grave.
Me admira y me impresiona el hecho de que, presentado el proyecto que hoy nos ocupa, en tan sólo tres días se haya resuelto y esté a punto de votarse, para luego seguir viaje hacia su promulgación por el Presidente de la República. Nosotros presentamos aquel otro para avanzar en el sentido expuesto, pero lo cierto es que el Ejecutivo no ha manifestado interés por la situación descrita, que afecta al Senado chileno.
Solicito formalmente al señor Presidente que recabe el acuerdo de la Sala a fin de que se envíe un oficio al Primer Mandatario para que incorpore nuestra iniciativa en la Convocatoria, con la urgencia que corresponde, para resolver en definitiva la situación de un Senador que lleva un año y siete meses en proceso de desafuero.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría, del Honorable señor Romero y de quien habla.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente, trataré de ser muy breve.
Aprobé en el Congreso Pleno el proyecto de reforma de la Carta porque se ajustaba a los fundamentos que se invocaron para establecer allí lo que se ha denominado "Estatuto de los Ex Presidentes de la República". Y, esta mañana, en la Comisión de Constitución aprobé la iniciativa que discutimos ahora en la Sala porque, como lo dijo acertadamente su Presidente, si bien la norma sancionada por el Congreso Pleno se basta a sí misma, ningún impedimento hay para modificar el Código de Procedimiento Penal como aquí se procura hacerlo.
Sin embargo -con el perdón del señor Presidente y de Sus Señorías-, resolví intervenir en este momento porque el debate de esta tarde introduce o pretende introducir tales conceptos de confusión que, a mi modesto juicio ¿lo digo con el mayor respeto-, es útil tratar de precisar, sobre todo para la historia de la ley, a fin de que no quede duda alguna acerca de que lo que se está haciendo se halla perfectamente ajustado a las normas del Derecho escrito, a los principios jurídicos y doctrinarios, e inclusive, al léxico que es dable aplicar en esta materia.
Me permito recordar a los señores Senadores ¿porque esto no se ha dicho así- que el fuero de que se ha estado hablando y el que se regula en algunas disposiciones procesales, complementando las normas de la Constitución, es la consecuencia de un principio fundamental: el de que toda persona que acomete una función pública es responsable de las resultas derivadas de su ejercicio. Y cuando se trata de personas que desempeñan una función pública de alto nivel, se les otorga un fuero, que quiere decir, simplemente, que no podrán ser sometidas a juicio sin que previamente se estudie el desafuero.
Ésa es una posibilidad del fuero, que es la consecuencia de la responsabilidad que corresponde a quienes ejercen funciones de alto nivel.
Sin embargo, existe otra modalidad de fuero, que responde al concepto de jerarquía de determinada función y se otorga a algunas personas en razón de la dignidad de ella. Y eso es lo que se está haciendo, por lo demás, respecto de los ex Presidentes de la República.
Por consiguiente, a mi modesto juicio, existe un error al decir que ciertos cargos no deben tener fuero. Los cargos tienen fuero, señor Presidente, ya como consecuencia de una responsabilidad, ya como consecuencia de la jerarquía de la función de que se trata.
Basta acudir al Diccionario de la Real Academia Española, de plena vigencia en Chile, de acuerdo con el Código Civil, para reconocer que la norma en comento se remite en lo jurídico tanto a una como a otra modalidad de fuero: ya al fuero que significa la consecuencia de la responsabilidad de funciones de alta jerarquía, ya al que implica el ejercicio de funciones de dignidad, como las de los ex Presidentes de la República, a quienes se reconoce el fuero per se, no en razón de actos -¡de qué actos se va a tratar si era responsable y tenía fuero en cuanto Presidente activo!-, sino simplemente por su dignidad de ex Jefes de Estado.
Por consiguiente, a mi entender, las expresiones han sido perfectamente bien utilizadas en un caso y otro: tanto en la reforma que se votó hace pocos días en el Congreso Pleno como en el proyecto aprobado esta mañana en nuestra Comisión de Constitución y que ahora se ha sometido a consideración de la Sala.
Anuncio que, por lo expuesto, votaré favorablemente la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habiendo más inscritos, se cierra el debate.
Propongo realizar votación económica.

El señor BITAR.- Señor Presidente, esperaba fundamentar mi voto. Por ello no había intervenido.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar, y luego efectuaremos la votación.

El señor BITAR.- Señor Presidente, no fui ni soy partidario de la reforma constitucional en comento; tampoco fui ni soy partidario de la extensión de fueros a personalidades que han ocupado cargos públicos y que ya no los ejercen. Sin embargo, tal reforma ya fue aprobada, y eso crea una nueva realidad, de la cual no puedo escapar.
Por tanto, si señores Senadores que votaron a favor de la enmienda constitucional estiman útil evitar riesgos de mala interpretación o quieren impedir que el fuero a ex Presidentes de la República se trasforme en una prerrogativa adicional y para ello plantean el proyecto que nos ocupa, yo no obstruiré tal propósito.
En consecuencia, me abstendré.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, por las explicaciones que di, también me voy a abstener.

El señor FREI (don Eduardo).- Por razones obvias, yo me inhabilito, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se aplica el artículo 8º del Reglamento por propia decisión de Su Señoría.

--Con los votos en contra de los Senadores señores Núñez y Ominami; las abstenciones de los Senadores señores Bitar y Martínez, y la inhabilitación del Senador señor Frei, se aprueba en general el proyecto, que, no habiéndose formulado indicaciones, queda aprobado también en particular.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido autorización a Sus Señorías para extender el Orden del Día hasta despachar todos los proyectos que figuran en la tabla, más el relativo al FOGAPE, que incorporamos por decisión unánime de la Sala.
--Así se acuerda.


TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES


El señor RÍOS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares" y su Protocolo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2113-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 7 de septiembre de 1999.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 27ª, en 4 de abril de 2000.
Hacienda, sesión 27ª, en 4 de abril de 2000.

El señor LAGOS (Secretario).- En el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores se establece que los objetivos fundamentales del proyecto de acuerdo son, en primer lugar, comprometer a los Estados Partes a no realizar ninguna explosión nuclear, a prohibir y prevenir cualquier explosión de esta índole en todo lugar sometido a su jurisdicción o control y a no causar ni alentar la realización de esta clase de ensayos atómicos ni participar de ningún modo en ellos; y en segundo término, establecer una organización internacional encargada de velar por el cumplimiento del Tratado y su Protocolo, asegurar la aplicación de sus disposiciones y servir de foro a las consultas y cooperación entre los Estados Partes.
Este Tratado, del cual se hace una descripción en el referido informe, consta en términos generales de un Preámbulo, 17 artículos y un Protocolo.
En mérito de los antecedentes expresados en su informe, la Comisión de Relaciones Exteriores, por unanimidad, prestó su aprobación al proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda estudió los costos de la iniciativa y, sobre la base de los antecedentes contenidos en el informe pertinente, señala que se financiarán con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la parte resolutiva del informe de la Comisión de Hacienda se recomienda aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo despachó la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, debo puntualizar que dicho organismo, a cuyas sesiones asistieron diversas personalidades vinculadas con la materia, aprobó el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros.
El mensaje que fundamenta el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares indica con claridad cuál ha sido la política del Estado chileno al respecto, particularmente por los alcances de los ensayos atómicos realizados en el Pacífico Sur y en China.
También se hace referencia en ese documento a la situación de las estaciones chilenas que tendrán la responsabilidad de cubrir el cuadrante Pacífico-Antártico del Sistema Internacional de Vigilancia. Se explica que habrá dos estaciones sismológicas: en Isla de Pascua y Limón Verde; dos de radionúclidos: en Punta Arenas y Hanga Roa (Isla de Pascua); dos infrasónicas: en Isla de Pascua y Juan Fernández, y una hidroacústica, en Juan Fernández.
Ahora bien, según los antecedentes proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el instrumento en análisis ha sido firmado por 155 Estados y ratificado por 51, dentro de los cuales hay 26 de los 44 requeridos de acuerdo con el artículo XIV del Tratado para que éste entre en vigencia. Han ratificado este Convenio, entre otros, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, España, Francia, Holanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelandia, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica, Suecia y Suiza.
En definitiva, la Comisión de Relaciones Exteriores, por consenso, propone a la Sala aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara Baja.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda conoció el proyecto de acuerdo y también lo aprobó por la unanimidad de sus integrantes.
Simplemente, quiero destacar que el artículo I del Tratado contempla dos obligaciones básicas que contraen los Estados Partes: por un lado, no efectuar explosiones nucleares y prohibir que se lleven a cabo en su territorio, y por otro, no causar ni alentar la realización de cualquier explosión atómica ni participar en ella.
El artículo II crea la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, con sede en Viena, para lograr el objeto del Convenio y asegurar la aplicación de sus disposiciones. Preceptúa que dicha Organización estará constituida por la Conferencia de los Estados Partes, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Técnica, que incluirá un Centro Internacional de Datos.
La autoridad de nuestro país para los efectos de este Tratado será la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
De acuerdo al informe financiero preparado por la Dirección de Presupuestos, el costo del proyecto es de 47 mil dólares anuales hasta entrar en vigencia. De ahí en adelante, se estima que la contribución será mayor, dependiendo su monto, finalmente, del número de Estados participantes y de los planes de acción que se pongan en práctica. Y, como se indicó, el financiamiento será con cargo al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, considero una medida muy importante que Chile ratifique el Tratado en análisis, por las razones aquí expuestas.
Ahora bien, deseo hacer una pregunta a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores respecto a la fecha de entrada en vigencia del Convenio. Porque el artículo XIV señala: "El Presente Tratado entrará en vigor 180 días después de la fecha en que hayan depositado los instrumentos de ratificación todos los Estados enumerados en el anexo 2 al presente Tratado". Resulta que el anexo no aparece entre los antecedentes o, por lo menos, no lo he visto. No me queda claro cuáles son esos países. Se señala que han ratificado veintitantos de 44.
Planteo la pregunta porque después se expresa: "Si el presente Tratado no hubiera entrado en vigor tres años después de la fecha del aniversario de su apertura a la firma", etcétera. Quisiera saber cuándo fue ese momento. Porque, a lo mejor, ya han transcurrido los tres años. Y, en ese caso, se aplica todo un sistema de conferencias. Para que constituya algo práctico, es preciso saber cuándo entrará en vigencia el instrumento que nos ocupa.
Expongo esas consultas, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, por mi parte, también quisiera destacar la importancia del tema, ya que la capacidad de autodestrucción en el planeta no resiste ninguna racionalidad.
Chile, por otro lado, ha sido víctima de los ensayos nucleares, en particular de los desarrollados en el área de Mururoa. Con alegría ¿parcial, para estos efectos-, vemos que el Estado que los realizaba es uno de los firmantes y ha ratificado el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y su Protocolo.
Hoy en día, además, es posible llevar a cabo esas experimentaciones por modelos computacionales. O sea, incluso se pueden evitar aquellas de carácter físico.
El informe de la Comisión de Hacienda puntualiza que sus miembros dejaron constancia de que Chile no realiza pruebas nucleares pero que la suscripción de estos convenios implica gastos, en circunstancias de que a ese trámite no siempre concurren, como tampoco a la ratificación, los países que sí cuentan con la posibilidad de efectuar los ensayos. Cabría agregar que muchos de los Estados firmantes son víctimas de los otros.
El que la sede de la Organización del Tratado, a nivel mundial, sea Viena nos parece más que justificado, porque ahí se halla el Organismo Internacional de Energía Atómica, del mismo modo que la Comisión Chilena de Energía Nuclear sea, para estos efectos, la autoridad nacional.
Sin embargo, es necesario formular algunos alcances respecto del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. En efecto, se señala que parte de un sistema internacional de vigilancia se distribuirá en nuestro territorio continental e insular y que las "estaciones chilenas tendrán la importante responsabilidad de cubrir el cuadrante Pacífico-Antártico de dicha red.". En verdad, ello es relevante, pero, si se revisan los anexos del Protocolo, no se encuentra reflejado. Porque las posibilidades científicas del país ¿que nos consta que posee en la Antártida- no aparecen expresadas en ninguna de las estaciones, ni siquiera en las redes primarias, en las auxiliares, más todas las otras mencionadas. Lo anterior, a diferencia, curiosamente, de los casos de Australia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Creo que media una falla de Relaciones Exteriores por no saber representar el potencial de Chile en la Antártida. O sea, no existe consistencia entre el discurso y los hechos.
Por tal motivo, aparte de dejar consignado el punto, me permito solicitar que se envíe un oficio o se realice una gestión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Chilena de Energía Nuclear y el Instituto Antártico Chileno, para que, tendiente a la incorporación al sistema internacional de vigilancia, se emprenda un esfuerzo acorde con las capacidades y las estaciones físicas del país en el Continente Helado, con el objeto de que se materialice la versión del cuadrante Pacífico-Antártico.
Iba a consultar sobre la ubicación de la estación sismológica de Limón Verde, pero recibí una aclaración directa del Senador señor Romero, quien puede dar más detalles. Porque en un momento dado llegamos a una conclusión que, dadas la longitud y latitud correspondientes, no es efectiva.
Gracias.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Romero, en relación con las consultas expuestas.

El señor ROMERO.- En primer lugar, la autoridad nacional respectiva es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de modo que, frente a la observación del Honorable señor Horvath, procede que el oficio sea dirigido a ella, obviamente.
En seguida, respecto del artículo XIV, la lista "de los Estados miembros de la Conferencia de Desarme, al 18 de junio de 1996, que participaron oficialmente en la labor del período de sesiones de la Conferencia de ese año y que figuran en el cuadro 1 de la edición de abril de 1996 de "Nuclear Power Reactors in the World", del Organismo Internacional de Energía Atómica y de los Estados miembros de la Conferencia de Desarme,"...

El señor VIERA-GALLO.- ¿Me permite una breve interrupción, Honorable colega?
Quizás lo adecuado es que se nos dé una copia. Porque está bien que Su Señoría los lea, mas la memoria...

El señor ROMERO.- No tengo inconveniente, pero, para los efectos...

El señor VIERA-GALLO.- Porque esos datos no se hallan en el informe.

El señor ROMERO.- De todas maneras, también deseo leerlos, para que quede contestada la pregunta que usted formuló. Los Estados son los siguientes: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Irán, Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Viet Nam y Zaire.
Cabe recordar que el tratado entrará en vigor 180 días después de la fecha en que los 44 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación. O sea, ello ocurrirá 180 días después de que lo haya hecho el cuadragésimo cuarto. Una norma señala, sí, que en caso alguno la vigencia comenzará antes de transcurridos dos años desde que quedó abierto a la firma. O sea, se registran dos variables para la entrada en vigor.
Es lo que puedo informar, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, agradezco mucho al Honorable señor Romero. Lamento que el informe respectivo no sea preciso, porque estimo importante, cuando se presenta un texto de esa índole, que los Senadores se impongan de cuáles son las condiciones en que entra en vigencia lo que aprueban.

El señor ROMERO.- Señor Senador,...

El señor VIERA-GALLO.- Y no se dice cuáles de los 44 Estados ya han ratificado. Simplemente, se deja establecido que Estados Unidos no lo ha hecho y que faltan dos de los seis países latinoamericanos comprendidos en la lista de los 44. Y, de estos últimos, me parece que 26 han cumplido el trámite. Pero lo demás permanece un poco en la nebulosa.

El señor ROMERO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor VIERA-GALLO.- Sí, Su Señoría.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Romero.

El señor ROMERO.- La información pertinente se halla en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se expresa que "Es dable señalar que, entre otros, han ratificado el Convenio", etcétera.
Y en el Anexo 2 del Tratado, que acompaña al proyecto de acuerdo, aparece el listado de los Estados...

El señor VIERA-GALLO.- Muchas gracias.
La otra pregunta que quisiera formular obedece a que no me ha quedado claro si han transcurrido tres años desde que el tratado se abrió a la firma. Porque, según el artículo XIV, ese hecho determina una serie de consecuencias. Tal disposición expresa, precisamente: "Si el presente Tratado no hubiera entrado en vigor tres años después de la fecha del aniversario de su apertura a la firma", etcétera.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.

--Queda aprobado en general y en particular.




AMPLIACIÓN DE CAUSAL DE INCOMPATIBILIDAD DE CONSEJEROS DEL BANCO CENTRAL

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Ominami y del ex Senador señor Hormazábal, que modifica el inciso tercero del artículo 14 de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, ampliando la causal de incompatibilidad de los consejeros establecida en la citada norma, con informe de la Comisión de Hacienda. La iniciativa se encuentra en segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2038-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los señores Ominami y Hormazábal):
En primer trámite, sesión 2ª, en 4 de junio de 1997.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 27ª, en 4 de abril de 2000.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se suspende la sesión por cinco minutos.
______________
--Se suspendió a las 18:1.
--Se reanudó a las 18:4.
______________

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para suspender el análisis de la iniciativa hasta la próxima sesión.
Acordado.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.


MODIFICACIÓN DE FONDO DE GARANTÍA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS


El señor RÍOS (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios; deroga la ley Nº 18.645 y dicta demás normas que indica, con informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2426-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 14 de marzo de 2000.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.
Hacienda, sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, solicito a la Mesa recabar la anuencia del Senado para que ingresen a la Sala la Subsecretaria de Hacienda, doña María Eugenia Wagner, y el Coordinador de Finanzas Internacionales de esa Cartera, señor Heinz Rudolph.
--Se autoriza.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LAGOS (Secretario).- En el informe de la Comisión de Hacienda se consigna que el objetivo del proyecto es modificar el decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), con el fin de fortalecerlo mediante el traspaso a éste de los recursos que hoy día están considerados en el Fondo de Garantía para Exportadores no Tradicionales (FOGAEX). Asimismo, se propone suprimir este último Fondo e incorporar como beneficiarios del FOGAPE a los exportadores que eran beneficiados por el FOGAEX y que requieran capital de trabajo para su actividad.
Tanto en esa Comisión como en la de Economía la iniciativa se aprobó por unanimidad sólo en general, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento respecto de los primeros informes.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.


El señor NOVOA.- Pido la palabra.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, la Comisión de Economía dio su aprobación unánime al articulado con el propósito de no retrasar su despacho y de que la Comisión de Hacienda alcanzara a estudiarlo y aclarara algunas dudas surgidas respecto de algunos puntos. Y así ocurrió.
Adoptamos ese procedimiento porque a raíz de la crisis económica que afectó al país muchos pequeños empresarios han tenido problemas operacionales o enfrentado situaciones de incumplimiento de obligaciones, por lo cual no era conveniente dilatar el trámite del proyecto.
El texto contempla fundamentalmente las materias que paso a indicar.
En primer lugar, se deroga el Fondo de Garantía para Exportadores no Tradicionales, que en realidad no ha tenido la utilización esperada, y se traspasan los recursos y los beneficiarios de él al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE).
Con referencia a la disposición pertinente, no hubo duda alguna en la Comisión y fue aprobada. Si bien no nos abocamos a la discusión particular de cada artículo, los analizamos todos en general.
En segundo término, se hace extensiva la garantía del Fondo a la repactación de los créditos que se encuentren en cartera vencida como consecuencia de la crisis económica, de manera que los pequeños empresarios que realizaron ese tipo de operaciones con garantía del Fondo puedan renegociarlas.
Al respecto, provocó dudas la redacción de la norma, que establece un tope de garantía del 20 por ciento de la deuda. Se aclaró que ese tope se refiere a la repactación de créditos vencidos que originalmente no hayan tenido garantía del Fondo. Ahora la tendrán y será de hasta el 20 por ciento del saldo deudor. En cambio, aquellas repactaciones de créditos vencidos contraídos con garantía del Fondo, la que normalmente es mayor y puede llegar al 80 por ciento de la deuda, mantendrán su porcentaje de garantía.
Se nos explicó que dentro de las normas operativas del FOGAPE es perfectamente posible renegociar créditos manteniendo la primitiva garantía; vale decir, no es necesaria una adicional cuando se repacta una obligación.
En todo caso, el Ejecutivo envió hoy una indicación tendiente a precisar el punto, ya aclarado en la Comisión. Esperamos que ella se apruebe a fin de dejarlo establecido en la iniciativa en forma más específica.
El tercer punto se refiere a las repactaciones. Se establecía una exención en el pago del impuesto de la Ley de Timbres y Estampillas. En realidad, ello no debiera sorprender por tratarse de un gravamen que afecta las operaciones de crédito. Se aplica como tasa máxima el 1,2 por ciento (alcanza al 0,1 por ciento mensual), y lo normal cuando se repacta una obligación es que ésta sea la misma anterior, la que continúa y por la cual ya se ha pagado el impuesto. Por eso en la Comisión no vimos inconveniente alguno en aprobar la exención. Eso sí, en el proyecto original se determinaba que se beneficiarían sólo las operaciones vencidas al 31 de agosto de 1999. Al respecto pensamos que, por el transcurso del tiempo, habría muchas de ellas con vencimiento posterior que no alcanzarían a percibir el beneficio. Por lo tanto, el Ejecutivo acogió la sugerencia de los Senadores integrantes tanto de la Comisión de Economía como de la de Hacienda, por lo que se extendió el período de exención hasta el 31 de diciembre del mismo año. A ello corresponde la indicación que tenemos al frente.
Por lo menos en lo que respecta a la Comisión de Economía, las dudas surgidas durante la discusión del proyecto fueron debidamente aclaradas, y el acuerdo unánime que consta en el informe de alguna forma fue ratificado después de oírse las explicaciones formuladas en dos sesiones de la Comisión de Hacienda sobre la materia.
En todo caso, debemos señalar que, a raíz de toda la información recibida, hemos podido constatar que el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios no opera en el nivel deseable. Y se tomó el compromiso, por parte de las Comisiones de Hacienda y de Economía, de reunirse con el Ministro de Economía para ver cómo podrían armonizarse las distintas normas que benefician a esos empresarios, y la forma de hacer más operativa la gestión de sus establecimientos, fundamentales para el desarrollo de la economía del país.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, complementando el informe del señor Presidente de la Comisión de Economía, debo decir que los objetivos básicos del proyecto son cinco: primero, traspasar al FOGAPE los recursos del Fondo de Garantía para Exportadores no Tradicionales, de la ley Nº 18.645; segundo, canalizar a través del mismo Fondo los créditos de fomento a los exportadores no tradicionales; tercero, autorizar la repactación de créditos en mora garantizados por el Fondo; cuarto, eximir transitoriamente del impuesto de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado los documentos que se emitan en esas repactaciones, y quinto, derogar la ley Nº 18.645, y disponer que el FOGAPE sea el sucesor legal del Fondo de Garantía para Exportadores no Tradicionales.
Quizá sería útil agregar algunos de los fundamentos más conceptuales de la iniciativa explicando las razones que llevaron al Ejecutivo a presentar este proyecto, las que son tanto de tipo estructural cuanto de orden coyuntural.
En lo concerniente a las primeras, ellas resultan principalmente del hecho de que la pequeña empresa es considerada más riesgosa, y la banca (éste es un hecho bien conocido) le impone garantías proporcionales a su riesgo. Éstas, en el mercado chileno, pueden llegar incluso al 140 por ciento del monto del crédito. Así, dada la importancia de las garantías exigidas, como colateral, y la reducida capitalización personal y empresarial que presenta la mayor parte de las pequeñas empresas, los financiamientos que se solicitan para proyectos rentables suelen ser rechazados, aprobándose solicitudes asociadas a los de menor calidad, pero con mejores colaterales. Ello representa una doble externalidad negativa.
La finalidad principal de un fondo de garantía de créditos es corregir esta restricción, particularmente en el acceso al financiamiento de mediano y largo plazo. Para enmendar esta falla de mercado se crearon en su época el FOGAPE y el FOGAEX, en la década de los 80. Sin embargo, por fallas institucionales, ninguno de tales fondos ha podido operar con eficacia. El primero, marcado por la irrecuperabilidad de las garantías durante los años 80, no funcionó en la primera mitad de los 90, y sólo tuvo un despegue real a partir de las modificaciones introducidas en 1997. Por su parte, el FOGAEX nunca logró operar en la práctica.
Es a partir de esta experiencia que se ha introducido un conjunto de mejoramientos, contenidos en el presente proyecto y que buscan hacer operativo el Fondo, tratando de responder a las razones de tipo estructural.
Por otra parte están las causas de orden coyuntural. Como resultado de la recesión del año pasado, las pequeñas y medianas empresas, en especial las del sector transporte, que no suelen ser sujetos de crédito bancario, quedaron con una alta morosidad en el sistema financiero, y además vieron incrementarse sustancialmente su relación deuda-patrimonio. Dada esta situación, la banca privada dejó de otorgar crédito a esas empresas, y presionó por la recuperación de las deudas a través de la liquidación de los deudores.
Más allá de las medidas implementadas por la CORFO y el Banco del Estado para facilitar la renegociación de los deudores morosos, el Gobierno anterior resolvió enviar el proyecto de modificación de la Ley del FOGAPE, el que contiene iniciativas adicionales para apoyar la reestructuración de pasivos de la pequeña y mediana empresa. Tales iniciativas fueron incorporadas en las conversaciones que sostuvo la Administración anterior con los gremios empresariales, en el marco de lo que se denominó el Comité Público Privado de la Pequeña Empresa, y con la Multigremial del Transporte durante el segundo semestre de 1999. Son dichas conversaciones y la forma de solución para hacer posibles las repactaciones lo que origina los artículos 2º y 3º de este proyecto.
Una de las características del artículo 2º es que permite repactar operaciones de leasing bancario, medida que beneficiará a pequeñas empresas, pero también a un sector de transportistas. Esto constituye una situación excepcional porque su aplicabilidad dura sólo 90 días. En efecto, el FOGAPE tiene hasta hoy un uso restringido sólo a créditos, lo que excluía al sector transporte, que por su alto riesgo habitualmente no es sujeto de crédito bancario, financiándose a través de operaciones de leasing. Mediante este proyecto, los transportistas y entidades de leasing dispondrán de una ventaja temporal para reprogramar sus carteras.
Finalmente, como ya se indicó, en la Comisión de Hacienda se convino con el Ejecutivo la presentación a la Sala de una indicación que clarifica lo establecido en el artículo 2º del proyecto en cuanto al tipo de beneficiarios y a las condiciones en que se accede al Fondo.
Por otra parte, a pedido de la Comisión, el Ejecutivo aceptó prorrogar desde el 31 de agosto hasta el 31 de diciembre de 1999 la fecha límite para acogerse a la exención del Impuesto de Timbres y Estampillas establecida en el decreto ley Nº 3.475, de 1980.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.

El señor MORENO.- Señor Presidente, quiero hacer una breve declaración antes de darlo por aprobado.
Obviamente, votaré a favor. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para solicitar al Ejecutivo que a la brevedad posible formule una política completa de apoyo a la pequeña empresa. Ésta es una de las materias que más preocupa a una inmensa masa de personas que, por el sistema económico vigente, se ve enfrentada a la carencia de apoyos efectivos para llevar adelante sus actividades.
Por lo tanto, aprovechando la ocasión en que se discute este asunto, solicito que se oficie en mi nombre, y en el de los señores Senadores que deseen acompañarme, pidiendo al Gobierno que formule una política completa en esta materia.

El señor PIZARRO.- Que sea en nombre del Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente.

El señor NOVOA.- Y en
el de la UDI también, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, en nombre del señor Senador y en el de los Comités que han adherido.

El señor NOVOA.- Creo que debería despacharse en nombre de la Sala, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Muy bien, se enviará el oficio en nombre de la Corporación.
Acordado.

El señor FOXLEY.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, complementando lo dicho recién por el Senador señor Moreno, debo hacer presente que uno de los temas que se plantearon al señor Ministro de Economía en el trámite de la iniciativa en las Comisiones de Economía y de Hacienda ¿y creo que hay bastante consenso en torno de esto- es que la política de fomento de la pequeña empresa en la práctica se ha traducido en la agregación de pequeños programas que se han ido colgando de distintas instituciones públicas. Todos esos programas han partido con una muy buena intención y han terminado con pocos recursos y con una cobertura bastante baja respecto del inmenso universo que representa la pequeña empresa en Chile. De hecho, el FOGAPE no ha efectuado más de 7 mil operaciones en total, en circunstancias de que los pequeños empresarios son bastante más de cien mil.

El señor MORENO.- Son alrededor de 425 mil, Honorable colega, sin contar los del sector agrícola.

El señor FOXLEY.- Gracias, señor Senador.
Es decir, estamos hablando de programas que tienen una cobertura muy, muy baja, y un carácter casi de tipo experimental, de proyectos piloto. Por ello, se señaló al señor Ministro que el comienzo de un nuevo Gobierno es el momento apropiado para hacer una evaluación cruda, fría, del significado actual de esa infinidad de proyectos; de la cobertura que tienen, y de la eficacia relativa de unos y otros. La idea sería debatir tal materia en el Senado ¿así se lo propusimos al señor Ministro-, y que a partir de esa evaluación se pueda hacer un planteamiento mucho más concentrado, de esfuerzo y energía, que, a lo mejor, podría consistir en escoger dos o tres programas a los cuales realmente se los dote de recursos. De esa forma, tendríamos un instrumento que llegaría al sector de la pequeña empresa en su conjunto y no sólo a un mínimo porcentaje de pequeños empresarios, quienes son los que tienen la información y los que están en las redes de contacto con las instituciones públicas, mientras la gran masa queda fuera de estos programas.
Obviamente, aprobaremos el proyecto, pero, como señaló el Senador señor Novoa, en la discusión se demostró la insuficiencia de lo que en él se plantea y la conveniencia de entrar mucho más a fondo en esta materia; y supongo que los Presidentes de las Comisiones de Economía y de Hacienda le recordarán oportunamente al señor Ministro de Economía el compromiso que tomó para que podamos tener un debate sobre estos asuntos, a fin de ayudar a definir una buena política hacia el sector.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
--Se aprueba en general el proyecto.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo unánime de los señores Senadores para incorporar las dos indicaciones que ha hecho llegar Su Excelencia el Presidente de la República.
Acordado.
Queda, por tanto, aprobado el proyecto también en particular.

VI. TIEMPO DE VOTACIONES



ASIGNACIÓN NO PERCIBIDA POR PROFESORES. PROYECTO DE ACUERDO

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En primer término, figura en tabla un proyecto de acuerdo de diversos señores Senadores que tiene por objeto dar una solución definitiva a la situación que afecta a numerosos profesores del país que no han percibido la asignación dispuesta en el artículo 40 del decreto ley Nº 3.551.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba.


RESPALDO A SANTA SEDE ANTE CUESTIONAMIENTO COMO OBSERVADOR PERMANENTE EN NACIONES UNIDAS. PROYECTO DE ACUERDO

El señor RÍOS (Vicepresidente).- El segundo proyecto de acuerdo tiene por finalidad rechazar cualquier acción para con la Santa Sede que en la práctica pudiera importar una modificación a su estatuto de Santo Observador Permanente en las Naciones Unidas.
Si no hay opiniones en contrario, se aprobará.
--Se aprueba.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De los señores CARIOLA, FERNÁNDEZ, LARRAÍN Y STANGE:
Al señor Presidente del Banco del Estado, en lo relativo a NÚMERO DE AGRICULTORES MOROSOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
De los señores CARIOLA, FERNÁNDEZ, NOVOA Y STANGE:
Al señor Ministro de Defensa, en torno a RETIRO DE FUNCIONARIOS DE CARABINEROS.
De los señores CARIOLA, FERNÁNDEZ Y STANGE:
Al señor Ministro de Defensa, en cuanto a AUMENTO DE UNIDADES DE FRONTERAS DEPENDIENTES DE CARABINEROS EN PASOS LIMÍTROFES DE FUTURO RESTABLECIMIENTO.
Al señor Ministro de Hacienda, sobre RENDIMIENTO ANUAL DE IMPUESTO A LAS HERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONACIONES Y COSTO DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS.
De los señores CHADWICK y LARRAÍN:
Al señor Ministro de Justicia, en lo referente a NÚMERO DE MENORES DECLARADOS SIN DISCERNIMIENTO y con relación a DISTRIBUCIÓN DE TRIBUNALES DEL CRIMEN EN EL PAÍS.
De los señores FERNÁNDEZ y STANGE:
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, sobre RESULTADO DE PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO IMPLEMENTADO DURANTE GOBIERNO ANTERIOR.
Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, en torno de POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO NACIONAL E INTERNACIONAL.
De los señores HORVATH, LARRAÍN Y URENDA:
Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional, sobre PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y COSTO DE LOS MISMOS EN LAS MUNICIPALIDADES.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a la señora Ministra de Educación, al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, y a la señora Intendenta de la Región de Aisén, en lo relativo a COBERTURA REGIONAL DEL PROYECTO "ENLACES".
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, al señor Subsecretario de Pesca, al señor Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y a la Asociación Chilena de Acuicultores, sobre CONTAMINACIÓN POR CENTROS DE CULTIVO Y ENGORDA DE SALMONÍDEOS.
Del señor LAGOS:
Al señor Ministro Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, en lo relativo a MOVIMIENTO PORTUARIO DE ÚLTIMO QUINQUENIO EN ARICA E IQUIQUE.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, en cuanto a AVANCE DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ENTRE CHALET QUEMADO Y ESMERALDA BAJO, EN LONGAVÍ (SÉPTIMA REGIÓN).
Al señor Vicepresidente de CORFO, en torno de LÍNEA DE CRÉDITO PARA PEQUEÑA EMPRESA.
______________

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En Incidentes, el Comité Institucionales 2 y el Comité Mixto Partido Por la Democracia no harán uso de su tiempo.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Moreno.


RÉPLICA A SENADORA SEÑORA MATTHEI SOBRE INDAP Y DECAM

El señor MORENO.- Señor Presidente, no es grato para el Senador que habla volver a referirse al tema que voy a tratar, relacionado con la intervención realizada por la Honorable señora Matthei en respuesta a mis palabras relativas a las designaciones del Director Nacional del INDAP y a DECAM.
La señora Senadora no se encuentra presente en este momento. Le avisé que la aludiría en esta sesión; de modo que creo haber cumplido con mi deber de colega y de caballero hacia ella.
En la sesión del 21 de marzo, la Honorable señora Matthei, en respuesta a lo que había sido mi reacción ante las infundadas observaciones que formuló respecto del supuesto "robo" o "fraude" en que habrían incurrido las antiguas autoridades del INDAP, encabezadas por don Luis Marambio, reconoció su equivocación y sostuvo que había utilizado términos no exactos. Pero, desgraciadamente, ese día nuevamente volvió a equivocarse, porque no sólo agregó a las acusaciones que había formulado contra don Luis Marambio diversos cargos que han resultado absolutamente infundados -como quedará demostrado en esta nueva intervención-, sino que, además, expresó su reproche a la designación del nuevo Director Nacional del INDAP, el señor Maximiliano Cox Balmaceda, la cual, a juicio de la señora Senadora, había producido indignación entre los funcionarios y entre los campesinos, porque dicho ejecutivo habría sido designado con el propósito de "tapar" ¿ésa es la palabra exacta que ella utilizó- lo ocurrido con relación a la sociedad DECAM, localizada en la Sexta Región.
Creo lícito preguntarme lo siguiente. ¿La señora Senadora no tiene una preocupación excesiva respecto del INDAP? De hecho, ella lo reconoció en su intervención. Además fue la única parlamentaria que votó en contra del presupuesto de esa entidad. Por lo tanto, debo entender que tenía motivaciones más profundas que las que aparentemente mostraba.
Está en su derecho. Pero, obviamente, no puede utilizar argumentos que denigran a personas, ni hablar de "robo" en su primera intervención o de "fraude", en su segunda. Incluso, llegó a decir que las personas que nombró en la Sala ¿por ejemplo, la señora Liliana Barría y don Rodrigo García, quien, entre otras cosas, es hermano de un Ministro de Estado- están siendo procesadas por los tribunales. Quiero decir que estas personas no han sido procesadas ni se encuentran sumariadas; no existe ninguna imputación o cargo respecto de ellas. Por lo tanto, se trata de una acusación bastante delicada y carente de base.
En su intervención, la señora Senadora agrega que las personas mencionadas, entre otras, deberían ser acusadas conforme al artículo 239 del Código Penal, el cual se refiere a los empleados públicos que deliberadamente han intentado defraudar o consentido que se defraude al Estado con el objeto de infligirle un daño. Esto obviamente es una acusación muy grave. Y nada hay en la conducta de los antiguos o actuales directivos del Instituto de Desarrollo Agropecuario que se encuadre en el criterio por ella sustentado.
Quiero reiterar un concepto que manifesté en mi intervención anterior: todos somos partidarios de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y nadie ¿ni menos quien habla ni los Senadores de la Democracia Cristiana- desea poner cortapisa alguna para que se fiscalice, se investigue o se sancione a quienes en la actividad pública defraudasen o incurriesen en anomalías contra el Estado. Pero ello es muy distinto a que un Senador se convierta en juez de los demás y comience a presionar a los tribunales, tema que hoy día ha estado muy en boga, ya que algunos han rasgado vestiduras ante la afirmación de un Diputado que manifestó una opinión, la cual fue interpretada como presión indebida sobre los tribunales.
En mi opinión, no se puede prejuzgar acerca de qué normas del Código Penal se pueden aplicar, porque eso se hace a través de querellas, las cuales se manejan en los tribunales de justicia y no se debaten ni se resuelven en la Sala del Senado o en la Cámara de Diputados.
Paso ahora a ocuparme del aspecto más sustantivo por ella mencionado.
Como ya el ex director de INDAP don Luis Marambio no está, los fuegos de la Senadora señora Matthei se dirigen ahora al nuevo director de ese organismo, don Maximiliano Cox. Por lo tanto, es lícito concluir que el objetivo de la Honorable colega es atacar al INDAP y a las funciones de tal institución y no a quienes -no por mera casualidad- estaban anteriormente o están en la actualidad a cargo de ella.
¿Y qué es lo que la señora Senadora mencionó en la Sala del Senado, en su intento por probar que la designación de don Maximiliano Cox respondía al propósito de "tapar" el fraude o los escándalos que ella misma había denunciado? Al respecto, citó como antecedente que don Maximiliano Cox, a petición del entonces Cardenal don Raúl Silva Henríquez, junto a otras personas que también mencionó, había formado parte del directorio de la sociedad llamada DECAM, para apoyar a los pequeños campesinos. Y dijo que dicha sociedad había recibido créditos de parte del INDAP en 1997 y durante algunos años anteriores, los que habían sido otorgados por el propio señor Cox, Ministro subrogante en 1994 y 1997.
¿Qué queda en evidencia? En primer lugar, que efectivamente don Maximiliano Cox formó parte de la sociedad originaria de DECAM. Pero lo hizo entre 1983 y 1985. Renunció definitivamente en este último año y nunca más volvió a tener ninguna vinculación con ella. Por lo tanto, la imputación de la Honorable señora Matthei se basa en un hecho ocurrido hace 15 años. Y obviamente, en mi concepto, el Senado ha de comprender que la afirmación de la señora Senadora no se sostiene de ninguna manera.
Todavía más: Su Señoría trató de hilar una historia conforme a la cual el señor Maximiliano Cox, Subsecretario de Agricultura en el Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin, mientras actuaba como Ministro subrogante, había autorizado un crédito para esa sociedad. Efectivamente ésta, al igual que cualquier empresa que funcione en el sector agrícola y en el no agrícola, recibió créditos que posteriormente fue pagando y renovando o renegociando.
La Honorable colega llamó a eso "bicicleta financiera". Creo que Su Señoría debiera mirar un poco a su alrededor para darse cuenta de que hay ciclistas que pueden estar mucho más cercanos a su sector que a otros en esto de la "bicicleta financiera".
Hacer una afirmación de esa naturaleza significa desconocer lo que es un procedimiento habitual de prácticamente todos los negocios agrícolas del país. Me gustaría que se mencionara el nombre de algún empresario agrícola o empresa del ramo que no esté todos los años renegociando legítimamente sus créditos. Forma parte del sistema.
Si eso se puede calificar peyorativamente de "bicicleta financiera", creo que al respecto tendremos que modificar el Código Civil y la nomenclatura con la cual se hace referencia a este tipo de circunstancias.
Pero aún hay más: deseo precisar que don Maximiliano Cox, como Ministro subrogante, en febrero de 1993, según el Ordinario número 93 de esa fecha, efectivamente dio recomendaciones generales tendientes a apoyar a pequeños productores agrícolas de las Regiones Sexta, Séptima, Octava y parcialmente de la Novena, todas las cuales se encontraban en ese momento viviendo una situación económica difícil. Y que a través del decreto correspondiente ¿la señora Senadora sostuvo que la operación se había autorizado ilegalmente; esa fue la terminología que empleó-, el INDAP buscaba beneficiar a la mencionada sociedad, con el objeto de crear una especie de protección artificial, por encontrarse en dificultades económicas.
El correspondiente oficio entregó una recomendación al INDAP. No fueron ni el Ministro ni el Subsecretario los que tenían facultad legal para entregar créditos. Por lo tanto, mal se podría derivar de una afirmación de esa naturaleza que en el hecho había una intencionalidad, como pretendió demostrarlo en sus palabras. En efecto, el entonces Subsecretario, entre más de 15 mil teóricos beneficiarios, dirigía su puntería a una sociedad de la cual hacía prácticamente doce años que no formaba parte. Ella estaba dirigida por campesinos y no había ningún argumento que habilitara una suposición de tal naturaleza.
Por lo tanto, la Honorable colega se volvió a equivocar; pero esta vez lo hizo respecto de la honra de otra persona. Y éste es el punto que me motiva a hablar en el Senado.
Todos sabemos que es muy fácil enlodar a las personas y que resulta muy difícil restituir su credibilidad, si se dejan pasar las afirmaciones que se hacen respecto de su honra. Por eso, quiero dejar establecido que el señor Maximiliano Cox hizo una recomendación en función de una facultad que tenía; no operó en el crédito. Es una persona honorable y correcta. No tiene interés ni vinculación directa o indirecta alguna con ésta u otras sociedades como se le imputa. Y, por lo tanto, no se le nombró para "tapar" el supuesto escándalo aquí denunciado.
Deseo hacer otra afirmación: la Honorable señor Matthei dijo que existía la presunción de que se había querido "tapar" una estafa. Y, por lo tanto, imputó a quienes habían funcionado con DECAM el haberle otorgado créditos en un acto ilegal. Ésa fue más o menos su expresión: que era ilegal lo que se había hecho, porque no podían otorgarse créditos. Lo que nadie le informó oportunamente a la señora Senadora fue que esa sociedad operaba con créditos provenientes de seis de los bancos más importantes del país, y con tres o cuatro de las empresas proveedoras, como SOQUIMICH y otras; que llevaba su contabilidad al día. No hay ningún banco que entregue créditos de cierto monto sin exigir el estado de situación y sin revisar los libros de contabilidad. Es una exigencia mínima, cuya existencia en el funcionamiento comercial todos conocemos.
Por lo tanto, quiero dejar establecido que aquí también la Honorable colega se volvió a equivocar.
Señor Presidente, ahora quiero referirme a la falencia de la sociedad DECAM. Pero hay un elemento, que fue el que motivó que yo hiciera valer mi derecho a réplica en el mismo instante en que la señora Senadora hablaba. El último gerente de esa sociedad, desgraciadamente, se suicidó. Yo lo sabía cuando hablé en el Senado la vez anterior. Pero, por pudor, por respeto, por dignidad de la persona fallecida y de la familia de ese ex funcionario, ex gerente de DECAM, no hice mención a ello. La señora Senadora, probablemente en una expresión que puede haberla traicionado, me preguntó si yo estaba defendiendo o no la honra de la familia de dicho funcionario. Obviamente, es un término agraviante para quien habla, como para cualquier Senador.
Considero que la tragedia experimentada por esa persona y su familia, cualesquiera que sean sus motivaciones, no se halla vinculada ni a don Maximiliano Cox, actual Director de INDAP, ni a don Luis Marambio, ex Director de este organismo, ni al resto de las autoridades que lo acompañan. Me parece una afirmación poco feliz y que requiere de una explicación. Porque, a mi juicio, quienes compartimos escaños en el Senado debemos tener precaución en la terminología que empleamos en materias de esa naturaleza, por estar en juego la dignidad y la honra de esa familia.
Deseo dejar establecido ¿aun cuando no me es grato referirme a este tema- que usaré esta tribuna tantas veces como sea necesario para defender la honra de personas que aquí son aludidas, a quienes conozco de por vida, que son honorables, honestas, correctas, y respecto de las cuales nadie puede, por la vía de una suposición o imputación, tender un velo de sospecha sobre actuaciones que no correspondan a la verdad.
DECAM, como cualquier otra sociedad, puede estar sometida a proceso, a juicio, o a una investigación, la que respaldaré en la forma como lo he hecho.
Quiero referirme finalmente ¿porque no es mi ánimo, sobre todo en ausencia de la señora Senadora, extender esta intervención- a su afirmación de que dicha sociedad fue entregada a modestos campesinos y que éstos, teóricamente, habrían sido aprovechados por un importante funcionario del Gobierno de la época o por alguien que, teniendo mayores conocimientos, podía, en el fondo, usufructuar de su ignorancia. La señora Senadora manifestó que no hablaba ¿y así lo creo- en términos despectivos acerca de quienes denominó como "simples campesinos", según la Versión Taquigráfica que tengo a la vista. La afirmación de "simples campesinos" ¿según sus palabras- era para describir su nivel de escolaridad y su situación económica. No hay "simples campesinos"; hay ciudadanos. Y el hecho de ser campesino no lo hace menos acreedor al respeto y a la dignidad que tienen.
Además, deseo sacarla también de un error: esa sociedad no fue recibida por ningún "simple campesino", sino por las organizaciones nacionales campesinas existentes, las cuales tienen técnicos, asesorías jurídicas, personalidad jurídica.El hecho de que esté formada por modestos campesinos no la hace menos respetable que otra sociedad, cualquiera que sea su denominación. Muchos de los Senadores presentes en la Sala hemos sido elegidos, precisamente, por esos campesinos, a los cuales defenderemos en su dignidad e integridad.
Concluyo mis palabras, señor Presidente, manifestando ¿al igual como lo hizo la señora Senadora- que no tengo nada personal con la Honorable señora Matthei. Nada. No me mueve propósito alguno de atacarla o de contradecirla. ¡Todo lo contrario! Sin embargo, deseo que quede claro para Su Señoría o para cualquier otro miembro de esta Corporación que el Senador que habla no se silenciará ante imputaciones agraviantes, injustas, que lesionan la honra y la dignidad de las personas, vivas o muertas, y que no pueden defenderse porque no tienen acceso a esta Sala.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.


RESPALDO A SANTA SEDE ANTE CUESTIONAMIENTO COMO OBSERVADOR PERMANENTE EN NACIONES UNIDAS. COMUNICACIÓN

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, ante todo, deseo manifestar mi satisfacción, en nombre de todos los señores Senadores que lo suscribieron, por el proyecto de acuerdo que la Sala acaba de aprobar.
Asimismo, en cuanto a la autoridad de la Santa Sede ¿a la que hemos expresado nuestro respaldo unánime ante el propósito de algunas organizaciones de objetar su presencia en las Naciones Unidas por la vía de exigir el retiro de su Observador Permanente-, deseo señalar que su historia diplomática empezó hace mil 600 años, durante el siglo IV después de Cristo, y en la actualidad mantiene relaciones diplomáticas con 165 naciones ¿incluido Chile, naturalmente- y posee 179 misiones diplomáticas permanentes.
Aun cuando la Santa Sede tiene un status jurídico especial, ha participado en numerosas actividades de las Naciones Unidas desde 1946 y, no obstante que pudo ser Estado miembro de dicha organización internacional, decidió no integrarla y optó en 1964 ¿hace más de 36 años- por el status de Observador Permanente.
Deseo recordar que la Santa Sede ¿el Vaticano- es un Estado soberano y que la autoridad de su gobierno radica en el Santo Padre. Por esa razón, precisamente, tiene además reconocida personalidad legal internacional, que le permite firmar tratados con la misma condición jurídica que los demás Estados y mandar y recibir representantes diplomáticos.
Estos antecedentes que he agregado a mi intervención de ayer, confirman que lo hecho por el Senado hace pocos momentos es de mucha trascendencia, porque, precisamente, ya que, por una consideración tan profunda como la que motivó este proyecto de acuerdo, viene a expresar una solidaridad y un respaldo a la autoridad de la Santa Sede, al Sumo Pontífice, a quien nuestro país tanto le debe.
Por último, deseo señalar que éste es el segundo Senado del mundo que expresa su adhesión en tal sentido, ante la amenaza de algunas organizaciones en orden a retirar el estatuto jurídico a la Santa Sede en las Naciones Unidas. Los Senados de Chile y de Estados Unidos son las dos únicas Corporaciones legislativas que hasta hoy han expresado este respaldo y que esperamos que cada vez sea más creciente.
Cabe agregar que uno de los puntos de la resolución adoptada por los Estados Unidos dice que cualquier degradación del status de la Santa Sede dañará las relaciones entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas.
Por lo tanto, no es una materia menor la resolución que hace pocos momentos aprobó el Senado. Al respecto, debo informar que, habiendo sido uno de los firmantes, acabo de conversar con el señor Nuncio-que se dirigirá a Roma en las próximas horas- y me manifestó, informalmente, su gratitud hacia el Senado, lo cual seguramente hará en forma oficial en los próximos días.
Dado lo anterior, solicito ¿ya se lo había adelantado al señor Secretario- que se haga llegar (como lo pedí ayer) al señor Nuncio copia del proyecto de acuerdo y, además, las indicaciones que éste contiene, en cuanto a que, a través de nuestra Cancillería, se remita a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y, desde luego, a su Secretario General, señor Koffi Annan.


MODIFICACIÓN A LEY DE TRÁNSITO. OFICIO

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, la ley Nº 18.290, de Tránsito, en su artículo 209, dispone que, sin perjuicio de las multas que sean procedentes, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia de conducir del infractor responsable de conducción reiterada bajo la influencia de estupefacientes, sustancias sicotrópicas o de alcohol, por tener responsabilidad en forma reincidente en cuasi delito de homicidio o de algunas de las lesiones señaladas en el número 1º del artículo 397 del Código Penal, entre otros casos.
Asimismo, dicha normativa sanciona con pena de cancelación de la licencia de conducir al infractor que es responsable, durante los últimos 12 meses, de tres o más infracciones o contravenciones gravísimas, por haber sido condenado con la suspensión de la licencia de conducir por tres veces dentro de los últimos doce meses, o cuatro dentro de los últimos veinticuatro meses.
A pesar de lo anterior, la norma vigente contempla la posibilidad de solicitar una nueva licencia al Departamento del Tránsito correspondiente, siempre que hubiese transcurrido a lo menos un plazo de dos años contado desde la fecha de cancelación de la respectiva licencia.
He citado estos textos legales porque se está dando una realidad muy compleja. Esta sanción resulta demasiado drástica para quienes cometen faltas que no son, por ejemplo, las de conducir reiteradamente bajo la influencia de estupefacientes, de sustancias sicotrópicas o del alcohol. Se trata de muchas personas que en el lapso de un año han sido sorprendidas, en tres oportunidades, por los mentados fotorradares o por carabineros, superando en zonas urbanas la velocidad permitida - 65 kilómetros por hora cuando el límite es de 60, u 85 cuando es de 80-, por lo cual han sido severamente sancionadas con la suspensión de su licencia.
Precisamente hace unos días un ciudadano me contaba que, al llegar a un cruce en una localidad, mientras transitaba por una carretera, le cursaron una infracción por conducir a 85 kilómetros por hora en un lugar cuyo límite era de 80, siendo sancionado con la suspensión de su licencia. Poco tiempo después le sucedió lo mismo cuando, conduciendo a similar velocidad por la carretera, se acercaba a una ciudad y, por no respetar una señalización de tránsito ¿que han sido objeto de tantos comentarios en estos días-, ubicada en un cruce, fue sancionado nuevamente con suspensión de licencia. Por último, enteró su tercera infracción cuando, al circular por cierta avenida, excedió en cinco la velocidad allí permitida, que era de 60 kilómetros por hora.
Su Señoría está consciente de que se trata de un ciudadano que no es un delincuente que anda manejando en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias extrañas, sino un buen padre de familia -como me consta- que, desplazándose incluso con su familia por una carretera, ha sufrido la desgracia de ser sancionado de esa forma. Sin embargo, al reunir tres infracciones de este tipo en un año, el Servicio de Registro Civil e Identificación, de acuerdo con el mandato que la ley le entrega, informó al juez de policía local la suspensión de la licencia de conducir en forma vitalicia. Cabe, sí, advertir que puede obtener un nueva transcurridos dos años, siempre que se la autoricen.
Por lo tanto, nos hallamos ante una situación tremendamente delicada, porque estamos perjudicando a gente que necesita la licencia de conducir para ganarse la vida. En este caso se encuentran, por ejemplo, los vendedores viajeros que recorren siete mil kilómetros al mes y que, naturalmente, al hacerlo pueden exceder los límites establecidos. Y no se trata de una velocidad que ponga en riesgo la vida de las personas, puesto que a veces pasan a 65 kilómetros por hora donde las señalizaciones ¿tan frecuentes en las carreteras- indican 60, o a 85 cuando fijan 80.
En consecuencia, la Ley de Tránsito resulta, de alguna forma, inadecuada al no diferenciar entre la falta gravísima cometida reiteradamente -estoy total y completamente de acuerdo en que se suspenda de por vida la licencia al irresponsable que causa lesiones o la muerte a alguien por conducir bajo la influencia del alcohol-, y la infracción del ciudadano que transita a una velocidad que ni siquiera es de las máximas, sino que a veces de las mínimas establecidas, y que, sin embargo, provocan tantos inconvenientes a los conductores, situación en la que se encuentran muchísimos ciudadanos.
He conversado con jueces de policía local, quienes me informaron que cuando les llega la resolución del Registro Civil e Identificación no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley y dictar una sentencia que es inapelable.
El ciudadano a que me he referido quedó impedido de conducir por dos años, a lo menos, con la agravante de que si, el día de mañana, se viera compelido a manejar un vehículo para llevar a un hijo o a un familiar a un servicio asistencial y es sorprendido conduciendo sin licencia, no sólo sería multado, sino que terminaría preso. Y si es reincidente, con presidio mayor.
Por consiguiente, como estamos frente a la urgente necesidad de modificar nuestros cuerpos legales en esta materia, hoy en la tarde, junto con el Senador señor Chadwick, hemos presentado un proyecto, para cuya inclusión en la actual legislatura solicitamos oficiar al Presidente de la República.
Es una iniciativa muy simple, con un artículo único, que dice:
"Introdúcese el siguiente inciso segundo al artículo 209 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:
"Con todo, tratándose de un infractor que hubiere sido sancionado por infracciones previstas en las letras c) y d) de este artículo y siempre que ellas no hubieren producido muerte, lesiones o daños, el juez deberá, a petición de parte, sustituir la cancelación a que alude" -que es la de la licencia de conducir- "por pena de multa, la que no podrá ser superior a la señalada en el inciso segundo del artículo 201 ni podrá ser determinado su monto sin desatender las condiciones en que se cometieron los hechos denunciados y la capacidad económica del infractor.".
Esta disposición permite que quienes se encuentran hoy día en la situación descrita puedan resolver sus problemas, sin que de ello se aprovechen los causantes de infracciones gravísimas, pues quedan excepcionados. Asimismo, posibilita que los magistrados, ponderando los hechos -como lo hace todo buen juez con criterio y prudencia-, en el futuro, apliquen una multa diferente, no tan radical como la que deja atadas de manos a personas que para ganarse la vida necesitan de una licencia para conducir un vehículo propio o ajeno.
Por estas consideraciones, solicito también que el Primer Mandatario califique al proyecto con la urgencia del caso, y ojalá éste encuentre en el Parlamento la acogida necesaria para resolver, no una injusticia de la ley, sino un desacierto, un despropósito. No cabe duda de que, en su momento, el legislador buscó sancionar drásticamente al que conducía bajo la influencia del alcohol, pero no a quien comete tres faltas que, no obstante no ser gravísimas, así son consideradas en nuestra legislación.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.


CONTINUACIÓN DE OBRAS VIALES EN ZONA AUSTRAL. OFICIOS

El señor HORVATH.- Señor Presidente, durante la semana regional tuve la oportunidad de recorrer por medios propios la parte sur de la Región de Aisén, visitando las comunas de Río Ibáñez, Chile Chico, Cochrane y Tortel y el puerto Guadal.
Allí me encontré con el Presidente de la República, don Ricardo Lagos, quien realizaba una visita a las dos últimas comunas mencionadas para "inaugurar" un tramo de la carretera austral ya en uso -pero oficialmente, en este caso- que va desde Puerto Yungay hasta Villa O¿Higgins, comuna hasta entonces, pero que, sin embargo, para otros efectos se encuentra, en cierta medida, aislada de Chile.
Cabe destacar y felicitar la labor desarrollada por el Cuerpo Militar del Trabajo del Comando de Ingenieros del Ejército y el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, en la construcción de esta carretera.
Asimismo, tuvimos la posibilidad de visitar y constatar la continuación de las faenas desarrolladas desde Villa O¿Higgins hacia el sector fronterizo de entrada Mayer; la construcción de un camino transversal a la carretera austral en el sector de río Vagabundo, junto al río Baker hacia Tortel, y la continuación de la misma carretera por sector chileno hacia Magallanes, en el frente de trabajo de río Bravo en dirección al ventisquero Montt. Con ello, complementamos la visita que hicimos el año pasado en la ruta que se está abriendo desde Magallanes hasta Aisén, en el sector de Puerto Natales hacia el fiordo Staines.
La declaración pública del Primer Mandatario, en el sentido de continuar estas obras, nos parece más que trascendental, porque permitirá conectar íntegramente por territorio nacional las distintas regiones del país.
Deseo señalar la conveniencia de incrementar los recursos para que el propio Cuerpo Militar del Trabajo, las empresas privadas y fundamentalmente el Ministerio de Obras Públicas -cuyo titular también se encontraba presente en dicha visita-, puedan aumentar los frentes de trabajo y los rendimientos para poder sacar el mejor provecho de la riqueza potencial que encierra esta zona, fundamentalmente los sectores hidroeléctrico, minero y turístico, como también del acceso a fiordos y canales, por su potencial pesquero y acuícola.
Es por ello que, junto con las felicitaciones a los organismos que señalé, solicito que se oficie al Presidente de la República, quien hizo la visita, y al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de buscar la fórmula para aumentar los frentes de trabajo y el rendimiento de los fondos, y de pedir más recursos para estos efectos, como también para la electrificación comprometida con las comunas de O¿Higgins y Tortel.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento.


MAYOR COBERTURA A PROYECTO "ENLACES" Y EXTENSIÓN DE REDES COMUNICACIONALES. OFICIOS

El señor HORVATH.- Señor Presidente, para los fines de complementar la educación de los jóvenes en Chile, está en aplicación el proyecto "Enlaces", que nació en la Universidad de La Frontera, de Temuco, y se ha ido extendiendo en forma verdaderamente importante al resto de las regiones (prácticamente no hay ninguna que no lo tenga). Por dicha vía, a través de Internet se puede interactuar, recibir información y -lo que es más importante- generar una condición para el desarrollo integral de los jóvenes de zonas aisladas y rurales.
En tal sentido, junto con destacar las bondades de ese proyecto, sería conveniente conocer su cobertura en las distintas zonas del país. En el caso de la Región de Aisén, manejamos el antecedente de que sólo 21,6 por ciento de las 74 escuelas existentes en ella tienen acceso a Internet y funcionan con el referido sistema.
Por ende, sería más que conveniente conocer las razones por las cuales la cobertura no ha podido alcanzar cifras mayores en las distintas regiones de Chile, y asimismo, buscar la fórmula para que el Fondo de Telefonía Rural o leyes especiales, como las que favorecen a las regiones extremas (por ejemplo, las relativas a la zona austral y a las provincias de Arica y Parinacota), se utilicen para aprovechar los esfuerzos de las distintas empresas de comunicaciones de nuestro país, de modo de extender sus redes (cabe connotar que los usuarios, aparte los de ámbitos rurales, corresponden fundamentalmente al sector turismo). Y hay leyes que podrían aprovecharse en buena forma para ampliar la cobertura del servicio de telecomunicaciones a datos y no limitarla sólo a voz.
Por eso, me permito solicitar que se oficie a la señora Ministra de Educación y a los señores Ministros de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, y de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que se busque la forma de aplicar al sector rural las leyes excepcionales vigentes en el país, entre otras cosas para aumentar la cobertura del proyecto "Enlaces".
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Institucionales Nº 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.


REFLEXIONES SOBRE SITUACIÓN DE SENADOR SEÑOR PINOCHET

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, el propósito de esta intervención es hacer un resumen y dar una opinión acerca de los acontecimientos que acompañaron los 503 días en que don Augusto Pinochet Ugarte, Senador vitalicio, miembro de esta Alta Corporación, estuvo secuestrado en el Reino Unido, como también sobre los últimos hechos acaecidos en Chile.

1.- Conspiración con participación de sectores políticos chilenos
Las evidencias indican que todos los acontecimientos relativos al secuestro de Estado a que se sometió al Senador don Augusto Pinochet Ugarte en Inglaterra fueron objeto de intervención de sectores políticos chilenos. La manipulación y monitoreo por parte de ellos en relación con esta gravísima situación internacional configura una clara conspiración en contra del General señor Pinochet y del propio Estado de Chile. Hay que recordar que durante ese tiempo diferentes señores Parlamentarios realizaron acciones que iban en contra de disposiciones impartidas por el propio Presidente de la República.

2.- Violación de los derechos humanos del Senador señor Pinochet
El secuestro y enjuiciamiento del Senador don Augusto Pinochet Ugarte constituyeron una violenta y atroz tortura física y psicológica a causa de la privación de libertad y limitación de movimientos, como también por la presión inusual del proceso mismo, la incertidumbre en sus procedimientos y la discrecionalidad de sus fallos. Cabe agregar que aun su dignidad se vio afectada en todas sus formas. Se llegó incluso a invadir su privacidad más íntima, con instrumentos de visión y aparatos de escucha. Esto, que por supuesto no tiene la prueba pero es la lógica frente al accionar de las policías ¿en este caso, de la inglesa-, significó un tratamiento inhumano que, a mi juicio, cae dentro del ámbito de la Convención contra la Tortura, por su crueldad y efectos condicionantes en su salud física y mental para enfrentar un juicio. Además, permitía, sin duda, obtener informaciones privilegiadas para ser usadas por algunas personas del Gobierno británico.
Si nuestro Gobierno hubiera tenido real interés en la defensa de los derechos humanos y la voluntad política por salvaguardar la dignidad de Chile, debiera haber invocado a la justicia internacional para denunciar este delito, que ha tenido por propósito, aparte limitar su capacidad de defenderse, dañar la imagen del Senador señor Pinochet y condicionar a la opinión pública en su contra. Debo agregar que también se está dañando la propia imagen de la República al dar la sensación de que no interesaría tanto salvar su prestigio internacional como mantener la situación interna de relación entre los miembros de la Concertación.

3.- Violación de derechos humanos de otros chilenos
No sólo los derechos humanos del Senador señor Pinochet han sido violados, sino que en España sigue adelante un proceso judicial que afecta la honra y la libertad de movimiento de otros 36 chilenos, entre ellos dos Senadores, sin que las autoridades de nuestro Gobierno, aparentemente, tomen medida alguna para que tal situación sea reparada.

4.- Publicidad de alegatos sobre desafuero
La violación de los derechos humanos del Senador señor Pinochet, respecto de un proceso justo, se extiende a los trámites públicos de la audiencia, que, de acuerdo con los antecedentes existentes, permitirán la filmación de los alegatos en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, so pretexto de transparencia, lo cual se transformará en un acto publicitario cuyo fin, independiente por supuesto del espíritu de los señores jueces, condicionará aun más a la opinión pública en su contra.

5.- Intervención del Consejo de Defensa del Estado como parte en proceso de desafuero
La intervención del Consejo de Defensa del Estado como parte en el proceso de desafuero del Senador señor Pinochet constituye un hecho inusual, que demuestra una especial predisposición que habla por sí sola, máxime -tengo especial respeto por las personas, pero me veo en la obligación de recordar esto- si la señora Presidenta de aquel organismo entregó personalmente los antecedentes de su posición a la ya citada Corte de Apelaciones, en circunstancias (esto lo digo con especial respeto; no quiero que se considere una ofensa para esa autoridad, porque no es mi intención; estoy hablando de un hecho) de que ella estuvo exiliada durante el Gobierno del Presidente Pinochet. Entonces, aparece como juez y parte en esta situación, lo que a mi entender, en estricta justicia, la inhabilitaba para presentar el recurso pertinente.
Lo más grave reside en que se excede de sus funciones al actuar, no en defensa del Estado, sino en su contra y, por otra parte, desconocer un examen médico producto de una gestión internacional del Estado, a la cual está obligada conforme a los artículos 5º, 6º y 7º de la Constitución.

6.- Condicionamiento y manejo de la opinión pública
Las declaraciones de algunas autoridades, incluyendo al señor Ministro del Interior y también a un señor Senador, apuntan a relacionar al Gobierno militar y a don Augusto Pinochet Ugarte con la idea de que había una política de Estado dirigida a los grupos violentistas para exterminarlos -es decir, que había una política de exterminio-, lo que es una gravísima mentira y una falacia para poder asemejar a don Augusto Pinochet Ugarte con dictadores europeos de la Segunda Guerra Mundial. Esto envuelve una maldad, a mi juicio, inconmensurable y el intento de ensuciar aun más, no sólo al señor Senador, ex Presidente y ex Comandante en Jefe, sino a todos los chilenos que lo apoyamos y tuvimos parte en su gestión. Con esto no se construye la unidad, sino que se ahonda más la desunión entre los chilenos.

7.- El Gobierno no está cumpliendo sus obligaciones internacionales
Nos hallamos en presencia de un claro incumplimiento del Gobierno acerca de sus obligaciones internacionales, en cuanto no ha actuado conforme se lo manda nuestro orden institucional, para hacer respetar en el extranjero los derechos que emanan de la dignidad humana del Senador señor Pinochet, como tampoco los de los 36 chilenos impedidos por un juez español de su libertad de desplazamiento fuera de nuestras fronteras.

8.- ¿Por qué hago esta intervención?
La hago, en mi calidad de Senador, para dejar una constancia histórica y para denunciar cómo, por razones ajenas a la unidad nacional y a la prudencia política, en mi opinión, se está vulnerando el Estado de Derecho en nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señor Senador, hago mías sus expresiones.
Que quede constancia de ello.
Ofrezco la palabra al Comité Institucionales 1 en el tiempo que le resta.
Ofrezco la palabra.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:11.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción