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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 31ª, en martes 18 de abril de 2000
Ordinaria
(De 16:19 a 19:9)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior y de Hacienda; y los señores Superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, y señores Asesores del Ministerio de Hacienda.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 25ª, ordinaria, en 21 de marzo del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 26ª, ordinaria, en 22 de marzo del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que hace presente la urgencia, con carácter de "Simple", respecto del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. (Boletín Nº 876-09).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios; deroga la ley Nº 18.645 y dicta normas que indica. (Boletín Nº 2.426-03).
-- Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el segundo hace saber que ha dado su aprobación al proyecto sobre sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana. (Boletín Nº 2.020-11).
--Pasa a la Comisión de Salud, y a la de Hacienda, en su caso, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Del señor Ministro de Educación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la posibilidad de contemplar el ramo de Cultura Chilena y Folclore en los programas de educación secundaria de nuestro país.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al proyecto Parque Pumalín.
Con el segundo remite un cuadro resumen de los oficios dirigidos por la Cartera a su cargo a los señores Parlamentarios durante el mes de marzo próximo pasado.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a los proyectos de ordenamiento territorial efectuados en el país.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre el uso de las franquicias que otorga la ley Nº 19.561, que modificó el decreto ley Nº 701, sobre fomento forestal.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la aplicación de las normas sobre fomento forestal contenidas en el actual texto del decreto ley Nº 701.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, atinente a la pequeña minería del país y al rol de la ENAMI en dicho sector.
Del señor Jefe de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República, informando que el sumario administrativo para investigar las posibles irregularidades cometidas por INDAP en la concesión de créditos a la empresa DECAM se encuentra en la etapa acusatoria, por lo que una vez finalizado el proceso se remitirá copia del expediente, de acuerdo con lo solicitado mediante oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio Nº 182 de la OIT, sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 2.390-10).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto iniciado en moción de los Senadores señores Gazmuri y Viera-Gallo, que modifica el Código del Trabajo a fin de evitar la discriminación por edad y sexo en la postulación a empleos, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 2.377-13).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea la moneda de quinientos pesos. (Boletín Nº 2.453-05).
--Quedan para tabla.
Solicitudes
De los señores Francklin Diego Moreno Abdo, José Erwin Miranda Huaiquin, Ernesto Antonio Martínez Chandía, y Raúl Enrique Ibaceta, con las que piden la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletines Nºs. S 482-04, S 483-04, S 484-04 y S 485-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Secretario).- Los Comités han adoptado los siguientes acuerdos:

1.- Tratar como de fácil despacho en la sesión de hoy el proyecto que modifica el Código del Trabajo a fin de evitar la discriminación por edad y sexo en la postulación a empleos (boletín Nº 2.377-13), con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; y el que crea la moneda de quinientos pesos (boletín Nº 2.453-05), con informe de la Comisión de Hacienda.

2.- En el Orden del Día, discutir hasta despacharlo en general el proyecto que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos, con informe de la Comisión de Hacienda.

3.- Suspender a las 18 el debate del proyecto referido en el punto anterior, a fin de que el Honorable señor Bitar rinda homenaje en memoria del historiador don Leopoldo Castedo, homenaje al cual adherirá el señor Presidente de la Corporación en nombre de todos los demás Comités. Luego se reanudará la discusión en general de la iniciativa mencionada, hasta su despacho en dicho trámite.

4.- Fijar como término del plazo para presentar indicaciones al mismo proyecto el martes 9 de mayo próximo, a las 18, conforme al acuerdo adoptado el martes 11 de abril en curso.
5.- Radicar en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones el estudio de las materias concernientes a la introducción de la televisión digital en nuestro país, propuesto hace algunas semanas por el Honorable señor Viera-Gallo.
__________________

El señor LAGOS (Secretario).- El Honorable señor Horvath ha solicitado permiso constitucional para ausentarse del país a partir del 20 del presente mes.
--Se accede.
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El señor MORENO.- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización se reunió esta mañana en ausencia de su Presidente, Honorable señor Núñez, y acordó continuar sesionando hoy a las 18 con el propósito de despachar el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esta iniciativa tiene por objeto establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales.
Por ello solicito autorización para que dicho órgano técnico pueda trabajar paralelamente con la Sala y concluir su tarea en la tarde de hoy.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- La Mesa está facultada por los Comités para iniciar pronto la votación sobre el proyecto de ley que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de Gobiernos Corporativos. Creo que será posible acceder a la solicitud de Su Señoría, pero sería conveniente ver primero cómo se va desarrollando el debate en la Sala.
En todo caso, podemos fijar las 18 como hora de inicio de la votación, teniendo presente el tiempo de que deberá disponer esa Comisión.

El señor MORENO.- De acuerdo, señor Presidente. Sin embargo, para la eventualidad de que la votación se postergara (por los homenajes y otros asuntos), sugeriría que la Comisión pudiera contar desde ya con la anuencia de la Sala para sesionar a esa hora, porque estimo que en poco rato podremos despachar lo que resta del proyecto.

El señor ROMERO.- ¿Me permite, señor Presidente?
Formulo la misma petición respecto de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Minería, unidas, que deben ocuparse en el análisis del Tratado de Integración Minera Chileno-Argentina, a cuya discusión ha sido invitado un Ministro que accedió a venir hoy.

La señora FREI (doña Carmen).- Pero no podremos trabajar en la Sala¿

El señor ROMERO.- Bueno, esto no estaba considerado antes. Así que no me parece que estemos alterando la regla. De lo contrario, simplemente no habrá autorización para prorrogar la sesión.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Sugeriría que las dos Comisiones, por las razones que se han explicado, fueran autorizadas para sesionar conjuntamente con la Sala; y que el señor Presidente, en uso de la facultad otorgada por los Comités, fijara una hora de votación que permitiera a los señores Senadores que integran esos dos órganos de trabajo votar y concurrir a despachar sus asuntos pendientes.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- De acuerdo.
Honorable señor Romero, ¿a qué hora se reunirán las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Minería?

El señor ROMERO.- De 18:30 a 20:30, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accedería a lo solicitado por los Honorables señores Moreno y Romero, aunque eventualmente debamos revocar el acuerdo si ello se requiriera a la hora de votar, puesto que habrá que reunir el quórum exigido al efecto.
En el transcurso del debate resolveremos sobre el particular. En todo caso, las dos Comisiones están autorizadas por el momento para sesionar paralelamente con la Sala.
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El señor RÍOS (Vicepresidente).- Por un error de los Comités, no se solicitó la autorización del caso para que en esta sesión el Honorable señor Novoa haga una exposición que tomará aproximadamente unos 10 minutos, acerca de la participación que le cupo a nuestra delegación en la Decimoctava Asamblea General del Parlamento Latinoamericano, efectuada en Sao Paulo, Brasil, entre los días 16 y 18 de marzo de este año.
Si le parece a la Sala, se autorizará al Honorable señor Novoa para que se refiera al desarrollo de dicha Asamblea.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.


DECIMOCTAVA ASAMBLEA GENERAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO

El señor NOVOA.- Señor Presidente, informaré brevemente acerca de nuestra participación en la Decimoctava Asamblea General del Parlamento Latinoamericano.
Nuestro grupo estuvo integrado por los Senadores señores Muñoz Barra, Pizarro, Ruiz-Esquide y el que habla. En representación de la Cámara de Diputados asistieron la Diputada señora Marina Prochelle y los Diputados señores Carlos Recondo y Felipe Valenzuela. También nos acompañó el Honorable señor Páez.
Debo señalar que el Parlatino está integrado por delegaciones de todos los Parlamentos del Continente, y que a esta Asamblea asistieron 146 Parlamentarios, representantes de 21 Congresos.
La agenda de trabajo contempló la adopción de una resolución condenatoria contra los Estados que mantienen una protección discriminatoria y practican masivamente políticas de subsidios distorsionantes, como es el caso de los que integran la Unión Europa. Se acordó solicitar a los Gobiernos una voluntad política tendiente a priorizar el comercio común de los países latinoamericanos, que conforman un mercado de 400 millones de personas. Asimismo, se facultó a la Junta Directiva del Parlatino para realizar acciones políticas ante las instancias interparlamentarias, tendientes a respaldar la competencia, el comercio equitativo y la defensa de los sectores agropecuarios de nuestros países.
Del mismo modo, se acordó solicitar a los Gobiernos la promoción de todas aquellas medidas que conduzcan de manera franca y concreta a la integración de América Latina, superando los trámites, formalidades y obstáculos políticos, jurídicos, administrativos e institucionales hoy existentes.
En el curso de la Asamblea se dio a conocer la implementación de una página web preparada por el Parlatino, que da cuenta de toda la legislación comparada existente en el Continente sobre la lucha contra el narcotráfico, información que se encuentra actualizada y a disposición de todos los Parlamentos latinoamericanos.
Esta acción se incluye en el marco del programa de intercomunicación informática que desarrolla el Parlatino, con el objeto de contribuir a armonizar y facilitar el trabajo legislativo y judicial, especialmente en aquellos delitos de alcance internacional.
Otro punto de la agenda incluyó un análisis de la situación política económica y social de América Latina, realizada por representantes de cada país, lo que permite conocer de primera fuente el estado de avance político y de actualización legislativa de cada Estado. En nombre de Chile hizo uso de la palabra el Senador señor Roberto Muñoz Barra, quien dio a conocer los progresos, desafíos y particularidades de la institucionalidad chilena de esta última década.
En el curso de esta Asamblea correspondió renovar la nueva mesa directiva del Parlatino, resultando elegida Presidenta la Senadora mexicana señora Beatriz Paredes, y Secretario General nuestro colega Senador Jorge Pizarro, lo que constituye un honor para esta Corporación y para el Congreso Nacional de Chile. Además, en consideración a que cada país designa a un Vicepresidente, cabe informar que esta nominación, en el caso de Chile, recayó en el Diputado señor Juan Antonio Coloma.
En los estatutos de este organismo se contempla además la existencia de un Consejo Consultivo de carácter asesor, conformado por connotados estadistas y líderes de opinión. En tal instancia fue confirmado como integrante el ex Presidente señor Patricio Aylwin, por lo que contaremos también con su aporte en la delineación de las futuras políticas y acciones del organismo interparlamentario.
El Parlamento Latinoamericano constituye una instancia político-legislativa privilegiada para concordar y enriquecer el proceso de formación de la ley, en un contexto histórico caracterizado por la globalización de los problemas y de los bienes jurídicos que estamos llamados a resguardar. Es por ello que el grupo Parlatino del Senado tiene la voluntad de desarrollar una acción efectiva dentro de este organismo internacional, por lo cual se invita a los señores Senadores a participar de estas inquietudes.
En apoyo a la gestión que corresponderá realizar al Secretario General del Parlatino, nuestro Honorable colega señor Pizarro, instamos a los señores Senadores a participar en las distintas Comisiones.
También debo señalar que tanto en la delegación que concurrió a Sao Paulo como en el trabajo del grupo Parlatino del Senado se contó con la asesoría del señor Juan Oses, asesor jurídico del Honorable señor Páez, quien ha colaborado en todas estas acciones.
Cabe hacer presente que el Parlatino cuenta con 23 Comisiones Permanentes que llevan a cabo una labor técnica durante el año, por lo que se dispone de suficientes instancias de participación concreta.
Concluyo mis palabras solicitando, por lo menos en mi nombre, que se colabore en la gestión que corresponderá realizar al Honorable señor Pizarro.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Sin duda la Sala se congratula de que el Senador señor Pizarro haya asumido la responsabilidad que implica su designación como Secretario General del Parlamento Latinoamericano, como asimismo de la muy brillante participación que cupo a la delegación chilena.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO SOBRE IGUALDAD EN OPORTUNIDADES DE EMPLEO


El señor RÍOS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Gazmuri y Viera-Gallo, que modifica el Código del Trabajo a fin de evitar la discriminación por edad y sexo en la postulación a empleos, informado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2377-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Gazmuri y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 21ª, en 11 de agosto de 1999.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 31ª, en 18 de abril de 2000.

El señor LAGOS (Secretario).- El proyecto tuvo su origen en moción de los Senadores señores Gazmuri y Viera-Gallo.
En mérito de los antecedentes que se detallan en el informe, la Comisión aprobó la iniciativa en general, por unanimidad, con los votos de los Honorables señores Gazmuri, Prat y Ruiz. Asimismo, unánimemente, recomienda a la Sala aprobar su texto, que consta de un artículo único.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, el proyecto en análisis -bastante simple- tiene por objeto evitar la discriminación por edad que sufren las personas que buscan trabajo y, al mismo tiempo, incluir una norma que prohíbe establecer requisitos contrarios a los principios a que hace mención el artículo 2º del Código del Trabajo, en lo referente a los avisos de ofertas de empleos.
El actual artículo 2º de dicho cuerpo legal señala en su inciso segundo que son contrarias a los principios de las leyes laborales las discriminaciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad u origen social. Agrega que, en consecuencia, ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a esas circunstancias.
La letra a) del artículo único incorpora dos circunstancias nuevas no mencionadas en el referido precepto del Código del Trabajo: la edad y el estado civil.
En segundo término, su letra b) estatuye que, por lo tanto, "son contrarias a dichos principios y constituyen una infracción a aquél, las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador, directamente o a través de terceros y por cualquier medio, que señalen como un requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas en el inciso precedente, a menos que se trate del requerimiento propio de la idoneidad de las personas para desempeñar una función.".
Hoy, es muy frecuente observar en los diarios ofertas de trabajo en las que se infringe el inciso segundo del artículo 2º del Código del Trabajo al poner como condición, por ejemplo, determinada edad para desempeñar un cargo. El proyecto prohíbe esta costumbre y señala que es contraria a la ley, salvo que por la propia naturaleza del cargo se requiera una idoneidad específica. Además, lo anterior se halla en concordancia con el inciso tercero del número 16º del artículo 19 de la Constitución, que prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal.
En la Comisión hubo un interesante debate acerca de si procedía o no el recurso de protección en esta materia. Al respecto, la Directora del Trabajo, señora María Ester Feres, señaló ¿como se indica en el informe- que 99 por ciento de los recursos de protección han sido declarados inadmisibles cuando se fundan en que se fue objeto de una discriminación prohibida por la ley, debido a la existencia de otros procedimientos judiciales para calificar las situaciones y demandar su sanción.
Nosotros, sin entrar a esa materia, aspiramos a que haya una evolución de la jurisprudencia en el sentido de que los principios de las leyes laborales a que hace referencia el artículo 2º del Código del Trabajo también puedan ser garantizados mediante el recurso de protección. Sin embargo, se prefirió no innovar al respecto.
Señor Presidente, se trata ¿reitero- de un proyecto simple, pero que a mi juicio puede tener gran impacto en la gente, por cuanto prohíbe publicar avisos que directamente vulneren principios que la ley resguarda y ampara.
La Comisión aprobó el proyecto por la unanimidad de sus miembros y propone a la Sala igual pronunciamiento.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.

El señor MORENO.- Señor Presidente, por cierto, estoy de acuerdo con la moción de los Senadores señores Gazmuri y Viera-Gallo. Sin embargo, considero que debería avanzarse, probablemente por la vía de las indicaciones, en lo relativo al test de embarazo. Porque muchas veces en las entrevistas que surgen de los avisos sobre ofertas de trabajo a que aquí se ha aludido se advierte -lo hemos denunciado en esta misma Sala- la discriminación de que son objeto las mujeres embarazadas, a quienes se les somete a humillación por su estado.
Deseo que ello quede consignado aquí, porque no obstante ser buenas las intenciones, de éstas no se vive, y llegado el momento tal situación se convierte precisamente en un impedimento para dar trabajo a esas mujeres.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- La Mesa entiende que Su Señoría desea formular una indicación al proyecto.

El señor MORENO.- Señor Presidente, sólo deseo dejar constancia de ello, por cuanto me han informado que esa materia fue aprobada en otra normativa.
Ocurre que soy muy pesimista, pues cuando recibo denuncias en la Región que represento de que se continúa con esa práctica, en verdad, me da mucha angustia el hecho de constatar que los asuntos que en el Senado aprobamos, en el fondo, se convierten sólo en declaraciones de buenas intenciones.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ése es problema del Ejecutivo. Él debe aplicar la ley, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, sólo deseo decir al Senador señor Moreno que tiene razón en su planteamiento. Esa materia, después de ser debatida en el Parlamento, fue aprobada en otra legislación. En todo caso, habría que ver la forma de aplicarla eficazmente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, concurrí a la sesión de la Comisión donde se estudió esta iniciativa y tuve que ausentarme algunos minutos antes de la votación. Sin embargo, participé en su debate y coincido con las ideas aprobadas en su seno, especialmente con la modificación efectuada a petición del Senador señor Prat.
En cuanto a lo relativo al embarazo, cabe recordar que ya se legisló al respecto. Si se agrega este aspecto al proyecto, en lugar de reforzarlo lo debilita. Porque éste se refiere sólo a los avisos de ofertas de trabajo, y no a los efectos de la contratación misma, respecto de lo cual existen disposiciones concretas en el Código del Trabajo.
Por lo tanto, deberíamos aprobar la iniciativa en los mismos términos en que se halla propuesta, pues, en mi opinión, cumple el objetivo perseguido por sus autores.
--Se aprueba en general y en particular.




CREACIÓN DE MONEDA DE QUINIENTOS PESOS


El señor RÍOS (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la moneda de quinientos pesos, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2453-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 14 de marzo de 2000.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 31ª, en 18 de abril de 2000.

El señor LAGOS (Secretario).- Los principales objetivos del proyecto -iniciado en mensaje- son crear una moneda divisionaria de quinientos pesos que sustituya gradualmente al billete de la misma denominación, y eliminar las monedas de 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos y 1 centavo, que han caído en desuso.
El informe señala que, después de un breve debate relativo a la conveniencia de aprobar la iniciativa propuesta y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, Ominami y Prat, aprobó la idea de legislar.
En seguida, la Comisión deja constancia en su informe de que el proyecto en estudio no implica mayor gasto fiscal, por cuanto se trata de un gasto propio de un organismo autónomo como es el Banco Central de Chile, el cual lo realiza en la medida en que ejerce una función privativa como es la emisión de moneda. Agrega que, por ello, la iniciativa no producirá desequilibrios presupuestarios ni incidirá en forma negativa en la economía del país.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, se trata de un proyecto muy simple y, a mi juicio, muy claro.
El dato fundamental que debe tenerse en consideración es el siguiente: la vida útil de un billete de mil pesos es inferior al año ¿su duración alcanza aproximadamente a los diez meses-; en cambio, la de una moneda, como la que se propone crear, es de alrededor de diez años. Por lo tanto, hay una economía evidente desde el punto de vista del Banco Central.
Ésa es la razón por la cual nos pareció de toda lógica aprobar el proyecto y, a su vez, normalizar una situación que, en los hechos, se ha registrado hace mucho tiempo. En verdad, no recuerdo haber recibido en los últimos años monedas inferiores a un peso, no obstante que mantenían su vigencia legal. De manera que el proyecto normaliza una situación de hecho que se viene produciendo desde hace mucho tiempo.
Por otro lado, no sé si entendí mal al señor Secretario, pero, al parecer, se trataría de un proyecto de artículo único que debe ser aprobado en general y en particular a la vez.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Deseo consultar al señor Presidente de la Comisión en cuanto a lo que indica el informe respecto de que el Banco Central realiza la emisión de moneda en la medida en que ejerce una "función privativa". Todas las funciones privativas no requieren de norma legal. ¿Por qué motivo se dicta una ley, en circunstancias de que ya existe la función privativa?

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, se trata de una buena pregunta, para la cual honestamente no tengo la respuesta adecuada.

El señor HAMILTON.- ¿Me permite una aclaración, señor Presidente?

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor HAMILTON.- La primera página del informe indica que la iniciativa legal se relaciona con "El artículo 60 Nº 12 de la Constitución Política de la República que establece que son materias de ley las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas.".
Ahí está la explicación.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, solicité la palabra por el mismo motivo antes señalado, en el sentido de que resulta absurdo que legislemos para crear una moneda de quinientos pesos.
Por consiguiente, como la norma figura en la Constitución, espero que sea eliminada cuando se acuerden las reformas pertinentes.

El señor BITAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BITAR.- Insisto en el mismo punto y, además, deseo manifestar que votaré en contra del proyecto.
En los Estados Unidos hubo una discusión sobre una materia similar, la que recuerdo muy bien. Quinientos pesos son casi un dólar, pero en ese país no circulan monedas de dólar. Por otra parte, en Chile tenemos una inflación bastante baja. Usar el tipo de las monedas que se propone es también una forma de devaluar nuestro dinero, en circunstancia de que las de cien pesos operan en forma adecuada. Lo propuesto se traducirá en una moneda por una cantidad de dinero mayor, pero el billete de quinientos pesos está funcionando perfectamente bien. El papel es más valorado en estas materias, y psicológicamente tiene más valor que la moneda.
Por esas razones, considero poco procedente el proyecto. No me gusta la idea y si tuviera que votarla lo haría en contra. Pienso que tampoco nos corresponde pronunciarnos en esta Corporación al respecto, porque es una materia que debe resolver el Banco Central por su cuenta.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, las dos últimas intervenciones ahorran mi comentario.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.

El señor ZURITA.- Señor Presidente, el Nº 2 del artículo 1º del proyecto estatuye lo siguiente: "Suprímense las expresiones finales "de $ 0,50, de $ 0,10, de $ 0,05 y de $ 0,01.". Me parece perfecto suprimir las de 0,05 y de 0,01, pero si se eliminan las monedas de cincuenta y de diez pesos, ¿con qué vamos a pagar, entonces?

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Son cincuenta centavos y diez centavos, señor Senador.

El señor ZURITA.- Gracias, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, sólo una pregunta: ¿estas monedas se imprimirán en la Casa de Moneda, o en otro lugar mediante licitación? Porque normalmente hemos visto que antes muchas de estas piezas las acuñaba la Casa de Moneda, realizando con profesionalismo un gran trabajo, y esta labor ahora se licita en el extranjero.
Me gustaría saber dónde serán acuñadas estas monedas.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señor Senador, ésa es responsabilidad privativa de la Casa de Moneda. No podemos establecer por ley el lugar donde se acuñarán.
Tal vez el Presidente de la Comisión tenga mayor información sobre el particular.

El señor LAVANDERO.- Esta situación no es menor, señor Presidente. Si bien existe la Casa de Moneda para confeccionar monedas, hemos sabido que muchas veces esa labor se realiza fuera del país, dejando de lado el trabajo y la eficiencia de este organismo chileno.
Me imagino que durante el debate del proyecto en la Comisión se habrá entregado la información acerca de dónde se fabricarán las monedas.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Como se nos acabó el tiempo de Fácil Despacho, solicito al Honorable señor Ominami que en privado responda la inquietud del Senador señor Lavandero.
¿Habría acuerdo en la Sala para aprobar proyecto?

--Se aprueba en general y en particular, con el voto en contra del Senador señor Bitar.


El señor RÍOS (Vicepresidente).- El señor Ministro de Hacienda me ha solicitado pedir el asentimiento de la Sala para que ingresen a ella los señores Superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, y los señores Heinz Rudolph, asesor del Ministerio de Hacienda, y Orlando Vásquez, asesor de la Superintendencia de Valores y Seguros.
--Así se acuerda.



OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES
Y RÉGIMEN DE GOBIERNOS CORPORATIVOS


El señor RÍOS (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos, originado en mensaje del Presidente de la República, con urgencia calificada de "simple", e informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2289-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 31 de agosto de 1999.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 25ª, en 21 de marzo de 2000.

El señor LAGOS (Secretario).- El proyecto contiene normas de ley orgánica constitucional y de quórum calificado, las que se especifican en el informe.
Sus objetivos fundamentales son, en síntesis, los siguientes. Cambiar el régimen legal de la Ley de Mercado de Valores a fin de garantizar la protección a los accionistas, la transparencia de la información y el trato igualitario para accionistas con derechos equivalentes. Modificar la legislación sobre sociedades anónimas estableciendo un conjunto de normas que regula el Gobierno Corporativo, con el objeto de proteger en forma adecuada y resguardar los derechos de los accionistas minoritarios y de los inversionistas no controladores, y de mejorar los mecanismos de autorregulación al interior de las sociedades anónimas. Enmendar la legislación que regula los Fondos de Inversión con la finalidad de que las cuotas de dichos fondos se constituyan efectivamente en un valor de oferta pública, a la vez que se flexibiliza la administración de los recursos involucrados. Modificar la legislación que regula el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones y la ley orgánica de la Superintendencia de AFP, con los propósitos que se indican en el mismo informe. Introducir cambios en la ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros para reorganizar su estructura institucional y otorgar nuevas competencias que derivan de la aplicación del presente proyecto. Cambiar la Ley General de Bancos para regular la concentración bancaria en los casos de fusiones, venta de activos y pasivos bancarios que sobrepasen una cuota de mercado superior a 20 por ciento. Y, por último, modificar la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile obligando a éste a efectuar oferta pública de las acciones de deuda subordinada que aún estén en su poder. Asimismo, se levanta la reserva de información a investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica o de las Comisiones Preventiva o Resolutiva Antimonopolios.
Los miembros presentes en la Comisión, por unanimidad, aprobaron en general el proyecto.
En seguida, en el informe se describen los artículos de la iniciativa de ley, dejándose constancia de su discusión y de los acuerdos adoptados al respecto.
En cuanto al financiamiento, también se deja constancia de que, en mérito de los antecedentes expresados en el informe, la Comisión despachó el proyecto debidamente financiado, por lo que sus normas no incidirán negativamente en la economía del país.
En la parte resolutiva del documento el órgano técnico propone aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados, con las modificaciones que se indican entre las páginas 132 y 159 del informe. El texto aprobado por la Comisión se transcribe desde esta última página hasta el final del documento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Honorable señor Ominami.


El señor OMINAMI.- Señor Presidente, éste es un proyecto que, como se dijo, está en segundo trámite en el Senado. Se trata de una iniciativa muy importante de modernización del mercado de capitales, que profundiza un proceso legislativo muy dinámico que ha venido desarrollándose durante los últimos años en el Congreso. Asimismo, contribuye a una mayor transparencia del mercado de valores y perfecciona las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Se trata de un tema complejo, respecto del cual, no obstante los acuerdos a que llegó la Comisión sobre una multiplicidad de materias, se produjeron diferencias en tres ámbitos. En todo caso, considero importante informar que en las últimas semanas se ha hecho un esfuerzo muy significativo de acercamiento de posiciones en esas tres materias, que son las transacciones entre partes relacionadas, la concentración bancaria y las OPAS.
Con la venia del señor Presidente, quiero solicitar al Honorable señor Foxley hacer la relación detallada del proyecto, dado que le correspondió presidir la Comisión durante todo su estudio. Sin embargo, me reservo el derecho de intervenir en el curso del debate.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, estamos frente a un proyecto muy fundamental para el buen funcionamiento y modernización de la economía chilena y, sobre todo, para contribuir a la solución de un problema estructural que ha permanecido muy presente -incluso con particular agudeza- en el último año y medio, cuando nuestra economía ha estado sumida en una crisis. Me parece que todos los analistas de estos acontecimientos han señalado la conveniencia de fortalecer en la economía chilena los mecanismos que permitan afianzar, aumentar y consolidar los niveles de ahorro.
Las formas del ahorro son muy diversas, pero no cabe duda de que una de las que adquiere cada vez mayor importancia en una economía como la chilena, y en general en todas las del mundo, es la constituida por el ahorro financiero en depósitos bancarios y en acciones.
La iniciativa en debate busca mejorar las condiciones mediante las cuales las personas -sobre todo el público en términos masivos- puedan invertir sus dineros en acciones en la Bolsa, y que al hacerlo sientan que sus derechos están suficientemente cautelados y que no serán objeto de una expropiación encubierta por parte de quienes tienen el control de una empresa o son los accionistas mayoritarios. La insuficiencia del ahorro en Chile se encuentra detrás de los desajustes que hemos tenido en el pasado; y, como he dicho, este proyecto, desde el punto de vista de las condiciones de estabilidad, intenta dar una respuesta a los ahorrantes en su proceso de inversión en el mercado de capitales chileno.
Esta iniciativa, como decía el Honorable señor Ominami, regula las ofertas públicas de adquisición de acciones, establece un régimen de gobiernos corporativos sobre cómo deben manejarse las empresas, las sociedades anónimas, con el objeto de garantizar también un buen manejo en cuanto a su eficacia, eficiencia y el respeto a los derechos de quienes en los directorios de ellas están en minoría.
El proyecto constituye lo que podría llamarse la tercera etapa de un proceso que se inició en 1993 con una reforma bastante profunda del mercado de capitales; que fue seguida por una modernización bancaria, y recientemente, en este mismo Senado, por la ley que creó el año pasado la Bolsa Internacional, denominada "proyecto de bolsa off shore".
La iniciativa en debate fue aprobada en general por unanimidad en la Comisión de Hacienda, y gran cantidad de sus artículos lo fue en esa misma forma, aunque con algunas discrepancias en tres temas fundamentales, ya señalados por el Senador Ominami, los cuales serán abordados en particular o en profundidad por el señor Ministro de Hacienda, presente en la Sala.
La urgencia del proyecto se ha hecho especialmente evidente ante situaciones ocurridas en un pasado no muy lejano en el mercado de capitales chileno, que han generado una impresión de inseguridad e inequidad para las transacciones que se efectúan entre empresas, sin considerar suficientemente los derechos de los accionistas minoritarios Por ejemplo, se tuvo en consideración lo sucedido con el llamado "caso Chispas", a raíz de la venta de una empresa de Enersis-Endesa a Endesa-España, donde el precio pactado para la transacción entre quienes controlaban la empresa en Chile y los que estaban comprando era sustancialmente más alto que el valor de las acciones en el mercado y al que podían aspirar los accionistas minoritarios. Esta situación no estaba cubierta por ninguna legislación, y quienes actuaron probablemente lo hicieron de buena fe, pero dando una impresión de inequidad muy marcada respecto de los accionistas minoritarios.
Un segundo ejemplo del vacío legal en esta materia podemos advertirlo también en un caso reciente, producto del proceso de globalización, y en el cual la CTC ¿filial chilena de la Telefónica Española- decide vender uno de sus negocios más rentables, el de Internet, a su casa matriz en España. Es decir, dos partes relacionadas hacen un negocio, que es aprobado por un directorio en el cual el socio mayoritario ¿Telefónica Española-, de acuerdo con informes que solicita, le fija un valor de 40 millones de dólares. Los accionistas minoritarios, al sentirse perjudicados porque el precio de la empresa aparecía notoriamente subvaluado, encargaron dos estudios adicionales, conforme a los que fue estimado entre 200 y 250 millones de dólares.
¿Quiénes son en CTC los accionistas minoritarios? Al final, todas las personas que tienen una libreta de ahorro en el sistema de AFP, porque éstas han invertido, pero como accionistas minoritarios. Ello dio lugar a un litigio que todavía no ha sido resuelto y que, desde el punto de vista legal, carece de claridad en cuanto a la forma de regular transacciones entre partes relacionadas, hecho que va a ocurrir frecuentemente en lo futuro por la transnacionalización de las estructuras productivas. ¿Cómo se hace para que esta transacción no implique una transferencia de utilidades o de capital de la empresa filial a la matriz, con perjuicio de los accionistas minoritarios?
Podemos presumir que ese mismo caso se va a repetir, por ejemplo, cuando esté más consolidado en Chile el negocio del comercio electrónico, en el que las empresas de telecomunicaciones estarán en condiciones de tomar la decisión si él queda radicado en cada uno de los países o va a la transnacional que controla la red en toda la región.
La tercera situación que la iniciativa en debate pretende resolver se refiere a otro caso que también nos tocó discutir en el Senado: la situación del sistema bancario.
No cabe duda de que el sistema financiero es particularmente vulnerable. La fe pública descansa en que el Estado sea capaz de garantizar una adecuada solidez, estabilidad y prudencia en el manejo de los bancos. Y tenemos, por cierto, una experiencia bastante traumática, la crisis bancaria del 82, donde, por malos manejos y también por malas políticas económicas, colapsó el sistema financiero, y hasta el día de hoy el Ministerio de Hacienda debe estar pagando al Banco Central una deuda acumulada de aproximadamente 7 mil millones de dólares, producto del salvataje que el Instituto Emisor tuvo que hacer de un sector financiero bancario que no manejó bien sus negocios. Por lo tanto, la Comisión de Hacienda también introdujo y aprobó disposiciones en este proyecto que le dan facultades a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para regular tal tipo de situaciones.
En lo específico -y en forma muy rápida- voy a delinear algunos de los temas incluidos en la iniciativa.
El proyecto busca homogeneizar la legislación chilena con la existente en países más desarrollados.
Establece, además, la obligatoriedad de hacer ofertas públicas de acciones para transacciones en las cuales haya un cambio de control en las sociedades. Indica que cuando se realiza una transacción de este tipo ella debe dar a todos los accionistas igualdad de condiciones en los precios, inclusive a quienes han invertido en ADR o a los accionistas institucionales, como los de las AFP.
El proyecto igualmente regula los requisitos para los procesos de toma de control de sociedades anónimas. Plantea y exige un mejoramiento de la información. Cuando alguien desea tomar el control de una sociedad, dispone que debe revelar tal intención. Si alternativamente ese individuo posee más de 15 por ciento de las acciones y quiere comprar más de 3 por ciento adicional, debe informarlo de manera previa a la materialización de la compra.
El mecanismo de la oferta pública de acciones -señala el proyecto- debe incluir tanto la compra como la venta de paquetes controladores.
En el caso chileno, el tema de los paquetes controladores es particularmente importante, porque la propiedad en las sociedades anónimas, en las empresas, está altamente concentrada. En nuestro país, los primeros cinco accionistas controlan normalmente más del 60 por ciento de la empresa; en cambio, en Europa o en Estados Unidos, la propiedad se halla mucho más distribuida y el control en una empresa se toma con un porcentaje que no es superior al 10 por ciento del capital. Esto hace que en Chile lo relativo a los derechos de los minoritarios sea tan fundamental, porque el desbalance de situaciones relativas es demasiado marcado, y la debilidad de los derechos minoritarios debe reforzarse a través de estas modificaciones legales.
El proyecto dispone que para las ventas de un paquete controlador la Superintendencia de Valores e Instituciones Financieras podrá señalar cuándo la transacción debe hacerse necesariamente por la vía de una oferta pública de acciones. Y los criterios para determinar si debe o no debe serlo son similares a los utilizados en Estados Unidos por el organismo equivalente, la Securities and Exchange Commission.
El punto fundamental que preocupa aquí es si el precio de una transacción, venta o traspaso de control tiene una diferencia sustancial respecto del precio del mercado. En el caso de una connotación de que obviamente habrá un negocio en perjuicio de los accionistas minoritarios, debe quedar cubierto por la vía de una oferta pública de acciones.
El otro capítulo importante de esta iniciativa se refiere a los gobiernos corporativos, en cuanto a qué incentivos y responsabilidades debe establecerse de modo de asegurar una buena gestión de las empresas, de reforzar el derecho de los minoritarios y mejorar en general las disposiciones legales hoy vigentes.
Por vía de ejemplo, señalaré -sólo en los títulos- tres o cuatro puntos.
Se establece el derecho de los accionistas minoritarios a demandar en nombre de la compañía cuando se estime que alguna operación efectuada por sus ejecutivos pueda haber lesionado seriamente los intereses de aquéllos. Basta el 5 por ciento de las acciones emitidas por la sociedad para realizar la demanda judicial.
Por otra parte, se fija un quórum alto en el acuerdo, los dos tercios de la junta de accionistas, cuando se enajena más del 50 por ciento del activo de una empresa.
Asimismo, se dispone la creación de un comité de auditoría, que es una entidad interna de la empresa donde son mayoría los directores que representan a las minorías de accionistas, de tal modo que puedan ejercer un rol vigilante y preventivo en decisiones fundamentales que afecten a los accionistas, sean mayoritarios o minoritarios.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- ¿Señor Senador, cuánto tiempo más necesita para concluir su intervención?

El señor FOXLEY.- Podría hacerlo en cinco minutos más, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Muy bien, señor Senador.

El señor FOXLEY.- La iniciativa, además, regula las transacciones entre partes relacionadas. Con el objeto de no extender esta intervención no me voy a referir en detalle a la fórmula a que finalmente se llegó sobre tal materia, cuestión que con toda seguridad abordará el señor Ministro.
Hay dos o tres temas más, pero únicamente expondré los títulos.
El proyecto no sólo consigna disposiciones relativas al gobierno corporativo en cuanto al derecho de los accionistas minoritarios y a cómo hacer las tomas de control, sino que, además, flexibiliza las normas que, desde la reforma al mercado de capitales de 1993, habían rigidizado demasiado el funcionamiento de los fondos de inversión.
Es bien sabido que para desarrollar la nueva economía que se avecina con el proceso de globalización, es fundamental permitir un desarrollo vigoroso de fondos de capital de riesgo. Hoy día tenemos muchos empresarios grandes, que están líquidos, que tienen sus recursos, pero que no los movilizan para generar nuevos proyectos de inversión, vía capital de riesgo. En parte, eso se debe a la rigidez de la legislación sobre los fondos de inversión que tenemos desde 1993.
Aquí se introduce una especie de noción de "multifondo". Un fondo de inversión puede actuar en distintos tipos de negocios, sin que exista una especificidad para cada uno de ellos.
Se permite que las AFP participen en los fondos de inversión en un porcentaje mayor. Se pasa del 20 al 35 por ciento. Por lo tanto, se da un paso adelante para contar con un nuevo instrumento, a través del cual los recursos de ahorro se canalizan hacia la inversión.
El proyecto también permite una modernización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Se aumenta el personal y se le dan facultades al Superintendente para reorganizar internamente la institución.
Por último, la iniciativa introduce disposiciones para regular la concentración en el sector bancario, materia a la cual se referirá específicamente el señor Ministro de Hacienda.
La materia a la que se dirige el proyecto es, a mi juicio, el gran tema de discusión hoy día en los países que se han abierto más directa y frontalmente al proceso de globalización.
Tengo en mi poder un recorte de la revista América Economía, donde se discuten los efectos que está produciendo la globalización en el caso de Brasil, país donde, al igual que en Chile, la mayoría de las grandes empresas, sobre todo en el sector infraestructura (menciona aquí empresas eléctricas, por ejemplo), se han privatizado. La cuestión que se plantea una vez que las empresas privatizadas son adquiridas en el extranjero es que la defensa de los derechos de los minoritarios aparece como un asunto no resuelto en la legislación vigente. En el caso brasileño, se señala que, después de la privatización de esos sectores claves, se produce gran cantidad de litigios, donde los accionistas minoritarios reclaman contra los mayoritarios que compran la empresa desde fuera.
En el caso del organismo fiscalizador en Brasil, se están efectuando más de 500 investigaciones y se han juzgado más de 400 casos distintos, en circunstancias de que en toda la historia del organismo supervisor nunca se había llegado a ese número de juicios. Ello por causa de una legislación insuficiente para regular el derecho de los accionistas minoritarios.
Un comentarista brasileño señala en una publicación que en su país la actual política de dividendos no es clara, y que la diferencia entre los precios pagados a los controladores y a los minoritarios es absurda. Además, menciona el caso de una fábrica de fertilizantes adquirida por una empresa estadounidense (Cargill) en que el bloque de control fue comprado a 17 dólares por acción; la cotización en bolsa era de 1,70 dólares por acción, y a los minoristas se les ofreció 5 dólares por acción. Esto significa extracción de valor desde los minoritarios hacia los mayoritarios.
La materia que nos ocupa no sólo ha estado presente en la legislación de cada país, sino que ha sido una preocupación fundamental de los organismos multilaterales.
El Presidente del Banco Mundial, por ejemplo, acaba de publicar un artículo en el cual observa que una de las causas subyacentes de la crisis enfrentada en los últimos años por las vibrantes economías de Asia fue el efecto corrosivo que los estándares insuficientes e inadecuados de gobiernos corporativos mal regulados provocaban sobre la viabilidad de esos sistemas. También sostiene dicho personero que elevar los estándares de derechos de accionistas minoritarios, etcétera, va a tener como retribución la confianza del público en el sistema financiero y, por lo tanto, un impacto positivo en los ahorros que ese país es capaz de generar particularmente a través de los Fondos de Pensiones, los cuales van a invertir o a dejar de invertir en tales mecanismos de acuerdo a si la legislación es capaz o no de proteger adecuadamente los derechos de los accionistas minoritarios.
Legislaciones como las descritas se están imponiendo en todos los países. La OECD se encuentra definiendo estándares para todos los países de la Unión Europea, y aún nos encontramos a tiempo -si nuestro país desea jugar en serio en la primera liga de este proceso de globalización- para aprobar una normativa como la que hoy se presenta al Senado.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, es para mí realmente un honor presentarme por primera vez en esta distinguida Sala. Aprovecho la ocasión para saludar a los Honorables miembros del Senado de la República y expresar mi confianza en que tendremos muchas jornadas provechosas por delante destinadas a mejorar la legislación económica en beneficio del desarrollo integral de nuestra nación entera.
I. Introducción
Como es de vuestro conocimiento, el proyecto que hoy sometemos a su consideración ha tenido un largo trámite, lo cual ha permitido su continuo perfeccionamiento. La iniciativa contiene materias en la esfera del gobierno corporativo, incluyendo la provisión de incentivos adecuados para la administración de las empresas, y en los ámbitos de toma de control, concentración bancaria, fondos de inversión y Administradoras de Fondos de Pensiones.
Creo útil poner inicialmente en perspectiva la importancia de la ley en proyecto, para pasar después a describir brevemente los principales aspectos de la misma. Por último, me referiré a aquellos temas que al comienzo crearon debate, pero sobre los cuales, luego de un fructífero trabajo que contó con la participación de quienes representaban los distintos puntos de vista, se llegó a un consenso en lo sustancial.
La iniciativa en análisis -estamos seguros- permitirá alcanzar una legislación adecuada y moderna, donde se darán garantías convenientes a los inversionistas, en especial a los minoritarios.
II. Consideraciones
Desde esa perspectiva, el proyecto representa, sin duda, una de las reformas más importantes al mercado de valores chileno que se ha acometido durante los últimos diez años. Sin temor de parecer pomposo, a mi juicio realmente se trata de una normativa tipo Siglo XXI. Su aprobación y posterior promulgación como ley de la República constituirá la base para que Chile logre alcanzar un mercado de capitales profundo, líquido y en condiciones de integrarse a un mundo globalizado. Alcanzar este desafío permitirá contar con mayores recursos para financiar la inversión de un número creciente de empresas, incluyendo pequeñas y medianas, y garantizar que el mercado de capitales sea un lugar donde todos los ahorrantes, independientemente de su tamaño o importancia, cuenten con igualdad de oportunidades.
La evidencia internacional demuestra fehacientemente que existe una relación directa entre una adecuada normativa y el desarrollo de los mercados de capitales. En efecto, se ha probado que los países con mayor protección de los inversionistas logran un mercado financiero más profundo que ayuda a financiar el desarrollo económico. Más aún, se asocia cada día más un gobierno corporativo débil a una economía vulnerable.
Uno de los aspectos más relevantes que determinan la calidad de la normativa y de la regulación sobre gobiernos corporativos es precisamente la fortaleza de la protección a los derechos de los accionistas, sin distinciones. Esta condición permite a los inversores, entre otros aspectos, ejercer un rol más activo en la conducción de las empresas. En un mundo globalizado, donde se busca diversificar los riesgos, dichos elementos son altamente valorados. ¡Pagaríamos un costo enorme si margináramos a Chile de este proceso!
La efectividad en el manejo de las empresas, incluyendo la adecuada resolución de los conflictos y desavenencias que naturalmente se producen en ellas, ha alcanzado una trascendencia determinante como elemento diferenciador de la competitividad entre los países. Es, además, un parámetro clave para los inversionistas a la hora de materializar sus inversiones. Los inversionistas del mundo están requiriendo cada vez con mayor frecuencia la adhesión a principios como la asignación de directores independientes, el establecimiento de requisitos mínimos de divulgación de información y la existencia de comités de auditoría.
El Estado tiene una obligación ineludible en el diseño de políticas públicas que establezcan normas claras para el buen funcionamiento de mercados financieros. Esto incluye instancias tan trascendentales como el mercado de valores, el sistema bancario u otros espacios especializados en canalizar recursos para el financiamiento de los proyectos de inversión. La protección de la fe pública, característica que envuelve a estos mercados, nos hace esta exigencia. El resguardo de la credibilidad y la confianza que poseen los inversionistas en el mercado de capitales chilenos es un activo de suyo estratégico que resulta indispensable mantener y reforzar.
El establecimiento de normas sobre divulgación de la información y la transparencia de las operaciones son considerados aspectos de la más alta relevancia para que los inversionistas puedan ejercer adecuadamente sus derechos. Con la iniciativa que hoy se somete a la consideración de la Sala, estos aspectos se verán significativamente fortalecidos.
III. El proyecto de ley
En el proyecto de ley de OPA, como es conocido en el ámbito financiero, se ha procurado incorporar al mercado de valores chileno algunos de los principios rectores esenciales que caracterizan a los mercados de capitales más sofisticados del mundo.
Un primer aspecto abordado en la iniciativa es el referente a los procesos de toma de control en las sociedades anónimas abiertas. Luego de largos estudios de la legislación internacional existente y de las necesidades del mercado chileno, hemos concluido que existe la urgente necesidad de mejorar las normas sobre divulgación de información, y de definir los procedimientos y requisitos en el caso de las OPAS. Ello, con el objeto de cautelar la fe pública del mercado de valores chileno y de prevenir la repetición de algunas experiencias recientes que pudieron resultar traumáticas a una parte de los actores de nuestro mercado. Las condiciones que gatillan la obligatoriedad de una OPA fueron motivo de amplia y extensa discusión, llegándose a los acuerdos a que me referiré más adelante.
En segundo lugar, se abordaron las falencias existentes en el área del denominado Gobierno Corporativo de las empresas. En este ámbito, el proyecto propone adoptar algunos mecanismos de probada eficacia para mejorar el desempeño de las empresas. Entre aquéllos se encuentran los Comités de Auditoría, entidades que por más de veinte años han dado muestras de la efectividad de las prácticas de autorregulación al interior de las empresas.
Adicionalmente, se sugiere legislar sobre el derecho de los accionistas y directores a demandar la indemnización por eventuales perjuicios económicos ocasionados al patrimonio de la sociedad. Con esto, se busca terminar con situaciones en que los accionistas minoritarios, incluidas las AFP y otros administradores de fondos de terceros, han visto violentado el derecho a recibir un precio justo por sus valores. Ello abre nuevas posibilidades para los inversionistas institucionales, cuya reacción ha sido, en muchos casos, liquidar sus valores en el mercado accionario a un costo patrimonial considerable.
Otro aspecto abordado en esta iniciativa legal es la Recompra de Acciones de Propia Emisión por parte de las sociedades anónimas abiertas. Este mecanismo permite, entre otras cosas, alinear de mejor forma los intereses entre los distintos agentes involucrados al interior de las empresas. En todo caso, la propuesta cuida en especial de considerar los resguardos pertinentes, para no provocar desavenencias entre acreedores, accionistas y el propio Fisco.
En tercer lugar, y en relación con los fondos de pensiones, el proyecto contempla la posibilidad, tal como lo adelantaba el Honorable señor Foxley, de que las administradoras canalicen una parte de sus recursos en fondos mutuos, con el objeto de aumentar la variedad de instrumentos de inversión con que cuentan actualmente. Ello permitirá un manejo más eficiente de su portafolio.
En cuarto término, y como un elemento complementario del anterior, el texto en análisis importa un mejoramiento sustantivo de la norma que rige los fondos de inversión, vehículo que no contaba con las herramientas necesarias para cumplir a cabalidad su papel de proveedor de recursos para proyectos en sus etapas más tempranas de gestación, o bien, que plantean perfiles de riesgo y retorno más elevados. Con esas modificaciones se busca que la industria de dichos fondos pueda lograr un mayor acercamiento a las pequeñas y medianas empresas, con el objeto de que mejore la gestión y el desempeño de éstas.
IV. Acuerdos en materias de debate
Quisiera referirme ahora a los acuerdos sobre los temas que ocasionaron mayor debate. Como es común en iniciativas de la importancia de la que hoy nos ocupa, algunos contenidos del articulado suscitaron inicialmente opiniones contrapuestas. Juzgo importante en esta ocasión detallar algunos aspectos del trabajo de acercamiento de posiciones con los señores miembros de la Comisión de Hacienda del Senado.
Aprovecho la oportunidad para agradecer la voluntad y el espíritu de país de los legisladores al mantener un diálogo siempre constructivo y abierto a las propuestas que se expusieron.
Un primer aspecto en discusión se refería a las condiciones que "gatillan" la obligatoriedad de realizar una oferta pública de acciones. En ese sentido, cabe formular las siguientes reflexiones. La existencia de grupos controladores en las sociedades conlleva circunstancias que pueden llegar a originar conflictos de interés entre los accionistas. Los cambios de control o adquisiciones mayores otorgan a los accionistas controladores la oportunidad de apropiar una parte desproporcionada de la transacción, en relación con el número de acciones que poseen o los recursos que han invertido. Es algo que no condice con el principio de distribución de pérdidas y ganancias que rige la filosofía misma de las sociedades de capital.
El traspaso del control constituye un cambio trascendental para los accionistas de una empresa, debido a que se pueden alterar las futuras políticas de negocios, de distribución de utilidades y de nuevas inversiones. El premio por control, que comprende usualmente a tales operaciones, es reflejo de la capacidad de crear valor que propone el nuevo controlador. Pero es fundamental considerar que la transacción también implica el riesgo de fracaso y, por lo tanto, los costos asociados que asumirá el conjunto de los accionistas, mayoritarios y minoritarios. Por ese motivo, la apropiación por unos pocos del premio de control resulta ser una clara alteración del principio rector de las sociedades de capital, donde todos deben ganar y perder por igual.
Dos argumentos han sido tradicionalmente esgrimidos para defender la posición de los accionistas controladores. En primer lugar, se ha afirmado que pagaron un premio cuando obtuvieron el control de la empresa y que, por lo tanto, deberían ser retribuidos de la misma manera cuando deciden vender su paquete accionario. Al respecto, es preciso tener presente que ellos han obtenido la retribución que les corresponde por concepto de dividendos, así como por la revalorización que han imprimido con su gestión, por lo que no procede, en nuestra opinión, ningún beneficio adicional.
En seguida, se ha sostenido que les asiste el derecho a recibir un premio extra, en comparación con el resto de los accionistas, en razón de la labor de dirección que asumieron. Sin embargo, cabe señalar que ese aspecto fue compensado a través de las remuneraciones de los directores y ejecutivos que designaron a su voluntad y que no puede ni debe esperarse otro pago.
La base conceptual detrás de los argumentos justificatorios de que las operaciones de toma de control se lleven a cabo en algunos casos a través de ofertas públicas de acciones obligatorias es, a nuestro juicio, sólida. De manera muy simple, conviene puntualizar que la teoría económica plantea que si se contara con mercados perfectos y transparentes y en los que la fluidez y contenidos de la información que se hace pública fuesen totales y gratuitos, la obligatoriedad de las ofertas mencionadas sería innecesaria. Ello, efectivamente, es correcto. Esa afirmación se fundamenta en que el precio de las acciones reflejaría instantáneamente las pérdidas potenciales ocasionadas por la extracción de valor que pueden sufrir los accionistas ajenos al grupo de control. En otras palabras, la ganancia potencial por transferir el control sin realizar una oferta a todos los accionistas quedaría compensada, naturalmente, por el menor precio pagado por las acciones en el inicio.
Ahora bien, creo que aquí todos nos hallamos conscientes de que los supuestos señalados difícilmente se cumplen en la realidad. En consecuencia, es necesario tener en cuenta elementos adicionales. Debo consignar que existen inversionistas institucionales extranjeros que, por reglamento interno, no invierten en países donde no se dispone de una protección adecuada de los accionistas minoritarios, incluida la apropiación del premio por control por parte del controlador. En ese sentido, como la información es costosa de producir, han optado libremente por esos resguardos internos y, en último término, por no invertir en mercados en que no se registran mecanismos transparentes y en donde la oferta pública de acciones no constituye un requerimiento básico para llevar a cabo una toma de control.
Dado que en el mundo real la información de los distintos agentes del mercado no es perfecta, se pueden generar situaciones de extracción de valor a espaldas de los accionistas no controladores y, lo que es más grave, un círculo vicioso en el cual los accionistas controladores se vean más interesados en la obtención de beneficios privados que les irroga el control, en desmedro del provecho para la empresa y el resto de los accionistas. En ese contexto, los inversionistas se encontrarán menos motivados para participar en el mercado accionario, terminándose, así, en mercados ilíquidos y poco profundos.
Los inversionistas sofisticados, que diversifican a nivel internacional sus portafolios, normalmente se forman una primera visión de los mercados de capital en general y sólo luego se interiorizan de las transacciones particulares. Por lo tanto, aun cuando exista siempre la alternativa de contar con ofertas voluntarias, es posible que una operación de toma de control llegue a provocar en el resto del mercado accionario una mala imagen que desincentive el interés que experimenten en participar en el mercado local, no obstante que una serie de otras transacciones se hayan llevado a cabo de un modo adecuado.
En el contexto de un mundo con restricciones legales y bajo la presencia de asimetrías de información, puede que se registren efectos adversos sobre el mercado de capitales si se establece de la noche a la mañana el carácter obligatorio de las ofertas públicas de acciones. Ello lo aceptamos. Es posible la generación de efectos marginales para aquellas empresas que pensaban concurrir al mercado de valores y abrirse al público, o bien, que se aceleren las decisiones, por ejemplo, de cerrar empresas, dadas las nuevas condiciones para los controladores.
Con el objeto de minimizar tales circunstancias, se ha contemplado la posibilidad de un período de transición de tres años. De esa manera, el premio por control se irá transformando paulatinamente en un mayor valor accionario para todos los accionistas. En todo caso, si un inversionista adquiere el control de una empresa durante ese lapso, con posterioridad deberá vender obligadamente a través de una oferta pública de acciones, si convienen las obligaciones para ello.
El segundo tema de debate es parte de la cuestión del gobierno corporativo y se refiere a las llamadas "transacciones entre partes relacionadas". Ello se vincula con el denominado "problema de agencia", que surge en la eventual divergencia de intereses entre los accionistas controladores y los accionistas minoritarios. La imposibilidad de escriturar un contrato completo o perfecto entre unos y otros, derivada de la enorme diversidad de situaciones que pueden presentarse ¿y es algo muy reconocido en la literatura-, deja en manos de los primeros una parte importante de las decisiones en los casos que no se pueden llegar a especificar en su totalidad. Los controladores, entonces, pueden extraer valor de la compañía, en desmedro de los accionistas minoritarios, mediante operaciones como transacciones directas con partes asociadas, en lo que se comprende la cuestión de los "precios de transferencia", y mediante el desvío de oportunidades de negocios, conocido como "desviación de oportunidades corporativas".
Cabe destacar que los mercados que adolecen de falta de resguardos necesarios para los derechos de los accionistas minoritarios propenden a la concentración de la propiedad, ya que potenciales accionistas de ese tipo se abstienen de participar por temor a la desviación de riqueza que eventualmente podría materializarse. Ese proceso conlleva consecuencias adversas para la liquidez y profundidad del mercado. En efecto, son dichos inversionistas los que, en último término, transan día a día en nuestros mercados de valores.
Desde la perspectiva de la política pública, hay conciencia de que los controladores siempre captan información valiosa en el transcurso de su actuar en las empresas. No es ésa nuestra preocupación, sino el uso apropiado de la información. Si del empleo de información privilegiada resultan perjuicios económicos directos para las empresas o sus accionistas o se daña la integridad del mercado público de valores, no es posible permanecer indiferente ante tal actividad.
La propuesta de consenso diseñada sobre ese punto ha reconocido la existencia de los potenciales conflictos de interés aludidos. En particular, se ha construido una solución que procura terminar con la raíz del problema; esto es, se ha convenido en la necesidad de abstención de los integrantes del directorio que se encuentran en situación de conflicto para decidir sobre una transacción de este tipo. Creemos que con un mecanismo en extremo transparente como éste, sumado al reforzamiento de la Superintendencia de Valores y Seguros, estamos dando un paso vital hacia el desarrollo del mercado de valores chileno y entregando al mismo tiempo una respuesta adecuada a la creciente demanda por recursos que manifiestan las empresas del país.
El último tema de debate ha sido la concentración bancaria, en particular las consideraciones que se estiman apropiadas para el desarrollo prudente del sistema bancario nacional. Al respecto, cabe señalar que la institucionalidad chilena no cuenta con facultades para tratar los mayores riesgos que produce una elevada concentración del sector bancario. Esta situación se compara desfavorablemente con la generalidad de los países desarrollados, donde sus legislaciones les permiten abordar estas materias.
Es bien sabido que el mercado bancario es distinto del resto de los mercados de la economía y, por tanto, la presencia de un megabanco no sólo genera un problema de carácter monopólico, sino también ¿lo que es más importante- un problema de incremento del riesgo sistémico. Este último concepto está referido a lo que en la literatura financiera se conoce como el problema de ser "demasiado grande para fracasar" (la traducción quizás no tan exacta; corresponde a la expresión "too big to fail"); esto es, un banco puede llegar a ser demasiado grande para que el Estado lo deje quebrar, porque se enfrentaría a una crisis sistémica. Esta situación se genera a partir del comportamiento tanto del banco como, principalmente, de sus clientes: por un lado, los bancos de gran tamaño pueden verse envueltos en tomas excesivas de riesgo; pero, del lado de los clientes, éstos se ven atraídos al sentirse protegidos de manera implícita por el Estado. Este tipo de situaciones conlleva un mayor riesgo para la economía si no son abordadas de manera temprana.
Pero también hemos tenido en cuenta el reciente fenómeno de la consolidación de grandes instituciones financieras a nivel mundial, que se motiva precisamente por la búsqueda de mayor eficiencia de ellas en el manejo de sus operaciones.
Considerando ambos elementos, hemos diseñado una propuesta que tiene especial cautela en limitar la excesiva discrecionalidad de parte de la autoridad fiscalizadora, que no desconoce los beneficios de estructuras más complejas y de mayor envergadura en el sistema y que abandona el uso de criterios inflexibles en la legislación bancaria, pero que, no obstante ello, entrega al organismo fiscalizador las herramientas necesarias para controlar los mayores riesgos involucrados, si los hubiere.
De este modo, el proyecto de ley establece que los más elevados riesgos de insolvencia de una institución de mayor tamaño y, por ende, mayor riesgo fiscal sean acotados a través de otorgar a la autoridad regulatoria las posibilidades de imponer más exigencias patrimoniales asociadas a dichos costos. Al mismo tiempo, los riesgos sobre el manejo monetario se verían mermados ante la posibilidad de imponer mayores exigencias sobre las reservas técnicas y el grado de participación de estos bancos en el mercado interbancario, que es determinante en la formación de las tasas de interés.
Por último, el proyecto permite a la Superintendencia denegar la autorización de fusión, compra de cartera y/o toma de control de bancos, mediante resolución fundada y previo informe favorable del Banco Central.
En suma, proponemos que el fenómeno de la concentración bancaria esté sometido al pago de los mayores riesgos que ella provoca al país. De lo contrario estaríamos avalando la creación de subsidios provenientes del resto de las actividades a un sector particular.
V. Conclusión
Señor Presidente, la totalidad de los mecanismos que hemos venido a proponer están inspirados en la mayor divulgación de información, en el trato justo a los partícipes del mercado de valores y en la incorporación de precios como señales de guía en las decisiones que los actores del mercado toman libremente. Sugerimos reglas conocidas y probadas para el correcto funcionamiento de los mercados de capitales.
El proceso de internacionalización de las empresas chilenas, sumado a la creciente globalización de los mercados financieros en general, nos está conduciendo de manera acelerada e ineludible hacia la necesidad de adecuar las regulaciones financieras a los estándares internacionales. La aprobación del proyecto en análisis nos permitirá avanzar significativamente en este camino.
La defensa de los derechos que este proyecto de ley sustenta resulta fundamental para construir las bases que permitan el desarrollo de un mercado de capitales líquido e integrado a los mercados internacionales, además de fortalecer el mercado de capitales como sistema de asignación de recursos entre ahorrantes y empresarios, lo que es un prerrequisito fundamental para que el país se encuentre preparado para el fenómeno de la integración de los mercados bursátiles del mundo.
Muchas gracias.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Gracias, señor Ministro. Ha sido muy interesante y explicativa su intervención.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, como se ha dicho acá, este proyecto modifica una cantidad bastante significativa de normas legales, en cada una de las cuales hay puntos de mucha importancia.
La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la idea de legislar. Pero durante el análisis particular de los distintos preceptos surgieron varias posiciones divergentes que en un momento hicieron peligrar la aprobación general del proyecto en la Sala.
En tales circunstancias, se produjo un muy interesante proceso de acercamiento de posiciones. Y debo reconocer -al igual que quienes me antecedieron en el uso de la palabra- la excelente disposición de todos los señores Senadores miembros de la Comisión y del señor Ministro y demás funcionarios de Gobierno.
De esa forma, se logró llegar a un acuerdo sobre tres puntos centrales, sin perjuicio, dada la relevancia de los otros temas, de la posibilidad de presentar indicaciones para tratar de perfeccionar, en lo que sea necesario, el resto de la iniciativa.
Deseo referirme brevemente a los tres puntos que constituyeron el núcleo del debate en la Comisión.
En primer lugar, en lo que dice relación a los gobiernos corporativos, nadie puede estar en desacuerdo con los principios básicos que deben guiarlos. ¿Y cuáles son éstos? Primero, quienes manejan una sociedad tienen que velar por el interés de todos los socios y no por el suyo en particular; segundo, es necesario ser extremadamente cuidadoso en las negociaciones donde pueda haber conflictos de intereses, y tercero, los perjuicios que causen los administradores siempre deben ser indemnizados.
No existe discrepancia en cuanto hacia dónde debe apuntar la legislación. Pero, en este caso, muchas veces la manera de resolver el conflicto es casi tan importante como el acuerdo sobre la materia misma. Y, en tal sentido, hemos avanzado sobremanera en la búsqueda de fórmulas de solución que en definitiva garanticen la protección de los derechos de todos los accionistas y, al mismo tiempo, no impidan el normal funcionamiento de una sociedad anónima.
También quiero ser muy franco en señalar que, si bien no llegamos a un acuerdo completo en ese tema, los Senadores de Oposición entendimos que las discrepancias subsistentes no ameritaban que votáramos en contra de la idea de legislar, ya que tenemos plena confianza en que las divergencias se solucionarán durante la discusión particular de la iniciativa.
Al respecto, deseo hacer un comentario a ciertos planteamientos formulados y que de alguna forma podrían ser mal interpretados.
En primer lugar, consideramos -y lo dijimos reiteradamente- que, sea cual fuere la forma de adquirir el control de una sociedad, el controlador no tiene derecho a apropiarse de ningún bien social en su beneficio. A nosotros nos da lo mismo que éste haya obtenido el control por una OPA, a través de una herencia o mediante compra directa. Pero, cualquiera que sea la manera en que lo adquirió, no puede usar el control en beneficio propio, ni menos en perjuicio de los demás.
En segundo término, entendemos que la legislación actual contempla mecanismos para corregir abusos. A mi juicio, sería muy grave pensar que no existen tales medios correctivos. De hecho, se han cuestionado operaciones. Y si se llegara a sostener que la normativa vigente carece de regulaciones para corregir abusos, estaríamos dando una señal equivocada. Hay mecanismos: la responsabilidad de los directores y la indemnización de perjuicios. Lo que se busca mediante este proyecto es crear instrumentos para prevenir ese tipo de conductas.
Deseo ser muy claro al respecto. Estoy seguro de que no es la intención de nadie afirmar que hoy no se pueden corregir tales problemas, pues si hay un perjuicio en contra de los accionistas, es perfectamente posible remediarlo.
Señor Presidente, el Senador señor Foxley me está pidiendo una interrupción, y se la concedo, con la venia de la Mesa.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FOXLEY.- Sólo deseo manifestar que concuerdo plenamente con la clarificación que está haciendo el Honorable señor Novoa. Y si causé una impresión distinta, fue error mío.
Efectivamente, la iniciativa trata de mejorar los mecanismos reguladores existentes para prevenir situaciones que llevan a litigios interminables y donde no siempre está claro cuál es la solución equitativa, justa y jurídicamente defendible.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Puede continuar el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Veo que coincidimos perfectamente.
Sin perjuicio de aprobar estas normas y perfeccionarlas, creo fundamental tomar conciencia de que muchas veces los derechos de las personas no son bien defendidos, no porque haya fallas en las leyes, sino porque éstas no se aplican. Eso es algo que como país y, particularmente, como Senado debemos tener muy presente.
El segundo punto central de la discusión fue el relativo a los efectos de la concentración bancaria. Al respecto, no sólo hubo acuerdo en el espíritu para abordar este tema, sino que existe un texto que mereció la anuencia de todos los Senadores que participaron en las negociaciones.
En lo esencial, se reconoce que puede producirse un problema por el tamaño excesivamente grande de un banco. Y se reconoce también la posibilidad de que el Superintendente de Bancos rechace o condicione una fusión o adquisición de activos y pasivos susceptible de llevar a la situación que se ha llamado "riesgo sistémico".
La solución consensuada, en nuestra opinión, apunta en el sentido correcto. Establece como ¿llamémosla así- medida extrema la negativa por parte del Superintendente a autorizar una fusión, una compra de activos y pasivos o la adquisición del control simultáneo de dos bancos; pero, en caso de que se niegue la autorización, se exige el concurso del Banco Central, mediante el voto conforme de tres miembros del Consejo, o sea, de la mayoría absoluta de éste.
Ahora bien, como regla general, se dispone lo que nos parece lo más pertinente: si hay riesgo o temor de que el tamaño excesivamente grande de un banco cree problemas en el sistema, el Superintendente podrá condicionar su aprobación a que se cumplan requerimientos de mayor capital, o de reservas técnicas más estrictas, o de imposición de limitaciones en algunas operaciones interbancarias. Esto último, porque si un banco muy grande hace a la vez operaciones con otras instituciones bancarias en cantidades significativas, puede provocar un efecto dominó: que la caída de un banco arrastre a otros.
Reitero que sobre este punto no sólo concordamos criterios para resolver el problema, sino que además aprobamos un texto cuya redacción se encuentra prácticamente afinada y completa.
De otro lado, en la Comisión se levantó por parte de los Senadores de Oposición un problema de inconstitucionalidad formal. Nosotros sosteníamos que la indicación del Ejecutivo no decía relación a la idea matriz del proyecto. Sin embargo, en atención a que se trata de una norma para cuya aprobación se requiere quórum orgánico constitucional, por lo que de todas maneras irá al examen del Tribunal Constitucional, al menos quien habla no insistirá en ese aspecto. Esperaré lo que dicho organismo resuelva dentro del control normal de constitucionalidad de la ley en proyecto.
Empero, sí debo manifestar que, más allá de ese problema formal, la solución dada al tema nos satisface plenamente. Consideramos que es la forma adecuada para que la Superintendencia de Bancos, con el concurso del Banco Central, pueda velar por la estabilidad del sistema financiero.
El tercer punto ¿que fue motivo de una negociación más profunda y de un análisis más a fondo- es el de las OPAS obligatorias.
Primeramente, quiero señalar que los Parlamentarios de Oposición planteamos de modo muy categórico nuestra opinión en el sentido de que toda oferta pública de adquisición de acciones debe hacerse conforme a las normas contempladas en el proyecto; vale decir, si alguien desea efectuar una compra pública de cierto porcentaje de acciones, la forma de instar a los accionistas de modo directo a vender sus acciones habrá de ajustarse al procedimiento establecido en el articulado. Independiente de si se trata o no del control de una sociedad, estimamos lógico que si alguien pretende de alguna manera impeler a los accionistas a vender sus acciones, debe cumplir un mínimo de requisitos de transparencia e información al público.
Entendimos que el Gobierno también tenía el mismo propósito. Sin embargo, había que reafirmar ese criterio, por cuanto el texto despachado por la Cámara de Diputados hablaba de OPAS voluntarias o podía prestarse a una interpretación dudosa en tal sentido.
A nuestro juicio, toda oferta de adquisición de acciones dirigida al público en general debe hacerse a través de las normas propuestas. Pero la gran discusión se produjo al definir cuándo una oferta no dirigida necesariamente a todo el público debe regirse por estos mecanismos. Y concordamos en que ello debe ocurrir en dos casos clarísimos: cuando se toma el control de una sociedad y cuando se adquieren los dos tercios de su capital. ¿Por qué? Porque cuando se toma el control de una sociedad anónima abierta, cuyo dominio se encuentra desperdigado entre distintos accionistas, ella pasa a ser sustancialmente distinta y, de alguna forma, comienza a asemejarse a una sociedad anónima cerrada. Entonces, de producirse ese cambio, nos parece razonable que se haga mediante una oferta pública de adquisición de acciones.
Lo mismo debe ocurrir cuando se llegue a tener la propiedad de los dos tercios de las acciones, porque esa cantidad implica disponer de los quórum necesarios para realizar todas las modificaciones que se deseen a los estatutos.
En ese caso fuimos más estrictos. El texto de la Cámara de Diputados establecía la oferta pública de acciones cuando una persona alcanzara el 75 por ciento de las acciones de una sociedad. No entendíamos el porqué de la exigencia de llegar a ese porcentaje, en circunstancias de que con sólo dos tercios de control es factible reformar completamente los estatutos y adoptar todo tipo de acuerdos.
Por lo tanto, planteamos además establecer ¿y así se acordó- que cuando alguien alcance los dos tercios de las acciones, que equivale casi a transformar en cerrada una sociedad, tendrá la obligación de formular una oferta pública para adquirir a los demás las acciones restantes, en las mismas condiciones.
Los tres puntos mencionados fueron concordados como los tres casos normales donde, no habiendo necesariamente una oferta dirigida a todo el público, debe operarse a través de una OPA.
La última discrepancia radicó en qué pasaba si ya existía un control y se quisiera venderlo. Estimamos que la fórmula más apropiada era permitir una transferencia directa de control, siempre que se haga a precio de mercado. En consecuencia, acordamos que cuando se ofrezca el control de una sociedad mediante la venta de acciones a un precio sustancialmente superior al de mercado, no podrá efectuarse una venta directa, sino que deberá haber una OPA, a fin de dar a todos los accionistas la posibilidad de beneficiarse con ese alto precio.
Falta por determinar qué es "precio sustancialmente superior". Pero no me cabe la menor duda de que, con el mismo espíritu de buen entendimiento con que hemos trabajado, hallaremos una definición clara con el objeto de que toda la gente sepa a qué atenerse: si debe hacer una OPA porque el precio es sustancialmente superior al de mercado, o si puede efectuar una venta directa si no se da esa condición.
Es cierto que quedan algunos detalles pendientes, que no hemos abordado ahora. Empero, estamos conscientes de que existe una muy buena disposición para ir solucionándolos, ya que, en general, corresponden a materias técnicas, donde las discrepancias pueden salvarse solicitando la opinión de expertos, de analistas de mercado, o consultando a la Bolsa de Comercio, o revisando precedentes internacionales.
Antes de concluir, quiero expresar que nosotros hicimos -por así decirlo- un acto de confianza en las autoridades de Gobierno al suscribir el acuerdo y concurrir con nuestros votos a la aprobación de la idea de legislar, porque, después, para aprobar la gran mayoría de las normas se requieren simples mayorías, muy fáciles de obtener.
Pero hicimos un acto de confianza no sólo en un sentido genérico, porque la experiencia nos ha demostrado que normalmente las cosas se discuten aquí en un marco de muy buena fe, de muy buena disposición. En este caso, nuestro principal acto de confianza se traduce en lo siguiente: al dar nuestra conformidad a la fórmula en comento, estamos de alguna manera aceptando la argumentación de que enfrentamos un mercado que se va a desarrollar, y que todos se beneficiarán con ello.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, quisiera terminar mi intervención, con cargo a mi segundo discurso.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Muy bien.

El señor NOVOA.- Dentro de las argumentaciones que se dieron para explicar por qué correspondía o no correspondía distribuir el premio por control, hay muchas que nosotros aceptamos y otras que no, o digamos mejor que no compartíamos. Pero, fundamentalmente, nos hicieron fuerza dos cosas:
La primera, que para desarrollar los mercados se requiere como una base necesaria la aprobación de la presente iniciativa; ése fue el argumento que nos convenció. Entendemos, eso sí, que la falta de esta legislación no es lo único que impide el desarrollo de los mercados. O, dicho de otra forma, la ausencia de ella no es la única explicación de por qué los mercados actuales estén tan deprimidos. Hay otras razones que dan cuenta de lo que está ocurriendo en Chile. Una de ellas puede ser la existencia de restricciones al mercado de capitales; otra, algunos aspectos tributarios. Uno ve, por ejemplo, que se transan grandes cantidades de ADR chilenos en Nueva York, en circunstancias de que las normas de protección a los minoritarios son las mismas, ya que no hay diferente protección para un tenedor de ADR. Entonces, ¿por qué se transan más allá que acá? Porque los inversionistas extranjeros en ese país compran y venden sin que se les exijan mínimos de permanencia en él: o porque compran y venden sin impuesto de ganancia de capital, a diferencia de lo que ocurre si las compras y ventas se hacen en Chile.
En segundo término, sabemos que existe una disposición a complementar las normas que permitan el desarrollo de los mercados, además, con otras medidas. No hay un compromiso sobre el particular, no condicionamos por ello nuestra aceptación a la presente iniciativa; pero entendemos que existe una estrategia de apertura de los mercados, a fin de darles mayor liquidez, la cual incluye no sólo la ley en proyecto, sino también otras medidas que a nuestro juicio debieran venir.
Lo anterior también explica por qué hemos estado llanos a aceptar una norma que, de alguna forma, podría afectar el derecho de propiedad de quienes actualmente tienen paquetes de acciones que adquirieron cuando no existían estas limitaciones. Porque, es evidente que, en el plazo de tres años de transición y dándose estas condiciones para que el mercado chileno se revitalice, lo más probable es que no existan grandes diferencias entre el precio de mercado y el precio de control. Por lo tanto, en la práctica no se estarían afectando -como podría ocurrir hoy- los derechos de las personas que adquirieron determinados bienes bajo un régimen, al cambiárseles tal condición y dificultárseles la enajenación de esos bienes.
En consecuencia, señor Presidente, hacemos un acto de confianza en esta materia, y aceptamos que la estrategia de cómo desarrollar el mercado la defina el señor Ministro, quien tiene más facultades para lograr ese propósito que los Senadores, los que sólo podemos intervenir en la parte legislativa de la estrategia de apertura y fortalecimiento de los mercados, y eso sólo es una parte del problema global.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, desisto de hacer uso de la palabra porque, después de escuchar la exposición del señor Ministro y las intervenciones de los Senadores señores Foxley y Novoa, francamente creo que no tengo nada relevante que agregar. Simplemente voy a decir que me alegro mucho de que se haya probado una vez más la capacidad de llegar a acuerdo en materias económicas con miras al futuro del país y que, en realidad, el proyecto constituye un paso extraordinariamente importante en materia de legislación económica.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, voy a seguir el ejemplo de quien me antecedió en el uso de la palabra. Sólo quiero destacar, como complemento a lo que aquí se ha oído, que en el análisis en particular de las disposiciones que estamos aprobando habremos de ser muy acuciosos en cuanto a dejar los espacios de libertad necesarios para que, a través de los estatutos, de los pactos entre accionistas, de las normas propias que se fije cada empresa, pueda generarse la necesaria diversidad. Las sociedades anónimas, tanto por su carácter, su tamaño, la ubicación dentro de su historia (aquellas que son nacientes, aquellas que se están expandiendo) requieren modalidades especiales. Sería un profundo error hacer una ley rígida, una ley que busque generar una estandarización nociva y que impida esos necesarios espacios de libertad. Debemos evitar, sobre todo en la discusión en particular, que las normas que dictemos fijen materias que son ineludiblemente propias de los estatutos de las empresas, que ellas mismas deberán definir, y no la ley. De lo contrario, esta legislación adolecería de una rigidez que, en un mercado cambiante, en una economía creciente y esencialmente dinámica es absolutamente incompatible con un buen camino de desarrollo.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, preferiría hablar después del Senador señor Ominami, que pidió la palabra antes.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, mi intervención se referirá a dos puntos bien específicos: Quiero hacer una precisión y destacar algo que, a mi juicio, constituye una omisión en la iniciativa. Ignoro si será posible resolverla en los trámites que restan.
La precisión se refiere al tema de la concentración bancaria. Me parece muy importante el acuerdo alcanzado en esta materia, ya que rescata muy plenamente la idea original -bien destacada por el señor Ministro- de otorgar a la Superintendencia facultades para enfrentar grandes fusiones o adquisiciones que puedan comprometer una cuota significativa del mercado. Creo que de esta manera la legislación chilena se pone a tono con la legislación internacional, particularmente con la emanada del Comité de Basilea.
En mi opinión, al sacarse del artículo correspondiente la referencia a una determinada cuota de mercado se aclara una confusión que se originó en el curso del debate, en el sentido de que nunca se ha hablado de un límite cuantitativo para la concentración; al contrario, siempre se ha hablado del momento en el cual el Superintendente puede intervenir con facultades adicionales expresamente consagradas por la ley.
Ahora, creo muy importante que en la tramitación posterior, y particularmente en la aplicación de esta iniciativa, la Superintendencia sea muy cuidadosa en esta materia, sobre todo respecto de la conveniencia de introducir en la reglamentación un criterio cuantitativo. Y, en el caso de que finalmente se estableciera dicho criterio, aquélla debería evaluar muy finamente el nivel en que habría que establecerlo.
Quiero ser muy claro en este punto: a mi juicio, la aplicación de un criterio cuantitativo puede resultar, por una parte, arbitraria y, por otra, equívoca. Y equívoca, en un doble sentido: somos un país que quiere participar plenamente de los procesos de globalización, pero debemos hacerlo teniendo conciencia de cuál es nuestro tamaño relativo. Somos una economía pequeña y, por tanto, el porcentaje "x" del mercado local de nuestro país va a ser siempre una fracción muy insignificante de ese mismo mercado en un gran país del mundo globalizado. En consecuencia, hay que ser consistentes con el deseo de participar plenamente en la globalización y asumir las limitaciones de nuestro mercado: el 10, el 15, el 20 o el 25 por ciento del mercado chileno da un tamaño absoluto perfectamente ridículo en relación con el equivalente a ese porcentaje en Brasil o en otros países en desarrollo. Eso, para no establecer la comparación con naciones del mundo propiamente desarrollado.
Por otra parte, me parece fundamental tener presente el criterio del riesgo sistémico, pero creo que éste no debe ser objeto de una evaluación esencialmente cuantitativa. Una misma operación de fusión, protagonizada por bancos con grandes espaldas financieras, con una gran trayectoria y solvencia nacional e internacional, es completamente distinta a una transacción similar que involucre una cuota de mercado equivalente protagonizada por instituciones que no tengan las mismas espaldas.
Por lo tanto, si por último se estableciera una limitación cuantitativa, personalmente sería partidario de que ella se fijara en el nivel más bajo posible, de manera que la Superintendencia tuviese siempre la facultad de oponerse o de hacer valer la necesidad de que se cumpla con los requisitos adicionales que establece la ley.
Es lo que quería precisar en lo relativo a la concentración, materia que ya podremos discutir cuando se prepare el segundo informe.
Mi otra observación tiene que ver con algunas modificaciones que se han introducido en las normas sobre elección de directores de sociedades en que tienen invertidos sus patrimonios los fondos de pensiones. Faltó allí una enmienda que me parece fundamental. No participé el año pasado en la Comisión de Hacienda, por lo que no hice presente esta omisión directamente. Me parece ¿y lo digo con toda franqueza- que el sistema actual de designación de directores por parte de las administradoras de fondos de pensiones es todavía poco transparente y bastante arbitrario. En él no están claramente resueltos los problemas de conflictos de intereses. Más aún ¿y hablo con conocimiento de causa-: creo que el sistema opera con un fuerte sesgo ideológico.
Para evitar esta situación debiera establecerse un sistema de registro público en el cual se inscribieran todas las personas que, cumpliendo ciertos requisitos de idoneidad, de probidad y de independencia, pudieran legítimamente aspirar a ser designadas como directoras de las administradoras de fondos de pensiones. Ése sería un sistema mucho más adecuado y transparente para evitar las sospechas de conflictos de intereses y el fuerte sesgo ideológico que todavía tiene el sistema actual.
No sé si será posible introducir una norma así en el proyecto. En caso contrario habría que legislar cuanto antes al respecto, porque, si estamos tratando de modernizar el mercado de valores e introduciendo un conjunto de normas que tienen que ver con estas materias, tal omisión no se justifica.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se suspenderá por breve tiempo este debate con el objeto de que el Honorable señor Bitar pronuncie un discurso de homenaje que el Senado rendirá en memoria de don Leopoldo Castedo. Se encuentran en las tribunas familiares del destacado historiador, a quienes damos una cordial bienvenida, agradeciendo su presencia. Para el Senado reviste gran importancia este acto de recordación.
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.


HOMENAJE EN MEMORIA DE DON LEOPOLDO CASTEDO

El señor BITAR.- Señor Presidente, estimados señores Senadores, me honra rendir en el Senado un homenaje a un gran historiador, don Leopoldo Castedo.
"Yo soy un transterrado", escribió Leopoldo Castedo, "porque si uno llega a un país con el mismo idioma, la misma mentalidad, las mismas flaquezas y virtudes, entonces se trata de un transtierro, el cruce de una tierra a otra.". En efecto, amó a dos países: España, donde había nacido, y Chile, donde residió desde sus años 20, porque encontró en ambos características que le permitieron vivir sin modificar los rasgos fundamentales de una misma cultura.
"Encontré en Chile lo que había perdido en España", declaró en una oportunidad. "Para mí España está donde está la democracia, la libertad y el entendimiento. Cuando me vine a Chile después de la guerra civil, España dejó de ser España. La encontré en Chile, porque había tolerancia y entendimiento".
Castedo vino a Chile exiliado de la España herida por una "guerra incivil", según su propia denominación, junto a su primera esposa y su hija Elena, de sólo dos años. Llegó en el Winnipeg, ese viejo barco que trajo a Chile a más de dos mil españoles del bando de los derrotados en una de las guerras más cruentas de este siglo, tarea meritoria de responsabilidad de nuestro Pablo Neruda, quien la calificó como "la más noble misión que he ejercido en mi vida", respondiendo así a una decisión del Presidente Pedro Aguirre Cerda, quien le había ordenado "Tráigame millares de españoles. Tenemos trabajo para todos".
Leopoldo Castedo y Hernández de Padilla nació en Madrid el 27 de febrero de 1915, hijo de Sebastián, un conservador ex Ministro de Economía de Miguel Primo de Rivera, padre del fundador de la Falange Española durante el reinado de Alfonso XIII; y de Luisa, mujer culta y excelente pianista y cantante. Su niñez y su juventud fueron gratas en un hogar donde se sentía querido y estimulado intelectual y artísticamente. Estudió la carrera de Filosofía y Letras, con Mención en Historia de América, en la Universidad de Madrid, graduándose tempranamente. Varios hechos marcaron su vida en esta etapa: fue discípulo y ayudante de Ortega y Gasset; trabajó con Federico García Lorca en la Compañía Teatral "La Barraca", esa maravillosa experiencia de extensión del teatro español llevada a las regiones de España, donde ejerció como actor y guitarrista; y, siendo partidario de la República, se convirtió consecuentemente en combatiente de la guerra civil.
Una anécdota de esa etapa refleja su profundo amor por la vida y su enorme optimismo ante la adversidad. Transcurrido algunos meses de iniciada la guerra civil fue víctima en la explosión de un palacete utilizado como fábrica de granadas; quedó enterrado bajo cuatro metros de escombros con diversas fracturas y un ojo perdido. Transcurrido cierto tiempo, cuando ya se creía imposible encontrar sobrevivientes, alguien escuchó un silbido que salía de debajo de las ruinas. Era Castedo que entonaba una melodía de Mozart. En aquella ocasión, escribió, "nací en Madrid en una día de septiembre de 1936, cumplidos los 21 años". Fue este su primer renacimiento. El segundo episodio dramático que enfrentó con valor y confianza fue el tratamiento de un cáncer pulmonar, el que bien pudo ser su segundo renacimiento. En sus Contramemorias hace un curioso paralelo, no exento de negro humor, entre ambos sucesos. El primero correspondió "a una descomposición, originada por la sublevación militar, que trastocó estructuras y entendimientos. Mutatis mutandi, el mismo proceso que se estaba operando en mi vapuleado cuerpo con el desarrollo del cáncer. En buenas o malas cuentas, en un caso padecí la alteración revolucionaria de los hábitos; en el otro la alteración revolucionaria y el desbarajuste de las células".
De estas experiencias surgió con más fuerza su vocación de servir a la democracia, a la tolerancia y a la paz de Chile, que es lo que admiró al llegar a nuestro país. Un testimonio suyo en su libro "Contramemorias de un Transterrado" así lo revela:
"Dos episodios estimularon mi admiración por el Doctor Cruz Coke. Su promesa, cumplida a carta cabal, de no visitar España mientras este país, por él tan querido, no viviera en democracia. Con su actitud se sumaba a idéntica promesa, asimismo cumplida, por Picasso y por Casals. La otra fue la presidencia de un banquete, como tantos acontecimientos afines acaecidos a poco de la llegada, reafirmadores de nuestra admiración por la civilidad y la tolerancia chilenas. Era en esos tiempos el parque de la Quinta Normal de Agricultura lugar de reunión y de paseo de los santiaguinos, cuidadosamente mantenido y ornado con valiosos edificios, los más provenientes de la participación chilena en exposiciones internacionales europeas. A uno de éstos fuimos invitados los pocos españoles universitarios del Winnipeg, desde catedráticos hasta jóvenes licenciados, como el autor de estas notas. Los invitados no éramos muchos, porque no fueron muchos, a diferencia de México, Argentina, Colombia, Venezuela, los "intelectuales" de la inmigración nerudiana, por lo cual la mesa tampoco era de grandes dimensiones; pero, eso sí, los contertulios constituían el más significativo de los homenajes entre los abundantes con los que ya habíamos sido obsequiados. Recuerdo, entre ellos, al entonces Rector de la Universidad de Chile, Juvenal Hernández, decanos y profesores, algunos después también rectores de la misma Universidad, como Juan Gómez Millas y Eugenio Amunátegui, a poco andar unos de mis mejores amigos, varios escritores, entre otros, José Santos González Vera y Manuel Rojas, además de conocidos senadores y diputados. Pero lo más significativo, e incluso me atrevería a decir" ¿señala Castedo- "lo más alegórico para quienes veníamos de la exacerbación de la intolerancia, era el protocolo en la disposición de la mesa, porque compartían su encabezamiento, por un lado el Doctor Eduardo Cruz Coke, candidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador y, por el otro, el socialista y joven Ministro de Salubridad del gobierno del Frente Popular, Salvador Allende.".
Desde el momento en que llegó a Chile ¿según sus propias palabras-, su vida se convirtió, por una parte, "de la España partida que amé y que se me negó en forma implacable muchas veces. La otra parte corresponde a un continente que hice mío, que recorrí casi palmo a palmo por tierra, mar y aire y traté de valorizar en su caótico e incomparable poder de creación".
Para Chile, el aporte de Leopoldo Castedo fue enorme. Intelectual notable, sus múltiples y polifacéticas actividades lo llevaron a trabajar como cronista para el diario "La Nación", como director de la Revista de Música Chilena, como Director del Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile, cargo que también ejerció para el Banco Interamericano de Desarrollo. Colaboró durante diez años con el investigador Francisco Antonio Encina en su monumental obra "Historia de Chile", la que luego resumiría en una más pequeña en tres volúmenes. Se desempeñó como profesor en la Universidad de Chile y en la Universidad Austral de Valdivia. En el terreno de la historia escribió, además, "Chile: Vida y Muerte de la República Parlamentaria", que complementa la historia de Francisco Antonio Encina, incorporando el período que abarca desde el Gobierno de Balmaceda hasta el de Arturo Alessandri, y varias otras obras como "Arte Precolombino y Colonial de América Latina".
Castedo tiene más de setenta publicaciones. Su concepto de la historia era rigurosamente integral: superando la tendencia al estudio circunscrito sólo a los fenómenos sociopolíticos, da sentido a una visión que incorpora todas las manifestaciones de la cultura expresadas en su acepción más amplia o antropológica, es decir, como todo aquello que hace el hombre. Por lo tanto, incluye con erudición la música, la literatura, el teatro, la artesanía y la danza, lo que permite apreciar las identidades, las grandes corrientes, como el barroco, que perduran, por ejemplo, en la poesía nerudiana, y diversidades o multiculturalidades de nuestra América. Estas investigaciones llevan a Castedo a visualizar que puede concebirse una cultura latinoamericana sustentada en el potencial creativo que heredó de los pueblos prehispánicos.
Notable fue también su trabajo documental "La Hazaña del Riñihue", registro fotográfico y fílmico de una epopeya donde el esfuerzo humano y la solidaridad evitaron una catástrofe que habría tenido graves consecuencias. Este trabajo lo convirtió en un documental que tituló "La Respuesta", el que ganó el Festival Iberoamericano de Bilbao.
Leopoldo Castedo realizó importantes innovaciones en el método de escribir la historia. El Premio Nacional de Historia, Armando de Ramón, en su homenaje rendido a Leopoldo, destacó dos aportes innovadores: primero, el conocimiento personal de la geografía latinoamericana y de sus gentes. Como ningún historiador, Castedo recorrió cada rincón de nuestra América Latina. No escribía sólo de lo aprendido en libros, sino con el sentimiento vivo en la piel de esta tierra nuestra. El segundo es el uso de la fotografía y del cine como un gran apoyo para la interpretación, comprensión y enseñanza de la historia. Era un fotógrafo apasionado.
Trabajó en la CEPAL bajo el período de su amigo Raúl Prebisch. Entre 1960 y 1979 vivió en Estados Unidos ejerciendo como profesor de la State University of New York y como académico visitante en universidades de Washington y California.
El Banco Interamericano de Desarrollo le encargó su último gran trabajo de envergadura, al cual estuvo dedicado en el último tiempo: "Fundamentos Culturales de la Integración Latinoamericana".
En su prólogo, Enrique Iglesias, Presidente del BID, dice: "Este libro se inscribe en una vasta tradición de panoramas de la cultura de nuestra región que han nutrido figuras como Arciniegas, Pedro Henríquez Urzúa, Alfonso Reyes y Mariano Picón Salas. Sólo una persona como Castedo, con la cultura, dedicación y, diría, devoción por estos temas, puede dar cuenta de estos temas".
La realidad chilena siempre le preocupó y le dolió. Vio en el Chile del pasado la repetición del desmantelamiento de la democracia y los métodos represivos empleados en los tiempos de Franco, como similitud amarga de sus dos patrias. Demócrata convencido, partidario de la tolerancia y de la justicia, no estuvo al margen de los esfuerzos que en el país se hicieron por retornar a la democracia. Una de sus decisiones fue contribuir a la formación del Partido Por la Democracia, en el que militó y colaboró hasta su reciente muerte.
Como Presidente del Partido Por la Democracia, quiero destacar el valor del compromiso sabio y ponderado de un intelectual de la talla de Castedo en la vida pública.
Ante todo, nos sentimos orgullosos porque ennoblece la política, tantas veces denigrada. Con ello alienta, mediante su ejemplo, la participación de la juventud y de otros intelectuales.
Nuestra acción política incesante conspira contra la indispensable reflexión. Él nos ayudaba a esa reflexión. Nuestro activismo cotidiano nos aleja de la visión de largo alcance. Castedo situó muchas veces nuestras inquietudes en esa perspectiva más larga, tan esencial para inspirar una acción fructífera.
Cuántas veces uno cree estar inventando nuevas fórmulas, cuando similares hechos, pensamientos y propuestas ya estaban dibujándose antes en nuestra sociedad.
Esta interacción entre actividad política y actividad intelectual, es un ejemplo que debemos extender en nuestro país.
Hago llegar, en nombre del Partido Por la Democracia y de los Senadores señores Silva y Parra, un saludo muy especial a su esposa, la poetisa Carmen Orrego, a su hijo, nietos, familiares y amigos que hoy nos acompañan en esta Corporación.
Chile y España reconocieron el valor excelso de este intelectual. El Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle lo honró con la Orden al Mérito Gabriela Mistral y el Rey Juan Carlos lo hizo con la condecoración Isabel La Católica. También lo condecoró el Gobierno de Brasil con el título de Comendador da Orden Nacional do Cruzeiro do Sul.
Fue un gran español y un gran chileno. Su vida muestra el vínculo entre estos dos pueblos y es ejemplo descollante de esa gran pléyade de intelectuales españoles que influenciaron la sociedad y cultura chilena.
Tuve, además, como autor, el honor de haber sido el último chileno a quien él favoreció con un prólogo, pocos meses antes de morir. Se trata de la décima edición de mi libro "Isla 10".
Castedo, que fue gran amante de la música por herencia de su madre, siempre recordó con nostalgia las tertulias de su casa de juventud española y las "Lieder" que ella interpretaba. Admiró a Claudio Arrau y envidió a Pablo Casals; quiso que en su muerte interpretaran música de Bach.
Curiosa y compartida muerte la de Leopoldo Castedo. Ella ocurrió en España -su primera patria- y, por su expresa voluntad, sus restos fueron traídos en un último y definitivo viaje a Chile -su segunda patria-, donde hoy reposan. Nos deja, este verdadero humanista y hombre bueno, su obra, que es la continuidad de su vida y semilla de nuevas investigaciones, reflexiones y acciones, y también el gran recuerdo de un amigo sabio, sencillo, agudo, con gran sentido del humor, un hombre de paz. Castedo nos deja una gran herencia cultural, política y humana que los chilenos sabemos reconocer y valorar.
He dicho.
--(Aplausos).

El señor RÍOS (Vicepresidente).- El Senado, por especial encargo de la totalidad de los Comités de nuestra Corporación, adhiere, con admiración y cariño, al homenaje que el Senador señor Bitar ha rendido esta tarde en memoria de don Lepoldo Castedo.
Nos sentimos muy complacidos por la presencia de la señora Carmen Orrego y su hijo Antonio, quienes nos acompañan en representación del resto de la familia, que es bastante más extensa.
Agradecemos mucho al Senador señor Bitar la preparación de este homenaje, lo que nos ha permitido vivir un momento muy importante en la historia del Senado.
Se suspende la sesión por cinco minutos, para despedir a los familiares de don Leopoldo Castedo.


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--Se suspendió a las 18:25.
--Se reanudó a las 18:30.
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El señor RÍOS (Vicepresidente).- Continúa la sesión.



OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y RÉGIMEN DE GOBIERNOS CORPORATIVOS

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Debo advertir a los señores Senadores que, por acuerdo de los Comités, se encuentra abierta la votación para el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, me habría gustado que estuviese presente el señor Ministro, por considerar que tanto él como su antecesor han hecho un excelente trabajo y, sin lugar a dudas, han convencido a los señores Senadores acerca de la importancia que esta iniciativa tiene para el desarrollo del país. Pero lo importante es que convenzan a la gente para que invierta, porque ahí está el problema y la razón de que estemos legislando sobre el particular.
A mi juicio, esta iniciativa va en la dirección correcta en cuanto a dejar a nuestro país en condiciones de contar con un mercado de valores donde las personas puedan invertir y, por esa vía, capitalizar y desarrollar realmente tal actividad. Y yo pregunto al respecto ¿como también lo hace mucha gente- si nuestro país ha experimentado en los últimos 17 años un gran desarrollo económico, si tenemos un sistema financiero sano y un ahorro interno importante, ¿por qué el mercado de capitales se encuentra en esta situación?
Ésa es la pregunta que me lleva hoy día a reflexionar y poner mayor énfasis en alguno de los puntos ya abordados, y muy bien, por varios de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra. Porque lo cierto es que tal situación ya no da para más.
No hace muchos días leí una intervención de un economista que, al parecer, está muy vinculado a la Bolsa de Comercio, y decía ¿al menos, el diario así lo transcribió-: "Bueno, ya es demasiado tarde, y en realidad esta legislación, y otras que se necesitan, prácticamente ya nada pueden hacer para revivir este cadáver que es hoy día la Bolsa de Comercio chilena".
Y en gran parte tiene razón. Hoy en día -¡fíjense bien, señores Senadores!- son contadas las acciones de empresas importantes que se transan en la Bolsa. Por ejemplo, las de Pizarreño, CTI, Terranova, Vapores y las de varias otras, ya no se cotizan, o algunas se transan esporádicamente. Y nadie invierte. ¿Por qué está pasando esto?
En algunas de las intervenciones anteriores, aquí se nos ha proporcionado una explicación muy técnica. Pero creo que cuando suceden cosas como éstas, las explicaciones técnicas pueden justificarse; pero sobre el particular hay algo más de fondo. Y es importante que hoy día en el Senado tengamos conciencia del problema, para así aprobar esta legislación y otras que, a mi entender, son también necesarias. Porque, en verdad, si uno mira lo que ocurre con los pequeños accionistas, no puede menos que preocuparse. No sólo por la suerte de ellos, sino porque, querámoslo o no, en los pequeños accionistas está comprometido de hecho el desarrollo del mercado. Y los países que así lo han entendido, los que analizan esta situación con seriedad, son los que nos dan lecciones al respecto. No es posible que en nuestro país pensemos que podemos avanzar en esta materia sin preocuparnos de proteger verdaderamente a los pequeños accionistas. Y ocurre que éstos, por diversas razones, carecen o carecían en absoluto de protección. Y por las razones mencionadas por el señor Ministro, el Gobierno tiene la obligación de actuar en este aspecto, pero debe hacerlo con prudencia e inteligencia, porque no se trata tampoco de que el Estado nos venga a decir cómo, cuándo y dónde una persona puede invertir. ¡Eso no; sería pésimo! Además de un Estado que entienda y comprenda el mundo moderno, debemos contar con una legislación adecuada, la cual, junto con permitir que la libre iniciativa, la capacidad de invertir y la de desarrollarse puedan llevarse a cabo plenamente, él tiene que considerar también los resguardos necesarios para evitar situaciones injustas que tanto daño han causado al país.
Hace cuarenta o cincuenta años, cuando una persona invertía en un banco, la inflación prácticamente devoraba sus fondos, debido a la inexistencia de un sistema de reajuste. En la actualidad, por cierto, eso se ha corregido, pero no es suficiente. Por ejemplo vemos ahora que los pequeños accionistas deben soportar el que en empresas que obtienen grandes utilidades ellos no reciban los dividendos que por la vía del reparto les corresponde -con un límite de 30 por ciento, porque hasta ese porcentaje obliga la ley-, lo que significa que las acciones que como producto de ello debieran tener mayor valor, no lo tengan. Los que se benefician de ello son los controladores, quienes tienen el poder en las empresas, a las que por esa vía van capitalizando, pero no en beneficio de los accionistas. Ello conduce a que nadie tenga fe en esa actividad o que no crean, señor Ministro, en lo que estamos haciendo.
Por ello, creo que esta legislación, entre otras cosas, reviste enorme trascendencia. Espero que también se aprueben otras disposiciones que nos permitan competir, porque si estamos en una economía de mercado, en donde quizá lo más significativo sea la Bolsa de Comercio, o el mercado de valores, es absurdo continuar todavía con diversos tabúes y con cosas sin sentido. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia de capitales; es una realidad distinta. Hoy día no tiene ningún sentido, como lo decía el Senador Novoa. Y todavía tenemos ese impuesto; o bien, los fondos correspondientes permanecen por un año.
Todo esto contribuye a que quien tenga algún capital no lo deje en el país, sino que lo lleve al extranjero.
Por otra parte, debo decir con toda franqueza que la mentalidad del Servicio de Impuestos Internos me parece errada: se preocupa demasiado de dónde provienen los fondos, en vez de averiguar a qué lugar van. Ahí está el problema. Está bien que investigue que los fondos sean lícitos o que si una persona ha incurrido en actos indebidos para obtenerlos. Por cierto, debe preocuparse del cumplimiento de la ley, pero distinto es que tenga la presunción de que cada bien de una persona lo logró de mala forma.
Todo esto es muy volátil. Actualmente, por la complejidad del tema financiero y dados los sistemas vigentes, es muy fácil invertir en el extranjero, con todas las ventajas señaladas por el Honorable señor Novoa.
Entonces, es urgente contar con esta legislación y con otras, para retomar el camino que nos garantice proteger nuestros mercados e incentivar el ahorro en áreas que no tienen por qué ser exclusivas para los grandes empresarios. De ser así implicaría no entender las cosas.
Este problema ya existía hace seis o siete siglos, cuando los venecianos invitaban a grandes empresas a realizar transacciones. No sólo se contentaban con los intereses. Porque cuando uno invierte en acciones espera ganar más. Existe un afán de especulación en lo íntimo del ser humano. Aquí hemos ido contra la naturaleza de las cosas, con una legislación pacata, con políticas torpes y -por qué no decirlo- con mentalidades mediocres.
Me alegro de que hoy día tomemos la decisión de legislar y de que el señor Ministro haya tenido tanta capacidad de persuasión. Espero que también la tenga con la opinión pública nacional y que actuemos con consecuencia para que en materias tan importantes como ésta Chile logre profundizar la vía tan exitosa alcanzada en los últimos 17 ó 20 años, saque ventaja a lo que hemos realizado y no nos durmamos en los laureles o que creamos que lo hemos hecho todo, porque, ¡por Dios! que falta.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, es sabido que durante la tramitación del proyecto de ley que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones hubo discrepancias entre la Oposición y la Concertación. Éstas se referían a tres aspectos específicos de la iniciativa, los cuales ya han sido expuestos.
Quiero destacar que el acuerdo al que se ha llegado no obedece a una negociación, en que cada sector ve cuánto puede obtener y cuánto debe ceder en el proceso. Se originó más bien una discusión, donde cada parte estuvo dispuesta a escuchar y a tratar de entender los objetivos y aprensiones del otro sector. Ello me parece digno de mencionar, porque, en el fondo, permitió que en los acuerdos primasen los argumentos técnicos, apoyados en estudios, en evidencia empírica y, también, en el sentido común, reemplazando el tradicional tira y afloja. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo en otros proyectos importantes que analizamos, como el que modifica el Código de Aguas.
Me quiero referir brevemente al punto de toma de control de sociedades.
La norma originalmente propuesta por el Ejecutivo obligaba al comprador de un paquete controlador a adquirir 20 por ciento de acciones adicionales al público, en oferta pública. Nuestra objeción es que esto producía una distribución obligada de ingresos desde los accionistas mayoritarios a los minoritarios, lo que, a nuestro juicio, podía ser tan reprochable como la apropiación por parte de los controladores del mayor valor que pueda ofrecer el comprador. Ninguna de las dos ideas es aceptable.
Durante las conversaciones se discutió sobre las recomendaciones de política que se derivan de una línea de investigación económica, dedicada a establecer la relación entre el grado de protección a los inversionistas y el desarrollo del mercado financiero en los diversos países.
En la mayoría de los mercados, las empresas cuyas acciones se transan en bolsa están controladas por un accionista o por un grupo que, en general, tiene un rol activo en la administración. Por lo tanto, uno de los principales problemas es cómo prevenir que el controlador -que, además, administra- pueda expropiar los activos de los accionistas minoritarios.
Los inversionistas potenciales, al percibir el riesgo de expropiación -que puede tomar diversas formas- exigen un descuento en el precio de la acción como compensación. Estos descuentos disminuyen la valorización de las acciones, aumentando el costo de obtener financiamiento mediante aportes de capital y reduciendo el incentivo de los controladores a buscar capital por esta vía.
Sin embargo, la existencia de un grupo controlador en sí no constituye un problema. Al contrario, generalmente los grupos controladores, sobre todo en países menos desarrollados, permiten un proceso de toma de decisiones mucho más ágil frente a temas como cambios en la administración, direccionamiento en la estrategia de la empresa, reestructuración de la corporación, etcétera.
Por lo tanto, en países como el nuestro, en que la propiedad de las empresas no está muy diversificada -y tampoco parece recomendable tratar de atacar ese punto-, el desafío es cómo lograr que la presencia de grupos controladores no ponga en riesgo los activos de los accionistas minoritarios.
Se discutió la posibilidad de entregar a cada empresa a través de sus estatutos la fijación de las reglas del juego y del grado de protección que estaba dispuesta a ofrecer a los minoritarios. Esto se hubiese podido asimilar al esquema en que algunas empresas, o más bien sus accionistas, acordaron diversas normas que les permitió acceder a los recursos de los fondos de pensiones. Es decir, así como hay empresas "aefepeables" y empresas "no aefepeables", se podría haber llegado a tener empresas con cláusulas estrictas de protección a los minoritarios y otras sin esas cláusulas. Se supone que cada potencial inversionista, antes de comprar acciones, hubiese podido averiguar el tipo de empresa al que está entrando y, por consiguiente, el grado de protección que tiene.
Empero, se prefirió establecer la protección en la ley, porque el acceder a la información y procesarla tiene un costo que no es despreciable. Es distinto saber que un país tiene leyes de protección a los accionistas minoritarios, respecto de los cuales se puede acudir a la justicia, que tener que averiguar a nivel de cada empresa si ésta contempla este tipo de normas en los estatutos.
La evidencia parece indicar que aquellos países con sistemas legales y judiciales que dan garantías a los minoritarios tienden a tener mercados financieros más desarrollados.
La fórmula a la que llegamos, que ha sido expuesta tanto por el señor Ministro de Hacienda como por el Senador señor Novoa, parece razonable, y esperamos que contribuya a una mayor profundidad y liquidez de nuestro mercado de capitales. Pero es obvio que ésta es sólo una de las medidas que deben adoptarse, pues por sí sola no producirá la recuperación del mercado de la bolsa.
Quiero hacer presente que el hecho de aprobar en general este proyecto no significa que apoyemos todas las normas contenidas actualmente en él. Creemos que muchas disposiciones deben perfeccionarse. También estimamos que la redacción de muchos de sus artículos debiera sufrir variaciones, en algunos casos bastante sustanciales. Pero aprobamos el proyecto en general en la confianza de que en la discusión particular nos encontraremos con la misma disposición a escuchar que hemos experimentado en estas últimas semanas.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general el proyecto.
Acordado, dejándose constancia de que emitieron pronunciamiento favorable 35 señores Senadores.
Hago presente a Sus Señorías que, según lo acordaron los Comités, el 9 de mayo, a las 18, vence el plazo para presentar indicaciones.
Queda despachado el proyecto.

VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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Los oficios cuyo envió se anuncia son los siguientes:
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Ministro de Minería, sobre PLANTA DE ETANOL EN MAGALLANES (DUODÉCIMA REGIÓN).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Salud, acerca de FALTA DE ANGIÓGRAFO EN INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA.
A los señores Ministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, Contralor General de la República e Intendente Regional de Aisén, respecto a HABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, COMUNA DE CISNES (UNDÉCIMA REGIÓN).
A los señores Ministro de Vivienda y Urbanismo y Alcalde de Coyhaique, sobre CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN PIEDRA DEL INDIO (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor MORENO:
A la señora Ministra de Salud, relativo a ATENCIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA, ODONTOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA EN PICHILEMU y sobre RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS EN SEXTA REGIÓN.
Al señor Subsecretario del Interior, tocante a SEDE PARA EL ADULTO MAYOR EN PICHILEMU (SEXTA REGIÓN).
Del señor OMINAMI:
Al señor Ministro de Hacienda, sobre DIFERENCIAS EN PROGRAMAS DE EMPLEO PARA COMUNAS DE PETORCA, CABILDO Y CATEMU (QUINTA REGIÓN).
A los señores Ministro de Economía, Vicepresidente de Corfo y Presidente del Sistema Administrador de Empresas, atinente a EVALUACIÓN DE PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE ESVAL S.A (QUINTA REGIÓN).
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El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.


CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. OFICIOS

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, con fecha 14 de diciembre de 1999 fue publicada en el Diario Oficial la ley Nº 19.653. Este cuerpo legal ha venido a perfeccionar en materia de probidad administrativa la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Con independencia de los criterios señalados, cuando dicha iniciativa legal cumplió con sus trámites de aprobación en la Sala fui particularmente crítico en orden a solicitar mayores exigencias en materias tales como hacer incompatible la función pública con el consumo de droga; eliminar las posibilidades de excepción al principio de la publicidad de los actos administrativos sobre la base de lo que dispusiera el Reglamento, y también, preferir la declaración de bienes a la de intereses. Estoy convencido de que si bien aquélla es perfectible es una buena ley. Entiendo que ayer el Ejecutivo anunció que en los próximos días hará llegar un mensaje para modificar la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en materia de incompatibilidades entre función pública y consumo de drogas, asumiéndose así el criterio escogido en su momento pero desechado después. Me alegro mucho de la iniciativa que emprenderá el Gobierno para mejorar dicha normativa.
En todo caso, deseo recordar y destacar que los principios de eficiencia y eficacia de la gestión pública se encuentran estrechamente vinculados al principio de la probidad administrativa, de suerte que éste importa, entre otras cosas, una gestión eficiente y eficaz, y según dispone el artículo 55 de la ley 19.653, se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.
Esta descripción contenida en nuestra legislación nos permite abordar el problema de la probidad administrativa desde su connotación positiva, y no -como se hace a menudo- desde una perspectiva negativa, es decir, desde la perspectiva de la corrupción.
Así, deseo destacar que el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que entre otras cosas garantiza la carrera funcionaria, dispone la obligación permanente del Estado de propender a la capacitación y al perfeccionamiento de sus integrantes. Estoy convencido de que esta función transversal -ya que obliga a toda la Administración Pública centralizada y descentralizada- constituye finalmente un eficaz instrumento para incentivar la probidad, pues asegura la eficiencia y la eficacia de la gestión pública.
Pues bien, ocurre que en la Administración Municipal los programas relativos a la capacitación y el perfeccionamiento son extraordinariamente escasos, no obstante que el propio Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales -ley Nº 18.883- destina el párrafo segundo (artículos 22 a 28) al desarrollo de aquéllos, ligando derechamente el ascenso en la carrera funcionaria con la capacitación y obligando a contemplar todos los años un ítem destinado a capacitación en los presupuestos municipales.
Sin embargo, como es lógico, dichos ítems son extraordinariamente pequeños, ya que no existe ningún incentivo para que el municipio invierta en la capacitación y el perfeccionamiento de sus funcionarios, pues obviamente sus prioridades en materia de inversión siempre están primero.
Lo anterior no se compadece con lo que ocurre en el sector privado, donde el SENCE ha venido a ser un gran incentivo para que los empresarios perfeccionen a sus trabajadores. Sabemos que aquéllos pueden descontar el gasto invertido en el perfeccionamiento hasta el equivalente al uno por ciento de las remuneraciones anuales de todo su personal.
Pienso que esta materia merece ser tratada. Debemos buscar cómo incentivar una mayor capacitación y perfeccionamiento en la Administración Pública, particularmente en la Municipal, constituida hoy en un verdadero motor del desarrollo y en un auténtico instrumento de servicio público que atiende las necesidades más urgentes de la comunidad local.
Entiendo, señor Presidente, que el Ejecutivo, junto con la Asociación Chilena de Municipalidades, se encuentra estudiando la normativa destinada a poner en práctica el artículo 110 de la Constitución Política, el cual desarrolla el tema de la autonomía municipal con relación a su planta de funcionarios. Dicho proyecto ¿según nos han informado- será remitido a trámite legislativo próximamente, por lo que pido que la inquietud planteada en el sentido de contemplar normas destinadas a incentivar la capacitación y el perfeccionamiento de los funcionarios municipales sea incluida en dicho cuerpo normativo, pues obviamente se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por lo tanto, solicito que se oficie en mi nombre remitiendo copia de esta intervención al señor Ministro del Interior y, por su intermedio, a todos los concejos de las municipalidades del país, naturalmente a las asociaciones de funcionarios municipales y a la Asociación Chilena de Municipalidades, a fin de que estas entidades tomen nota de lo aquí planteado, para que ojalá el Ejecutivo se haga parte de la inquietud que he manifestado e incorpore en el proyecto respectivo las referidas normas.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Excúseme, señor Senador. ¿Desea que se oficie al señor Ministro del Interior y a todos los concejos comunales?

El señor BOMBAL.- Sí, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el caso de los concejos comunales, la decisión deberá tomarse posteriormente.

El señor BOMBAL.- No tengo inconveniente, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.


DECLARACIÓN DE PRESIDENTE DE CORTE SUPREMA SOBRE TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en un segundo orden de ideas, deseo expresar nuestra satisfacción por las expresiones, aparecidas en la prensa, del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en orden a extremar al máximo todos los esfuerzos que está realizando ese importante Poder del Estado para terminar con la vieja práctica del tráfico de influencias.
Leímos con mucho agrado la declaración aparecida en la prensa hace algunos días en el sentido de que la Comisión de Control Ético del Poder Judicial, y particularmente el Presidente del Máximo Tribunal, comprometen sus mejores esfuerzos para terminar con una práctica que ha sido tan dañina para la imagen de la justicia chilena y para la aplicación de la correcta administración de justicia requerida por el país.
Lo anterior, unido a lo que señalamos en días pasados respecto a que nos alegrábamos mucho por la forma en que se estaban resolviendo problemas tan complejos y delicados que afectaban a algunos altos magistrados, viene a sumarse a la actitud que planteamos, pues permite al país visualizar con mucha claridad la voluntad -manifestada por parte del Presidente del más alto tribunal del país, y, en consecuencia, de uno de los Poderes del Estado- de limpiar todo aquel vestigio de tráfico de influencias que a la larga hace que la gente termine desconfiando de la justicia o formándose una impresión muy equivocada de cómo debe impartirse aquélla y, por supuesto, sintiéndola cada día más lejana.
A mi juicio, la línea que el señor Presidente de la Corte Suprema, don Hernán Álvarez, está dando a su gestión garantiza al país que las prácticas reñidas con el orden legal y la justicia van a ir desapareciendo de los tribunales, lo cual representa un resguardo para la consolidación de nuestra democracia y, sin duda, para la recta administración de justicia y, sobre todo, para que la justicia alcance a los más necesitados con la igualdad que se merecen.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.


PROBLEMAS EN VIVIENDAS DE LOCALIDAD DE LA JUNTA. OFICIOS

El señor HORVATH.- Señor Presidente, este fin de semana, en uno de los recorridos habituales por la Región, tuvimos oportunidad de visitar la localidad de La Junta -ubicada en el camino austral entre Chaitén y Coyhaique-, con motivo de una invitación del Comandante en Jefe de la Armada para navegar en el buque Aquiles" entre Puerto Montt y Puyuhuapi, y visualizar la importante labor de la Armada en la protección del litoral, la lucha contra el subdesarrollo y la asistencia social a esas comunidades.
En el caso de la localidad de La Junta, no pudimos dejar de sorprendernos por un hecho relacionado con una población levantada y terminada con bastante esfuerzo y gracias al ahorro de 26 familias, la cual incluso se halla recepcionada por la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Cisnes. En efecto, todas las viviendas, de material sólido, básicas, construidas para el Servicio de Vivienda y Urbanización y listas para ser entregadas, fueron objeto de una orden de demolición después de una visita del anterior Ministro de Vivienda, a fines de 1999, quien, según entiendo, las encontró de mala calidad.
Lo anterior generó todo un drama en una comunidad pequeña pero en la cual la situación es significativa por el número de familias afectadas. Y no sólo como Parlamentario, sino también como ingeniero civil fui a ver las casas, que en verdad cumplen con todas las normas y fueron bien recepcionadas. Tal vez, cabe formular algunas observaciones menores que perfectamente pueden ser resueltas en el proceso de la recepción provisoria y, después, con las garantías para la recepción definitiva proporcionadas por la empresa constructora.
Habiendo mediado una orden del señor Ministro de entonces, el episodio se transformó en una disputa que fue llevada a la Contraloría General de la República. Y ello, normalmente, implica una solución demorosa. Al parecer, la cuestión se originó en una discordia interna entre la Cartera del ramo y el Servicio de Vivienda y Urbanización.
Solicito que se oficie al señor Ministro de Vivienda y a la Contraloría General de la República para que se remita la información pertinente, se otorgue un permiso de ocupación a gente que con mucho sacrificio ha esperado tantos años sus casas y se aclare el asunto en definitiva. Porque no pueden resultar perjudicados por una decisión de esa naturaleza habitantes de comunidades tan abandonadas.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Horvath, conforme al Reglamento.


PLAN DE INMIGRACIÓN PARA ZONA AUSTRAL. OFICIOS

El señor HORVATH.- Señor Presidente, el segundo tema que quisiera abordar se vincula con algo que no puede dejar de llamar la atención. El sábado recién pasado, "El Mercurio" publicó un reportaje titulado "Esas chicas venidas del Este", bajo el epígrafe "Redes albanesas de prostitución en Europa". En seguida se expresa: "Después de la guerra en Kosovo, redes de traficantes comenzaron a "exportar" jóvenes mujeres provenientes de Albania y otros países del Este, para el comercio sexual en Europa occidental. Con la promesa de un futuro mejor, las jóvenes son violadas y torturadas antes de ser lanzadas a la calle para que "aprendan la profesión". Si se niegan a trabajar, son maltratadas.".
En realidad, las cifras que se dan son impresionantes. Y se hace referencia en particular a Albania, donde unas 600 mil personas habrían optado por el exilio y se encuentran repartidas en distintos lugares de Europa.
En otra información también contenida en el artículo de la corresponsal Andrea Desormeaux se puntualiza que en Estados Unidos se registran casos similares de mujeres provenientes de distintos países, como Tailandia, Vietnam, China, México, Rusia, República Checa, a los que se están sumando Filipinas, Corea del Sur, Malasia, Letonia, Hungría, Polonia, Brasil y Honduras. Se menciona una cifra del orden de 50 mil personas anuales.
No se puede dejar de advertir, señor Presidente, que en un mundo en el cual miles de seres humanos se hallan obligados a emigrar o son víctimas de la guerra o de atentados no se les ofrece una solución bastante más digna y humana. En este mismo Hemiciclo hicimos presente que 50 por ciento del territorio nacional se encuentra aislado, con la posibilidad de acoger población en condiciones adecuadas y de que ésta surja como corresponde.
En mi calidad de representante de la zona austral, subrayo que allá existen 255 mil kilómetros cuadrados en los que apenas se cuentan 400 mil habitantes, por lo demás concentrados en Chiloé, Coyhaique y Punta Arenas. Y en una gran cantidad de predios se podría entrar a trabajar en actividades tan variadas como turismo, agricultura, pesca, investigación, servicios, etcétera.
Precisamente en esa línea, a raíz de la guerra en Kosovo y la cuestión de los Balcanes, planteamos casos concretos de sitios, terrenos y viviendas donde se podrían recibir familias. En tal sentido, pido, señor Presidente, por su intermedio, que se oficie al Primer Mandatario, al señor Ministro de Vivienda y de Bienes Nacionales (biministro), y también a las iglesias, especialmente a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica, dada su coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a fin de que se pueda exponer, como política nacional, como política de Estado, un plan de inmigración de extranjeros, en la medida de que se trate de personas que aprovechen la posibilidad de desarrollar una vida digna y se puedan interrelacionar positivamente con los chilenos, con el objeto de revitalizar esas zonas aisladas.
Y, en particular, deseo saber qué sucedió con el grupo de avanzada de matrimonios bosnio-croatas admitidos el año pasado en Chile, con los que se contrajo el compromiso de impartirles un curso de adaptación, en cuanto al idioma y a las condiciones locales, por un período de seis meses, financiándoles un sueldo mínimo y con prácticamente muy poco apoyo del Estado a la Iglesia para poder insertarlos en nuestra sociedad. Si ello no ha funcionado por falta de nuestro respaldo, en el fondo estamos cercenando el que se pueda concretar una inmigración que revitalice al país y, sobre todo, a las áreas aisladas que señalo.
Gracias.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el caso de la Iglesia Católica, el oficio se dirigirá al señor Presidente de la Conferencia Episcopal, y, tratándose de la Iglesia Evangélica, al Comité de Organizaciones Evangélicas.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Horvath, conforme al Reglamento.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Por no haber más asuntos pendientes, se levanta la sesión.
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--Se levantó a las 19:6.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción