REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 2ª, en miércoles 3 de junio de 1998
Ordinaria
(De 10:49 a 14:8)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pinochet Ugarte, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, el señor Ministro de Obras Públicas, y el señor Subsecretario de Obras Públicas.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 33 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 2ª, ordinaria, en 18 de marzo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 3ª, ordinaria, en 31 de marzo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que solicita el archivo o el retiro, según corresponda, de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica la planta de personal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el objeto de otorgar el carácter de funcionarios de exclusiva confianza a los cargos de Jefes de Oficina. (Boletín Nº 1539-06).
2) El que reduce el período en la Presidencia de la Corte Suprema, aumenta el número de Ministros y elimina los abogados integrantes en esa Corte. (Boletín Nº 2059-07).
3) El que establece la obligación de entregar a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos la documentación oficial que indica. (Boletín Nº 1143-06).
4) El que crea la comuna de Hualpencillo en la provincia de Concepción, Región del Biobío. (Boletín Nº 1764-06).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado, previa consulta a la Honorable Cámara de Diputados respecto de los proyectos signados con los Nºs 3) y 4).
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente¿
El señor VIERA-GALLO.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Otorgaré la palabra una vez terminada la Cuenta, Sus Señorías.
Puede continuar, señor Prosecretario.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Han llegado los siguientes
Oficios
Del señor Ministro del Interior, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ríos, referido al problema del narcotráfico que afecta al país.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Errázuriz, relativo a los caminos que señala.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al deterioro de la red de agua potable en las Islas Huichas.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al proyecto de vertedero de residuos industriales en Valle Verde.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 194 del Código del Trabajo en materia de protección a la maternidad. (Boletín Nº 1760-13). (Véase en los Anexos, documento 1).
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la obligación de que las parcelas, sitios y bienes comunes derivados del proceso de reforma agraria sean enajenados por escrituras públicas separadas. (Boletines Nºs 1496-01 y 1572-01, refundidos). (Véase en los Anexos, documento 2).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta de la Sala acerca de la procedencia de la tramitación legislativa en relación a los instrumentos internacionales denominados "memorandos de entendimiento". (Boletín Nº S 1224-10). (Véase en los Anexos, documento 3).
--Quedan para tabla.
Comunicaciones
De la Comisión de Relaciones Exteriores, por la que recaba el acuerdo de la Sala para que los siguientes proyectos, una vez informados por esa Comisión, sean conocidos por la de Hacienda, por contener materias de la competencia de ésta:
1) Acuerdo sobre Transporte Aéreo Internacional entre la República de Chile y la República de Bolivia. (Boletín Nº 1261-10);
2) Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Jamaica sobre servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios, y su anexo. (Boletín Nº 1377-10); y
3) Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia. (Boletín Nº 1615-10).
--Se accede a lo solicitado.
Del grupo designado para estudiar las comunicaciones de la Corporación, con la que informa que se ha constituido y ha elegido como Presidente al Senador señor Augusto Parra Muñoz.
--Se toma conocimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
SOLICITUD PRESIDENCIAL PARA ARCHIVO O RETIRO DE PROYECTOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente, acaba de darse cuenta de que Su Excelencia el Presidente de la República solicitó el archivo o retiro de cuatro proyectos, entre ellos el que modifica la planta de personal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena -número 1)- y el que establece la obligación de entregar a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos determinada documentación oficial -número 3)-, que se encuentran en la Comisión de Gobierno.
¿Automáticamente quedan archivadas o retiradas las iniciativas pertinentes? ¿Cuál es el procedimiento? No tengo claro qué pasa.
En el caso de los dos proyectos que cité, ya hemos efectuado varias discusiones en la Comisión de Gobierno; incluso, uno de ellos se encuentra bastante avanzado en su estudio.
Además, deseo que se me explique por qué debe hacerse una consulta previa a la Cámara de Diputados respecto de la iniciativa que obliga a entregar documentación oficial a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que ya se encuentra en la Comisión de Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Secretario).-
Me informa el señor Prosecretario que los proyectos Nºs 1) y 2) se hallan en el Senado, y los Nºs 3 y 4, en la Honorable Cámara de Diputados.
La señora FREI (doña Carmen).-
El Nº 3 está en la Comisión de Gobierno.
El señor LAGOS (Secretario).-
Se me hace presente que el Nº 3 tuvo su origen en la Cámara de Diputados.
La señora FREI.-
Y el Nº 4 también se encuentra en la Comisión de Gobierno.
¿Debemos resolver el punto en la Comisión o la Sala toma el acuerdo de archivar o retirar las iniciativas pertinentes? ¿Cuál es el procedimiento?
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito a la Secretaría que dé respuesta a la señora Senadora sobre cuál es el procedimiento.
El señor LAGOS (Secretario).-
El procedimiento es que las solicitudes de archivo de proyectos deben ser aprobadas por la Sala, tal como reza la providencia contenida en la Cuenta: "Si le parece a la Sala, se accede a lo solicitado,"...
Los señores Senadores pueden adoptar otra resolución acerca de alguno de esos proyectos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, respaldando lo señalado por la Senadora señora Frei, debo hacer presente que se está solicitando el retiro del proyecto que crea la comuna de Hualpencillo, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y pende de la consideración del Senado.
Me parece conveniente que esa iniciativa siga su tramitación en el Congreso. Por lo tanto, si el Ejecutivo plantea su retiro o archivo con acuerdo del Senado, sugiero que al menos se posponga ese acuerdo hasta que la Comisión de Gobierno informe sobre la materia.
Se trata (reitero) de un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y somos muchos los que estamos a favor de él. Consulté al respecto al Honorable señor Sabag, Senador por la misma circunscripción que yo represento, quien tiene un criterio igual al que estoy expresando en este minuto.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si no hay acuerdo en la Sala, procede sencillamente no aceptar la solicitud del Presidente de la República. Tan claro como eso.
Por lo tanto, si no existe acuerdo, no se ordena ni el archivo ni el retiro de las iniciativas.
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, tengo la impresión de que ésta es la primera vez que el Ejecutivo pide formalmente el archivo de proyectos. Siempre las solicitudes en tal sentido han sido de las Comisiones.
Desde mi punto de vista, las iniciativas en cuestión deberían ser enviadas a las Comisiones donde se encuentran radicadas, a fin de que informen sobre la petición formulada por el Presidente de la República y la Sala resuelva en definitiva.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Creo que es el procedimiento más adecuado.
¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente, me asalta una duda.
De los proyectos cuyo retiro se solicita, el signado con el número 2) ya sería ley, e incluso, habría funcionado. El señor Jordán dejó de ser Presidente de la Corte Suprema; se eligió como tal a don Roberto Dávila, y ahora se pide el retiro de dicha iniciativa.
¡No entiendo!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por eso, a juicio de la Mesa, lo lógico es que dichos proyectos sean remitidos a cada una de las Comisiones, con el objeto de que informen a la Sala si procede o no su archivo o retiro, dando las razones para aceptar o rechazar la solicitud presidencial.
Por lo tanto, podríamos acoger la proposición formulada por el Honorable señor Ríos, en orden a remitir tales iniciativas a las Comisiones pertinentes, para que informen a la Sala. De esa forma será posible aclarar las dudas de los señores Senadores.
Si hay acuerdo, se enviarán a las respectivas Comisiones los proyectos cuyo retiro o archivo ha solicitado el Presidente de la República.
La señora FREI (doña Carmen).-
Daría mi consentimiento siempre que la Mesa oficiara al Ejecutivo acerca del procedimiento aplicable a futuro; esto es, que cuando desee archivar o retirar una iniciativa, comunique a la Comisión donde está radicado el proyecto pertinente, al menos, la razón de su planteamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En mi opinión, lo lógico es que nosotros mismos, frente a cualquier solicitud formulada por el Presidente de la República en tal sentido, adoptemos la decisión de enviarla a la Comisión correspondiente para que nos informe sobre la procedencia del retiro o archivo del proyecto respectivo. Sin duda, ese procedimiento es más directo.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, tengo entendido que, reglamentariamente, si el Ejecutivo pide el retiro de un proyecto presentado por él, basta que un Senador lo haga suyo para que no proceda la solicitud. De tal manera que no habría necesidad de pedir informe de Comisión sobre la materia.
Habría que consultar al señor Secretario respecto de ese punto. En este instante no recuerdo el número del artículo. Pero, en verdad, no se precisa consultar a la Comisión donde está radicado el proyecto si un Senador lo hace suyo. En tal caso, él no podría ser retirado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Efectivamente, el Reglamento permite a cualquier Senador hacer suyo un proyecto que se pretenda retirar o archivar. Sin embargo, en este caso nadie ha formulado petición en tal sentido.
Por lo tanto, las iniciativas serán remitidas a las Comisiones pertinentes, para que nos informen si procede o no su retiro o archivo.
Ahora, si algún señor Senador hiciera efectivo el derecho que franquea el artículo 132 del Reglamento, cambiaría la situación.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, hago efectivo mi derecho y pido que no se retiren los proyectos.
Corresponde, sí, enviarlos a las Comisiones respectivas con el objeto de que soliciten los antecedentes en que se basa el Ejecutivo para plantear su retiro, los cuales, ciertamente, pueden ser válidos. Pero si no contamos con esa información -como aquí se ha expresado-, no es procedente retirar un proyecto que ya ha sido tratado.
En consecuencia, me opongo al retiro. Pero, sí, concuerdo en que los proyectos puedan ir a la Comisión pertinente, para conocer las razones del Ejecutivo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Eso es precisamente lo que se está proponiendo: enviar los proyectos a las respectivas Comisiones, para conocer los motivos que justifican la solicitud del Gobierno.
En todo caso, debo hacer presente al Honorable señor Lavandero que, si desea hacer suyos los proyectos, habrá que revisarlos uno a uno, porque no procede el derecho reglamentario de los señores Senadores en las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispone el mismo artículo 132 del Reglamento.
Por lo tanto, Su Señoría, puede ejercer desde ya su derecho, pero el proyecto será enviado a la Comisión respectiva para requerir la información necesaria.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, entiendo que también hay una equivocación en tal sentido, pues el Ejecutivo ya dio su iniciativa y la mantiene.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La está retirando, señor Senador.
El señor LAVANDERO.-
No puede retirar la iniciativa si alguien hace suyo el proyecto.
Por consiguiente, lo que está en cuestión aquí es el conocimiento por la Comisión de las razones por las cuales el Ejecutivo pretende retirar los proyectos.
El señor DÍEZ.-
No, Honorable colega.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
A juicio de la Mesa, el Honorable señor Lavandero no está en la razón. El artículo 132 dice en forma expresa que, respecto de un proyecto del Ejecutivo, un Senador podrá hacerlo suyo sólo "cuando no implique cuestiones que importen el ejercicio de facultades privativas del Presidente de la República o no sean materias cuya iniciativa le pertenezca exclusivamente".
Ésa es la interpretación estricta del Reglamento. Su Señoría puede hacer suyos los proyectos en lo que dice relación a otras materias.
Por lo tanto, como no hay oposición, las iniciativas serán enviadas a las Comisiones respectivas para que informen a la Sala sobre su retiro o archivo, sin perjuicio del derecho que asiste a los señores Senadores de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento.
El señor URENDA.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor URENDA.-
Estimo que el problema envuelve una cuestión más de fondo, señor Presidente, porque, tal como lo expresó usted, "El autor de un proyecto o indicación sólo podrá retirarlo antes de ser votado en Comisión o en Sala". En ese caso puede hacerlo suyo un Senador, con las limitaciones derivadas de las facultades privativas del Presidente de la República.
Ahora bien, lo que no está claro es si el Primer Mandatario puede retirar un proyecto que ya ha sido aprobado en Comisión o en Sala; en este caso, una de las iniciativas fue aprobada por una rama del Congreso.
Al respecto, sería bueno contar con un pronunciamiento de la Comisión de Constitución.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por eso los proyectos serán remitidos a las Comisiones respectivas, para que, acerca de cada uno de ellos, informen a la Sala sobre el retiro o archivo que está pidiendo el Presidente de la República.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
--Así se acuerda.
HOMENAJE EN MEMORIA DE EX SENADOR DON HUMBERTO PALZA CORVACHO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Para rendir homenaje en memoria del ex Senador don Humberto Palza Corvacho, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente:
Mis camaradas Senadores me han concedido el honor de reseñar aspectos de la vida de quien fuera Regidor, Diputado, Senador y Embajador, don Humberto Manuel Palza Corvacho, prematuramente fallecido el pasado 6 de mayo en su ciudad natal, Arica, donde vio la luz el 25 de diciembre de 1936.
El Norte Grande de nuestro país, que tanta riqueza aporta al creciente desarrollo nacional, puede exhibir también con merecido orgullo que ha entregado destacados valores humanos a la patria. Y no cabe duda de que Humberto es uno de ellos.
Sus estudios los realiza en el Instituto Comercial de Arica, y luego, en el Instituto Pedagógico Técnico, de donde egresa como profesor de inglés.
En la política se inicia a temprana edad, siendo el Demócrata Cristiano su Partido de siempre. Entre 1961 y 1962 preside la Juventud Demócrata Cristiana de Arica; es elegido Regidor de 1963 a 1967, y nuevamente, de 1967 a 1969, siendo alcalde subrogante en innumerables oportunidades. Paralelamente, ocupa el cargo de Consejero Regional del Partido. Fue tan brillante su desempeño en estas funciones que, justicieramente, es elegido Diputado por Arica, Iquique y Pisagua para el período 1969-1973, siendo reelecto este último año. Culmina su carrera política cuando es elegido Senador por la Primera Región, en 1989.
Largo sería enumerar las iniciativas de Humberto Palza desde que se entregó por entero a su vocación de bien público. Mencionaré sólo algunas.
Participó activamente en la Central Unitaria de Trabajadores de Arica; también, en el Plan de Integración Educacional de esa ciudad. Se dio tiempo para integrar el Coro de la Universidad Técnica del Estado y el Coro Polifónico de Arica, además de ser miembro del Instituto Chileno-Alemán de Cultura.
Su quehacer giró fundamentalmente en torno de su amada Región y fue un luchador incansable en su acción tendiente a la solución de sus múltiples problemas, muchos de los cuales, lamentablemente, todavía subsisten.
En la Cámara de Diputados perteneció a las Comisiones de Vivienda y Urbanismo, de Defensa Nacional y de Gobierno Interior, y a la Comisión Investigadora de las Universidades, en 1969 y 1970.
En el Senado integra la Comisiones de Educación y de Trabajo y Previsión Social, habiendo presidido esta última entre el 10 de junio de 1992 y el 10 de noviembre de 1993, fecha en que renuncia.
Su actividad parlamentaria ocupa muchas carillas. Sus mociones, intervenciones, homenajes, etcétera, llevaron siempre su sello personal, franco, directo y, no obstante, sin estridencias; modesto, casi humilde, pero armado de su inquebrantable fe cristiana. Sus expresiones al despedirse de esta Corporación lo definen:
"He tratado de servir como un cristiano comprometido con los valores de la Iglesia, en todo momento y no para fines circunstanciales. Mi fe me ha enseñado que Cristo ha constituido a todos los fieles como sus testigos y que Él nos dota del sentido de lo eterno y de la gracia de la palabra, como se lee en los Hechos de los Apóstoles. En la pequeñez de mis medios, he querido hacer realidad la enseñanza del Concilio Vaticano II"¿
"Si no he estado a la altura de esa meta, el Señor me perdone, como yo mismo pido perdón a quienes he desilusionado, si no he podido dar un testimonio más digno del Credo que recito.".
Como reconocimiento de sus relevantes méritos, el Gobierno del Presidente Frei lo designó Embajador en los países del Caribe, con asiento en la República de Guatemala. Posteriormente, de regreso en Chile, ya con la salud quebrantada, aceptó el cargo de Representante de la Cancillería, con rango de Embajador, en la Primera Región de Tarapacá, con el superior objetivo de incrementar y proyectar el proceso de integración del norte chileno con los países limítrofes, en la perspectiva del MERCOSUR.
Así fue Humberto Palza, un hombre de bien, íntegro, noble, generoso, caballero. En nombre de mis Honorables colegas del Comité Demócrata Cristiano, quiero decirle que siempre estará en nuestra memoria; que su ejemplo de honestidad, trabajo, coraje y su entrega amorosa por las causas nobles nos servirán de guía en nuestras actividades legislativas y en nuestro diario vivir.
A Mónica, su abnegada compañera de toda la vida; a sus hijos Alejandra Mónica, Javiera Ismenia, Marcela Paz, Humberto Cristián y Beatriz Graciela; a sus familiares, que nos acompañan hoy desde las tribunas, les hacemos llegar nuestra expresión del más profundo sentimiento de pesar por tan dolorosa partida. Que el recuerdo de sus virtudes sea el bálsamo portador de la necesaria resignación. Que les sirva de consuelo el haber disfrutado a este hombre digno y generoso, que no obstante su intensa vida pública supo derramar en su hogar todo su amor y su ternura.
Estoy cierto de que Dios ha recibido a Humberto como a uno de sus hijos dilectos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, estimados colegas -y deseo saludar, también, a la familia y amigos de Humberto que nos acompañan desde las tribunas-, pronuncio estas palabras en nombre del Partido por la Democracia, el Partido Socialista y los Honorables señores Enrique Silva y Augusto Parra.
La importante labor senatorial de Humberto Palza hace innecesario recordar una por una todas las ocasiones en que intervino en esta Sala para servir a Chile y a los habitantes de la Primera Región. Todos conocemos la ardua actividad que desplegó por Tarapacá, Región que represento en el Senado. Desde su prisma cristiano, desarrolló con vocación de servicio una obra enorme en favor de Arica, primero como regidor, en dos oportunidades, hasta fines de los años 60; luego como Diputado, también por dos períodos, hasta 1973, cuando su trabajo parlamentario fue truncado por el golpe militar y el cierre del Congreso.
Con la llegada de la democracia, por la cual abogó con espíritu de entrega y seguridad de maestro, el pueblo de Tarapacá lo eligió Senador sabiendo que con ello contaba con un defensor de la libertad y un luchador comprometido con el progreso de las familias. Entre 1990 y 1994, Humberto fue miembro de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Educación y Cultura, y de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y en ellas demostró esa contribución a nuestros compatriotas, con entereza y entusiasmo, cuando se comenzaba a reinstaurar la democracia.
En su larga labor parlamentaria promovió importantes proyectos: el desarrollo de la minería, ya desde antes de 1973, asunto hoy en plena discusión; la reforestación de la Pampa del Tamarugal; incentivos a la agricultura de los pueblos rurales. Al revisar su labor senatorial después de la dictadura, se aprecia su destacado aporte al debate parlamentario, en temas que muestran su versatilidad e inquietud social y que apuntan al progreso de su Región, como en iniciativas relacionadas con el desarrollo y fondos para Arica; en el proyecto Chile Norte, firmado con la Unión Europea; en intervenciones muy relevantes sobre reformas laborales, exonerados políticos, asignación familiar, pueblos indígenas.
En esta oportunidad, en que recordamos su vocación de servicio, nos llegan a la memoria pasajes de su última intervención en esta Sala, hace ya cuatro años. Entonces dijo el Senador Palza, citando la enseñanza del Concilio Vaticano II:
"Más aún los seglares por razón de su vocación particular tienen el cometido específico de interpretar a la luz de Cristo la historia de este mundo, en cuanto que están llamados a iluminar y ordenar todas las realidades temporales según el designio de Dios Creador y Redentor.".
Y continuó con lo que considero la grandeza de la humildad, reflejada en algo ya mencionado por el Honorable señor Sabag:
"Si no he estado a la altura de esa meta, el Señor me perdone, como yo mismo pido perdón a quienes he desilusionado, si no he podido dar un testimonio más digno del Credo que recito.".
Tuvo la fortaleza -y en esas frases ello queda patente- de saber pedir perdón hasta por sus omisiones, sin temores. Ésa es la actitud de un humanista, de un patriota, de un servidor desinteresado que nada tiene que ocultar.
En otro de sus pasajes, Humberto demostró, también, su valoración por la tolerancia, al manifestar su admiración por Erasmo de Rotterdam con estas palabras:
"En la historia del pensamiento existió un hombre genial, Erasmo de Rotterdam, quien creyó que la educación y el saber podrían erradicar de la humanidad los sectarismos y las intolerancias de todo género. Él pensaba que si los hombres verdaderamente hablaran y se escucharan, podrían ponerse de acuerdo y terminar con las guerras y rivalidades, propias de lo que él llamó la estulticia humana.
Y continuó: "Señor Presidente, creo -en tanto educador- que en estos cuatro años de trabajo de la Corporación algo del sueño de Erasmo se ha cumplido.
"Dios quiera que este espíritu que ha reinado entre nosotros, esta rara flor de la concordia y de la comunidad humana," -prosiguió- "no sea en el futuro quebrantada por la pasión y los egoísmos. Un Senado -"liga de hombres sabios", en la terminología de Erasmo- es demasiado importante en la estabilidad cívica para que su quehacer sea alterado por los aventureros egocentristas.".
Quiero agradecer hoy la obra y el pensamiento que legó Humberto Palza; su fecunda y abnegada vida, entregada al servicio de Tarapacá y de todo Chile, una Región y un país que reconocen su convicción y su trabajo por retornar a la democracia, por sacar adelante a su zona.
A su viuda, Mónica Cordero, y a sus cinco hijos les expreso mis más sentidas condolencias, así como las del Partido Por la Democracia, el Partido Socialista y los Honorables señores Enrique Silva y Augusto Parra.
Como Senador por la Primera Región, espero, con mis limitaciones, contribuir a completar su obra, en beneficio de la Región de Tarapacá, de la democracia y de la justicia social en Chile.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, señores Senadores, familiares del ex colega Humberto Palza:
Con profunda emoción, adhiero, en nombre del Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes y en el mío propio, al homenaje que esta Corporación rinde hoy, muy merecidamente, en memoria de su ex integrante el Senador por la primera circunscripción Humberto Palza Corvacho.
Aunque quienes me han precedido en el uso de la palabra han puesto de relieve muchos aspectos importantes en la trayectoria humana y política de Humberto, como su actuación en la Cámara de Diputados y en esta Corporación, quisiera agregar algunas palabras mías.
Si bien lo conocí personalmente sólo el 11 de marzo de 1990, con ocasión del juramento de los integrantes del Senado que reiniciaba sus labores en ese día, sabía de él a través de sus actuaciones públicas y de firme defensor de su Región y del afecto que le dispensaban quienes lo conocían.
Aún más, recuerdo muy bien la ansiedad y legítima preocupación que sentí por este nuevo colega de una corriente política distinta, quien, recién elegido, desafiaba una enfermedad gravísima, de la cual en aquel entonces pudo sobreponerse, lo que nos permitió verlo participar en nuestra tarea parlamentaria.
En los cuatro años en que convivimos en el Senado, no obstante tener posiciones distintas, pudimos entendernos siempre que había un problema importante que resolver, o una cuestión trascendente para el país y, en especial, para las Regiones. Y, por ello, aprendí a admirarlo y apreciarlo.
Humberto nació en Arica. Inició sus estudios en una escuela de Azapa y, a través de los años, llegó a ser Profesor de Estado en Inglés. Casado con la distinguida educadora doña Mónica Cordero, formó una hermosa familia.
Deseo destacar especialmente en esta tarde que, como típico personero de su querida Primera Región -y muy específicamente de su Arica natal-, representó con firmeza, con convicción y también con capacidad y simpatía a los millones de chilenos que hemos nacido fuera del Gran Santiago y que debemos luchar por que un excesivo centralismo no consuma un parte mayoritaria de las energías del país entero y dificulte el crecimiento armónico y equitativo que Chile requiere para su mejor desarrollo y, a veces, precisamente en casos como el de Arica, para un mejor afianzamiento de la soberanía nacional en las zonas extremas.
Como bien se ha dicho, tuvo una vocación política muy marcada desde joven, perteneciendo siempre a la Democracia Cristiana, dentro de la cual desempeñó muchos cargos relevantes y a la que también representó en el Parlamento: en dos oportunidades como Diputado por Arica y una vez como Senador por la Primera Circunscripción.
En el Senado fuimos testigos de su permanente preocupación por la Región que había depositado en él su confianza y, desde luego, por Arica. Especialmente, quisiera destacar su calidez humana, su sencillez, su afectuoso trato y su amistosa relación con todos sus colegas, cualquiera que fuera su color político.
Recuerdo de él, como una característica muy suya, su voz bien timbrada y grata que le permitió cuando joven participar en coros, lo cual tal vez influyó en su disciplina y en esa armonía que él estimaba que debía existir en todo conjunto orgánico de personas.
Fue, pues, un Senador que dejó huellas por su espíritu de trabajo, dedicación y capacidad, y por su ánimo conciliador, fue un factor de unión dentro de esta Corporación.
Lamentablemente -como sucede en mayor grado en las Regiones alejadas del centro del país-, los electores de la Primera Región no apreciaron en todo lo que valía su lucha permanente por defender sus intereses y su excelente labor parlamentaria.
Ello, sin embargo, permitió que pudiera representar a Chile en forma muy digna como embajador en Honduras y, en la medida en que su salud lo permitió, siguió hasta el último desempeñando cargos vinculados con su Arica.
Su fallecimiento prematuro, cuando mucho podía esperarse de él, nos llena de dolor.
Quiero recordarlo, en nombre de mis Honorables colegas, con mucho cariño, y hago llegar a su esposa Mónica y a sus hijos Alejandra, Javiera, Marcela, Cristián y Beatriz, nuestro más sentido pésame, y decirles que confío en que pueda aminorar su dolor la convicción de que el esposo y padre ejemplar desaparecido fue un hombre íntegro que hizo mucho bien, con lo cual tengo la certeza de que está gozando de esa vida eterna en la cual, como buen cristiano, siempre tuvo fe.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, quiero rendir un homenaje en memoria del ex Senador Humberto Palza, recientemente fallecido.
Apreciamos en el Senador Palza una larga y consecuente trayectoria en la vida pública nacional, iniciada en los años sesenta y culminada en esta Cámara entre los años 1990 y 1994.
En ese período, pudimos valorar especialmente la seriedad, tenacidad, coherencia y nobleza con que defendió sus ideas.
Aunque entonces él ya sabía la gravedad de la enfermedad que lo afectaba, no ahorró esfuerzos ni dedicación a su labor legislativa. Se entregó a ella con el mismo entusiasmo con que en años anteriores se había consagrado a otras causas que motivaron su interés, como por ejemplo la protección ambiental.
Así, ya en 1985, antes de que se estatuyera la institucionalidad que hoy busca resguardar el medio ambiente, como simple particular y valiéndose únicamente de las normas constitucionales, exigió mediante un recurso de protección que se suspendiera la extracción de agua del lago Chungará, que forma parte del Parque Nacional del Lauca. En diciembre de ese mismo año, la Excelentísima Corte Suprema confirmó por unanimidad la procedencia de ese recurso, en un fallo que ha sentado jurisprudencia.
Incluso en los momentos de mayor polémica, el ex Senador Palza mantuvo invariablemente la altura de espíritu que ennoblece la política, haciendo de ella una contraposición de ideas y no un choque de enconos ni una enemistad personal.
En el marco de esa personalidad, siempre nos parecieron especialmente destacables sus cualidades humanas: la calidez de su trato, la sencillez, incluso la modestia de su acción, y cuando era preciso, la valerosa capacidad para defender sus convicciones. Esos rasgos agregaban a sus planteamientos especial respetabilidad.
La Región que lo eligió fue muy dignamente representada en el Senado y su labor en esta Corporación fue muy amplia y fecunda. Creo, sin embargo, que él concluyó su vida justamente satisfecho de haber contribuido de muchos modos a la realización de ideas y aspiraciones a las que dedicó toda su existencia y lo mejor de sus capacidades.
Deseo, señor Presidente, hacer llegar a la distinguida familia del ex Senador Palza nuestras profundas condolencias, con el testimonio de nuestro sincero respeto y muy afectuoso recuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, estimada Mónica e hijos de mi querido amigo Humberto Palza:
El Comité Renovación Nacional adhiere a este homenaje rendido por el Comité Demócrata Cristiano y también por el Senador señor Urenda, en nombre del Comité Unión Demócrata Independiente.
Humberto Palza -hombre sencillo como somos los hombres del norte- fue un gran luchador, un gran amigo. Me tocó conocerlo como Presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Iquique en circunstancias muy diferentes de las de hoy, y desde esos años, cuando era Diputado por primera vez, trabajamos por el norte con transparencia y honestidad a toda prueba. También nos correspondió recorrer el desierto, el altiplano chileno, con esa fuerza con que los nortinos adoramos la tierra que nos vio nacer por el legado que representa para nuestra patria.
Pero, más allá de todo ello, estaba el hombre. Tuve la oportunidad de trabajar con Humberto Palza como Senador. ¡Qué agrado, en verdad, fue trabajar con él! Porque, con independencia de lo que representábamos políticamente, éramos capaces de conversar con autoridades de Gobierno en forma respetuosa, sin odios, sin amarguras, y de plantear las diferentes alternativas en la lucha por nuestra Región.
Cuando recién contrajo su enfermedad en Iquique, inmediatamente después de resultar electo Senador de la República, estuve muy cerca de él en la clínica, con su señora esposa y la familia, y en el emocionante momento en que lo trasladábamos a Santiago pidió calma y tranquilidad a todos quienes se despedían de él, porque todo pasaba. En uno de los últimos viajes, una semana antes de que falleciera en Santiago, conversé con él en el aeropuerto y tenía mucha confianza en superar la adversidad. No fue así. Pero este gran Senador, este gran hombre -que debería servir de ejemplo a muchos- ha dejado un valioso legado, especialmente para la gente del norte.
En nombre de todos los habitantes de la Primera Región rindo homenaje a este ex colega, y expreso mis sinceras condolencias a su mujer, a sus hijos, jóvenes a quienes tanto quiero y que conocieron de la amistad con su señor padre.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminado el homenaje.
Ha llegado a la Mesa un acuerdo unánime de los Comités para publicar in extenso el homenaje tributado por Sus Señorías.
Se suspende la sesión por algunos minutos a fin de saludar a la familia.
_____________
--Se suspendió a las 16:55.
--Se reanudó a las 17:5.
_____________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Continúa la sesión.
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.253, RESPECTO A CONSTITUCIÓN
DE DOMINIO EN ISLA DE PASCUA PARA MIEMBROS DE
COMUNIDAD RAPA NUI. INFORME DE COMISIÓN MIXTA.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde tratar, en Fácil Despacho, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica los artículos 66 y 69 de la ley Nº 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respecto de la constitución del dominio en Isla de Pascua para los miembros de la comunidad rapa nui.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Hamilton y Andrés Zaldívar).
En primer trámite, sesión 31ª, en 5 de septiembre de 1995.
En tercer trámite, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 3ª, en 4 de junio de 1996.
Gobierno y M. Ambiente, unidas (segundo), sesión 27ª, en 21 de enero de 1997.
Mixta, sesión 16ª, en 19 de mayo de 1998.
Discusión:
Sesiones 11ª, en 2 de julio de 1996 (se aprueba en general); 29ª, en 4 de marzo de 1997 (queda pendiente la discusión particular); 31ª, en 11 de marzo de 1997 (se aprueba en particular, y queda pendiente reapertura del debate); 33ª, en 18 de marzo de 1998 (se rechaza reapertura del debate); 5ª, en 5 de abril de 1998 ( se rechazan enmiendas de la Cámara de Diputados, y se despacha).
El señor LAGOS (Secretario).-
La Comisión Mixta se formó de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, porque el Senado -como Cámara de origen- rechazó las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al referido proyecto.
La aprobación del informe de dicho organismo requiere quórum calificado, en razón de lo dispuesto en el artículo 19, número 23, de la Constitución Política.
Las proposiciones de la Comisión aparecen al final del citado informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, antes de la intervención del señor Senador, deseo manifestar que este proyecto reviste tal importancia que no debería tratarse en Fácil Despacho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Senador, los Comités acordaron incluirlo en esta parte de la sesión, y yo debo respetar dicho acuerdo.
Por lo tanto, es preciso advertir que para su discusión se dispone de diez minutos, divididos entre los señores Senadores que lo respalden y los que lo impugnen, sin perjuicio de los derechos reglamentarios.
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, este proyecto -originado en moción del Honorable señor Andrés Zaldívar y el Senador que habla- persigue modificar la ley sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en relación con la entrega de tierras fiscales en Isla de Pascua en favor de la etnia rapa nui.
En su artículo 1º, la ley Nº 19.253, de 1993, reconoce a la etnia rapa nui como una de las etnias que "son parte esencial de las raíces de la nación chilena" y "que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.".
Quiero recordar -como lo hice durante la discusión que llevó a cabo el Senado cuando se aprobó la idea de legislar- el compromiso asumido por el Presidente de la República, el 10 de julio de 1994, ante la comunidad pascuense.
El Primer Mandatario señaló: "El Estado de Chile obtuvo su soberanía de los jefes Rapa Nui por acta suscrita el 9 de septiembre de 1888 entre el Capitán de Corbeta de la Armada de Chile don Policarpo Toro Hurtado y el grupo encabezado por el Ariki Atamu Tekena.
"Como una medida destinada a proteger a sus habitantes, el Estado se opuso al requerimiento presentado en 1915 por el ciudadano francés Enrique Merlet ante el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, por el cual pretendía inscribir el dominio de la Isla a su nombre. Para evitar actos como el indicado, el Estado de Chile inscribió a nombre del Fisco, en el año 1933, todas las tierras de la Isla.
"El Estado de Chile reconoce que la tierra tiene un valor y significado trascendental para la comunidad étnica Rapa Nui, pues es ella quien les otorga el sustento, y es el fundamento principal de su existencia y de su cultura.
"El acto de inscripción de la Isla de Pascua a nombre del Fisco respondió al criterio señalado, y compromete al Estado de Chile en la protección de las tierras que la conforman en favor de sus habitantes originarios, postulando el derecho ancestral de la etnia sobre ellas.
"El Estado de Chile, actuando a través de los servicios y organismos públicos competentes, ha entregado, y continuará entregando, en forma progresiva, tierras fiscales a lo miembros de la etnia Rapa Nui, sean en dominio, concesión u otras formas de uso acordes con su tradición, y de conformidad a la normativa legal vigente o a la que pudiera imperar sobre la materia.".
Hasta aquí la cita de las palabras del Jefe del Estado.
El proyecto facilita y norma el acceso de los naturales de la etnia a tierras de su Isla.
Ambas ramas del Congreso Nacional han dado su aprobación a la iniciativa legal, y entre ellas se produjeron dos diferencias, que la Comisión Mixta formada para superarlas -que me correspondió presidir- propone resolver en los términos de que da cuenta el informe respectivo.
Esa Comisión discutió el problema planteado y lo resolvió sobre la base de una indicación presentada por el Ejecutivo.
La primera diferencia se refiere al artículo 69 de la Ley Indígena, relativo a la constitución del dominio en tierras de Pascua. La Comisión propone sustituir los incisos 5º, 6º, 7º y 8º por los siguientes:
"Por exigirlo el interés nacional, las tierras de Isla de Pascua no podrán enajenarse, embargarse, permutarse o gravarse en favor de personas naturales extranjeras, personas naturales chilenas que no pertenezcan a la etnia Rapa Nui o personas jurídicas de cualquier nacionalidad distintas del Fisco de Chile.
"Las personas nombradas en el inciso precedente tampoco podrán adquirir dichas tierras por prescripción ordinaria o extraordinaria.
"A las personas mencionadas en el inciso primero del artículo 66 no les será aplicable el artículo 90 del decreto ley Nº 1.939, de 1977.
"El o la cónyuge no Rapa Nui de cualquiera de las personas mencionadas en el inciso primero del artículo 66 tendrá derecho a suceder a ésta por sucesión por causa de muerte en las tierras de que trata este artículo conforme a las reglas generales.".
La otra diferencia, señor Presidente, se refiere al artículo 4º del decreto ley Nº 2.885, de 1979, que establece normas para el otorgamiento de títulos de dominio y administración de las tierras fiscales de Isla de Pascua, proponiéndose sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 4º.-
El Presidente de la República podrá reservar también terrenos en los sectores urbanos o rurales de la Isla de Pascua para fines turísticos, áreas de esparcimiento y deportes u otros de interés de la comunidad, oyendo previamente a la Comisión de Desarrollo a que se refiere el artículo 67 de la ley Nº 19.253.".
Al aprobarse estas normas, se resolvería el problema de la asignación de tierras fiscales a miembros de la etnia pascuense; se cumpliría el compromiso histórico y la promesa pendiente al respecto, y se daría satisfacción a la sentida aspiración de los compatriotas pascuenses.
De esta forma -como se desprende de la información entregada por el Ministerio de Tierras y de Colonización-, la propiedad en las tierras de la isla quedará en poder del Fisco, de las personas jurídicas o naturales actualmente propietarias y de los miembros de la etnia que tengan acceso a ellas a través de la aplicación de la Ley Indígena, modificada por la iniciativa que estamos conociendo.
De acuerdo con la información entregada por el Subsecretario de Bienes Nacionales, la superficie total de la Isla es de 16 mil 600 hectáreas, las cuales se encuentran distribuidas -voy a leer cifras redondas- en la siguiente forma: el pueblo propiamente tal, la parte urbana, 400; el aeropuerto y la parte rural, 183; servicios públicos, 102; bienes nacionales de uso público, 102; en uso particular de la población rapa nui, 2.956; Parque Nacional Rapa Nui, 6.512; Fundo Vaitea de SASIPA, 4.727; otras tierras fiscales disponibles, 1.516, que serían las que podrían ser objeto de traspaso por parte del Fisco a los miembros de la etnia rapa nui.
Así se cumplirá también -como lo señala el artículo 1º de la Ley Indígena- el "deber de la sociedad en general y del Estado en particular"¿ de "respetar, proteger y promover el desarrollo" de la comunidad y de la cultura rapa nui.
Deseo hacer otra observación.
Dado que en el segundo trámite constitucional del proyecto la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum necesario para aprobar la norma que contiene las limitaciones a la constitución del dominio en Isla de Pascua propuesta por el Senado, y que se produjo acuerdo en ambas ramas legislativas para sustituir la norma respectiva contenida en la Ley Indígena, de no aprobarse la sugerencia que a ese mismo respecto formuló la Comisión Mixta, las tierras de Isla de Pascua quedarían en el peor de los mundos: sin la protección de la Ley Indígena (sustituida) y sin el perfeccionamiento considerado en el actual proyecto (rechazado).
Por esa razón, aparte del mérito de la propuesta misma, es indispensable que el informe de la Comisión Mixta cuente con la aprobación del Senado y también de la Cámara de Diputados.
El señor HORVATH.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Restan dos minutos y fracción para los Senadores que apoyen el informe y diez minutos para quienes lo impugnen. Está inscrito primero el Honorable señor Horvath.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, deseo hacer una consulta al Senador señor Hamilton.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No creo que haya inconveniente dentro del tiempo del Honorable señor Hamilton.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, deseo preguntar ¿por qué el señor Senador plantea que quedarían desprotegidas y en la peor condición las tierras, toda vez que se mantiene la vigencia de algunos decretos referidos a la isla y que son anteriores a la Ley Indígena?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, esos decretos leyes fueron derogados tácita u orgánicamente por la Ley Indígena. El artículo 13 de dicha normativa contempla la forma en que pueden entregarse las tierras y las limitaciones al dominio en Isla de Pascua. Sin embargo, como el proyecto que nos ocupa, en su parte aprobada por ambas ramas del Congreso Nacional, sustituyó dicho precepto y ya no existiría.
Por lo tanto, si la propuesta sustitutiva que hace la Comisión Mixta eventualmente no prosperara, Isla de Pascua quedaría sin protección alguna sobre el dominio de las tierras, por cuanto no regiría la Ley Indígena y porque la norma contenida en el proyecto que nos ocupa habría sido rechazada.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, me gustaría que se me aclarara muy bien lo que acabo de escuchar. Dichos decretos no están derogados; incluso hay claras referencias a ellos en los textos legales. Ocurre que algunas materias dejan de aplicarse, y ello se dice expresamente.
Quiero que se me esclarezca el problema en cuanto a si dichas normativas han sido derogadas. Ello es sumamente importante, dado que hay otros aspectos involucrados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, no sé si mi explicación le sea satisfactoria a Su Señoría: hay derogación orgánica o tácita cuando la Ley Indígena sustituye la legislación aplicable a las tierras de Pascua y, por ende, quedan sin efecto todas las disposiciones anteriores.
La Ley Indígena -actualmente en vigor- se modifica en virtud de la disposición aludida. En efecto, el artículo 13 de dicha normativa (que se refiere concretamente al dominio sobre las tierras en Isla de Pascua), por acuerdo entre ambas ramas del Congreso, se sustituiría por la disposición sugerida por el Senado. Esta última no fue aprobada por la Cámara Baja, porque no hubo quórum. Viene a llenar ese vacío una propuesta concreta de la Comisión Mixta. Si nuestra Corporación o la Cámara de Diputados, o ambas, rechazaran la disposición sugerida por ésta, esas tierras insulares quedarían en el peor de los mundos: no contarían con la protección de la Ley Indígena, dado que ambas Cámaras acordaron sustituir la norma respectiva.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa -originado en moción-, en la forma en que se presenta al Congreso Nacional, no deroga las leyes vigentes sobre la materia. Éstas, por orden cronológico, son el decreto ley Nº 1.939, de 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, aspecto en el cual está envuelto el tema en discusión. Luego, la Ley Indígena ratifica la vigencia del decreto ley Nº 2.885, de 1979, que justamente fija normas para otorgamiento de títulos en la Isla de Pascua. Y, por último, la ley Nº 19.253, de 1933, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sigue absolutamente vigente, con las modificaciones que se pretende introducir en el proyecto.
Si uno revisa la moción, podrá apreciar que en ella hay dos elementos. En primer lugar, derogar la letra c) del artículo 2º de la Ley Indígena, por la cual determinadas personas pueden identificarse y adquirir el status de etnia rapa nui. Tal norma prescribe lo siguiente: "Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas.". Ésa es una idea matriz del proyecto. Todos los Senadores estuvimos de acuerdo en derogar dicho precepto, porque no es posible que por similitud alguien se identifique como rapa nui o pascuense y la ley lo consagre como tal.
Esa idea matriz ya fue aprobada y ratificada, por cuanto la Cámara de Diputados y el Senado estuvieron de acuerdo en ella, y por lo tanto, no fue necesario debatirla en la Comisión Mixta.
El otro elemento de la moción cayó por las diversas transformaciones que ésta experimentó en su trámite legislativo. ¿Por qué digo que "cayó"? Porque la otra parte de la moción permitía que personas naturales chilenas con residencia inferior a diez años pudiesen ser propietarios. Es decir, en sentido contrario, un chileno con residencia de más de diez años podía adquirir propiedad en la isla.
En cuanto a este último elemento -que quedó fuera del proyecto por decisión de la Comisión Mixta-, en esta oportunidad, con el mayor respeto por las personas que pretenden salvaguardar la etnia rapa nui, deseo impugnarlo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, aquí confluyen dos aspectos de importancia y, como la ley lo establece, de interés nacional. Uno: proteger, resguardar y fomentar a la etnia rapa nui, en particular su vínculo sagrado con la tierra y su cultura. Es un elemento con el cual estamos plenamente de acuerdo. Sin embargo, por otro lado, está la proyección de Chile en Oceanía, en su condición de tricontinental. Efecto que también repercute en la configuración del mar presencial, tema éste que ha sido notablemente desarrollado por el ahora Senador institucional señor Martínez Busch y que, además, figura en nuestra legislación nacional, particularmente en la Ley de Pesca y en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
En tal sentido, consideramos que ese segundo elemento, como se presenta por parte de la Comisión Mixta, queda gravemente deteriorado. Precisamente, por esas razones, a nuestro juicio, resulta más justo rechazar la proposición formulada por aquélla y lograr al respecto un acuerdo con los señores Senadores, la Cámara de Diputados y, evidentemente, el Ejecutivo, a fin de que una porción significativa de ese territorio sea de propiedad exclusiva de la etnia rapa nui, pero no el ciento por ciento.
¿Por qué digo lo anterior? Porque en lo que respecta a la distribución de tierras en la isla -que ha sido señalada en cifras-, no se ha hecho el consecuente hincapié en que más del 80 por ciento de ella es de propiedad fiscal, por lo que, de aprobarse la proposición de la Comisión Mixta, sólo podrán entregarse a integrantes de la etnia rapa nui, pero a ningún chileno que no pertenezca a ésta, por muchos requisitos que reúna para ello.
En tal virtud, a mi juicio, la propuesta de la Comisión Mixta tiene vicios de constitucionalidad. En primer lugar, porque las leyes vigentes que señalé permitían y permiten hasta el día de hoy que chilenos que cumplan determinados requisitos puedan acceder como propietarios a una fracción de terrenos en Isla de Pascua, como lo permite taxativamente el decreto ley Nº 2.885 -anteriormente mencionado-, aunque con requisitos: "Podrán también concederse a los chilenos, no originarios de la Isla, siempre que sean hijos de padre o madre nacidos en ella, que acrediten domicilio y residencia de cinco años y que ejerzan en ésta una profesión, oficio o actividad permanente.". Es decir, se salvaguardaba esa posibilidad. Antes se exigían condiciones de otra naturaleza; pero siempre se podía acceder al dominio.
A mi juicio, Chile es un país bastante singular, por su condición de tricontinental. Estamos resguardando y recuperando un patrimonio histórico de las distintas etnias nacionales, pero ello no significa dejar una porción de él -que en este caso coincide con un concepto de continente completo-, solamente a una parte de los chilenos. Dicho proceder vulnera muchos derechos establecidos en la Constitución y que, por haberlos mencionado en otras intervenciones, no volveré a repetir. No obstante lo anterior, deseo reiterar tales derechos, pues, en caso de prosperar la iniciativa, estaremos en presencia de un vicio que, a su vez, podría generar un recurso. Empero, éste no es el camino que deseamos.
Por último -y con esto dejo tiempo a otras intervenciones-, solicito que esta materia no se vote hoy, para que podamos, en el Senado - valga la redundancia-, lograr acuerdo, a fin de que una porción importante de la isla pertenezca a la etnia rapa nui, sin importar si se trata de los dos tercios o del 80 por ciento de sus integrantes. Pero no resulta conveniente al interés nacional impedir que el resto de los chilenos, que cumplen muchos requisitos, tenga la posibilidad de adquirir una propiedad en ese terreno sagrado que pertenece a los habitantes de rapa nui. En tal sentido, solicito rechazar la modalidad, en el caso de que se insista en ella, y optar por un camino bastante más conveniente como es lograr un acuerdo como el que estoy proponiendo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Restan tres minutos por si algún señor Senador desea impugnar.
El señor VIERA-GALLO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, quiero consultar lo siguiente. Se habla de que la tierra en Isla de Pascua debe pertenecer a la etnia rapa nui, lo que en principio está muy bien. Sin embargo, el desarrollo de la sociedad moderna hace cada vez más difícil identificar a los propietarios de tal o cual cosa. No sé si el presente proyecto impide la formación de sociedades mixtas que puedan, a su vez, venderse a otras. O sea, el desarrollo de la economía de la isla, en todos sus aspectos, solamente estaría dentro de la etnia, lo que implica que no podrían formarse sociedades de capitales, mixtas o anónimas.
Por todo lo anterior, la iniciativa resulta rara frente al deseo de promover el desarrollo de la isla.
El señor URENDA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, lamento que una iniciativa de tanta importancia como ésta fuese incluida en Fácil Despacho, porque es evidente que al respecto hay enorme cantidad de opiniones.
No quiero insistir en la importancia de Isla de Pascua, pues todos tenemos plena conciencia de ello. Sólo deseo señalar un par de cosas que considero esenciales.
En primer lugar, cuando Chile adquirió la soberanía de Pascua había pocos nativos en ella y el grueso del territorio insular no les pertenecía, porque era de propiedad de algunos franceses o de otras personas no originarias de la isla.
En segundo término, a mi juicio, estamos creando una atroz desigualdad al otorgar a un grupo muy pequeño de chilenos un derecho que negamos a la inmensa mayoría de ellos.
Sin embargo, lo más grave es lo siguiente: todos deseamos ayudar a Isla de Pascua y a la etnia rapa nui; pero el sistema que se está buscando para ello es el peor de todos, porque prácticamente estamos sacando esas tierras del comercio humano e impidiendo todo desarrollo futuro, tal cual acaba de señalar el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Con el pretexto de favorecer algo o de cumplir un compromiso que no es tal en el sentido dado aquí, estamos no sólo contrariando normas constitucionales, sino que, además, perjudicando a la propia etnia pascuense, porque si sus bienes no pueden ser enajenados de ninguna forma, ni hipotecados, sólo podrán ser adquiridos por unas pocas personas y, de esa forma, no habrá desarrollo económico y Chile terminará arriesgando todo lo que significa esa isla.
Algunos parlamentarios que nos oponemos al proyecto en debate hemos presentado otras iniciativas para que los pascuenses sean representados por un Diputado en el Parlamento. Estamos llanos a buscar todos los medios que realmente ayuden al desarrollo de la etnia, pero no enajenando la soberanía de Chile, ni afectando o corriendo el riesgo¿
El señor HAMILTON.-
¿Enajenando la soberanía de quién, señor Senador? ¿De los pascuenses?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No se permiten las interrupciones, señor Senador.
El señor URENDA.-
Pienso que con ello les hacemos un flaco servicio a los pascuenses y obviamente a Chile entero, aparte de que estamos creando una desigualdad.
Por lo tanto, si hablamos de la necesidad de igualdad entre todos los chilenos, aquí estaríamos creando una gravísima desigualdad con respecto a un territorio situado a 3 mil 700 kilómetros de la parte continental. Él nos da derecho a un mar presencial de 20 millones de kilómetros cuadrados y presencia en Oceanía, pese a lo cual nos estamos comprometiendo con un medio inadecuado para ayudar a los pascuenses.
Todos somos admiradores de la cultura pascuense y deseamos que se mantenga; pero, para que así ocurra, es necesario, entre otras cosas, que la Isla de Pascua pueda sostener su desarrollo y contar con reales posibilidades de crecer y cumplir sus fines.
Por ello, cometeríamos un grave pecado de orden político si aprobamos el informe en debate que, en definitiva, lo único distinto que establece con relación a la normativa existente, es la prohibición absoluta a todo chileno, para ahora y para siempre, de ser propietario y afincarse en la isla, por más que él, su padre y su abuelo hayan vivido en ella. Es decir, estamos colocando un impedimento en el enclave que Chile tiene en el medio del Pacífico, con grave riesgo para nuestro país.
En consecuencia, estimo que debemos rechazar el informe de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que busquemos los medios racionales y adecuados para favorecer a la etnia rapa nui y, simultáneamente, no perjudicar de manera alguna el interés nacional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La Mesa ha recibido una petición de los Comités UDI, Renovación Nacional e Independiente, en el sentido de dejar el informe en debate para segunda discusión, de acuerdo con el artículo 129 del Reglamento.
Por lo tanto, éste podrá ser tratado en el primer lugar de la tabla de la próxima sesión.
El señor MARTÍNEZ.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, doy excusas por insistir en un tema sumamente importante, pues -a mi juicio- puede inducir a error.
Están plenamente vigentes los decretos leyes Nºs. 1.939 y 2.885. Incluso la misma Ley Indígena hace referencia a tales normativas.
Asimismo, el artículo 1º del decreto ley Nº 2.885, citado anteriormente por el Senador señor Horvath en torno de la adquisición de tierras fiscales en Isla de Pascua, establece claramente que el traspaso de la competencia de la Comisión Especial de Radicación es asumido plenamente por la Comisión de Desarrollo, de manera que tales cuerpos legales no están suprimidos tácita ni oficialmente.
Lo anterior resulta sumamente importante, porque fija una continuidad en el tratamiento del problema, a través de la historia legislativa y jurídica del Estado en Isla de Pascua.
Deseaba aclarar estos conceptos, pues son de la máxima importancia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No hay problema en que podamos realizar toda esa discusión en la próxima sesión, pues en ella comenzaremos la segunda discusión del informe, de acuerdo con el Reglamento.
Por lo tanto, cada señor Senador podrá intervenir y exponer sus planteamientos. Y, por supuesto, se tomará en cuenta lo señalado por el Honorable señor Martínez.
--Queda para segunda discusión el informe de la Comisión Mixta.
MODERNIZACIÓN DE SISTEMA REMUNERACIONAL DE MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde en primer lugar tratar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que moderniza el sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas, de sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica. (Véase en los Anexos, documento 4).
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 53ª, en 18 de abril de 1996.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 23ª, en 6 de enero de 1998.
Informes de Comisión:
Obras Públicas, sesión 13ª, en 4 de diciembre de 1996.
Hacienda, sesión 13ª, en 4 de diciembre de 1996.
Obras Públicas (nuevo), sesión 3ª, en 10 de junio de 1997.
Hacienda (nuevo), sesión 3ª, en 10 de junio de 1997.
Obras Públicas y Trabajo, unidas (segundo), sesión 10ª, en 4 de noviembre de 1997.
Hacienda (segundo), sesión 10ª, en 4 de noviembre de 1997.
Mixta, sesión 2ª, en 3 de junio de 1998.
Discusión:
Sesiones 14ª, en 10 de diciembre de 1996 (queda pendiente la discusión general); 14ª, en 9 de julio de 1997 (se aprueba en general); 12ª y 13ª, en 11, y 18 de noviembre de 1997 (queda pendiente la discusión particular); 15ª, en 25 de noviembre de 1997 (se aprueba en particular).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese a ella el señor Subsecretario de Obras Públicas, don Guillermo Pickering.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Secretario).-
Este asunto tiene urgencia calificada de "Suma" y la Comisión Mixta debió constituirse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, con motivo de que la Cámara de Diputados rechazó algunas modificaciones introducidas por el Senado al proyecto, en su segundo trámite constitucional.
También cabe hacer presente que para aprobar el informe de la Comisión se requiere quórum de ley orgánica constitucional, es decir, los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio, lo que significa 27 votos favorables, por lo menos.
La Honorable Cámara de Diputados, por oficio Nº 1.972, de 2 de junio (ayer), comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión el informe. Ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Honorable señor Pizarro, para que nos informe sobre la materia.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, haré una breve exposición sobre el trabajo que desarrolló la Comisión Mixta, cuyo informe aprobó la Cámara de Diputados por 91 votos a favor y algunas abstenciones, sin registrarse votos en contra.
El proyecto consta de artículos que requieren de quórum especial (del 1º al 8º, y el 2º transitorio).
La Comisión Mixta estuvo conformada por los Senadores señores Cantero, Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda; y los Diputados señores Encina, García, Letelier, Pérez y Hernández. Se trató de llegar a una propuesta que superara las divergencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados.
Básicamente, se repuso la proposición contenida en el informe de la Comisión de Hacienda del Senado, el que al momento de votarse en la Sala no contó con el quórum requerido.
Durante el funcionamiento de la Comisión tuvimos oportunidad de escuchar planteamientos de dirigentes tales como el Presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles y Comerciales de Obras Públicas, señor Aguilera; del señor Ministro de Obras Públicas, y del Subsecretario de la Cartera, señor Pickering.
El texto propuesto tiene por finalidad regular en el articulado permanente el establecimiento de una planta de funciones críticas, y el otorgamiento de una asignación especial por el desempeño de dichas funciones.
En el curso del debate se plantearon algunas dudas, tanto por algunos integrantes de la Comisión, cuanto por funcionarios invitados. Ellas fueron aclaradas, lo que quedó establecido en el documento final. Ellas tenían que ver con la estabilidad laboral, la forma de acceder a la función crítica y la manera en que dicha función podía ayudar a solucionar el grave problema que hoy enfrenta el Ministerio en cuanto a retener a sus profesionales, para cumplir con los desafíos que representan las altísimas inversiones del sector.
El texto propuesto, aprobado primero por la Comisión de Hacienda del Senado, y luego por la Mixta, establece que la primera designación en cargos de funciones críticas será obligatoria para la autoridad, y voluntaria para el funcionario; asimismo, que tal designación debería disponerse en favor de quienes actualmente sirven tales labores. Eso es lo que permite reforzar el derecho a la función en el caso de los profesionales a contrata que pasen a la planta de funciones críticas. En la actualidad, éstos representarían aproximadamente el 50 por ciento del estamento.
Los señores Senadores podrán encontrar en el informe las intervenciones básicas del Gobierno, representado por el señor Ministro y por el señor Subsecretario de Obras Públicas, para establecer los objetivos fundamentales. El primero de tales objetivos es dar solución a la falta y fuga de profesionales competentes de la repartición, producto de un bajo nivel de remuneraciones y de las ofertas que provienen del sector privado, mucho más atractivas.
Es importante hacer notar que hoy el Ministerio cuenta con 1.549 profesionales, de los cuales el 46 por ciento trabaja a contrata. En el caso de la Dirección de Vialidad, esa proporción se eleva hasta el 55 por ciento.
Esto se plantea a propósito de la inquietud que han manifestado varios señores Senadores y representantes del gremio de ingenieros, en cuanto a que existiría inestabilidad desde el punto de vista laboral, y a que la implementación del proyecto de desempeño de funciones críticas se prestaría para abusos, discriminaciones, o para el despido de personas sin causa alguna. Por el contrario, es la realidad actual la que permitiría despedir a los profesionales a contrata sin expresión de causa. Lo que en realidad busca el proyecto es mejorar la condición económica de los funcionarios que cumplen labores de fiscalización en un Ministerio que, como ha quedado de manifiesto durante el trabajo de la Comisión, ha aumentado sus inversiones, a partir de 1990, desde cantidades del orden de los 200 millones de dólares anuales, a 2 mil millones de dólares, con la misma cantidad de funcionarios.
Así, la cuestión de inamovilidad quedó claramente despejada. La Comisión aseguró en la redacción del texto que los funcionarios no serán afectados en sus derechos. El proyecto considera que el personal que entra en la función crítica vuelve a su planta de origen cuando aquélla deja de ser crítica. La disposición reduce la discrecionalidad con que podría actuar la autoridad, y establece un procedimiento que obliga a aplicar soluciones de acuerdo a la ley.
Lo que aquí se busca es que el aparato del Estado llegue a ser mucho más eficiente, para lo cual se requiere una mayor flexibilidad en el cumplimiento de la función pública. Esto va a significar un aumento de las remuneraciones; un incentivo para que el personal se mantenga trabajando en el sector público. Además, el proyecto permitirá que se guarde relación entre la función que cumplen muchas veces los inspectores y los fiscales, y los proyectos que les corresponde supervigilar en representación del Ministerio. Para eso, se asegura una relación más lógica entre los recursos que se están invirtiendo y las remuneraciones del personal.
Después de varias reuniones, y con mucha apertura y flexibilidad por parte del Ministerio, la Comisión Mixta aprobó el proyecto del Gobierno con 8 votos a favor ( Senadores señores Cantero, Cordero, Pizarro y Sabag; y Diputados señores Encina, Hernández, Letelier y Pérez) y 2 abstenciones (Senador señor Urenda y Diputado señor García).
Creo que, atendiendo a los objetivos del sector público especialmente en materia de infraestructura, al alto nivel de inversiones que se está desarrollando y a la necesidad de contar con profesionales competentes y bien remunerados, corresponde que el Senado apruebe el informe de la Comisión Mixta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, nos encontramos ante un proyecto que ha tenido una larga y complicada historia. Se inició hace varios años, dentro del propósito expresado por el Ministerio de Obras Públicas de modernizar a esta repartición y enfrentar el desafío que para él representa el importante aumento de inversiones en el rubro de las obras públicas, incluyendo las que se hacen por los particulares a través de concesiones.
En sus inicios, la iniciativa se refería, tal como se ha dicho, a las funciones críticas. Y curiosamente tuvo, y ha tenido hasta el final, la oposición de los organismos de trabajadores que representan al personal afectado. Durante la discusión en la Comisión de Obras Públicas del Senado, presidida a la sazón por el Senador señor Romero, se planteó una segunda cuestión relevante, como fue la de estimar que la fórmula buscada por el Ministerio no se ajustaba a la Constitución, por comprometer la carrera funcionaria. No voy a ahondar en ello, porque fue producto de un largo debate.
Precisamente porque la Comisión y los Senadores en general hemos estado de acuerdo en que debe darse solución a los problemas que afectan a esa Secretaría de Estado, y ante el referido riesgo de inconstitucionalidad de la proposición hecha por el Gobierno, se formuló, a indicación del Honorable señor Romero, un proyecto de desempeño de funciones críticas, el cual, a juicio de la Comisión y de su autor, representaba la manera de solucionar la crítica de inconstitucionalidad, en el sentido de que no era necesario establecer una planta de funciones críticas, sino que bastaba con determinar, dentro de las plantas existentes, cargos específicos de esa naturaleza. Ello originó un largo debate.
Paralelamente, dentro del Ministerio se presentaron diversos problemas con los trabajadores no incluidos entre aquellos a que se referían las funciones críticas -fundamentalmente, profesionales e ingenieros-, que llevaron a establecer algunos beneficios adicionales que, en general, lograron consenso, es decir, fueron aprobados por los trabajadores o motivaron que éstos cesaran en su presión, y, al mismo tiempo, fueron aprobados en su oportunidad por las Comisiones del Senado y, en definitiva, por la Sala.
Me refiero en particular al tema, porque en el informe de la Comisión Mixta y en la explicación dada no se ha aclarado una cuestión anexa suscitada sobre el particular. ¿Qué sucedió? Que como los beneficios adicionales otorgados al personal y que concitaron consenso demoraron mucho, en el intertanto se dictó la ley N° 19.553 (la llaman, creo, "ley ANEF"), que estableció los mismos derechos para todos los funcionarios del sector público, generándose una dualidad de disposiciones sobre la materia.
Por ello, la Comisión Mixta no sólo debió pronunciarse acerca del aspecto de fondo que daba cuenta de la controversia que he enunciado muy someramente y a la que se refirió el señor Senador informante, sino que, además, se vio en la necesidad de dictar nuevas disposiciones transitorias que conciliaran los derechos otorgados en la ley aludida a todos los funcionarios públicos con la retroactividad de los beneficios correspondientes al personal de Obras Públicas.
Debido a lo anterior, Su Excelencia el Presidente de la República, en la proposición formulada a la Comisión Mixta, agregó, como una manera de solucionar la situación, dos disposiciones transitorias que, en buenas cuentas, señalan que al personal respectivo se le aplicarán los dos beneficios otorgados a todos los funcionarios públicos, relacionados con sus calificaciones y el cumplimiento de ciertas tareas, durante el período no cubierto en la ley general, lo cual, de alguna manera, resguarda, no diré un derecho adquirido, pero sí un logro que los trabajadores ya tenían.
Ahora bien, debo expresar que yo sigo creyendo que la proposición hecha por el Gobierno puede ser estimada inconstitucional. Pero, a esta altura, no existiendo posibilidad de aprobar la alternativa planteada en su oportunidad en la Comisión de Obras Públicas en conjunto con la del Trabajo, y debiendo esta ley ser revisada, en todo caso, por el Tribunal Constitucional, me parece que no vale la pena hacer cuestión sobre el particular y que resulta mejor dejar que el asunto sea resuelto por la instancia respectiva.
El problema práctico que yo veo es el siguiente. Por una parte, los empleados afectados, o por lo menos sus organismos representativos, rechazan el proyecto y prefieren que no lo haya en lo referente a las funciones críticas. Y por la otra, existe consenso en la necesidad de avanzar en los procesos de modernización de la Administración Pública y en que se requieren mayores recursos para que el Ministerio de Obras Públicas pueda impedir el éxodo de sus funcionarios (no sé si interpreto bien el punto de vista del señor Ministro).
Dejo de mano entonces el aspecto constitucional, que a esta altura el Senado no puede resolver (si el proyecto es declarado constitucional, bien), pues escapa de mi propósito de hacer un planteamiento específico en esta materia.
En lo que a mí concierne, existen dos problemas pendientes. Uno de ellos se refiere a qué grado de seguridad tiene el personal de Obras Públicas en cuanto a que, con ocasión del proceso especial de asignación de funciones críticas, no cesarán en sus cargos aquellos respecto de los cuales, en un momento determinado, se considere que no están cumpliendo bien sus funciones; qué seguridad existe de que los concursos se lleven a cabo con equidad y de que los procedimientos no sean empleados -estoy hablando con absoluta franqueza- con un criterio partidista o mezquino. En la Comisión y en las numerosas conversaciones que hemos sostenido tanto con el señor Ministro como con el señor Subsecretario, ellos nos han asegurado que el ánimo no es otro que el de entregar un estímulo para los buenos trabajadores y, de este modo, retener al personal de mayor calidad.
Indudablemente, las normas del proyecto pueden lograr ese objetivo; pero, si las disposiciones reglamentarias o los procedimientos pertinentes no resultan adecuados, aquéllas podrían prestarse para abusos y desembocar en un corte anticipado de la carrera de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
Al respecto, no nos queda otra cosa que hacer fe en lo expresado por el señor Ministro y el señor Subsecretario en el sentido de que el ánimo no es perseguir a nadie, sino, simplemente, estimular a los buenos elementos para evitar que se retiren del Ministerio.
Por último, ante el caso de un funcionario -éste fue otro problema específico que se trató en la Comisión Mixta- que no quiera optar a esos concursos, que ello no le signifique, ni ahora ni en el futuro, perder su empleo. Esto no se halla absolutamente claro en la iniciativa, ni aun en la misma proposición, a pesar de la mejora que se hizo. En consecuencia, va a depender de la forma como se reglamente.
Ésa es una consideración que he debido realizar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor URENDA.-
Concluiré de inmediato, señor Presidente.
La segunda preocupación apunta al hecho de que no hemos estudiado cabalmente el problema jurídico procesal que se ha presentado acá.
¿Qué sucedería con los derechos otorgados retroactivamente a los empleados del Ministerio de Obras Públicas si se rechazara la proposición de la Comisión Mixta, frente a normas que ya habían sido aprobadas por el Senado y por la Cámara de Diputados?
Indudablemente, la fórmula del Gobierno permite una conciliación más expedita.
Ahora, ¿en qué se traduce esto en la práctica? En que la aprobación de las normas pertinentes va a significar el pago de sumas muy importantes a todos los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, que de alguna manera podría verse comprometido si no se diere esa aprobación, no obstante que sobre la materia no hubo discrepancias entre ambas ramas del Parlamento.
Señor Presidente, manteniendo mis reticencias en cuanto a la constitucionalidad de las plantas de funciones críticas especiales -ése es mi pensamiento-, quiero hacer fe en lo expresado por el señor Ministro, por el señor Subsecretario y por el Gobierno en el sentido de que la reglamentación que se dicte al respecto se ajuste al espíritu expuesto aquí.
Por esas circunstancias, para no perjudicar a los funcionarios de dicho Ministerio, quienes han esperado por tantos años el despacho de la ley en proyecto; a sabiendas de que a lo mejor puedo actuar contrariando el pensamiento de dirigentes que han luchado con mucho vigor y entereza por lo que consideran sus legítimos derechos, pero en el ánimo de dar una salida, voy a votar favorablemente en esta oportunidad.
En la Comisión Mixta me abstuve, por las mismas dudas que he señalado aquí. Incluso -no lo dice el informe, pero es bueno que se sepa-, propuse que se adoptara como solución la sugerencia aprobada por las Comisiones de Obras Públicas y de Trabajo, lo que fue rechazado; de modo que es una alternativa con la cual ya no contamos.
En tales circunstancias, con la duda legítima de que es factible que haya una inconstitucionalidad; con el temor -porque los hombres cambian y las instituciones quedan- de que las armas que hoy se entregan pudieran no ser empleadas con el buen criterio y buena fe que esperamos, y tomando esto como símbolo del proceso de modernización de la Administración Pública -todos estamos de acuerdo con él, aun cuando sabemos muy bien que es bastante difícil llevarlo a cabo-, me pronunciaré en la forma indicada.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, el proyecto de ley en análisis data de 1996 y fue presentado por el Ejecutivo con el fin de modernizar el sistema de remuneraciones de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, en razón del gran crecimiento que ha experimentado en los últimos años y teniendo presente, además, el éxodo de sus profesionales más destacados, quienes en forma paulatina están siendo contratados, curiosamente, por las mismas empresas a las que dicha Secretaría de Estado está creando fuentes de trabajo.
Obviamente, dichos profesionales tienen la posibilidad clara de elegir una mejor alternativa, porque los sueldos que ganan en el Ministerio son muy bajos (hemos venido señalando aquí que no sólo el personal de esa repartición sino todos los servidores públicos perciben bajas remuneraciones). Y el desarrollo espectacular que ha experimentado nuestro país en estos últimos años permite que las empresas referidas les ofrezcan sueldos hasta tres veces superiores a los que les paga esa Secretaría de Estado.
Por eso, basta señalar -como ya lo hizo el Senador informante, Honorable señor Pizarro- que en 1990 la inversión en Obras Públicas llegaba a 200 millones de dólares, con 8 mil funcionarios, y que hoy alcanza a 2 mil millones de dólares, con el mismo número de trabajadores.
En tal virtud, mediante este proyecto se ha pretendido llegar a una solución creando la planta de funciones críticas, con el fin de estimular a los profesionales universitarios más indispensables para la buena marcha del Ministerio de Obras Públicas, entre ellos los ingenieros.
Curiosamente, los propios ingenieros y su Asociación han estado en contra de la iniciativa de modo permanente, por diversas razones. Ya algo manifestó el Honorable señor Urenda, en el sentido de que puede haber alguna discriminación, y por último, inestabilidad en sus fuentes de trabajo.
Empero, es evidente que el propósito del Ministerio no es ése, sino el de buscar una manera sana de resolver el problema de las malas remuneraciones de los referidos servidores.
Algo ya se ha dado, para mantener a los empleados indispensables, a través de la Ley de Presupuestos de la Nación, que permitió contratar funcionarios a honorarios, con el carácter de servidores públicos, para los efectos de que puedan firmar y representar al Ministerio de Obras Públicas. Con tal medida, algo se mejoró; pero no es una cosa sana.
Incuestionablemente, deben fijarse remuneraciones mayores. Con este fin, se propuso crear la planta de funciones críticas. Los ingenieros estiman que no es lo ideal y que mejor habría sido establecer una asignación para todos los profesionales.
Por cierto, aquélla podría haber sido solución. En reiteradas ocasiones hemos escuchado a los profesionales del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, llega un momento en que los Parlamentarios debemos decidir. Y en este caso tenemos sólo una alternativa.
Este proyecto es de iniciativa del Ejecutivo. Los parlamentarios no podemos cambiar las asignaciones. Sólo nos es factible aprobar, rebajar o rechazar. Y, ante la fórmula que permite una mejoría evidente para un número importante de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, no nos queda otra alternativa que aprobar. No podemos rebajar -porque siempre es poco lo que se da-, ni mucho menos rechazar.
El proyecto contempla el otorgamiento de los beneficios con efecto retroactivo a contar del 1º de enero de 1996. Por lo tanto, ya se han acumulado miles de millones de pesos que deberán distribuirse entre los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas tan pronto como esta iniciativa sea despachada por el Congreso Nacional.
Debo destacar que, dentro de los beneficios que consigna la ley en proyecto, a todos los funcionarios de dicha Secretaría de Estado se les otorga, por única vez, una bonificación equivalente al 5 por ciento del sueldo anual. Se crea la planta especial de funciones críticas para los profesionales universitarios, que alcanza a 850, quienes tendrán un aumento de ingresos de entre 10 y 40 por ciento. Se dispone una asignación especial de 15 por ciento del sueldo base para 350 obreros que se desempeñan como operadores de máquinas pesadas; estos trabajadores, que llevan muchos años sirviendo en el referido Ministerio, ganan sueldos míseros; aquí, por lo menos, se les está concediendo un reajuste extraordinario de 15 por ciento, que se cancelará en forma retroactiva a contar del 1º de enero de 1996. Se establece una bonificación de estímulo por desempeño institucional de 5 por ciento para los funcionarios señalados en el artículo 4º.
Señor Presidente, es evidente que el proyecto en estudio implica una beneficio para los servidores en comento. No es lo ideal. Sé que los ingenieros nunca estuvieron de acuerdo con esta iniciativa de ley. Pero ellos también deben entendernos. Nosotros no tenemos otra facultad que la que estamos ejerciendo hoy. Y yo no estoy dispuesto a rechazar un beneficio dirigido a los trabajadores, pero que, por sobre todo, permitirá agilizar e inspeccionar en mejor forma las grandes inversiones que se están efectuando a través del Ministerio de Obras Públicas. No podemos encargar a funcionarios que reciben sueldos miserables la inspección de obras que involucran muchos cientos de millones de dólares.
Por eso, votaremos favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, es bastante curiosa la insistencia del Ministerio de Obras Públicas en este proyecto. Insistencia de un Ministro particularmente fuerte cuando está convencido de algunas de sus ideas y que, además, tiene un carácter de precandidato presidencial que todos conocemos. Pero atreverse, en esa condición, a ir en contra de tantas personas e instituciones no deja de llamar la atención.
Hoy día recibimos un fax de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la que, taxativamente, se declara contraria a la iniciativa en debate, porque entiende que la manera de trabajar en la Administración Pública requiere un camino de mejoramiento distinto y no llevar a un grado tan alto, sujeto a confianza, a personal de índole técnica.
Esa organización señala explícitamente que la estabilidad funcionaria es "una herramienta fundamental para la tecnificación y profesionalización del Sector Público que ha protegido al funcionario de los vaivenes políticos de los diferentes Gobiernos de turno," -¡fíjense en lo que dice la propia ANEF, que tiene dirigentes vinculados a tiendas políticas!- "minimizando la vieja costumbre de designar en los puestos públicos a las cúpulas partidarias o familiares y conocidos de quienes tienen la facultad de contratar, produciendo con ello un tráfico de influencias y hechos de corrupción al interior de la Administración Pública.".
En su declaración, la ANEF sostiene que "El sistema de funciones críticas es un precario contrato de trabajo, porque deja al funcionario sujeto a una suerte de arbitrariedad. Y lo explicaré en seguida.
El señor Ministro, quien se ha destacado en la Cartera de Obras Públicas, está enfrentando incluso a otras organizaciones, como la Asociación de Arquitectos, la Asociación de Ingenieros en Ejecución, la Asociación de Constructores Civiles, la Asociación de Ingenieros Civiles y Comerciales, la Asociación de Consultores, es decir, a una gran cantidad de gremios profesionales que desean que se haga de la ingeniería y la arquitectura un arte de la técnica en nuestro país, al margen de los avatares políticos de un lado y otro. Y debemos tratar de salvaguardar eso.
Algunos Parlamentarios dicen votar a favor del proyecto porque no existen más alternativas. Sin embargo, considero que hay otras. Y para eso está el Congreso Nacional, que puede expresarse fundadamente, hacer prevalecer una opinión mayoritaria y, con ello, señalar al Gobierno y al Ministro del ramo que hay otras posibilidades para conseguir el mismo objetivo.
No es admisible que, de 1.200 profesionales, 850 -es decir, 71 por ciento- tengan que pasar a esta suerte de planta crítica para obtener un beneficio que hasta cierto punto, a mi juicio, es bastante exiguo -de acuerdo a los requerimientos actuales del Ministerio de Obras Públicas y a una proyección futura- y, por esa vía, queden sometidos a un sistema marginado de lo que establecen la Carta Fundamental, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y el propio Estatuto Administrativo.
Aquí se están saltando diversas legislaciones mediante un proyecto que adolece de vicios de constitucionalidad. ¿Por qué seguir ese camino cuando, en el fondo, el Ministerio y la autoridad pública tienen otros mecanismos, transparentes: las bonificaciones por desempeño, las bonificaciones o asignaciones por cumplimiento de una función en particular, que en este caso se llama "asignación crítica"?
No es aceptable poner a las personas -lo digo con el debido respeto- en una paila cuyo mango está en poder de una autoridad de confianza -por lo tanto, política- que puede hacerlas saltar cuando quiera.
Eso es inconveniente. Y, de hecho, el proyecto así lo establece. Una vez que el funcionario entra en el sistema de la función crítica -según el inciso cuarto del artículo 3º-, cesará en forma anticipada en el cargo o empleo de función crítica si su desempeño es considerado insatisfactorio por el jefe superior del respectivo servicio. Con eso, el empleado queda afuera del Ministerio. Y si quiere reclamar, ya no tiene las instancias normales para hacerlo, como son una investigación sumaria, un sumario o lo que corresponda; solamente puede recurrir ante el Subsecretario de Obras Públicas, otra autoridad de confianza (lo digo con el respeto que me merece el Subsecretario señor Pickering; pero estamos legislando para el futuro, no sólo para ahora).
En consecuencia, sin desconfiar de las actuales autoridades en particular, pienso que a las organizaciones correspondientes, incluida la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, hay que escucharlas con el debido respeto y darles las seguridades del caso. Porque todo está sujeto a un reglamento, el que ha sido solicitado por el Parlamento. Y si bien se da una atribución al Ejecutivo, nadie está dispuesto a firmar cheques en blanco. Por ende, es necesario acotar los criterios con que operará el reglamento.
Cabe destacar que a la Asociación de Ingenieros y a los técnicos del Ministerio de Obras Públicas les ha sido vedado dicho reglamento. Ellos no saben cómo va a funcionar el sistema. Entonces, existe una suerte de área de desconfianza que debe despejarse hacia el futuro.
Señor Presidente, en esta materia hay que tener alguna precaución adicional, porque se está vulnerando el artículo 38 de la Carta, que señala explícitamente:
"Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria" (que, a nuestro juicio, no está clara) "y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse," -sabemos que estamos en un ámbito de personas de confianza y que no son criterios técnicos y profesionales los que pueden primar- "y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.".
"Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar", etcétera.
Pues bien: esos elementos no están bien configurados en la ley en proyecto.
Por otro lado, cuando se crea una planta -ha sido lo normal en este Congreso-, ella debe ser conocida por los legisladores, para saber cuántos son los cupos, cuáles son los grados, qué bonificaciones corresponden, y conocer las reglas del juego. Aquí estamos entregando una facultad para que se cree una planta que no conocemos en el detalle.
Por tanto, me parece que, en tal sentido, también hay un vicio de constitucionalidad.
Deseo terminar señalando que tenemos varias alternativas por delante.
Señor Presidente, estamos ante un informe de Comisión Mixta que, además, mezcla el tema en controversia, el de las plantas críticas, con aspectos en los que no hay desacuerdo. Uno de éstos es el de las bonificaciones por desempeño, respecto las cuales los textos de la Cámara de Diputados y del Senado son prácticamente iguales. Por lo tanto, si se rechaza el informe de la Comisión Mixta, las bonificaciones se salvaguardan. Y si no es así, pido que el señor Presidente de ese organismo me lo señale.
Lo mismo ocurre con la asignación para operadores de maquinaria pesada. Los textos de ambas Cámaras son iguales.
Y hay una proposición, entregada por el Ministerio a la Comisión de Hacienda, relativa a una bonificación por productividad (se halla en la sugerencia hecha a la Sala).
Se consagran, pues, derechos que tampoco queremos vulnerar.
Yo pregunto, señor Presidente: si rechazamos el informe de la Comisión Mixta, ¿qué ocurre con las bonificaciones mencionadas, que no son materia de la iniciativa original y cuyo propósito es mejorar la situación de los profesionales universitarios del Ministerio de Obras Públicas?
Cabe recordar que, hace casi seis años, se tramitó en el Parlamento un proyecto de ley misceláneo (participó en su discusión el Ministro señor Hurtado, antecesor del actual titular de Obras Públicas) que mejoraba la situación de los ingenieros y después, sobre la marcha, incluyó a los administrativos y otros funcionarios. En consecuencia, una torta chica fue repartida entre muchas bocas y, al final, se recibieron migajas.
O sea, las dos veces que el Gobierno ha intentado mejorar las remuneraciones de los funcionarios profesionales de dicha Secretaría de Estado las leyes se han ido entre las manos.
Considero que, como país, estamos legislando mal sobre esta materia. En el citado Ministerio hay personas de larga trayectoria, quienes han generado las obras públicas -anteriormente, incluso, obras relacionadas con canales, puertos y ferrocarriles-, entregando una cuota de profesionalismo, de creatividad y, sobre todo, de servicio público que no podemos olvidar.
El Ministerio de Obras Públicas, justamente porque es público, no se puede regir por las mismas normas del sector privado. Hay gente que tiene una vocación distinta al interior de esa Cartera. Y debemos considerar dicho factor cuando estamos buscando beneficios para ella.
Por esas razones, estimo que existe la opción de rechazar el informe, salvaguardando los derechos adquiridos de todos los sectores que señalé, y lograr con el Ejecutivo que esto se transforme en una asignación crítica trasparente, en beneficio no sólo de los profesionales, sino del país.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, quiero hacer un comentario de carácter general relativo a lo siguiente.
Me parece interesante y sugerente el concepto de "funciones críticas" dentro del sector público. Sin embargo, la duda que se me plantea se refiere a qué ocurre con otros Ministerios que comparten con el de Obras Públicas la característica de estar -por así decirlo- en "interfase" con el sector privado. Porque, según entiendo, esta normativa apunta a resolver el problema acerca de cómo lograr similares estándares de calidad profesional y desempeño entre los funcionarios del sector público y los contratados por el sector privado. Podría preguntarse, por ejemplo, sobre la situación de los consultorios de salud primaria donde no se han podido llenar las vacantes de médicos para atender a la gente en determinado sector poblacional por la muy simple razón de que el sector privado de salud -esto es, las Isapres- tienen la capacidad para ofrecer al personal médico remuneraciones que duplican, triplican o cuadruplican las que pueden pagarse en aquellos consultorios.
Lo mismo ocurre en los hospitales, y también en otros sectores que presentan esta interfase con el sector privado. Pensemos, por ejemplo, en el área energética: la Comisión Nacional de Energía versus el mercado, lo que ofrecen las empresas privadas frente a la enorme dificultad del sector público para retener a personal calificado.
Lo mismo acontece en telecomunicaciones, e igualmente en educación, donde uno de los problemas que puede encarar una reforma educacional masiva y profunda, como la que intenta el Gobierno, al final pareciera radicar en la necesidad de contar, a nivel de Ministerio y de instituciones públicas, con personal capacitado que, cada vez que se destaque como tal, no sea atraído por el sector privado de educación, dejando, entonces, al sector público en un nivel inferior de calidad profesional y, por lo tanto, también de desempeño.
En síntesis, preferiríamos que el Gobierno hubiera formulado un planteamiento más global respecto del sistema público, del estatuto general de la Administración Pública, conforme al cual este interesante concepto de "función crítica" pudiera extenderse a otros campos, como la salud y algunos de los que mencioné.
Entonces, quiero entender que, al presentar este proyecto para el Ministerio de Obras Públicas, seguramente se está pensando en una Cartera en particular a modo de ensayo, como una manera de resolver el problema del sector público tocante a la necesidad de competir en materia de remuneraciones con el sector privado, y no sólo -como dije- respecto del Ministerio de Obras Públicas, sino también de otras áreas.
En la Administración Pública en general deberíamos apuntar a un sistema de plantas flexibles, de remuneraciones flexibles. Entonces, este tema de fondo merece un tratamiento más global y general, y no tan específico, para un sector a expensas de otros.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, en forma breve me referiré a lo planteado tanto por el Senador señor Foxley como por el Honorable señor Horvath.
Respecto de la consulta formulada por el Senador señor Horvath en cuanto a qué pasaba con las asignaciones para los operadores de maquinaria pesada y con la bonificación de estímulo por desempeño, debo señalar que no fueron materia de discusión en la Comisión Mixta por haber quedado aprobadas durante el tratamiento normal de la iniciativa. De modo que esos beneficios están plenamente vigentes. No hay ninguna duda sobre ello.
En cuanto al planteamiento del Senador señor Foxley acerca de la situación en el resto de la Administración del Estado, debo hacer presente que eso también se discutió arduamente con el Ministro y el Subsecretario, pues indudablemente para el Gobierno es una materia altamente prioritaria. Ellos manifestaron que la modernización del aparato del Estado y el mejoramiento de la eficiencia en la gestión de la Administración Pública es un objetivo importantísimo. Y, en este sentido, quiero informar a la Sala que el Ejecutivo se comprometió a enviar al Honorable Senado y a la Cámara de Diputados un informe respecto de las políticas que seguirá en esta materia. Creo que lo dicho satisface las inquietudes hechas presentes por el Senador señor Foxley y otros Senadores en la Comisión.
Es lo que quería señalar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El Senador señor Viera-Gallo ha hecho llegar a la Presidencia una petición de clausura del debate. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 143 del Reglamento, estoy obligado a someterla a votación.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, ¿cuántos Senadores restan por intervenir?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Son los Honorables señores Bombal, Boeninger y Martínez.
El señor BOMBAL.-
O sea, tres Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El artículo 143 establece que un Senador podrá pedir la clausura del debate cuando "se hayan pronunciado dos discursos de ideas opuestas, pero sólo para la totalidad de las proposiciones en discusión".
"Solicitada la clausura, ésta se votará inmediatamente.".
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, ¿por qué no se da la palabra a cada uno de los inscritos, previa clausura del debate, a fin de iniciar de inmediato la votación, tal como se ha hecho en otras oportunidades?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No tendría ningún inconveniente, si se retira la petición de clausura del debate.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, lo que pretendo es que se vote el informe hoy día. Y si restan tres Senadores por intervenir, no creo que haya dificultad para acceder a lo solicitado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El Orden del Día expira a las 19:05. Como cada Senador dispone de 10 minutos, no alcanzaríamos a votar el proyecto.
Si le parece a la Sala, se acortarían los discursos a cinco minutos, luego de lo cual se declararía cerrado el debate.
Acordado.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, ¿no sería posible iniciar la votación y que los tres Senadores inscritos funden su voto primero?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Consulto al Senador señor Viera-Gallo si retira la petición de clausura.
El señor VIERA-GALLO.-
Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Queda retirada la petición de clausura del debate.
Tiene la palabra el Senador señor Bombal por cinco minutos.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, hago mías todas y cada una de las palabras del Honorable señor Horvath y, también, las inquietudes del Senador señor Foxley.
Habría que dejar constancia -y así lo hice en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados- de que este proyecto crea una nueva planta paralela dentro del Ministerio de Obras Públicas, vulnerando, a nuestro juicio, los principios constitucionales de la carrera funcionaria, de la estabilidad en el empleo, de la libertad de trabajo y de la igualdad de oportunidades en el ingreso a ella.
Sobre la base de la función crítica, se consagra una planta paralela de tal amplitud de contenido que en la especie se traduce en una facultad absolutamente discrecional, que pasa a tener el grave riesgo de ser arbitraria -dicho en general, no referido a las actuales autoridades-, lo que al legislador no le está permitido establecer.
Además, el proyecto vulnera el principio de igualdad respecto de las demás funciones públicas de la Administración Central. En este sentido, conviene destacar -y esto consta en las actas de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados- que, a su turno, el propio Ministro del ramo señaló que habían existido tres criterios para enfrentar el tema: uno, que constituyó la regla general para todas las otras reparticiones públicas, consistía en el otorgamiento de una asignación; otro, el consagrado en este proyecto, y lamentó en aquel momento no haber tenido el tiempo suficiente para contemplar un mecanismo basado en mediciones de productividad en la Administración Pública. Entonces, se asumió claramente que se estaba escogiendo esta posición híbrida, intermedia, aun cuando no era la mejor, desechando la otra.
El Senador señor Horvath ha manifestado algo, a mi juicio, fundamental: el artículo 38 de la Constitución Política garantiza la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, principios que, en la planta paralela que se está creando, si se considera la definición de función crítica contenida en el inciso segundo del artículo 1º del proyecto, pasan a ser absolutamente avasallados. Aquí claramente se está diciendo que de alguna forma la situación quedará resuelta en un reglamento, donde se establecerá exactamente toda la ecuanimidad e igualdad que debe garantizarse a los funcionarios. Pero esto no es materia de reglamento, sino de ley, puesto que se está hablando del estatuto administrativo de un Ministerio. De manera que no se trata de dictar un simple reglamento. En mi opinión, en este punto la iniciativa adolece de otro vicio de constitucionalidad.
Aún más, la primera provisión de cargos identificados como críticos se hará conforme a lo previsto en el artículo 2º transitorio, es decir, directamente, sin el concurso público que regula la normativa permanente. Se me dirá que el primer acceso será siempre voluntario y que ello quedó más claro en la Comisión Mixta. Es cierto. Pero esta voluntariedad del sistema no subsana en nada los otros vicios de constitucionalidad que él conlleva. Dicho de otra manera: es como si nos tuviéramos que felicitar por el hecho de que haber logrado transar o transigir con el Ejecutivo en cuanto a asegurar que el sistema fuera, a lo menos, voluntario respecto de quienes poseen titularidad en sus empleos de planta. De otro modo, se violentaría la libertad de contratación y el derecho de propiedad de la función, garantías tuteladas por el orden constitucional.
Como lo señaló el Honorable señor Foxley, este mecanismo no se ha propuesto en otras iniciativas en los dos años de su tramitación, lapso durante el cual el Senado ha aprobado plantas de otros Ministerios, y en ellas no aparece para nada el concepto de función crítica, el que se pretende aplicar sólo respecto de una Secretaría de Estado. Reitero: únicamente en este caso el Ejecutivo ha planteado la función crítica, y ¡caramba! que hemos despachado distintos mejoramientos que sí se han basado en sistemas correctos, como en el caso de Aduanas y otros organismos, donde los incentivos que se consiguieron, dentro de una normativa acorde con la Constitución y con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, generaron los efectos deseados o que se pretenden con este proyecto. Sin embargo, aquello se logró por una vía aceptable.
Al igual que el Honorable señor Foxley, la pregunta que uno finalmente se hace es: ¿Qué pasa con educación y salud? ¿Acaso no son prioritarios los problemas que están viviendo esos Ministerios? Y para ellos no se ha propuesto ninguna función crítica.
Entonces, si bien se entiende que el aparato del Estado debe modernizarse, ese proceso debe abordarse sobre la base de un criterio general y no en forma específica, Ministerio por Ministerio, porque eso significa desencadenar toda una situación de arbitrariedad tremendamente compleja. Y lo digo con respeto, para que no se entienda de manera alguna que esto sucede en razón de que hay tal o cual Ministro a cargo de una repartición. Esto, como precedente para el sistema de Administración del Estado; esta falta de concordancia con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y con la Carta Fundamental; toda esta incoherencia que se genera, incluso dictando reglamentos cuando se trata de materias propias de ley, se hace a costa de mucha gente -si bien lo que se pretende es modernizar- cuya actividad se ha regulado por largos años mediante un régimen jurídico determinado, garantizado en el orden constitucional y legal, de todo lo cual hoy día prácticamente se hace tabla rasa.
Finalmente, deseo manifestar que los dirigentes nacionales de las Asociaciones Gremiales de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, agrupadas en la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Públicas (FENAMOP), hicieron llegar un planteamiento -se ha hecho mucha cuestión en cuanto a que respecto de esta iniciativa sólo se han opuesto las asociaciones de profesionales- en el que claman justicia social. Piden que se explique cómo a 7 mil 113 funcionarios del Ministerio de Obras Públicas se les entregará por una sola vez, con cargo a esta iniciativa, 77 mil 732 pesos, sin que se les incremente su sueldo mensual posterior, en circunstancias de que 850 personas percibirán un ingreso extra por una sola vez de 2 millones 942 mil pesos y mensualmente tendrán un aumento en sus remuneraciones de 40 a 10 por ciento.
A mi juicio, es importante tener presente esas cifras en este debate, porque si lo que se persigue es un accionar coherente de un Ministerio, aquí claramente se produce una situación de inequidad, que de alguna forma es sorprendente.
Reitero: 7 mil 113 funcionarios recibirán 77 mil 732 pesos, mientras que 850 percibirán 2 millones 950 mil pesos por una sola vez, más asignaciones posteriores.
Creo que estos temas van generando un cuadro que desvirtúa lo que puede ser -no lo dudo- la intención del proyecto en cuanto a dinamizar y modernizar. Ciertamente, el espíritu que anima al Ministro de Obras Públicas y al Gobierno en esta materia es hacer bien las cosas.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, controle el tiempo, por favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Efectivamente, han concluido sus cinco minutos, señor Senador.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, para terminar, redondearé mi exposición.
No dudo de la buena intención que pueda existir en la materia, pero hay mejores caminos para lograr los objetivos que se persiguen. Además, se ha demostrado en estos dos años que el Gobierno ha propuesto otras vías para el mejoramiento de la Administración Pública, lo cual se ha conseguido con éxito y acierto, sin violentar el orden constitucional y legal.
Señor Presidente, en tal sentido, haré un téngase presente al Tribunal Constitucional, al igual como formulé reserva de constitucionalidad mientras era Diputado.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se dejará constancia de su reserva de constitucionalidad, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, contrariamente a lo señalado, tengo una visión extremadamente positiva de lo que se está proponiendo.
En primer lugar, me parece que el concepto de función crítica configura un método moderno y flexible para remunerar a quienes hoy tienen status de funcionarios públicos, pero cuyas remuneraciones, en su calidad de tales, no son competitivas con las opciones que brinda el sector privado. Es un drama que en general sufren los profesionales en casi todo el sector público. El hecho de asumir una función crítica no priva a quienes la ejercen de su condición de funcionarios públicos, porque si dejan de desempeñarla, vuelven al status anterior, y seguirán siendo funcionarios públicos, con todo lo que ello significa en cuanto a estabilidad.
Me llama la atención un poco la crítica al sistema, porque, en definitiva, las personas con una posición más rigurosa -llamémosla "liberal"- en materias económicas han señalado, con bastantes y muy buenas razones, los inconvenientes de las inamovilidades funcionarias. Lo que se hace es buscar un sistema que no resulta contradictorio con ese hecho -que es parte de la realidad de nuestra Administración y cuyo análisis es objeto de otro debate, de eventuales proyectos de ley-, una manera de compatibilizarlo con la posibilidad de una remuneración diversificada.
Ahora bien, es necesario recordar que el Ministerio de Obras Públicas presenta una particularidad muy especial: efectúa inversiones. En consecuencia, exhibe, esencialmente, un nivel de actividad variable, dependiente del volumen de aquellas que debe concretar. Es evidente que la idea de una planta estable, pareja, de profesionales -siempre los mismos, en número, y que ganan siempre lo mismo- no condice con esa esencial variabilidad. Ello justifica, entonces, el concepto de asignar determinado número de funciones a la categoría de "críticas" según el volumen de inversión del Ministerio en cada instante.
Estimo pertinentes las observaciones del Senador señor Foxley en el sentido de que, obviamente, serían mejor medidas de tipo más amplio, que cubrieran la Administración Pública en su conjunto, para la situación en general de los profesionales o las remuneraciones. Pero quisiera señalar, también, que es difícil llegar a soluciones uniformes, porque la clase de actividad del Ministerio de Obras Públicas difiere -por las razones que acabo de dar: es variable, de inversión- del caso, por ejemplo, de los profesionales que actúan en funciones de regulación, sea en el sector eléctrico, en el de telecomunicaciones u otro, donde el nivel de operación es parejo. Éste puede crecer en el tiempo, pero, en líneas generales, ofrece la característica mencionada, porque constituye una tarea que se debe desarrollar. De modo que, respecto de los organismos reguladores, el punto radica más bien en categorías de remuneración -conforme lo han resuelto algunas Superintendencias, como la de Bancos e Instituciones Financieras, la de Valores y Seguros- compatibles con la retención de personal de buen nivel, lo que justamente no ocurre hoy en el Ministerio de Obras Públicas. Estoy de acuerdo, por lo tanto, con que se debiera contar con un esquema más integral, pero no creo que pueda ser homogéneo, como digo, y que sea posible aplicar el concepto de "función crítica" a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por ejemplo.
En tercer lugar, me parece legítimo lo atinente a las quejas de funcionarios, profesionales o no profesionales, contenidas en algunas notas que se han recibido, pero en cuanto exponen su propia insuficiencia de remuneraciones en relación con las aspiraciones que sustentan. Sin embargo, pienso que es importante recordar, también, que una de las características del sector público -no en la totalidad de los casos, pero sí en una proporción muy elevada de ellos- es que los profesionales ganan mucho menos que en las alternativas de ingreso en el sector privado, en tanto que los funcionarios administrativos y de servicio perciben lo mismo o más que en este último. De manera que el destinar una parte fundamental de los recursos a mejorar la situación de los profesionales tiende a evitar el inexorable éxodo que llevaría a que el Ministerio de Obras Públicas se quedara sin gente si no se aprobase el proyecto.
Y, por último, deseo observar que el temor de que se genere un elemento de discrecionalidad que puede conducir a la arbitrariedad y a un manejo político de la individualización de las funciones críticas¿
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Excúseme, señor Senador, pero se agota su tiempo.
El señor BOENINGER.-
Redondeo la frase, señor Presidente. Estaba terminando.
En realidad, el Ministerio será calificado por los resultados. Las inversiones importan una expresión física, concreta, y se deben materializar con celeridad y oportunidad. Esa Secretaría de Estado y sus autoridades serán juzgadas por dicho factor, de manera que la utilización de criterios políticos contrarios a una adecuada selección de gente sería muy contraproducente para ellas.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, señores Senadores, aunque la modernización del Estado es una necesidad urgente para poder enfrentar las demandas de eficiencia en la Administración Pública planteadas por el próximo siglo, me parece que el proyecto origina ciertas dudas que, a mi juicio, harían conveniente reestudiar algunas situaciones.
Aun cuando se centra en el Ministerio de Obras Públicas, en ninguna parte de la iniciativa se determina un carácter experimental. Es decir, ¿el sistema se hallará sujeto a resultados? La ley en proyecto carece, por supuesto, de un plazo de término. Entonces, ¿qué sucede frente a su éxito o su fracaso?
En seguida, de una manera u otra se afectan el Estatuto Administrativo y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En los textos respectivos no se menciona nada respecto de lo que nos ocupa. Sobre todo, en lo atinente al Derecho Laboral, se ha establecido, si bien entiendo que la idea es la modernidad, un nuevo tipo de contrato, llamado "por función crítica". Ello lo veo conectado a consecuencias laborales, ante las situaciones y demandas que se puedan registrar.
Se planteó aquí, también, lo referente al efecto retroactivo. O sea, ¿si pasan funcionarios a la planta de función crítica, obtendrán el incentivo entre 10 y 40 por ciento que debían haber recibido si el mecanismo hubiera entrado en vigencia en 1996? Es algo que llama profundamente la atención por la cantidad enorme de recursos que significa en el presupuesto nacional para el Ministerio de Obras Públicas.
Y otro de los problemas que observo dice relación a qué sucede si en el desempeño de la función crítica ocurre un accidente laboral. Porque muchos de los funcionarios son inspectores, gente que trabaja en los caminos, que supervisa obras, y con frecuencia tienen lugar accidentes. Es cierto, sí, que existen los seguros privados. ¿Pero qué situación se suscita en cuanto a las remuneraciones de la persona afectada? Me parece que ello no queda claro, hasta donde me permiten concluirlo las informaciones de que dispongo.
Quiero consignar estas interrogantes, señor Presidente. Si bien la idea de modernizar es excelente, no veo por qué -a pesar de la explicación proporcionada en alguna medida, el resultado no es lo suficientemente fuerte- no se procedió conforme a una corrección completa en la Administración Pública. No soy crítico en lo que señalaré, porque no se trata de serlo en el sentido de fiscalizar, pero ha sido un error haber abandonado algunos conceptos como el de la escala única de sueldos, lo que ha impedido disponer de un cuadro completo de los costos de la Administración Pública.
Y, por último, se presenta un asunto no resuelto: la planta de 850 funcionarios de alta especialización no es objeto de una dimensión de costo. Se me ha explicado que ello es difícil por la variabilidad entre 10 y 40 por ciento, pero se debiera fijar un tope. Porque aquí se está diciendo: "Se aprueba la ley," -en caso de que así sea- "y un fondo indeterminado, muy variable, queda en disposición de ser usado.". Considero necesaria -repito- una dimensión del costo real.
Muchas gracias.
El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, deseo ser muy breve en mis observaciones, porque se llega al final de la larga tramitación del proyecto, como aquí se ha dicho, la cual comenzó allá por 1996.
En primer lugar, quisiera puntualizar que las razones por las cuales se planteó esta iniciativa obedecen a que el Ministerio de Obras Públicas presenta características muy particulares, respecto de otros, y constituye una Secretaría de Estado en la que el concepto de planta que consagra el Estatuto Administrativo se hace más complejo de aplicar. Dicha planta es para un Ministerio con un conjunto de funciones permanentes dentro del aparato del Estado.
¿Qué ocurre en el Ministerio de Obras Públicas? Obviamente, la planta que se necesita es distinta si se invierten 150 ó 200 millones de dólares, o mil millones; si se requieren inspectores fiscales para revisar 400 ó 1.600 contratos, como hoy día; o si -como ocurre en este momento- a los mil millones de inversión pública deben agregarse los 1.500 millones de inversión privada, tras el establecimiento del sistema de concesiones, que precisa el mismo grado de fiscalización desde el punto de vista público. En otras palabras, el proyecto es un primer paso en esa dirección.
Hoy día, la iniciativa establece 850 cargos de función crítica, lo cual se estima indispensable para funcionar con el nivel de actividad descrito. Si éste disminuye el día de mañana, también lo harán las funciones críticas, y si aumenta, ellas se incrementarán. Dicho de otro modo, lo lógico es que la creación por ley de ese número establezca una vinculación con la magnitud de la inversión que el Ministerio está llamado a realizar.
En consecuencia, acá hay un primer elemento que implica la modernización del aparato del Estado, porque existirán otros Ministerios con una función más bien reguladora y donde podría pensarse que el carácter de la planta es algo más permanente.
Una segunda consideración muy importante es que la iniciativa persigue establecer una modalidad respecto de los profesionales del Ministerio, quienes acceden voluntariamente a la función crítica, como he señalado reiteradamente ante el innumerable personal que se ha ido en estos años, precisamente como resultado de la mayor inversión. Por ejemplo, respecto a los contratos de conservación de caminos, lo primero que hace la empresa que los gana es ver qué funcionarios de Vialidad pueden trabajar en ella. Por consiguiente, cuando ese funcionario se retira del Ministerio lo único que se le puede decir es que lo piense bien, porque en el sector privado no existe inamovilidad, ante lo cual aquél responde que cree ser lo suficientemente competente como para que ello no le importe.
En este proyecto se instaura la modalidad de un conjunto de funciones denominadas críticas, esenciales para el Ministerio. En la Cámara de Diputados señalé que en Chile hay cinco o seis ingenieros con experiencia en el campo de la calidad de asfaltos. Tres trabajaban en el Ministerio, y hoy se han ido todos. A nuestro juicio, ésa era una función crítica. Cuántos de nuestros funcionarios son fundamentales desde el punto de vista de la estructura de puentes. Si se ofrece el cargo de función crítica a un funcionario experto en puentes y éste lo rechaza porque desea seguir como está, que siga así, con el sueldo que percibe. Ahora, si lo acepta es porque está convencido de que cuando deba competir en un concurso en uno o tres años más, su experiencia le permitirá ganarlo. Por ejemplo, quién mejor que el Director Regional de Vialidad de la Undécima Región -como lo planteé en la Comisión Mixta-, que conoce cuanto hoyo, puente y accidente existe en el camino, podría ganar el concurso para seguir desempeñando esa función crítica. Nadie.
Desde el punto de vista de la estabilidad de los funcionarios, es mucho más grave la otra situación. En Vialidad hay 761 profesionales. De éstos, el 55 por ciento (420) está a contrata. O sea, el 55 por ciento de los profesionales del Ministerio depende, por así decirlo, de la "arbitrariedad del Ministro de turno", según el lenguaje usado aquí anteriormente.
En otras palabras, ¿qué se pretende con la función crítica? Establecer un concurso, modalidades de reclamo, de apelación, para dar transparencia. En consecuencia, éste es un primer esfuerzo -tal vez con muchas imperfecciones- para introducir la modernización en el aparato del Estado, en un Ministerio en donde mientras más se invierte, mayor es la "grúa" -perdóneseme la expresión- del sector privado sobre nuestros funcionarios.
Estamos, por cierto, apostando a aquellos que no tienen temor de competir con otros.
Para cualquier autoridad, el problema no es el despedir funcionarios, sino cómo hacer para mantenerlos.
En cuanto a los beneficios, debo recordar que este proyecto de ley contenía otros beneficios, hoy incorporados en la ley despachada por el Congreso Nacional relativa al mejoramiento de la función pública. Por esa razón, un número importante de tales beneficios -que, repito, contenía la iniciativa en debate- ahora figuran respecto de otros profesionales.
Finalmente, desde el punto de vista de la Cartera de Obras Públicas, quisiera reiterar que nuestro objetivo es estimular a los funcionarios para que permanezcan en el Ministerio, y no el perseguir a nadie. Quien decida no postular, obviamente, será respetado en todos sus derechos. Pero para aquellos que dicen "me quiero ir, porque gano poco", la función crítica es una respuesta.
Reconozco que existen dos realidades: en primer término, entre 10 y 40 por ciento de asignación, a lo mejor, es un porcentaje muy bajo. Estamos conscientes de que la realidad del mercado nos dice que somos relativamente competitivos respecto de los profesionales que tienen hasta cinco años de egresados de la universidad. Allí, la diferencia con el sector privado es de aproximadamente 30 por ciento. Pero a partir de los profesionales con más de cinco años, el sector privado empieza a pagar mucho más; dejamos de ser competitivos. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que si un estímulo de 40 por ciento es insuficiente, en el futuro podrá evaluarse con las autoridades correspondientes la posibilidad de aumentar este estipendio de 40 a 60, 80 ó 100 por ciento, a fin de lograr los objetivos de esta ley en proyecto.
En segundo lugar, es igualmente importante la necesidad de garantizar que el número de 850 se pueda establecer o debatir conjuntamente con el proyecto de Ley de Presupuestos de cada año, dependiendo de los volúmenes de inversión del Ministerio. Y de esa manera estaríamos, a mi juicio, más cerca de lo que hemos querido lograr con esta iniciativa.
Sinceramente, espero que al término de esta larga tramitación podamos contar con los votos necesarios para aprobarla, porque considero indispensable comenzar a modernizar, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por no haber más señores Senadores inscritos, queda cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, respecto de este proyecto, me han asistido las dudas expresadas en la Sala en forma reiterada.
En lo relativo al tema de la constitucionalidad, tratándose de una ley orgánica constitucional esta normativa irá al Tribunal Constitucional, el que deberá verificar si tales dudas son efectivas o no. En esa parte, quedo tranquilo.
Considerando los motivos y las aprensiones expuestas hoy durante el debate por el Honorable señor Urenda, voto que sí.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, he escuchado con especial interés el debate, el cual en verdad ha sido bastante largo. Me ha llamado la atención que, pese a tratarse de un informe de Comisión Mixta, a esta altura de la tramitación del proyecto se hayan expresado tantas observaciones que, en el fondo, bien pudieron haberse hecho en el primer trámite, o en el segundo. Francamente, no entiendo esta manera de legislar, pero la respeto profundamente.
Tal vez como consecuencia de mi inexperiencia legislativa me parece que tales argumentaciones podrían haberse planteado en instancias anteriores y no cuando está a punto de despacharse un proyecto de esta naturaleza que -según entiendo- ya ha demorado más de 3 ó 4 años. Por eso, me tranquiliza lo expresado por el Honorable colega señor Larraín, en orden a que desde el punto de vista constitucional no le caben mayores inquietudes, pues tiene la certeza de que la cuestión habrá de ser resuelta por el Tribunal Constitucional.
Aparte de las razones dadas a conocer hoy por el señor Ministro (sin duda repitiendo consideraciones precedentes), estimo que lo que interesa, en lo fundamental, para votar positivamente la iniciativa -como lo voy a hacer-, es que estamos en presencia de un sentido muy diáfano de modernización del Estado. Y esta modernización del Estado tendrá lugar en un Ministerio donde, por primera vez en la historia de nuestra patria de los últimos años, empiezan a surgir antecedentes encontrados acerca de dos elementos de suma importancia: primero, sobre lo que debe ser la carrera administrativa propiamente tal de acuerdo con las normas estatutarias, y, segundo, respecto de la concesión de obra pública o de la concesión de servicio público, antecedentes de modernidad que, como nunca antes, se han venido aplicando con singular certeza y extraordinario éxito en el último tiempo.
Frente a esta realidad, no es admisible seguir meditando en las concepciones de antaño, ni continuar sosteniendo aquellos conceptos que defendimos en la cátedra hace 50 años. Es obvio que ellos deben ir cambiando paulatinamente, en la medida en que las instituciones hayan de ir adecuándose a un auténtico sentido de modernidad. De otra manera resultará muy difícil enfrentar el desafío de gobernabilidad a que estamos abocados todos quienes actuamos en la función pública. Debemos poner el máximo empeño para posibilitar el cumplimiento de los cometidos del Estado.
Por esas razones, entre otras, voto que sí.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, sólo quiero referirme a algunas objeciones respecto de la constitucionalidad del proyecto formuladas aquí en la Sala, especialmente por los Senadores señores Horvath y Bombal.
Me han sorprendido tales aseveraciones, porque esa forma de razonar es propia de la Constitución del 25 y no de la de 1980, que supongo ellos conocen muy bien. En esta última, la potestad reglamentaria del Presidente de la República es particularmente amplia, mientras que la potestad legislativa tiene por función dictar normas de carácter general. Por eso, no veo ninguna objeción válida.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (31 votos contra 6).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Larraín, Lavandero, Matta, Moreno, Novoa, Ominami, Páez, Parra, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Bombal, Canessa, Horvath, Martínez, Pinochet y Prat.
_____________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Han llegado a la Mesa algunos documentos para ser incluidos en la Cuenta de la presente sesión.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Oficio del señor Presidente de la República en el cual comunica que se ausentará del territorio nacional entre los días 7 y 12 del mes en curso, ambos inclusive, para asistir a la inauguración del "Vigésimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicada a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas.".
Agrega que durante su ausencia lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el Ministro del Interior, señor Carlos Figueroa Serrano.
--Se toma conocimiento.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales respecto de la visita realizada por sus miembros a la ciudad de Rancagua.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
También se ha pedido incorporar en la Cuenta un proyecto de acuerdo.
El señor LAGOS (Secretario).-
El proyecto de acuerdo está firmado por diversos señores Senadores y tiene por objeto encomendar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento proponer a la Sala las modificaciones reglamentarias necesarias a fin de que la Corporación cuente con una Comisión de Ética y un Código de Conductas Parlamentarias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
PRESENCIA EN CUBA DE EXTREMISTAS FUGADOS DESDE CÁRCEL
EN CHILE. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre dos proyectos de acuerdo.
El señor LAGOS (Secretario).-
El primero, suscrito por los Senadores señores Larraín y Chadwick, entre otros, tiene por objeto solicitar al Presidente de la República que, en nombre del Senado de Chile, proteste formalmente ante el Jefe del Estado de Cuba por la falta de colaboración del Gobierno y de los tribunales de justicia cubanos para esclarecer la presencia en ese territorio de los dos condenados por el asesinato del Senador señor Jaime Guzmán y posteriormente fugados de la cárcel de nuestro país.
El señor CHADWICK.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No hay debate. Pero Su Señoría puede fundamentar el voto.
El señor NOVOA.-
Parece haber consenso en aprobarlo.
El señor PRAT.-
En efecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba por unanimidad.
El señor LARRAÍN.- Muchas gracias.
ENSAYOS NUCLEARES EFECTUADOS POR INDIA Y PAKISTÁN.
PROYECTO DE ACUERDO
El señor LAGOS (Secretario).-
El segundo está firmado por diversos señores Senadores y se refiere a los ensayos nucleares llevados a cabo por los Estados de India y Pakistán.
El señor PÁEZ.-
Conforme, que se apruebe también.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, daríamos por aprobado el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
VIII.-
INCIDENTES
El señor LAGOS (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
_____________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BOMBAL:
Al señor Ministro de Salud, sobre MODALIDAD DE RECETA RETENIDA PARA DERIVADOS DE LA CODEÍNA, y al señor Contralor General de la República, relativo a SITUACIÓN JURÍDICA DE CONTRATO ENTRE EMPRESA KDM Y MUNICIPALIDADES.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior, Ministro de Economía y Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, acerca de LICITACIÓN DE EMPRESA EDELAYSEN S.A., y a la señora Ministra de Justicia, referente a la CREACIÓN DE JUZGADO ESPECIAL DE MENORES EN COYHAIQUE (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, sobre RECUPERACIÓN DE PODER ADQUISITIVO DE PENSIONES, y al señor Ministro de Salud, relativo a PROBLEMAS DE SALUD EN MAULE, LINARES, LONGAVÍ Y CAUQUENES (SÉPTIMA REGIÓN).
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Educación, acerca de NUEVOS EDIFICIOS ESCOLARES PARA PICHILEMU (SEXTA REGIÓN); al señor Ministro de Agricultura, referente a MATADERO EN COMUNA NAVIDAD (SEXTA REGIÓN), y al señor Subsecretario de Pesca, sobre SITUACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE SEXTA REGIÓN.
Del señor RUIZ-ESQUIDE:
Al señor Ministro de Planificación y Cooperación, relativo a INVERSIÓN PÚBLICA EN CONCEPCIÓN, ÑUBLE, BIOBÍO Y ARAUCO (OCTAVA REGIÓN).
_____________
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional, el que no usará.
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
FISCALIZACIÓN DE PLAYAS EN LOCALIDAD DE TONGOY. OFICIO
El señor CORDERO.-
Señor Presidente, la localidad de Tongoy, perteneciente a la comuna de Coquimbo, Cuarta Región, es ampliamente conocida por la hermosura y limpieza de sus playas y las bondades de su clima, lo que la ha convertido en un balneario turístico de excelencia, elegido por muchos compatriotas como lugar preferido para su solaz y descanso en cualquier época del año.
Sin embargo, en este último tiempo, esas cualidades se han visto seriamente amenazadas por los desechos que cubren sus playas y la contaminación acústica producida por diferentes embarcaciones.
Pese a la infatigable labor fiscalizadora desplegada por los dos funcionarios de la Armada de Chile destinados a Tongoy, junto con Carabineros, la situación descrita anteriormente no ha variado, repercutiendo directamente en el turismo de la región, debido a que se precisa mayor número de funcionarios para lograr una fiscalización adecuada que permita, en el corto plazo, superar el problema descrito.
En mérito de lo anterior, señor Presidente, solicito que se oficie, en nombre del Senador señor Jorge Pizarro y en el mío, al señor Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almirante señor Jorge Arancibia Reyes, a fin de que se sirva arbitrar los medios necesarios para aumentar la dotación de tal institución en Tongoy y lograr, a través de una coordinación adecuada con Carabineros, una fiscalización efectiva y eficiente de las playas de dicho lugar tanto en temporada estival como en invierno.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de los señores Senadores, de conformidad al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
PROBLEMAS EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, quiero referirme a dos problemas particularmente graves que afectan a la Región del Biobío.
En primer lugar, se ha programado para el día viernes 5 del presente una suerte de movilización popular en la ciudad de Talcahuano, con el objeto de llamar la atención de las autoridades respecto de la situación de ese puerto, en particular, por el retraso de importantes proyectos de inversión comprometidos para este año, los que, sin embargo, han sido pospuestos.
En verdad el puerto de Talcahuano produce una enorme riqueza para la región y para el país; pero la inversión pública que allí se realiza, si bien ha aumentado durante el Gobierno del Presidente Frei, no guarda relación con el aporte que esa ciudad realiza al Erario.
Entonces, señor Presidente, se trata de dar a conocer la situación de Talcahuano. Llamo la atención sobre el hecho de que el día viernes a las 11 de la mañana en la municipalidad de ese puerto, los Parlamentarios de la región, independientemente de banderías políticas, suscribiremos un documento denominado "La demanda de Talcahuano", donde se consignan los principales proyectos del Gobierno que están retrasados, con el objeto de apurar su tramitación y, de esa forma, poder resolver, por lo menos en parte, el problema que afecta a dicho puerto.
En segundo término, creo importante que el Senado conozca la situación, también bastante grave de las comunidades de Penco y Tomé.
La empresa Lozasur, en el caso de Penco, acaba de anunciar el término de sus funciones, porque no puede resistir la competencia internacional. Despedirá a más o menos 400 empleados, lo que para dicha ciudad no puede ser sino una noticia verdaderamente grave e, incluso, podríamos decir catastrófica por la cesantía allí existente.
Por eso, nos comunicamos con las autoridades del Ministerio de Economía, a fin de pedirles que estudien con el gobierno regional alguna forma de auxiliar a los trabajadores que serán despedidos y, al mismo tiempo, a toda la comunidad de Penco, lo que esperamos se materialice el día viernes 11, con la visita especial de las autoridades a la región.
En el caso de Tomé, la empresa Bellavista, en una de sus ramas, Linos Tomé S.A., procederá también al despido de entre 110 y 150 trabajadores, porque tampoco puede resistir la competencia internacional, especialmente la de los productos provenientes de Asia. Esto representa para Tomé -de nuevo- un problema particularmente crucial, porque se trata de la industria madre que le ha dado vida a la ciudadanía tomecina y ha marcado su historia.
Sobre el particular, conversamos con los dueños de la empresa, quienes nos recordaron las enormes dificultades económicas en las cuales se debate el sector textil y, en particular, la empresa Linos Tomé.
Junto con ello, me parece muy importante llamar la atención respecto de cómo la crisis asiática está golpeando a la Región del Biobío, sobre todo al sector industrial, que de alguna manera es el que ofrece mayor ocupación en la zona.
No es casualidad lo que ocurre en Penco y Tomé. No deseo referirme ahora a lo que, en cierta forma, también está sucediendo con la industria de la madera y a lo que incluso podría pasar, esta vez no por culpa de la crisis asiática, sino por la "Corriente del Niño", con la industria pesquera de la zona.
En definitiva, el panorama respecto del crecimiento económico y de la mantención de la tasa de ocupación actual, no es de los mejores.
Por lo tanto, quiero pedir que se oficie en mi nombre, por una parte, al señor Ministro del Interior, transcribiéndole esta intervención, para que se tome plena conciencia de la situación que vive el puerto de Talcahuano. Y solicito dirigirlo a dicho Secretario de Estado por ser la cabeza del Gabinete, ya que las materias que afectan a dicho puerto competen a distintos Ministerios (de Vialidad, de Obras Públicas, de Educación, etcétera). Entonces, más que dar a conocer esta intervención a cada una de las Carteras involucradas, creo que lo que corresponde es enviarla al Ministro del Interior, con la petición de que él la ponga en conocimiento de los Ministerios respectivos.
Por otro lado, deseo que también se oficie a los Ministerios de Economía y de Hacienda, comunicándoles la situación producida en Penco y Tomé a raíz de los anuncios efectuados por las industrias Lozasur y Linos Tomé.
Formulo tal petición, pues creo que es deber de los representantes de la región hacer presente en esta tribuna, y por su intermedio a la opinión pública nacional, los dramáticos acontecimientos que se viven en la zona, sobre todo en ciudades que, por ser relativamente pequeñas, después no logran conmover y abrir las puertas de quienes deben adoptar las decisiones fundamentales. Éstas, desgraciadamente, todavía se toman en Santiago.
Por lo tanto, creo mi deber usar esta tribuna para poner en conocimiento de la opinión pública estos importantes temas regionales.
He dicho.
El señor PARRA.-
Pido que se agregue mi nombre, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios correspondientes en nombre de los Senadores señores Viera-Gallo y Parra.
Si me lo permite la Sala, deseo plantear, muy brevemente, desde la Testera dos elementos básicos de la petición del Senador señor Viera-Gallo. Éstos dicen relación a la reforma constitucional aprobada por el Parlamento y publicada en el Diario Oficial de noviembre de 1997, que dejó establecido en el artículo 107 que los servicios públicos "deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo".
Por tal motivo, el Congreso radicó en el concejo comunal la responsabilidad de actuar y coordinar la acción de todo cuanto sea importante para el desarrollo de la comuna.
Deseo insinuar a Su Señoría que también envíe su intervención, en su nombre y en el del Honorable señor Parra, al gobierno regional, a fin de pedir la aplicación del artículo 19, número 20º, de la Constitución, que señala que una ley simple permitirá que una parte de los tributos o todos ellos, generados por actividades relevantes en la comuna, puedan ser aplicados por ella misma. Esta norma debería constituir la inyección y el fundamento básico de todo lo proyectado en el plan de desarrollo comunal, que seguramente la comuna de Talcahuano lo tiene terminado. Y, si no lo tuviere concluido, es oportuno que lo tenga a la vista para avanzar en ese proceso.
Por lo tanto, -y ruego a Su Señoría disculparme- termino insinuándole que también envíe sus palabras al gobierno regional, para actuar regionalizadamente.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, desde luego, acepto lo que usted señala. Ojalá Su Señoría -si bien representa otra circunscripción, pero también es de la Octava Región-, pudiera adherir a la petición que hemos hecho.
Evidentemente, Talcahuano es una de las comunas más estudiadas del país, y tiene muy bien establecido su plan de desarrollo. Lo que le falta es determinar el plano regulador, lo cual se está llevando a cabo mediante estudios realizados por universidades de la Región y debatiendo por barrios en dicha comuna. El otro día asistí a la discusión del plano regulador en el sector centro de la ciudad, y debo decir que hubo muy buena participación de miembros de la comunidad, y con mucho interés. El alcalde estima que va a estar aprobado dentro del año en curso.
Sin embargo, el drama de Talcahuano radica en que, si bien cuenta con un plan de desarrollo comunal, carece de los instrumentos suficientes para tomar las decisiones.
Por eso, es muy útil lo planteado por usted, señor Presidente, en el sentido de oficiar también al gobierno regional.
Otra demanda que se hace con frecuencia de parte de las autoridades nacionales y regionales respecto del municipio de Talcahuano, consiste en que éste presente más proyectos a los distintos fondos nacionales y regionales.
No quiero emitir un juicio al respecto; pero, sin duda, es un punto que también hay que clarificar. El municipio de Talcahuano debe actuar, quizás, con mayor dinamismo en la presentación de los proyectos respectivos. Por ejemplo, en materia de implementación de la doble jornada escolar, mejoramiento de barrios, u otros asuntos.
Sin embargo, más que poner el acento en ese aspecto, a mi juicio, lo importante es -como Su Señoría señala- que el gobierno regional y las autoridades nacionales se ocupen de Talcahuano y de la crisis de Penco y de Tomé.
Por lo tanto, acogiendo su planteamiento, pido que se envíen los oficios, transcribiéndole mi intervención a los municipios de Talcahuano, Penco y Tomé y al gobierno regional.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
También adhiero a los oficios solicitados por el señor Senador.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Viera-Gallo, de conformidad al Reglamento, petición a la cual adhieren los Senadores señores Parra y Ríos.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Los Comités Socialista, Institucionales 2, Mixto y Demócrata Cristiano no harán uso de su tiempo.
En consecuencia, corresponde el turno al Comité UDI e Independientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
RECONOCIMIENTO A LABOR DE BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi reconocimiento al trabajo que está llevando a cabo la Biblioteca del Congreso Nacional en todo lo referente al desarrollo de la informática.
En la tarde de hoy, sostuve una interesante reunión explicativa de los sistemas de información que impulsa nuestra Biblioteca y del apoyo que ha recibido, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, en cuanto a la modernización de los sistemas.
Francamente, debo señalar a la Mesa y a mis Honorables colegas que estamos en presencia de un instrumento extraordinariamente valioso, de gran trascendencia, por su desarrollo tecnológico, con un alcance insospechado y de grandes consecuencias para la labor parlamentaria.
Por eso, quiero expresar públicamente nuestro reconocimiento al trabajo que ahí se ha realizado. Más de alguna vez ha merecido críticas -tal vez, porque tomó su tiempo, y sigue requiriéndolo-; pero el nivel a que se ha arribado, conforme a lo que hoy se nos exhibió, merece todo nuestro elogio.
Hago extensivo nuestro reconocimiento a la Mesa y al personal del Senado en todo lo que les ha correspondido al respecto.
IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN REGIÓN METROPOLITANA. OFICIO
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, en segundo término, deseo referirme a un asunto que en días pasados hice público y que se vincula a una situación que está afectando los contratos de extracción de basura en la Región Metropolitana.
Se han realizado licitaciones -no lo señalo yo, sino la propia Contraloría General de la República- que adolecen de vicios muy sustantivos e importantes. Respecto de ellos, hasta la fecha nada se dice.
Ocurre que en los tiempos en que desarrollaba mi labor como Diputado, requerí, en reiteradas oportunidades, al órgano contralor y a los organismos técnicos de los distintos servicios de la Administración del Estado, muchos antecedentes acerca de cómo se estaba llevando a cabo el proceso de manejo de la basura, particularmente en los últimos cinco años.
En febrero recién pasado, encontrándose en receso el Parlamento, llegó a la Cámara de Diputados el oficio, firmado por la Contralora subrogante señora Noemí Rojas, en el cual se nos remitió el informe que la Subdivisión de Auditoría e Inspección del Departamento de Inspección de la División de Municipalidades emitió respecto de todo el proceso de licitación de la basura en 20 municipios de la Región Metropolitana. En dicho oficio se consigna que, entre las anomalías presentadas, expuestas o analizadas, existían nada menos que pagos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) efectuados indebidamente por los municipios a la empresa recolectora, los que ascienden a la suma de 853 millones 888 mil 801 pesos.
Esos son pagos, por concepto de IVA, que efectuaron las municipalidades a la empresa que realiza el tratamiento y disposición final de residuos sólidos en los vertederos.
¿Qué se nos dijo por parte de la empresa que cobró dichos pagos? Que ello se debía a que había existido una interpretación controvertida por parte del Servicio de Impuestos Internos, dado que recién en marzo del año en curso éste fijó el criterio respecto de qué servicios estaban afectos al pago del IVA y cuáles no lo estaban.
Quiero hacer presente que desde 1984 existe jurisprudencia reiterada en todos los dictámenes del Servicio de Impuestos Internos, en el mismo sentido ratificado nuevamente ahora en marzo de 1998, esto es, que la disposición final de la basura y su tratamiento no se encuentran afectas al IVA. En el informe se señala que las municipalidades individualizadas -con excepción de una- han pagado indebidamente el Impuesto al Valor Agregado por los servicios que presta la empresa KDM S.A. respecto al tratamiento y disposición final de residuos sólidos, situación que ha sido ratificada por el Servicio de Impuesto Internos, entre otros, en el oficio Nº 2566 de 1997. De manera que desde ese año, la Contraloría viene afirmando el criterio del SII como lo señalo. Pero, a mayor abundamiento, le he hecho llegar al señor Contralor la jurisprudencia respectiva desde 1984.
Señor Presidente, esta situación tiene importancia y gravedad, y es muy difícil que este impuesto mal pagado pueda ser restituido a estas alturas. ¿En qué se ha traducido? En que cuando estos contratos han sido licitados, se ha determinado un costo por el servicio de basura. Aclaro que esta situación afecta también a EMERES S.A., que maneja otro sector de Santiago. Es decir, se trata de dos empresas: KDM S.A. y EMERES S.A. Ahora bien, ¿qué está afecto a pago de IVA? La extracción y el transporte. Eso paga IVA. Lo que no paga ese impuesto es el proceso que sufre la basura una vez que llega a la puerta del vertedero, o sea, el tratamiento. Sin embargo, por todo esto se ha cobrado IVA.
Ocurre entonces que los costos de los servicios de aseo para las municipalidades han sido, en una parte importante, agregados en un 18 por ciento, lo que ha recaído en el vecino que ha pagado derechos de aseo bastante más altos que los debidos, pues el costo total que significa la extracción de basura se calcula haciendo la división por roles y, así, se cobra a los que deben pagar.
Por lo tanto, esta situación ha tenido una incidencia en el presupuesto de muchas familias. Y en La Granja, La Cisterna y Lo Espejo, personas mayores y jubiladas que viven de una pensión, que poseen una modesta vivienda y que no se hallan exentas del pago de dicho servicio, me lo dicen una y otra vez: "¡Pero, señor, cómo es posible que me cobren 14 mil pesos al semestre!", cantidad que para ellas es alta, dado que su ingreso al presupuesto familiar es poco. Entonces, se trata de un problema serio. Pero existe uno mucho más serio: aquí, las empresas han utilizado ese impuesto, han desarrollado su actividad empresarial y han girado y obtenido créditos por parte del Fisco con cargo al IVA que las personas pagan, beneficiándose naturalmente con esta situación.
No quiero calificar intenciones ni afirmar que existe dolo o delito tributario. ¡No! Ésa es una materia que no me corresponde analizar. Lo que he hecho, y respecto de lo cual las empresas y los afectados me han criticado mucho, no es más que consignar las afirmaciones del Contralor General de la República, acerca de lo que está sucediendo con estos cobros indebidos de IVA. Pero hay más.
Cuando uno lee el informe citado se encuentra con aspectos muy concluyentes. ¿Qué dice? "Las municipalidades integrantes del convenio intercomunal para la selección conjunta de opciones al tratamiento intermedio y disposición final de residuos sólidos" -y las menciona- "han adjudicado la propuesta pública "Tratamiento intermedio y disposición final de residuos sólidos municipales" a la empresa KDM S.A., vulnerando los principios rectores de toda licitación, esto es, igualdad de los oferentes y apego estricto a las bases, según se acredita con los siguientes hechos:". Y entre los muchos que menciona -no los citaré para no cansar a Sus Señorías-, señala que ha modificado al momento de la suscripción del contrato el tipo de garantía por la fiel ejecución del mismo. Forma parte de la esencia de una licitación el hecho de que las garantías se encuentren señaladas en las bases y se establezcan, a su vez, al momento de celebrar el contrato exactamente en los mismos términos en que dichas bases los expresan. En este caso, se modificó al momento de suscripción del contrato el tipo de garantías por la fiel ejecución del mismo. ¿Dónde queda el principio de igualdad de los oferentes?
No se respetó lo establecido en las cláusulas cuarta y séptima del convenio intercomunal al modificar el número y composición de los integrantes del Comité Ejecutivo evaluador de las ofertas, lo que es de suyo delicado.
Se modifica el número de personas que debían integrar el Comité Ejecutivo evaluador. Y así se continúa señalando, más adelante, otro tipo de irregularidades que se han producido.
Me basta nombrar las anteriores, junto con la referente al IVA, para decir: ¡Bueno, señor Contralor, a estas alturas, ¿qué está haciendo la Contraloría? Es más, después de una larga lista de consideraciones -y puedo dejar el oficio respectivo en Secretaría a disposición de los señores Senadores o, si la Mesa así lo estima, consignarlo íntegramente en las actas-, dice: "Corresponde instruir sumario administrativo para establecer las responsabilidades funcionarias, especialmente al consignarse en el respectivo contrato la obligación de pagar IVA en circunstancias que el servicio contratado con KDM no proviene de actividades comprendidas en los N°s 3 ó 4 del artículo 20º de la Ley de Renta.".
Y termina señalando: "En consecuencia, procede que el Presidente del Consejo de Alcaldes Vertedero Cerros de Renca adopte las acciones pertinentes a fin de regularizar las observaciones mencionadas e informe sobre su resultado, en el más breve plazo, a este Organismo Contralor.".
Aquí había que realizar sumarios. Hasta donde sé, de acuerdo a lo que se me informó -y espero no estar equivocado-, solamente el municipio de Las Condes estaría llevando adelante dicho sumario, cuya realización fue encargada en el mes de febrero.
Señor Presidente, expongo estos hechos porque en el tema de la basura hay mucho más de lo que aquí se señala. En el día de ayer conversaba con el señor Presidente del Senado, también representante de la Región Metropolitana, y me hacía ver la urgencia de legislar para establecer un mecanismo que garantizara debidamente y de manera definitiva (en relación con este tema bastante enrarecido de los servicios de aseo) un adecuado manejo y función final, estableciendo pautas que impidan la continuación de situaciones a todas luces irregulares.
Me he permitido solicitar también que se oficie en mi nombre al señor Contralor General de la República, a fin de que ese organismo de fiscalización informe lo siguiente:
En relación a todas las irregularidades detectadas y detalladamente informadas por la Contraloría, ¿en qué situación jurídica se encuentra el contrato suscrito entre la empresa KDM S.A. y las municipalidades, particularmente porque se aprecia que en el proceso de licitación se vulneraron dos principios básicos de toda propuesta pública cuales son el de la estricta sujeción a las bases y el de la igualdad de los oferentes?
En ese contexto, además, se aprecia que cinco municipalidades adhirieron al contrato sin pasar por el trámite de propuesta pública, circunstancia que agrava aún más la situación descrita.
En atención a lo anterior, solicito expresamente que el organismo contralor se pronuncie directamente por la posibilidad de ordenar a los municipios la invalidación del contrato.
Respecto a los sumarios administrativos dispuestos, solicito que el señor Contralor verifique e informe si éstos se están substanciando en los respectivos municipios. Además, que proceda a extender su investigación relativa al pago del IVA a todos los demás municipios del país, particularmente a los del área sur de Santiago, que dependen de EMERES S.A.
Es cierto que no en todas las regiones existen estos vertederos y que la basura se va depositando en ciertos recintos, lugares o depresiones de terrenos, sin un mayor tratamiento. Sin embargo, hay algunas en las cuales se realiza un tratamiento de la basura, y, en consecuencia, me gustaría saber si en ellas se realiza este pago indebido.
También deseo que se informe si procede o no que los contratos vigentes, en los que hoy se considera el IVA, deban renegociarse en relación con los precios actuales que se cobran. Al respecto, tengo antecedentes de que a raíz de lo señalado por la Contraloría, la empresa EMERES S.A. ha advertido que ya reajustó la tarifa para así poder resarcirse de lo que le significa el menor ingreso por concepto de IVA, situación enteramente anómala desde el momento en que se introduce un factor distinto de lo que es la reajustabilidad de tarifas conforme a las bases y al contrato.
Finalmente, solicito que el señor Contralor verifique cómo se ha implementado el procedimiento para la devolución del IVA mal cobrado, y que particularmente disponga, conforme a la normativa vigente, cómo dichos mayores ingresos que recibirán las municipalidades por parte del Fisco serán devueltos a los vecinos. Así como los vecinos pagaron más, la municipalidad recuperará el IVA cancelado indebidamente e ingresarán a sus arcas nuevos recursos que deberá devolver a aquéllos. Y como sabemos que el municipio no podrá hacer los reintegros extendiendo cheques a los afectados, la Contraloría deberá indicarnos el mecanismo, que bien puede consistir en que en las contribuciones del próximo año se proceda a las rebajas pertinentes.
Señor Presidente, quiero ser muy claro al señalar que no creo que al respecto haya existido intención dolosa ni nada que se parezca. Se trata de una situación abiertamente irregular, que fue detectada por el Órgano Contralor y que debe ser corregida.
Pero me atrevo a decir más: en lo relativo a la extracción de basura, no es ésa la única situación irregular existente. Hay muchas otras. Y ojalá las autoridades contralora, de intendencia y ministeriales se aboquen a despejarlas.
Me parece que nos hallamos en presencia -de hecho, lo estamos analizando en conjunto con la Cámara de Diputados- de un caso respecto del cual es factible la formación de una comisión investigadora que, ejerciendo la facultad privativa de esa rama del Congreso, investigue, no a los municipios -porque ellos no están dentro de la posibilidad de ser investigados-, sino a los intendentes y ministros que, a su turno, han tenido intervención en este enrarecido y sucio negocio de la basura, que significa que, mientras en Regiones los vecinos pagan precios razonables por la disposición final de los residuos sólidos, en la Metropolitana dicho servicio cuesta sumas siderales, sin que nadie haya podido establecer fehacientemente por qué ocurre eso. Aquí hay una parte que se explica; pero no lo es todo.
Recordemos también sobre este punto que, acerca del vertedero de Lonquén, que ha sido extraordinariamente controvertido, hemos solicitado pronunciamiento al señor Fiscal Nacional Económico, porque en su gestación estaríamos en presencia de conductas monopólicas que pueden ser de la mayor gravedad si termina autorizándose su funcionamiento. Ello, aparte todos los efectos que genera la ubicación de ese vertedero en un área agrícola importante del sector sur de Santiago, la que sería destruida.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
La Mesa entiende, señor Senador, que usted desea que sus expresiones referidas a la Biblioteca del Congreso Nacional se den a conocer a sus directivos.
El señor BOMBAL.-
Me basta con lo que he planteado en la Sala.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Muy bien.
El señor BOMBAL.-
Supongo que ellos se enterarán fácilmente de lo que expresé.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Por otro lado, si me lo permite Su Señoría, haré una breve referencia a otro punto que me parece relevante.
El señor BOMBAL.-
Con todo gusto, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Desde mi punto de vista, la totalidad de la información que el señor Senador entregó pone en crisis la efectividad de la gestión fiscalizadora de los concejos comunales en la Región Metropolitana. El hecho de que sólo una de las 52 municipalidades que tiene esta Región haya intervenido en las acciones que indicó Su Señoría (entendiendo que son reales) no deja dudas en cuanto a que los otros 300 concejales se marginaron del asunto, por razones que no alcanzo a entender.
Lamentablemente, estoy señalando una verdad.
El señor BOMBAL.-
Ésa es la información que se me entregó, señor Presidente. Pero no tengo evidencia constatada de que en el resto de las comunas no se estén instruyendo los sumarios correspondientes.
Obtuve los antecedentes que expuse como resultado de reuniones que han celebrado las distintas municipalidades, donde todavía se espera resolver lo que se hará al respecto.
La situación, tal como el señor Presidente la plantea, es más que delicada.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:39.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción