Sesión 36ª ordinaria, en martes 16 de mayo de 2000

De 16.21 a 19.38 horas. Asistencia de 45 señores Senadores.

Presidió la sesión el H. Senador señor Andrés Zaldívar, Presidente.

Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos.

PROHIBE EL TRABAJO DE MENORES DE 15 AÑOS

Por la unanimidad de los señores Senadores presentes, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para abolir el trabajo de los menores de 15 años. (Boletín Nº 1470-13).

El proyecto ingresó a trámite legislativo el 15 de diciembre de 1994, y tuvo su origen en una moción de los Diputados señoras Isabel Allende, Fanny Pollarolo y Marina Prochelle y señores Sergio Elgueta, José Miguel Ortiz, Víctor Reyes, Jaime Rocha y Rodolfo Seguel, y de los ex Diputados señora Mariana Aylwin y señor Angel Fantuzzi.

Los autores de la iniciativa, en los fundamentos de la misma, reseñan que estimaciones de la UNICEF dan cuenta de aproximadamente dos millones de niños pobres en nuestro país, de los cuales un gran porcentaje forma parte del mundo del trabajo, agregando que no ha sido posible cuantificar el número de niños que desarrollan un trabajo remunerado, por cuanto en mucho casos se encuentran por debajo del límite establecido en la ley y carecen de los resguardos propios de la seguridad social.

Expresan que en el contexto de la economía informal la contratación de menores de edad se traduce en el pago de remuneraciones inferiores a las de los adultos y, en la existencia de trabajadores no sindicalizados, imposibilitados de presionar para hacer efectivos sus derechos laborales y, que en el contexto de las relaciones laborales existentes, la alta vulnerabilidad de los niños ha llevado a afirmar que las formas más extremas de explotación infantil se encuentran en el trabajo asalariado, toda vez que, además de los riesgos físicos y sicológicos, existe una elevada tasa de morbilidad, una frecuente incidencia de malnutrición y jornadas laborales realizadas en condiciones inaceptables.

Destacan las normas internacionales relativas al trabajo de los niños adoptadas por la OIT, especialmente el Convenio 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo, de 1973, y su Recomendación 146, del mismo año, y las preocupaciones más recientes que dicho organismo ha tenido respecto al trabajo infantil, concluyendo que se hace absolutamente necesaria la reforma de las disposiciones legales vigentes en nuestro país, como una manera de dar una clara señal de su adecuación a la modernización de las normas jurídicas internacionales adoptadas por la O.I.T.

La iniciativa consta de artículo único que introduce modificaciones al artículo 13 del Código del Trabajo, en los términos que se señalan a continuación:

Prohibe, en general, el trabajo de los menores de quince años.

Eleva a mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, el grupo etario que podrá celebrar contratos de trabajo ¿hoy mayores de quince años y menores de dieciocho-, manteniendo la obligación de contar con la autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos de quien esté a cargo del menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo.

Sube a mayores de quince años y menores de dieciséis, el grupo etario que podrá contratar la prestación de sus servicios -hoy mayores de catorce años y menores de quince-, conservando la autorización y requisitos que actualmente se exigen para ello, a saber, que cuenten con la autorización indicada en el párrafo anterior, hayan cumplido con la obligación escolar, y sólo realicen trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, que no impidan su asistencia a la escuela y su participación en programas educativos o de formación.

En consecuencia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

Durante el debate el Senador Roberto Muñoz Barra dio cuenta que, conjuntamente con el Senador Sergio Bitar, presentaron en el mes de mayo de 1999, un proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media. (Boletín Nº 2337-04), iniciativa que de alguna forma coincide con los objetivos de este proyecto, cual es evitar que los menores inicien su vida laboral antes de terminar sus estudios.

Intervinieron los HH. Senadores señores José Ruiz de Giorgio (Senador Informante), Francisco Prat, José Antonio Viera-Gallo, Mariano Ruiz-Esquide, Beltrán Urenda, Roberto Muñoz Barra, Mario Ríos, Rafael Moreno, Carmen Frei, Sergio Fernández, Adolfo Zaldívar y Sergio Bitar.

Se encontraba presente el Subsecretario del Trabajo, señor Yerko Ljubetic.

En consecuencia, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

CONCEDE NACIONALIDAD CHILENA

El Senado, en sesión secreta, despachó los siguientes proyectos de ley, que conceden, por especial gracia, la nacionalidad chilena a las personas que se indican:

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote italiano Alceste Piergiovanni Ferranti. (Boletín Nº 2.040-17).

En consecuencia, corresponde remitir el proyecto a la Cámara de Diputados, comunicando la resolución adoptada por el Senado al respecto.

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede, por especial gracia, nacionalidad chilena al religioso señor Antonio Casarin Manzán. (Boletín Nº 2.412-07).

En consecuencia, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede, por especial gracia, nacionalidad chilena al señor Juan Lucarini Strani. (Boletín Nº 2.451-07).

SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN DE CIUDADANÍA

El Senado, en sesión secreta, adoptó resolución respecto de las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía presentada por las siguientes personas:

Señora Sonia del Carmen Alvarez Montanares (Boletín Nº S 414-04)

Señor Héctor Iván Morales Olivares. (Boletín Nº S 416-04)

Señor Luis Armando Rodríguez. (Boletín Nº S 435-04)

Señor Eduardo Patricio Navarrete Fuentes. (Boletín Nº S 441-04)

Señor Francisco Camilo Conejeros Riveros,(Boletín Nº S 452-04)

Señor Guillermo Albino Reyes Figueroa. (Boletín Nº S 453-04)

Señor Rienzi Gerardo Valencia González. (Boletín Nº S 458-04)

Señor Bernardo Favio Quiroz Saavedra. (Boletín Nº S 470-04)

Señor Jorge Eduardo Díaz Hernández. (Boletín Nº S 472-04)

INCIDENTES

El Senador Jorge Lavandero se refirió a las consecuencias que la apertura de cuenta de capitales tendrá para el país. En este contexto señaló que el Banco Central y el Gobierno, al poner fin a la regulación que impedía que los fondos ingresados al país salieran antes de transcurridos doce meses, prácticamente han terminado de abrir la cuenta de capitales, eliminando de este modo, las principales restricciones cambiarias existentes.

Expresó que las medidas adoptadas son plenamente concordantes con el modelo económico en aplicación, que convierte a la apertura económica y a la reducción de la capacidad regulatoria del Estado en dos de sus piezas centrales, manifestando que las consecuencias consistirán en disminuir la capacidad decisoria del Estado; acentuar la vulnerabilidad de la economía frente a shocks externos; hacer a ésta absolutamente dependiente de las conductas y direcciones que adopten los capitales, y profundizar la globalización económica en que se encuentra inmerso el país.

Solicitó se oficie al Presidente del Banco Central y al Ministro de Hacienda.

El Senador Mario Ríos se refirió a las causas que han originado la falta de interés en los actos del Congreso, analizando las distintas obligaciones que le asisten al Parlamento, además de la labor legislativa.

Señaló que la Cámara de Diputados no ha ejercido adecuadamente su facultad fiscalizadora, debido a que los intereses partidistas priman en tal forma, que terminan siendo superiores a los beneficios de una seria fiscalización. Un caso muy actual, expresó, es el de la Comisión de Ética del Poder Judicial, cuya acción ha sido tan determinante, que la fiscalización de los ministros de Corte, responsabilidad de la Cámara de Diputados, se ha encauzado por ese otro camino institucional, y la opinión pública está conforme con la Comisión y no esperará de los Diputados una actuación sobre el particular.

Algo parecido ocurre con las mesas de diálogo, las que también responden a la ausencia del Parlamento tanto en la acción fiscalizadora como en el análisis de grandes temas nacionales. El Ejecutivo, en una clara manifestación de duda acerca de los representantes democráticos, ha preferido crear una especie de "parlamentos paralelos", para que de ahí surja la solución, excluyendo de su participación a los Parlamentarios y representantes de los partidos políticos.

A lo anterior se suma el hecho que un Senador fue desaforado hace un año y ocho meses y aún no tiene sentencia de nada, manifestando que si a un Ministro de Estado o Ministro de Corte se le impidiera, por igual tiempo, ejercer sus responsabilidades, sin duda, se produciría una conmoción institucional, sin embargo, en el caso de un Senador no pasa nada.

Manifestó que por las acciones descritas se puede entender que recientes informes públicos ubiquen a este Poder del Estado en el penúltimo lugar de importancia institucional, superando sólo a los partidos políticos, que se ganaron el último lugar en el valor que les da la ciudadanía.

El Senador Rodolfo Stange, se refirió a la actuación de Diputado señor Eugenio Tuma en los hechos acaecidos en Temuco, con ocasión de una manifestación de pequeños agricultores que protestaban por la falta de apoyo del Gobierno ante la crítica situación por la cual atraviesan a raíz del mal resultado en las siembras y cosechas.

Manifestó el señor Senador que este grupo no contaba con autorización de la autoridad, razón por la cual se ordenó disponer que la fuerza pública disolviera la manifestación, habida consideración de que esas personas portaban palos y otros elementos, resultando herido el Prefecto de Carabineros de la zona mientras dialogaba con los dirigentes del movimiento.

Reclamó por la actitud del señor Diputado, quien se opuso a la disolución de la manifestación e intentó reagrupar a los manifestantes para dirigirse hacia el centro de la ciudad, señalando que su conducta vulnera gravemente el Estado de Derecho, al incitar a la violencia en contra de la autoridad; al desobedecer las disposiciones impartidas por la autoridad civil y, del mismo modo, viola y entorpece las órdenes que en el ejercicio de sus funciones impartió la fuerza pública.

Solicitó que su intervención sea transmitida al señor General Director de Carabineros.

El Senador Jorge Martínez se refirió al desconocimiento que los tribunales han hecho de la ley de amnistía, en el sentido que no se aplica respecto de los detenidos desaparecidos por considerar que éstos se encuentran secuestrados, acusando a oficiales de las Fuerzas Armadas sobre la base de apreciaciones opuestas a la verdad.

Señaló que a su juicio, el argumento más contundente para demostrar la falsedad de la imputación del secuestro o detención permanente ha estado en la conducta de los jueces que han conocido de los procesos, quienes no han procurado dar protección a los ofendidos, como establece la ley, omisión que presenta un grotesco contraste con la masiva intervención en Villa Baviera para buscar a una sola persona, mediante espectaculares operativos. Tampoco se han realizado esfuerzos por agotar todos los testimonios posibles que pudieran verificar la sobrevivencia de los detenidos desaparecidos.

Manifestó que nos encontramos ante dos alternativas: o los jueces han sido gravemente negligentes en cumplir tan primordiales obligaciones, o se hallan convencidos de que los supuestos secuestrados están muertos, opción, esta última que aparece validada por la cantidad de diligencias realizadas para encontrar o identificar osamentas, señalando que la administración de justicia y la verdad no pueden separarse y que los jueces no pueden evadirse de la alternativa anterior. O proceden a buscar a los presuntos secuestrados, o deben reconocer que esas personas están muertas y que todos los indicios conducen a configurar una presunción en tal sentido.

Finalizó formulando un llamado a que se respeten la justicia y el Derecho, se reconozca la totalidad de la verdad, y cese el hostigamiento a las Fuerzas Armadas y de Orden, cuya cacería es tal, que no puede tener otra causa que el interés extranjero o el más extremo y perturbado sectarismo ideológico.

El Senador Julio Canessa manifestó su inquietud por el contenido del texto de sexto año básico "Comprensión de la Sociedad", señalando que en lo que se refiere a la época de la Unidad Popular, en él se explica que la crisis institucional tuvo su origen en la inflación, el desabastecimiento y el mercado negro y que a consecuencia de ello las Fuerzas Armadas exigieron la salida del Presidente Allende y nada dice acerca de la profunda crisis política y social que llevó a las Fuerzas Armadas a asumir el Gobierno; nada dice del carácter terrorista del MIR; nada dice que el Presidente Allende no respetó la Constitución, entre otros.

Respecto del Gobierno Militar, el libro señala que éste derogó la Constitución y que la reemplazó por otra aprobada por un plebiscito donde no existían Registro Electorales, realiza un breve paralelo entre ambas Cartas Fundamentales y destaca solamente hechos como la violación de los derechos humanos, la creación de la DINA y la CNI.

Pidió se oficie al Ministro de Educación solicitándole que el texto continúe siendo distribuido una vez que éste sea revisado por historiadores y académicos que determinen, de manera objetiva, una visión más amplia de ese período histórico.

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