REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 3ª, en miércoles 6 de octubre de 1999
Especial
(De 17:26 a 18:49)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Moreno Rojas, Rafael
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Relaciones Exteriores, Secretario General de la Presidencia, Secretario General de Gobierno, y el señor Director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 17:26, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El acta de la sesión 32ª, ordinaria, en 14 de septiembre del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del señor Ministro de Planificación y Cooperación, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la disponibilidad de recursos para programas destinados a la tercera edad en la Undécima Región.
Del señor Ministro de Educación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a la necesidad de dar solución al problema que afecta a los profesores jubilados del Instituto de Normalización Previsional cuyas pensiones son inferiores a 250 mil pesos.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, referente a la necesidad de que los hijos discapacitados de un afiliado fallecido reciban pensión de orfandad aun cuando se encuentren trabajando.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Mociones
Del Senador señor Moreno, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Rancagua, en memoria del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva. (Boletín Nº 2.411-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. (Este proyecto no puede ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria mientras no sea incluido en la Convocatoria).
Del Senador señor Moreno, con la que inicia un proyecto de ley que concede, por especial gracia, nacionalidad chilena al religioso señor Antonio Casarin Manzán. (Boletín Nº 2.412-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. (Este proyecto no puede ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria mientras no sea incluido en la Convocatoria).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACCIONES PARA LIBERACIÓN DE SENADOR SEÑOR PINOCHET
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, los Comités Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente e Institucionales 1 solicitaron a la Mesa que tuviese a bien citar a una sesión especial de la Corporación para el día de hoy, a esta hora, a fin de analizar las acciones conducentes a poner fin a la detención del Senador señor Augusto Pinochet en Londres.
Asimismo, solicitamos la presencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores don Juan Gabriel Valdés ¿cuya asistencia agradecemos-, con el objeto de que pueda informar al Senado acerca de las gestiones que ha venido efectuando con dicho propósito.
Todo esto, en momentos en que un miembro de esta Corporación ha sido liberado de presentarse en la tarde de hoy en la Corte de Bow Street, debido a su mala salud.
Pensamos, señor Presidente, que es la oportunidad de hacer una reflexión y un análisis de lo ocurrido, cuando prácticamente estamos en vísperas de cumplirse un año de la detención -el día 16 de octubre del año pasado- del Senador vitalicio don Augusto Pinochet Ugarte.
También es importante recordar que su detención se produjo al día siguiente de la firma con que los distintos Jefes de Estado y Presidentes de la República de los países iberoamericanos, en conjunto con el Rey de España, suscribieron en Oporto una Declaración reiterando el respeto que se tiene, o que se tenía ¿voy a decirlo en términos pretéritos- respecto de la territorialidad de las leyes y de la independencia y soberanía de los países americanos.
Nos encontramos también próximos a la realización de una nueva Cumbre Iberoamericana, en la que probablemente la ausencia justificada de Su Excelencia el Presidente de la República y de otros Jefes de Estado, como el Presidente de la República Argentina, ha motivado una reflexión profunda de quienes somos parte del sistema iberoamericano. Y lo digo con cierta pesadumbre, señor Presidente, porque lo cierto es que no habíamos tenido en mente que se produjera una situación de esta naturaleza, en cuanto a que el Presidente del Consejo de Ministros de España y el propio Rey de España, al día siguiente de la firma de esa Declaración, hayan debido renunciar, en los términos que lo hicieron, a un aspecto de principios y valores que nosotros sí tenemos muy claro.
Las declaraciones y gestiones que ha venido efectuando el señor Canciller, así como el discurso que pronunció en las Naciones Unidas, han sido una expresión elocuente de la situación que se vive y han interpretado ¿y lo digo en términos personales- a vastos sectores del país.
Creemos que el Senado tiene hoy la oportunidad de efectuar ese análisis. Con tal fin, quiero solicitar al Honorable señor Díez que al inicio del debate tenga a bien dar lectura a una declaración redactada por un grupo de 23 Senadores, no como un proyecto de acuerdo, sino simplemente como la declaración de una mayoría importante del Senado en la que se dan a conocer los criterios que hemos tenido presentes para solicitar esta sesión especial.
--Se autoriza el ingreso a la Sala del Director Jurídico de la Cancillería, señor Jaime Lagos Erazo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ha solicitado la palabra el señor Ministro. Sugiero escuchar primero al señor Canciller, y que al final los señores Senadores den a conocer su declaración, lo que es legítimo hacer en la Sala o fuera de ella.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VALDÉS (Ministro de Relaciones Exteriores).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, tal como se me ha solicitado, y en el marco del momento que antecede a un fallo que, sin duda¿
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Me permite hacerle una precisión, señor Ministro?
Si en un momento estima que algunos de los antecedentes que proporcionará son privados o secretos, sería conveniente que me lo hiciera saber a fin de constituir la Sala en sesión secreta. Lo dejo a su criterio.
El señor VALDÉS (Ministro de Relaciones Exteriores).-
Gracias, señor Presidente.
Como decía, a pocas horas de un fallo que, sin duda, reviste suma relevancia para el proceso llevado a cabo en Gran Bretaña contra el Senador señor Augusto Pinochet, parece entonces conveniente explicar cómo el Gobierno ha aplicado lo planteado por el Presidente de la República el 21 de mayo pasado, en el sentido de realizar todas las gestiones políticas, jurídicas y humanitarias conducentes a lograr el retorno del señor Pinochet a Chile.
En ese marco, me gustaría exponer las gestiones que se han realizado en este caso, en particular aquellas que, actualmente y a la luz de los antecedentes que recoge incluso la prensa de hoy día, tienen más viabilidad para lograr el objetivo fijado por el Gobierno.
Como se sabe, en este momento el caso se halla centrado en lo que se denomina "committal hearing", o juicio de extradición, y por lo tanto el fallo próximo será de primera instancia en el proceso de extradición. Lo anterior significa que durante el año que lleva esta causa se han debatido fundamentalmente cuestiones de carácter procesal; y ahora nos enfrentamos al primer fallo que se refiere de manera directa a la decisión de extraditar al señor Pinochet a España.
Me interesa, entonces ¿reitero-, recalcar en primer lugar el tema de las gestiones humanitarias.
Desde la Cumbre de Río de Janeiro, el Gobierno ha efectuado distintas gestiones ante el Gobierno británico destinadas a subrayar, básicamente, que las condiciones de salud del General Pinochet hacen inviable el desarrollo de un juicio que, si ya lleva un año en cuestiones estrictamente procesales, debería prolongarse probablemente por un período no inferior a dos años más, hasta completar el proceso de concesión de la extradición.
Para este propósito, me he entrevistado en tres oportunidades con el Ministro de Relaciones Exteriores británico. La primera vez en la ciudad de Río de Janeiro, con ocasión de la Cumbre de los países de Europa con los de América Latina; la segunda, en la ciudad de Auckland, con motivo de la reunión de la APEC, y recientemente en las Naciones Unidas, para manifestarle la preocupación que asiste al Gobierno por el deterioro en la salud del señor Pinochet y probar estos asertos con documentación médica que permita al Foreign Office y al Gobierno Británico formarse una opinión precisa acerca de su estado de salud y de las razones por las cuales Chile manifiesta preocupación por el deterioro de esta condición.
Debo señalar que esas gestiones han estado basadas principalmente en el hecho de que el Gobierno británico, de distintas maneras, ha señalado que no está en su intención ni en su deseo que el deterioro en la salud del General Pinochet pueda producir un desenlace fatal, y que efectivamente la inminencia o las evidencias de que ello pudiera suceder llevarían a dicho Gobierno a considerar razones que invoca la legislación británica, las cuales se han descrito principalmente como "razones humanitarias".
El hecho de que hoy día el Magistrado Ronald Bartle haya aceptado que el Senador señor Pinochet no comparezca el viernes próximo a la notificación de la sentencia, sobre la base de un informe médico, constituye una nueva demostración de la deteriorada condición física en que se encuentra el General Pinochet. También significa que, en definitiva, lo sostenido por el juez ¿expresó: "Estoy convencido que la salud del senador Pinochet se agravaría aún más si tuviera que comparecer ante la corte"- indica que si el Gobierno ha impulsado este tipo de consideraciones es porque tiene bases suficientes para ser presentadas ante un juez y utilizarlas dentro del marco de las facultades jurídicas que asisten al señor Straw.
Es preciso recordar que el 4 de junio pasado, cuando se celebró el denominado "antejuicio" de la instancia actual de extradición, el entonces magistrado a cargo del Tribunal de Bow Street, señor Parkinson, determinó que "la única instancia en que no puede eximirse la comparecencia del Senador es aquella cuando se dicte sentencia". Si su sucesor, Ronald Bartle, lo ha eximido hoy de esa exigencia, ello evidencia que en la actualidad el Senador señor Pinochet no se encuentra capacitado físicamente para enfrentar en Londres un juicio procesal.
También cabe recordar que ya en marzo de este año el Secretario Robin Cook, respondiendo una interpelación parlamentaria británica originada a raíz de una gestión de "compasión" efectuada por el Vaticano, expresó que dichas razones ¿las humanitarias- "seguramente figurarán en nuestra decisión en el momento apropiado".
Naturalmente, el determinar cuál es el momento apropiado ha generado diversas conjeturas, toda vez que la legislación británica ofrece diversas interpretaciones en torno de esta materia, y los precedentes aplicables son escasos y no configuran una situación procesal análoga a la que vive hoy el Senador señor Pinochet.
En verdad, esta razón humanitaria puede invocarse por dos vías. La judicial, que supone que la defensa del General Pinochet presente un recurso de hábeas corpus ante las Cortes británicas. La otra supone que el Ministro del Interior -el "Home Secretary"- impida, dentro de las amplias facultades discrecionales de que dispone, la continuación del proceso de extradición. Podría haber adoptado esta decisión antes de que se iniciara la fase propiamente tal de la extradición, es decir el "committal hearing", que hemos visto durante la última semana y que se resuelve -como se ha informado- el próximo viernes. En dos oportunidades anteriores, en sus llamadas "autorizaciones para proceder" a la extradición, el Secretario del Interior Straw no atendió tales consideraciones humanitarias, señalando que entonces el Senador señor Pinochet no parecía "estar imposibilitado de enfrentar un juicio". Eso sí, siempre dejó entrever que consideraría nuevamente este tema si surgían nuevos antecedentes "al momento en que deba ejercer, por última vez, sus facultades discrecionales al término del proceso de extradición".
Se ha sabido -ha sido informado incluso en la prensa- que el Ministerio del Interior británico ha solicitado un informe legal a un abogado de Londres para investigar si es posible que el Ministro Straw utilice esa facultad discrecional de que dispone, aun antes de que se ordene la entrega del reclamado. Ello supone que hayan sido fallados todos los recursos que eventualmente se interpongan. La respuesta de ese abogado ha sido positiva.
¿Qué significa esto? Que el Secretario del Interior, siempre a raíz de las amplias facultades con que cuenta, puede anunciar, sobre todo después de un fallo adverso a la causa del señor Pinochet, que concluye todo el proceso de extradición (de acuerdo con la sección 12 del Acta de Extradición) ya que, en virtud de su estado de salud, podría considerarse opresivo o injusto entregar la persona reclamada a quien la solicita.
Si bien pensamos que se trata de una facultad genérica de la que siempre dispone dicho Secretario de Estado, la opinión de los abogados de Chile, y la de los abogados consultados al respecto en general en Gran Bretaña, es que a partir del fallo del próximo viernes y mientras no haya apelación o recursos de protección de las partes, teóricamente el caso ha vuelto a manos del Ministro Straw, quien puede ejercer tal facultad.
Lo anterior es bastante lógico, ya que resultaría excesivo que el Secretario del Interior, estando ahora ya convencido de que el Senador señor Pinochet no se halla posibilitado para enfrentar físicamente un juicio y de que, a la postre, se verá por ello obligado a no aceptar su extradición, no pueda, desde ya, interrumpir todos los procedimientos que siguen formando parte del proceso hacia delante.
En lo referente a la decisión humanitaria, cabe señalar también que el Gobierno español, a través de su Canciller, señor Abel Matutes, ha anunciado que "respetará cualquier decisión de la justicia del Reino Unido en el caso de que ésta o el gobierno británico decidan apreciar razones de tipo humanitario" -o de salud- "para interrumpir la extradición a España y permitir el traslado a Chile del senador Pinochet.". Estoy citando una carta del señor Matutes publicada el 11 de julio de 1999 en el diario "El Mercurio".
Abordaré en seguida lo relativo al juicio de extradición.
El fallo que debe pronunciar este viernes el magistrado Ronald Bartle es la octava vez en que una autoridad judicial o administrativa británica adopta un dictamen con relación al caso del Senador Pinochet. Sin embargo, tal como ya se ha señalado, será la primera oportunidad en que habrá un fallo en el juicio de extradición propiamente tal, pues en seis ocasiones anteriores tal proceso fue interrumpido debido a la interposición de variados recursos, que no es pertinente analizar en esta oportunidad.
Sin incurrir en juicios aventurados acerca de lo que ocurrirá el viernes, podemos no obstante afirmar en este momento que es posible, desde luego, que el juez confirme la sentencia ya dictada por la Cámara de los Lores y se atenga escrupulosamente a ella y a las autorizaciones para proceder del Ministro Straw. Y puede dejar incorporado en el juicio sólo el caso de tortura que afectó a Marcos Quezada o recoger la ampliación del auto de procesamiento pedida por el juez Garzón, que incluye todos los nuevos casos de conspiración y tortura presentados por este último, ascendentes, en total, a 34.
Una vez dictada sentencia, y si se deniega la extradición, el Estado solicitante ¿España- tiene 21 días para apelar ante el mismo magistrado. Ese recurso se vería ante la Alta Corte de Londres, cuyo fallo es, a su vez, apelable ante la Cámara de los Lores. La defensa del Senador Pinochet tiene también abierto el recurso y con los mismos plazos, aunque éstos pueden extenderse.
Sin embargo, la defensa del Senador puede siempre, si el fallo le es contrario, interponer un hábeas corpus, para lo cual dispone de 15 días. En ese caso, una persona juzgada no es entregada al Estado requirente, en ninguna circunstancia, hasta que expire dicho plazo o si el procedimiento de hábeas corpus se encuentra pendiente. A su vez, el recurso de hábeas corpus es apelable ante la Cámara de los Lores.
Por lo tanto, la situación que se presenta el viernes es básicamente la siguiente. Si se falla a favor del proceso de extradición, el caso vuelve al señor Straw y los abogados del Senador Pinochet cuentan con 14 días para apelar. Por el contrario, si se rechaza, el requirente -es decir, el señor Garzón- tendría que plantear de inmediato su decisión de apelar y podría hacerlo dentro de 21 días.
En el curso de las últimas horas, como Sus Señorías seguramente se han impuesto por la prensa, se ha suscitado la discusión acerca de si el juez Garzón, para los efectos de la apelación, precisa nuevamente contar con la decisión del Consejo de Ministros o no necesita renovar el mandato original concedido por ese organismo.
Es un debate no solamente radicado en los tribunales, sino también aparentemente en la prensa española, y tiene una enorme relevancia desde el punto de vista del tiempo que se debería utilizar para interponer un recurso que eventualmente paralizara la liberación del Senador Pinochet una vez rechazada la solicitud de extradición.
Tal es el cuadro formal en torno del caso. Pero antes de terminar quiero decir que las instrucciones del Presidente de la República en el sentido de agotar, por parte de quien habla y de la Cancillería, los recursos políticos y jurídicos, así como los planteamientos humanitarios conducentes al retorno del Senador Pinochet, han sido cumplidas en la medida en que se ha podido establecer, en el marco del diálogo con el Gobierno británico, una relación que ha permitido la exposición del conjunto de los factores políticos, de consideraciones acerca de la transición democrática chilena y de la situación en que se encuentra en este momento la investigación por los procesos sobre derechos humanos que se llevan a cabo en el país. Lo anterior igualmente se extiende a los razonamientos jurídicos iniciales y permanentes del Gobierno de Chile en cuanto a que el juez español carece de jurisdicción y facultades para intervenir y procesar los delitos cometidos en nuestro país durante el período transcurrido entre 1973 y 1990.
Nosotros hemos mantenido el conjunto de argumentos jurídicos y políticos conocidos por el Honorable Senado y, a la luz de la información con que contamos en el aspecto de la salud, hemos incorporado aquellas consideraciones que nos parecen necesarias para que, en el caso de que el señor Straw lo estime así, pueda aplicar las facultades que le entrega su propia legislación para suspender el proceso de extradición y para que el General Pinochet vuelva a a Chile.
Me parece que ello resume todos los planteamientos que el Gobierno está en condiciones de formular en este momento, y, naturalmente, estoy a disposición de Sus Señorías para contestar todas las preguntas que les parezcan convenientes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, los integrantes de estas bancas, de la UDI y varios independientes e institucionales queremos dar a conocer una declaración que hemos elaborado como fruto de nuestra preocupación por la situación que afecta, primero, al país, en su honor, su dignidad, su soberanía, y, segundo, a la condición personal de uno de nuestros colegas.
El texto, suscrito por 23 Senadores, dice:
"1.-
Chile ha venido construyendo, con el concurso de todos los sectores de la vida nacional, las bases para concluir un proceso de transición basado en la tolerancia y el respeto a las instituciones y las personas, e inspirado en el anhelo común de fortalecer la unidad entre los chilenos mediante una sincera y genuina reconciliación. La presencia en Chile del senador Augusto Pinochet es indispensable para el éxito de este esfuerzo, por lo que la mantención de su ilegítima privación de libertad en el extranjero perturba gravemente el camino libremente decidido por los chilenos y representa una inaceptable interferencia extranjera en sus decisiones soberanas.
"La generosa actitud demostrada por el senador Pinochet, no obstante la situación que lo afecta, no ofrece dudas respecto a la contribución que está dispuesto a ofrecer en este esfuerzo de unidad y reconciliación. Ella ha sido nuevamente manifestada en la carta que nos hiciera llegar el pasado 11 de septiembre, la que valoramos como un genuino e importante aporte en el afán de superar definitivamente los obstáculos que aún se oponen a la pacificación y el reencuentro entre los chilenos.
"2.-
Desde la detención del ex Presidente Pinochet Chile es víctima de un ultraje. Los hechos y actitudes de las autoridades extranjeras envueltas en este conflicto han significado permanentes y reiterados atropellos a su dignidad y soberanía que, en ocasiones, han traspasado los límites de la grosería. Ellos no sólo han agraviado el honor de Chile y el legítimo sentimiento de dignidad de su pueblo, sino que envuelven tal desprecio por la independencia y condición de Estado soberano de nuestro País que, además de infringir principios y normas básicas del Derecho Internacional, violentan las más elementales prácticas del trato entre los Estados.
"3.-
Concordamos con la posición oficial asumida por el Gobierno de Chile a través del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Juan Gabriel Valdés. En especial la denuncia de estos abusos ante las naciones del mundo que formuló desde la alta tribuna de Naciones Unidas, reclamando el respeto de los derechos de Chile como Nación soberana.
"Esta posición se justifica aún más por cuanto el gobierno de España no sólo ha dejado de honrar unilateralmente sus obligaciones con Chile, sino que, con su actitud, violenta el espíritu mismo de la Organización de Naciones Unidas, que descansa en el respeto a las formas pacíficas de solución de las controversias entre los Estados, rechazadas por España. Por ello, no sólo respaldamos la demanda formulada por nuestro Gobierno contra esa Nación ante el Tribunal Internacional de La Haya, sino que contribuiremos a todo aquello que conduzca a reafirmar los derechos de nuestro País y demostrar la ilegalidad de la conducta española, hasta que sea restablecido definitivamente el imperio del derecho.
"Por lo expresado, valoramos también la decisión de S. E. el Presidente de la República de no asistir a la próxima reunión de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Cuba, como una manifestación de protesta ante el incumplimiento por parte de España de compromisos libremente adquiridos en el seno de dicha organización.
"4.-
No podemos dejar de manifestar hoy nuestra gratitud a los gobiernos e instituciones de los países hermanos de América que nos han acompañado y otorgado su solidaridad en nuestras demandas, demostrando su voluntad de exigir respeto por el trato que merecen las naciones de América Latina de parte de los países de los demás continentes.
"5.-
La situación que afecta al senador Pinochet es de carácter y origen completamente político y no judicial como se pretende por España e Inglaterra, lo que queda claramente demostrado si se considera que ella jamás hubiese tenido lugar si los hechos hubieren ocurrido cuando en esas naciones existían otros gobiernos. Por ello, lo que se intenta juzgar no son las conductas de una persona, sino una época de la historia de un país; y se pretende hacerlo contra la voluntad de su pueblo y de su gobierno, en un claro e inaceptable acto de intervención.
"Denunciamos ante la opinión pública internacional y ante los Senados de los países de América este intento espurio que, de tolerarse, sentará un precedente nefasto para la convivencia equilibrada entre las naciones, ya que no sólo se pretende juzgar por otro Estado la historia de un país, sino a sus instituciones civiles y militares, y a todos quienes ejercieron en un momento cargos de autoridad, lo que no sólo resulta insólito, sino completamente inaceptable entre naciones revestidas de independencia e igualdad jurídica.
"6.-
Se actúa con el pretexto del interés por los derechos humanos; sin embargo, el trato dado al senador Pinochet ha sido inhumano y degradante. Las condiciones de privación absoluta de libertad y la presión psicológica que se le impone mediante una completa falta de privacidad, invadiendo su hogar y negándole el más elemental derecho a la vida familiar, no eran esperables de las tradiciones inglesas y de los recursos de esa Nación, que hacían presumir dispondría medidas de seguridad compatibles con el respeto a la dignidad y humanidad que se deben a un enfermo de 84 años, al que una vez se preció de considerar amigo y aliado. Sin embargo, la condición a que se le ha sometido representa una violencia tal, que hace presumir que lo que en realidad se pretende no es juzgar al senador Pinochet, sino infligirle un castigo con el juicio mismo y no como resultado de éste. Con esta actitud, la bandera de los derechos humanos ha sido más pisoteada que enaltecida.
"7.-
Chile es un país con memoria de hombres libres y honorables, por lo que durante mucho tiempo recordará la forma en que hemos sido tratados, y sabremos representarlo cada vez que sea necesario en las múltiples ocasiones que se presentan en el seno de la convivencia internacional.
"No obstante ello, carecen de todo fundamento los temores de eventuales medidas contra los intereses de ciudadanos de las naciones que nos han agraviado, porque Chile adopta sus decisiones soberanamente y no como reacción a las conductas de otros o por desmedradas razones políticas. Actuamos basados en sólidos principios éticos forjados en una historia que nos caracteriza como una Nación honorable y justa, de la que nada tienen que temer quienes de buena fe confiaron en sus instituciones y en sus leyes, actitud que no han tenido quienes hoy nos ofenden.".
Señor Presidente, sólo quiero agregar, desde un punto de vista personal, mi complacencia por el fondo y la forma como el actual Canciller ha manejado el caso del Senador señor Pinochet.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, ciertamente, la declaración leída por el Senador señor Díez, en nombre de los integrantes de todas estas bancas, nos compromete e interpreta absoluta y totalmente. Por ello, sólo quiero complementar en forma muy breve, en nombre de nuestro Comité, estos conceptos reafirmando algunas consideraciones.
Pero primero queremos expresar al Canciller señor Valdés nuestro reconocimiento real por los esfuerzos que el Gobierno, a través de su Ministerio, está efectuando (particularmente, en el último tiempo) con miras al retorno del Senador señor Pinochet, a que nuestra atropellada dignidad sea restablecida. Lo hacemos con mucha honestidad y gratitud. Ese empeño se une al de muchos otros y, por cierto, a la defensa jurídica que desde el principio ha llevado adelante el propio Senador señor Pinochet, lo que se ha traducido en un denodado trabajo durante todo el presente año para terminar con esta injustificada y arbitraria situación.
Con todo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno en todos los planos o de la propia defensa jurídica del Senador señor Pinochet, tenemos temores de que el fallo judicial del próximo viernes sea adverso. Y ello, por la sencilla razón -como lo hemos apreciado a lo largo de este período- de que, más que razones jurídicas, hay motivos políticos que han permitido que la cuestión se mantenga en el tiempo. Es algo que nos preocupa, porque un fallo adverso puede generar en nuestro país la sensación de que el problema permanecerá indefinidamente sin solución. Y no sólo se abre un espacio para que el estado de salud, ya deteriorada, del Senador señor Pinochet pueda agravarse. Por cierto, nos preguntamos quién respondería ante cualquier evolución negativa que el hecho pudiera tener.
En seguida -como se señaló-, tenemos la convicción de que la reconciliación que Chile estaba intentando antes de la detención del Senador señor Pinochet se ha visto obstaculizada. Y, por eso mismo, su reanudación, para obtener el éxito que todos queremos, requiere que éste vuelva a Chile.
Por estas consideraciones y ante el panorama que se puede abrir a partir del viernes, respecto del cual hoy día se nos han entregado nuevos antecedentes que permitirían que el Gobierno británico nuevamente tomase en sus manos esta situación durante un tiempo, en el evento de un fallo adverso, quisiéramos pedir muy especialmente al Gobierno que en esta nueva etapa comprometa la acción personal del Presidente de la República en los pasos que siguen.
El 21 de mayo pasado, en sesión de Congreso Pleno, el Primer Mandatario manifestó su voluntad de hacerlo y, en último término, de no entregar su período sin que el asunto quedase zanjado. Ello se ha visto reflejado por las acciones de la Cancillería. Pero creemos que, dada la inquietud que provoca el que se mantenga la situación, el período que seguiría a un eventual desenlace negativo en el fallo exigiría una acción todavía más intensa que la recién desplegada, que cuenta con todo nuestro respaldo e, incluso, nuestra gratitud.
Creemos que la intervención del Primer Mandatario, en diálogo directo -ojalá fuera personal- con los Ministros británico y español, unida a la acción de la Cancillería chilena, puede dar el resultado que esperamos. Por lo mismo, la ofensiva diplomática que se ha venido desplegando debiera también intensificarse, de manera de lograr el respaldo, particularmente de los Gobiernos latinoamericanos, a esta iniciativa que Chile emprendería. Pensamos que no se deben escatimar recursos. Y si la Santa Sede fuese un camino al cual recurrir, también debiéramos intentarlo, porque, a nuestro juicio, éste es un minuto crucial no sólo para lograr el retorno del Senador señor Pinochet, sino también para fortalecer la reconciliación y la unidad, lo cual requiere de su presencia en el país.
Por estas consideraciones, rogamos al Gobierno que tenga a bien desarrollar el intenso esfuerzo que se necesita en esta última etapa que se avecina, en el evento de un fallo adverso. Estimamos que ahora más que nunca debemos unir a las distintas instituciones del Estado, particularmente al Senado y a nuestra Corte Suprema, también vejada. Porque al no confiarse en que la justicia chilena puede resolver los problemas que ocurren en Chile, esa institución ha sido también desacreditada. Y la actitud que desde el principio han adoptado el Presidente de la República y el Gobierno demuestran que estamos ante una situación de Estado, y como tal debemos asumir la etapa que viene con la fuerza, la dedicación y la intensidad que ella requiere. La gravedad de los hechos que se pueden suscitar en el país, de no continuar en esta tendencia y en esta posición, exige lo mejor de todos nosotros.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, deseo formular tres preguntas al señor Canciller, partiendo de la hipótesis remota de que la sentencia del próximo viernes sea positiva y de que se rechace el pedido de extradición.
Oí decir a un periodista, interpretando al señor Canciller, que era posible que, de ser favorable el fallo, el Senador señor Pinochet podría estar el próximo martes de vuelta en el país.
La primera interrogante es si es necesario esperar 21 días para tener una resolución a firme, en caso de no apelar.
En el diario "La Segunda" de hoy aparece la disputa existente en España y en Europa por la facultad que tendría el Gobierno español de anular la orden del juez Garzón de apelar.
La segunda pregunta es si el Crown Prosecutor Service tiene la facultad, representando al juez Garzón y al Gobierno español, de apelar por sí solo, o si esa orden de apelación debería venir de uno o de otro.
La última interrogante es si la decisión del Ministro señor Straw -entiendo que tiene 15 días para adoptarla-, en caso de ser positiva, es decir, si acogiera las razones humanitarias, es o no apelable por la contraparte, esto es, por el fiscal inglés o por el juez Garzón.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Seguramente el señor Canciller querrá responder al final, después que intervengan todos los señores Senadores.
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, a propósito de lo consultado por el Honorable señor Pérez, el Senado debe recordar algo trascendente en relación con el tema de la apelación: que existió una determinación y un acuerdo que el propio Jefe del Gobierno español, señor Aznar, comunicó al señor Presidente del Senado en los momentos en que la Cámara de los Lores, en su segundo dictamen, estableció las condiciones, fechas y acciones que corresponderían frente a un solo caso, de carácter policial, ocurrido en Chile.
Por eso es importante no olvidar que al señor Presidente del Senado chileno se le aseguró -y así lo declaró el propio señor Matutes- que cualquiera que fuera la determinación que se adoptara en las instancias posteriores a la decisión de la Cámara de los Lores, en caso de ser ella favorable al Senador señor Pinochet, España no apelaría. Es relevante recordárselo a las autoridades europeas y, fundamentalmente, a las españolas, para que eso se tenga presente -espero que así lo hayan manifestado- en el juicio en que el juez deberá pronunciarse.
Destaco lo dicho, porque existe un importante acuerdo, que el señor Presidente del Senado dio a conocer públicamente, y esperamos que España lo respete ante un fallo que, eventual o remotamente, como señaló el Senador señor Pérez, pueda favorecer al Senador señor Pinochet.
No obstante, deseo destacar un par de cosas que la acción del señor Ministro de Relaciones Exteriores ha dejado al descubierto en términos positivos para la posición chilena.
De partida, la acción de la Cancillería ha provocado, sin duda alguna, una adhesión del país, con excepción de pequeños grupos o personas muy aisladas. Desde un punto de vista global, Chile está de acuerdo con la postura sustentada y la acción que está desarrollando el Gobierno, particularmente a través del señor Ministro de Relaciones Exteriores. Lo importante es que ello ha significado, asimismo, que el continente americano, también globalmente, ha manifestado su adhesión a los postulados de Chile. Este hecho produce dos realidades políticas en dos períodos distintos.
Es evidente que en el mes de octubre de 1998, cuando se detuvo al Senador señor Pinochet, los días posteriores mostraron a Chile en una enorme soledad frente a la gran unidad en torno de España, que había tomado una decisión en contra de una persona que tenía, y tiene -hoy día menos que antes-, una muy mala imagen política en el mundo. Transcurrido el tiempo, y llevando aquel país las situaciones a un ámbito jurídico bastante más complejo, en virtud de acciones políticas tomadas por su propio Gobierno al interior del país, Chile lo enfrenta en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y llega, señor Canciller -así lo entendemos todos-, con el apoyo de todo un continente, versus una nación que se está quedando sola frente al resto de Europa y del mundo, por cuanto la acción que se lleva adelante -y así lo dijeron los juristas con quienes me reuní en España-, evidentemente, favorecerá a Chile, por todas las características y condiciones de este hecho.
El que la Cancillería haya manifestado que, independientemente de lo que ocurra el día viernes, Chile continuará con el juicio que entablará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, constituye un segundo elemento de gran relevancia para nosotros.
El problema de Chile no es sólo lo relacionado con el Senador señor Pinochet, sino también la globalidad institucional del país, su historia y la acción del actual y de los futuros Gobiernos.
Por eso, mantener la causa emprendida ante la Corte Internacional de Justicia, independientemente de lo que ocurra con el Senador señor Pinochet, desde nuestro punto de vista es adecuado y corresponde efectivamente a la defensa de la institucionalidad chilena.
En tercer lugar, los gestos. El primero de ellos -y lo destaco- es el del Embajador de Chile en Francia durante la ceremonia de saludo del Presidente de esa nación a todas las delegaciones diplomáticas, a fines de 1998. Al referirse éste mañosamente, en un momento determinado, al Senador señor Pinochet, nuestro Embajador se retira para manifestar su molestia por tales expresiones. Después es llamado por el propio Gobierno para dar disculpas. Cabe recordar también el gesto del Contralor General de la República, don Arturo Aylwin, al hacer sentir su ausencia, en Paraguay, por la presencia de personeros que han provocado tanto daño al país. Se trata de gestos que van configurando, sin duda alguna, un cuadro absolutamente distinto del que vivimos durante los meses pasados. Y eso nos da mayor fortaleza y ánimo para continuar en un tema que nos interesa.
Creo -y con esto termino- que es básico, por ser un hecho muy trascendente, que la determinación de Aznar de no apelar sea necesariamente fortalecida con la nueva gestión del Gobierno o del Presidente del Senado, a fin de tener la seguridad de la existencia de una decisión del Gobierno español antes de la resolución del viernes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, señor Canciller, deseo hacer cuatro consultas respecto a esta situación:
Primero, ¿qué sucederá después del fallo, no desde el punto de vista de la persona del ex Presidente don Augusto Pinochet Ugarte, sino desde el de la lista de 50 chilenos que el señor Garzón ha hecho correr en INTERPOL? Pareciera que la situación que afecta al ex Presidente de Chile don Augusto Pinochet no se acaba con el fallo, sino que es uno de los puntos pendientes en la acción del señor Garzón, pues en cualquier momento él puede activar dicha lista, y basta con que lo pida para que la Policía Internacional detenga e inmovilice a las personas afectadas por ella.
Segundo, si el fallo es favorable al ex Presidente de Chile don Augusto Pinochet y en el Reino Unido se resuelve no cursar su extradición, ¿qué pasará con las instancias jurídicas similares preparadas por Francia, Noruega, Italia, Suiza y otros países? Evidentemente, si la resolución en el Reino Unido es positiva podría correrse el riesgo de que aquéllas se activen y se repita el mecanismo en otras naciones.
Tercero, si la resolución de la Corte Internacional de La Haya es favorable a Chile, ¿qué certeza existe de que España la acepte? Esto, porque en las noticias aparecidas en INTERNET -muchas de las cuales no se publican y ni siquiera se mencionan en nuestro país- se señala que varios juristas españoles han planteado que aunque dicha determinación sea favorable a Chile, España no la aplicará, porque ello significaría detener el proceso de su justicia, que corre por carriles independientes del Ejecutivo. Por supuesto, esto implicaría estar frente a una pared imposible de salvar.
Y cuarto, cabe preguntarse hasta qué punto el Estado de Chile podría salir victorioso en el Tribunal Internacional de La Haya sin antes haber agotado como Estado -no se trata de reconocer la jurisdicción española- los recursos judiciales internos en el Estado español, cuando nunca se ha solicitado al tribunal constitucional de dicho país un pronunciamiento por la violación de los derechos humanos de que ha sido objeto el ex Presidente de la República y Senador don Augusto Pinochet Ugarte.
Finalmente, con el debido respeto y aprecio que me merece el señor Ministro, debo decir que me duele cuando se habla del señor Pinochet, porque se trata de un ex Presidente de la República de Chile y eso no lo podemos olvidar. Hemos sido tremendamente respetuosos de los ex Mandatarios, sin importar quienes fueron ni qué opinión tenemos de ellos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PÉREZ.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor PIZARRO.-
Sí, señor Senador, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, sería interesante que el Canciller contestara las preguntas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se acordó que el señor Ministro responda las consultas al final de las intervenciones.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, ocurre que las respuestas del señor Canciller podrían dejar nuevas dudas. Entonces, sería interesante ir dialogando y revisando los nuevos elementos de análisis que entregue.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El problema radica en que ya tomamos un acuerdo en el sentido señalado.
El señor PÉREZ.-
Podemos revocarlo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No tengo inconveniente en que la Sala, o el señor Canciller, modifique su posición. Pero mientras tanto, debo cumplir con lo acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, deseo dejar constancia, en primer término, del respaldo entregado por la Concertación al Gobierno -y al señor Canciller- por la forma de enfrentar el tema este último año.
Y, en segundo lugar, quiero hacer constar expresamente -también a nombre de nuestro conglomerado- la discrepancia que la Concertación tiene con la declaración leída por los Senadores representantes de la Derecha, que no dice relación sólo con la forma, sino que fundamentalmente con las materias de fondo que han motivado la situación por la cual atraviesa el Senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte.
En dicha declaración no se plantea nada respecto del tema de fondo, cual es la responsabilidad en materia de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Ése es el problema que el Chile de hoy -y desde hace bastante tiempo- debe enfrentar.
No quiero entrar al fondo del asunto. Sin embargo, para efectos de la discusión en esta sesión especial y de la Versión Taquigráfica, queremos dejar claramente establecida la discrepancia de la Concertación respecto de tal declaración.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, sólo deseo formular algunas preguntas que encuentro relevantes para tener un panorama más completo del proceso que se está viviendo en Londres, lo que el Senador señor Martínez, en cierto sentido, ya planteó.
Entiendo que hay otros países que han hecho requerimientos por violación a los derechos humanos de algunos de sus ciudadanos en nuestro país. Lo que no ha quedado claro de la lectura que uno hace es en qué momento esos requerimientos pueden activarse de acuerdo a la legislación británica.
Según una información aparecida hoy, en caso de que la determinación del próximo viernes del juez Bartle sea favorable al Senador señor Pinochet, al menos uno de los tres países cuyos ciudadanos murieron en Chile por violación de sus derechos humanos presentaría de inmediato un requerimiento en las cortes inglesas.
Desearía que el señor Canciller nos informara acerca de los mecanismos que operarían en tal situación. Del mismo modo, sería importante conocer la existencia de algún tipo de precedente que permita determinar si el juez Bartle se encuentra en condiciones o no de incorporar los 34 casos presentados por el juez Garzón, considerados necesarios para un adecuado juicio de extradición al Senador Pinochet.
En definitiva, sería bueno conocer exactamente cuáles son los márgenes jurídicos y cuáles son los precedentes que existen respecto a este tipo de situación. Porque en anteriores juicios de extradición realizados en Gran Bretaña, particularmente de individuos provenientes del mundo islámico, se han podido incorporar nuevos casos de acusaciones en contra de esas personas.
Pero, sin duda alguna, importaría conocer los elementos de carácter jurídico sobre el particular, pues cualquiera sea la decisión del viernes, los dos hechos antes descritos pueden cambiar radicalmente el cuadro señalado por el señor Canciller.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, deseo expresar brevemente en el Senado lo que hemos señalado públicamente en otras ocasiones: nuestro completo respaldo ¿como lo acaba de manifestar el Senador señor Pizarro- a las gestiones (en cuanto a la forma y al tono de las acciones) desarrolladas por el Canciller chileno Juan Gabriel Valdés, particularmente en estas últimas semanas, respecto de la situación del General Pinochet.
Incluso, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, con motivo de una reunión que tuvo con empresarios españoles, recibió críticas de ese sector, que estima que el Gobierno de Chile estaría ejerciendo una presión excesiva o indebida en la materia.
Muy modestamente, y con el cuidado del caso, deseo manifestar que, a mi juicio, tales acciones y presiones de nuestra Cancillería están comenzando a producir resultados.
En efecto, durante el fin de semana último, encontrándome en Estados Unidos, un importante miembro de la Cámara de los Lores de Inglaterra pidió conversar conmigo para intercambiar información sobre el caso y, desde luego, solicitar mi opinión. Obviamente, no puedo ni debo referir aquí el tenor de la conversación, pero sí señalar algunos de los elementos con que me quedé.
Se está produciendo un cambio en la actitud con que el Gobierno español está encarando el problema. En este momento se halla abierto a la consideración de las razones humanitarias. Y se están haciendo las consultas pertinentes entre España e Inglaterra.
Por lo tanto, considero que este momento es oportuno para que el Gobierno y la Cancillería de Chile mantengan una posición tan firme como la que han tenido y concentren la energía precisamente en persuadir al Gobierno británico de que las dudas que pudiera abrigar sobre la materia están más que resueltas por los datos recientes que hay sobre la salud del General Pinochet.
Existe preocupación, obviamente, por las acciones que podrían emprender otros países, que de hecho las han anunciado.
Empero, hallándome yo al menos convencido de la conveniencia del retorno del General Pinochet a Chile, estimo que las acciones tomadas por el Gobierno y la Cancillería, que han sido muy coherentes y firmes, están comenzando a producir resultados -sin que ello signifique generar expectativas más allá de lo razonable-, y, por lo tanto, corresponde brindar un apoyo muy claro a la línea del Gobierno, esperando que desde afuera se entienda -así, por lo demás, lo hicimos saber al referido miembro de la Cámara de los Lores- que la idea del retorno del General Pinochet a Chile es muy ampliamente compartida en nuestro país, incluso por quienes fuimos claros opositores durante su Gobierno.
Es cuanto deseaba expresar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, pasada cierta preocupación por la naturaleza de esta sesión, estimo que ella ha sido útil e importante. Porque no podemos dudar ni desconocer la circunstancia de que un sector relevante de nuestro país se encuentra en cierta tensión creciente por lo que pueda ocurrir en Londres. Pero parece bueno que en el Senado, que es el órgano colectivo de mayor jerarquía en Chile, se trate este tema con la seriedad, la tranquilidad y la serenidad con que se ha hecho en esta oportunidad. A mi juicio, eso resulta positivo.
Nuestro país, señor Presidente, tiene muchos motivos de división. Por ende, es fundamental encontrar, cueste lo que cueste, espacios y ocasiones de acuerdos. Y este Senado -así ha sido a lo largo de su historia; también en este momento-, frente a una acción del Gobierno de Chile difícil, complicada, llena de dificultades, manifiesta, por parte de todos sus miembros, una concepción de Estado, un concepto de estímulo, para que ingleses y españoles vean que en nuestra nación los partidarios del Régimen presidido por el ahora Senador señor Pinochet y quienes fuimos sus adversarios declarados estamos en este momento unidos en los esfuerzos que realiza el Poder Ejecutivo.
En mi opinión, eso es muy importante para los efectos externos. Porque ahora debemos prescindir de los efectos internos, los cuales, ante un problema de Estado, deben quedar subordinados a los intereses del país como nación.
Por otro lado, participo de la mayor parte de las ideas y expresiones contenidas en la declaración leída por los Senadores de Oposición. No participo de conceptos que no tienen que ver necesariamente con el caso. Y hay omisiones que me crean una ausencia de acuerdo.
Convengo en lo referente a la significación internacional del Derecho chileno, que está muy bien expresado. Y debo recordar que fui uno de los primeros que reclamaron en el Senado por el atropello que Chile sufría con motivo de la acción iniciada por un juez español; de ello hay constancia en las actas y en las publicaciones.
Ése es un problema extremadamente grave desde los puntos de vista jurídico y político. En especial cuando el mundo avanza hacia la globalización, más que nunca el respeto a los derechos de las naciones pasa a ser dramáticamente necesario.
Me parece que todos estamos de acuerdo en que en los aspectos financiero, comercial y tecnológico, e incluso cultural -y lo vemos también en función de los derechos humanos-, hay un proceso de globalización bajo formas a veces irregulares, y en muchas ocasiones, arbitrarias; pero se va hacia allá. Y la única manera de que un país libre y serio participe con intensidad en dicho proceso -que es complejo, pero unitario- es sosteniendo la dignidad y la autonomía en las decisiones que afectan su convivencia interna. Y eso está plasmado en el Derecho.
Por lo tanto, la lucha que estamos dando tiene una muy grande significación para Chile y para los demás naciones que se encuentran sometidas -querámoslo o no- a las presiones de países mayores.
Se ha criticado al Ejecutivo por estimarse que puede haber sido muy duro en sus expresiones respecto de algún Gobierno extranjero.
Quiero recordar que ésa ha sido la tradición chilena. Desde nuestros problemas con un país del norte, el Gobierno de Chile tuvo una actitud de extremado coraje, que le provocó -fue con España también- el bombardeo de Valparaíso. Y hubo aquí fuerza y decisión, a riesgo de las pérdidas que sufrimos.
Luego sucedió en muchos otros casos. Me tocó como Ministro de Relaciones Exteriores -antes que al joven Canciller que nos acompaña hoy-, con motivo de la invasión de Estados Unidos a República Dominicana, en tiempos del Presidente Johnson. Éste manifestaba muchas simpatías por Chile y gran aprecio por la Organización de los Estados Americanos, pero, sin pedir permiso a nadie, de la noche a la mañana, hizo desembarcar 22 mil soldados norteamericanos e invadió la isla. La protesta de nuestro país fue muy fuerte. La formuló el Canciller de la época ante las Naciones Unidas, y también, el Presidente de la República. Chile recibió por eso castigo de parte del Secretario de Estado norteamericano y del Presidente de Estados Unidos. Sufrimos pérdidas concretas. Se suspendió un contrato en virtud del cual la AID iba a hacer en Santiago regalos muy importantes, pues Chile no había respetado el derecho del país del Norte a ser la autoridad que maneja los asuntos norteamericanos y latinoamericanos.
Ésa es la tradición chilena. Por eso, no me asusta que, cuando ocurre un atropello al Derecho, Chile conteste en forma vehemente. Es nuestra manera de ser y constituye el único mecanismo con que cuenta un país pequeño para hacer respetar el Derecho, única forma de vivir en paz.
Espero que las gestiones que realiza el Gobierno sean fructíferas y el asunto tenga un buen resultado. Me asaltan ciertas dudas, por la congestión política existente en Europa respecto del caso y por la gran confusión que hay allí en este momento a raíz de los hechos de Kosovo e Indonesia. Sin embargo, de lo conversado con tres Cancilleres en mi último viaje y de los escritos que he leído, deduzco que la posición chilena ha sido entendida y está siendo progresivamente respetada. De modo que confío en que la situación pueda tener un desenlace favorable.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
A continuación le corresponde usar de la palabra al señor Ministro, para responder las diferentes preguntas que se le han formulado, sin perjuicio de las observaciones que desee agregar.
El señor VALDÉS (Ministro de Relaciones Exteriores).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera hacer un comentario general acerca de las afirmaciones que he escuchado, particularmente sobre la forma como el Gobierno del Presidente Frei ha conducido este caso. Pero antes prefiero referirme a las consultas puntuales.
El Senador señor Pérez preguntó si, en caso de que la sentencia rechazara la extradición, el retorno del Senador señor Pinochet podría realizarse en forma rápida. Pienso que ello es factible siempre que el Gobierno español, a través del magistrado señor Garzón, no apele de inmediato o no manifieste su voluntad de hacerlo. En esta última eventualidad -como ya he señalado- se abriría un plazo de 21 días para entregar la apelación. En tal cuadro tampoco habría intervención del Ministro del Home Office, lo cual podría generar alguna dificultad si el Gobierno británico decidiera un procedimiento orientado por criterios de carácter médico o humanitario.
¿Y qué sucede a continuación? Naturalmente, eso lleva el asunto a la High Court, procedimiento que demoraría un par de meses. Los abogados opinan que, de ocurrir tal, se llegaría a un cuadro que se extendería hasta mediados de diciembre y en que, al producirse un fallo, el Ministro señor Straw tendría nuevamente la posibilidad de intervenir, si es que no se presentara otra apelación para ante la Cámara de los Lores.
La otra consulta del Senador señor Pérez es similar a la primera que formuló el Honorable señor Martínez, en cuanto a qué ocurrirá después del fallo del viernes 8 de octubre.
Ya me referí a la posibilidad de que se deniegue la extradición. Ahora, si ésta es aceptada, se abre un período de 14 días, durante el cual los abogados del General Pinochet podrían presentar una apelación. Si ésta demorara los 14 días, el señor Straw tendría 14 días para considerar el asunto. Podría intervenir. También podría no intervenir. No está obligado a hacerlo.
Paso a contestar en seguida lo expuesto tanto por el Senador señor Martínez como por el Honorable señor Núñez en el sentido de qué acontecerá con los casos de jueces de otros países europeos, como Francia y Suiza, que han planteado solicitudes o iniciado procesos de extradición.
Ese punto se halla determinado hoy por la decisión que adoptó el 9 de diciembre de 1998 el señor Jack Straw, quien, luego de analizar las solicitudes y el material adicional que le hizo llegar el Gobierno suizo, conforme al artículo 12 de la Ley de Extradición y al artículo l7 de la Convención Europea sobre Extradición, dio preferencia a la petición española. En consecuencia, notificó a los Gobiernos de Francia y de Suiza que la solicitud de España tenía preferencia.
Si a lo anterior se agrega lo señalado en la resolución de la Cámara de los Lores en orden a que sólo podría procederse a extraditar al Senador señor Pinochet sobre la base de delitos cometidos con posterioridad a 1988, refiriéndose las solicitudes de los países mencionados por el Honorable señor Martínez a delitos perpetrados antes de ese año, no resulta previsible la iniciación de otro proceso sobre la base de esas denuncias. Por lo tanto, si se denegare la extradición, cabría esperar, de acuerdo a los antecedentes jurídicos mencionados, que el señor Straw no admitiera a consideración ningún otro juicio de extradición planteado por la Fiscalía británica.
Por otro lado, se hizo referencia a la lista de personas a quienes el juez señor Garzón, según ha dicho, desearía interrogar en el mismo proceso contra el General Pinochet.
Debo señalar, en primer término, que la Cancillería chilena solicitó a la INTERPOL que le informara si tenía dicha lista. El referido organismo respondió negativamente y que, por consiguiente, no existe orden de detención en contra de tales personas, con excepción de una: Manuel Contreras Sepúlveda.
En segundo lugar, es efectivo que, si alguna de esas personas viajara fuera de Chile, el juez señor Garzón podría solicitar su detención a la INTERPOL, por hallarse incluidas en un documento agregado en el proceso que él ha desarrollado.
Esa misma razón ha llevado al Gobierno de Chile a exponer la necesidad de avanzar en el marco de lo que establece la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por cuanto, incluso si se produjera -por las razones que fuesen- el retorno del General Pinochet al país, el planteamiento del juez señor Garzón de continuar investigando los delitos cometidos en Chile durante el período de que se trata e involucrando a otras personas continuaría vigente y, por ende, surtiendo efectos.
Desde ese punto de vista, el Gobierno chileno desea que, sobre la base de la Convención contra la Tortura, la cuestión relativa a la competencia de los tribunales españoles sea juzgada definitivamente por el Tribunal de La Haya.
De otra parte, el Senador señor Martínez hizo un planteamiento respecto de declaraciones de abogados españoles -también las conocemos- en el sentido de que en España no se aplicaría una sentencia del Tribunal de La Haya eventualmente favorable a Chile.
Nosotros pensamos lo contrario. Creemos que, de acuerdo a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas, los Gobiernos están forzados a aceptar los fallos de dicho Tribunal.
Además, debo reconocer que el Canciller señor Matutes y su Gobierno han manifestado públicamente que España se someterá al fallo del Tribunal de La Haya.
En tal sentido, es del caso precisar que la demanda de Chile ante la Corte Internacional de Justicia contra España sobre la base de la Convención contra la Tortura, de 1984, sigue el artículo 30 e implica dirimir una contienda acerca de un importante aspecto de Derecho Internacional.
Durante la semana recién pasada, España aceptó dos cosas. Primero, manifestó que daba por concluido el plazo de seis meses contemplado en el citado artículo 30 como necesario previo a interponer la demanda ante la Corte de la Haya; asumió que, con motivo del debate generado en torno de eventuales arbitrajes y consultas al Consejo de Estado, se ha cumplido ya ese plazo y, por ende, no es menester esperar otros seis meses para proceder a presentar la demanda. Y segundo, expresó que se encuentra en condiciones de agilizar los procedimientos sobre la materia, en forma tal de avanzar con mayor rapidez en el marco del Tribunal de La Haya. Con todo, este proceso duraría aproximadamente un año.
En seguida me referiré a los 34 casos a que aludió el Senador señor Núñez y a la consulta que Su Señoría hizo acerca de si ellos se incorporan o no al proceso.
Está claro que los 34 nuevos casos que el juez señor Garzón desea agregar a su demanda inicial no fueron incluidos oportunamente. Por lo tanto, es función del juez Bartle decidir si cabe o no considerarlos. Puede estimar que no, con lo cual el proceso de extradición se mantendría sobre la base de un solo caso. Si cree que sí corresponde, naturalmente tendría que justificar las razones por las cuales le parece adecuado adoptar este fallo.
Señor Presidente, me parece que he contestado las preguntas puntuales que se han formulado.
Quiero plantear algunas precisiones en materia del compromiso del Gobierno en torno a este asunto.
Las observaciones relativas a como el Ejecutivo ha desarrollado este proceso se corresponden de modo muy preciso con la forma en que el Presidente de la República definió el problema desde su inicio, en el sentido de rechazar categóricamente la pretensión de un juez español de tener jurisdicción sobre delitos o supuestos delitos cometidos en Chile. El planteamiento del juez español adquirió todavía un carácter más inaceptable en la medida en que el juicio en Gran Bretaña determinó que tales delitos sólo podían ser aquellos cometidos con posterioridad a 1988. El Gobierno de Chile ha señalado en múltiples oportunidades que existen razones para pensar que el proceso conducido en España debería haber sido revisado en su momento para no permitir que se generaran algunas dinámicas procesales que efectivamente lo han alargado y no han permitido que el Tribunal Supremo español dé una opinión categórica o definitiva acerca de la jurisdicción del juez Garzón sobre estas materias.
Sin embargo, desde el punto de vista del enfoque político del Gobierno, me parece absolutamente necesario subrayar que su decisión se ha manifestado desde el principio y fue impulsada con extraordinaria fortaleza y vigor por el Canciller señor José Miguel Insulza en el período en que le tocó conducir este proceso. Ello ha respondido a una orientación del Gobierno. Y me parece que es posible decir, si Sus Señorías me lo permiten, que los estilos y el vigor no han sido distintos entre los dos Cancilleres a quienes les ha correspondido administrar esta situación que el Gobierno de Chile no buscó, que sin duda es la más compleja que ha enfrentado el Ejecutivo en materia internacional y que en caso alguno constituye una razón de orgullo o una manifestación que lo lleve a sentir una profunda satisfacción, sino que representa una tarea de Estado, una necesidad del Estado de Chile, pero que tiene el mérito de unir -como se ha señalado en esta Sala- los criterios de sectores muy distintos en cuanto a no admitir intromisiones en la jurisdicción de los tribunales nacionales, ni tampoco a pretender que la transición chilena no sea administrada por nosotros mismos sobre la base de sostener que tiene fallas que deben ser reparadas desde el exterior.
Señor Presidente, si hemos considerado esto como una tarea de Estado, como una tarea de responsabilidad, y la hemos cumplido desde posturas políticas que discrepan muy radical, clara e históricamente con las que sostuvo la persona afectada por esta situación, lo hacemos con la esperanza de que todos, en la medida en que el retorno a Chile del General Pinochet se produzca -y esperamos que así ocurra-, reflexionemos, sobre la base de los mismos criterios éticos, acerca de las violaciones de los derechos humanos registradas en el pasado, a fin de permitir que la sociedad chilena deje atrás la visión escindida de su pasado y se continúe en la construcción del proceso democrático que todos deseamos.
He dicho, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No habiendo más señores Senadores inscritos para intervenir, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:49.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción