REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 33ª, en miércoles 3 de mayo de 2000
Ordinaria
(De 16:21 a 19:17)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Parra Muñoz, Augusto
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Justicia, de Vivienda y Urbanismo, y Bienes Nacionales, y la señora Subsecretaria de Hacienda.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 27ª, ordinaria, en 4 de abril del presente año, en sus partes pública y secreta, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 28ª, ordinaria, en 5 de abril del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo al estado de las negociaciones sobre permisos de tráfico aéreo con diversos países.
De la señora Intendenta Regional y Presidenta del Consejo Regional de la Quinta Región, con el que remite un acuerdo adoptado por dicho Consejo referido a la ubicación de la sede del Congreso Nacional.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Tres de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y la República de Francia, suscrito en Santiago el 25 de junio de 1999. (Boletín Nº 2.440-10).
2) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y la República de Portugal, suscrito en Lisboa el 25 de marzo de 1999. (Boletín Nº 2.441-10).
3) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su Protocolo, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el 11 de julio de 1996. (Boletín Nº 2.460-10).
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares. (Boletín Nº 2.304-07).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Hay un acuerdo de Comités y de la Sala con relación al proyecto que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia para investigar en recintos militares -figura con el número 4 en la tabla de esta sesión-, en el sentido de discutirlo y despacharlo hoy.
En cuanto a la iniciativa que aparece con el número 3 ¿modifica textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros e Investigaciones-, el señor Ministro del Interior ha solicitado a la Mesa, de acuerdo con el Reglamento, aplazar su estudio para el próximo martes, 9 de mayo, con el objeto de verificar una indicación relativa a financiamiento que se estaría estudiando con la Dirección de Presupuestos.
¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
El señor OMINAMI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría
El señor OMINAMI.-
Sin perjuicio del acuerdo que se acaba de adoptar, deseo hacer presente que dicho proyecto ya fue despachado por la Comisión de Hacienda. Lo revisamos de manera bien exhaustiva, particularmente en lo que concierne al informe financiero. Entonces, sería muy importante que ella pudiera proceder sobre bases objetivas y que emitiera su opinión con los antecedentes más actualizados posibles en el aspecto financiero.
La Comisión de Hacienda ha debido conocer dos informes financieros respecto de esta iniciativa. Por lo tanto, me parece que sería útil manejar la situación con la rigurosidad requerida.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Senador, como estamos en trámite de primer informe, podría haber un espacio para la presentación de indicaciones. Porque, al parecer, los Ministerios de Justicia, de Hacienda y del Interior estarían analizando si las nuevas atribuciones y otros aspectos requieren o no un ajuste presupuestario.
Por eso se ha pedido a la Mesa postergar el estudio del proyecto hasta la próxima semana. A lo mejor no se formulan indicaciones y no se producen innovaciones. La idea es permitir una mejor discusión sobre la materia.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, yo sólo pido que se posibilite a la Comisión de Hacienda conocer informes financieros debidamente concordados entre las instituciones correspondientes, de modo que no se la obligue a emitir su informe, remitirlo a la Sala y posteriormente rectificarlo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No, señor Senador. La postergación es sólo para los efectos de que se presenten nuevas indicaciones que signifiquen incurrir en mayores gastos.
Fue por ello que el señor Ministro del Interior solicitó aplazar la discusión general de la iniciativa para la próxima semana, lo que ya la Sala aceptó.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito autorización para que ingrese al Hemiciclo la Subsecretaria de Hacienda, doña María Eugenia Wagner, en representación del señor Ministro del ramo, quien se encuentra en Santiago y no podrá participar en el estudio del proyecto que incrementa el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
--Se accede.
INCREMENTO DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS DEL PETRÓLEO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados que incrementa el Fondo a que se refiere la ley Nº 19.030, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2475-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 12 de abril de 2000.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 32ª, en 2 de mayo de 2000.
El señor LAGOS (Secretario).-
Este proyecto se halla en segundo trámite constitucional, fue iniciado en mensaje y sus objetivos, en síntesis, son:
-Modificar el mecanismo de operación del Fondo, para hacerlo neutro desde el punto de vista fiscal y permitirle una operación automática.
-Establecer reglas simétricas para evitar el agotamiento de los recursos del Fondo o la necesidad de suplementarlo.
-Determinar una periodicidad semanal de vigencia de los precios de referencia, con el objeto de incorporar en las proyecciones del mercado petrolero toda la información relevante atinente al tema.
-Dividir el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en cinco subfondos específicos para cada combustible, asignándose a la Comisión Nacional de Energía la obligación de estimar, con la anticipación requerida, los recursos disponibles del Fondo y el consumo esperado para las siguientes semanas.
-Redefinir las variaciones o parámetros para la aplicación de los impuestos y créditos fiscales, describiendo las fórmulas de aplicación de los mismos.
-Establecer que la vigencia de las normas de carácter impositivo contenidas en la ley en proyecto se iniciará desde la fecha de publicación de ella, lo que constituye una excepción a la vigencia diferida en el tiempo de dichas normas contempladas en el artículo 3º del Código Tributario.
La Comisión de Hacienda hace presente en su informe que, luego de analizar el proyecto y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, aprobó la idea de legislar por cuatro votos a favor -Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley y Ominami- y una abstención (Honorable señor Prat).
En cuanto al financiamiento, el referido órgano técnico expresa que despachó la iniciativa en informe, la que no irrogará un mayor gasto al Fisco, pues sólo se trata de un traslado de recursos entre fondos fiscales, por lo cual no se producirán efectos negativos para la economía del país ni desequilibrios presupuestarios.
En consecuencia, en la parte resolutiva la Comisión propone a la Sala aprobar la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.
El señor OMINAMI.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La tiene, Su Señoría
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, esta iniciativa, que busca estabilizar los precios del petróleo, tuvo su origen en un mensaje enviado por el Presidente de la República en marzo recién pasado. El texto original constaba de un solo artículo, donde se autorizaba al Ministro de Hacienda para incrementar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en 63 millones de dólares mediante un traspaso desde la cuenta especial del Fondo de Estabilización del Cobre.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo presentó un conjunto significativo de indicaciones para perfeccionar el funcionamiento de este mecanismo y transformarlo en un verdadero Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. De entre las más importantes, quiero destacar las siguientes:
Primero, se crean cinco fondos individuales o subfondos, que dan cuenta del hecho de que distintos combustibles derivados del petróleo tienen comportamientos específicos. Se pretende actuar de manera adecuada recogiendo la especificidad de cada uno de ellos.
En seguida, se fija una banda de variaciones de 12,5 por ciento, lo que permite que los precios de referencia fluctúen en torno de 25 por ciento, con alzas hacia arriba o hacia abajo.
En tercer lugar, se establece una simetría entre impuestos y subsidios, hecho que, en mi opinión, es de singular relevancia. La tasa de impuesto sobre el diferencial de precios aumenta de 60 a 100 por ciento, y la tasa de subsidio se mantiene en 100 por ciento. Ello asegura la neutralidad fiscal en la medida en que los precios de paridad no se encuentren sesgados y la situación inicial de precios sea neutral. Se trata, entonces, de un perfeccionamiento importante del mecanismo.
Un cuarto elemento ¿me parece que es de gran relevancia- tiene que ver con la progresividad en la evolución de los impuestos y los subsidios. Así, con el objeto de evitar cambios bruscos en los precios internos, el agotamiento violento del Fondo o una acumulación excesiva de recursos, la tasa de subsidio disminuye lentamente en la medida en que el Fondo se agota, mientras que la tasa de impuesto cae suavemente si el Fondo se acerca al cumplimiento de su objetivo.
La idea es evitar una situación que amenazó con producirse el año pasado, en cuanto a que los dineros del Fondo pudieran virtualmente agotarse y éste dejara de operar por inexistencia de recursos. Al efecto, se introduce una modalidad de evolución progresiva, tanto de impuestos como de subsidio, para impedir que el Fondo se quede sin recursos.
Por otra parte, se dispone que los precios de referencia se calcularán semanalmente, a fin de evitar cambios bruscos de precios e impedir cualquier tipo de manejo del Fondo que no tenga relación directa con la evolución internacional de los precios.
Por último, señor Presidente, se avanza en la transparencia en el cálculo de los precios. La ley en proyecto incluye directrices precisas sobre la manera en que deberán realizarse los cálculos de precios de referencia. Además, incorpora directrices para que una fórmula automática limite la discrecionalidad implícita en tales cálculos. Para estos efectos, la Comisión Nacional de Energía ha calculado que la cuota dada por un promedio móvil de un año debería ser de más/menos 20 por ciento y no sobrepasar, por lo tanto, ese límite.
Ésas son las principales enmiendas introducidas al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que funciona desde hace ya varios años en Chile. Me parece que con dichos perfeccionamientos se dota al país de un mecanismo de estabilización mucho más sofisticado y que funcionará en forma bastante más conveniente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo tiene por objeto aplicar un impuesto a los combustibles cuando el precio internacional -llamado "precio de paridad"- es más bajo que el borde inferior de una banda y, asimismo, otorgar un subsidio cuando dicho precio es más alto que el borde superior. Lo que se persigue es hacer menos bruscas las variaciones de precios a que muchas veces se ve expuesto el mercado mundial.
El problema nace cuando una banda que se supone destinada a suavizar las fluctuaciones del mercado se convierte más bien en fuente de subsidios, pues finalmente se desnaturaliza por completo.
Si se tratara de entregar subsidios, lo lógico sería subsidiar la vivienda, la salud, la educación, etcétera, de personas de bajos ingresos. Pero resulta inaceptable subsidiar el precio de los combustibles, porque con ello se beneficia a la gente tanto de altos como de bajos recursos. Y ése no es el destino que queremos dar a los fondos fiscales.
Por lo demás, todos hemos visto cómo los gremios poderosos pueden recurrir a medidas de presión para obtener subsidios mayores que los que realmente estamos dispuestos a entregar.
Hoy se nos solicita aprobar un proyecto por el cual se traspasan dineros para incrementar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Al respecto, lo primero que debemos decir es que jamás se debió llegar a esta situación. Es repudiable tener que destinar recursos al mencionado Fondo, pues significa que él fue mal utilizado. En vez de suavizar fluctuaciones, se subsidió algo que nunca debió subsidiarse.
Sin embargo, es digno de destacar que el proyecto contempla disposiciones muy valiosas.
En primer lugar, se asegura la convergencia de precios internos y externos antes de que el Fondo se agote de aquí al futuro. Esto se logra por la vía de calcular, tanto el impuesto como el subsidio por aplicar cuando los precios sean muy altos o muy bajos, en función del dinero que exista en el Fondo. Por ejemplo, si se produce un alza muy abrupta en los precios internacionales, lo más probable es que en las primeras semanas se retire bastante dinero del Fondo para subsidiar el precio interno. Pero, en la medida en que esos altos precios persistan, irá disminuyendo el Fondo disponible y también comenzará a bajar en forma asintótica el subsidio, que al cabo de pocas semanas o meses, sencillamente, se reducirá a cero. Este sistema asegura que en lo futuro jamás será necesario pedir fondos adicionales para subsidiar los precios de los combustibles.
En segundo término, se constituyen fondos específicos para cada uno de los combustibles derivados del petróleo. El hecho de que los integros y los retiros operen a nivel de cada subfondo garantiza que no habrá subsidios cruzados desde un combustible a otro. Esto reviste gran importancia, ya que, por lo general, las presiones de ciertos sectores se refieren a determinados subproductos del petróleo -no a todos- y muchas veces consiguen que los consumidores de los mismos terminen subsidiándolos a ellos. Eso será imposible en el futuro.
En tercer lugar, se reducen los grados de discrecionalidad de las autoridades y se asegura mayor transparencia en la determinación del precio de referencia. Esto también es relevante, pues permitirá a las compañías distribuidoras de combustibles tomar decisiones de compra o de importación de crudo con mayor certeza, sin temor a que les cambien las reglas del juego cuando ya han adoptado una resolución.
Lo anterior se logra por la vía de cuatro medidas. Primero, la Comisión Nacional de Energía deberá explicitar la metodología usada para estimar las ponderaciones asignadas a los precios históricos y a los precios estimados a corto y largo plazos. Además, la proyección a un año se hará mediante un método estadístico que todo el mundo conoce y puede calcular independientemente. Asimismo, el precio estimado a largo plazo será calculado por un consultor internacional y se dará a conocer al mercado. Igualmente, el precio de paridad tendrá que revisarse y modificarse semanalmente.
En la actualidad esto se hace cuando la Comisión de Energía lo estima conveniente, con la consiguiente incertidumbre para las empresas que necesitan importar.
Por último, se establece que los precios de referencia no pueden diferir de un porcentaje dado, que se determinará en un reglamento, del promedio de los precios de paridad observados durante un período también establecido reglamentariamente. Esto significa que si hay alzas o bajas dramáticas en los precios internacionales, el precio de referencia se va a ir ajustando igualmente en forma rápida y asintótica en un período relativamente corto.
Quiero dejar constancia hoy de que el Gobierno se comprometió en la Comisión de Hacienda a operar con el mayor grado de transparencia, y a publicar ¿en cuanto se obtengan- todos los factores que van a incidir en los cálculos de precios. De manera que el público no tenga que esperar el cálculo de parte de la Comisión Nacional de Energía, sino que también pueda hacerlo en forma independiente.
Deseo que esto último quede establecido en el informe, porque, en realidad, se trata de un compromiso importante del Gobierno y que es valioso para todos los actores de este mercado.
Por lo tanto, señor Presidente, a pesar de que encuentro malo el hecho de que tengamos que subsidiar el Fondo, votaré a favor del proyecto. Porque, en verdad, ha sido corregido en forma muy substancial; se realizó un esfuerzo apreciable en cuanto a dar mayor transparencia y seguridad, prevenir subsidios cruzados, presiones de distintos gremios, etcétera.
Uno podrá preguntarse si es o no necesario un fondo de estabilización de precios del petróleo, o sostener distintas opiniones al respecto, pero, dado que éste existe, pienso que la fórmula propuesta por el Gobierno sí permitirá alcanzar un funcionamiento mucho más claro y transparente, que dará garantía a todos los sectores.
Por eso, votaré a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, si bien considero que el proyecto significa un paso importante, deseo recabar algunas aclaraciones de la señora Subsecretaria de Hacienda, que nos acompaña, sobre la división del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en cinco subfondos.
Comparto la línea gruesa de la iniciativa. A mi juicio, la creación del Fondo fue fundamental para estabilizar y evitar cambios bruscos. Eso es bueno para la economía. También estoy de acuerdo en que los recursos que se capten no sean inferiores a los que se den, de modo que efectivamente sea un fondo de estabilización y no uno de subsidios netos. Asimismo, me parece importante que avancemos hacia la coincidencia con los precios internacionales. Hay una indicación del Ejecutivo que es, en mi opinión, positiva.
Sin embargo, debo manifestar mi inquietud en cuanto al grado de desmenuzamiento de esos mecanismos, que nos lleva a formar cinco fondos, además de dejar abierta la posibilidad de crear otros más.
La duda que me surge se relaciona con la necesidad de actuar con flexibilidad y de evitar rigideces en la gestión del Ministerio de Hacienda.
En efecto, si el mecanismo que estamos diseñando tiene por objeto evitar las presiones que un gremio pueda ejercer para llevarse una parte adicional y mayor del subsidio (por ejemplo, en el caso del diesel respecto del gas licuado o del kerosene, porque hay menor presión de los usuarios de estos dos últimos productos frente a quienes demandan dicho combustible), me parece que hay otras modalidades que pueden establecerse mediante normas reglamentarias, a fin de dejar en claro que el espíritu de la ley es impedir la existencia de subsidios cruzados. Pero la introducción de un mecanismo que comprende cinco fondos ¿y tal vez mañana seis o siete-, su administración, el cálculo de precios de cada uno, etcétera, me hace surgir la duda de si no estaremos entrando en un proceso de burocratización y de rigidez inconveniente desde el punto de vista de las finanzas públicas. Tal rigidez, por lo demás, puede ser más adelante un obstáculo para lograr ciertos objetivos.
Si bien no es el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo el que debiera servir para corregir algunas cuestiones de precios o estimular el uso de otros combustibles, no podemos cerrar la posibilidad para que en una determinada materia se cuente también con tal flexibilidad. Me refiero, por ejemplo, al costo del diesel. Sabemos que en el problema de contaminación de nuestra Capital tiene implicaciones muy importantes el consumo de petróleo; no así el de gas, especialmente si queremos lograr reconversión en buses y automóviles. Por lo demás, hace pocas semanas aprobamos en el Senado la disposición de recursos para subsidiar e incentivar el uso de gas en vehículos de locomoción colectiva en Santiago.
Vamos a tener que abordar esa discusión. Creo que, más allá de las negociaciones celebradas con gremios de transportistas, el hecho de haber bajado el impuesto a los combustibles como el diesel es una señal -en lo que se refiere al problema de contaminación de la Capital-, por decir lo menos, confusa, contradictoria.
Sin embargo, después del ejemplo que expuse sobre el particular, deseo insistir en que la división del Fondo en cinco subfondos puede resultar una rigidez inconveniente.
En consecuencia, señor Presidente, antes de emitir una opinión final al respecto y votar esta materia -aun cuando el punto a que he hecho alusión es tal vez propio de la discusión particular-, quiero solicitar, por su intermedio, al Ministerio de Hacienda una aclaración acerca de qué ventajas hacen tan necesario disponer de cinco fondos en lugar de uno solo, como hasta ahora, y confiar en el criterio de la administración para la asignación de sus recursos, sin tener que recurrir al Parlamento para entrar en detalles, que me parecen excesivos, sobre la gestión de un fondo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra expresó que le parecía repudiable que se hubieran solicitado fondos adicionales para mantener en funcionamiento el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Francamente, creo que ésa es una apreciación un poco fuerte.
A mi juicio, hubo básicamente dos factores que obligaron a obtener un financiamiento adicional: primero, un shock de tal envergadura en los precios externos, que no tiene parangón con algún otro desde la crisis del Golfo; segundo, el no haber tomado en cuenta en el diseño original del Fondo -que ahora sí se corrige en el proyecto- el hecho de que en una economía en crecimiento, particularmente si éste es fuerte, el insumo petróleo guarda relación directa con el aumento de la producción. Si ésta crece siete u ocho por ciento al año durante una década, es evidente que la demanda del producto importado petróleo se duplicará en dicho lapso; y si los recursos disponibles para estabilizar los flujos permanecen constantes, es obvio que se harán escasos y la función estabilizadora no se cumplirá, puesto que la economía en tal proceso habrá crecido al doble.
Ello se corrige en el proyecto al establecerse un monto normal de 349 millones de dólares, indexado a dos factores: al aumento del consumo de petróleo, y a la inflación internacional.
En consecuencia, creo que se ha actuado de la única manera posible. Podría argumentarse que debimos anticiparnos e indexar antes al aumento de consumo esperado. No ocurrió así, lo cual se corrige en la iniciativa.
Por otra parte, el proyecto avanza sustancialmente en cuanto a despejar la duda de si se está estableciendo un subsidio encubierto o, en realidad, un mecanismo de estabilización de flujos.
La iniciativa incluye nuevas disposiciones que aseguran plena transparencia en la información respecto de lo que ocurre semana tras semana con el precio de referencia; los factores que lo influyen, y el método a través del cual se determina si es o no pertinente utilizar el Fondo.
Por lo tanto, el proyecto aclara si se trata o no de un subsidio. Otorga transparencia a la información y, a mi juicio, mejora grandemente el diseño técnico de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, como lo ilustraba, por lo demás muy adecuadamente, el Senador señor Ominami.
Ahora, quisiera contestar la pregunta que se hacía un señor Senador en cuanto a si deben o no existir estos fondos y en particular el relativo al petróleo.
Me parece que la idea original del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, así como la del Fondo del Cobre, fue la de suavizar fluctuaciones en algunos ingresos que son críticos para el buen funcionamiento de la economía. En el caso del cobre, el Fondo de Estabilización tenía por objeto estabilizar el presupuesto fiscal, impedir que el desplome del precio del metal en los mercados mundiales, en un momento determinado, obligara a adoptar medidas tales como subir los impuestos o efectuar una reducción del gasto público de tal envergadura que hiciera imposible garantizar en el nivel mínimo, por ejemplo, los programas sociales que un Gobierno se ha comprometido a realizar. Ése era el sentido del Fondo del Cobre y lo sigue cumpliendo adecuadamente.
En el caso del petróleo, la idea es estabilizar los costos de las empresas, porque si los efectos transitorios de un alza del combustible se traducen en forma instantánea en aumentos en los costos de las empresas, esto normalmente va a repercutir en mayores niveles de inflación y va a obligar también a restricciones en la política financiera y la política monetaria.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor FOXLEY.-
Sí, señor Senador, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo fue creado en 1991, precisamente a raíz de la tremenda distorsión que significó la guerra del Golfo en los precios de ese combustible. Se produjo un efecto inflacionario que, según recuerdo, alcanzó a 4,8 por ciento en septiembre de ese año.
Cualesquiera que sean las críticas que se hagan al manejo del Fondo del Petróleo en estos casi diez años, es indudable que él ha sido un factor de estabilización de la economía y que ha cumplido los fines que llevaron a su creación.
Agradezco la interrupción al Senador señor Foxley.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra Su Señoría.
El señor FOXLEY.-
Quiero terminar, señor Presidente, con una afirmación.
Me parece que un fondo como el del petróleo es indispensable. Es más, creo que en la economía que viene para adelante los estabilizadores, como lo son los fondos del petróleo y del cobre, necesariamente van a tener que ser utilizados en otros ámbitos, debido a que la naturaleza de la economía mundial genera inestabilidades, y por lo tanto fluctuaciones en los ingresos, no sólo para el Gobierno y las empresas que se ven afectadas por el precio del petróleo, sino también, y principalmente, para las personas de carne y hueso.
Ayer, en la Comisión de Vivienda de la Corporación, el Ministro del ramo señalaba que, como consecuencia de la recesión y de la última crisis económica del país, el SERVIU ha llegado a una tasa de morosidad de 50 por ciento, es decir, en una crisis recesiva la mitad de los deudores de ese organismo no puede hacer frente a sus obligaciones.
Asimismo, hemos sabido que las ISAPRE, a raíz de la crisis recesiva de los años 1998 y 1999, han tenido lo que ellas califican como el peor año de su historia, con utilidades que tienden a cero.
También sabemos, por informaciones que se han hecho públicas, que la morosidad en el sistema privado de pensiones es muy alta y ha aumentado fuertemente durante la crisis económica. Tenemos antecedentes que indican que las empresas que recaudan las cotizaciones de los imponentes no las están integrando a las AFP. ¿Por qué? Porque las empresas, durante una crisis económica, están en situación de iliquidez; los bancos no les prestan plata para reponer su capital de trabajo, por lo cual simplemente retienen el pago de los imponentes.
A mayor abundamiento, se puede mencionar lo ocurrido en esta crisis económica con las cuotas de escolaridad o con los pagos de matrícula en la educación superior. Todos conocemos situaciones en las cuales el que un niño continuara en un determinado establecimiento dependía de la voluntad de la escuela o colegio, de si le daba facilidades o le retiraba la matrícula. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis de esta envergadura, los ingresos de las personas son tan fluctuantes y pueden caer tan bruscamente que a la gente no le es posible cumplir con las obligaciones mínimas de su presupuesto familiar, lo cual compromete la integridad financiera de todas las instituciones que les prestan servicios, sean éstos previsionales, de salud, de educación, etcétera.
Por lo tanto, creo que necesariamente vamos a tener que orientarnos a un tipo de economía en la cual existan mecanismos estabilizadores o que por lo menos aminoren las fluctuaciones de los ingresos que repercuten en los presupuestos de las familias y de las personas por eventos que no controlamos y que incluso ocurren más allá de la frontera. El caso del Fondo del Petróleo se refiere a un "commodity", a un bien primario, pero sospecho que en el futuro el Congreso tendrá que encarar algunos de estos otros temas. De hecho, hay un proyecto de ley que plantea un seguro para las familias deudoras del SERVIU con el objeto de que, cuando se produzca una crisis, puedan seguir pagando sus cuotas y no queden morosas, con todas las consecuencias que eso eventualmente conlleva, incluido el remate de la vivienda.
En consecuencia ¿y con esto termino y redondeo mi intervención-, me parece que los fondos estabilizadores van a cumplir un papel fundamental, y creo que nosotros más bien deberíamos aplicar nuestra imaginación y creatividad para ver cómo mecanismos de este tipo también permiten una mayor estabilidad en los ingresos familiares frente a flujos económicos y financieros que oscilan cada vez con mayor intensidad y que generan una gran inseguridad en la población y una pérdida de solidez en las instituciones que le prestan servicios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, pienso que la intervención que acabamos de oír es la más esclarecedora respecto de la filosofía que hay detrás del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y de cómo, al resolverlo, nos estamos adentrando en un camino sin fin.
Justamente, el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra mostró ese camino que no tiene fin. Anoté de su intervención las iniciativas que de él surgirían. Estaríamos hablando de un fondo de estabilización de los dividendos de vivienda, de un fondo de estabilización de los pagos para la salud, de un fondo de estabilización de pago de las obligaciones previsionales, de un fondo de estabilización de las cuotas de escolaridad, etcétera. Si vamos a crear un conjunto, una batería de seguros estatales para asegurarnos el sueño, creo que tendremos que entregar nuestra liquidación de remuneraciones al Estado a fin de mes y esperar que nos llegue la vianda con la alimentación y que el propio Estado pague las cuentas familiares.
Realmente, el camino escogido es un camino equivocado, porque, en primer lugar, desincentiva la responsabilidad personal, que es la que hace acomodar las conductas de la sociedad a los cambios de las circunstancias. Cuando sube el precio del petróleo y no hay fondo de estabilización, la gente gasta menos petróleo, y eso es bueno para la comunidad; ésa es la manera de ajustarse.
No es posible comparar el Fondo del Petróleo con el Fondo de Estabilización del Cobre, porque el uno no guarda relación alguna con el otro. ¿Por qué? El Fondo de Estabilización del Cobre nace en 1981, dentro de una crisis internacional que hace que el Gobierno deba pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Así, pues, en conjunto con esta entidad, se diseña un mecanismo que tiene por finalidad asegurar el pago de la deuda que está asumiendo el Estado de Chile, estableciéndose que, cuando suba el precio del cobre, el producto de ese mayor precio no se gastará, sino que se acumulará como reserva para garantizar la amortización de la deuda. Del mismo modo, se conviene que el financiamiento de las finanzas públicas quedará asegurado con el Fondo del Cobre.
Ésa es la finalidad de este Fondo: asegurar las finanzas públicas, que son de naturaleza muy distinta a la del gasto privado en petróleo, porque este último también es asimilable al gasto privado en café, que caramba que se consume y que toca la vida diaria. Basta ver las veces que se interrumpe el trabajo diario por una tacita de café. También influye en el pan y en las bebidas. Y si observamos la incidencia que tienen hoy las bebidas del tipo "cola" en el presupuesto familiar, comprobaremos que el mismo fundamento dado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra debiera llevarnos a crear un fondo de estabilización para las variaciones de precios de las bebidas gaseosas.
En fin, señor Presidente, debemos saber elegir. El Fondo de Estabilización del Precio del Cobre tiene un sentido para asegurar las finanzas públicas. Creo que lo estamos haciendo hoy día¿
El señor BITAR.-
¿Me permite, señor Senador?
El señor PRAT.-
Termino la idea y le cedo la palabra.
El señor BITAR.-
Es para aclarar lo del fondo de las bebidas "cola".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito a los señores Senadores dirigirse a la Mesa.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, tengo una proposición que formular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Es la Mesa la que dirige el debate.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, le ruego que diga al Senador señor Foxley¿
El señor FOXLEY.-
Es una sugerencia para enriquecer su planteamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si el Honorable señor Prat está dispuesto a darle una interrupción, no tengo inconveniente.
El señor PRAT.-
En realidad, me interrumpió la idea; así que le cedo la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Quería proponer al Senado la formación de una comisión de alto nivel, a la que podríamos invitar a los representantes de la Pepsicola, de la Coca-Cola y, quizás, de la Inca-Cola, en la que tal vez podríamos diseñar un fondo de estabilización que el señor Senador aplaudiría.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Recupera la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Decía que nosotros debemos elegir qué es lo importante y dónde es bueno que las personas tomen sus decisiones correctamente, con el objeto de que se acomoden lo más rápido posible a los cambios de las circunstancias.
A nosotros nos corresponde preocuparnos de dos cosas: de las finanzas públicas, y por lo tanto está bien el Fondo de Estabilización del Cobre; y de los desempleados, que han perdido su fuente de trabajo por efecto de una crisis. Atendamos sus necesidades, y no nos preocupemos de quienes gastan petróleo, toman café o bebidas "cola". ¡Preocupémonos de asegurar los ingresos de quienes han perdido su empleo!
Fíjese, señor Presidente, que hoy estamos destinando los últimos 62,8 millones de dólares que quedan en el Fondo de Estabilización del Cobre, en el ítem para el pago de la deuda externa. Como hoy día no la hay, se ha dispuesto liberar esos recursos para incorporarlos al Fondo de Estabilización del Petróleo. Es decir, estamos empleando recursos públicos que podríamos utilizar en fortalecer los programas comunales de empleo y en evitar que haya alzas del petróleo para quienes usan ese combustible. ¿Parece lógico y justo? Yo creo que es un error.
Hoy se ha desatado una polémica que envuelve a todos los municipios, que ha comprometido incluso la unidad del propio Gobierno y que ha puesto en tela de juicio sanas políticas impulsadas por el señor Ministro de Hacienda. Porque el proyecto sobre seguro de desempleo, que ya ha llegado al Parlamento, según entiendo fue reducido a 4 mil millones de pesos; es decir, estamos hablando de 8 millones de dólares. En el caso de este proyecto, estamos gastando 62,8 millones de dólares en impedir que se produzca nerviosismo porque el petróleo está caro.
En mi opinión, sería mucho mejor ocupar estos recursos en apoyar con mayor vigor y fortaleza las políticas de Estado en favor de las familias que han perdido su empleo. Porque ése sí que es el rol del Estado. Tal como lo es asegurar la estabilidad de las finanzas públicas.
Por eso, aun cuando el proyecto perfecciona el mecanismo de funcionamiento de este sistema, porque evita los subsidios cruzados y disminuye el alejamiento del precio real al establecer un tope de 20 por ciento de distorsión, a mi juicio, se adentra en una filosofía que no comparto en absoluto y que ya describió brillantemente quien me antecedió en el uso de la palabra. Además, ocupa 62,8 millones de dólares que vendrían muy bien para fortalecer programas de absorción de la cesantía.
Por eso, me voy a abstener de votar, tal como lo hice en la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Subsecretaria de Hacienda, con la autorización de la Sala.
La señora WAGNER (Subsecretaria de Hacienda).-
Señor Presidente, sólo quiero señalar que el precio del petróleo ha sido y seguirá siendo una importante variable que afecta la actividad económica en general y la vida diaria de las personas en particular.
Debo destacar que la razón por la cual existe el Fondo de Estabilización del Petróleo es única y exclusivamente para lograr una mayor estabilización en los precios. Por eso, después de más o menos diez años de funcionamiento, el Gobierno ha buscado proponer al Congreso su modernización y adecuación.
Respecto de los puntos que se han señalado acá, es conveniente hacer presente que el petróleo es un combustible que no es cualquier otro dentro de la economía. El crudo se caracteriza por ser muy importante para todos los consumidores de un país, por afectar la inflación y, además, por tener un comportamiento en el mercado internacional que no es perfectamente competitivo. No sólo las guerras afectan el precio, sino también las conductas monopólicas o de cartel en el mercado producen distorsiones. Y lo que estamos tratando de hacer por la vía de un mecanismo de estabilización del precio, que no involucra componentes de subsidio ni de impuesto alguno, porque en el tiempo terminan siendo neutrales, es, simplemente, lograr "aplanar" los cambios bruscos del precio y, por ese camino, reducir los costos que tiene la externalidad de los monopolios existentes o problemas de competencia en los mercados externos. De esa forma aseguramos a los consumidores no sólo un precio más estable y cierta competencia al interior del mercado, sino también que los combustibles tendrán una buena asignación de los recursos.
En cuanto al aspecto planteado por el Honorable señor Bitar, debo señalar que efectivamente es un punto por tomar en cuenta. Sin embargo, hemos hecho los análisis necesarios y el dividir en cinco los fondos no va a constituir una tremenda burocracia. Creemos que es muy conveniente realizar esto, porque efectivamente se asegura que exista una buena asignación de los recursos por la vía de las señales de precios. Los precios de los cinco grandes productos en los cuales se ha dividido el Fondo no se comportan en forma simétrica. Por lo tanto, es muy necesario que las señales de precios y el comportamiento de los fondos se efectúen en forma separada, de manera de no afectar la asignación de los recursos entre combustibles. Pensamos que ello a la larga va a ayudar a que el mercado de los combustibles sea más competitivo y justo para todos.
El señor BITAR.-
Perdón, señor Presidente, con la venia de la Mesa y si la señora Subsecretaria lo permite,¿
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
¿desearía formular una consulta a la señora Subsecretaria.
Quiero saber si podría ser una alternativa el hecho de que el propio Ministerio, ya sea por medio del reglamento o por determinaciones internas, asignara los fondos según sean proporcionales, y no a través de una ley. ¿Por qué el Ejecutivo propone que esto se efectúe por ley, y no de otra manera?
La señora WAGNER (Subsecretaria de Hacienda).- El proyecto fue propuesto sobre la base de los cinco grandes productos. Los fondos no van a ser tan pequeños. Creemos que es la forma adecuada. Asimismo, la ley contempla cierta flexibilidad para realizar cambios e incorporar fondos en el futuro. No creemos que este mecanismo signifique una falta de flexibilidad, ni que se produzcan cambios demasiado fuertes en el tipo de productos como para que se genere la clase de problemas que el señor Senador plantea en este momento. Entendemos su inquietud, pero pensamos que, desde el punto de vista de la práctica y del conocimiento del mercado de estos combustibles, no va a constituir un problema ni una rigidez en el futuro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra en su segundo discurso la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, comprendo la preocupación del Honorable señor Bitar en cuanto a que este sistema puede resultar muy burocrático.
Por otro lado, quiero dejar en claro que votaría en contra del proyecto si no existieran estos cinco subfondos. ¿Por qué? Porque al no estar en forma separada habría tal presión de parte de ciertos gremios poderosos capaces de paralizar el país o todo Santiago, que terminaríamos subsidiando permanentemente un solo tipo de combustible, el que ellos utilizan. Es casi imposible pedir al señor Ministro de Hacienda o a la señora Subsecretaria que tengan la fuerza suficiente para resistir la presión de gremios que pueden paralizar una ciudad completa.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es fundamental que exista esa separación entre ellos y que no haya absolutamente ningún mecanismo que permita traspasar recursos de un lado a otro. De hecho, cada uno de esos cinco fondos tendrá que devolver los dineros recibidos ahora, porque eso es lo correcto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor BITAR.-
Señor Presidente, al votar favorablemente la iniciativa, deseo agregar que estimo conveniente detenernos en el punto que antes mencioné y estudiarlo con más acuciosidad. Esto, en particular si uno piensa que el petróleo diesel y la gasolina ¿según señala el informe de la Comisión de Hacienda- representan cerca de 70 por ciento del total del fondo. De manera que si la cuestión es cómo regular el sistema o evitar las presiones de grupos organizados, especialmente de transportistas, el fenómeno se verifica exactamente igual, porque el porcentaje de ambos combustibles es muy elevado y ya habría fondos reservados para protegerlo.
Por consiguiente, lo argumentado ameritaría una revisión adicional, pues sigo pensando que podemos restar flexibilidad al sistema, a un costo mayor que el beneficio que ofrece esta subdivisión en cinco fondos distintos.
Voto a favor del proyecto, dejando la salvedad señalada para su discusión particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto: 25 votos a favor y 7 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Canessa, Cordero, Chadwick, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Novoa, Ominami, Parra, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvieron de votar los señores Cariola, Díez, Martínez, Prat, Romero, Stange y Urenda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
El señor LAGOS (Secretario).-
El Ejecutivo ha formulado una indicación tendiente a reemplazar, en el texto despachado por la Cámara de Diputados y aprobado por la Comisión de Hacienda del Senado, la letra c) del Nº 1 ¿que modifica el artículo 2º de la ley Nº 19.030- del artículo 2º del proyecto, por la siguiente:
"c) Sustitúyese el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso séptimo, por el siguiente:
"Los precios de referencia intermedios calculados, no podrán diferir en más de un veinte por ciento del promedio de los precios de paridad observados en el plazo del año que expira la semana anterior al día que correspondan ser determinados.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora WAGNER (Subsecretaria de Hacienda).-
Señor Presidente, la indicación que enviamos fue solicitada por la Cámara de Diputados y por el Senado.
La idea es que el cálculo del precio de referencia que se realiza todas las semanas no debe diferir más allá de 20 por ciento del promedio de su precio de referencia calculado en los últimos 20 años. Ello tiene por objeto evitar que tal precio difiera demasiado del promedio del último año.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, considero que la indicación apunta en la dirección correcta a fin de evitar una diferencia demasiado grande entre los precios de referencia y los de paridad. En la Comisión analizamos la materia y concordamos en ello. Se trata de un mecanismo destinado a ajustar más el sistema, y por eso estimo que su aprobación no reviste mayor problema.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, opino en ese mismo sentido. El proyecto guarda relación con los perfeccionamientos introducidos en el funcionamiento del fondo, y básicamente apunta a dos cosas. Tiene que ver con la transparencia del procedimiento y con garantizar que el Fondo de Estabilización se limite a lo que señala su denominación: un mecanismo de estabilización destinado a evitar la posibilidad de que se introduzcan evoluciones internas demasiado dispares de precios respecto de las experimentadas en el ámbito internacional. En suma, se relaciona con la garantía de un cierto alineamiento respecto del movimiento internacional de los precios.
Por lo tanto, la considero una indicación ampliamente justificada que apunta en la dirección de perfeccionar el funcionamiento de este mecanismo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobaría la indicación.
Acordado.
--Se aprueba en general y particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.
PROHIBICIÓN DE INGRESO DE DESECHOS PROVENIENTES DE TERCEROS PAÍSES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados, que prohíbe o regula, en su caso, el ingreso al territorio nacional de desechos o residuos provenientes de terceros países, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y urgencia calificada de "Simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (150-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 10 de junio de 1992.
Informe de Comisión:
Medio Ambiente y Bienes Nacionales, sesión 32ª, en 2 de mayo de 2000.
El señor LAGOS (Secretario).-
Los objetivos del proyecto, iniciado en moción, son los de prohibir o regular, en su caso, el ingreso y tránsito por el territorio nacional, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, el mar presencial y el espacio aéreo de desechos y residuos peligrosos u otros desechos, a fin de hacer efectiva las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y síquica de las personas y de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Cabe señalar que el artículo 9º debe ser aprobado con el quórum requerido para las normas orgánicas constitucionales, y que con fecha 18 de abril se ofició a la Excelentísima Corte Suprema, solicitando su opinión.
Por las razones consignadas en el informe, se aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre la materia.
Asimismo, se hace una reseña de las normas del proyecto y de una indicación sustitutiva formulada por el Ejecutivo, dejándose constancia de la discusión habida y de los acuerdos adoptados al respecto.
Por último, el informe propone a la Sala la aprobación de la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados, con las modificaciones que en él se indican.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, la iniciativa en debate hace cuerpo, a nivel nacional, del Convenio de Basilea, acuerdo internacional que reconoce a cada uno de los Estados que lo han suscrito el derecho a dictar su propia legislación, en armonía con los términos de los numerosos artículos del convenio.
La moción original del Diputado señor Gutenberg Martínez y de los ex Diputados señores Rubén Gajardo, Luis Leblanc y Sergio Pizarro, se limitaba a una prohibición, pero luego de un análisis, confrontado con el Convenio internacional de Basilea, se llegó a la conclusión de que no sólo corresponde prohibir, sino también controlar, según sea el caso. Y es así como se modificó la suma o denominación de la moción.
Asimismo, se tuvo en cuenta que las normas deben considerar los tratados internacionales, como la Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar, pues los países que carecen de salida al Pacífico ¿que es el caso de Bolivia- también tienen derecho a libre tránsito, regulado, por cierto, si se tratare de desechos peligrosos o que pudieren llegar a serlo.
Para esos efectos, la Comisión desarrolló un largo trabajo. Esta moción es del año 1990, lo que demuestra la lentitud de la tramitación legislativa y el largo tiempo que demanda la materialización de mociones como éstas, que sólo adquieren notoriedad a nivel nacional cuando se detecta algún enclave en el cual se hayan dejado desechos sin el correspondiente control, provocando riesgos y alarma pública.
Durante su tramitación se escuchó al Subsecretario de Transportes de la época don Claudio Hohmann; al Subsecretario de Salud, don Fernando Muñoz; al Jefe del Departamento de Programa del Ambiente del Ministerio de Salud, don Julio Monreal; al Director del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, vicealmirante don Juan Mackay; al Auditor de la Armada de Chile, capitán de navío, don Maximiliano Genkowsky; al Jefe del Departamento Técnico del Servicio Nacional de Aduanas, don Humberto León; al Secretario General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, don José Sánchez, y a su asesor jurídico, don Jorge Gillet; al Director de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Pablo Cabrera, y al Jefe del Departamento de Asuntos del Mar, don Mauricio Ugalde, y al encargado del Departamento de Medio Ambiente, don Pablo Arriarán.
En realidad, esas personas desempeñan ahora otros cargos, hecho que demuestra un poco la versión histórica de este proyecto. En todo caso, una vez dada su versión final, volvió a darse a conocer y, posteriormente a la elaboración del informe que sometemos a la Sala, tuvimos la oportunidad de efectuar un trabajo junto con los representantes de CODELCO, del Centro de Investigaciones Minero-Metalúgico y de la Sociedad Nacional de Minería, a cuyos planteamientos me voy a referir más adelante, y que es muy importante tenerlos presentes para las eventuales indicaciones en la discusión particular.
Entre los antecedentes legales, podemos mencionar, por cierto, el Nº 8 del artículo 19 de la Constitución, que garantiza a las personas el vivir en un ambiente libre de contaminación, y el propio Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, adoptado en esa ciudad de Suiza el 22 de marzo de 1989, suscrito por Chile el 31 de enero de 1990 y publicado, después del trámite en el Congreso Nacional, en el Diario Oficial de 13 de octubre de 1992.
Por tratarse de un instrumento ya conocido por el Senado, omitiré los detalles contenidos en el informe sometido a la consideración de Sus Señorías; pero sí es relevante señalar que lo referente a las sanciones, los mecanismos de control, los organismos competentes, las fórmulas de determinar cauciones, fórmulas para devolver los desechos, en fin, debe ser necesariamente dictado a nivel nacional, para que el acuerdo internacional pueda ser materializado. Asimismo, a consecuencias de este convenio, Chile se declaró como país no receptor de desechos peligrosos, y así fue comunicado a todos los Estados miembros.
Este proyecto no tiene que ver con residuos o desechos de carácter radiactivos. Eso es importante señalarlo, porque para tales efectos existe ya la ley Nº 18. 302, sobre Seguridad Nuclear, publicada en el Diario Oficial de 2 de mayo de 1984 y que fue recientemente modificada por el Parlamento. Una vez despachada la iniciativa, será objeto de veto, el cual tendrá por objeto hacer algunas precisiones más bien de carácter técnico, en cuanto a qué tipo de reactores y sustancias se refiere, con una nomenclatura un poco más actualizada.
Finalmente, es consistente también con la ley Nº 19.300, de Bases General del Medio Ambiente; con la Ley de Navegación, en lo concerniente a impedir y controlar el vertimiento de desechos peligrosos y su tránsito en el mar y el Océano Pacífico, en las aguas jurisdiccionales, y también en lo que respecta a las leyes de aeronáutica civil para el tránsito aéreo.
Durante la discusión general, se escuchó a las personalidades que mencioné, las que proporcionaron diversos antecedentes que, de acuerdo con la etapa en que en ese momento se encontraba su tramitación, la Comisión tradujo en indicaciones, antes de ser presentado el proyecto para su discusión en general en la Sala.
El Ejecutivo ¿como ha ocurrido antes- hizo suyo el trabajo desarrollado en la Comisión y lo remitió de vuelta a través de una indicación. En verdad resulta un poco irónico que toda la labor realizada en aquélla se haya convertido en patrimonio ajeno. Pero efectivamente era necesaria la indicación del Ejecutivo para definir la titularidad de los Ministerios con tuición en estos asuntos, y para zanjar algunos conflictos de carácter normativo, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Las modificaciones planteadas fueron nuevamente estudiadas por la Comisión, y se establecieron normas sintonizadas con la legislación nacional; se cambió la suma del proyecto ¿como señalé; se amplió la posibilidad de no sólo prohibir, sino también regular, y se consagró que el Ministerio de Salud, con audiencia previa de los Ministros de Minería y Secretario General de la Presidencia -este último preside la Comisión Nacional del Medio Ambiente-, deberá elaborar un listado de todos los desechos considerados peligrosos.
Esta última materia, además, debe quedar acorde con los Anexos del Convenio de Basilea, los cuales -actualizados permanentemente- contienen un listado de desechos, con las características que los hacen peligrosos, y de las distintas circunstancias en que no lo son, trabajo en el que Chile debió participar, como fue señalado por el sector de la minería. A veces, no se llega con una versión única, por cuanto el Ministerio de Salud decide en función de razones político-técnicas de riesgo cero, y el Ministerio de Minería busca la compatibilización con algunas actividades económicas. Por ello más bien se debe demostrar la existencia de riesgo para que determinada sustancia sea prohibida.
También tendrá que revisarse lo relativo al reciclaje, pues Chile no puede negarse a la posibilidad de incorporar dichos métodos, sobre todo por tratarse de un país minero. Debemos considerar respecto del cobre la existencia de diversas actividades industriales de alta tecnología que permiten el reciclaje. En tal sentido, algunas de las definiciones contenidas en el proyecto tendrán que ser mejor desarrolladas.
En contra del listado de sustancias peligrosas, hay todo un procedimiento administrativo y judicial, al cual se puede optar para no caer en las categorías de prohibición para determinado material. Y los desechos que son de riesgo sin ser puntualmente peligrosos o sobre los cuales existe duda, deberán cumplir para su ingreso las formalidades establecidas por el Ministerio de Salud, el que se encargará de coordinar con el resto de los servicios públicos para que el sector privado o las personas interesadas no tengan que realizar largos trámites burocráticos.
Algunas materias técnicas y otras de procedimiento quedan entregadas al reglamento.
Con el objeto de disponer de una legislación nacional sobre el particular, donde ya se nota un vacío desde 1990, la Comisión propone a la Sala la aprobación en general del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, encuentro muy importante la iniciativa en debate, porque salvaguarda la salud de los habitantes del país. Sin embargo, tengo algunas dudas que me gustaría que se aclarasen.
En los artículos 2º y 3º, se hace una distinción entre desechos y residuos peligrosos u otros desechos. La letra a) del artículo 2º define lo que son desechos o residuos peligrosos, y la letra h) de la misma disposición consigna lo que se entiende por "otros desechos". Esta última definición es bastante vaga, porque establece que lo serían "las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder, y que pertenecen a cualquiera de las categorías enumeradas en los Anexos del Convenio de Basilea"; pero además dice "o en aquellas que se contemplen, para estos efectos, en la legislación nacional o en convenios internacionales ratificados por Chile.".
Por lo tanto, podemos distinguir distintas categorías: primera, desechos peligrosos; segunda, otros desechos; y tercera, desechos diferentes a los recién mencionados, respecto de los cuales, de acuerdo a lo establecido en el articulo 5º, no hay problema, porque -como explicó el Senador señor Horvath- dicho precepto establece cómo podría procederse para su ingreso.
Pero no queda claro en el artículo 3º la parte conforme a la cual "Se prohíbe el ingreso y tránsito de desechos o residuos peligrosos u otros desechos". ¿Cuáles son esos "otros desechos?" Los establecidos en los Anexos del Convenio de Basilea, o en un listado que se contemplará en la legislación nacional, que no se conoce, pues el artículo 4º habla de que el Ministerio de Salud "elaborará y actualizará, para los efectos de esta ley, un listado de los desechos o residuos peligrosos.".
Reitero: ¿de qué "otros desechos" se trata? Unos son los desechos peligrosos definidos en el listado mencionado por el Honorable señor Horvath, otros los no contemplados en ese listado y que se pueden importar luego de recabarse la respectiva autorización, y una tercera categoría intermedia y bastante vaga la constituyen los llamados "otros desechos", definidos en la letra h) del artículo 2º, que se comprenden en los Anexos del Convenio de Basilea -eso está claro-, pero también en la legislación nacional. No se sabe qué pasa con ellos. Si se prohíbe o no se prohíbe su ingreso.
Por lo anterior, deseo que se clarifique el punto.
El señor MORENO.-
Como relató el Presidente de la Comisión, el proyecto en debate mereció un análisis bastante acucioso, porque a través de tal iniciativa, según los fundamentos de la moción presentada en la Cámara de Diputados hace ya más de diez años, se pretendía enviar una señal muy clara tanto hacia la conciencia medioambiental en formación de nuestro país como hacia otros países. Ello porque de acuerdo con el desarrollo tecnológico moderno muchas substancias son descubiertas o tienen una nueva denominación, dependiendo precisamente del avance de aquél.
Encuentro muy pertinente la observación formulada por el Senador señor Viera-Gallo; pero obviamente ninguno de nosotros está en condiciones de precisar qué tipo de desechos pueden originarse de procedimientos químicos o del manejo de determinadas sustancias que hoy nuestra propia inteligencia no permite deducir. Por lo tanto, reconozco que existe un grado de ambigüedad, y que ésta debe quedar marcada por una determinación que constituya la señal que una nación entrega a sus propios habitantes y al resto de la comunidad internacional. Es decir, que no se aceptará la incorporación a nuestro país de desechos o su tránsito por el territorio nacional.
Más de alguno de los señores Senadores aquí presentes, por su anterior trabajo profesional, ha conocido naciones en las cuales se ha convertido en práctica extraordinariamente grave y negativa el arrendar o disponer de espacios terrestres y marítimos, con el objeto de recibir los desechos de naciones industrializadas y que, por no querer correr los riesgos provocados por el tiempo en los contenedores donde se depositan dichas materias, terminan por ser basureros internacionales, con grave detrimento de la salud de su propia población.
Cualquiera que sea nuestro estado de desarrollo, el proyecto en análisis significa una señal que tiende a erradicar el problema de raíz. Por consiguiente, me parece conveniente aprobarlo.
Por otro lado, en la Comisión se discutió mucho el artículo 2º, dado que él prácticamente establece toda una nomenclatura de definiciones que tal vez no debería estar contenida en la ley, porque de acuerdo con la misma lógica aplicada en mi anterior argumentación, podría haber materias que no somos capaces de visualizar en este momento. Por eso, la norma debería quedar sólo como referencia.
Desde ese punto de vista, señor Presidente, anuncio mi voto favorable.
Pienso que la iniciativa demuestra la existencia de una conciencia colectiva en el país. Sin embargo, deseo indicar a los Senadores que van a participar o que ya están participando en lo que son las bases de discusión del tratado minero con Argentina, que el tema en análisis dice relación a lo que ahí se puede discutir, dado que precisamente la explotación de minerales, la construcción de túneles, la extracción o depósito de determinadas sustancias producto de actividades mineras en la zona fronteriza pueden originar ¿no afirmo que es algo que ocurre hoy- el que, al amparo de situaciones de esa naturaleza, se lamente aquello que en el articulado intentamos prohibir.
Nada más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente, puede extrañar que después de tanto tiempo llegue a la Sala el proyecto en debate, nacido en 1990 de una moción de Diputados, pero deseo hacer notar que el tema, por la relación efectuada por los integrantes de la Comisión, resulta muy complejo. Y la verdad es que en el estudio han incidido tantas reparticiones y servicios ¿incluso la Cancillería-, que realmente no me admiro del período transcurrido, porque, como digo, la cuestión es difícil y ha sido analizada con gran detención.
Me atrevo a afirmar que el asunto es fundamental para las Regiones del norte, en especial para la Segunda. Porque se hallan involucrados dos aspectos diferentes: uno dice relación al tráfico por nuestro territorio de materiales que no le sirven a nadie, y el otro, a dejarlos en el desierto y convertirnos en un basurero. Señalo que ello toca en gran medida a dicha Región, porque muchos elementos nocivos vienen de Bolivia y llegan a Antofagasta o al megapuerto que se construye en Mejillones, de modo que sin duda el peligro es muy grande. Y, además, se ha considerado que el desierto es tan extenso que se pueden botar ahí distintas sustancias.
Ahora bien, el articulado que nos ocupa no se concibe sólo pensando en los otros países o en que somos la parte por donde se pasa o en donde se bota, sino que también constituye un llamado muy en serio a nuestras propias mineras y al análisis de nuestro proceder, en lo atinente a la refinación en territorio nacional. Porque ha ocurrido en el pasado que incluso CODELCO, de carácter estatal, y empresas privadas asimismo han contaminado. Y ello, de una manera muy terrible para la Región aludida y que ha suscitado importantes dificultades.
Entonces, si media una regulación desde 1992, cuando Chile publica el Convenio de Basilea, creo que el ir trabajando en conjunto y el ir aplicándonos en el ámbito de que se trata ayuda a nuestra buena disposición para la venta en el exterior de nuestros minerales. Porque sabemos que si no mantenemos un especial cuidado llegará un momento en que países con una legislación más dura no los aceptarán.
Por tal razón, es bueno recordar que en el norte se refinaban productos especialmente tóxicos que no se procesaban en ninguna parte del mundo y que eran traídos para tal efecto a Chile. Y se dio una pelea muy grande en los años noventa para que ello se negara, con lo cual pasamos a ser un país en donde también se prohibía esa posibilidad.
Respecto del primer punto que mencioné, relativo al tráfico, existe una situación compleja con Bolivia. En la Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar se dispone que los Estados sin litoral deben ponerse de acuerdo con aquellos por cuyo territorio pasa el tránsito de salida de materiales, para buscar soluciones. Como todos saben, con nuestro vecino no hemos mantenido las mejores relaciones diplomáticas y el tema ha sido bastante conflictivo. Y las normas en discusión en este momento -espero que se aprueben por unanimidad- pueden crear grandes tensiones adicionales.
El tema resulta muy complicado y de muy difícil estudio, porque son muchos los que han participado en su consideración. Pero es bueno dar la señal de que Chile no es un basurero ni un país donde cualquiera puede pasar con lo que quiera. Porque no se trata sólo del norte, ya que, dadas las condiciones climáticas del estrecho de Magallanes, por ejemplo, es muy riesgoso que naveguen por sus aguas las tremendas naves que vienen a botar materiales nocivos al Pacífico o al lado nuestro, las cuales pueden provocar contaminaciones irrecuperables en caso de zozobrar.
En virtud de las razones expuestas, señor Presidente, aunque extrañe el tiempo transcurrido ¿repito-, creo que es bueno el cuidado con que se ha trabajado. Y estimo que ésa es una señal muy clara para el mundo de que en Chile se permitirá el tráfico siempre que sea muy regulado, del mismo modo que se aceptarán las condiciones tanto del Convenio de Basilea como de la Convención de Jamaica, pero con una gran responsabilidad, asimismo, para sectores nuestros que siguen contaminando, como el de las mineras. No se puede culpar sólo a los de afuera.
Y ello constituirá una buena demostración de que Chile empezará a ser un país limpio y de que se protegerá a la gente que vive en el norte, especialmente. Porque muchas personas han muerto o se encuentran terriblemente enfermas por haber laborado en faenas mineras en que no se registraba ninguna preocupación por el medio ambiente. No es posible que ello siga ocurriendo. En consecuencia, es una señal para el mundo y en particular para el país.
Me parece que existe consenso respecto de la aprobación. Y, si es necesario proseguir el estudio en la Comisión, conviene dar el tiempo apropiado para indicaciones y para lograr una normativa que funcione, porque muchas veces la legislación constituye letra muerta y no sirve a las Regiones que justamente se intenta proteger.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, la verdad es que me encuentro muy de acuerdo con todo lo dicho. El asunto ha sido más complejo de lo que aparentaba serlo al comienzo.
El señor ZURITA.-
¿Me concede una interrupción, Su Señoría, con la venia de la Mesa?
El señor VEGA.-
Con todo agrado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Zurita.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente, observo en el informe un detalle paradójico. En efecto, el documento expresa:
"Se deja constancia, asimismo, que por oficio Nº MA/66/00, de 18 de abril de 2000, se remitió a la Excma. Corte Suprema de Justicia el texto de la iniciativa aprobada por la Comisión, a fin de ser oída respecto de su articulado"...
"A la fecha de la elaboración de este informe no se ha recibido respuesta al oficio en comentario.".
Si la fecha del oficio es el 18 de abril, la misma del informe, mal podía contestar la Corte Suprema antes que se le mandara el texto.
Nada más.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, deseo formular una aclaración al respecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Su Señoría debe solicitar una interrupción.
El señor HORVATH.-
Es lo que hago.
El señor VEGA.-
La concedo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, el Honorable señor Zurita tiene razón. Lo que pasa es que la opinión de la Corte Suprema fue pedida con ocasión del trámite en la Cámara de Diputados y se la recibió. Por nuestra parte, esperamos hasta el último momento, cuando se contó con la versión actualizada para la Sala del Senado, y ahí se sometió recién a otra revisión, para la cual el Máximo Tribunal dispone de 30 días.
Efectivamente, en una lectura en que no se considere ese antecedente, ello suena a ironía. Ésa no ha sido la intención de la Comisión. Y en el estudio venidero se tendrán en cuenta las observaciones en particular que sean remitidas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Y se excluirá la ironía...
El Senador señor Vega recupera el uso de la palabra.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, queda de manifiesto la complejidad que ha presentado el proyecto. Y varias otras. Porque lo que comenzó como vinculado a los desechos terminó siendo una cuestión bastante ardua en el plano tecnológico. El tema es muy dinámico.
Los listados de Basilea son varios, algunos de ellos fijos y otros variables. Y, conforme a la presión de los países industrializados sobre estos últimos, se van generando los términos "desecho", "residuo", "reciclaje", etcétera. Por tal razón se escuchó a tanta gente y se recibieron tantas opiniones, justamente para centrar el proyecto en lo que realmente debe ser y no sólo estudiarlo desde el punto de vista estricto de los desechos.
El artículo 19, Nº 8º, de la Constitución Política garantiza a toda persona el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y el Estado, que tiene permanencia en el tiempo, debe velar y cuidar, a través de normativas inteligentes, oportunas, racionales y, muchas veces, bastante técnicas -como ésta, por ejemplo-, la naturaleza en la cual vivimos.
Hoy día, en Chile, el medio ambiente es un tema de prioridad para la autoridad política. En la mañana escuchamos a la CONAMA, al Ministerio de Educación, etcétera, y hemos visto que esos organismos están orientados un poco hacia el perfeccionamiento de la normativa que rige al medio ambiente y protege nuestros recursos, por cuanto en nuestro país el deterioro de éstos y del medio ambiente se encuentra, en algunos casos, en extremos verdaderamente peligrosos y, en otros, irreversiblemente perdidos, lo cual pone en serio riesgo nuestra calidad de vida, como es el caso del ecosistema de la Región Metropolitana.
Es razón prioritaria, entonces, recuperar estos equilibrios con diversas medidas políticas y normativas jurídicas -como ésta- que nos permitan estabilizar la relación "vida humana-medio ambiente" con desarrollos sustentables; protección inteligente del recurso básico; control y protección de nuestra población; uso regulado de las radiaciones; control y uso adecuado del agua, del aire y de la tierra, evitando o regulando los procesos de eliminación y reciclaje de desechos nucleares peligrosos para la salud humana y la vida en cualquiera de sus formas.
Este proyecto tiene como propósito solucionar los problemas de contaminación más graves para el medio ambiente, como es todo lo relativo al transporte y a la eliminación y reciclaje de desechos peligrosos.
Como se ha dicho, el problema en realidad es bastante complejo, pues no sólo se trata de la eliminación de un desecho, sino también del tratamiento técnico del residuo, de su potencial reciclaje y, en general, del impacto ambiental y económico que gira en torno a estos procesos, lo que constituye un problema no sólo de Chile, sino también de todos los países del mundo.
La ley establece claramente la prohibición de utilizar cualquier lugar de nuestro territorio, incluyendo el mar presencial, para el vertimiento de desechos peligrosos. Respecto de este punto en particular, los países -como se ha dicho- han suscrito diversos informes y tratados internacionales, entre los que se destaca el Convenio de Basilea , sobre control de estos desechos, sus movimientos fronterizos y su potencial eliminación. (Decreto Supremo Nº 685, de 1992, del Ministerio de Relaciones Exteriores).
Ése es un instrumento internacional de gran valor, pero se perfecciona o desarrolla bajo la pauta o dirección de países industrializados, los que, en algunas circunstancias, tienen marcados intereses económicos en la elaboración de los listados y sus distintas calificaciones con respecto a su potencial peligrosidad para la salud humana. Así ha ocurrido con el cobre, por ejemplo, que se declaró contaminante, con grave influencia para nuestro proceso económico. Los representantes de CODELCO han logrado revertir de alguna manera esta situación, pero es muy difícil influir en las decisiones de este exclusivo club de naciones desarrolladas y en sus intereses.
El proyecto reviste, entonces, una gran trascendencia, pues debemos diferenciar claramente el desecho, el residuo, el reciclaje y la calificación de subproductos, como lo son, por ejemplo, algunos derivados del cobre. Entre éstos cabe señalar los barros anódicos, los cuales tienen un importante porcentaje de materiales nobles, que son procesados en plantas especiales, o el Pet-Koque, entre otros.
Ese aspecto muy puntual, desde su perspectiva económica, produjo numerosas consultas encaminadas a apreciar desde distintos ángulos lo que el país requiere en su desarrollo, a fin de permitir una distinción entre residuos con valor económico y tecnologías de transporte, procesamientos altamente sofisticados y seguros, y verdaderos desechos. Esto implica que la peligrosidad del residuo no es intrínseca, sino que la determina un adecuado manejo y su potencial eliminación.
Desde otro punto de vista, el residuo y el desecho son importantes en sus definiciones y manejo, por cuanto un alto porcentaje -y dependiendo de la capacidad tecnológica- permite el reciclaje, concepto que constituye, en forma muy directa, un elemento fundamental para el desarrollo sustentable, que busca, entre otras cosas, disminuir el uso del recurso renovable y no renovable.
El proyecto regula un tema de absoluta actualidad, considerando la preservación de nuestro medio ambiente y la aplicación tecnológica en su eliminación. En mi opinión, su articulado cubre una amplia gama de posibilidades, de manera que la autoridad pueda flexibilizar distintas alternativas, como lo hace la Convención de Basilea para los listados de los Anexos Octavo y Noveno, que introducen un grado razonable de flexibilidad y adecuada cautela para algunos residuos o desechos.
El artículo 3º prohíbe el tránsito por el territorio nacional de desechos provenientes de otros países, con planes de manejo y cauciones que den garantías al efecto.
El artículo 4º determina las autoridades responsables del listado, su reglamento y las flexibilidades de la ley.
El artículo 5º autoriza el ingreso y el tránsito de residuos o desechos no contemplados en el listado, con lo cual se incentiva el reciclaje. Sólo quedaría por particularizar lo considerado en los Anexos Octavo y Noveno del mencionado Convenio.
El artículo 9º contiene las sanciones respecto de quienes en forma explícita contravengan las normas de esta ley en proyecto.
Además, la iniciativa consagra disposiciones básicas para regular o prohibir el ingreso y el tránsito de residuos o desechos peligrosos. Y es posible que en la discusión particular se perfeccionen algunos aspectos puntuales, que están referidos más bien a reciclajes y a las autoridades responsables. Sin embargo, se trata de un proyecto que cumple ampliamente con su propósito, razón por la cual es importante aprobarlo en su contexto general.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Hago presente a los señores Senadores que la Mesa limitará el tiempo de sus intervenciones para dar cumplimiento al Reglamento, porque existe la obligación de despachar el proyecto signado con el número 4 antes de que termine el Orden del Día. Tal vez, sería conveniente comenzar su discusión y darle aprobación después.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, suspendamos el estudio de esta iniciativa y tratemos ese otro proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Las posibilidades son: o suspender su discusión hasta la próxima sesión, o iniciar la votación, pudiendo fundamentar su posición en primer lugar los señores Senadores que están inscritos. En seguida, con el asentimiento de la Sala en orden a prorrogar la hora de término del Orden del Día, conoceríamos de todas maneras el proyecto signado con el número 4.
¿Habría acuerdo para ello?
El señor URENDA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MARTÍNEZ.-
¿Cuál es la proposición concreta de la Mesa?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Senador, ella consiste en clausurar el debate del proyecto en análisis, iniciar su votación y que los señores Senadores inscritos fundamenten su posición en forma prioritaria. Y una vez despachado, se entendería prorrogado el Orden del Día para tratar la iniciativa signada con el número 4 de la tabla, respecto de la cual hay acuerdo de los Comités para votarla en esta sesión.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, ¿se mantendría la hora de Incidentes?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por supuesto, Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez, que presentará una moción de orden.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, he pedido la palabra para referirme a algunos temas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Disculpe, señor Senador. Hay una moción de orden.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, pido a la Sala que resuelva enviar de vuelta este proyecto a la Comisión, sin pronunciarnos sobre su contenido. Lo sugiero porque entre las normativas que la Comisión consideró para su estudio no estaba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En efecto, el proyecto tuvo su inicio antes de la dictación de esa ley, y en ella se conciben facultades al Ministerio de Salud. En su oportunidad, el Jefe de la CONAMA, que asistió a la Comisión, pidió que esa entidad fuese la coordinadora y sugirió una serie de medidas, pero éstas no se hallan contempladas en el proyecto en análisis.
Es mi deseo que la iniciativa en debate, en materias tan importantes como las señaladas, tenga absoluta relación con la legislación vigente, que fue despachada después de que se presentara este proyecto. Según el informe de la Comisión, la ley sobre medio ambiente no fue considerada entre los estudios legales realizados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Senador, con su intervención, se está introduciendo en la discusión del proyecto.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, sólo deseo que, como no fue considerado el cuerpo legal de la CONAMA y hay disposiciones que evidentemente no se ajustan a la Constitución -así se ha dicho en esta Sala-, la iniciativa sea enviada nuevamente a la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Su Señoría, estamos en la discusión general. Por lo tanto, no es posible acoger su planteamiento.
El señor DÍEZ.- Entonces, como Comité, solicito segunda discusión.
El señor HORVATH.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se ha pedido segunda discusión, señor Senador.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, por lo menos deseo aclarar que el Senador señor Díez no ha leído el informe en plenitud, pues en éste se considera la mencionada Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y la Comisión de Salud nada puede hacer sin la contribución de la Secretaría General de la Presidencia, que preside a la CONAMA. O sea, es un absurdo lo que se está diciendo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, no es el momento de realizar esa discusión.
Se ha pedido segunda discusión por parte del Honorable señor Díez, que es Comité. Por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento, se accede a ello.
--El proyecto queda para segunda discusión.
FACULTADES DE TRIBUNALES ORDINARIOS PARA INVESTIGACIONES EN RECINTOS MILITARES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En conformidad al acuerdo adoptado por la Sala en sesión del 11 de abril último, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2304-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 13 de octubre de 1999.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 21ª, en 25 de enero de 2000.
Constitución (nuevo), sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.
Constitución (segundo), sesión 33ª, en 3 de mayo de 2000.
Discusión:
Sesiones 24ª, en 15 de marzo de 2000 (se suspende su discusión); 25ª, en 21 de marzo de 2000 (vuelve a Comisión de Constitución); 29ª, en 11 de abril de 2000 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Secretario).-
Como señaló el señor Presidente, el 11 de abril último el Senado acordó votar y despachar en particular la iniciativa en la sesión de hoy.
Debo recordar que, según el nuevo informe emitido por la Comisión de Constitución a requerimiento de la Sala, el inciso tercero del texto sustitutivo sugerido para el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional, porque concede una nueva atribución a la Excelentísima Corte Suprema.
En el segundo informe, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, dicho órgano técnico consigna que no hubo disposiciones que corresponda dar por aprobadas, ya que el artículo único recibió diversas indicaciones. Agrega que éste sólo fue objeto de indicaciones rechazadas (numeradas del 1 al 12 en el respectivo boletín). Por tal razón, propone despachar la iniciativa en los mismos términos en que fue aprobada en general por la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
Hago presente a Sus Señorías que debemos reunir quórum especial de aprobación.
Ofrezco la palabra.
El señor VIERA-GALLO.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, me parece importante informar que la Comisión de Constitución analizó las indicaciones formuladas por distintos Senadores -entre ellos, quien habla- y, luego de intercambiar opiniones con el señor Ministro de Justicia y de examinar diferentes posibilidades, concluyó por unanimidad que lo más adecuado era mantener el texto del primer informe aprobado por la Sala.
El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, este proyecto, que tuvo su origen en moción presentada en la Cámara de Diputados, ha sido sometido a estudio por parte de la Comisión de Constitución del Senado en tres oportunidades. Allí se ha intentado establecer normas que permitan a los magistrados de los tribunales ordinarios de justicia concurrir directamente a distintos lugares, no sólo a recintos militares. En el texto propuesto se homologa y se dispone claramente que tales lugares pueden ser edificios donde funcione alguna autoridad pública, iglesias o recintos militares. Por lo tanto, la norma no se halla restringida exclusivamente a un área.
Ahora bien, la facultad de la justicia ordinaria para proceder al examen y registro directo en cualquier recinto del país para realizar una investigación destinada a mejor resolver fue limitada en 1977.
El Presidente de la Corte Suprema de la época, don Israel Bórquez, en el discurso con que inauguró el Año Judicial 1979, manifestó que dicha modificación ocasionaba entorpecimientos en las investigaciones criminales; que no fue consultada al Poder Judicial antes de su dictación, y, finalmente, que no advertía la conveniencia de orden práctico o el beneficio que ello acarreaba para una investigación penal.
Observó, asimismo, la evidente discriminación que se generaba con la derogación en comento, "ya que puede un juez de la justicia ordinaria proceder al examen y registro de edificios en que funciona alguna autoridad pública (por ejemplo, el Presidente de la República, un Ministro de Estado, un Ministro de la Corte Suprema), pero no sobre un recinto militar, lo cual" -en palabras de don Israel Bórquez- "carece de sentido de justicia o de equidad".
Señor Presidente, el texto en examen contempla varios puntos centrales.
En primer lugar, dispone que, para examinar alguno de los recintos que mencioné, el juez podrá concurrir directamente, pero deberá comunicar su visita a través de un oficio remitido con al menos 48 horas de anticipación. Por lo tanto, no se tratará de un ingreso intempestivo, sino que será anunciado con antelación.
En segundo término, establece que tendrá la posibilidad de presenciar la actuación correspondiente la autoridad o persona a cargo del establecimiento.
En tercer lugar, preceptúa que si la diligencia significare el examen de documentos secretos o de lugares donde hubiere información o elementos reservados y cuyo conocimiento pudiere afectar la seguridad nacional, el funcionario encargado del recinto deberá comunicar este hecho a la autoridad política, es decir al Ministro de Estado pertinente, quien, si lo estima procedente, podrá manifestar al tribunal competente su oposición a que se realice tal actuación. Y si ésta es considerada indispensable por el juez, será la Corte Suprema la que resuelva si se efectúa o no. En caso afirmativo, el magistrado deberá actuar conforme al artículo 144 bis del Código de Justicia Militar, que fija el procedimiento respectivo.
En cuarto término, se permite disponer el sello y resguardo del lugar donde eventualmente se llevará a cabo la diligencia.
Finalmente, se imposibilita al magistrado el cumplimiento de la actuación con una publicidad que no sea concurrente con el sigilo que se debe guardar.
Por consiguiente, el proyecto -que se discutió latamente en la Comisión y fue aprobado en forma unánime- resguarda los derechos de todas las partes y contempla un principio fundamental: el de la igualdad de posibilidades para que el juez que instruye un proceso se constituya en cualquier sitio del país a los efectos de practicar una investigación.
Es importante reiterar, señor Presidente, que el proyecto no se refiere al caso específico de los recintos militares. Es más general que la normativa en vigor y permite a los jueces de los tribunales ordinarios realizar sus actividades según el principio de la inmediación, es decir, ejecutando directamente las actuaciones requeridas para una investigación.
Lo anterior explica que la Corte Suprema haya dado su conformidad a la iniciativa. Manifestó, sí, su desacuerdo con el plazo de 72 horas que mediante una indicación se fijaba para comunicar al encargado del respectivo recinto la práctica de una diligencia, por considerar que eso podía entorpecer la actuación determinada por el magistrado.
En definitiva, la Comisión de Constitución, luego de un largo análisis de los diversos planteamientos formulados, decidió por unanimidad proponer a la Sala la aprobación particular del texto en discusión, que cumple con los objetivos tenidos en vista.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, sólo quiero subrayar el hecho de que la idea que formulamos con el propósito de recoger una inquietud que quedó pendiente en el primer informe fue finalmente acogida por la indicación sustitutiva que presentó al respecto el propio Gobierno y por el acuerdo a que llegó sobre la materia la Comisión de Constitución.
Nos parecía que había que regular la forma como los jueces pudieran proceder al examen y registro de lugares religiosos, de edificios públicos o de recintos militares. Pero en este último caso, atendida la naturaleza de lo que puede encontrarse dentro de tales recintos y que dice relación a la seguridad nacional, estimamos que había una omisión en el proyecto de la Comisión, la que debía subsanarse de alguna forma.
A ese propósito apuntaban las indicaciones que propusimos y las que formuló finalmente el Ejecutivo. Ellas hacen factible (como se plantea en el inciso segundo del artículo 158 que se sugiere) un procedimiento preventivo destinado a evitar situaciones conflictivas o delicadas en alguna institución castrense.
Nuestra indicación entregaba al Ministro de Defensa la posibilidad de determinar la procedencia de un registro en un recinto militar. Pero la indicación final, que entrega a la Corte Suprema la decisión última, es todavía mejor que la presentada por nosotros, porque no deja una situación de orden jurisdiccional en manos de una autoridad política.
En consecuencia, el proyecto sometido a nuestra consideración recoge de manera bastante satisfactoria las inquietudes que hicimos presentes y, por ello, cuenta con nuestra aprobación.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, se han intercambiado opiniones y se ha discutido este proyecto. Sin embargo, todavía no aparecen respuestas a diversas dudas, que quiero exponer, especialmente a la Comisión.
En el inciso tercero del nuevo artículo 158, donde se dispone que si el juez estima indispensable la realización de la actuación procederá a elevar los antecedentes a la Corte Suprema para su resolución definitiva, se agrega la siguiente frase: "disponiendo el sello y debido resguardo del lugar que deba ser objeto de la diligencia mientras se adopta dicha determinación.".
En otras palabras, si el magistrado estima necesaria la diligencia, ordenará sellar. ¿Sellar qué? Me estoy refiriendo a los recintos militares; puede ordenar sellar un avión, un buque, un cuartel, una oficina, etcétera. Conforme. El juez ordena cumplir esa diligencia, según su criterio. ¿Pero quién establece el resguardo? ¿Carabineros de Chile entrará al recinto militar o se va a hacer cargo del buque de guerra correspondiente? Eso no se responde.
Señor Presidente, debo connotar que en tales casos se producen problemas prácticos que el proyecto no resuelve, salvo que se determine la dictación posterior de un reglamento.
¿Cómo se puede sellar un avión o un buque, por ejemplo? Porque si el juez estima necesario hacer determinado registro, mientras la Excelentísima Corte Suprema se pronuncia sobre la diferencia de opinión surgida entre el magistrado y el Ministro de Estado que, por razones de seguridad nacional, manifiesta su oposición a la diligencia pertinente, transcurrirá un tiempo durante el cual quedará inmovilizado un recinto o un elemento de la Defensa Nacional. Y eso constituye un problema real.
Por último, ¿quién paga los daños por la inspección? Porque si el juez estima necesario hacer abrir, por ejemplo -como de hecho ya se intentó-, el patio de un regimiento, ello implica levantar las losas y hacer pedazos el lugar. ¿Quién paga el perjuicio? Eso no queda establecido.
Tales son las dudas que surgen, señor Presidente.
El espíritu de la norma está claro. Creo que el procedimiento propuesto por la Comisión es natural y resguarda las debidas potestades de los grupos en juego. Empero, surgen cuestiones prácticas que carecen de respuesta.
Ése es mi planteamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, las situaciones que se han expuesto como ejemplos nunca han ocurrido en nuestra historia judicial y son un poco extrañas.
Si el juez ordena sellar un buque, debe considerarse un hecho muy simple: nadie sube a él. No se trata de ponerle un sello, sino de impedir que terceros vayan a examinar antes que el juez lo que se procura investigar.
Por supuesto, eso puede provocar daños. Ellos son causados por un Poder Público y los sufre una institución del Estado, en el caso expuesto. Si se tratara de una iglesia, sin duda ésta podría demandar al Estado, conforme a la Constitución Política, con motivos de los perjuicios causados por la investigación de un juez practicada para determinar los resultados de un delito.
Porque en estos casos existe una jerarquía: la búsqueda de los autores de un hecho punible. Y el derecho a no ser víctima de un delito es el más humano y preferido de los derechos existentes en una sociedad, que el sistema legislativo general protege por medio de la acción de daños entablable contra el Estado.
Si la institución afectada ¿estamos hablando de cualquier entidad pública, de iglesias o de recintos castrenses- considera que sus derechos constitucionales han sido violados al privársele del uso de su propiedad o de sus bienes por encontrarse sellados, puede ocurrir de inmediato ante la Corte de Apelaciones respectiva para interponer un recurso de protección. Y la facultad para disponer el sello ¿ésta es la palabra sacramental- no significa que materialmente se ponga un sello en el lugar de que se trata, sino que ninguna persona extraña puede entrar en él desde el momento en que la resolución judicial es debidamente notificada.
Por otro lado, la oposición a la práctica de una diligencia determinada por el juez no la formula, en el caso de la Defensa Nacional, el encargado del lugar o del buque, sino, siguiendo el conducto jerárquico, el Ministro de Estado pertinente. De modo que, si hay oposición de éste, significa que existen antecedentes más que serios para pensar que la seguridad nacional está comprometida.
Ahora bien, cuando se dice "Ministro de Estado" se dice "Presidente de la República", que es la autoridad suprema del país y, por ende, la que decide. Por lo tanto, el juez tendrá sumo cuidado ¿debo suponer la racionalidad de los magistrados- frente al requerimiento de un Ministro de Estado que representa al Primer Mandatario. Y cuando determine sellar el lugar, limitará la medida a lo estrictamente indispensable y a lo que cause menos daño. Si esto no se cumple, la institución respectiva dispone de recursos que le entrega la Constitución Política para defender sus derechos.
En definitiva, señor Presidente, no podemos permitir que haya lugares a los que un juez no pueda llegar durante la investigación de un delito.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, es muy difícil que la ley pueda ponerse en todos los casos. Nosotros teníamos una inquietud con respecto a los problemas que pueden afectar la seguridad nacional. Sin embargo, por la forma como está resuelto el artículo, ella queda, al menos desde nuestro punto de vista, subsanada.
Si uno comienza a hacer análisis muy detallados y trata de ponerse en todas las situaciones, puede encontrarse más bien con otro tipo de dificultades. La norma propuesta dispone que para proceder al examen de lugares religiosos, de edificios donde funcione alguna autoridad pública (hay miles de ellos en nuestro país) o de recintos militares se requiere dar un aviso con al menos 48 horas de anticipación. Pero lo cierto es que en muchos casos ese solo aviso puede dar pábulo para que la investigación se perjudique.
Por consiguiente, uno debe asumir que las normas serán aplicadas con algún criterio y que los encargados de los lugares religiosos, de los edificios donde funcione alguna autoridad pública o de los recintos militares afectados tendrán disposición a colaborar con la justicia.
Ahora bien, si vemos que normas como éstas se prestan para abusos, habremos de corregirlas.
No obstante, me preocupa el que se pueda tanto violar un secreto militar como hacer muy difícil la actuación de la justicia, porque (repito) son miles los lugares que se encuentran en el ámbito de la norma propuesta. Si ella es mal usada, en definitiva vamos a impedir la acción de la justicia y, por tanto, deberemos corregirla.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez, en su segundo discurso.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las observaciones formuladas a mi planteamiento, pero me gustaría hacer algunos comentarios.
Primero, en mi intervención anterior he traído a colación acontecimientos que se han vivido en los últimos veinte años, y ello se vincula directamente con el origen del proyecto, como pueden comprobar los señores Senadores si se remiten a la idea original de los legisladores que lo presentaron. De modo que mis afirmaciones se basan claramente en el propósito inicial de la moción.
En segundo lugar, en la práctica ya hay antecedentes que avalan mi postura. Tengo en mente la intervención en el regimiento Yungay -si no me equivoco-, en Quillota, en la cual uno de los jueces llegó con un tractor y con una excavadora. No entro a analizar los criterios de los señores jueces; no me corresponde ni pretendo hacerlo, pero insisto en que mi posición se basa en hechos extraídos de la realidad.
En tercer término, creo que en el último acápite del artículo único se halla, a mi entender, la génesis de un conflicto entre autoridades, el cual podría llegar en algún momento a ser difícil de resolver. ¿A quién va a recurrir la entidad estatal o la entidad afectada por la decisión del señor juez de sellar una unidad, sea un buque, un avión, un helicóptero? Evidentemente, a la justicia militar. Entonces, resulta que con esta disposición se está abriendo un área de conflicto.
El último punto que deseo recordar a los señores Senadores es el siguiente. Una de las razones de la modificación que plantea la iniciativa radica, en definitiva -y esto desearía que quedara muy claro-, en que se ha colocado en tela de juicio a la justicia militar, lo cual, como persona proveniente del estamento militar, estimo que es una ofensa gratuita, porque los procedimientos que aquélla ha establecido han funcionado siempre bien. Y si algún señor juez militar no cumplió con la función que la justicia ordinaria estimaba que debía haber ejercido, para eso existía la facultad disciplinaria de la Corte Suprema, la cual nunca se ha puesto en duda.
Por tales motivos, creo que el proyecto va a crear problemas. Puedo imaginarme a un señor juez diciendo: "Nadie penetre en ese transporte de la Armada, porque tiene que ser revisado". Eso va a ocurrir en la práctica, tal como están las cosas. Yo tengo el deber de llamar a la racionalidad.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, más allá del juicio que nos pueda merecer la actuación de la justicia militar, cabe señalar que en el proyecto no hay ninguna connotación de ese tipo. Éste dice, simplemente, que la justicia ordinaria podrá examinar los recintos militares cuando en ellos se hayan cometido delitos de carácter civil, no militar.
Ahora, si los jueces ejercen sus funciones en forma descriteriada, naturalmente se verá la forma de que vuelvan a la razón, pero nadie puede estar por encima de la ley: ni un regimiento, ni una iglesia, ni la Presidencia de la República. Recientemente hemos visto un allanamiento en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con perros antidrogas, lo cual causó mucha molestia en dicha Corte. Sin embargo, la investigación logró determinar que, desgraciadamente, una red de narcotráfico estaba actuando con los funcionarios de la misma. Por cierto, no hay ninguna institución humana que esté por encima de las debilidades humanas, y para eso está la justicia, para poner las cosas en su lugar.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, me alegro de que el texto final de la iniciativa sea igual al que conoció la Sala con anterioridad. Y, respecto de los reparos que se han formulado acá, me parecen muy convincentes las explicaciones de los Senadores señores Díez y Novoa.
Voto que sí.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, está comenzando la votación de un proyecto de ley que, por su naturaleza, tiene características que hacen difícil considerarlo una cuestión netamente procesal.
Ya en la sesión del 21 de marzo del año en curso manifesté claramente mi posición contraria al mismo, y solicité nuevos informes a la Excelentísima Corte Suprema, y especialmente, a las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para que, con ellos, se pudiera ilustrar de mejor manera el presente debate.
El artículo 158 del Código de Procedimiento Penal establece un procedimiento especial para el examen y registro de recintos militares y policiales, el cual, como sabemos, debe efectuarse a través de los tribunales militares de acuerdo con las disposiciones actuales.
El fundamento de esa norma radica en principios superiores, como son, la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, y especialmente, el secreto militar, en virtud de los cuales el legislador, con el objeto de amparar aquellos principios, otorga un resguardo adicional para el examen y registro de recintos militares y policiales, el cual consiste, precisamente, en que éstos se verifiquen por intermedio del respectivo tribunal militar.
Entiendo que con el presente proyecto se pretende evitar que por medio de la intervención del respectivo tribunal militar se pudiera producir una dilación o tardanza en la práctica de la diligencia, y, lo que es más grave aun, una actuación indebida de aquella judicatura especial tendiente a impedir el examen y registro solicitado.
Siendo ése el fundamento del proyecto, me parece muy grave, por cuanto nos estamos refiriendo a tribunales que pertenecen al Poder Judicial, que están sometidos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Excelentísima Corte Suprema, y que en todo momento han actuado dentro de las atribuciones establecidas por la ley. En el hecho, atribuirles las actuaciones señaladas implica una clara crítica a ese alto tribunal, ya que es aquella Corte la que, conociendo de dilaciones o tardanzas indebidas por parte de los tribunales militares, debería aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, los cuales, hasta donde tengo conocimiento, nunca han sido sancionados por aquellos hechos.
Me parece que a nadie puede caberle la menor duda de que, en el fondo, lo que existe es una verdadera desconfianza, no sólo hacia los tribunales militares, sino también, y muy especialmente, hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros, que se traduce en el temor de que estas Instituciones no actuarían de acuerdo con la legislación vigente, presionando a los tribunales del fuero para que no realicen las diligencias solicitadas, aprensiones éstas de suyo antojadizas y sin fundamento alguno.
Existen, por otro lado, consideraciones de orden legal que es importante señalar. Si lo que se pretende por medio del examen y registro de recintos militares y policiales es encontrar antecedentes, el objeto o cuerpo del delito, se trataría, por tanto, la mayoría de las veces, de hechos punibles cometidos en aquellos recintos, o al menos, ilícitos cuyo principio de ejecución se hubiere dado en los mismos, los cuales, conforme a lo dispuesto en los artículos 3º y 5º del Código de Justicia Militar, y de acuerdo con las reglas generales previstas en nuestra legislación, son de competencia de los tribunales militares. Es obvio que existirán excepciones a la regla recién señalada, pero todas ellas pueden ser resueltas de acuerdo con la legislación vigente. Por lo tanto, la intervención de estos tribunales especiales sería la regla y no la excepción.
Por otra parte, sin duda existe una reforma trascendental de nuestro Código de Procedimiento Penal, y me parece del todo lógico que al debatir sobre aquélla se discuta, entre otras modificaciones, la mantención o reforma del actual artículo 158, en lugar de discutirlo ahora, como una reforma aislada que eventualmente podría no tener ningún efecto, o, en el mejor de los casos, un efecto temporal.
En virtud de esas consideraciones, voto en contra del presente proyecto.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en particular (30 votos contra 4 y una abstención) y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Cantero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Larraín, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Parra, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Urenda, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Canessa, Cordero, Martínez y Vega.
Se abstuvo de votar el señor Stange.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, sólo deseo agradecer la votación del Senado, porque la aprobación de esta iniciativa constituye un avance importante en materia judicial.
Muchas gracias.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Conforme a las facultades que me otorga el Reglamento, solicito la anuencia de la Sala para tratar en tabla de Fácil Despacho de la sesión del próximo martes 9 del mes en curso, los proyectos de acuerdo ¿todos aprobados por unanimidad- signados con los números 5, 6 (aprueban sendos Convenios de Seguridad Social entre Chile y las Repúblicas Francesa y Portuguesa) y 7 (aprueba el Acuerdo entre Chile y Costa Rica para la promoción y protección recíproca de las inversiones) en el Orden del Día.
Luego, continuaríamos con el proyecto que modifica diversos textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, y, posteriormente, discutiríamos la iniciativa que prohíbe o regula, en su caso, el ingreso al territorio nacional de desechos o residuos provenientes de terceros países, cuyo debate fue postergado.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
El señor LAGOS (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, acerca de DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE INFORMACIÓN GEO-REFERENCIADA.
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, sobre DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN EN LOCALIDAD DE CERRO CASTILLO (DUODÉCIMA REGIÓN).
Del señor HAMILTON:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, y Bienes Nacionales, referente a NÚMERO DE COMITÉS QUE POSTULAN A PROGRAMA DE VIVIENDAS PROGRESIVAS EN QUINTA REGIÓN.
Del señor HORVATH:
Al señor Director de la CONAMA, relativo a PROYECTOS REALIZADOS CON FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SU FINANCIAMIENTO.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Salud, en cuanto a SISTEMA DE TURNOS MÉDICOS EN HOSPITAL DE CAUQUENES, y al señor Subsecretario- de Obras Públicas, acerca de DIFICULTADES POR INSTALACIÓN DE TRÉBOL DE INGRESO A PUEBLO DE PUTAGÁN (SÉPTIMA REGIÓN).
__________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Institucionales 1.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, quiero hacer presente que el Comité Renovación Nacional ha tenido la gentileza de cederme su tiempo. De manera que dispongo de 35 minutos para efectuar mi exposición.
ENTREGA A TRIBUNALES DE JUSTICIA DE EFECTOS DE CRISIS DE INSTITUCIONALIDAD CHILENA
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, deseo dar a conocer al Senado dos opiniones con relación a la actual situación que está viviendo el país en torno a los hechos y acontecimientos que rodean el desafuero del Senador vitalicio don Augusto Pinochet Ugarte, ex Presidente de la República y ex Comandante en Jefe del Ejército.
I.-
Cómo surge la crisis y en qué consiste su desarrollo
1.-
Las razones por las cuales se produjo la ruptura de la convivencia nacional que aún continúa vigente se encuentran en el inmenso deterioro del tejido social, la violencia política y el extremismo, generados por el proceso de ideologización de carácter mundial ¿potencializado por la Cuba castrista- que llega a Chile en la década de los sesenta.
De esto resulta que los sectores revolucionarios reconocen derechos humanos sólo a quienes militan en los grupos marxistas, negando de esta manera tales derechos a los que no tienen tal militancia.
2.-
Al advenimiento del Gobierno elegido en nuestro país el año 1970, éste no sólo no supera sino que extrema tal proceso de ideologización, al procurar la instalación de un régimen político fundado en la confrontación social y en la carencia del necesario respeto a la ley, a su cumplimiento o a su modificación por los medios establecidos en el Estado de Derecho.
Sus resultados generaron un grado de conflicto social de tal naturaleza que llevaron al derrumbe de nuestra institucionalidad y a la necesaria instauración del Gobierno militar, solicitada por la inmensa mayoría de la población.
3.-
El establecimiento del Gobierno militar ¿no obstante sus notables resultados positivos- no logró la pacificación nacional que se proponía, tanto por la naturaleza de las acciones violentistas de carácter marxista con apoyo logístico del extranjero, realizadas para derrocarlo, como por la gravedad de las odiosidades generadas con anterioridad al Gobierno de la Unidad Popular y durante la Administración del Presidente Allende.
II.-
Sus responsables
1.-
Como consecuencia de lo expuesto en los párrafos precedentes, en la génesis y desarrollo de la ruptura de la convivencia nacional, el derrumbe de las instituciones democráticas y las acciones para procurar el restablecimiento de la democracia no estuvo ausente ningún sector de la ciudadanía, y aunque la violación de los derechos humanos es de responsabilidad primaria de los violentistas de la década revolucionaria, todos tienen responsabilidad ¿directa o indirecta- en las ulteriores violaciones de tales derechos, sea a título de adherentes, defensores, encubridores o cómplices de los autores, incluyendo naturalmente a las personas y grupos políticos que hoy día han integrado los Gobiernos de la Concertación. A este último respecto no puede olvidarse las convocatorias de los líderes de la Democracia Cristiana a protestas populares en las cuales se sabía que iba a haber cada vez más muertos.
En efecto, Chile se dividió entre quienes apoyaban el violentismo preconizado por los partidos marxistas y los que se oponían a ello; entre los partidarios del Gobierno de la Unidad Popular y sus opositores y víctimas; entre quienes procuraron con el Gobierno cívico-militar terminar con tal situación y hacer de nuestra patria una gran nación y los que intentaban derrocarlo; entre quienes recibieron a contar del año 1990 el Gobierno de la nación, presionando al Poder Judicial para lograr una insólita reinterpretación de la ley de amnistía, y la ciudadanía, que ha visto transformarse a los defensores del orden público en victimarios y los causantes del desastre en víctimas.
2.-
Un examen de la historia chilena de los años 60, 70, 80 y 90 así lo demuestra.
III.-
¿Son los tribunales de justicia la vía adecuada para resolver los problemas de los derechos humanos?
1.-
En ningún país de Occidente las grandes conmociones sociales han sido resueltas por los tribunales de justicia, como ocurrió en Europa luego de la II Guerra Mundial con quienes, en Francia, Italia, Bélgica, Holanda y demás naciones europeas, fueron partidarios del nazismo y del fascismo. Tampoco ello sucedió en la España post Franco.
En ambos casos, en vez de someter a juicio a los miles de miles de vencidos o partidarios del Caudillo español, se dictaron múltiples leyes de amnistía que realmente lograron el reencuentro nacional. Tampoco en Chile ello ha ocurrido en otras conmociones sociales como la sangrienta Revolución de 1891, pues, luego de que los partidarios del Presidente Balmaceda fueron derrotados militarmente en Placilla y Con-Cón, sucesivas amnistías permitieron la rápida reconciliación nacional.
2.-
De lo expuesto resulta que, cualesquiera que hayan sido la naturaleza y el número de los atentados a los derechos humanos -por ejemplo, en el Chile de 1891, aun cuando sus habitantes no excedían los 3 millones, las muertes, los robos, los asaltos de pobladas y los destierros fueron cuatro veces superiores a los ocurridos en el período 1973-1989-, tales problemas se reducen simplemente a resolver si es adecuado y pertinente usar los tribunales de justicia para que la mitad del país denuncie y se querelle contra la otra mitad, integrando los tribunales jueces que estuvieron en uno u otro bando.
3.-
La respuesta a tal interrogante es absolutamente negativa, y así se ha podido percibir en el Chile post Pinochet. Al instruirse los procesos, la vía judicial para resolver los problemas de los derechos humanos sólo ha logrado aumentar cada vez más el rencor social, al extremo de que ha hecho volver a quienes integran la nación al mismo o mayor grado de odio mutuo que el producido cuando se inició la década revolucionaria, con cuatro agravantes adicionales:
a) Una suerte de degradación de la majestad de la justicia al advertir los jueces que sus carreras perecen si sus sentencias no son "políticamente correctas".
b) La consiguiente pérdida de dignidad del Poder Judicial, lo que agrava en términos irreparables la inconfiabilidad pública en la justicia.
c) El regreso glorioso de los resquicios legales, cuyo estandarte lo lleva la torpe aplicación de la teoría del secuestro como delito permanente, lo que ha permitido procesar por "secuestros" de personas que hoy día llevan más de 25 años "desaparecidas".
El carácter resquicial de tal teoría se ve confirmado por el hecho de que una persona podría ser procesada y condenada por secuestro tantas veces como dure su existencia en la tierra, porque al cumplir su condena tal "desaparecido" no aparece, violando de esa manera el principio de la cosa juzgada.
d) La necesidad de procesar y condenar como encubridor, entre otros, al propio inventor de tal teoría, el ex Presidente señor Aylwin, autor e impulsor precisamente de esa tesis.
IV.-
Conclusiones.
1.-
La vía judicial para abordar los problemas de derechos humanos ocurridos entre los años sesenta y hoy día es, de todas, la peor manera de no resolverlos; destruye la indispensable necesidad de la población de creer en sus tribunales; degrada a sus integrantes, y restablece la plena vigencia de los resquicios legales, de infeliz memoria en Chile, y estallan en la cara de quienes los idearon.
2.-
Lo anterior obliga a pensar cuál sería, entonces, la manera de resolver los problemas de derechos humanos. Su respuesta se encuentra en la naturaleza de tales hechos, esto es, su condición enteramente política pues, en último término, la causa de ellos fue la motivación política del responsable o de los responsables, quienes consideraban a sus víctimas secuaces del terrorismo o secuaces de la burguesía, en su caso.
3.-
Dado el nivel de degradación de la convivencia nacional, que se ha producido como consecuencia de centrar en lo judicial los problemas de los derechos humanos, resulta de la mayor urgencia poner término a ella y que tales problemas sean asumidos por los sectores políticos en el Congreso Nacional.
4.-
Desde la perspectiva antes señalada, los tribunales de justicia deben ser no el objetivo para resolver los aludidos problemas, sino la vía para que el nivel político resuelva la situación. En este sentido, la prescripción, la cosa juzgada, la amnistía, son instituciones de Derecho o instrumentos para que los actores políticos los empleen con el propósito de poner término a problemas como los aquí analizados, que se produjeron en Chile hace más de 30 años.
5.- De no seguirse los criterios antes indicados no habrá paz, reconciliación ni progreso nacional en un mundo en que los Estados que no resuelven sus problemas fundamentales están condenados a diluirse, terminando por desaparecer.
JUZGAMIENTO A OFICIALES DE FUERZAS ARMADAS
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, el segundo planteamiento trata de lo siguiente.
Con la mayor seriedad y responsabilidad, pero con toda la fuerza que requiere la terrible gravedad de la situación que se plantea, quiero referirme a la posibilidad de que en Chile se procese y se condene, sobre la base de una mentira, a distinguidísimos miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo el eventual desafuero y encausamiento del ex Presidente de la República y ex Comandante en Jefe del Ejército, Senador señor Augusto Pinochet Ugarte. En efecto, se pretende acusar a los referidos oficiales de un delito que no sólo es falso -como es de pública convicción-, sino que ha sido reconocido como tal por personeros del mismo sector político que impulsa tan monstruosa injusticia.
La imputación que se hace a los señalados oficiales es la de haber secuestrado y mantener secuestrados a los llamados "detenidos desaparecidos".
Tal acusación no tiene otra finalidad que burlar la Ley de Amnistía y la prescripción de los posibles delitos. Para violar así la ley, se ha afirmado que se trataría de un delito de secuestro cuyo carácter permanente se hallaría vigente hasta ahora. Ésta es la base sobre la que se ha construido una maquinación procesal para perseguir a los señalados altos oficiales.
Tal afirmación es absolutamente falsa. Primero, por las actuaciones mismas en el desarrollo de los correspondientes procesos; segundo, por el reconocimiento expreso de la denominada Comisión Rettig, la muerte de cuyo Presidente ha motivado que el Gobierno decrete duelo oficial por tres días; tercero, por las múltiples declaraciones, entre las que destaca la efectuada hace pocos días por el Senador señor Boeninger; cuarto, por la total carencia de pruebas e incluso de indicios que pudieran configurar una presunción judicial, y, quinto, por la inverosimilitud psicológica y la imposibilidad material de que tal conducta se haya realizado o estuviera realizándose.
Haré una breve reseña sobre estos cinco puntos:
1.-
En los pertinentes procesos, nunca, en ningún caso, se han realizado diligencias procedentes para encontrar a los presuntos secuestrados. Esto reviste máxima gravedad, pues actuaciones en tal sentido son las únicas que podrían justificar en alguna medida, si obtuvieran algún resultado, la hipótesis de que se trata de delitos de secuestro. Pero, además, por la obligación expresa que la ley impone a los jueces de dar protección al ofendido, obligación que tiene tanta relevancia cuanto la de aplicar la pena. ¿Resulta verosímil que ningún juez en estos procesos haya hecho indagación pertinente alguna que se conozca para encontrar a los secuestrados, y que se sostenga, sin embargo, que los procesos aún son por secuestro?
Más todavía, todas las actuaciones conocidas en tales procesos se han orientado a la búsqueda de los restos de personas fallecidas, con lo que la misma realidad procesal llevada a cabo por los jueces instructores demuestra que la causa de sus diligencias es la de encontrar muertos, y no vivos, reafirmándose así la falsedad de las imputaciones penales por secuestros.
Lo dicho demuestra cabalmente que la imputación de secuestro en tales procesos implica no sólo una ilegal ficción en cuanto a la prueba, sino una simulación en lo referente a la causa de las resoluciones judiciales -pues éstas también son actos jurídicos- contra los oficiales procesados, pues se les acusa de algo inexistente para encubrir la ilícita violación de la Ley de Amnistía y de la prescripción de los delitos. Y esto queda demostrado por los más elocuentes de todos los testimonios, cuales son las mismas actuaciones de los jueces.
2.-
Además, insistimos en que existe una convicción pública de que los presuntos desaparecidos están muertos o evadidos. La Comisión Rettig, respecto de todos los desaparecidos, señaló textualmente su "certeza moral que concluyó con el asesinato de la víctima y la disposición de sus restos de modo que no pudieran ser encontrados" (página 22 del Informe). Es decir, para esclarecer estos hechos, la Comisión nombrada por el Gobierno del ex Presidente señor Aylwin afirma tener certeza moral -que, por lo demás, es la que nutre las sentencias- de que tales personas están muertas.
3.-
Resulta oportuno destacar que apenas anteayer el Honorable señor Boeninger reconoció públicamente que tales personas están muertas, que no se puede probar el supuesto crimen y que la imputación de secuestro fue "la respuesta jurídica" ¿cita textual- "que se encontró formalmente correcta a un hecho objetivo". Y lo ratificó frente a la pregunta de si cree que los desaparecidos están vivos diciendo: "No. Están muertos. Pero la interpretación jurídica es formalmente correcta." (diario "El Mercurio", 30 de abril de 2000, cuerpo D, página 8).
Si a cualquier persona se le puede imputar formalmente un delito sobre la base de hechos falsos, aquí tocamos el fondo del problema: la justicia no es una justificación "formal" para cualquier propósito. La administración de justicia se basa, se nutre y se justifica en la verdad. Separada de ésta, hay simulación, prevaricación, arbitrariedad e injusticia. En otras palabras, lo opuesto a verdad es mentira, como lo establece el Diccionario de la Lengua Española.
4.-
Abundando en lo recién dicho, no hay indicio alguno que permita afirmar que tales personas están vivas y secuestradas.
No hay materia para una presunción que se funde en hechos reales y probados, y no en otras presunciones, sean legales o judiciales; que sea múltiple y grave; que sea precisa, de manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; que sea directa, de modo que conduzca lógica y naturalmente al hecho que de ella se deduzca; y que una guarde relación con otras, de manera que los hechos tengan conexión entre sí e induzcan a todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el hecho de que se trata. (artículo 488 del Código de Procedimiento Penal).
No hay materia para una presunción, precisamente, porque la imputación del secuestro continuado es falsa, y evidencia que lo que busca la ley al establecer estas exigencias para las presunciones es justamente garantizar a través de ellas que no se condene a las personas sobre la base de hechos que no son verdaderos.
Se ha señalado, con alarma, en diversos y serios medios de comunicación que lo que los jueces han establecido aquí no es una presunción sino una ficción. Esto confirma que el fundamento de tales acusaciones es una mentira. Una ficción puede establecerla la ley, pero, en caso alguno, un juez. LA FICCIÓN JUDICIAL ES LA MENTIRA JUDICIAL. Si un juez se atribuyera la facultad de elaborar ficciones para basar su prueba, además de prevaricar se estaría arrogando atribuciones que la ley no le ha dado, con lo que tales actuaciones serían nulas de Derecho Público, al tenor del artículo 7º de la Constitución Política.
Finalmente, señor Presidente, cabe señalar que esta alegación del secuestro continuado no sólo es falsa por todo lo que se ha dicho, sino que es inverosímil y prácticamente imposible. Frente al más del cuarto de siglo que habrían durado estos secuestros, se plantean abundantes preguntas elementales, que no pueden ser satisfechas. Por ejemplo, ¿dónde estarían secuestradas tales personas? ¿Cómo, en todos estos años, no se ha traslucido ni siquiera un indicio, a través de algún médico, de algún sacerdote, de algún militar, de algún proveedor, de algún vigilante, o de algún vecino, con relación a su existencia? Y tantas otras. Y esto lo saben los jueces, pues de lo contrario ¿cómo explicar que no se haya hecho ni un solo operativo para encontrar a los desaparecidos, de magnitud ni siquiera semejante a los que se han realizado en Colonia Dignidad para buscar a un inculpado?
Señor Presidente, aparece así claro que la imputación del secuestro permanente es un hecho que no es verdad, y que se ha realizado como una manera de burlar la ley. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave sería que se confirmara por los tribunales algo que no es cierto. Tal confirmación equivaldría a la derogación práctica instantánea de los derechos humanos, de las garantías individuales, del debido proceso, del sentido mismo de la administración de Justicia y, en definitiva, de todo nuestro ordenamiento institucional. En la base de todo esto está la relación entre la verdad y el Derecho. Si se los separa, todo se derrumba.
Así como los nazis habían establecido que era delito todo lo que se opusiera al sano espíritu del pueblo alemán, o como la norma semejante en el sentido marxista de la Constitución cubana, en Chile se instauraría de hecho una norma que haría delito todo lo que disgustase a la mayoría de turno. Nada puede ser más inductivamente totalitario. Se está poniendo el hacha a la raíz misma del orden institucional de la República, con todas las gravísimas consecuencias y responsabilidades que ello implica. Esto significa ¿insistimos- que todos los chilenos quedan expuestos a ser perseguidos sobre la base de hechos que no son verdad, siempre que éstos cuenten con el respaldo del poder.
Por ello, nadie, ningún chileno puede quedar impávido frente a esta enormidad. Nadie puede mirar para otro lado, sobre todo cuando se tienen responsabilidades que atañen a las bases misma del ordenamiento institucional chileno.
Durante la Unidad Popular, el ordenamiento jurídico chileno fue prostituido mediante los llamados "resquicios legales", cuya utilización fue condenada por los tribunales de justicia, y los altos funcionarios del Gobierno responsables fueron acusados y removidos por el Parlamento. Los llamados "resquicios legales" constituyeron la forma más refinada y perversa de destruir la democracia en Chile, y fueron modos de burlar la ley a través de actos de simulación administrativa, en donde la causa aparente no existía, y la causa real era ilícita. Se utilizaba la materialidad de la norma legal, despojándola de su espíritu, finalidad y auténtico sentido para alcanzar los propósitos oficiales. Tales actos estuvieron en el origen más profundo del colapso de nuestra democracia.
Hoy se pretende llevar esta corrupción del Derecho al sagrado ámbito del Poder Jurisdiccional de la República. Esto es mucho más grave que la situación antes recordada, pues la relación de la verdad con la administración de Justicia es, como hemos dicho, sustancial. Tanto es así que en la sentencia más inicua de la historia, atemorizado por los gritos de la muchedumbre de "crucifícale, crucifícale", inducida ésta por una facción política, el juez, consciente de su debilidad para hacer primar la verdad judicial, sólo atinó, creyendo lavar su culpa, a lavarse las manos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
DEFICIENTE CALIDAD DE AGUA POTABLE EN PICHILEMU (SEXTA REGIÓN). OFICIOS
El señor MORENO.-
Señor Presidente, quiero en esta oportunidad referirme a dos situaciones que están ocurriendo en la Sexta Región ¿a la cual represento en el Senado-, la primera de las cuales afecta a Pichilemu, ubicada en la provincia de Cardenal Caro.
Tal localidad constituye el punto central de esparcimiento y veraneo para una gran población, no sólo de esa Región sino que también de la zona central de Chile. Esta ciudad pujante, que ha venido progresando a lo largo del tiempo, ha enfrentado crónicamente dos tipos de problemas: el primero dice relación con el abastecimiento de agua potable, que últimamente ha ido mejorando en cuanto a otorgar un flujo adecuado y permanente de este elemento y permitir así que esta localidad, que en la época de verano concentra a veces una población superior a las 90 ó 100 mil personas, realmente acoja con una calidad de vida mínima a quienes la visitan.
Y el segundo tema -que es también recurrente- es el del alcantarillado, pues la disposición de las aguas servidas no ha logrado aún una solución definitiva en una ciudad de las características topográficas de Pichilemu.
Como es de conocimiento del Senado, la empresa sanitaria ESSEL, que tenía la responsabilidad de abastecer de agua potable a toda la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, fue privatizada en el curso del año recién pasado. Esta empresa, que ha seguido actuando en el servicio público en la Región, está incurriendo, en el caso de Pichilemu, en graves falencias que han dado origen a la denuncia que en esta Sala quiero ratificar. Desde un tiempo a esta parte, el agua que fluye en Pichilemu no es potable, no reúne las condiciones esenciales de sanidad ni de seguridad y, por lo tanto, su población se ha visto obligada a un gasto absolutamente innecesario, imprevisto, cual es el de adquirir bidones de agua a las empresas distribuidoras de agua mineral, como un medio de subvenir a sus necesidades mínimas.
Los informes que con fecha 26 de abril han sido publicados denotan que la concentración de manganeso en el agua potable fluctúa entre 0,2 y 0,5 partes por millón, en circunstancias de que la norma establece como máximo 0,1, lo que redunda en un peligro para la salud y el consumo humanos.
Hasta el momento, la empresa no ha dado satisfacción a los planteamientos del alcalde y la comunidad tendientes a superar el problema, cuyo origen radica en la inversión que debe realizar cotidianamente con el objeto de cambiar los filtros que regulan el ingreso de este elemento. Sucede que, muchas veces, se recurre a filtros que ya han sido utilizados o de calidad deficiente, lo cual conspira contra la pureza del agua. Además, se han postergado inversiones que, por la vía de la abducción de otros recursos hídricos, permitirían a la localidad contar con la cantidad suficiente de ese vital elemento.
Tal situación -que durante Semana Santa alcanzó extraordinaria gravedad- ha desincentivado la presencia de visitantes en esa localidad, con grave deterioro de las fuentes de trabajo, y la postergación de inversiones ya comprometidas. Y lo mismo ha sucedido durante el último fin de semana.
Como consecuencia de ello, junto con el alcalde de la ciudad, don Jorge Vargas; el Diputado por el distrito 35, don Rafael Arratia; los abogados Alejandro Flores y Flavio Parada, y el asistente social don Jorge Muñoz, hemos procedido a presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Rancagua con el objeto de iniciar el proceso legal que tienda a proteger a la población y resarcirla eventualmente de los perjuicios que ocurran. Porque aquí viene la paradoja, las boletas de esa empresa se cobran regular y puntualmente, cualquiera que sea el color del agua o su nivel de sanidad. Y no hay espera que dé alivio a quien recibe la boleta. Por lo tanto, la empresa percibe los beneficios de un cobro establecido, pero no se hace responsable de la calidad del medio que provee. Y esto precisamente hace necesario presentar un recurso de protección.
Por lo tanto, junto con denunciar esta situación, deseo que se oficie en mi nombre al señor Ministro de Economía, con el objeto de que se nos entregue la información pertinente respecto de las situaciones que dependen de este tipo de empresas.
Porque cuando estas empresas sanitarias fueron privatizadas -ésta es la segunda fase de mi intervención en esta parte-, se anunció profusamente en el país que el producto de tal venta sería reinvertido en las regiones respectivas. En la región que represento en el Senado nadie sabe dónde está el dinero; no se ha visto un peso; no se conoce un solo proyecto de inversión; no existe ninguna iniciativa que permita manifestar que lo recaudado esta siendo organizado en su reinversión para sanear las aguas servidas o para generar su tratamiento en otras ciudades de la zona.
Por lo tanto, deseo que se envíe un segundo oficio a fin de que se informe al Senado cuánto produjo en total la privatización de esta empresa; cuántas cuotas se han pagado efectivamente; dónde están depositados los dineros, y cuáles planes de inversión específicos se han elaborado, de acuerdo con lo prometido a la población, para sanear la calidad de sus aguas.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
DEMORA EN AYUDA A ARTESANOS DE PELEQUÉN. OFICIOS
El señor MORENO.-
Un segundo tema se vincula con la afirmación vertida el día de ayer por Su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos, en cuanto a que ha solicitado a los funcionarios públicos acelerar su desempeño como tales, simplificar los trámites y las relaciones de la población con los respectivos servicios públicos y, en una palabra, hacer más asequible y eficiente la relación del ciudadano con el Estado.
Traigo esto a colación, a raíz del desgraciado episodio ocurrido en el mes de abril en la región que represento. Existe una localidad, que seguramente los Honorables Senadores recuerdan, llamada Pelequén. Forma parte de la comuna de Malloa y se ubica a 120 kilómetros al sur de Santiago. Es una villa muy antigua netamente campesina, que entre otras características posee uno de los santuarios de peregrinación popular más visitado de nuestro país, como es Santa Rosa de Pelequén. Además, existe allí un desarrollo artesanal marcado por los canteros de la piedra rosada de Pelequén, que muchos habrán observado al pasar por la carretera, a lo cual se había agregado una nueva actividad artesanal, que es la elaboración de muebles de madera.
Producto de un episodio fortuito, hace algunas semanas un incendio destruyó completamente 24 de los 28 locales donde se fabricaban esos muebles. Los artesanos perdieron todo, no sólo las instalaciones, sino las herramientas, el stock almacenado e incluso -como me consta por situaciones que he tenido oportunidad de investigar-, muebles pagados en parte y que debían ser entregados.
El mismo día del incendio y al subsiguiente, concurrimos a Pelequén junto con autoridades como la señora Gobernadora y miembros del Banco del Estado, del servicio de cooperación técnica. En una palabra, con una batería de funcionarios públicos que con muy buena voluntad quisieron colocarse a disposición de esos artesanos.
Han pasado las semanas, y he seguido en contacto con los afectados. Y lo que quiero denunciar en el Senado es lo agobiante que hoy día resulta la burocracia cuando quiere extender su brazo de apoyo protector a alguien que se encuentra en una delicada situación, la cual termina, en el fondo, imposibilitando entregar cualquier tipo de ayuda.
Los funcionarios del Banco del Estado visitaron esa localidad, y encuestaron a todas las personas afectadas, que suman 170: los 28 locatarios, los obreros permanentes y los trabajadores temporales. Hay mucha gente vinculada a esos artesanos.
Dicha institución bancaria había accedido a otorgarles créditos que fluctuaban entre un millón y 3 millones y medio de pesos por cabeza, atendido el hecho de que está comprobado por el Servicio de Impuestos Internos que el ingreso promedio mensual de cada uno de los locatarios oscilaba entre un millón y medio y un millón 800 mil pesos producto de las ventas. Por lo tanto, no estábamos a la vista de un grupo de indigentes o de personas que pedían la caridad pública.
El Banco del Estado les informó que para conseguir un crédito debían presentar la solicitud respectiva, y les entregó un listado ¿que tengo a la vista- con 15 antecedentes distintos que debían adjuntar, los cuales, para el Senador que habla sería prácticamente imposible conseguir.
Quiero dar lectura a dicho listado, pues considero que llegó el momento de hacer un esfuerzo por despejar estas cosas: cédula de identidad propia y del cónyuge ¿si se le quemó, tendrá que sacar una nueva-; libreta de matrimonio; iniciación de actividades; inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados de los vehículos que posea; renta anual de impuesto; últimos 12 meses de IVA; pagos de cuentas de luz, agua, teléfono de local y casa; estado de cuenta corriente o libreta de ahorro; escritura de casa o parcela, si la hubiese; facturas o boletas de compra de maquinarias; pago de cuotas en casas comerciales; comprobantes de otros ingresos (propios o del cónyuge); cuponera de pagos si tiene deudas en otras instituciones financieras; tres números telefónicos de gente que lo conozca y desee opinar sobre él, y nombre de un aval solidario.
Todos esos antecedentes para conseguir un crédito de emergencia son solicitados a personas que perdieron todo a raíz de un incendio. Aunque se ha demostrado buena voluntad por ayudarlas, se comprueba que ello es imposible.
Pero eso no es todo. Además se pide a quien desee servir de aval adjuntar 10 antecedentes diferentes y adicionales a los mencionados: antecedentes comerciales intachables; última declaración anual de impuesto a la Renta; últimas tres liquidaciones de IVA, si es independiente; escritura de la casa o parcela; comprobante de residencia; certificado de antigüedad, si es dependiente; últimas tres liquidaciones de sueldo, si es dependiente; fotocopia de libreta de matrimonio y cédula de identidad de la cónyuge; declaración de soltería, si correspondiese, y fotocopia de su cédula de identidad.
Solicito que dicho listado, en la misma forma en que le he dado lectura, quede registrado en la Versión Taquigráfica, y se le envíe a través de oficio al Ministro de Economía y al Presidente del Banco del Estado, con copia al Presidente de la República, donde además se haga presente que la forma efectiva de acelerar el acercamiento entre los ciudadanos y las instituciones del Estado pasa precisamente por una revisión drástica de los criterios antes señalados.
No pongo en duda la buena fe y la buena voluntad de quienes han querido resolver el problema, pero con esta forma de ayuda resulta prácticamente imposible una solución.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
CRISIS PESQUERA ARTESANAL EN ZONA AUSTRAL. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, deseo referirme sucintamente a la crisis pesquera artesanal que se vive en la zona austral, cuyo corazón se ubica en la Región de Aisén.
Como antecedente conviene señalar que en la zona austral, debido al hundimiento del territorio chileno, se configura un área de mar interior, fiordos y canales que supera nueve veces la superficie destinada a pescadores artesanales entre Arica y Puerto Montt. Si a esto agregamos el perímetro, es mayor el potencial para desarrollar actividades de pesca protegida y acuicultura.
El sector ha venido sufriendo una sucesión de crisis, como producto de una fiscalización y administración inadecuadas. En 1984 se descubren recursos demersales, fundamentalmente merluza austral y congrio, lo que genera una gran presencia de pescadores artesanales de todo el país, con cifras que superan las 10 mil personas. A raíz de lo señalado, la pesquería se empieza a agotar y en la actualidad se encuentra en una franca administración de muy pequeñas cantidades.
En el día de hoy nos contactamos con algunas personas de la Región de Aisén, como el ingeniero industrial Cristóbal Cosmelli, experto en pesca artesanal, en particular, y con dirigentes de esta última actividad y de una organización que se está configurando, llamada "Amigos de la Región". Expresan que se ha originado ya una movilización generalizada de los pescadores artesanales y que se ha empezado por la toma de dependencias del Servicio Nacional de Pesca y de la Municipalidad de Puerto Cisnes, así como del terminal pesquero de Chacabuco, el de Aguas Muertas, en Puerto Aisén, y el de Puerto Cisnes. La Federación de Pescadores Artesanales ha continuado esa acción con la toma del puente Presidente Ibáñez, cortándose, prácticamente, el acceso terrestre desde el litoral a Coihaique, capital de la Región. Se trata de pescadores provenientes del área de Gala, Gaviota, Puerto Aguirre, Caleta Andrade, Puerto Aisén, Chacabuco, Cisnes, Melinka, Raúl Marín Balmaceda, Melimoyu, Puyuhuapi y, potencialmente, el sector sur de Exploradores, Tortel y Yungay.
La demanda hecha presente se debe a una inadecuada administración del recurso pesquero, como lo expuse, actividad en la que también se registran dificultades entre industriales y artesanales y entre los artesanales mismos.
En términos muy sucintos, si se comparan esos dos sectores, en cuanto al registro pesquero, se puede consignar que en la zona existen tres empresas: Pesca Chile, Fríosur y ENDEPES, que funcionan bastante claramente.
Respecto del ámbito artesanal, operan miles de pescadores, fundamentalmente indefinidos o indeterminados. Como registro, ello no funciona.
En lo atinente a un recurso como la merluza austral y la cuota global de 24 mil toneladas al sur del paralelo 41º 28¿ 6¿¿ sur, cabe puntualizar que al sector industrial se le ha asignado 60 por ciento de ella, además de que puede pescar al norte del paralelo sin agregar el producto respectivo a esa última cifra. Y 40 por ciento queda atribuido al sector artesanal, con las restricciones que señalaré en seguida.
Con relación a la captura, proceso y venta, el sector industrial dispone de una información vertical, puede tomar decisiones bastante precisas y produce tanto en fresco como en congelado. El sector artesanal, por otro lado, cuenta con mala información, por lo que adolece de deficiencias para las decisiones y transacciones, y solamente puede operar, dada su precaria condición de apoyo técnico, en condiciones de fresco.
El esfuerzo pesquero en lo industrial, obviamente, se halla más profesionalizado, resulta más estable. En cambio, el sector artesanal funciona sobre la base, fundamentalmente, del precio.
La razón de la movilización radica en que se ha fiscalizado en forma débil, en que no hay administración y, además, en que al interior de la región se ha generado una suerte de instancia llamada "Coordinadora de Exportadores" del recurso, en la que se habría concretado, respecto de las Regiones Décima, Undécima y Duodécima, una alianza estratégica entre la Federación de Pescadores Artesanales y algunas empresas.
En este último plano la acción ha empezado a ser de carácter monopólico, ya que ni siquiera se ha respetado el acuerdo propio de un precio piso y se lo ha bajado abruptamente en 25 por ciento. Ello ha constituido la gota que rebasó el vaso y, por tal motivo, los pescadores han iniciado la movilización. Entiendo que hace poco tuvo lugar otra en la Décima Región y que ahora, con la visita del señor Subsecretario a la Duodécima, se avecina algo similar. Ahí se observa una franca falencia de la autoridad en poder prevenir acciones de tal naturaleza.
Se pide la renuncia del Director Regional del SERNAP y la paralización de la pesca, autorizada en razón de 300 toneladas mensuales y que se realiza prácticamente en dos días. Se ha llegado, de hecho, a obligar a desembarcar a los pescadores artesanales que no han respetado la paralización, lo que ha determinado la pérdida de recursos, según nos han informado, ya que, al parecer, se trata de lanchas con más de 14 toneladas de merluza austral, de gran demanda y con un alto precio internacional.
Y, además, se solicita una revisión en cuanto a la famosa Coordinadora, que no respeta lo que requieren los distintos sindicatos y organizaciones.
Por las razones antes indicadas, así como por la urgencia de la situación y los efectos que provoca, me permito pedir que los anteriores antecedentes sean enviados a los señores Ministros del Interior y al de Economía, al Subsecretario de Pesca y al Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca.
Luego de las averiguaciones pertinentes, se puede precisar que constituye una protesta pacífica. No se han efectuado ni se efectuarán actos de violencia. Pero la realidad de los afectados es acuciante. Basta considerar que con el producto de dos días de pesca es muy difícil que una familia en condiciones aisladas y sin otras alternativas pueda vivir durante un mes.
Por ello, junto con lo expresado se formula una propuesta -pido que se incluya en el oficio- en el sentido de incorporar una herramienta contenida en la Ley General de Pesca y Acuicultura, como es el establecimiento de áreas y planes de manejo. Es curioso que lo anterior no se haya aplicado con relación a un producto en plena explotación, lo que implica que el esfuerzo sea mayor que la capacidad dada por el recurso natural al ser extraído.
Asimismo, se apunta a que se llegue a acuerdos con cada uno de los sindicatos, se corrijan los registros como corresponde, y se implemente el posicionado satelital, para evitar las áreas de tope entre las actividades industrial y artesanal.
Y el oficio al señor Ministro del Interior tiene por objeto que se lleve a cabo una ronda de negociaciones en forma tranquila y positiva con cada una de las organizaciones que he señalado.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la hora de Incidentes y por no haber otro asunto que tratar, se levanta la sesión.
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--Se levantó a las 19:17.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción