Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras. El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. El acta de la sesión 10ª, ordinaria, en 22 de abril del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación. El señor RÍOS (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.



En seguida, corresponde pronunciarse sobre el Nº 2, que no fue objeto de enmienda por el órgano técnico. Se trata de un precepto tendiente a reemplazar el artículo 3º de la ley Nº 18.575 por el que se indica, y requiere para su aprobación de quórum de ley orgánica constitucional. El señor HAMILTON.- ¿con la sola excepción de dos que, a solicitud del Senador señor Novoa, quedaron pendientes para ser tratadas por la Sala. Las restantes están todas aprobadas. Tratándose de una disposición del proyecto que no ha sido objeto de modificaciones por la Comisión, el Senado debe darle la aprobación necesaria en este trámite. El señor HAMILTON.- Perdón, señor Presidente. Vuelvo a hacer la pregunta, pues a lo mejor no he sido claro: ayer se acordó que las normas de rango orgánico constitucional, con excepción de dos, se dieran por aprobadas por la Sala. ¿Por qué vamos a aprobarlas nuevamente si ya fueron acogidas? El señor LAGOS (Secretario).- Se trataba de las proposiciones formuladas por la unanimidad de la Comisión, señor Senador, que constan en el documento repartido a Sus Señorías, las cuales están aprobadas. Pero no lo están aquellas partes del proyecto que no fueron objeto de enmiendas por el órgano técnico, como sucede con el Nº 2 del artículo 1º, que no fue objeto de proposición ni está aprobado por él. Para ser claro, salvo cuatro materias -así se dijo en la reunión de Comités, y el Senador señor Parra fue muy explícito en precisarlas-, lo demás está aprobado. Ellas dicen relación, entre otras cosas, al Nº 1; segundo, a la declaración jurada de patrimonio o de intereses; tercero, a un problema que aún subsiste, de los Parlamentarios, y la cuarta no la recuerdo. El resto -no sé si el Senador señor Díez me encuentra razón- fue aprobado unánimemente en la Comisión. El señor SILVA.- Tal vez el documento titulado "Unanimidades", que se repartió ayer, ilustre esta confusión. En él se alude a "Artículos del proyecto que contienen proposiciones unánimes de la Comisión que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, pueden ser aprobados por el Senado y que no tienen indicaciones renovadas.". Lo que figura en este documento fue lo que aprobamos en la sesión de ayer, y se entiende que no requiere de nueva votación. El señor DÍEZ.- El problema surgido ahora es distinto, porque al inicio de la sesión de ayer se planteó dar por aprobados los artículos que hubieran sido acogidos unánimemente por la Comisión. Y, según entiendo, esa votación se efectuó y había el número de Senadores suficiente para aprobar las normas de quórum especial. El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se da por aprobada la proposición. Hay 31 señores Senadores presentes en la Sala. El señor LAGOS (Secretario).- En seguida, se ha renovado la indicación número 11, para sustituir el inciso final del artículo 8º bis propuesto por el siguiente: "Excepcionalmente podrán celebrarse contratos previa propuesta privada o mediante trato directo, en situaciones de emergencia calificadas como tales por decreto supremo y en aquellos casos que la ley lo permita atendida su naturaleza o cuantía.". En tal virtud, somos contrarios a aprobar la referida indicación. Ése es el sentido y justificación de la misma. Todo lo anterior, señor Presidente, apunta a la necesidad de mantener la norma aprobada por la Comisión y a rechazar la indicación renovada. El señor BOENINGER.- Señor Presidente, en la misma dirección de lo expresado por el Honorable señor Hamilton, deseo consignar que realmente me sorprende que en un período en que se busca, con razón, maximizar la agilidad y eficiencia de la Administración del Estado se coloquen limitaciones que pueden entrabar su funcionamiento. Cabe recordar que el fin perseguido, que es un control de legalidad, de honestidad, existe en un conjunto de métodos modernos y de otros tradicionales con plena vigencia en el país, como lo que dice relación a la Contraloría General de la República y a sistemas de auditoría interna o externa que es posible implementar. Francamente, me parece que la indicación en debate va en contra de la tendencia natural a una Administración Pública más ágil, más eficiente, que se halle en mejores condiciones de actuar con rapidez en la prestación de los servicios que le corresponden, por lo que debe ser rechazada. Por tales motivos, voto en contra. Por tales razones, es muy atendible y pertinente la indicación, la que voto favorablemente. Voto que no. Por estos argumentos, voto en contra. Voto a favor. Voto en contra. Porque considero altamente conveniente y útil mantener el texto, voto en contra de la indicación. Por eso, voto en contra de la indicación. Por esas razones, voto en contra de la indicación. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay consenso. --Se acuerda omitir la lectura del artículo. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, este artículo es copia textual del que se aprobó en el proyecto de ley de prensa y ejercicio del periodismo, de manera que resulta innecesario no sólo leerlo, sino discutirlo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, tiene razón el Senador señor Larraín. Lo que ocurre es que nosotros no queríamos que este precepto quedara en la ley de prensa, porque lo lógico era incorporarlo en el proyecto en debate. Tenía entendido que se había aprobado por unanimidad en la Comisión, pero algo pasó, porque me dicen que su aprobación no fue unánime. El señor HAMILTON.- Claro, se aprobó por unanimidad. Y de nuevo nos enfrentamos al mismo problema, señor Presidente. Es la tercera vez en la discusión de este proyecto. Se acordó que los artículos aprobados por unanimidad en la Comisión se darían por aprobados aquí en la Sala.

Sugiero aprobarlas por unanimidad. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, quiero simplemente solicitar a la Sala acoger la petición que nos ha hecho el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en orden a incorporar al artículo 11 bis las dos modificaciones puntuales propuestas por la Corte Suprema. Hago referencia al punto a fin de que se vea la manera de solicitar al Ejecutivo, tal vez mediante un oficio, que estudie el asunto y, por último, que vete el artículo correspondiente en el texto del proyecto de ley de prensa, con el objeto de lograr una mayor coherencia y evitar que haya un artículo análogo en dos leyes diferentes. Acordado. El señor LAGOS (Secretario).- En el Nº 10 del artículo 1º, la Comisión introdujo las siguientes modificaciones (pese a ser una proposición unánime, se acordó dejarla pendiente): en la frase "empresas públicas del Estado creadas por ley", suprimir las palabras "del Estado", y reemplazar la expresión "regulado por el" por "en virtud del". Por lo tanto, solicito que el Nº 10 quede redactado en la misma forma que el Nº 1º, a fin de mantener la coherencia entre ambas disposiciones.

El señor LAGOS (Secretario).- Se ha renovado la indicación Nº 31, para sustituir el epígrafe del Párrafo 3º por el siguiente: "De las declaraciones de patrimonio y de intereses". En mi opinión, la legislación comparada en este sentido es clara. En todas las democracias maduras del mundo, se exige a los servidores públicos la declaración de patrimonio y éste efectivamente no se considera un asunto meramente privado como es el caso del patrimonio de cualquier otro ciudadano. Gracias, señor Senador. La dimensión técnica de la indicación puede ser resuelta. El sentido de ésta es suficientemente claro: se trata de los intereses patrimoniales fundamentales, o sea, las propiedades y activos. El tema jurídico lo dejo a los expertos que hay acá sobre la materia, pero, reitero, el sentido de la indicación es clarísimo. Por eso, me parece conveniente aprobar las expresiones "patrimonio" e "intereses" con la idea de corregir la normativa, o simplemente la devolvemos a Comisión, para que ella nos haga una propuesta alternativa. Creo que en este caso no podemos entrar -ni incluso en la propia ley- a detallar un asunto de esta naturaleza. Si no se acoge la sugerencia planteada, deberemos pronunciarnos respecto de la indicación renovada. La idea planteada por el señor Presidente permite complementar las cosas en términos razonables al señalar que una norma reglamentaria precisará el contenido de la disposición, para los efectos de que realmente pueda ser útil. Pero si establecemos sólo la declaración de intereses, se producirá una situación tan ambigua como la que acabo de relatar. Y si aceptamos la declaración de intereses y patrimonio, caeremos en lo mismo. Tal vez es mejor autorizar para que, por la vía reglamentaria, se regule lo que se entiende por patrimonio. Por eso, invito al Senado a aprobar las indicaciones en cuestión. Por lo tanto, me preocupa mucho el término "patrimonio", sin perjuicio de estar de acuerdo en que no debe aceptarse el enriquecimiento no justificado. No soy partidario de emplear la expresión "patrimonio" en forma amplia, porque puede originar situaciones de mucha injusticia. Por todas esas razones, la Comisión propuso que la declaración pública y actualizable cada cierto tiempo recaiga sólo en los intereses económicos y profesionales, concepto que parece suficientemente amplio a los efectos de evitar la corrupción, finalidad que motiva la adopción de dicha medida. En definitiva, señor Presidente, no me pronuncio sobre aquella materia. Con respecto a la declaración de patrimonio, no creo posible materializarla, atendida especialmente la gravedad que revisten las sanciones. El señor GAZMURI.- Los intereses no ayudan a la comprensión y a la transparencia total. Por eso, yo no contrapondría la argumentación a favor de la declaración de intereses como un elemento de crítica a la propuesta de incluir, además, la de patrimonio. Por eso, señor Presidente, la declaración de patrimonio me parece un trámite innecesario, difícil de establecer y muy peligroso porque las sanciones son extremas. Pensemos, entre las que se proponen acá, en la destitución en caso de cometer errores. Además, la calificación es también muy relativa y tendrá que hacerse necesariamente a través de los tribunales. Y si esto es así, estimo mejor aplicar derechamente el procedimiento normal en materia de corrupción: la denuncia responsable ante la justicia, de modo que la persona tenga la posibilidad de defenderse y de justificar sus acciones ante un juez y no ante funcionarios administrativos. No creo que ello inhiba a las personas de participar en el servicio público, como lo planteó un Honorable Senador. Por el contrario. Es cosa de ver este mismo Senado para darse cuenta de que el problema de los intereses económicos y del patrimonio no ha sido obstáculo. Al revés, ha sido quizás un buen antecedente para que muchos de los que aquí están, teniendo un gran patrimonio, puedan representar a la ciudadanía con total y absoluta autonomía al momento de tomar sus decisiones. De ahí que, para no establecer una norma que no tendrá ningún resultado, prefiero dejar pendiente el tema y, con el dolor de no poder materializar un principio, voto que no. Por esta razón, voto a favor de una disposición que comprenda tanto los intereses como el patrimonio, entendiendo que ambos son elementos complementarios. El señor BOMBAL.- Entonces, me abstengo. Como opino que la indicación formulada está bien orientada e inspirada en una recta intención, sería especialmente importante que la Comisión -o el órgano que se determine- hiciese un esfuerzo en precisar tal concepto, para los efectos de que quede bien materializado en la ley. Si ello no es posible, como lo ha indicado la Mesa, al igual que el Honorable señor Bombal me veré en la necesidad de abstenerme en esta votación. Por estas razones, señor Presidente, voto en contra, compartiendo la intención de la indicación. En suma, señor Presidente, voto a favor de la declaración de intereses y de patrimonio, y de que ella sea pública. Pero decidiremos más adelante, cuando tratemos la otra indicación, qué es patrimonio, en qué forma debe definirse y dónde se depositará la declaración correspondiente. Porque, en definitiva, hemos de salvaguardar a las personas que ejercen funciones públicas para que no sean víctimas de atropellos posteriores. Insisto: aunque ha sido largo el debate, no se han dado razones de fondo -salvo algunos elementos prácticos- para excluir el patrimonio. Aquéllos pueden resolverse por la vía reglamentaria, como se encuentra consignado en una de las indicaciones que renovamos y que se votarán en conjunto con la que ahora analizamos. Por estas razones, votaré a favor las indicaciones 30 y 31. Por eso, voto en contra de la indicación renovada. Me abstengo, señor Presidente. Por tales razones, voto que sí, con la conciencia de saber que estoy cumpliendo con mi deber y con quienes me eligieron. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, he escuchado fundamentaciones de algunos señores Senadores respecto de la indicación, en el sentido de que ella no es todo lo perfecta que sería deseable, especialmente en lo referente a la definición del concepto patrimonio. Aun así, creo que ésta es una iniciativa y una señal muy positiva, y por ello le doy mi voto favorable. Voto en contra de la indicación. Por eso, me pronuncio a favor de la indicación. Por lo anterior, reitero mi voto favorable a la indicación y, al mismo tiempo, lamento el giro que ha tomado la votación, porque el hecho de que un número importante de Senadores haya votado en contra o se haya abstenido es francamente una muy mala señal respecto de la consecuencia con que estamos enfrentando la lucha contra la corrupción en nuestro país. Me pronuncio afirmativamente. Por tales motivos, voto en contra de la indicación. Voto a favor. Me abstengo, señor Presidente, para indicar que estoy abierto a la posibilidad de que legislemos en esta materia. Por esas razones, voto a favor de la indicación. Voto que sí. Por esas razones, voto que sí. Por ello, voto en contra de la indicación. Por eso, voto en contra. Por las razones señaladas, me abstengo, ya que sobre la materia no hay una definición que nos conduzca a buen puerto. Y aunque sea un poco ostentosa desde el punto de vista publicitario, la indicación renovada no es práctica. Por tales razones, apruebo la indicación, esperando que se perfeccione en una próxima sesión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Como hay doce indicaciones sobre el mismo tema y que persiguen el mismo objetivo, también correspondería darlas por rechazadas, ya que no creo que nadie modifique su posición. Hablé con uno de sus autores -y creo que refleja el criterio de todos- para que las demos por rechazadas con la misma votación anterior, sin perjuicio de que en la próxima sesión podamos, con el quórum constitucional requerido, pronunciarnos respecto de una nueva disposición sobre la materia. Por lo tanto, si hay disposición para reabrir el debate, por lo menos los Senadores de estas bancas no tenemos inconveniente alguno para dar la unanimidad requerida. Por lo tanto, frente a la reapertura del debate sobre la indicación sometida hoy a nuestra consideración, existe la alternativa de expresar la voluntad de incorporar en el proyecto de reforma del Código Penal en actual discusión un precepto que cree la figura de enriquecimiento ilícito. En mi concepto, ello constituiría una salida, que recogería el ambiente general del Senado en orden a proceder en tal sentido. Aprobado. Por lo tanto, pido que se solicite la aquiescencia de la Sala para enviar esta materia a la Comisión, para darle una nueva redacción conforme a los puntos de vista señalados. El señor PARRA.- Señor Presidente, deseo plantear un problema práctico. Es cierto que estaba sometido específicamente al pronunciamiento del Senado la primera de las indicaciones renovadas en esta materia, pero en el entendido de que el resultado de la votación iba a determinar la suerte de las restantes indicaciones que, con la misma orientación, se repusieron. Hubo mayoría en la Sala: 19 votos contra 16. Del conjunto de dichas indicaciones, hay algunas que tienen que ver con leyes orgánicas constitucionales y otras con leyes comunes, particularmente con el Estatuto Administrativo y con el Estatuto de los Funcionarios Municipales. De modo que respecto de estas últimas se ha producido una mayoría que debería servir de base para aprobarlas, y sus textos no se incorporarían en la ley orgánica, sino en los referidos Estatutos. El señor DÍEZ.- Señor Presidente, entendí que el acuerdo de la Sala fue adoptado respecto de todas las indicaciones que fueran consecuencia de la primera indicación y que requirieran quórum de ley orgánica. Si hay otras -siempre que se hubieren formulado- que no precisan dicho quórum, deberán ser debatidas y votadas oportunamente. Por lo tanto, las 13 indicaciones quedan rechazadas. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, independientemente de la voluntad de quienes somos autores de esas indicaciones, prima el Reglamento y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Es decir, si ambos textos normativos establecen que no hemos reunido el quórum constitucional necesario, obviamente se entienden rechazadas. Sin embargo, si hay algunas referidas a leyes simples o comunes, por lo menos deberíamos debatirlas, o bien aprobarlas, porque eso es lo que correspondería. En cuanto a la solicitud del Senador señor Errázuriz, la veremos en la próxima sesión y, por lo tanto, queda pendiente. A la señora Ministra de Bienes Nacionales, sobre REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO DE COLONOS RESIDENTES EN TERRITORIOS INTEGRANTES DE PARQUE PUMALÍN (DÉCIMA REGIÓN). --Se levantó a las 19:35.