REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 36ª, en martes 16 de mayo de 2000
Ordinaria
(De 16:21 a 19:38)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, el señor Ministro del Interior, y el señor Subsecretario del Trabajo.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 27 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 30ª, ordinaria, en 12 de abril del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 31ª, ordinaria, en 18 de abril del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y de concejales. (Boletín Nº 2.035-06).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Defensoría Penal Pública. (Boletín Nº 2.365-07);
2) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989. (Boletín Nº 233-10).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional los días 17, 18 y 19 del mes en curso, con motivo de una visita oficial a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Agrega que lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el señor Ministro del Interior, don José Miguel Insulza Salinas.
--Se toma conocimiento.
De la Cámara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece indemnización para los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema. (Boletín Nº 2.461-05)
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso.
Del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que invita al señor Presidente del Senado a exponer, y a dos señores Senadores que se designen para participar, en el Foro Nacional sobre el Servicio Militar Obligatorio que se realizará durante el presente año.
--Se toma conocimiento y pasa a la Comisión de Defensa Nacional para que se realicen las designaciones correspondientes.
Del señor Contralor General de la República, subrogante, con el que contesta una presentación del Senador señor Ruiz-Esquide y de los Diputados señores Navarro Brain, Ortiz Novoa y Pérez Arriagada, relativo al contrato suscrito entre la CORFO y la empresa PARIBAS S.A.
De la señora Superintendente de Electricidad y Combustibles, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la posibilidad de ajustar las fechas de cobro de los servicios de primera necesidad con el pago de sueldos.
De la señora Directora del Trabajo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Urenda, relativo a los acuerdos extrajudiciales alcanzados ante la Dirección de ese organismo.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y de concejales, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Boletín Nº 2.035-06).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para abolir el trabajo de los menores de quince años. (Boletín Nº 1.470-13).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote italiano Alceste Piergiovanni Ferranti. (Boletín Nº 2.040-17).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley que concede, por especial gracia, nacionalidad chilena al religioso señor Antonio Casarin Manzán. (Boletín Nº 2.412-07).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley que concede, por especial gracia, nacionalidad chilena al señor Juan Lucarini Strani. (Boletín Nº 2.451-07).
Diez, de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de la señora Sonia del Carmen Álvarez Montanares y de los señores Héctor Iván Morales Olivares, Luis Armando Rodríguez, Eduardo Patricio Navarrete Fuentes, Francisco Camilo Conejeros Riveros, Guillermo Albino Reyes Figueroa, Rienzi Gerardo Valencia González, Bernardo Favio Quiroz Saavedra, Jorge Eduardo Díaz Hernández y Sandor Adolfo Arancibia Valenzuela. (Boletines Nºs S 414-04, S 416-04, S 435-04, S 441-04, S 452-04, S 453-04, S 458-04, S 470-04, S 472-04 y S 481-04, respectivamente).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités.
El señor LAGOS (Secretario).-
Los Comités, por unanimidad, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Tratar en la tabla de hoy el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para abolir el trabajo de los menores de quince años, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
2.-
Abocarse al despacho de los informes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de que se dio cuenta hace un momento, recaídos en proyectos de ley que conceden, por especial gracia, la nacionalidad chilena.
3.-
Del mismo modo, se acordó discutir las diez solicitudes de rehabilitación de ciudadanía informadas por esa misma Comisión, asunto de que también se dio cuenta al iniciar la sesión.
4.-
Discutir, hasta su despacho, en el Orden de Día de la sesión de mañana, como único asunto en tabla, el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. La iniciativa tiene urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo con las resoluciones tomadas por los Comités, en el Orden del Día de esta sesión nos ocuparemos de los proyectos informados de que se ha dado cuenta y que quedaron para tabla. Nos abocaremos a estos asuntos en el mismo orden en que se señalaron.
ABOLICIÓN DE TRABAJO DE MENORES DE QUINCE AÑOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de la Cámara de Diputados que modifica el Código del Trabajo para abolir el trabajo de los menores de quince años, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1470-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 5 de junio de 1996.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 36ª, en 16 de mayo de 2000.
El señor LAGOS (Secretario).-
El proyecto fue iniciado en una moción de diversos señores Diputados. Los objetivos fundamentales son: abolir en general el trabajo de los menores de quince años; elevar, a mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, el grupo que podrá celebrar contratos de trabajo, manteniendo la obligación de contar con la autorización pertinente, y subir a mayores de quince años y menores de dieciséis el grupo que podrá contratar la prestación de sus servicios, conservando la autorización y requisitos que actualmente se exigen para ello.
Por las razones contenidas en el informe, la unanimidad de la Comisión, integrada por los Senadores señores Gazmuri, Parra, Prat, Ruiz De Giorgio y Urenda, prestó su aprobación a la idea de legislar sobre esta materia.
Enseguida, se hace una descripción de las normas del proyecto y se deja constancia de su discusión y de los acuerdos adoptados al respecto.
En la parte resolutiva del documento, se propone a la Sala aprobar el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, con las modificaciones señaladas en la parte pertinente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Hoy se plantea nuevamente el tema del trabajo infantil en la Sala de esta Corporación.
Hace un par de semanas debatimos y aprobamos el Convenio Nº 182, de la OIT, sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. En la ocasión manifesté la importancia de dicha aprobación, en cuanto ayuda a crear conciencia sobre un tema que debemos enfrentar.
Hoy debatimos un proyecto que busca modificar el Código del Trabajo para abolir, en general, la actividad laboral de los menores de quince años y elevar la edad en que los menores podrán celebrar contratos de trabajo con la autorización pertinente.
Sabemos que no es suficiente el establecimiento de normas laborales protectoras para enfrentar este complejo problema. El tema del trabajo infantil exige un conjunto de políticas públicas coordinadas e involucra a diversos ministerios y servicios, como también a las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la materia.
El tema que hoy debatimos presenta sin duda complejidades y contradicciones que deben ser resueltas adecuadamente. Revisemos el problema a la luz de tres preguntas:
¿Cuáles son las causas del trabajo infantil en nuestro país? ¿Qué consecuencias tiene la precoz incorporación de miles de menores a la actividad laboral? ¿Qué podría pasar con los menores trabajadores a quienes se les prohibirá la actividad laboral?
Las causas del trabajo infantil son claras. Obviamente, los niños no trabajan por gusto. La realidad es que un número importante de trabajadores percibe remuneraciones extremadamente bajas -sea por su escasa productividad, sea por injusta retribución a su aporte- que no permiten la subsistencia familiar, obligando a otros miembros de la familia a buscar trabajo para llevar más recursos al hogar. Ello significa que muchos niños, a una edad muy temprana, deben dejar sus estudios para colaborar con el presupuesto familiar. Según la encuesta CASEN de 1996, hay alrededor de 47 mil niños entre 6 y 14 años que trabajan en forma regular o esporádica, y aproximadamente 78 mil menores entre 15 y 17 años que realizan actividades laborales.
Sin duda, este fenómeno se ve acentuado en períodos de mayor inestabilidad en el empleo y de crisis económica.
Si queremos enfrentar el problema de fondo, atacando sus causas, no bastará sólo con dictar normas, establecer imposiciones o prohibiciones; es necesario generar las condiciones para que los niños puedan desarrollarse como tales y completar adecuadamente su educación.
En nuestro país, el libre juego del mercado no permitirá jamás por sí solo poner fin a las causas del trabajo infantil. Necesitamos la presencia de un Estado fuerte, con capacidad para generar condiciones de mayor equidad social y dotado de los instrumentos necesarios para regular y fiscalizar las relaciones de trabajo. El cumplimiento efectivo de la legislación laboral, el establecimiento de salarios mínimos, la protección de la seguridad social y la existencia de mecanismos de seguro de desempleo son elementos que, adecuadamente combinados, permitirán la reducción del trabajo infantil.
La iniciativa en análisis es coherente con una serie de medidas que apuntan en la misma dirección. Junto a las ya señaladas, podemos mencionar la creación, en el año 1993, del Comité Asesor Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Menor Trabajador, y especialmente, la realización de una profunda reforma educacional, que posibilitará la reducción de la deserción escolar en la educación media y una ampliación de la cobertura de la educación básica en el mundo rural. Todas estas medidas tienden a reducir el trabajo infantil, junto con promover la educación de los menores.
¿Qué consecuencias tiene la precoz incorporación de los menores a la actividad laboral?
Aquí debemos distinguir las consecuencias que ella tiene para los menores y para el resto del mundo laboral. El niño que se incorpora al trabajo ve muchas veces afectado su desarrollo físico, al realizar labores que exigen excesivo esfuerzo, lo que, también, puede resentir su salud. Además, atendida su inmadurez, no siempre las lleva a cabo con el cuidado y seguridad necesarios, pudiendo sufrir accidentes.
Por otra parte, el menor que trabaja ve limitada o impedida su participación en el sistema educacional, lo que reduce sus posibilidades de desarrollo intelectual, de desplegar habilidades sociales y de acceso a la cultura.
Desde una perspectiva económica, el menor trabajador que abandona los estudios verá seriamente afectada su productividad a lo largo de su vida laboral y, por lo tanto, estará condenado a recibir ingresos más bajos durante toda su vida. Como dice el refrán, el trabajo infantil es "pan para hoy, pero hambre para mañana". Todos los estudios especializados señalan que existen retornos salariales crecientes para la educación; es decir, quien más estudia tiene mayores posibilidades de obtener mejores remuneraciones.
La presencia de menores en el mundo del trabajo repercute en el resto de los trabajadores. Así por ejemplo, si se pueden pagar salarios más bajos a los menores, existirá un incentivo para los empleadores a contratarlos, lo que privará a los mayores de la posibilidad de acceder a esos puestos de trabajo, salvo que reduzcan sus pretensiones salariales, con el riesgo de originar un circulo vicioso que impulse a mayor número de menores a trabajar.
¿Qué podría pasar con los menores trabajadores a quienes se prohibirá la actividad laboral?
Este es un asunto que debemos analizar con mucha atención. Si simplemente se prohíbe a los menores continuar laborando y se cierran las puertas de su fuente de ocupación en el sector formal de la economía, claramente nos arriesgamos a que aumente el desarrollo de actividad laboral en el sector informal o que, incluso, en casos de necesidad extrema, los menores incurran en conductas delictuales para procurarse ingresos.
Por ello, es necesario reiterar que una decisión como la que hoy adoptaremos -que tiene un sentido correcto, pues el lugar de los menores es la educación y no el trabajo- debe necesariamente enmarcarse en un conjunto de políticas destinadas a terminar con el trabajo infantil y a ofrecer a los muchachos posibilidades reales de inserción en el sistema educacional, lo que pasa necesariamente por atacar las causas del problema antes descritas.
Con la conciencia de que ya existen otras políticas y programas coherentes con la iniciativa propuesta, pero con la claridad de que deben desarrollarse otras próximamente, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa y agradezco la atención con que mis Honorables colegas han escuchado esta intervención.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, en la Comisión de Trabajo concurrimos a aprobar este proyecto que reduce en un año la edad para suscribir un contrato de trabajo, en el sentido de protección a la infancia y en orden a mantener nuestras normas en el primer nivel de resguardo de los derechos esenciales, en este caso, de los niños.
Eso es lo sustancial de la reforma en análisis, desestimándose otras modificaciones que la Comisión, en definitiva, consideró inconvenientes.
Sin embargo, cabe destacar que quedarán sin resolver ciertas materias que es conveniente analizar. Ya de alguna manera fueron tocadas en la sesión en que se trató el Convenio Nº 182, de la OIT, referido a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, que ¿recordémoslo- más bien decían relación a delitos. Ellas se dan en la realidad y, muy probablemente, seguirán existiendo, por lo que es necesario tenerlas en consideración.
Se ha dado en llamar "ayudistas" a los niños que participan junto a sus madres en labores que tienen connotación familiar, niños que, sin embargo, están sujetos a riesgos tales como los que se dan al trasladarse desde el hogar hasta el lugar de trabajo, y viceversa. Por lo tanto, en la medida que no estén amparados por algún tipo de contrato, quedarán en un grado inconveniente de indefensión.
La modificación legal en estudio no cubre, desgraciadamente, esa situación, y sería bueno que meditáramos y llegáramos a alguna fórmula de solución para esos casos. Éstos se dan, comúnmente, en el ámbito agrícola, en la recolección de frutos silvestres, principalmente en verano, en tiempo de vacaciones, por lo que no afectan a los menores en sus estudios; pero son una realidad. En algún momento se conoció de manera dramática en la Novena Región una situación de ese tipo a raíz de un accidente de tránsito donde se vio envuelto un bus que transportaba a muchas familias conformadas por madres, hijos en edad de trabajar y, también, hijos menores.
Detrás de tal actividad existe una realidad social que comienza muchas veces porque las madres no tienen dónde dejar a los niños y consideran una solución trasladarse con ellos a su lugar de trabajo.
Asimismo, la realidad social apunta en numerosos casos a familias que, por decisión propia, ven en las faenas de recolección una forma de mantener y educar a sus hijos y de proveer los útiles escolares necesarios para el inicio de clases. Las labores de recolección de la mosqueta -fruto silvestre que se cosecha en marzo- constituyen un ejemplo claro de esa realidad, que toca a muchas zonas agrícolas.
Encontrar una fórmula que proteja legalmente a los niños que se encuentran en tal situación, en la que seguramente, por el peso de la realidad, se mantendrán, es un tema que queda pendiente en este momento.
Sin embargo, por la forma como se legisla y por el avance que significa el proyecto en cuanto a la necesidad creciente de mayor protección a la infancia, lo voté afirmativamente en la Comisión, decisión que mantendré en la Sala.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, con el proyecto en debate el país asume las normas de la Organización Internacional del Trabajo respecto de la edad mínima exigida para trabajar con un contrato estable. Y me parece importante establecer ese punto, al cual se refiere el Convenio Nº 138, de 1973.
Chile ha demorado más de 25 años en llegar a esta situación. ¿Y por qué ahora? A mi juicio, por dos razones: primero, porque la situación económica del país lo hace más factible, y segundo, porque existe mayor conciencia sobre los derechos del niño, especialmente después de ratificarse la Convención Internacional que los protege.
Esta iniciativa, que se originó en una moción del Diputado señor Seguel, esencialmente busca mantener la situación actual, pero eleva de 15 a 16 años la edad de los menores que pueden contratarse. Y, tal como explicaron los Senadores señores Ruiz De Giorgio y Prat, el texto que nos ocupa al menos es un paso adelante en el camino de adecuarnos a las normas internacionales.
Quedan muchas tareas por realizar, y por cierto la de mayor importancia es la de la fiscalización.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, al igual que el resto de los señores Senadores, vamos a apoyar el proyecto en debate, por cuanto constituye un avance importante al establecer, por lo menos, que el menor ya no deberá tener 15 años sino 16 para suscribir un contrato de trabajo.
Sin embargo, como lo señalé en la sesión donde se discutió la aprobación del Convenio Nº 182 de la OIT y como lo hemos expresado públicamente en muchas oportunidades ¿recientemente, con la Diputada señora Rozas, quien se encuentra a mi lado-, en Chile no se resolverá el problema que estamos discutiendo mientras no se cumpla estrictamente lo establecido por la OIT y la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a que la edad para empezar a trabajar no debe ser inferior a 18 años. Porque en un país con un proceso de desarrollo como el nuestro, en el que permanentemente se está aumentando la riqueza, no podremos resolver el problema de la justicia en esta materia mientras no tengamos claro que los menores de 18 años deben dedicarse a estudiar. De otra forma se produce un círculo de pobreza por todos conocido y que no resiste el menor análisis. Y las cifras que demuestran este aserto son abismantes.
Por lo tanto ¿insisto-, aunque el proyecto significa un avance (y por eso vamos a apoyarlo), no debe el Senado pensar que es todo lo que corresponde hacer.
Aquí se ha mencionado la relación bastante conflictiva entre el trabajo infantil y la pobreza de la familia.
En primer término, me parece del caso tener en cuenta que, respecto a los niños que deben trabajar para sostener a su familia, las cifras demuestran que lo que ellos aportan -¡escúchese bien!- no es importante en términos cuantitativos. Sí lo es en la medida en que de algún modo permite la supervivencia del grupo familiar.
Sin embargo, la cuestión mayor y más difícil de resolver surge cuando simultáneamente con el trabajo infantil existe deserción escolar. A este último respecto, basta comparar las estadísticas que dan cuenta de ese hecho entre los menores que trabajan y los que no lo hacen. En Chile, el nivel de escolaridad de los niños que no trabajan es 9,5 años, y el de aquellos que lo hacen, sólo 7,4. Y, en definitiva, la deserción escolar genera un hombre pobre, con hijos también pobres.
Entonces, señor Presidente, existe una suerte de círculo vicioso de la pobreza.
Pero hay algo más grave todavía, en mi concepto.
Hoy día estamos preocupados de la delincuencia infantil, y en todos los medios de comunicación se leen y escuchan con mayor frecuencia peticiones para tratarla con más dureza. Se han constituido grupos de personas que, horrorizadas, solicitan aplicar la pena de muerte; se han creado verdaderos comités para requerir que ella se haga efectiva, en un mundo donde sabemos positivamente que la fuerza disuasiva de esa drástica sanción en la delincuencia infantil es absolutamente ineficaz.
El señor HAMILTON.-
¡Nula!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Como señala el Senador señor Hamilton, con mucha razón, es nula.
Se habla de la delincuencia y se procura llevar la discusión a si debe encarcelarse o no a jóvenes de 16, 15, 14 ó 13 años. Pronto tendremos aquí un proyecto tan tal sentido. Y algunos Diputados han pedido más dureza al Ministro del ramo.
Se sabe perfectamente que entre la delincuencia y la deserción escolar hay una relación directa. Pero también existe relación directa entre la deserción escolar y el trabajo infantil.
Por lo tanto, debemos tener clara conciencia de que, si seguimos legislando para permitir el trabajo infantil, estaremos generando las condiciones para que aumente la delincuencia y se llegue a las cifras de Estados Unidos, por ejemplo. En ese país hay 7 a 8 millones de presos, cifra que, según los cálculos, puede elevarse a 15 millones de aquí a cinco años. Allí, el 62 por ciento de los delincuentes mayores encarcelados tiene historias de maltrato, de trabajo infantil o de falta de escolaridad muy significativas en términos estadísticos.
Por consiguiente, dejo abierto el debate en este sentido. Me parece buena la iniciativa; convengo en todo lo que signifique avanzar un paso en la materia. Pero tengamos claro que con ella estamos mitigando un problema.
Mi preocupación radica en que, desgraciadamente, a veces se olvida que, aunque la aspiración o la utopía sea lejana, debemos buscarla. Por lo menos, ésa es mi opinión.
Es verdad: ¿qué se hace ahora, entonces, con los niños que trabajan? Y si no trabajan, ¿qué pasa con sus familias?
Hemos indicado algunas fórmulas. Hemos sugerido, por ejemplo, que, así como el Estado ha debido enfrentar, por las crisis recientes, el tema de la desocupación, no comprendido en el marco de su verdadera obligación en un momento determinado, corresponde que abra el camino del subsidio, con los debidos resguardos, a los grupos familiares de los niños que laboran por la necesidad de aportar a su casa -no son tantos; el cálculo se encuentra en elaboración-, para que esos menores puedan seguir estudiando.
Hemos destacado la conveniencia de que el Ministerio de Educación ofrezca una línea de reinserción de esos jóvenes cuando, después de dos o tres años, hayan tenido que abandonar la escuela.
Hemos propuesto que nos ocupemos a fondo en el tema, como sociedad, para que el trabajo infantil sea erradicado. Y no sólo hemos procedido en esa forma por razones éticas o directamente relacionadas con normativas que hemos aprobado y que son leyes de la República, como la Convención sobre los derechos del niño, sino también, y en lo fundamental, desde un punto de vista más práctico. Porque, Honorables colegas, nada puede compensar el costo económico ¿ya no me refiero a ideas o planteamientos valóricos- de lo que significan la delincuencia, la pérdida de productividad, el esfuerzo que se requerirá en el porvenir, las dificultades que se enfrentarán, la necesidad de transformar en cárceles una cantidad enorme de lugares donde será preciso mantener a esos niños. Hoy, gastar cien mil pesos por cada menor que se reintegra en el sistema escolar sale más a cuenta que empezar a saber lo que se desembolsará en el futuro.
Expongo esta argumentación porque siempre al final surge el tema del dinero, de las ventajas y desventajas, de los costos y los beneficios. Creo, honestamente, que aun en el más crudo de los pragmatismos económicos conviene prevenir la delincuencia infantil y no hallarnos en la coyuntura de castigarla, para terminar transformándonos en una suerte de sociedad que gasta una enorme cantidad de recursos en población penal. Y ello, sin perjuicio de que además, si se reflexiona en el futuro, se contempla con horror un país que ya empieza a pensar en dónde se construirán más cárceles, dónde se pondrán más rejas, dónde se cerrarán más los pasajes. A la postre, nos transformaremos en una sociedad orwelliana, donde deberemos defendernos unos de otros.
Sobre la base de todo lo expresado, señor Presidente, votaré a favor del proyecto, en la perspectiva de que constituye un avance. Pero quedará planteada permanentemente la solicitud que hemos formulado al Gobierno, además de las iniciativas de ley que presentaremos en su momento, para que en definitiva el tema se aborde de raíz -aunque sea en un plazo determinado, mas con miras a una solución permanente-, por vincularse a un hecho que contradice lo que configura una verdadera y auténtica sociedad solidaria, como se quiere en el mundo actual.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, concurrí a aprobar en general la iniciativa en debate, que a mi parecer puede significar algún avance, aunque estoy cierto de que no implica la superación íntegra del asunto que nos preocupa.
Debo consignar, en primer lugar, que ella registra un largo tiempo en el Parlamento y que se encontraba detenida por no haber mediado interés del Gobierno en activarla. Sólo en las últimas semanas fue incluida en la convocatoria y pudo ser aprobada en particular por la Comisión de Trabajo, que ya le había dado su conformidad hacía aproximadamente tres años.
Expreso mi coincidencia, al mismo tiempo, con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra en el sentido de que el ideal es que los menores de 18 años no necesiten trabajar y estudien. En más de una oportunidad he objetado las estadísticas sobre empleo y desocupación que incluyen a las personas de 15 años para arriba como fuerza laboral, pues ello incide de alguna manera en la medición de la cesantía.
Ahora bien, es indudable que la proposición en análisis persigue una finalidad absolutamente loable, como es tender a la concreción del interés de que no trabajen los niños, entendiéndose por tales, según la definición universal, los menores de 18 años.
Estimo, sin embargo, que no cabe abrigar demasiadas ilusiones en la aprobación de esta clase de proyectos, porque una dificultad importante respecto de ese sector radica en el trabajo informal. Y bien puede ocurrir que, si no dictamos otras disposiciones y no nos preocupamos debidamente de tal aspecto, dejemos a algunos niños sin la mínima protección y aumente ese tipo de labor.
Deseo puntualizar que el precepto en estudio no significa cumplir con convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En efecto, Chile no ha incurrido en incumplimientos sobre el particular, porque la OIT permite, como regla general, el trabajo de mayores de 15 años, y en casos especiales, hasta el de mayores de 13. Lo que estamos haciendo es dar un paso relacionado con el avance del país, el aumento de edad de la población, incluso, y el afán, absolutamente lógico, de que todos los niños completen la educación media y no sólo la que fue obligatoria en el pasado. Ésa es la verdadera finalidad.
En consecuencia, estamos dando hoy un paso importante.
Inclusive, pensándolo bien, yo habría preferido que la exigencia de cumplir con los estudios se aplicara también a los mayores de 16 años y menores de 18, y no quedase sólo reducida a los menores de 16 y mayores de 15. Antes se hacía referencia a los menores de 15 y mayores de 14.
Por las consideraciones expuestas, he concurrido a dar mi voto favorable. Reitero que se trata de un paso adelante. Pero debemos tener cuidado, porque, si no complementamos esto con otra medida, podremos causar un daño al dejar fuera del sistema a menores que, por necesidades familiares u otras circunstancias, de todas maneras trabajan.
En consecuencia, debemos tener presente que el proyecto no soluciona íntegramente la cuestión del trabajo infantil, sino que constituye un avance. Pero, si desatendiéramos los debidos controles, él podría traducirse en un retroceso.
Por otra parte, echo de menos en esta oportunidad, como en otras, el que no nos hayamos preocupado de flexibilizar la jornada laboral. Bien pudiere ocurrir que una de carácter reducido, en determinado tiempo de vacaciones, fuera una solución para miles de familias modestas, al igual que la flexibilidad es necesaria fundamentalmente para el trabajo femenino, en mi criterio, pero, en todo caso, para cualquier tipo de labor.
Por ello, apruebo la iniciativa, pero con las reservas que he mencionado y en la esperanza de que sigamos perfeccionando nuestro ordenamiento en términos reales y efectivos y no nos contentemos a veces con modificaciones que pueden ser meramente teóricas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, si bien este proyecto importa un paso en la orientación de hacer un reconocimiento a uno de los sectores más débiles de nuestra sociedad, quedan muchas interrogantes pendientes.
Por ejemplo, vale la pena recordar un estudio de la CEPAL que compara a dos trabajadores chilenos en igual puesto. Uno de ellos se ha ganado la vida desde niño y el otro se incorporó a los 18 años a la fuerza laboral. El primero se halla prácticamente condenado a recibir siempre una remuneración inferior al que comenzó a trabajar a los dieciocho años, que tiene una formación cultural mucho más sólida que la de quien desde muy temprana edad ha desarrollado diversas actividades laborales. Por lo tanto, en la situación que estamos analizando se registra un hecho científico y real que no puede pasarse por alto.
Ciertamente, conmueve que en Chile, cuya población llega aproximadamente a 15 millones de habitantes, haya 2 millones de niños pobres.
El número 3 del artículo 2 del Convenio 138 de la OIT dispone que la edad mínima que han de fijar las legislaciones nacionales no debe ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o, en todo caso, los quince años. Tampoco puede pasarse por alto su artículo 3, número 1, que establece que la edad mínima de admisión al empleo no deberá ser inferior a dieciocho años. Es decir, dicho organismo internacional señala que las personas deberían estudiar hasta esa edad y después ingresar al mundo laboral.
Por eso, en esta sesión, en que se debate el tema, deseo destacar que con el Senador señor Bitar hemos presentado una reforma constitucional con el objeto de hacer obligatoria la educación media, como ocurre exactamente con la enseñanza básica. Quienes egresan de 8º año -en este nivel la deserción escolar es dramática: alcanza el 30 por ciento-, lo hacen aproximadamente a los doce años y de ahí hasta los dieciséis años deben enfrentar tiempos muy grises y de mucha soledad. Esperamos contar no sólo con el entusiasta respaldo de los señores Senadores, sino también del Ejecutivo para hacer realidad una reforma que determine la obligatoriedad de la enseñanza media, aunque deba subsidiarse a las familias de escasos recursos a fin de incentivar la permanencia de sus hijos en este nivel educativo.
Varios elementos deben porcentualizarse en el futuro. Se habla, por ejemplo -y lo decía un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, de que en los sectores rurales se presenta una situación que motiva a los jóvenes a desempeñar diversas actividades agrícolas, como la recolección de frutas. Esto ocurre porque no ha mediado una reforma consecuente con la realidad de los tiempos. En la ruralidad el sistema educacional llega magramente al 6º año básico en las famosas escuelas uni, bi y tridocentes -o sea, ni siquiera se completa el ciclo básico como ocurre en sectores urbanos-, lo que evidentemente motiva a los jóvenes a trabajar.
Ahora bien, nadie puede discutir que un niño en esas condiciones estará, por su mal formación, condenado a perpetuidad a desempeñar las labores más mal rentadas, más difíciles, más duras o más pesadas. Citemos, a modo de ejemplo, el caso de estudiantes de enseñanza básica que desde las 8 hasta las 13:30 permanecen en el establecimiento educacional -vale decir, están sujetos prácticamente a cinco o seis horas de estudio- y que, luego de una colación rápida, trabajan en algún supermercado durante seis o siete horas. Me formulo la siguiente pregunta: ¿son capaces esos jóvenes -cuya segunda jornada la realizan sin sueldo, sin previsión y sólo por propinas- de sentirse atraídos por continuar sus estudios? ¡Evidentemente que no!
Por eso, señor Presidente, anuncio mi voto favorable, pero manifiesto mis aprensiones en orden a que falta mucho por legislar, estudiar y avanzar en la materia.
He dicho.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario del Trabajo, don Yerko Ljubetic.
--Se accede.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Estamos en presencia de un típico proyecto de ley respecto del cual pueden surgir, de pronto, normas que llamen la atención sobre temas valóricos, fundamentalmente. Sin duda alguna, el trabajo infantil es un problema de valor que corresponde cautelar básicamente a los padres y, si éstos no actúan, a la propia sociedad. Por lo tanto, el hecho de que se presente este tipo de iniciativas nos permite afirmar algo que puede ser útil en algún momento, no útil en otro, etcétera.
Conversando con varios señores Senadores muchos me señalaban que a los diez, once o doce años -y también fue mi caso- comenzaron a trabajar, a desarrollar tareas interesantes. Recuerdo perfectamente que a esas edades yo trabajaba en un quiosco de diarios los sábados y domingos, feliz y contento. Me ganaba unos pesos. Luego lo hice en el campo y en otras partes.
El propio Código Civil establece que en Chile la mujer puede casarse a los doce años y el hombre a los catorce, que son precisamente a quienes la legislación que ahora se propone se les estaría prohibiendo trabajar, por tener menos de quince o dieciséis años.
En cuanto a lo que ocurre en el ámbito agrícola, me remito a lo expresado por el Senador señor Moreno en sesión pasada. La verdad de las cosas es que en el campo el trabajo agrícola es espontáneo, alegre, ameno, entusiasta y feliz, sobre todo cuando se cosechan productos menores y no pesados. La participación de los niños forma parte de la fiesta del lugar y de su propia familia. No es un trabajo duro ni complicado. Recuerdo que una vez llegó una inspectora del trabajo a donde se realizaba este tipo de faenas y, por la participación en ellas de menores de doce años, quienes andaban con sus padres, dispuso su paralización. Se produjo una reacción muy violenta en contra de la funcionaria, pues nadie sentía que se estaba ante la presencia de algún tipo de esclavitud o de aprovechamiento por el trabajo de menores.
Lo dicho me permite sostener claramente que resulta muy difícil resolver temas de valor mediante leyes, porque se termina por buscar fórmulas para burlarlas. Si una sociedad carece de valores, es necesario dictar leyes, especialmente de este tipo. No cabe duda alguna de ello. Cuando uno visita poblaciones o los lugares más modestos de las ciudades, escucha reclamos de madres contra la respectiva municipalidad por no haber construido una cancha deportiva frente a su casa, despreocución que, estima, es la causa de que su hijo esté mal. Eso podrá ser efectivo, pero la primera responsabilidad le corresponde a ella, como madre. Éste es un hecho real.
Señor Presidente, para mí era muy importante aludir a lo anterior por cuanto he vivido la experiencia y la sigo viviendo. Soy un agricultor y he podido observar, tanto en mi propio campo cuanto en el de vecinos que los niños, acompañados de sus padres fundamentalmente -los menores no pueden ser contratados en forma directa, ya que eso no es posible, ni sería útil hacerlo-, llegan a trabajar espontánea y alegremente. Y la verdad es que no se produce daño alguno a nadie. Ellos se muestran contentos por el hecho de ganar algún dinero, en la misma forma en que muchos de nosotros lo hicimos siendo pequeños.
Votaré favorablemente el proyecto, porque se trata de indicar un sentido; pero la verdad es que sus normas no tendrán utilidad si la sociedad carece de valores.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, la intervención del Senador señor Ríos se centró en algunos puntos a los que también deseo referirme. No tengo inconveniente en dar mi voto favorable a la iniciativa, pero, con sinceridad, estimo que ella no apunta derechamente al problema, según el propio diagnóstico de Su Señoría.
La idea es normar los contratos de trabajo y evitar que los menores de quince años sean sometidos a presiones económicas que los induzcan a abandonar otras actividades.
Comparto ese criterio y no tengo problema con respecto a él. Sin embargo, según el informe de la Comisión, la mayor dificultad estriba en que en Chile hay dos millones de niños que pertenecen a familias de extrema pobreza, cuyos integrantes no forman parte del mercado laboral donde rigen los contratos de trabajo. Todo lo contrario, constituyen un núcleo familiar en el cual las personas de cualquier edad optan por generar ingresos en la que se denomina "economía informal". Y esa economía informal se expresa en períodos o etapas durante los cuales muchos de los miembros de la familia necesitan obtener recursos.
Dentro del sector informal hay dos grandes áreas de extrema pobreza que llaman la atención: la primera la conforman los llamados "campamentos" (se han ido erradicando, pero aún quedan algunos); y la segunda, los sectores urbanos marginados de las posibilidades de desarrollo de la ciudad.
¿Qué ocurre ahí? Muchos niños y niñas colaboran, en alguna proporción con miembros de su familia, en actividades informales no originadas por contrato de trabajo, sino por una asociación del núcleo familiar, que no se rige por contrato alguno. Basta observar a quienes recogen botellas, diarios, cartones, o que deambulan en los vertederos, para darse cuenta de que, en general, se trata de menores de edad que acompañan a algún miembro de su familia.
Señor Presidente, el Senador señor Viera-Gallo me está solicitando una interrupción. Se la concedo, con todo gusto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, lo señalado por el Senador señor Moreno es muy importante. Evidentemente, una cosa es cuando el niño trabaja integrado a la familia, y otra distinta cuando lo hace para terceros.
La iniciativa en análisis se refiere al trabajo de menores para terceros, en el que se exigen ciertos requisitos, el cumplimiento de la legislación y la necesaria fiscalización, como es el caso de aquellos que laboran en los supermercados, a lo cual me referí en una sesión anterior.
Agradezco la interrupción.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, comparto la observación formulada por el Senador señor Viera-Gallo, pero como manifesté -y lo reitero, aunque parezca repetitivo-, el proyecto no apunta al grueso del problema, que es precisamente lo que yo quería señalar.
La segunda área dentro del gran sector informal la constituyen las familias del sector rural, que se dividen en dos grandes categorías: los minifundistas o "no viables" -como se los llama (sobre la base de criterios que no comparto) en la terminología hoy en uso-, y los pequeños agricultores que explotan predios inferiores a dos hectáreas.
Hay zonas completas del país, tanto en el sur como en las comunidades tradicionales del Norte Chico y otras, en donde se observa ese fenómeno. Allí el trabajo está asociado no sólo al núcleo familiar, sino también a una vía indirecta. Todos hemos podido percatarnos de que quienes venden quesos, cajas de higos, brevas o frutillas en los caminos, carreteras y autopistas son niños.
Ésas son las reflexiones que deseaba exponer en el Senado.
No tengo inconveniente alguno en que se introduzcan enmiendas al Código del Trabajo para regular las labores que los menores de edad realizan para terceros. ¡Ninguno! Pero debo expresar que dichas modificaciones no solucionan el problema, porque la gran mayoría de la gente que se halla en cierto grado de dificultad pertenece a algún núcleo familiar cuya situación de pobreza empuja a los niños a la deserción escolar y a otras cosas.
En las zonas rurales la deserción escolar es muy grande.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¡Por el sistema educativo!
El señor MORENO.-
Concuerdo con Su Señoría en que la deserción escolar en el campo es motivada por el sistema educacional; pero, además, porque realmente no existe ningún incentivo para que los estudiantes se mantengan en él. Eso podría resolverse si se llevara a la práctica una medida que el Presidente de la República, señor Ricardo Lagos, anunció en su campaña y que hago mía: otorgando en los sectores rurales de menores ingresos una doble subvención, con el objeto de retener dentro del sistema educacional a los niños de las familias más pobres. De ese modo se aliviaría en parte la suerte de drenaje producido por la falta de recursos.
Ésas son -repito- las reflexiones que quería hacer, porque al leer el texto propuesto sentí que me causaría insatisfacción decir: "Mire, estoy de acuerdo con esto", en circunstancias de que en esa forma no se arregla el problema. Y esto es, también, lo que deseo dejar establecido.
Anuncio que votaré favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen).-
Mi intervención será bastante breve, porque -como el señor Presidente me expresó recién-, considerando lo que ha demorado el proyecto, si seguimos hablando mucho los niños tendrán más de 21 años cuando se dicte la ley.
La presente iniciativa, así como la suscripción de los acuerdos de las Naciones Unidas, son absolutamente necesarias.
Ahora, además de lo manifestado por distintos señores Senadores, deberemos preocuparnos de implementar las normas propuestas. Porque, indudablemente, un niño que no esté yendo al colegio, o que sólo asista en régimen de media jornada, saldrá de su casa y la familia no tendrá ningún control sobre él, menos aún si la madre realiza labores fuera del hogar, porque comúnmente los menores trabajan para aliviar la difícil situación económica que allí se enfrenta.
Por lo tanto, es indispensable implementar bien la reforma educacional y crear lugares de entretención para los niños, a fin de evitar que permanezcan mucho tiempo viendo televisión. Según las últimas encuestas, los chilenos pasamos un promedio de cuatro horas diarias por persona mirando televisión, y los mensajes que ésta entrega no son en absoluto los que convienen a los menores. De allí provienen muchos problemas de agresividad, de violencia. Y si están solos pueden caer fácilmente en la drogadicción y en la delincuencia, ya sea para evadirse de la realidad o para ganar unos pocos pesos sin tener que trabajar. O sea, es esencial adoptar una serie de medidas y continuar implementando las existentes.
Es preciso contar con normas como las que nos ocupan y, a mi juicio, hay la mejor disposición para votarlas de manera favorable. No obstante, todavía estamos lejos de proporcionar a nuestros niños las condiciones necesarias para que tengan una vida digna.
Es cierto que en Chile ya no existe la explotación que hoy se observa en otras naciones del mundo, donde, pese a la globalización y el modernismo, se ve a menores trabajando en faenas muy duras, aprovechando que se trata de mano de obra barata. Sin embargo, estamos lejos de lograr una vida adecuada y digna para nuestros niños.
De otro lado, las diferencias tan marcadas en el país entre muchachos de distintas condiciones sociales, constituyen una lacra que costará mucho suprimir; pero si, como hemos expresado, tenemos la intención de actuar responsablemente y aprobar todas aquellas reformas tendientes a proporcionarles una vida digna, con la ley en proyecto estamos en el camino adecuado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, sin perjuicio de que en su momento aprobaré la iniciativa, deseo hacer presentes algunas observaciones que dicen relación a las condiciones que deberán existir para que ella pueda cumplir verdaderamente los objetivos que persigue.
En mi concepto, no basta sólo la prohibición de celebrar contratos de trabajo. Deben crearse las condiciones socioeconómicas que permitan dejar de laborar, sin que ello signifique una dificultad insalvable para las familias, que generalmente son muy humildes y requieren de los ingresos que el menor aporta al hogar. Por lo tanto, esto debe ir necesariamente complementado con normas que aseguren o beneficien a la familia de modo que el hogar no sufra menoscabo en cuanto a ingresos.
Por otra parte, debemos tener en cuenta -como lo han señalado algunos señores Senadores- que la disposición se refiere sólo al caso de los contratos regidos por el Código del Trabajo, una de las modalidades que puede adoptar el trabajo infantil. Pero existen otras que no van a quedar protegidas por esta legislación, por lo que se hace mucho más necesaria la aplicación general del mejoramiento en las condiciones socioeconómicas.
Desde luego hay que mencionar el trabajo familiar, muy importante especialmente en el campo y en la pequeña industria, donde las labores del menor se realizan dentro de la familia. Tales actividades no están prohibidas, naturalmente, porque no se encuentran sujetas al Código del Trabajo. No obstante, creo que la misma justificación podría existir para este tipo de ocupación, porque los peligros, la deserción estudiantil, etcétera, también pueden producirse allí. Y es posible que el esfuerzo llegue a ser muy duro, difícil y realizado en condiciones igualmente inconvenientes para el menor. Por eso, también debiera considerarse la protección en ese tipo de desempeño laboral, para evitar que él sea también causa de perjuicio para el niño.
Debe tenerse también en cuenta que existe otra clase de trabajo, distinto del laboral y del familiar, que es la actividad empresarial que llevan a cabo por sí mismos los menores. Puede incluso ser el caso de de un deportista destacado, ya que existen actividades físicas en que la edad tiene importancia relevante para el rendimiento que se alcance, como sucede con la natación, por mencionar alguna, en donde el menor deba celebrar algún tipo de contrato como consecuencia de su capacidad deportiva extraordinaria. Esa clase de actividades también debe quedar sujeta a algún grado de regulación, porque muchas veces el hecho de que un menor posea condiciones deportivas destacadas o habilidades excepcionales conduce a un grado de explotación tanto o más grave que la causada a través de un contrato de trabajo.
Todas éstas son materias que deberían considerarse complementarias del proyecto, el que, en mi opinión, sigue una línea adecuada, por lo que cuenta con mi aprobación. Sin embargo, estimo que resultaría una legislación insuficiente si sólo nos conformáramos con la normativa que estamos analizando, sin entrar en el estudio y regulación de las otras situaciones que también son atinentes al trabajo de los menores.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No hay más señores Senadores inscritos para intervenir en el debate.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, quiero agregar una reflexión que acaso sigue el mismo sentido de lo expuesto por el Honorable señor Fernández.
Al escuchar al Senador señor Ruiz-Esquide recordé aquellas novelas de Charles Dickens en las que se describía parte de lo que fue el trabajo infantil en el siglo XIX, en Inglaterra, cuando la industria textil alcanzó un gran desarrollo, o empezaba a tenerlo.
Parto de la base de que está bien que nos ocupemos en este proyecto, así como está bien que haya otras normativas similares en nuestra legislación. Pero opino que no basta con quedarse en esto, sino que es necesario ir al fondo mismo del problema. En ese sentido, deberá producirse una toma de conciencia por parte de la sociedad y de las diversas instituciones llamadas a cautelar que, junto con el desarrollo de una sociedad sana, se logre que el progreso económico y social se traduzca igualmente en el correspondiente desarrollo humano y familiar. Con ello se logrará que todos nuestros niños crezcan en un ambiente adecuado.
Por esas razones, señor Presidente, pienso que no sólo debemos aprobar el proyecto en discusión, sino además entender a fondo el sentido que él tiene, con lo que se logrará que nuestra comunidad alcance un mejor estado de desarrollo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, aprovechando esta ocasión, quiero señalar lo siguiente.
Un avance que debemos hacer, como Senado y como Parlamento, consiste en aprobar una reforma constitucional que establezca la obligatoriedad de la enseñanza media, del mismo modo que en la década de los veinte se aprobó en nuestro país la ley que hizo obligatoria la enseñanza básica.
En aquel tiempo, la cobertura de la enseñanza media, que se extendía por unos seis años, no alcanzaba ni al 50 por ciento de la población. Hoy la cobertura de ese tramo de la enseñanza alcanza en promedio aproximadamente el 83 por ciento de la población en edad de recibirla. Sin embargo, si tomamos a los sectores de más bajos ingresos, esa instrucción llega solamente al 75 por ciento, en tanto que en el estrato de altos ingresos es casi del ciento por ciento.
El número de jóvenes que hoy permanecen fuera de la enseñanza media y que sí debieran recibirla, sea en versión humanista o técnica, es de unos 140 mil en nuestro país. Hemos visto, además, que esta situación está vinculada al problema de la comisión de delitos menores o de robos, que se concentra en proporción importante en jóvenes que muchas veces no tienen otro destino y terminan en esas actividades inconvenientes para la sociedad.
Un paso que podemos dar, y que Chile estará en condiciones de enfrentar en el siglo XXI, es entregar una señal positiva, como lo hicimos hace poco con relación a la educación parvularia (incorporada en la Constitución Política, como una manifestación), consistente en abordar esta vez lo mismo respecto de la educación media, lo cual es mucho más posible, está al alcance de la mano. Además, el Estado ya tiene la obligación de abrir las puertas de los liceos cuando un niño no tiene posibilidad de ingresar a un colegio pagado. Sabemos que hoy eso se puede hacer.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento está presidida por el Honorable señor Díez, quien en este último tiempo ha estado acelerando con bastante interés una serie de proyectos y reformas constitucionales. Considero muy importante avanzar en el debate del proyecto de reforma que menciono ahora (el que junto con los Senadores señores Ruiz-Esquide y Muñoz Barra planteamos hace ya más de un año) y colocar esta materia a la altura de lo que son las obligaciones que impone el siglo XXI. Opino que el país se halla en condiciones de hacerlo, y que con ello daríamos una señal muy potente, como se hizo al comienzo del siglo XX respecto de la enseñanza básica. Estoy seguro de que esta iniciativa recoge bien la aspiración de la totalidad, o al menos de la mayoría de los Honorables colegas.
La medida indicada, que aprovecho de plantear con motivo de estar debatiendo el presente proyecto, vendría a potenciar la retención de alumnos en la educación media, como una forma de reducir la exposición de los jóvenes a un trabajo prematuro. Potenciaría igualmente mayor productividad nacional en una era en que la clave se encuentra en los niveles educacionales y en que nos hallamos, por cierto, en condiciones de impulsarla.
Por tales razones, junto con anunciar mi voto favorable al proyecto en discusión, que también agrega una contribución menor, soy partidario de apuntar a lo fundamental: atacar, de manera de cubrirla en un plazo muy breve, la educación media en forma total: el ciento por ciento de la población en edad de cumplirla. Mecanismos existen. Se dispone de un estudio que ya mencionó otro señor Senador, que nos permitiría subsidiar a la familia, como contraparte del hecho de que el joven permanezca en el colegio hasta terminar su educación media. Creemos que Chile está con condiciones de dar ese paso, y es fundamental para su futuro.
El señor DÍEZ.-
Tomaremos en cuenta sus observaciones, Honorable colega, cuando confeccionemos la tabla de la Comisión, después de terminado el estudio del Código Procesal Penal.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto en general y en particular a la vez, y queda despachado en este trámite.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 17:29, y adoptó resolución sobre la concesión de nacionalidad por gracia a los sacerdotes señores Alceste Piergiovanni Ferranti, Antonio Casarin Manzán y al señor Juan Lucarini Strani.
Asimismo, se tomó resolución acerca de las solicitudes de rehabilitación de la señora Sonia del Carmen Alvarez Montanares y de los señores Héctor Iván Morales Olivares, Luis Armando Rodríguez, Eduardo Patricio Navarrete Fuentes, Francisco Camilo Conejeros Riveros, Guillermo Albino Reyes Figueroa, Rienzi Gerardo Valencia González, Bernardo Favio Quiroz Saavedra, Jorge Eduardo Díaz Hernández y Sandor Adolfo Arancibia Valenzuela.
--Se reanudó la sesión pública a las 18:42.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Continúa la sesión pública.
El señor LAGOS (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CHADWICK:
Al señor Intendente de la Sexta Región acerca de DÉFICIT PRESUPUESTARIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POSTERGADOS EN SEXTA REGIÓN.
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Ministro de Minería relativo a MODIFICACIÓN DE LEY QUE CREÓ LA EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro del Interior, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, General Director de Carabineros y Subsecretario de Pesca, y a la señora Intendenta Regional de la Undécima Región de Aisén atinente a DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDAD POR MOVILIZACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES.
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores tocante a TRABAJO DE COMISIÓN MIXTA DE LÍMITES CHILE-ARGENTINA EN CAMPO DE HIELO PATAGÓNICO SUR.
A los señores Ministro de Planificación y Cooperación, y de Vivienda y Urbanismo relativo a PROYECTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN REGIONES DEL PAÍS.
Del señor LAGOS:
A la señora Ministra de Educación concerniente a IRREGULARIDADES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN).
A la señora Ministra de Salud relativo a AGILIZACIÓN DE ATENCIÓN EN CONSULTORIO "PEDRO PULGAR" DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN).
A los señores Ministro de Bienes Nacionales, Director General de Deportes y Recreación, e Intendente Regional de Tarapacá tocante a FINANCIAMIENTO DE ESPACIOS PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN COMUNA DE IQUIQUE (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Bienes Nacionales respecto a TRASLADO DE PARCELEROS DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Bienes Nacionales respecto a CONDONACIÓN DE DEUDAS DE POBLADORES DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN).
A los señores Director del SERVIU e Intendente Regional de Tarapacá atinente a ELIMINACIÓN O REBAJA DE 10 POR CIENTO CORRESPONDIENTE A "ACERAS PARTICIPATIVAS" PARA JUNTA DE VECINOS "13 DE JUNIO" DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN).
Del señor STANGE:
A la señora Ministra de Educación concerniente a PROYECTOS DE MEJORAMIENTO O REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUYEHUE (DÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones referente a PARALIZACIÓN DE TOMA DE RAZÓN DE TRANSFERENCIA DE PERMISO LIMITADO DE TELEVISIÓN A SOCIEDAD ONDAVISIÓN CRELL LTDA. (DÉCIMA REGIÓN).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
CONSECUENCIAS DE APERTURA DE CUENTA DE CAPITALES. OFICIOS
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, el Banco Central y el Gobierno prácticamente han terminado de abrir la cuenta de capitales al poner fin a la regulación que impedía que los fondos ingresados al país salieran antes de transcurridos doce meses. Con esta disposición, las principales restricciones cambiarias existentes han sido eliminadas.
De otra parte, las medidas adoptadas son plenamente concordantes con el modelo económico en aplicación, que convierte a la apertura económica y a la reducción de la capacidad regulatoria del Estado en dos de sus piezas centrales. Las consecuencias consistirán en disminuir la capacidad decisoria del Estado; acentuar la vulnerabilidad de la economía frente a shocks externos; hacer a ésta absolutamente dependiente de las conductas y direcciones que adopten los capitales, y profundizar la globalización económica en que se encuentra inmerso el país.
Chile cuenta con experiencias al respecto. En el período reciente ya pagó las consecuencias de un ingreso de capitales desproporcionado muy por encima de los requerimientos de la economía. En 1997 entraron recursos externos por una suma equivalente al 10 por ciento del PIB, "sobrecalentando" la economía, revaluando la moneda nacional y empujando a un gigantesco déficit en cuenta corriente. Ello obligó a medidas de ajuste que se sumaron al nuevo contexto creado por la crisis externa, llevando a la economía a la recesión, con costos económicos y sociales que aún se pagan.
No es verídica la creencia de que se trata de divulgar que el ingreso de recursos desde el exterior sólo presenta ventajas. Ni macroeconómicamente ni microeconómicamente es así. Menos aún cuando se trata de estimular, como acontece con la medida comentada, el movimiento de operaciones financieras, incluyendo las exclusivamente especulativas. La inversión productiva no entra por plazos cortos.
Más grave será todavía cuando los capitales determinen salir, factor muy presente en las principales crisis económicas de los años noventa. Es una ingenuidad suponer que el país será sólo eternamente receptor de capitales. Hay que aprender de las crisis recientes en México, sudeste asiático, Brasil y Rusia. ¿Cómo se enfrentarán estas fluctuaciones indeseadas si no existen mecanismos regulatorios?
Sabemos que el actual modelo económico produce crisis cíclicas cada ciertos años y que éstas se generan cada vez por exceso de ofertas. En los últimos 16 años Chile ha sido afectado por tres grandes crisis, incluida la actual crisis asiática; y diversos economistas han advertido de una nueva y más grande a raíz del "sobrecalentamiento" de la economía en Estados Unidos.
Con esta nueva desregulación, la volatilidad cambiaria se transformará en una constante, la cual ya se hizo más fuerte al decidir el Banco Central, en septiembre del año pasado, dejar de intervenir en el mercado, quedando así la paridad fluctuando en función de los movimientos de capitales. Son ellos los que determinan el curso de la paridad.
La decisión de abrir aún más la cuenta de capitales se adoptó en un momento en que el peso se encontraba enfrentado a un claro proceso devaluatorio, como consecuencia, ante todo, de la "tembladera" bursátil estadounidense y de la política de incremento de las tasas de interés seguida por la Reserva Federal. El banco de inversiones norteamericano Salomon Smith Barney vinculó el momento elegido en la toma de la decisión a un probable interés en frenar el alza de la divisa. Todo lleva a la conclusión de que fue así.
Como era presumible, la referida determinación fue recibida con aplausos por los representantes de los organismos de los grandes empresarios y los bancos de inversión norteamericanos. De inmediato agregaron nuevas exigencias. El Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Walter Riesco, además de felicitarse por el acuerdo demandó la eliminación del impuesto a las ganancias del capital y el término definitivo del encaje al ingreso de capitales de corto plazo, que el Banco Central mantiene en cero desde septiembre de 1998.
Desde el Ministerio de Hacienda se manifestó la disposición a estudiar la eliminación del impuesto a las ganancias para los no residentes, las cuales cancelan un tributo de 35 por ciento cuando son retiradas del país. Se rompería, de darse este nuevo paso, con el principio de que los gravámenes se cancelan en el país en donde se origina el ingreso, dado que la tributación sobre las utilidades en los países desarrollados es mucho más alta que en Chile. Una vez más entre los argumentos entregados para fundamentar la medida se encuentra el de igualar las ventajas concedidas en otras naciones latinoamericanas, en el marco de una verdadera competencia entablada sobre cual es el país que entrega más facilidades. La lógica de las medidas es otorgar nuevas ventajas al sistema neoliberal, sin discriminar siquiera en el tipo de operaciones efectuadas.
No tiene nada de extraño. Es un nuevo paso en la concreción del modelo económico propiciado. En una reunión organizada por el Centro de Estudios Públicos ¿que preside Eliodoro Matte, cabeza del grupo económico del mismo nombre-, le dieron su respaldo, entre otros, Carlos Cáceres y Sergio de Castro, ex Ministros de Pinochet; Cristián Larroulet, Presidente del Instituto Libertad y Desarrollo y generalísimo de la candidatura de Joaquín Lavín, y Francisco Rosende, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica.
El Banco Central sostuvo que la nueva apertura de la cuenta de capitales permitirá la entrada de un monto más elevado de inversión internacional y financiar, a su juicio, proyectos más riesgosos. En verdad, se estimula el ingreso de cualquier tipo de recursos al mercado de capitales, al quedar la economía absolutamente abierta, siendo el inversionista el que determina su objetivo y dirección. La medida no alcanza, en los hechos, a la inversión productiva. Ello se manifestará ¿quiero recordarlo- en cualquier instante. En la actual coyuntura, tal vez, es algo poco previsible, dado el escaso diferencial real entre la tasa de interés interna y la existente para el dólar. Esa opinión es, también, la de los bancos de inversión extranjeros.
La regulación que persiste al movimiento de capitales son los topes para colocar en el exterior recursos en poder de inversionistas institucionales, ante todo de las administradoras de fondos de pensiones. Al respecto, la salida al ámbito externo se justificó, en su momento, por la diseminación de los riesgos. Pero los últimos meses, a partir de las dificultades en los centros bursátiles estadounidenses, arrojaron ¿es preciso destacarlo- rentabilidades negativas. En marzo y abril, tal realidad constituyó el principal factor de cifras en rojo de los fondos de pensiones. Al 30 de abril se encontraban colocados en el exterior 4 mil 266 millones de dólares, con un crecimiento de mil 412 millones en doce meses. Con todo, lo más grave es que por ese camino, que se ha venido ampliando permanentemente, se restan recursos para objetivos de desarrollo dentro del país, y ahora se otorga, por otro lado, todo tipo de facilidades para el ingreso de capitales.
Se ha ido más lejos que antes en abrir la economía. Se ha llevado al extremo la aplicación del modelo económico, en circunstancias de que a nivel mundial crece la exigencia de establecer regulaciones al desequilibrante movimiento de recursos financieros globales y en los diferentes países. Chile dejó de constituir el ejemplo dado internacionalmente de regulaciones exitosas que permitieron mejorar la composición de la cuenta de capitales, como aconteció con el encaje.
Por mi parte, hace poco intervine en esta Sala para señalar que muchos países desarrollados habían aprobado o se hallaban estudiando el impuesto Tobin, pequeña tasa entre 0,1 y 0,5 por ciento aplicable a los capitales especulativos de corto plazo, que varían entre dos y seis días.
Con medidas como aquella a que he hecho referencia, Chile se maneja en sentido inverso a aquel en que piensan buenos economistas de las sociedades desarrolladas. Ello me ha movido a levantar la voz en esta ocasión, señor Presidente, para advertir que puede repetirse en los próximos tiempos lo ocurrido en tres oportunidades en los últimos 16 años, o sea, las crisis cíclicas que tanto han afectado al país, y que los efectos de una de ellas pueden ser más graves.
Todos sabemos que diversos especialistas en el mundo han planteado que la economía de Estados Unidos se está "recalentando". Y en el día de hoy el señor Presidente del Banco Central ya expresó que áreas de poder económico como Estados Unidos y Europa registrarán un crecimiento decreciente a partir de 2001, lo que significa la constatación de un "sobrecalentamiento" en ciernes. Esa situación indudablemente repercutirá de manera fundamental en los países en desarrollo en América Latina, entre ellos Chile. Y es evidente que una crisis que parta desde Estados Unidos y llegue a Europa provocará consecuencias en las materias primas exportadas por la región, primer resorte que salta frente a un hecho de esa índole en Asia, por ejemplo.
He querido advertir sobre el particular y proporcionar los antecedentes respectivos del mismo modo que procedí oportunamente en otras ocasiones, en las que, sin embargo, la prevención no se tomó en cuenta y los efectos tuvieron lugar. Por tales razones, pido que se transmitan mis opiniones tanto al señor Presidente del Banco Central como al señor Ministro de Hacienda.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Lavandero, conforme al Reglamento.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, quisiera formular una consulta al Senador señor Lavandero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor MARTÍNEZ.-
Deseo preguntar a mi Honorable colega si tiene inconveniente en ceder al Comité Institucionales 1 los 14 minutos que le sobran.
El señor LAVANDERO.-
Ninguno, señor Senador, puesto que en otra oportunidad fui objeto de una gentileza en el mismo sentido.
El señor MARTÍNEZ.-
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente, el Senador señor Ríos intervendrá primero.
El señor RÍOS.-
Efectuamos un cambio de...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, la Constitución de 1980 abrió un camino para alcanzar en plenitud el desarrollo institucional. En efecto, quedó implícita en su espíritu y en la letra, en lo referente al proceso legislativo, la norma que obliga al Ejecutivo a dictar los reglamentos de los cuerpos legales aprobados en el Parlamento. De esa forma, el Poder Legislativo ponía término a un período muy extenso de "leyes-reglamentos" que, en general, fueron muy negativas en su ejecución y, aún más, en la interpretación de sus decenas y decenas de artículos de carácter administrativo, que llevaban a detalles casi infantiles.
Lo anterior permitió un real adelanto, el cual terminó siendo tan acelerado que hoy prácticamente no hay cuerpos legales cuyo despacho amerite ser acelerado, salvo un par de excepciones. Algunos han denominado "sequía legislativa" a esa situación y en virtud de ello han formulado llamados al Ejecutivo para que presente proyectos de ley y "haga trabajar", entre comillas, al Congreso. Los claros ataques dirigidos por ese motivo implican, desde mi punto de vista, una evidente falta de conocimientos sobre la institucionalidad, porque, en verdad, el Ejecutivo dispone hoy de todas las leyes necesarias para una buena administración -de todas, sin excepción-, como también los gobiernos regionales y los comunales cuentan con todas las normas básicas para su buen funcionamiento.
Pero al Parlamento asimismo le asisten otras obligaciones, algunas de ellas establecidas y otras de sentido común. Por de pronto, cabe mencionar la fiscalización por la Cámara de Diputados, que, con escasas salvedades, nunca se ha llevado adecuadamente. La razón de ello radica en que priman los intereses partidistas en tal forma, que terminan siendo superiores a los beneficios de una fiscalización seria, adecuada y profunda, como en algunas circunstancias ha pretendido ser, y que considere el cumplimiento de políticas nacionales, impresas en la ley o señaladas en su espíritu. Y cabe recordar las actas de comisiones pocas veces conocidas por la opinión pública o, aún más, en muchas oportunidades distorsionadas por el debate posterior respecto de algunas normas de mayor interés ciudadano. Sin embargo, un objetivo tan importante como el descrito, por la práctica, igualmente va siendo cercenado ante la ausencia de la fiscalización.
Un caso muy actual es el de la Comisión de Ética creada hace poco tiempo al interior del Poder Judicial. Su acción reciente ha sido tan determinante, que la fiscalización a los ministros de Corte, responsabilidad de la Cámara de Diputados -y muy en especial en situaciones como las conocidas-, se encauza por ese otro camino institucional. La opinión pública ya no esperará de los Diputados una actuación sobre el particular, pues en el ámbito respectivo se encuentran contentos y tranquilos con la Comisión.
Algo parecido ocurre con las mesas de diálogo o las mesas sociales, o del nombre que sea. Ellas también responden a la ausencia del Parlamento tanto en la acción fiscalizadora como en el análisis de grandes temas nacionales.
¿No era acaso el Parlamento el lugar de debate y análisis donde la mayoría de las veces se terminaba aprobando proyectos modificatorios de leyes vigentes o iniciativas que daban nacimiento a otros cuerpos legales? Es cierto que el Congreso conoce las leyes, como, también, que la Constitución entrega en forma privativa a este Poder del Estado la responsabilidad en esa materia. Pero también es verdad que ahora no se están discutiendo aquí los grandes problemas nacionales.
El Ejecutivo, en una clara manifestación de duda acerca de los representantes democráticos (me imagino que tiene alguna inquietud con respecto a las capacidades de éstos), ha preferido crear una especie de "parlamentos paralelos", para que de ahí surja la solución. De esta forma, dichas mesas cumplen funciones fizcalizadoras; conocen de la aplicación de la norma que originó tal encuentro, función propia de la Cámara de Diputados, y analizan sus proyecciones futuras, acción ésta que constitucionalmente permite al Presidente de la República solicitarlas al Senado. Ninguna de las dos instancias ha actuado. Tampoco se perciben cambios de actitud en esta materia por parte del Ejecutivo, ni inquietudes al respecto del Legislativo.
Lo anterior es verdad, y por ello el desinterés nacional por los actos del Parlamento. También es cierto que, en general, los partidos políticos -salvo excepción- poco colaboran en esta situación. Más bien, estimo, han sido actores principales en el debilitamiento del Poder Legislativo al trasladar intrincadas estrategias a la acción parlamentaria, las que han sido llevadas a cabo por Parlamentarios -con la salvedad de algunos- al pie de la letra.
A lo anterior se suma un hecho inédito: un Senador fue desaforado hace un año y ocho meses. Y aún no tiene sentencia de nada. No puede ejercer sus funciones. ¿Qué habría ocurrido si a un Ministro de Estado se le impidiera, por igual tiempo, ejercer sus responsabilidades, o a un Ministro de Corte le sucediera similar cosa? Sin duda, se produciría una conmoción institucional. Sin embargo, en el caso de un Senador no pasa nada. Y, lo que es peor aun, entre sus colegas tampoco pasa nada, salvo excepciones.
Vistas así las cosas, en que los contrapesos institucionales han terminado y la importancia del debate está centrada en otras instancias, y no en el Parlamento, se entiende mejor el hecho de que recientes informes públicos ubiquen a este Poder del Estado en el penúltimo lugar de importancia institucional, superando sólo a los partidos políticos, que se ganaron el último lugar en el valor que les da la ciudadanía.
Sin duda, hemos ingresado a un camino peligroso. La manifestación de apoyo permanente a la democracia sólo se expresa en discursos y declaraciones, pero ya hace tiempo que se alejó de los hechos. Un buen ejemplo de esto fue la determinación en orden a que en una de las mesas de diálogo -la que conoce de los temas referidos a los derechos humanos- hayan sido los propios defensores a ultranza de la democracia quienes se opusieron a la presencia de los actores políticos; y, lo que es peor aún, sabiendo que éstos, en el Senado, habían llegado a un acuerdo común en una de las materias mas delicadas: los detenidos desaparecidos. En esa ocasión, el propio Ejecutivo terminó por apoyar la ausencia de la democracia. En suma, se estimó que la no asistencia de Parlamentarios y de los partidos políticos permitiría avanzar en el encuentro de una solución concordada.
En otro campo, el municipal, el Ejecutivo detuvo por cuatro meses el debate acerca de la elección separada de alcaldes y concejales, "hasta no conocer los resultados electorales presidenciales", como lo expresó privadamente un alto funcionario de La Moneda, dando claramente vuelta la espalda al sentir nacional. No será posible contar con la ley para las próximas elecciones. Y, sin embargo, todos los partidos políticos, reunidos en Santiago, están decidiendo los destinos comunales del país entero. Me atrevo a decir que las listas de concejales -excepto en algunos casos- carecerán de la legitimidad necesaria, pues fue en otro lugar, con otros actores, donde se resolvieron los destinos comunales.
¿Cuando terminará esta debacle institucional, señor Presidente? Sólo cuando cada uno de sus actores principales asuma en plenitud la responsabilidad institucional; cada uno, desde el Presidente de la República hasta el más modesto servidor público. Sin embargo, los que encabezan los tres Poderes del Estado tienen hoy la palabra.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Stange.
PARTICIPACIÓN DE DIPUTADO SEÑOR EUGENIO TUMA EN INCIDENTES DE TEMUCO. OFICIO
El señor STANGE.-
Señor Presidente, es de público conocimiento que ayer lunes 15 de mayo, en las proximidades de la ciudad de Temuco, un grupo de manifestantes integrado por pequeños agricultores, algunos de ellos de ascendencia mapuche, se congregó para protestar por la falta de apoyo del Gobierno Central ante la crítica situación por la cual atraviesan a raíz del mal resultado en las siembras y cosechas, todo ello derivado de las condiciones climáticas adversas en los meses de verano.
Resulta necesario recordar que la Constitución Política, en el Nº 13º de su artículo 19, asegura a todos los habitantes de la República el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, con la sola limitación de que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público deberán regirse por las disposiciones generales de policía, entendiéndose para este efecto lo prescrito en el decreto supremo Nº l.986, del Ministerio del Interior, del 16 de septiembre de 1983. Este cuerpo legal regla las formas o procedimientos para hacer uso del derecho a reunión, mediante solicitudes escritas a las autoridades representantes del Poder Ejecutivo, quedando éstas facultadas para denegar la petición o para señalar otros lugares donde realizarla.
Tratándose de la reunión tumultuosa que se describió, y que es de público conocimiento por las informaciones aparecidas en televisión y en la prensa escrita de hoy, consta que esas personas no solicitaron permiso previo, por lo que la autoridad -entendiéndose para estos efectos el Intendente o el Gobernador- se encontraba facultada para disponer que la fuerza pública disolviera la manifestación, habida consideración de que esas personas portaban palos, bastones, herramientas o elementos de naturaleza semejante.
No obstante que la autoridad administrativa autorizó verbalmente el paso por la Ruta 5 Sur de quienes protestaban, siempre que no se entorpeciera el tránsito de vehículos, y mientras el Prefecto de Carabineros de la zona, Coronel señor Fernando Torres, dialogaba con los dirigentes del movimiento, fue rodeado por manifestantes y agredido con golpes de palo en la cabeza y en el costado de su cuerpo. Resultó con contusiones, a pesar de que utilizaba casco protector y chaleco antibalas.
Visto lo anterior, se dispuso disolver la reunión, a lo que se opuso tenazmente el Diputado señor Eugenio Tuma Zedan, quien trató de reagrupar a los manifestantes para dirigirse hacia el centro de la ciudad, interponiéndose de esta manera con lo dispuesto por la autoridad policial y obrando con vías de hecho frente al carro lanzaaguas. Con ello puso en riesgo su integridad personal e hizo pública ostentación del desobedecimiento a las órdenes de las autoridades administrativa y policial.
La conducta de las personas que se congregaron se aparta de los derechos garantizados por la Constitución, ya descritos. En razón de haberse realizado dicha reunión sin permiso previo y de portar sus manifestantes elementos que se consideran armas, la autoridad se encontraba facultada para proceder, con el uso de la fuerza racional, y disolver a quienes estaban protestando.
En estos hechos le cupo una intervención protagónica al Diputado señor Tuma, quien de palabra, de hecho y en forma claramente arbitraria indujo a los congregados a la alteración del orden público, al haber incurrido esas personas en delitos previstos en la legislación.
El Código Penal, en su Título VI, en lo que dice relación a los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos, sanciona "a los que se alzaren o acometieren con violencia en contra de la autoridad o sus agentes". Tan es así que -como lo señalaron profusamente los medios de información- resultaron lesionados veinte funcionarios de Carabineros y diez manifestantes fueron detenidos.
La conducta del Diputado señor Tuma vulnera gravemente el Estado de Derecho; se le ve como un incitador a la violencia en contra de la autoridad; desobedece las disposiciones que legítimamente la autoridad civil impartió sobre el caso, y, del mismo modo, viola y entorpece las órdenes que en el ejercicio de sus funciones impartió la fuerza pública.
Reclamo, entonces, por la actitud de dicho Parlamentario, que califico de desafortunada, y también por sus expresiones destempladas dirigidas en contra de la fuerza pública, mediante las cuales ha tratado de poner en duda la actuación de Carabineros, destinada a restablecer el orden público quebrantado.
Señor Presidente, solicito que esta intervención sea transmitida al señor General Director de Carabineros, don Manuel Ugarte Soto.
El tiempo que resta a mi Comité lo cedemos al Honorable señor Martínez.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, como en nuestro turno intervendrá también el Honorable señor Canessa, quiero dejar constancia de que además del tiempo restante del Comité UDI e Independientes haré uso de l0 minutos cedidos por el Comité Renovación Nacional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Está claro, señor Senador.
DESCONOCIMIENTO DE LEY DE AMNISTÍA Y DE PRESCRIPCIÓN
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, debo referirme de nuevo al gravísimo hecho de que nuestros Altos Tribunales persisten en desconocer la Ley de Amnistía y la prescripción mediante fórmulas reñidas con la realidad, encausando con tales interpretaciones a personal de las Fuerzas Armadas en una actitud que, además de violar la verdad y el derecho, se presta a los fines de quienes buscan venganza o persiguen siniestros propósitos políticos.
Tengo información pertinente sobre lo que la doctrina y la ley, nacionales y extranjeras, contemplan acerca de los delitos instantáneos, los delitos instantáneos de efectos permanentes, los delitos continuados y otras figuras. Nada de esto puede oscurecer la maciza realidad de que tanto el convencimiento general del país, cuanto la más primaria lógica de los hechos y la realidad de las actuaciones procesales en estos casos, muestran que se está acusando a oficiales y personal de las Fuerzas Armadas sobre la base de apreciaciones opuestas a la verdad.
Ningún ciudadano patriota puede dejar de exigir que nuestro Poder Judicial actúe con independencia y transparencia, y que para aplicar justicia respete la realidad de los hechos. Además, los chilenos tienen derecho al mínimo respeto de no ser embaucados.
Señor Presidente, en mi anterior intervención, pese a no compartir la orientación, composición, propósito y función de la Comisión Rettig -que, a mi juicio, fue inconstitucional, sesgada e ideologizada y que mostró la curiosa selectividad de su criterio al limitarse a determinado período de la historia de Chile, sin considerar las vinculaciones causales con su entorno previo y simultáneo-, me referí a ella para mostrar que un organismo con tales graves tachas no había podido sustraerse, ante el caso de los llamados detenidos desaparecidos, al grito de los hechos, debiendo afirmar "su certeza moral que concluyó con el asesinato de la víctima y la disposición de sus restos de modo que no pudieran ser encontrados" (página 22 del Informe).
Señalé, además, que el Senador señor Edgardo Boeninger (quien fue Ministro Secretario General de la Presidencia durante el Gobierno del señor Aylwin y por ello estuvo en posición privilegiada respecto de estos temas), en entrevista dada hace pocos días afirmó que los presuntos secuestrados están muertos, y critiqué su doctrina de que formalmente se podía imputar a los oficiales y personal referidos un secuestro permanente a sabiendas de que los secuestrados se hallan muertos.
Pero, a mi juicio, el argumento más contundente para demostrar la falsedad de la imputación del secuestro o detención permanente ha estado en la misma conducta de los señores jueces que han conocido de los procesos, en cuanto no han procurado, con actos proporcionados a la magnitud de las acusaciones y al número de ellas, dar protección a los ofendidos, como establece la ley.
En efecto, la ley obliga a los jueces, ya desde las primeras diligencias del sumario criminal, a dar protección a los perjudicados. Y éstos, señor Presidente, si se tratara de un secuestro, son los secuestrados. Insisto en el punto y pregunto nuevamente: ¿cómo no se han realizado o agotado las actividades investigativas hasta esclarecer los hechos, con miras a descubrir las personas vivas de los secuestrados, tratándose de un número tan grande como el que se indica y durante un plazo tan largo, de más de un cuarto de siglo, para hacer realidad tal protección?
Esa omisión presenta un grotesco contraste con el ejemplo que di sobre la masiva intervención en Villa Baviera para buscar a una sola persona. El país vio cómo se montaron, durante meses y meses, reiterados, espectaculares y televisados operativos, con numerosísimos funcionarios policiales, perros y modernas técnicas de prospección electrónica, sobre y bajo tierra, en áreas extensas. ¿Por qué los señores jueces, de oficio, no han realizado investigaciones ni remotamente comparables a aquélla en celo y magnitud, ni, sobre todo, investigaciones específicas para buscar gente viva privada de libertad? ¿Dónde están las operaciones "rastrillo" o "peineta" a lo largo de todo el territorio, casa por casa y por todo posible escondrijo o habitáculo donde pudiere permanecer retenido hasta hoy un secuestrado?
Y, como también expresé, ¿por qué no se han agotado en el mismo ámbito territorial todos los testimonios posibles de cualquier persona, profesional o no, que pudiera verificar la sobrevivencia cautiva de los detenidos desaparecidos? No existen diligencias proporcionadas a la realidad acerca de una cantidad tal de secuestrados por tanto tiempo que permitan disipar un absurdo que está dañando seriamente bienes y prestigios superiores y permanentes de la Patria.
Entonces, señor Presidente, la conclusión que cualquier chileno puede sacar es que estamos ante una dramática alternativa: o los jueces han sido gravemente negligentes en cumplir tan primordiales obligaciones, o se hallan convencidos de que los supuestos secuestrados o detenidos no evadidos están muertos. Esta última opción aparece validada por la cantidad de diligencias realizadas para encontrar o identificar osamentas.
En ambas hipótesis, los magistrados que han conducido los procesos habrían violado la ley y la justicia. ¿Acaso los jueces no violan la ley y la justicia si, teniendo el convencimiento de que la víctima de un delito está muerta, inculpan o procesan a alguien sobre la base de aceptar la simulación de que sigue viva a fin de eludir la ley? Una vez más repito lo dicho: la administración de justicia y la verdad no pueden separarse y, por ello, los jueces no pueden evadirse de la alternativa anterior. O proceden a buscar con toda la amplitud e intensidad necesarias a los presuntos secuestrados, o deben reconocer que esas personas están muertas y que todos los indicios conducen a configurar una presunción en tal sentido. Porque un juez a quien le asiste la convicción de que están muertos y continúa acusando de secuestro, está simulando, prevaricando, haciendo una torcida administración de justicia. Y esto sí parece revestir carácter permanente.
Señor Presidente, la última resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema, que ha insistido en la inverosímil y, por ende, injusta imputación de secuestro o detención permanente, muestra que la preocupación que expresé en mi anterior intervención se encuentra plenamente justificada. La acción de los tribunales aparece como una pertinaz operación jurisprudencial para fallar en contra de la verdad.
Cuando el Supremo Tribunal de Justicia falla consciente y reiteradamente contra la verdad, se puede afirmar con certeza que, en la práctica, con este "supremazo" se ha vulnerado el orden institucional de la República, constituyendo tal acción un auténtico "golpe de estado judicial". Tal conducta de algunos miembros de la Suprema Corte resulta particularmente censurable si se considera que la ley ¿no la Constitución- los exime de pena en los gravísimos casos de falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento y en la denegación y torcida administración de justicia, impunidad que agrava institucional y moralmente su actuar.
La reiterada vulneración de la relación entre función jurisdiccional y verdad sería aún más grave si la intención de quienes la impulsan fuere el desmantelamiento o la destrucción moral de las Fuerzas Armadas y de Orden y el enervamiento para cumplir sus deberes, incluido su inexcusable deber constitucional de garantizar el orden institucional de la República.
Eso resulta particularmente injusto tratándose de oficiales y personal que asumieron la tarea fundamental de las Fuerzas Armadas y de Orden, que es la defensa de Chile en su integridad física y moral. En efecto, en el momento de mayor gravedad de un largo asedio por parte del totalitarismo marxista y, específicamente, del país que entonces lo lideraba ¿la Unión Soviética-, se intentó imponer en Chile, sin retorno, el más maligno régimen político concebible.
La doctrina básica y reiterada del marxismo busca la transformación forzada y definitiva del hombre, desde su más honda raíz, para imponer su utópica e inhumana ideología. La historia nos muestra, a lo largo del siglo que termina, a qué inimaginables extremos de crueldad, violencia, opresión y aniquilamiento llegaron sus exponentes, en escala de millones y millones de personas, junto a las sutilezas con que buscaron desterrar la verdad, teniendo como elementos esenciales de su obrar la mentira y el odio. Éstos son hechos indesmentibles, ocurridos a lo largo de todo el orbe. La caída de ese régimen en la ex Unión Soviética ha venido no sólo a confirmar, sino a dar una escala muchísimo mayor a las acusaciones que se hacían a tal ideología en el poder.
Señor Presidente, siempre resulta necesario traer a la memoria circunstancias esenciales de nuestra historia de las últimas décadas. Hay sectores interesados en eludir o deformar esas realidades, y no es preciso ser muy agudo para visualizar que tal operación corresponde al mismo propósito estratégico y desinformativo que la depredación judicial que denunciamos.
Para salvar a Chile de su caída inminente e irreversible y respondiendo al clamor de su pueblo, de la misma Corte Suprema, de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas y de Orden, como invariablemente lo hicieron en nuestra historia, cumplieron con su deber. La experiencia del gravísimo peligro corrido y su reiteración llevó a señalar explícitamente en la Constitución el carácter de garantes del orden institucional de la República que tienen las Fuerzas Armadas y de Orden, misión que naturalmente les compete y que les fue recordada por la Cámara de Diputados ya el 22 de agosto de 1973.
A fin de cumplir con su deber, el año 1973 las Fuerzas Armadas y de Orden debieron actuar con la intensidad proporcional a la gravedad y a los riesgos del proyecto político anunciado y a la acción terrorista y subversiva presente masivamente en el país, apoyada por las potencias que pretendían sojuzgarnos y que continuó incluso largo tiempo luego de instalado el Régimen militar. De hecho, las declaraciones fueron reiteradas, desde el comienzo, de que o se aceptaba el comunismo por la vía pacífica, o se realizaría por la violenta, que significa la dictadura del proletariado que no termina hasta la utopía inalcanzable de la sociedad sin clases. O sea, nunca.
Allende, al inicio de su Gobierno, precisó que lo que empezaba a ocurrir en Chile en 1970 era lo mismo que había sucedido en Rusia en 1917, y que el objetivo era el mismo, agregando, empero, que aquí se iba a seguir una vía "democrática". Aunque hizo la formal advertencia de que, si tal vía era resistida, se recurriría a la violencia revolucionaria. En otras palabras, la alternativa era sí o sí.
En este sentido, el Senador señor Viera-Gallo, por ejemplo, expresaba en 1972 que "algunos han pretendido que el segundo camino hacia el socialismo excluye la dictadura del proletariado y han buscado amparo en las palabras presidenciales. Ésta ha sido una vieja pretensión de la social democracia europea... pretensión que los hechos han demostrado infecunda. El socialismo supone un largo período de transición caracterizado políticamente por la dictadura del proletariado, y ningún camino que hacia él conduzca puede evadir el punto. ("El Segundo Camino hacia el Socialismo: aspectos institucionales" en Cuadernos del CEREN, Universidad Católica de Chile, Nº 15, diciembre de 1972, página 160).
Y uno de los máximos ejecutores del proyecto de la UP, el entonces Senador Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, entre sus múltiples intervenciones públicas, aseveró cosas como la siguiente: "el gobierno de la UP no será un gobierno más que continúe la rotación partidista del ejercicio del poder dentro de las reglas burguesas de la democracia representativa... lo que principalmente nos interesa es cómo marchar hacia la ruptura institucional" (La Serena, XXIII Congreso General del PS, enero de 1971); "las revoluciones no se hacen por votaciones... no se aprueban ni se rechazan con votos. De la decisión que adopten los chilenos en marzo (elección parlamentaria de 1973) dependerá la mayor o menor aceleración y profundización de este proceso, pero no su destino" (El Clarín, 10 de febrero de 1973); "el pueblo está en condiciones de incendiar y detonar el país desde Arica a Magallanes en una heroica ofensiva" (Discurso del 12 de julio de 1973).
La gravedad de la situación que hemos apenas esbozado en las breves citas precedentes hizo decir al ex Presidente Eduardo Frei Montalva: "Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros... la guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer. Usted no desea operarse de cáncer, pero llega el momento en que usted tiene que operarse de cáncer. Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas y el pueblo solicitó su intervención insistentemente, estruendosa y heroicamente." (ABC, Madrid, 10 de octubre de 1973).
Señor Presidente, pretender juzgar la acción militar fuera de este contexto, de estos peligros y de estos desafíos, como lo están haciendo nuestros tribunales, quizá bajo qué presiones, es agregar una injusticia más a la que ya se comete al recurrir a la ilegal e ilícita ficción del secuestro o detención permanente.
En efecto, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su deber constitucional, procedieron a la operación -para usar las palabras del ex Presidente Frei Montalva- que salvó a Chile. Parte de esa operación fue también la guerra antisubversiva que el Gobierno militar debió enfrentar. ¿Nos hemos olvidado de cuántos grupos terroristas que pretendían imponer el marxismo por la fuerza había en esos años? ¿Por qué nos hemos olvidado de sus atentados, de sus secuestros, de sus asesinatos, de sus torturas y de lo que querían hacer de Chile y los chilenos? ¿Por qué nos hemos olvidado de los autores materiales e intelectuales de todo esto?
Cito, entre tantos, el enorme ingreso de armamentos en Carrizal Bajo para fines revolucionarios de proporciones bélicas, la magnitud descomunal del atentado contra el Presidente Pinochet, el asesinato del Senador Jaime Guzmán y los asesinatos y atentados contra altos oficiales.
Hoy los comunistas -¡paradoja increíble!- iniciaron las querellas contra el General Pinochet, Senador, ex Comandante en Jefe del Ejército y ex Presidente de la República: el ladrón detrás del juez. Hoy, en el panorama forense, ellos aparecen simplemente como las víctimas, y los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, como los victimarios a quienes, como si fuera poco, se les exige que pidan perdón. Nos olvidamos de lo que decía y de lo que quería el comunismo chileno durante la UP y durante todo el Gobierno del General Pinochet. Nos olvidamos de la mantención de su voluntad subversiva y totalitaria, que incluso llevó a que la actual alianza concertacionista nunca quisiese unirse públicamente con ellos para efectos políticos. Luis Corvalán declara en nombre del Partido Comunista, en 1988, que "estuvimos impregnados de legalismos y nos ilusionamos con el curso pacífico de la revolución... pero no olvidaremos jamás la lección. No se puede confiar ciegamente en la legalidad" (XV Congreso Ordinario del Partido Comunista chileno).
En este ámbito debemos recordar, como dijimos, que las Fuerzas Armadas debieron defender al país de un intento sostenido y despiadado de sojuzgamiento totalitario dirigido desde las potencias cuya perversidad conocemos hoy aun mejor que ayer, y que no pueden considerarse las acciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, hoy imputados sin considerar sus causas y circunstancias. Esto es un principio básico de Derecho. Lo contrario sería una enorme injusticia. Más aún, cuando los peores terroristas han sido indultados, han sido objeto de libertades condicionales sin objeciones o se han evadido de las cárceles, en circunstancias de que hacen impensable que no hayan contado con altísimas complicidades. A los militares se les priva de la libertad o se les mantiene privados de ella sin problemas, o se les instruyen procesos por delitos inexistentes. Dos presos, dos medidas. Los militares serían entonces perseguidos políticos y presos políticos.
Señor Presidente, por todo lo expresado, he querido levantar otra vez mi voz ante una nueva decisión judicial injusta, basada en la mentira, con la esperanza de que la Corte Suprema cese de atentar contra los fundamentos mismos del orden institucional de la República, y vuelva a una aplicación de la ley en que la justicia se nutra de la verdad. Levanto mi voz para que se respeten la justicia y el Derecho, se reconozca la totalidad de la verdad, y cese el hostigamiento a las Fuerzas Armadas y de Orden, cuya cacería es tal, que no puede tener otra causa que el interés extranjero o el más extremo y perturbado sectarismo ideológico.
Con lo dicho, quedan de paso refutados los comentarios de un abogado que, por lo que entiendo, se ha nutrido prevalentemente de la defensa de terroristas y subversivos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Agotado el tiempo del Comité Renovación Nacional y de la Unión Democrática Independiente, con cargo al del Comité Institucionales 1 tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
FORMACION DE NIÑOS EN ENSEÑANZA BÁSICA. OFICIO
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, quiero intervenir en este momento para referirme a un asunto de gran relevancia, que dice relación a la formación y enseñanza de nuestros jóvenes, particularmente de niños que cursan su sexto año básico.
En tal sentido, analizando el texto "Comprensión de la sociedad", destinado a educandos de aquel curso, de la Editorial Edebé, los cuales se reparten gratuitamente a los establecimientos de enseñanza municipalizados, me ha producido una gran inquietud y preocupación el manejo de sus contenidos, los cuales presentan un marcado sesgo, además de ser abiertamente incompletos.
Citaré como ejemplo, señor Presidente, que cuando el texto aludido aborda el tema de la Unidad Popular, se esmera en destacar la inflación, el desabastecimiento y el mercado negro, y señala que el Congreso Nacional se preparaba para acusar constitucionalmente al Presidente Salvador Allende, y que el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y Carabineros exigieron por la fuerza el abandono del poder al Mandatario elegido democráticamente.
En esta parte, señor Presidente, de verdad queda la impresión de que la grave crisis institucional tuvo su origen en la inflación, el desabastecimiento y el mercado negro, y que a consecuencia de ello las Fuerzas Armadas y Carabineros exigieron la salida del señor Salvador Allende.
Eso, por decir lo menos, resulta absolutamente sesgado, puesto que para nada se explica en qué consistió realmente la profunda crisis política y social que llevó a las instituciones de la Defensa Nacional, frente a las demandas insistentes de la mayoría de la población civil, a asumir el gobierno de la nación. Por ejemplo, no se señala que había 3 mil resoluciones de los tribunales de justicia sin cumplir, que no se respetaban los dictámenes de la Contraloría General de la República, ni menos se menciona que había en el país varios miles de violentistas armados y con preparación paramilitar en el exterior, siendo muchos de ellos extranjeros, lo que ponía en serio riesgo nuestra soberanía nacional.
Extrañeza causa la definición que se hace del MIR como "Movimiento que propiciaba cambios sociales y políticos profundos y no participó en las campañas electorales, pues sus integrantes postulaban la vía revolucionaria para llegar al poder". Nada se dice, en cambio, sobre su carácter terrorista y de los graves atentados que en ese carácter causó su accionar.
Además, el texto nada expresa en cuanto a que el Presidente Allende no respetó la Constitución, y menos que luego confesó a Régis Debray que habría jurado respetarla sólo para obtener el apoyo de la Democracia Cristiana en el Congreso Pleno.
Tampoco hace referencia y ni siquiera insinúa cómo en ese período los Ministros de Estado eran destituidos, tras haber sido acusados constitucionalmente, y de inmediato eran designados en otra Cartera.
Más adelante, este texto de estudio para nuestros niños, en particular en la página 133, reproduce parte del discurso del Presidente Salvador Allende, donde señala: ""pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza.". Y luego se hace lo mismo con parte de la proclama de las Fuerzas Armadas y Carabineros, donde "reiteran al pueblo de Chile, la absoluta unidad de sus fuerzas y su decisión inquebrantable de luchar hasta las últimas consecuencias para derrotar al Gobierno Marxista". O sea, cosas que no se pueden comparar por el peso que ellas tienen.
A partir de esas publicaciones, se pide a los alumnos que comparen ambos textos. Ello, sin temor a equívocos, los induce a confrontar el discurso de un hombre que estaba a las puertas del suicidio y sin ninguna responsabilidad ulterior, con un discurso que pone énfasis en las medidas de fuerza, necesarias por los acontecimientos vividos. Sin embargo, no se hace mención al Bando Nº 5, documento capital, donde se exponen los fundamentos de tales medidas.
Respecto del Gobierno del Presidente Augusto Pinochet, se resalta que derogó la Constitución de 1925 y que la reemplazó por otra, la de 1980, aprobada en un plebiscito en el que ¿se señala- no había registros electorales, sin explicar por qué no existían. Se hace un paralelo de sólo 15 líneas entre ambas Constituciones, el cual se limita a aspectos netamente formales, como, por ejemplo, la división del país en regiones, la edad para ser ciudadano, la duración del mandato presidencial y el número de Diputados.
Sin embargo, en algo que parece un olvido inexplicable, no menciona nada, por ejemplo, sobre la nueva definición de Estado, la que pone a éste al servicio de las personas y no al revés; ni menos sobre la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Nada dice sobre aspectos tan innovadores como consagrar la autonomía de los grupos intermedios, ni menos sobre el recurso de protección. Tampoco se refiere a la modificación que permite a los tribunales de justicia ordenar directamente el cumplimiento de sus sentencias a Carabineros, sin la intervención de otras autoridades de Gobierno, tales como intendentes y gobernadores.
El texto omite todo lo relacionado con las nuevas garantías constitucionales, como, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tema de suyo relevante en la actualidad.
Es importante señalar que no se hace mención a la autonomía del Banco Central, que ha evitado el aumento de la inflación a la que el país ya estaba acostumbrado. Tampoco se profundiza en dicho texto sobre la consagración constitucional de los Senadores institucionales y vitalicios, que ha permitido la existencia de un Senado mixto, con el evidente aporte que hacen a la actividad parlamentaria personas que han ocupado altos cargos en distintas áreas del quehacer nacional.
Llama la atención, señor Presidente, que respecto del Gobierno militar, fuera del paralelo acerca de las dos Constituciones Políticas a que me he referido, solamente se destacan hechos como la violación de los derechos humanos y la creación de la DINA y la CNI, consignados en dos páginas del citado texto de estudio.
En lo económico, habla del crecimiento experimentado por el país entre los años 1973 y 1990, resaltando que el Gobierno Militar decretó que la mayoría de las tierras que habían sido expropiadas fueran devueltas a sus antiguos dueños, sin mencionar para nada la asignación de tierras en propiedad individual a los campesinos.
En materia de comercio exterior, el texto compara cifras de 1986 con otras de 1998, en vez de hacer un parangón entre el año 1973, en que se exportaban 90 productos a 47 países, y el año 1980, en que se enviaban 1.460 productos a 97 países y donde el cobre disminuyó claramente su importancia porcentual en el total de las exportaciones.
En virtud de estas consideraciones, me parece de suma importancia, para que nuestros niños tengan un adecuado conocimiento de los trascendentales sucesos históricos que en los últimos años se han desarrollado en nuestro país, que se oficie al Ministerio de Educación, solicitándole que el texto sólo continúe siendo distribuido una vez revisado, concordado y aprobado por un conjunto de historiadores y académicos que determinen, de manera objetiva, una visión más amplia de ese período histórico, la cual debería contemplar, necesariamente, un detallado análisis a contar de la década de los 60 en adelante.
Éstos son algunos de los ejemplos que considero particularmente relevantes y que he deseado señalar, sin perjuicio de que el referido texto de estudio trata otras materias que presentan un contenido similar a las anteriores.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, y con la adhesión de los Honorables señores Martínez y Stange, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:38.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción