REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 23ª, en martes 15 de enero de 2002
Ordinaria
(De 16:21 a 21:23)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE, Y MARIANO RUIZ-ESQUIDE, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior subrogante, Secretario General de la Presidencia, Secretario General de Gobierno, de Justicia y del Trabajo y Previsión Social.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Las actas de las sesiones 21ª y 22ª, ordinarias, en 8 y 9 de enero del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en carácter de "Simple", respecto del proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (Boletín Nº 2.745-06).
Con el segundo y el tercero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en carácter de "Suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de Inversiones de los Fondos de Pensiones (Boletín Nº 2.628-13), y
2) El que modifica la Ley del Deporte, Nº 19.712 (Boletín Nº 2.838-04).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Stange, que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Aisén y Coyhaique, y crea el Museo y Archivo del Explorador Augusto Grosse (Boletín Nº 2.157-04).
--Queda para tabla.
Con los dos siguientes hace saber que ha aprobado las modificaciones propuestas por el Senado respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo referido a las notificaciones a la persona privada de libertad (Boletín Nº 2.306-07), y
2) El que introduce modificaciones a la ley Nº 17.322 y a otras normas de seguridad social (Boletín Nº 2.765-13).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.
Con el cuarto comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica la Ley del Deporte, Nº 19.712, con urgencia calificada de "Suma" (Boletín Nº 2.838-04).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y a la de Hacienda, en su caso.
Del señor Ministro del Interior, mediante el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la posibilidad de instalar un retén de Carabineros en la localidad de Mallín Grande, provincia de General Carrera, Undécima Región.
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores, por el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la política de Estado aplicable al territorio antártico chileno, en cuanto al financiamiento de la base de la Fuerza Aérea y de la Escuela F-50.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la instalación de líneas telefónicas para diversas localidades de la isla Millén, comuna de Puerto Montt, Décima Región.
Del señor Subsecretario del Interior, mediante el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, respecto a la investigación sobre la desaparición de la persona que indica, en la localidad de Alto Hospicio, comuna de Iquique.
Del señor Subsecretario de Transportes, con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, atinente al contenido del Decreto Nº 20, de 2001, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece el Reglamento sobre Seguridad para el Transporte de Trabajadores Agrícolas de Temporada.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros, a través del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la posibilidad de instalar un retén de Carabineros en la localidad de Mallín Grande, provincia de General Carrera, Undécima Región.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reemplaza, en los textos legales que indica, las expresiones "Teniente General" por "General de Ejército"; "Mayor General" por "General de División", y "Brigadier General" por "General de Brigada" (Boletín Nº 2.718-02).
--Queda para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Los Comités, en reunión celebrada en el día de hoy, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.-
Postergar el homenaje en memoria del ex Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina don Guido Di Tella, que se iba a rendir hoy, hasta el martes próximo, 22 del presente, al inicio de la hora de Incidentes;
2.-
En cuanto al proyecto de reforma constitucional, que figura como único asunto en el Orden del Día de esta sesión, iniciar su votación al término del homenaje que hoy se rendirá en memoria del ex Diputado señor Octavio Jara Wolff; y
3.- Facultar a la Mesa para incluir en el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana miércoles los proyectos de los cuales se dé cuenta en esa misma oportunidad.
REFORMA DE CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XIII Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones de los Senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero y de los Senadores señores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la Carta Fundamental, con primer informe e informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre los proyectos (2526-07 y 2534-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyectos de ley: (mociones de los señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero y de los señores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 7ª, en 4 de julio de 2000.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 12ª, en 6 de noviembre de 2001.
Constitución (complementario), sesión 22ª, en 9 de enero de 2002.
Discusión:
Sesiones 16ª, en 14 de noviembre y 18ª, en 18 de diciembre de 2001(queda pendiente su discusión); 19ª, en 19 de diciembre de 2001 (vuelve a Comisión para informe complementario).
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El primer informe fue discutido en general por la Sala en sesiones de 14 de noviembre y 18 y 19 de diciembre de 2001. En esta última ocasión, se determinó que el proyecto volviera a Comisión, para los efectos de que emitiera un informe complementario, a fin de precisar los acuerdos relativos a la composición del Senado y la forma de elegir a los Senadores, a la remoción de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros, y a la integración y funciones del Consejo de Seguridad Nacional.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, luego de intercambiar opiniones sobre los puntos en cuestión y por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Aburto, Chadwick, Díez, Hamilton y Silva, resolvió lo siguiente:
1.-
Suprimir el número 18 del artículo único permanente del proyecto, contenido en el primer informe, que proponía eliminar los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 45, atinente a los Senadores institucionales y a los vitalicios.
2.-
Como consecuencia de lo anterior, eliminar los numerales 14; 15, letra b); 19, letra a); 26; 27 y 29, y la disposición cuarta transitoria.
3.-
Dejar constancia de que las antedichas supresiones persiguen facilitar la búsqueda de acuerdos en el trámite del segundo informe, teniendo presente que la Comisión, en forma unánime, concuerda en la eliminación de los Senadores institucionales y de los vitalicios, pero que algunos señores Senadores estiman que la materia se encuentra vinculada al número de miembros que integrarán la Cámara Alta y a la forma de elegirlos.
4.-
Hacer constar que las indicaciones que los señores Senadores deseen presentar deberán formularse al texto consignado en el informe complementario. Con todo, también podrán efectuarse indicaciones respecto de las materias pendientes para la discusión particular, cuales son las que corresponden a la composición del Senado, al sistema electoral para integrarlo, a la remoción de los Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros, y a la composición del Consejo de Seguridad Nacional.
Cabe hacer notar que los números 1, 2, 3, 4, 8, 9, 31, 32, 33, 34 y 36, y las disposiciones transitorias números 5 y 6 inciden en los Capítulos I, III, VII, X y XIV de la Constitución Política, por lo que requieren para su aprobación del voto favorable de las dos terceras partes de los señores Senadores en ejercicio, o sea 31.
Además, los números 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, y las disposiciones transitorias números 1, 2, 3 y 4 inciden en los Capítulos II, IV, V, VI y XIII, requiriendo para su aprobación el voto conforme de las tres quintas partes de los señores Senadores en ejercicio, esto es, 28 votos favorables.
Finalmente, Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cinco columnas, elaborado por la Secretaría de la Comisión, que consigna el texto de la Carta Fundamental; el proyecto iniciado en moción de los Senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero; el proyecto propuesto por los Senadores señores Bitar, Hamilton, Silva Cimma y Viera-Gallo; las indicaciones presentadas y otras mociones consideradas, y, finalmente, el texto refundido del primer informe y del informe complementario.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la relación del proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, como muy bien lo ha expresado el señor Secretario, la Comisión se abocó al mandato de la Sala de elaborar un informe complementario del anterior.
Después de un debate en el que participaron todos sus miembros y además con la asistencia de otros cinco o seis señores Senadores, la Comisión estimó más conveniente en el primer trámite no informar respecto de algunas materias con votos de mayoría y de minoría, lo que podía hacer difícil el encuentro de una solución definitiva; en consecuencia, acordó suprimir el número 18 del proyecto permanente de reforma constitucional, que enmienda el artículo 45 de la Carta, referente a la composición del Senado.
Como consecuencia de lo anterior, acordó eliminar los números 14, 15, letra b), 19, letra a), 26, 27, y 29, y la disposición cuarta transitoria, debiendo desplazarse las numeraciones correspondientes tanto en los artículos permanentes del proyecto como en los transitorios.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, también dejó constancia en cuanto a que está de acuerdo con la eliminación de los Senadores institucionales y vitalicio; sin embargo, algunos Honorables colegas han planteado que el asunto está ligado al número de miembros que integrarán el Senado y a la forma de elegirlos, motivo por el cual se ha resuelto efectuar las supresiones que ya hemos indicado, con el objeto de facilitar en el segundo informe la búsqueda de los acuerdos correspondientes.
, Asimismo, para evitar interpretaciones ambiguas, dejó constancia de que las indicaciones que los señores Senadores deseen presentar deberán formularse al texto aprobado en general por la Comisión, que es el que se consigna en el informe complementario, el cual contiene las ideas matrices del proyecto.
Del mismo modo, serán admisibles las indicaciones relacionadas con otras materias que han sido objeto de estudios en la Comisión y que quedaron pendientes para el segundo informe, y que fueron propuestas en las reformas constitucionales que dieron origen a este informe, referidas a la composición del Senado, al sistema electoral para integrarlo y a lo concerniente a las disposiciones relativas a las Fuerzas Armadas.
La Comisión tomó el acuerdo por la unanimidad de sus miembros, dejando constancia el Honorable señor Silva que dio su acuerdo para concurrir con los demás miembros de la Comisión a formar la unanimidad, recordando que, junto con el Honorable señor Parra, son autores de un proyecto de reforma constitucional que propone un Senado integrado por 47 señores Senadores elegidos en votación directa. No obstante lo anterior, contribuyó con su voto al acuerdo unánime.
Es todo, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, si la Mesa lo tiene a bien, y antes de que intervenga el Honorable señor Zaldívar, quiero plantear un problema de previo y especial pronunciamiento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
En la tabla de hoy figura un informe respecto de dos mociones de reforma constitucional; sin embargo, el texto que se propone es uno sólo.
Desde el punto de vista reglamentario, no pueden fusionarse dos proyectos de reforma constitucional o dos proyectos de ley. De manera que quiero preguntar --es una duda que me ha asaltado desde un punto de vista técnico, porque no quiero que incurramos en un vicio de nulidad por errores de procedimiento en la formación de la ley o de la Constitución, en este caso- ¿cuál es el proyecto que estamos votando? ¿Estamos votando la moción a), que se integra a la otra? ¿Estamos votando la moción b), que se integra a la otra? ¿Cómo dilucidamos esta disyuntiva, que me parece no menor desde un ángulo formal?
Desde el punto de vista del fondo, entiendo¿
El señor HAMILTON.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite una interrupción, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton sobre lo mismo.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, en mi opinión, lo que vamos a votar es el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, referente a la idea de legislar sobre todas las materias contenidas en ambos proyectos y analizadas durante todo este tiempo por ella. Ésa fue la forma como se acordó tratar este asunto, incluso con la participación del Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
¿Puedo continuar, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Sí, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, ¿me permite una explicación?
El señor LARRAÍN.-
Lo que estoy tratando de señalar es que la Sala no vota informes, sino opiniones sobre un proyecto de ley o de reforma constitucional, a menos que exista un acuerdo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, ¿me permite una interrupción?
El señor LARRAÍN.-
Si estamos votando un acuerdo, me parece muy bien.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Senador, ¿me permite una interrupción?
El señor LARRAÍN.- Por cierto, con la venia de la Mesa.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Honorables señores Larraín y Viera-Gallo, la Mesa entiende que lo que se va a discutir y resolver ahora es el informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que está en manos de los señores Senadores. No se están votando proyectos separados.
El señor Presidente de la Comisión de Constitución dio a conocer hace un instante los aspectos más relevantes del debate habido en ella, para finalmente concluir en lo que será la votación que hoy día vamos a tener.
La Mesa entiende que lo que se va a votar efectivamente es el informe complementario, que recoge el informe anterior y otras modificaciones posteriores, de acuerdo con el texto que está en manos de los señores Senadores.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.- Quiero ratificar lo que dice Su Señoría: en la página siete del informe complementario, se consigna lo siguiente: "TEXTO SOMETIDO A APROBACIÓN EN GENERAL", el cual corresponde al proyecto de reforma constitucional que la Comisión de Constitución propone a la consideración de la Sala. No hay otro.
El señor LARRAÍN.-
Perdone que insista, señor Presidente.
El señor SABAG.-
¿Me permite una interrupción?
El señor LARRAÍN.-
Yo entiendo y comparto el texto en gran medida. De manera que mi observación no apunta al problema de fondo.
Lo que planteo se refiere a un problema de forma no menor. La Comisión no tiene capacidad para presentar una iniciativa a través de un informe. Los miembros de la Comisión pueden presentar una reforma constitucional como la propuesta en el texto, pero no pueden, a propósito de un trabajo ¿creo yo-, fusionar dos reformas constitucionales,...
El señor VIERA-GALLO.-
Perdón, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.- ¿porque siempre los informes deben hacer referencia a uno o a varios proyectos de ley, pero remitirse a uno determinado. ¿A cuál nos estamos refiriendo? ¿Al a) o al b)? Porque hay dos en el epígrafe del informe.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera¿Gallo; después vamos a resolver el otro asunto.
El señor VIERA-GALLO.- Lo que la Comisión ha hecho es muy simple -el señor Senador tomó parte en su trabajo-: tuvo en cuenta los proyectos que presentamos los Senadores de la Concertación y los de la Alianza por Chile. En torno de esos dos, más otras iniciativas presentadas por otros Honorables colegas, resolvió presentar un texto único, que es la que se propone. No existe otro. Se tuvo como base los proyectos anteriores.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Honorables señores Viera-Gallo y Larraín, en el debate que tendremos en el transcurso del día de hoy, la Mesa se va a regir por el informe complementario de la Comisión de Constitución que está en sus manos. Dicho documento es el resultado de la revisión y análisis que la Comisión ha hecho de todos los textos, como lo recordó el Honorable señor Viera-Gallo, y que finalmente presenta un texto al debate de la Sala del Senado. Y sobre ese punto ofrezco la palabra al Honorable señor Andrés Zaldívar, a quien ya se la había ofrecido.
El señor LARRAÍN.-
Excúseme, señor Presidente. Para cerrar el tema, simplemente quiero decir que estoy de acuerdo con el texto y que votaré favorablemente la idea de legislar sobre la materia. Pero, al mismo tiempo, debo expresar que el hecho de no dilucidar el problema que he planteado va a generar un vicio de nulidad en esta reforma constitucional.
Quiero dejar planteado antes ese problema, porque creo que tiene solución. Pero como no hay ánimo de buscarle arreglo, me quedo aquí, por lo menos habiendo tranquilizado mi conciencia.
El señor BITAR.-
¿Cuál es la solución que propone, señor Senador?
El señor LARRAÍN.-
La solución es muy simple¿
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¡Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos!
En la Versión Taquigráfica quedó constancia de lo señalado por el Honorable señor Larraín.
La Mesa entiende que existe bastante claridad sobre el particular. El informe complementario de la Comisión es el documento oficial respecto del cual se pronunciará la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la consulta del Honorable señor Larraín es muy importante, porque se refiere no sólo a los dos proyectos mencionados, sino a muchos otros que modifican la Carta Fundamental.
Es más. La Cámara de Diputados nos envió un proyecto de reforma constitucional que acorta el período presidencial. Por lo tanto, si aprobamos el informe en comento, ¿queda zanjado definitivamente el tema de los cuatro años del mandato presidencial? La Cámara Baja ya se pronunció sobre ese aspecto. Entiendo que la Comisión trató todos los proyectos de reforma constitucional y que éstos se hallan comprendidos en el informe sometido a nuestra consideración.
Ésa es mi consulta, que se suma a la del Senador señor Larraín.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, la Comisión actuó en este caso en la forma como usualmente lo ha hecho cuando se encuentra con proyectos de ley que versan sobre una misma materia y que tienen una idea central similar.
El informe que obra en poder de Sus Señorías es el pronunciamiento de la Comisión sobre los proyectos de la Alianza por Chile, de la Concertación y de todos los de reforma constitucional que se analizaron.
De esa manera se ha procedido ordinariamente en todas las Comisiones. Cuando se presenta una indicación sustitutiva, el informe se refiere al proyecto y a aquélla. Al fusionar dos proyectos ¿algo que hemos hecho innumerables veces cuando hay dos mociones sobre la misma materia presentadas por distintos señores Senadores-, el pronunciamiento de la Comisión recae en ambos textos, y así se deja constancia.
En este caso, la Comisión se pronunció acerca de las dos mociones de reforma constitucional mencionadas y sobre otros proyectos que fueron considerados. Ése es el origen del texto propuesto que figura en el informe.
Sería ilógico que la Comisión formulara una proposición respecto de la iniciativa de la Alianza por Chile y presentara otra de igual tenor en cuanto a la de la Concertación.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Si algunos señores Senadores tienen dudas en cuanto a las materias que abarca este debate, les recomiendo que analicen la página 5 del informe de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia. Allí se encuentran establecidas las bases generales del proceso legislativo de esta reforma constitucional en estudio.
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor NOVOA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, acerca de lo señalado por un señor Senador, deseo puntualizar lo siguiente.
Entiendo que se pueden fusionar dos proyectos que están en el mismo trámite. Pero, si en el informe sometido a nuestra consideración se trata una iniciativa ¿aprobada por la Cámara Baja- que modifica la Carta Fundamental, no podemos estar discutiendo una reforma constitucional que está en primer trámite respecto de algunos aspectos y en segundo trámite acerca de otros.
Me parece que tal situación va más allá de un detalle formal, porque eso claramente dice relación al proceso de formación de la ley.
A mi juicio, estamos en el primer trámite constitucional. Se trata del primer informe de dos proyectos que fueron analizados juntos por la Comisión, a los cuales se les introdujeron indicaciones. Sin embargo, no podemos incorporar en dicho informe un proyecto, en segundo trámite constitucional, ya aprobado por la Cámara de Diputados.
El señor DÍEZ.-
No se ha incorporado, señor Senador.
El proyecto que propone el informe y el de la Cámara de Diputados no están juntos. Es posible que aquél sea aprobado por la Sala, se rechace lo relativo a la duración del mandato presidencial, y luego, el Senado deba pronunciarse sobre este último.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, voy a recuperar la palabra.
El señor DÍEZ.- De manera que son dos proyectos separados que la Comisión no ha confundido.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés.-
Señor Presidente, normalmente no he intervenido mientras he ejercido la Presidencia de la Corporación. Sin embargo, hoy deseo hacerlo respecto del proyecto de reformas constitucionales mismo, más que a aspectos reglamentarios, como los que hemos escuchado, que deben ser resueltos por la Mesa y la Secretaría oportunamente.
Lo importante es referirnos al tema de fondo.
En mi opinión, estamos frente a un debate substancial que debemos llevar a cabo con mucha altura de miras. Por tanto, nuestras intervenciones tienen que apuntar hacia la búsqueda del bien común de nuestro país.
Todos conocemos el origen de la Constitución Política de 1980. Quienes estamos en la Sala tuvimos muy diferentes posiciones respecto de ella. Sobre el particular, en los años 80 el Senador que habla hizo la más fuerte oposición al plebiscito de 1980 que aprobó dicha Carta. Incluso, tuve que vivir fuera de mi patria, porque reclamé contra la ilegitimidad de ese proceso.
Sin embargo, transcurrido un tiempo en la búsqueda de la recuperación de la democracia, y después de haberse realizado el plebiscito de 1988 -que definió el término del Régimen militar y el regreso de los Gobiernos democráticos en Chile-, hubo un acto de entendimiento y se alcanzaron acuerdos entre quienes, en ese momento, detentaban el poder y las fuerzas políticas que habían ganado el plebiscito. Se realizaron negociaciones, precisamente, como fruto de la capacidad, del ejercicio democrático de diálogo que podemos alcanzar los ciudadanos.
Es de justicia destacar en dichas negociaciones la participación del entonces Ministro del Interior don Carlos Cáceres, así como la de quien más tarde fuera miembro de esta Corporación, el ex Senador señor Jarpa. A su vez, por parte de la Concertación participaron importantes dirigentes encabezados por don Patricio Aylwin, quien después llegaría a ser Presidente de la República.
En virtud de esas negociaciones, en junio de 1989, se llevó a cabo un plebiscito en el que se sometieron a votación precisamente aquellas reformas que, según se acordó, debían ser ratificadas por esta vía. Como sabemos, éste fue aprobado.
Ahora bien, debemos tener claridad que desde ese momento todos los que participamos en dicha votación popular, voluntariamente sancionamos la legitimidad de la Constitución que antes habíamos objetado. Por lo tanto, nos comprometimos -lo señalamos reiteradamente-, a que en el futuro, cualquier acción que tienda a su rectificación, debía ser sometida precisamente a las normas de la Carta Fundamental que aceptamos después de las modificaciones de 1989. Y lo hicimos conscientemente, pues creíamos que en el Parlamento que se elegiría ese año podría buscarse una fórmula para llevar adelante las reformas que quedaron pendientes y que habían sido reconocidas precisamente por los negociadores, tanto por parte de don Sergio Onofre Jarpa, como por los representantes la Concertación.
Tales reformas constitucionales pendientes se referían a materias tan importantes como la composición del Senado, la generación de los mandatos de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional y otros. Pero existían dos asuntos principales: el de los Senadores Institucionales y el del sistema electoral.
En las campañas presidenciales, substancialmente en la primera, el candidato de la Concertación y los candidatos Hernán Büchi y Francisco Javier Errázuriz, sostuvieron que harían dichas reformas. Más aún, hay una declaración del entonces Presidente de Renovación Nacional, don Sergio Onofre Jarpa, que apareció en el diario "El Mercurio", donde nos invitaba a aceptar las proposiciones hechas por el Ministro Cáceres y que más adelante nos preocupáramos de las rectificaciones a la Carta que podrían realizarse en el Congreso.
Llevamos 11 años conversando sobre la posibilidad de estas reformas. En lo que a mí respecta, incluso escribí un libro titulado "La Transición Inconclusa", en el que hago un análisis a fondo, lo más documentado que pude, con el fin de demostrar que para terminar con la transición política en nuestro país ¿no porque no haya democracia, pues, a mi entender, existe en plenitud- era necesario implementar las reformas pendientes.
Gracias a Dios, el año pasado surgió una nueva posibilidad, después de varios esfuerzos por tratar de reformar la Carta Fundamental. Y fueron sometidos a la consideración de nuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento proyectos de reforma tanto por los Partidos de Oposición como de la Concertación. Ello dio lugar a debates en los cuales también me ha tocado participar tratando, en el fondo, de negociar o de buscar acercamientos para lograr esa reforma que tanto hemos esperado y poner fin, de una vez por todas, a este debate en el país.
Me felicito por el trabajo que ha hecho la Comisión. Pienso que honra a esta Corporación la calidad y el esfuerzo demostrados por todos los señores Senadores, sin excepciones; unos, sosteniendo una tesis, y otros, apoyando criterios absolutamente distintos. Pero todos imbuidos de un espíritu plenamente democrático. En este aspecto, deseo felicitar a los integrantes de la Comisión y a cuantos participaron en su tarea. Y lo hago principalmente en la persona de su Presidente, el Honorable señor Díez.
Considero muy serio y acucioso el informe que se nos ha entregado, y puede realmente contribuir a dar término a esta discusión o por lo menos avanzar en este sentido.
Para no incurrir en redundancias, no me referiré a algunas de las importantes materias que esta reforma aborda, por haber sido ya consideradas por varios oradores, y me limitaré exclusivamente a destacar el hecho de que, finalmente, podríamos lograr que el Consejo de Seguridad Nacional se constituyera verdaderamente en un ente asesor del Presidente de la República y no en un organismo que, cuando es citado por éste, pone en tensión al país, que se pregunta qué es lo que puede suceder o no en los debates que se produzcan.
A quienes, por haber desempeñado la Presidencia del Senado, nos ha correspondido participar en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, cada vez que hemos concurrido a ellas -no es que dudemos de la sensatez de quienes lo han compuesto y lo componen-, nos ha surgido el temor de que, en un momento dado, los temas tratados puedan provocar un conflicto institucional insuperable, como podría suceder si no existiese concordancia entre algunos de sus integrantes que representan a las instituciones armadas, aun cuando su número fuese minoritario, y quien representa el Poder Ejecutivo, como lo es el Presidente de la República. Personalmente, he tenido esa impresión y creo que, por el bien y el adecuado funcionamiento de sus instituciones, el país requiere una reforma como la que nos propone el informe.
También me felicito por las conclusiones a que se ha llegado tendientes a la conformación de un Tribunal Constitucional que realmente ostente la categoría de tal. Y esto no quiere decir que no la tenga actualmente. Debo expresar mi reconocimiento a dicho organismo por su actuación durante estos once años. Podemos haber tenido discrepancias, pero creo que sus Ministros han desempeñado su labor con mucha seriedad. Incluso ellos mismos nos han propuesto fórmulas para reestructurar ese organismo, las que, según creo, están contenidas en esta iniciativa. Ellas, a mi juicio, constituirán un gran avance para la institucionalidad de nuestro país al radicar en este Tribunal la totalidad de la competencia constitucional, trasladándola de la Corte Suprema.
Es importante, asimismo, lo relativo a la reducción del mandato presidencial. Pienso que cometimos un error gravísimo cuando en un momento dado innovamos al respecto e hicimos que las elecciones parlamentarias no coincidieran con las presidenciales.
Considero un gran avance el hecho de terminar, de una vez por todas, con un tema que más bien es de carácter semántico, pero que puede tener significado político, como lo es el de que las Fuerzas Armadas sean las únicas garantes de la constitucionalidad. Me parece muy bien establecer en la Carta Constitucional que todas las instituciones son garantes en este sentido, y no sólo éstas sino que todos y cada uno de los ciudadanos, civiles o militares, cualquier hombre o mujer: todos somos garantes de nuestra Constitución y tenemos la obligación de respetarla.
En lo relativo a las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados también se han dado pasos positivos, y lo mismo ocurre con los estados de excepción, asunto que había quedado postergado, sin ser modificado. Sin embargo, quedan dos materias fundamentales, como lo dice el informe complementario que hoy día conoce el Senado, a las que, a mi juicio, debemos abocarnos con apertura, con generosidad, con vista a que el país funcione bien en el próximo tiempo: el nombramiento y remoción de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, y el sistema electoral.
Creo que respecto de las nominaciones se ha avanzado en la búsqueda de un entendimiento. Sin embargo, dado que las remociones constituyen un tema delicado, quiero que reflexionemos con seriedad y responsabilidad acerca de lo que puede suceder al respecto. En mi calidad de miembro del Consejo de Seguridad Nacional, me pregunto qué sucedería si el día de mañana hubiera que recurrir a la facultad del Consejo de Seguridad Nacional para proceder a la remoción de uno de los Comandantes en Jefe por grave incumplimiento de sus funciones. ¿Qué actitud asumirían en ese momento los representantes de las Fuerzas Armadas al tener que pronunciarse sobre la sanción a uno de sus pares? ¿Es conveniente, es bueno para el país, para sus instituciones, para los propios Comandantes en Jefe, someter a nuestras Fuerzas Armadas a esa tensión innecesaria?
Considero que la Comisión se ha esforzado por buscar soluciones en tal sentido, y ojalá en la discusión en particular pudiéramos lograrlas. A mi juicio, en lo atinente a nominación hemos alcanzado un progreso sustantivo que, a mi modo de ver, puede ser la solución e integrarse a la Constitución.
Pero en lo referente al segundo tema, creo que debemos hacer un gran esfuerzo, no para extremar las cosas ni para supeditar y terminar con la independencia de nuestras Fuerzas Armadas en cuanto a sus resoluciones ni tampoco para poner en riesgo la facultad que le corresponde al Presidente de la República, a quien ellas están sometidas. Ambos puntos debemos compatibilizarlos, pero circunscritos al bien primario, y éste, indiscutiblemente, es que las Fuerzas Armadas están supeditadas al Presidente de la República. En caso contrario, no funcionan las instituciones democráticas.
Pienso también que debemos preocuparnos del sistema electoral y de los Senadores institucionales. Y en esta Sala quiero hacer un reconocimiento respecto de los Senadores institucionales, tanto de este período como del anterior, sin distinciones. Creo que ellos han cumplido lealmente sus funciones, considerando su calidad de designados, y han hecho aportes importantes. He mantenido con ellos muy buenas relaciones.
No es entonces un problema relacionado con sus calidades personales, que hay que reconocérselas a todos y cada uno de ellos, sino con nuestra concepción de cómo debe estar conformada esta Corporación. Si queremos que lo esté en forma mixta por Senadores designados, institucionales, de cualquier género, y por Senadores elegidos, o si sólo debe serlo por Senadores elegidos. Se ha mencionado muchas veces que en otros países hay Senados de composición mixta. Sin embargo, hay una gran diferencia, y lo puedo afirmar con conocimiento de causa en lo que respecta al de Italia, citado frecuentemente. En él, los miembros que ostentan tal calidad no alcanzan a constituir el dos por ciento de un total de casi trescientos Senadores. En cambio, en esta Corporación la composición mixta de parlamentarios no elegidos en relación con elegidos bordea el veinte por ciento, situación que rompe, a mi modo de ver, el concepto que tenemos de un Senado, que además es distinto a otros que carecen de facultades legislativas. No debemos olvidar que esta Corporación es más o menos equivalente a la Cámara de Diputados en materia legislativa, y yo diría que es casi similar.
Insisto en que el tema no guarda relación con las personas que invisten tal representación. Brindo un reconocimiento a quienes han sido nuestros compañeros, nuestros pares, durante estos once años, porque han cumplido y siguen cumpliendo sus funciones con mucha seriedad y han constituido un gran aporte para nuestra Corporación. En el fondo, se trata de definir qué Senado es el que deseamos, punto que debemos resolver en nuestra discusión en particular.
Tales razones son las que me han llevado en estos momentos a intervenir, y quisiera terminar con unas reflexiones sobre el sistema binominal. He escuchado que éste tuvo por objeto, cuando se discutió por los contituyentes, el evitar la proliferación de partidos y promover la formación de coaliciones o bloques, como efectivamente los hay en la actualidad. Hoy día en el país existen dos bloques. Pero yo les pregunto, sobre la base de la última elección parlamentaria, si efectivamente el sistema binominal está contribuyendo a la consolidación de los bloques parlamentarios o de los bloques de los partidos que componen la coalición.
Veamos lo que sucede hoy en cada uno de nuestros sectores. En la última elección, ¿con quién peleó o compitió el candidato que postulaba en una coalición? ¿Con el representante de la alianza opositora o, como sucedió en la generalidad de los casos, con su compañero de coalición, provocando muchas veces heridas que después será muy difícil cerrar? ¿No vimos incluso, a través de las diferentes medios de prensa, el tratamiento que se dieron candidatos que pertenecían a una misma coalición? ¿Es bueno para el funcionamiento de nuestra democracia y del sistema electoral que ese tipo de acciones se vaya repitiendo cada vez más? ¿Terminará ello fortaleciendo o destruyendo las coaliciones?
Entonces, pensemos seriamente qué rectificaciones debemos hacer, no sólo por la proporcionalidad de la representación, que en la mayoría de los casos se da, y en otros, no. ¿No será bueno, por el bien común de la nación, que estudiemos también el sistema electoral y no nos cerremos en cálculos personales o partidarios, sino que veamos este asunto como país, como institución?
Analicemos la cuestión todos. Porque Chile no termina ni el 2002, ni el 2006 ni el 2010. Las Constituciones deben dictarse con proyección de largo plazo. Y ése es un tema que debemos plantearnos cada uno de nosotros.
Yo me felicito, porque observé en los últimos días, sobre todo en los momentos finales de las negociaciones, que hoy no está cerrada la posibilidad de estudiar el tema, no para imponer las ideas de unos u otros, sino -insisto, y ojalá que así sea- para que cada cual trate de enriquecer el proyecto al estudiarlo y discutirlo en particular.
Algunas materias ya están muy bien logradas. Y respecto de los asuntos pendientes, ojalá con la participación de todos nosotros, sin distinción de bancadas, con los Senadores institucionales y con los que representan a las diferentes coaliciones, espero que en el próximo tiempo podamos traer a la Cámara Alta un proyecto de reforma constitucional que permita a Chile tener una carta de navegación para prolongar, con visión de futuro y de país, una democracia donde todo funcione bien, no para unos, sino para la comunidad completa.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, estamos debatiendo la idea de legislar acerca de un conjunto de reformas constitucionales en que la Alianza por Chile -tanto Renovación Nacional como la UDI-, a través de sus distintos Senadores, ha tenido un rol muy activo, que la hace sentirse parte e impulsora del proceso que hoy día nos convoca.
Al respecto, hemos actuado con la absoluta convicción de que la Carta de 1980 ha sido extraordinariamente positiva y exitosa en dos materias que tenía como tareas por cumplir.
Primero, en sus aspectos más sustantivos, permitió crear un sistema político e institucional que ya durante doce años de vigencia de la plena democracia ha demostrado su solidez y estabilidad y que, más allá de diferencias puntuales que puedan presentarse con algunas instituciones, ha respondido a los diversos requerimientos y sido capaz de dar gobernabilidad al país en momentos muy difíciles. ¡Y por Dios que es importante saber combinar democracia y gobernabilidad! (ello, a la luz de lo que ocurre en otras naciones de Latinoamérica, que puede servirnos como ejemplo).
Al mismo tiempo, tal vez en sus aspectos más esenciales, ha sabido armonizar un espacio de garantías, derechos y libertades personales como nunca había conocido nuestro sistema político en sus regímenes constitucionales.
Por eso, el Texto Fundamental de 1980 vigente durante este tiempo ha tenido extraordinario éxito en lo sustantivo y, además, en los aspectos transitorios o circunstanciales, como ha sido abordar a través de sus instituciones una etapa muy compleja en la vida política del país: el tránsito de un Régimen militar a uno democrático.
La Constitución de 1980 ha contribuido a que hoy día contemos con un régimen democrático pleno, sólido, donde los problemas surgidos se han resuelto en paz, sin conflictos mayores y sin que nuestra democracia enfrente ahora riesgo o amenaza alguna.
Por lo tanto, el balance es muy positivo.
Sin perjuicio de ello, señor Presidente, hemos impulsado un proceso de reformas, porque, a no dudarlo, ya más de 20 años de vigencia de la Constitución y 12 años de plenitud democrática nos abren un espacio para efectuar un análisis más sereno, más tranquilo, dejando de lado algunos prejuicios, y ver en qué podemos perfeccionarla.
Obviamente, 22 años son tiempo más que suficiente para realizar ese análisis. Además, las circunstancias y los escenarios políticos muy fuertes que predominaban cuando se dictó la Carta que hoy nos rige se han modificado.
Pensemos tan sólo en dos escenarios que estuvieron muy presentes en los años 80 y que en la actualidad, o han desaparecido, o se consolidaron de manera distinta. Desapareció y fracasó el régimen comunista en el mundo. La doctrina marxista leninista, que sirvió de fundamento a sociedades totalitarias y estuvo especialmente presente en los años 80, porque así debía ser en cualquier orden institucional, desapareció del orbe. Y ello, sin duda, genera un modo distinto de ver o de revisar algunas de las apreciaciones que se hicieron al momento de dictar nuestra Constitución.
Por otro lado, en cuanto a los riesgos propios del proceso de transición -que la Carta contempló en sus orígenes- de un Régimen militar a uno democrático, el paso del tiempo ha demostrado que desaparecieron, que los temores que naturalmente influyeron en su momento se disiparon y que hoy día tenemos un sistema de pleno funcionamiento democrático.
En tal virtud, la Alianza por Chile, recogiendo el paso del tiempo y buscando también lo que señaló recién el señor Presidente del Senado -acuerdos en materias constitucionales-, ha estado presente en este proceso de reformas a la Carta Fundamental.
¿Qué acordamos en la Comisión? A mi modo de ver, hasta el momento, aspectos muy importantes, que ya justifican el proceso de reforma, aun cuando no sea posible lograr acuerdo en materias que se encuentran pendientes.
Básicamente, la modificación recaída en el Tribunal Constitucional, institución medular de la Carta, donde nos pusimos de acuerdo en una materia que siempre fue discutida y conflictiva en el pasado: su integración. Buscamos para ese organismo una integración que equilibre en mejor medida la participación de los tres Poderes del Estado, preservando su carácter de entidad judicial. Le dimos una competencia mucho más amplia al entregarle un control a posteriori de la ley, de los tratados internacionales y de los auto acordados. De ese modo, creemos haber puesto a dicho Tribunal en camino para generar una jurisprudencia constitucional técnica, especializada y estable en el tiempo, que Chile necesita bastante.
También enmendamos el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados, cuestión extraordinariamente importante, porque, quizás, uno de los desafíos más grandes que tiene hoy la democracia es su legitimidad en términos de combatir de manera eficaz la corrupción y los abusos de poder.
El diseño de la Carta de 1980, que recogía la tradición constitucional chilena, no es el mejor para los efectos de fiscalizar, pues, en la medida en que las mayorías de Gobierno coinciden con las mayorías parlamentarias, la fiscalización deja de ser eficaz. Y, al respecto, hemos vivido numerosas experiencias durante estos años en la Cámara Baja.
Por eso, se dio un paso muy trascendente en tal sentido. Y celebro que la Concertación haya estado de acuerdo en entregar facultades fiscalizadoras a minorías al interior de la Cámara de Diputados, donde un tercio de ésta contará con herramientas eficaces para fiscalizar los actos de la Administración y así romper el círculo vicioso de Gobierno y mayorías parlamentarias, que tornaba muy ineficaz la fiscalización.
Un tercer aspecto, muy importante -el señor Presidente del Senado también se refirió a él-, se vincula con el rol de las Fuerzas Armadas como garantes del orden institucional. Concordamos en que ese rol, que la Constitución del 80 entrega a los Institutos Armados con carácter exclusivo, sea compartido por todas las instituciones de la República.
Aquí hay una institución nacida bajo una exigencia histórica que el tiempo se ha encargado de ir eliminando. Porque el mencionado rol de las Fuerzas Armadas buscaba precisamente tener la mejor y más poderosa garantía de que el sistema constitucional y democrático estuviera protegido y fuera preservado frente a amenazas que pudiesen surgir en un momento o en un escenario político determinado.
Ése fue el sentido que la Carta Fundamental dio al mencionado rol de los Institutos Armados como garantes del orden institucional de la República: defender la democracia ante amenazas que pudieran revertirla o destruirla.
Hoy día, el paso del tiempo nos indica que esos elementos, que en su momento se veían como amenazas, se han ido atenuando y prácticamente no existen.
El compromiso de las Fuerzas Armadas con el régimen constitucional y democrático ha sido pleno durante estos doce años. Y es muy valioso destacarlo.
Por tanto, a la luz de esos antecedentes y de los nuevos escenarios que estamos enfrentando, perfectamente podemos tener garantías de que nuestro régimen constitucional y democrático descanse, no sólo en las Fuerzas Armadas, sino en todas las instituciones de la República.
Por ello dimos ese paso, que también nos parece relevante en la búsqueda de acuerdos constitucionales.
Aparte estas materias, se aprobaron otras que sí son importantes; carecen de la significación política de las que señalé con anterioridad, pero apuntan igualmente al perfeccionamiento de la Carta: modificar los estados de excepción constitucional; elevar al rango de norma fundamental la exigencia de la probidad pública; establecer la posibilidad de renunciar al cargo parlamentario por razones de salud o de incompatibilidad moral en su ejercicio; nombrar embajadores con acuerdo del Senado. Son materias que ya están acordadas y que, en mi concepto, tienden a perfeccionar la Ley Suprema.
Obviamente, otras materias quedaron pendientes y son quizás las de mayor complejidad política.
En primer lugar, la integración del Senado.
En la Comisión de Constitución hubo acuerdo unánime -y así lo votamos- para terminar con la institución de los Senadores institucionales y vitalicios.
En mi concepto -el Honorable señor Andrés Zaldívar lo señaló recién, y me ahorra palabras-, la institución en comento ha cumplido una función muy importante al permitir una representación institucional no política que ha traído al proceso legislativo una visión y un aire distintos, lo cual ha sido muy trascendente para perfeccionar el resultado de la ley. Por esa vía, desde 1990 hasta hoy han llegado al Senado personalidades que han hecho un aporte significativo, y en distintos momentos, permitido romper o desbloquear la composición política de esta Alta Corporación, favoreciendo la búsqueda de acuerdos, la posibilidad de encontrar consenso; dando a esta rama del Parlamento un rol diferente del de la Cámara de Diputados, y, de ese modo, justificando plenamente la referida institución.
Sin embargo, hemos estado de acuerdo en modificarla, básicamente por dos razones.
Primero, porque creemos que hacerlo constituye un paso significativo en la búsqueda de estos consensos constitucionales. Desde las bancadas de la Concertación, el tema de los Senadores institucionales y vitalicios se ha levantado siempre como una bandera sustantiva para ellas en términos del perfeccionamiento de la Carta. Nosotros hemos estado dispuestos a introducir la enmienda pertinente, precisamente en la búsqueda de los encuentros constitucionales. Pero también quiero expresar que visualizamos el riesgo de que aquel mecanismo tienda a desnaturalizarse en el tiempo, desde el momento en que Senadores institucionales respondan, más que a su nombramiento, a intereses partidistas y confundan su función institucional con la de dirigente político. La institución de los Senadores institucionales y vitalicios no se creó en la Carta con esa finalidad -para ella está la elección-, sino con la de recibir en la Cámara Alta el aporte y visión diferentes, por su origen, de personas ajenas al mundo partidista.
Ambos elementos pesaron en nosotros para los efectos de dar este paso y terminar con la existencia de la mencionada institución a partir del año 2006.
¿Pero qué ocurrió? Es importante señalarlo: el acuerdo alcanzado y votado en la Comisión de Constitución fue modificado para este informe complementario porque el Gobierno, a través del señor Ministro del Interior, con mucha franqueza -a mi entender, es la manera de buscar acuerdos y avanzar-, sostuvo que la eliminación de los Senadores institucionales estaba indisolublemente vinculada a la modificación del sistema binominal.
Por esa razón estuvimos de acuerdo en unir estos temas y facilitar reglamentariamente la discusión que estamos llevando a cabo, pues entendemos que el Ejecutivo -y no podríamos pensar de otra manera- procura con ello darse tiempo para seguir buscando entendimiento. Pero nos parecería incomprensible que la voluntad política de terminar con la institución de los Senadores institucionales y vitalicios -expresada en la votación de la Comisión y consignada en el informe-, de la cual han hecho por más de veinte años un baluarte de perfeccionamiento democrático, hoy día se guardara en sus bolsillos y pasara a ser una moneda de cambio meramente instrumental.
¿Qué podría pensarse luego de que el Presidente Lagos, en su campaña, hace poco tiempo, nos señalara la imposibilidad de que un régimen democrático funcionara sobre la base de que ocho personas eligieran a cuatro Senadores?
Entonces, si es para darse tiempo y hacer una buena reflexión, bienvenido sea. Pero consideraríamos inadmisible que existiera en ello la intención definitiva de que principios democráticos que la Concertación dice sustentar en términos muy profundos hoy fueran simples instrumentos de cambio basados en apreciaciones constitucionales.
En segundo lugar, también queda pendiente el sistema electoral.
Si eliminamos los Senadores institucionales y vitalicios, en la lógica con que estamos trabajando en la Constitución, se abren alternativas.
Primero, quedar con un Senado de 38 miembros sin introducir ninguna modificación. Porque han señalado el Gobierno y la Concertación que no quieren legitimar el sistema binominal. Es aceptable. Entonces, hay una opción: se van los Senadores institucionales y vitalicios y quedan 38 Senadores elegidos, con lo cual la Concertación no tiene necesidad de introducir enmienda alguna ni de emitir opinión sobre el sistema binominal. Empero, se afirma que la Cámara Alta no puede funcionar con ese número de integrantes. Yo respondo que bastaría con trabajar un día más a la semana para que esta Corporación funcionara perfectamente con 38 Senadores: se compensa de inmediato el tercio faltante con un día adicional por semana. Y nosotros no tenemos inconveniente alguno en configurar un Senado de 38 miembros sin necesidad de introducir ninguna modificación al sistema electoral.
Existe una segunda alternativa: reemplazar a los Senadores institucionales y vitalicios y crear cuatro, cinco o seis circunscripciones más. Tampoco hay de nuestra parte una negativa a priori a esa sustitución y a ampliar el número de Senadores a 50 ó 52. Creemos, sí, que ello debe hacerse sobre la base de nuevas circunscripciones, pero manteniendo el sistema binominal, pues pensamos que ha sido un aporte muy importante al escenario de estabilidad política de que goza el país.
El sistema binominal, señor Presidente, nos ha permitido combinar grandes conglomerados políticos, como los existentes en las democracias más desarrolladas y en los países con mayor estabilidad. Y lo que no hemos podido lograr o se ha retrasado, quizás por nuestra cultura política, el sistema binominal lo está permitiendo sobre la base del incentivo a que haya esos grandes conglomerados.
Y lo pensamos de verdad, realmente. Porque la crítica que se nos formulaba hace un tiempo en el sentido de que admitíamos aquel mecanismo sólo por una ventaja electoral, en que la minoría deseaba aprovecharse y lograr cargos parlamentarios sin tener los votos necesarios, en la actualidad carece de validez, porque el escenario político del país está virtualmente empatado. Y si lo analizamos desde la perspectiva electoral, es factible que a muchos nos convenga o nos resulte más útil o práctico introducir cambios al sistema binominal, pensando en nuestros intereses partidistas. Pero no estamos dispuestos a aceptarlos, ni aun cuando nos resultara ventajoso desde la perspectiva partidaria, porque creemos que dicho sistema es bueno para el país.
Las críticas que se formulaban en el sentido de que el sistema binominal distorsionaba la relación votos-parlamentarios electos me recuerdan una muy buena exposición que hizo, en su calidad de experto, el Ministro de Defensa de ese momento, don Mario Fernández -presente hoy en la Sala-, quien señaló algo muy notable: que el sistema binominal vigente en Chile estaba ofreciendo resultados más proporcionales que los del sistema proporcional que se aplicaba antes de septiembre de 1973. Y tan cierto es lo sostenido por el titular de Defensa de la época, que la última elección parlamentaria nos dio, con el sistema binominal, un resultado exactamente proporcional: 63 Diputados de Gobierno y 57 de la Oposición, con 47 y 44 por ciento de los votos, respectivamente.
Por lo tanto, parece que la distorsión del sistema binominal en la relación votos-parlamentarios electos no es tal y que en los hechos aquél se está imponiendo de manera distinta.
En consecuencia, pensamos que es bueno y necesario para el país mantener ese sistema, y estamos dispuestos a trabajar en ese sentido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.
El señor CHADWICK.-
Si Su Señoría me concede dos minutos adicionales, concluyo de inmediato.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Con el acuerdo de la Sala, no habría problema.
Puede concluir su intervención en ese tiempo, señor Senador.
El señor CHADWICK.-
Gracias, señor Presidente.
El tercer tema pendiente es la remoción de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Quiero hacer mío lo que el Gobierno expuso en su momento ante la Comisión respecto de la materia, aprovechando que se halla en esta Sala el Ministro señor Fernández, quien planteó en aquella instancia que para el Ejecutivo era esencial preservar y proteger tres principios fundamentales: Fuerzas Armadas despolitizadas, profesionales y unidas en el ejercicio de su trabajo.
Comparto plenamente esos tres principios, y me hago la siguiente reflexión. Si queremos Fuerzas Armadas efectivamente despolitizadas y profesionales, ¿podemos pensar en institutos armados modernos que hoy tienen una preparación y carreras militares, o en institucionales plenamente técnicas, de estudio, capacitación, exigencias, exámenes, evaluación de conductas, pero donde, no obstante toda esa estructura profesional, la remoción de su máximo jefe dependa única y exclusivamente del criterio discrecional del Presidente de la República, cualquiera que éste sea? Eso, dentro de una institucionalidad moderna, no es compatible con Fuerzas Armadas profesionales y despolitizadas. Resulta incoherente que, después de todo ese trabajo de profesionalización, al llegar a la cúspide de la carrera militar, la mera voluntad del Primer Mandatario de turno determine si la persona sigue o no en su cargo.
Precisamente para proteger los principios que el Gobierno expuso en la Comisión, los cuales compartimos, estimamos que, en el caso específico de la remoción de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo debería contar con el acuerdo de otro órgano distinto.
Nos parece adecuada la forma como actualmente la Constitución regula la materia. Obviamente, no descartamos proposiciones distintas que tiendan a resguardar los principios referidos y, en la medida que así sea, estaremos disponibles para estudiarlas y respaldarlas, siempre y cuando se respete la profesionalización, la despolitización y la unidad de las Fuerzas Armadas.
Termino, señor Presidente, manifestando que votaremos favorablemente la idea de legislar; que tenemos la mejor disposición y voluntad política para seguir buscando acuerdos en temas pendientes, tal como lo hemos hecho en el trabajo de la Comisión; y que, en la discusión particular, presentaremos indicaciones a fin de perfeccionar las normas allí acordadas.
He dicho.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La Presidenta de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización solicita el acuerdo de la Sala para que el proyecto relativo a la Ley del Deporte, que tiene cierta urgencia y que originalmente debía ser visto por las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, sólo sea analizado por ésta última, debido a que trata materias relacionadas únicamente con indemnizaciones por la cesación en sus funciones de algunos empleados.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Ha llegado a la Mesa en este momento el informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización referido al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriado legal y regula los días de realización de censos oficiales, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2.854-06).
--Queda para tabla.
_______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Continúa la discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, siempre que se debaten reformas constitucionales, sobre todo referidas a materias como las que se han estado analizando, generalmente existe mucho interés en oír y opinar acerca de temas como los señalados por el Senador señor Chadwick. Pero ello corresponde a un estudio posterior, ya que el propio informe de la Comisión, en sus acuerdos globales, se refiere tanto a la supresión de incisos del artículo 45 de la Carta Fundamental, que establecen la composición del Senado, como a otras normas que ya se han indicado. En consecuencia, no me pronunciaré sobre esos asuntos hoy día, ya que no corresponden a la discusión general. Cabe señalar solamente la determinación de la Comisión de estudiarlos más adelante, teniendo a la vista las indicaciones que se presenten.
En todo caso, siempre hay ciertos valores y principios que chocan en alguna forma. Es cierto que muchos señores Senadores son partidarios de terminar con los Senadores institucionales; pero también existen otras formas de designación, ya sea a través de la ley o mediante los reemplazos por vacancia del cargo. Se puede eliminar la facultad de la Corte Suprema de elegir o designar un Senador y otorgársela al partido político o a los apoderados de un candidato independiente, cuando el titular cese en su cargo..
Por lo tanto, en materia de designaciones, usualmente habrá opiniones distintas.
Sin embargo, deseo plantear algunas ideas globales respecto de los aspectos más trascendentes de los criterios con que la Comisión analizó la reforma constitucional.
En primer término, señor Presidente, en cuanto al sistema electoral, vuelve a plantearse la idea de que las elecciones parlamentarias y presidencial se celebren en una misma ocasión y, en otra, las municipales y de consejos regionales. Uno de los grandes problemas del país y, en general de todos los Estados occidentales, es que la acción del Poder Ejecutivo es de tanta relevancia que termina opacando las funciones y responsabilidades de los poderes normativos. Si el Presidente de la República fuera elegido junto con los miembros del Congreso, seguramente, por la práctica y lógica del proceso mismo, la elección parlamentaria quedaría absolutamente marginada o sujeta a la votación que obtenga el candidato a la Presidencia. Anticipo que presentaré una indicación al respecto. Desde mi punto de vista, la elección separada de poderes ejecutivos y normativos, sin duda, permitiría no solamente una participación ciudadana más acorde con la realidad, sino también lograr mayor claridad respecto de las funciones y responsabilidades de cada uno.
Yo aspiro a que el día de mañana se elija al Primer Mandatario junto con los alcaldes de Chile; de esa forma, se elegirían los poderes ejecutivos, nacionales y locales, en unos mismos comicios. Dos años después se realizarían las elecciones de los poderes normativos, esto es, de senadores, diputados, consejeros regionales y concejales.
De esa manera, podremos avanzar en un proceso de administración más eficiente para nuestro país.
La forma de llenar las vacancias de cargos parlamentarios consagrada en la Constitución, a mi juicio, constituye un grave error, pues claramente da la espalda a la acción democrática propiamente tal. Si en un momento determinado un parlamentario fallece o debe dejar el cargo por diversas razones, lo debería reemplazar quien designe el partido político al cual pertenece y no corresponde al compañero de lista. Es evidente que se actúa sobre situaciones no conocidas por la población. Existen muchos senadores y diputados que no han sido elegidos por votación propia, sino por la alta cantidad de votos de su compañero de lista, y esto naturalmente debe representarse en la eventualidad de que la persona deje el cargo.
No me parece adecuado que se elimine -esto es muy trascendente, señor Presidente- la facultad del Senado para dirimir las contiendas de competencia. La Comisión ha acordado que dicha responsabilidad se traslade al Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dice la experiencia, que es distinta de la teoría? Nos indica que las contiendas de competencia usualmente se relacionan con dos entes: el Poder Judicial -concretamente, la Corte Suprema- y la Contraloría General de la República, debido a que comparten responsabilidad afines sobre algunas materias, lo que origina conflictos de competencia que deben ser aclarados. Trasladar una función tan importante y ordenadora de la vida institucional al Tribunal Constitucional (integrado, entre otros, por miembros del Poder Judicial), desde el punto de vista técnico -destaco este término- inhibirá su libertad y transparencia para actuar.
En consecuencia, quitar esta facultad al Senado, aparte de debilitar sus funciones institucionales, constituye un grave error.
No me parece lógico marginar de la alternativa de ser candidato a diputado o senador a los concejales y consejeros regionales. Ellos también forman parte del poder normativo de Chile: nosotros, desde el punto de vista nacional; ellos, desde el punto de vista regional o comunal. Impedir que el campo electoral sea más amplio y abierto, dejando al margen a personas que aspiran a un escaño en el Parlamento y que cumplen una función pública, sobre todo en el campo normativo, no me parece un criterio adecuado y, más bien, representa un retroceso en la participación ciudadana, que debería considerarse.
Otro tema trascendente es la conformación del Tribunal Constitucional. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone que sus nueve integrantes, designados por la Corte Suprema (3), el Presidente de la República (3) y el Senado (3), sólo sean abogados. En mi opinión, la Constitución no es patrimonio de los abogados; sino de todos los chilenos. Ella representa los principios y valores de una sociedad. No me parece adecuado marginar en este campo a muchas personas con calidad moral y ciudadana. Por eso, presentaré una indicación para que los designados por el Senado sean ciudadanos sin apellidos, sobre la base de una fórmula que en definitiva extienda las responsabilidades constitucionales al resto de los chilenos.
Se alega que el Tribunal Constitucional es un órgano de derecho. También lo es el Tribunal Electoral, y puede estar compuesto por personas que no sean abogados. Los árbitros arbitradores ejercen acciones de derecho y pueden no ser abogados. Entonces, expresar con tanta determinación que el Tribunal Constitucional, por ser de derecho, no puede estar conformado por miembros no letrados, no debe considerarse, desde mi punto de vista, como un argumento de bases muy fundamentadas como para mantener esa proposición.
Acaso lo más delicado de toda reforma constitucional sea el tema de las regiones, que, según el artículo 45 de la Carta Fundamental, son trece. Señalar este número y establecerlas como entes geográficos políticos del país significa ubicarlas en el mismo nivel constitucional de otros órganos de la institucionalidad -y que se mencionan en esa norma-, como el Tribunal Constitucional, las propias Fuerzas Armadas, los Poderes del Estado y la Contraloría General de la República. Las demás estructuras y organizaciones -vale decir, servicios, comunas, y otros más- están regulados a otro nivel, es decir, por disposiciones orgánicas constitucionales.
El hecho de que la Comisión de Constitución proponga eliminar de la Carta la expresión "trece regiones", bajando el rango de constitucional a orgánico constitucional, aparte de disminuir la expresión institucional geográfica política de Chile, que ha sido tan importante para el desarrollo del país, implica restarnos nuevamente algunas competencias o potestades para presentar proyectos de ley destinados a la eventual creación de nuevas regiones, a la consolidación de otras, etcétera, quedando ellas entregadas exclusivamente al Presidente de la República.
Finalmente, como ya ha terminado el tiempo de mi intervención, deseo manifestar que nos encontramos ante una reforma constitucional que, en su espíritu, tiene aspectos positivos. Sin embargo, los ejemplos que he mencionado indican claramente la necesidad de realizar una profunda revisión de su texto, a fin de consolidar, al tenor de los tiempos modernos, el desarrollo de un país que pretende crecer en armonía y con muchas alternativas de igualdad de oportunidades para todo su pueblo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, enfrentarse a un proyecto encaminado a reformar la Ley Fundamental de la República, como el que hoy motiva nuestra atención, siempre será una tarea ardua y compleja, en la cual debemos poner extremo cuidado y prolijidad, entre otras razones, porque la sola intención de adentrarse en estos rumbos está, per se, llena de peligros, de cuyas potencialidades no siempre alcanzamos a percatarnos plenamente y, por ello, no podemos olvidar poner en ejercicio las mejores virtudes en su tratamiento, custodiando no infringir principios u olvidar experiencias. Su aquilatamiento resulta -hoy más que nunca- exigible al constituyente derivado.
En efecto, sin desconocer que el Código Normativo Básico siempre podrá ser objeto de reformas, precisiones o adecuaciones estimadas convenientes o necesarias, no podemos dejar de reconocer que las dos décadas de vigencia de la Constitución de 1980 han sido para Chile años en los que se han alcanzado grandes logros, que la historia reconocerá haber sido posibles en gran medida por la estabilidad y protección de los derechos de las personas que ella aseguró, y por los adecuados contrapesos y dispersión del poder que estructuró.
Al efecto, cabe señalar que la máxima crítica formulada a la Constitución de 1980 es que ella fue una imposición de "la dictadura", lo que puede inducir equivocadamente a suponer que se dictó "entre gallos y medianoche", sin mayor estudio.
Pues bien, esta Constitución es la que en nuestra historia soberana ha sido objeto de más largos y acuciosos estudios, con intervención de distinguidísimos juristas de diversas tendencias, siendo aprobada en un plebiscito donde, con una población inferior, votaron tantas personas como en la reciente elección parlamentaria. Aún más, ella incluyó, desde un comienzo, disposiciones transitorias que fueron cumplidas rigurosamente, traduciéndose en el traspaso del poder a la Oposición, en la oportunidad y en la forma preestablecida nueve años antes. Incluso más, en 1989 se le introdujeron 54 modificaciones, discutidas y acordadas por personeros de Gobierno y de Oposición, las cuales fueron sometidas a un plebiscito, con enorme participación ciudadana, en que el pueblo aprobó los cambios propuestos ratificando implícitamente la propia Constitución que se modificaba.
No es el minuto de realizar un examen pormenorizado de todas y cada una de las virtudes y aciertos que ella trajo consigo, desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, no sólo en lo tocante al correcto ordenamiento de los Poderes Públicos, sino en hacerla genuinamente un sistema de normas superiores aplicables directamente a todos, sin excepción alguna, y centrada en la persona.
Sin embargo, algunas características esenciales deben ser recordadas, y lo hago con el preciso propósito de cuidar que ellas no sean alteradas.
Reconozco, en primer lugar, que el inciso segundo del artículo 5º nos pone una frontera insuperable, en el sentido de que ninguna reforma podrá dejar de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
En segundo término, nuestra Constitución es, y debería seguir siendo, una declaración viva de los valores y tradiciones que dieron lugar a nuestra Nación y a nuestra Patria. No puede ser estimada, desde ningún punto de vista, como una Carta neutral, de frente a los ejes centrales de toda su estructura, partiendo por la existencia de un Estado al servicio de la persona y que jamás podrá, legítimamente, tener otra finalidad que no sea el bien común.
En tercer lugar, las experiencias históricas que explican algunas de sus normas constituyen todavía antecedentes destinados a que las futuras generaciones no pasen por lo que otros antes ya debieron sufrir.
Destaco lo anterior porque avizoro riesgos inquietantes. En efecto, una reforma que en la práctica recorre casi todo el andamiaje constitucional puede hacer surgir la tentación de variadas y numerosas iniciativas o indicaciones que incluso vayan más allá de su actual contenido, lo que, estimo, introduce innecesariamente un manto de incertidumbre acerca de su estabilidad, que deberíamos procurar evitar y que en alguna medida la Comisión elimina en su informe complementario.
No olvidemos que, en esta sede, no sólo examinaremos en su mérito aquellas indicaciones, sino que, por sobre todo, estaremos dando una señal al país, que probablemente estará lejos de la voluntad de sus autores, pero que introducirá un factor de preocupación innecesario.
Por lo mismo, me impongo y reclamo la máxima prudencia.
Admito, asimismo, que algunas reformas propuestas parecen, en principio, adecuadas e, incluso, necesarias.
Veo claramente también que, atendida la naturaleza de los cambios que se proponen, algunos afectan asuntos de menor jerarquía que otros, pero todos son importante, y aunque no lo parezca ante una primera mirada, están todos ellos interrelacionados.
Afortunadamente, dos integraciones distintas del Congreso podrán ocuparse del proyecto, sumando las miradas juiciosas al examen de su contenido, alcances y riesgos.
En lo personal, sólo podré participar como Parlamentario en este primer trámite constitucional, votando en general el informe que se nos ha entregado, luego de un largo y acucioso trabajo de la Comisión de Constitución, lo que me induce a procurar dar a conocer mis puntos de vista sólo en algunas materias relevantes.
No es posible, por el breve tiempo de que dispongo y por la importancia que revisten y el gran número de ellas, ocuparme de todas y cada una de las modificaciones propuestas. De ahí que me limitaré a formular sólo algunos comentarios sobre los fundamentos que se dan respecto de la idea de modificar la Carta a todo evento y acerca de dudas de procedimiento.
El primero se refiere a que las reformas a la Constitución, se dice, están sometidas a trámites o exigencias demasiado estrictos. La verdad es que, precisamente por el carácter que tiene una Carta Fundamental, prácticamente todas las democracias del mundo establecen exigencias severas para acordar cualquier cambio de ella, porque, siendo la ley de las leyes, la base sobre la cual se edifica un Estado de Derecho, es necesario que sea estable y no esté sujeta a múltiples alteraciones. Tal como ha señalado el Vicepresidente del Senado: "ésta comienza a percibirse sólo como una ley más, frente a los ojos del pueblo, quien muchas veces permanece ignorante de la trascendencia que esto tiene, sobre todo cuando estas medidas resultan efectivas para quienes buscan desestabilizar las fortalezas intrínsecas que por sí sostienen todo el andamiaje de la convivencia social en una sociedad democrática.".
De allí que la democracia más fuerte de la tierra cuenta con una Constitución que, en lo esencial, es la misma aprobada hace bastante más de dos siglos y para cuya reforma se requiere del voto conforme no sólo de los dos tercios de los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, sino de su ratificación posterior por el 75 por ciento de los Parlamentarios de los Estados de la Unión.
Si no es bueno modificar bajo cualquier pretexto las leyes comunes, creando muchas veces inestabilidades innecesarias de los derechos y obligaciones de las personas e instituciones, más grave es efectuar eso con la Carta Fundamental. En consecuencia, no es prudente facilitar o estimular alteraciones de ésta que, como ya hemos debido lamentar en muchas ocasiones, se realizan más con el ánimo de impresionar a la opinión pública, o de obtener logros meramente políticos o aparentes, que de hacer cambios que se justifiquen realmente.
Por lo tanto, en principio no creo que sean buenos los cambios encaminados a agilizar las reformas y a hacerlas tanto o más expeditas que una ley común.
En segundo lugar, se insiste en que la Carta da fundamento a sistemas electorales que no serían democráticos. Al efecto, se estima como un ideal que todo sistema eleccionario sea estrictamente proporcional y que no haya posibilidad de ningún tipo de elección indirecta o de designaciones que consideren otras circunstancias importantes para el buen gobierno, para la estabilidad de la nación y de sus instituciones, o que ayuden a las Regiones y también a las localidades o comunas pequeñas a defenderse del poder central absorbente.
Si uno hiciera una revisión muy somera de los sistemas electorales actualmente en aplicación por las democracias, se encontraría con una sorpresa: que en la inmensa mayoría de ellas no se produce una elección de representantes del pueblo proporcional a la votación popular; que no todas las minorías eligen representantes, y, aún más, que muchos cargos de importancia son desempeñados por personas designadas, no sobre la base de elecciones directas, sino de ciertas circunstancias que se juzgan trascendentes, como nuestros Senadores institucionales y los miembros del CORE.
Se ataca, asimismo, que la Constitución establece que todas las Regiones o subregiones deben elegir igual número de Senadores. Pues bien, esto no sólo tiene muchas ventajas y tiende a menguar los efectos del centralismo, sino que es lo que sucede en la mayor parte del mundo. En el grueso de las naciones con sistemas bicamerales existe, además de una Cámara política, un Senado o su equivalente, elegido en forma indirecta -como Francia, Inglaterra, Canadá- y con igual número de miembros para cada uno de los Estados o provincias que los componen, cualquiera que sea el número de sus habitantes. Así acontece en Estados Unidos, como también hoy en Argentina, donde recientemente se modificaron las normas pertinentes y en que la provincia de Buenos Aires, con más de la tercera parte de la población del país, elige los mismos tres Senadores que La Rioja, Santa Cruz o Tierra del Fuego, que entre todas no llegan a un millón de habitantes.
En cuanto al vilipendiado sistema binominal, resulta curioso que en Chile hayamos podido comprobar, en cuatro elecciones parlamentarias sucesivas, que la proporcionalidad de los elegidos es muy aproximada a la de la votación y, desde luego, mucho más ajustada a ésta que lo que ocurre, por vía de ejemplo, en Inglaterra y España, donde los Partidos Laborista y Popular, con votaciones del orden de 44 por ciento, dominan abrumadoramente la Cámara de los Comunes y el Parlamento español, respectivamente, al margen de que muchas colectividades políticas menores no tienen posibilidad de elegir representantes.
En otros países que se acercan a la proporcionalidad, no existe la posibilidad de que un partido elija representantes si no obtiene un mínimo global de votos. No olvidemos que en nuestro antiguo sistema proporcional esto no se reflejaba en la composición del Congreso; que en 1965 la Democracia Cristiana, con el 42,3 por ciento de los votos, eligió 82 de 150 Diputados, y que las disputas entre miembros de las mismas listas tenían quizá más dureza que la que actualmente se produce.
Asimismo, el país que pretendió establecer la proporcionalidad absoluta: Italia, ante la ingobernabilidad en que esto se tradujo, modificó la ley electoral, estableciendo parcialmente un sistema mayoritario.
Lo natural es, pues, que los países busquen sistemas electorales que permitan un buen manejo político.
Curiosamente, como en otros aspectos de los cuales podemos estar orgullosos, Chile ha sido capaz de crear un sistema electoral que se compara ventajosamente con la inmensa mayoría de los que rigen en el mundo y el cual ha contribuido enormemente a la estabilidad política.
Desde otro ángulo, la tendencia exagerada a que el pueblo resuelva a nivel nacional, por la vía del plebiscito, cualquier materia importante, y aun el deseo de concentrar todas las elecciones, aunque pueden tener algunas ventajas, implican tal vez mayores inconvenientes y riesgos.
Recordemos cuánta crítica mereció la circunstancia de que el gobierno nazi recurriera a plebiscitos que siempre ganó, y -sorprendentemente- no sólo dentro de Alemania.
Por ello, la experiencia mundial y la prudencia han llevado a reservar los plebiscitos para materias muy trascendentes, o para las de carácter local que conciernen a un número no muy elevado de personas. Y por algo el grueso de las democracias son representativas.
Por otra parte, el reducir exageradamente el número de elecciones y procurar concentrarlas todas envuelve el riesgo de que, por aspectos meramente circunstanciales, se otorguen poderes sin contrapeso que pueden resultar peligrosos.
Al respecto, vemos los problemas que hoy se vislumbran en Venezuela, derivados de la amplia mayoría de que un líder carismático dispuso en un momento dado, pero que ya no le acompaña. Sin embargo, esto no le impide actuar prácticamente sin límite en la dirección de su país.
No es mi intención -ni es posible- agotar en este debate un tema tan complejo. Adelanto estas ideas para hacer ver lo cuidadosos que debemos ser cuando pretendemos modificar en forma extrema ese conjunto armonioso y equilibrado de disposiciones de nuestra Constitución, que debidamente cumplido ha hecho posible un gran crecimiento del país en los últimos 20 años.
Por último, quiero referirme a aspectos más bien procesales o de tramitación.
No obstante que a la luz de las normas de nuestra Carta Fundamental puede resultar dudoso el procedimiento a seguir en materia de reformas constitucionales, en la práctica, aunque no haya disposición expresa que lo diga, las hemos tramitado como el grueso de las leyes en general, tomando en cuenta, eso sí, las normas establecidas en el Capítulo XIV, sobre quórum y ratificación por el Congreso Pleno.
En lo que concierne a la presente iniciativa sobre modificación de la Ley Suprema, nos encontramos con que en el informe de la Comisión respectiva se analizan o mencionan no sólo los dos proyectos de reformas constitucionales presentados por sendos grupos de Senadores, sino que también numerosas indicaciones formuladas en el transcurso de su tramitación.
Por la circunstancia inusual, y a mi criterio no reglamentaria, de que la Comisión se abstuvo de pronunciarse acerca de dos enmiendas procesales específicas, la Sala le solicitó una ampliación del primer informe.
Pues bien, dicho órgano técnico, en vez de ampliar ese documento, optó por dejar sin efecto determinados acuerdos a que había llegado en aspectos que estimó relacionados con la materia que no había contado con su pronunciamiento. Al efecto, en una declaración unánime señala coincidir en la supresión de los Senadores institucionales y vitalicios, pero que, por estar ello vinculado con aspectos sobre los cuales no se había pronunciado, decidió castrar las resoluciones del primer informe.
Estrictamente, estaríamos en una situación peor que la anterior, porque la Comisión no cumplió con el mandato de la Sala y, además, estimó conveniente dejar sin efecto acuerdos ya adoptados.
No escapa a mi percepción que eso obedece al ánimo de buscar consensos políticos amplios, que se hacen precisamente más necesarios por tratarse de materias que requieren de quórum especial. Sin embargo, me queda la duda de si esto no se traduce en un doble vicio: el ya señalado de que la Comisión no cumplió su mandato y redujo el informe, por cuanto dentro de eventualmente un mismo proyecto habrá materias que podrán ser objeto de un primer informe (como corresponde en la discusión general), y luego de un segundo; y otras que sólo serán resueltas en este último, creándose un tratamiento de hecho discriminatorio.
Por otra parte la Comisión, en la que podemos llamar la parte resolutiva de su informe complementario, expresa:
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor URENDA.-
¿Me permite terminar la idea, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Muy bien.
El señor URENDA.-
"D. Dejar constancia, asimismo, que las indicaciones que los señores Senadores deseen presentar deberán formularse al texto aprobado en general por la Comisión, que es el que se consigna en este informe complementario, el cual contiene las ideas matrices del proyecto.". Y agrega: "Del mismo modo, podrán presentarse indicaciones en relación a las otras materias que han sido objeto de estudio en esta Comisión y que quedaron pendientes para el segundo informe,".
Me parece adecuado que, dentro del claro espíritu de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, se limite el campo de las indicaciones. Pero desde el punto de vista reglamentario no coincido con el criterio de que sea la Comisión la que haga posible el procedimiento de que se puedan formular indicaciones con relación a materias sobre las cuales omitió pronunciarse y que, naturalmente, no se hallan contempladas en el texto sometido a la discusión general de esta Corporación.
No es mi ánimo crear obstáculos al debate de materias tan trascendentes como aquellas a que el Senado está -y estará- abocado. Pero es preciso que esta Alta Cámara tenga conciencia de que se está siguiendo un procedimiento no consultado expresamente ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ni en nuestro Reglamento, y sobre el cual no existe precedente.
No estoy seguro de que este procedimiento no pueda ser considerado viciado por el Tribunal Constitucional. En todo caso, en lo que a mí concierne, mi posición sobre el proyecto y mi voto se referirán sólo al texto que figura en el informe complementario, sin perjuicio de que, aunque en la práctica probablemente ello no tenga trascendencia, no coincida con todas las materias aprobadas, por lo cual presentaré dentro del plazo que se fije, y en todo caso antes del término de mi mandato, las indicaciones que estime pertinentes.
A este respecto, concordando con el criterio de muchos Honorables colegas, estimo que el plazo para formular indicaciones debe vencer después del 11 de marzo a fin de que los Senadores hoy electos tengan la posibilidad de formular indicaciones, sin que ello obste -como he dicho- a que aquellos que dejaremos el Senado podamos presentarlas mientras mantengamos la calidad de integrantes de esta Corporación.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, solamente deseo hacer algunas reflexiones acerca de los aspectos más complicados, a mi juicio, que faltan por resolver en la segunda etapa del debate.
En primer lugar, valoro el trabajo de la Comisión de Constitución. Como se señaló, pienso que se ha realizado un esfuerzo serio por concordar una reforma global de la Carta Fundamental. Hay materias en las cuales el resultado de dicha labor es claramente positivo, por ejemplo, todo lo desarrollado respecto del Tribunal Constitucional y los estados de excepción. En fin, estimo que existe un conjunto de acuerdos que efectivamente perfeccionan de manera importante la Constitución, en el sentido en que nosotros -y yo en particular- deseamos que se efectúen las reformas, vale decir, fortaleciendo el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas y que exista una Constitución plenamente democrática.
Entiendo que el esfuerzo que se está llevando a cabo no tiene que ver con determinada reforma a la Carta Fundamental, sino más bien con el afán político por cerrar de manera definitiva una controversia constitucional desarrollada en el país de una forma u otra durante los últimos 22 años. Ése es el asunto central relacionado con este momento de la discusión.
En estos doce años de vida democrática, se han realizado bastantes reformas constitucionales y algunas de ellas significativas. Por ejemplo, las tendientes a modificar el sistema judicial; los cambios en la composición y en la designación de la Corte Suprema; la creación del Ministerio Público; la reforma municipal que dio origen, por primera vez en el país, aunque en forma imperfecta, al proceso de descentralización político. Es decir, hemos efectuado algunas reformas constitucionales de importancia, no asuntos menores.
Pero comprendo que el ejercicio que intentamos realizar tiene un carácter distinto en cuanto a analizar si podemos superar la controversia sostenida durante estos últimos 22 años -insisto-, respecto de que una parte sustantiva del país considera que la Constitución de 1980 posee algunos elementos que contravienen y contradicen la doctrina democrática en uso en la historia de Chile y en el occidente, donde la democracia ha tenido su máximo desarrollo.
Por tanto, el tema es si podemos, no clausurar otras reformas constitucionales que seguramente vendrán, pero sí lograr un acuerdo sustantivo sobre la arquitectura básica de nuestro régimen constitucional. Porque ello, de alguna manera, cierra un ciclo histórico, y abre otro donde el perfeccionamiento de la democracia y, en consecuencia, de la Constitución es un asunto siempre abierto.
Además, hoy día el sistema democrático está sujeto a dificultades, peligros y problemas nuevos, no de los ochenta ni de los noventa. Se trata de la gobernabilidad, de la profundización de la descentralización, del saneamiento de la vida política y de la participación. Son materias centrales para asegurar la calidad del sistema político, y algunas de ellas pueden requerir reformas constitucionales.
Pero no estamos en esa discusión ¿la que, diría, se puede denominar de las enmiendas constitucionales de segunda generación, de perfeccionamiento del sistema democrático-, sino en un ejercicio clásicamente constituyente, en el sentido de que la arquitectura central del orden constitucional no sea materia de debate contingente. Ése es el punto. Y para ello debemos ponernos de acuerdo, no en una lista que sólo contenga reformas, sino en aquellos aspectos que nos han dividido durante 22 años. Ése es todo el asunto. Ése es el ejercicio constitucional y político que el país nos exige y, según entiendo, es el ánimo con que ha trabajado la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Al momento de hacer un primer balance habrá que constatar, desde mi punto de vista, algunos avances muy significativos. Ya se han señalado algunos de ellos: eliminación del rol tutelar de las Fuerzas Armadas y de Orden, atribución y composición del Consejo de Seguridad Nacional, generación y naturaleza del Tribunal Constitucional y muchos otros.
Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que subsisten diferencias en dos puntos que forman parte de nuestra controversia histórica y que mientras no las resolvamos no tendremos una arquitectura constitucional que contenga un elemento central de toda Constitución moderna: que ella concite el acuerdo, en sus aspectos fundamentales, de la inmensa mayoría de la ciudadanía, al margen de la calidad de sus contenidos.
Ése es un elemento central para cerrar esta controversia histórica, que estimo esencial para la estabilidad del país en el mediano y largo plazo, y para dedicar todo nuestro esfuerzo al perfeccionamiento de nuestras instituciones, y no a esta discusión interminable, sin resolver, sobre la naturaleza de las instituciones mismas, que es lo que estamos haciendo.
En tal sentido, pienso que subsisten todavía dos diferencias en las que habrá que seguir trabajando, si deseamos concluir bien, no a medias, este proceso de discusión. En primer lugar, las atribuciones del Presidente de la República en su relación con las Fuerzas Armadas y de Orden.
La llamada inamovilidad de los Comandantes en Jefe y del General Director de Carabineros es una cuestión relevante desde el punto de vista de una sana doctrina constitucional democrática. No conozco país del mundo donde el Primer Mandatario no pueda remover al jefe de la Policía. Lo anterior no tiene que ver con el carácter profesional, jerarquizado y las altas misiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, sino con la concepción de que dichas instituciones son un instrumento fundamental del Estado para el cumplimiento de sus políticas. Y, por tanto, deben estar sujetas, no a su autonomía en la consecución de sus fines últimos, sino a la voluntad política del Estado. Y en Chile el Jefe del Estado y del Gobierno es el Presidente de la República.
Por consiguiente, debe asegurarse ese principio fundamental y esencial para el orden democrático, para el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, y no para su politización.
Como aquí no ha existido un proceso constituyente democrático, estamos repitiendo la misma discusión realizada hace más de 25 años en el Consejo de Estado del Régimen militar, donde hubo dos doctrinas. Por una parte, la de Jaime Guzmán, respecto de la autonomía de las Fuerzas Armadas y de Orden. Él manifestaba -está escrito- que había que tender a unas Fuerzas Armadas tan autónomas como el Poder Judicial.
Y la tradicional tesis constitucional e histórica chilena, defendida en dicho Consejo por todos los ex Comandantes en Jefe que participaron en el debate, comenzando por el General Izurieta -no el actual, sino uno de sus antecesores, que fue jefe supremo del Ejército durante el período del ex Presidente Jorge Alessandri-, como también por los ex Comandantes en Jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea. Ese debate lo hemos seguido en detalle todos estos años, y se consigna en las actas del Consejo de Estado.
Es el mismo debate: es la tesis de la autonomía disfrazada de distintas formas. Porque la Constitución, al final, fue una transacción entre las dos concepciones. En un ejercicio de carácter constituyente hay que sentar una doctrina; y hubo una, defendida en el Consejo de Estado, que fue la doctrina de la autonomía, de la cual surgió un conjunto de instituciones. ¡Si Jaime Guzmán pensaba bien, y en orden! Por lo tanto, de una concepción general se derivaban también diversas instituciones.
Ésta no es una discusión banal. No se trata de situarnos en el medio para lograr un buen acuerdo. Tenemos que concordar un principio. Y yo sostengo el viejo y tradicional principio del país y de la democracia, que en Chile funcionó durante 180 años.
Además, el debate se hizo estando muy cercanos los acontecimientos que terminaron con el quiebre democrático de 1973. En el fondo, lo que se quería evitar con todas estas cortapisas a la autoridad presidencial que eran evidentes en este campo ¿no estoy inventando ningún argumento; todo está dicho y escrito-, era que no ocurriera lo que sucedió entre 1970 y 1973, cuando ¿ se decía- un Presidente, equivocado, había "cautivado" al Comandante de la principal rama de nuestra Defensa Nacional.
Estoy repitiendo los mismos planteamientos de Izurieta y de otro gran constitucionalista, probadamente de Derecha y partidario del Régimen Militar, Julio Philippi, que defendió idéntico principio. ¿Y qué dijo él? La inamovilidad es la que los politiza, y el mecanismo que estableció la Constitución para la remoción de los Comandantes en Jefe los divide.
Es el mismo argumento que hoy traigo a colación aquí, el cual no sólo por antiguo es bueno, sino que es bueno en sí mismo.
Para mí, resolver bien este asunto es esencial si queremos lograr un acuerdo en la arquitectura gruesa de nuestro marco constitucional. De lo contrario, no vamos a cerrar el ciclo y tendremos que continuar con reformas parciales. Después se verá cómo vota cada uno. Pero quiero insistir en que, desde mi perspectiva, aquí se trata de llegar a un punto donde cerremos un viejo pleito sobre la arquitectura fundamental de nuestro orden constitucional. Creo que, después de 12 años de transición, deberíamos poder hacerlo.
La otra diferencia la tenemos respecto del régimen electoral. Pero el asunto no se limita solamente a eso. Quiero hacer un contrapunto con el Senador señor Chadwick.
En cuanto a la composición del Congreso, hay dos elementos. Uno de ellos se refiere a los Senadores institucionales. Omito los reconocimientos personales hacia ellos ¿yo los reconozco-; pero no es eso lo que estamos discutiendo aquí. Aquí estamos discutiendo la Constitución y sus instituciones y no sobre personas.
Finalmente, se ha producido acuerdo sobre su eliminación. Yo espero que no sea un acuerdo de oportunidad y de cálculos menores en cuanto a las eventuales futuras mayorías en el Senado, sino un acuerdo sincero. Al menos lo quiero creer así.
Sé que en el mundo la discusión sobre sistemas electorales es muy rica y que no hay sistema perfecto. Eso lo entiendo muy bien. Hay muchos sistemas, pero resulta que el establecido en nuestra Constitución tiene una característica que no posee ninguno de los otros sistemas electorales existentes en el resto del mundo: está hecho para dificultar la creación de mayorías en el Parlamento. Todos los demás, desde el proporcional más perfecto hasta el uninominal ¿que presenta una inmensa cantidad de problemas-, pasando por el proporcional corregido, están concebidos para favorecer la formación de mayorías parlamentarias y, de ese modo, fortalecer la gobernabilidad. El chileno está hecho para propiciar un empate. Aquí, un tercio vale lo mismo que dos tercios. Y se dice que eso es bueno. Bueno podrá ser, pero democrático no es, porque en democracia las diferencias se resuelven por el principio de la mayoría. Cuando no existen diferencias, no hay para qué usar el principio de la mayoría. La democracia sirve para resolver, mediante dicho principio, los desacuerdos existentes en la sociedad.
No sé por qué ¿entiendo que hubo un largo debate entre los constituyentes, y el Senador señor Fernández nos puede ilustrar en ese sentido- se optó por el sistema binominal.
El señor FERNÁNDEZ.-
¡Porque es el mejor!
El señor GAZMURI.-
Pero la deficiencia que presenta ¿y por eso tenemos un problema de principio con él y no con cualquier otro- es la de que no favorece la formación de mayorías, lo cual, en mi opinión, es un grave problema de los sistemas políticos. Éstos deben fortalecer la creación de mayorías para asegurar gobernabilidad.
Ahora, si la situación electoral da empate, el sistema electoral tendrá que reproducir ese empate. Pero, cuando la situación electoral y política no da empate, los sistemas políticos que tiendan a la igualación no son útiles para el progreso.
Para mí y para la Concertación ¿no lo quisiera sólo para ésta--en Chile hay varias fuerzas que pueden postularse como un tercio y obtener la mitad del Parlamento; y eso, para mí, no es bueno desde el punto de vista democrático y de la sociedad chilena.
Por eso ¿y con esto termino, señor Presidente-, el tema de la composición del Congreso está estrictamente vinculado, a mi juicio, a un acuerdo sobre el sistema electoral. Sé que partimos de posiciones muy distintas, pero, si nos quedamos con las afirmaciones del Senador señor Chadwick en cuanto a que su sector no está dispuesto a transar nada sobre este punto, no vamos a poder culminar con éxito el proceso de lograr un gran acuerdo constitucional ¿creo que es el espíritu de todos- que dirima históricamente la pugna que hemos tenido durante los últimos 22 años sobre la arquitectura gruesa de nuestra democracia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En conformidad a lo resuelto por los Comités y aprobado por la Sala, se suspende la discusión del proyecto de reforma constitucional, a fin de rendir homenaje en memoria del ex Diputado señor Octavio Jara, recientemente fallecido.
Una vez concluido el homenaje, se iniciará la votación de la iniciativa.
HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIPUTADO DON OCTAVIO JARA WOLFF
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, estimados colegas:
Octavio Jara ennobleció la política. Se entregó a la vida pública por amor a la democracia y a la libertad, sin afanes mezquinos, sin cálculos individuales. Actuó con responsabilidad, enfrentando riesgos y sacrificios personales, por su profunda vocación de servicio. Ejerció como Diputado durante dos períodos en representación del Partido Por la Democracia y postuló al Senado por la Octava Región en 1997.
Nació en Los Ángeles en julio de 1944. Allí realizó sus estudios básicos y medios. Posteriormente, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, donde obtuvo el título de abogado.
Sensible defensor de los derechos esenciales de las personas, se comprometió en la lucha política contra la dictadura militar y en la defensa de quienes eran atropellados en sus derechos fundamentales. Tras el golpe, fue detenido y maltratado. Dicha experiencia reforzó su convicción libertaria y su voluntad de afirmar un Estado de Derecho para que ningún chileno sufriera lo que él padeció.
Ejerció la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Los Ángeles; integró el Grupo de Estudios Constitucionales; desempeñó la presidencia regional de la Alianza Democrática ¿antecedente político de la Concertación de Partidos por la Democracia-, y ocupó la presidencia provincial del Partido por la Democracia durante la realización del plebiscito de octubre de 1988 y la elección presidencial de 1989, año que marcó el reinicio de la democracia con el triunfo del señor Patricio Aylwin.
Fue un Diputado serio, honesto y creativo, con capacidad para construir consensos en un período que se caracterizó por el fuerte ideologismo manifestado por quienes expresaban desconfianza en la democracia.
Octavio Jara aspiraba a un Chile democrático, moderno y progresista. Para ello entendía que era necesario modificar la Constitución Política de 1980, especialmente aquellas instituciones como los Senadores designados y vitalicios, el Consejo de Seguridad Nacional, el Tribunal Constitucional, e incorporar la atribución presidencial para remover a los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas. Entre sus preocupaciones estuvo la necesidad de sustituir la ley electoral binominal por las graves distorsiones a la representatividad ciudadana.
En cierta forma, señor Presidente, también se rinde un homenaje a su memoria hoy, cuando el Senado está por votar la idea de legislar sobre las reformas constitucionales. Su esfuerzo, entonces, germina hoy también en la Sala.
Fue un gran promotor de la regionalización, ubicándose a la vanguardia de quienes promovimos la descentralización, a fin de lograr más igualdad de oportunidades y un desarrollo más pujante para Chile.
Tenía gran capacidad para comprender los fenómenos políticos, sociales, culturales y medioambientales desde una perspectiva integradora. Sabía siempre interpretar un fenómeno en su particularidad, pero en sus relaciones con otros. Así alcanzaba superioridad conceptual, mayor rigor y viabilidad en sus propuestas.
Un ejemplo fue su activa participación en el debate sobre la construcción de las centrales hidroeléctricas de Pangue y de Ralco, en el Alto Biobío. Estos discutidos proyectos fueron enfocados por Octavio Jara desde las perspectivas del desarrollo nacional, considerando no sólo las alteraciones ecológicas y culturales que producirían, sino también los intereses de las comunidades pehuenches. Propuso en aquella ocasión crear paralelamente a la construcción de las centrales un proyecto de desarrollo integral para las comunas y etnias afectadas y un plan de manejo de los recursos naturales que asegurara su uso sustentable y armónico, cuyo financiamiento sería parte de los costos de construcción de las centrales, los cuales ¿decía él- serían recuperados por el país y por la empresa por medio de los importantes beneficios que obtendrían una vez concluidos.
También señalaba Octavio ¿me acuerdo bien, lo conversamos tantas veces- que el gran olvidado si esto no se hacía serían los pobres, particularmente los pehuenches que habitaban esas comunas, quienes estarían subsidiando a los grandes centros urbanos y a las grandes empresas. Espero que hoy las ideas de Octavio Jara inspiren una política de Estado superior.
No caía en simplismos. Siendo entusiasta defensor del medio ambiente, él mismo advirtió muchas veces de las distorsiones con que se abordaba por algunos el tema ecológico, vinculándolo al marketing político, y olvidando las necesidades del progreso. Pero, asimismo, valoraba la necesidad del crecimiento y rechazaba a quienes buscaban impulsar este crecimiento con subordinación de la problemática ambiental y de la equidad social. "Lo que debemos hacer" -decía- "es objetivar la discusión y entender que el crecimiento económico sostenido, la sustentabilidad ambiental y la equidad social se deben asumir y relacionar como procesos paralelos y simultáneos, en tanto se potencian entre sí".
Los diversos temas de interés ciudadano, incluyendo los valóricos y la ampliación de las libertades, acapararon poderosamente su atención. Un rápido recuento de sus propuestas nos llevan a destacar:
-Su compromiso por el respeto y protección de las culturas nativas, lo que le hizo participar en la elaboración de la ley sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, que incluyó su reconocimiento constitucional como etnias que forman parte de la diversidad de la nación chilena.
-Desde su posición laica se interesó particularmente en la elaboración de la ley que otorgó mayor igualdad para la constitución y funcionamiento de las iglesias y organizaciones religiosas, para hacer realidad el pleno ejercicio del derecho a la libertad de conciencia, la tolerancia y la igualdad.
-Se comprometió activamente en la creación de una nueva Ley de Matrimonio Civil que contemple el divorcio vincular como una fórmula humanitaria para mitigar el dolor y el quiebre emocional de una ruptura matrimonial, garantizando los derechos de los cónyuges y de los hijos.
-Le correspondió una activa participación en las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, materias que abordó con profundo conocimiento.
-Se preocupó de los detenidos desaparecidos, impulsando iniciativas para conocer el destino de las víctimas. Antes de la creación de la "Mesa de Diálogo", Octavio, junto con otro Diputado, realizaron en 1991 un llamado a los Comandantes de las distintas guarniciones del país para que entregaran información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Su sentido de reparación a las víctimas lo comprometió también con la elaboración de normas en beneficio de los exonerados políticos.
-Junto con otros Diputados de su colectividad política inició una moción ¿ya convertida en ley- para eliminar la existencia de hijos ilegítimos, terminando con una odiosa discriminación que contenía nuestro ordenamiento jurídico desde el siglo XIX.
-También se preocupó por la infancia, llamando la atención frente a la existencia de cerca de 700 mil niños menores de seis años que viven en situación de pobreza, cuyo desarrollo psicomotor les lleva acceder a la educación básica en condiciones de enorme desventaja. Para enfrentar esta materia, abogó por el reconocimiento e institucionalización de la educación preescolar, a través de modificaciones legales y constitucionales.
-La mujer fue igualmente centro de su preocupación para incrementar sus derechos, alcanzar mayor igualdad y crear mejores condiciones para su inserción laboral.
Actuando desde la presidencia de la Comisión de Transporte, abordó otros temas fundamentales:
-Las tarifas del Metro, abordadas desde el punto de vista de la racionalidad económica, del interés público y del interés local de la Región Metropolitana.
-Las políticas de transporte urbano y la modernización del transporte público, incluidos los problemas de congestión vehicular, tarificación vial y ampliación de la infraestructura. Se anticipó así a muchas de las obras en curso hoy día.
-La necesidad de desarrollar el transporte ferroviario, considerando a futuro la saturación del transporte por carreteras y la conveniencia de elevar la velocidad del transporte de carga y de pasajeros a través de trenes modernos, lo que es un apoyo al proceso de regionalización, al desarrollo del turismo y a la descongestión. Y alcanzó a ver los frutos de sus propuestas.
-Propuso las bases para una política nacional de telecomunicaciones.
-Denunció en su oportunidad la falta de competencia en la industria eléctrica, señalando que el grupo ENERSIS dominaba, a través de ENDESA, el mercado de la generación eléctrica y el de la transmisión de energía, así como el mercado de la distribución por medio de CHILECTRA Metropolitana.
-Se interesó en la prevención de los desastres naturales. Propuso diseñar un plan nacional de prevención y mitigación de desastres por inundación y la creación del Instituto de Prevención de Desastres, integrada a la comunidad científica y universitaria.
-Como Diputado presentó una moción para legislar en favor de los minusválidos, sordos y no videntes.
-Impulsó una iniciativa legal para la construcción de viviendas sociales, junto al entonces Diputado Isidoro Tohá, en terrenos fiscales que quedan sin utilizar por modificaciones en los trazados de los caminos.
En la Cámara de Diputados, tuvo especial preocupación por mejorar la capacidad fiscalizadora de la Corporación, proponiendo enmiendas reglamentarias para mejorar la transparencia y la eficacia. Integró las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano, de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones y de Agricultura; fue miembro de varias comisiones especiales y mixtas en las que tuvo el respeto de sus pares.
Honorables señores Senadores: he hecho la semblanza de un hombre público destacado, que se entregó a la vida entendiéndola en dos dimensiones fundamentales de la política: como instrumento para solucionar las carencias de nuestra sociedad y como una actividad eminentemente ética para lograr el bien común.
Octavio Jara fue un hombre auténtico, justo, tolerante, comprometido con su patria y con su región, pero particularmente comprometido con los demás seres humanos, especialmente con los más débiles. Sentía fuertemente su compromiso con su colectividad política, el Partido Por la Democracia, el compromiso con su Gobierno y con la Concertación, y lo declaraba sin ocultamientos ni ambigüedades, porque lo entendía legítimo y bueno. En él no había atisbos de tecnócrata que se viste de aparente neutralidad frente al quehacer político.
Masón y agnóstico como opción filosófica, su autenticidad nunca lo llevó a ocultarlo. Creía en la libertad de conciencia y que ésta alcanzaba a quienes no eran creyentes.
Quiero hacer una breve reflexión sobre este rasgo de Octavio Jara. En nuestra cultura predominante es visto a veces con desconfianza aquel que no profesa un credo religioso. El declararse laico, agnóstico o ateo para algunos significa ser dubitativo en sus principios éticos. Octavio Jara tenía valentía para reconocerlo; no ocultaba sus convicciones, porque para él tal compromiso no correspondía a un mandato divino, sino que a un imperativo humano, sustentado en la libertad del hombre, en sus valores y en su racionalidad.
Estuve con él horas antes de su muerte. Se iba de la vida a los 57 años. Mirándolo, entonces, pensé en cuantas tensiones, desazones, pequeñas disputas y ambiciones menores atiborran nuestras vidas y nublan nuestra vista. Y pensé que ante la muerte un hombre se mide por sus obras y principios, por sus afectos, por el amor con que se entregó a su familia y a su causa. En todo ello, Octavio es un ejemplo para nosotros.
Se casó con Any Quilodrán, con quien tuvo dos hijas: Ximena y Julieta, que nos acompañan hoy junto con sus amigos, muchos de ellos de Los Angeles, a los que quería entrañablemente.
A estas tres mujeres, vinculadas a un hombre que por sus méritos se destacó entre sus pares, entrego el saludo profundo y emocionado del Partido Por la Democracia.
He dicho.
--(Aplausos).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, la muerte de un hombre justo, profundamente admirado por la comunidad de la que formó parte, joven y en el mejor momento de su vida, enciende en nosotros no sólo sentimientos de dolor, sino las mismas dudas de las que dio cuenta en uno de sus más hermosos poemas Rubén Darío: "Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésa ya ni siente¿".
Así empieza el poeta para reflexionar en torno a la contradicción fundamental en la que se desarrolla nuestra existencia: la de la vida y la muerte, para terminar en la duda que arrastramos permanentemente a través de nuestra existencia y que ha acompañado al hombre desde los inicios de su presencia en la tierra: no saber a dónde vamos ni de dónde venimos.
Pero, en definitiva, como bien sostuvo el Honorable señor Bitar, la verdad, aquella que nadie puede poner en entredicho, es la vida misma. Y es por su vida que hoy rendimos homenaje a Octavio Jara Wolff. Una vida de compromiso, de valor, de consecuencia y de generosidad.
Tuve el privilegio de conocerlo en sus años de estudiante universitario y de compartir con él, a lo largo de su existencia, muchos momentos de importancia, no sólo en el desarrollo de su rica personalidad, sino en la vida del país y en la lucha por ideales comunes.
Joven estudiante asumió posiciones políticas y también una definida actitud ante la vida que lo llevó a vincularse a la fraternidad juvenil, organización paramasónica que en los años 60 gozaba de una enorme fuerza en nuestra vida nacional.
En sus años mozos fue militante del Partido Radical; más tarde, del Partido Socialista, y concurrió, finalmente, a la creación del Partido Por la Democracia. Laico y socialdemócrata, de algún modo pertenece a todas las fuerzas que comparten esos ideales.
En los años 70 participó en el Gobierno del Presidente Allende y sufrió resignadamente los efectos de la represión. Sin embargo, nunca tuvo actitudes revanchistas ni de condena para quienes lo habían sometido a un tratamiento vejatorio e injusto.
Se comprometió con valor en la lucha por la democracia, a pesar de su experiencia y en los momentos más duros. El Consejo Regional del Colegio de Abogados de Concepción, que abarca la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, por ende, las provincias de Concepción, Biobío y Arauco, lo invitó a incorporarse a él cuando recién se efectuaban las primeras elecciones para constituirlo en los años 80.
Octavio vivía en Los Ángeles; sin embargo, aceptó el desafío. Y con enorme disciplina, desafiando el rigor del invierno y también las tensiones que originaba la situación política del país en aquel momento, viajaba a participar en las reuniones de ese Consejo y a entregar su aporte.
Ya antes, como aquí se ha recordado, había organizado y presidido el grupo de estudios constitucionales en la ciudad de Los Ángeles. Se había incorporado, más tarde, a la Alianza Democrática, a la Comisión de Derechos Humanos, dando con ello testimonio de la consecuencia a que me he referido.
Elegido, con altas votaciones, Diputado por la provincia de Biobío, en dos oportunidades, postuló al Senado de la República en 1997. Quiero dejar constancia aquí de su enorme generosidad. Antes de tomar la decisión de postular a ese cargo, tuvo conmigo tres conversaciones, invitándome a que yo asumiera la candidatura senatorial en esa ocasión por una circunscripción que no corresponde a la de mi residencia. Es que en él había siempre generosidad, nunca ambición. La política no la vivía a partir de un proyecto personal, sino que la vivía como una actitud de compromiso con el destino común.
En aquellos mismos años, llamado por el Directorio de la Universidad de Concepción a ocupar un sillón en el cuerpo que dirige la parte administrativa y financiera de esa institución, no rehuyó esa invitación. Por el contrario, se sintió honrado por la posibilidad de servir a su alma mater, dando, una vez más, muestras del compromiso y la generosidad que lo caracterizaron siempre.
Chile ha perdido un gran político, un gran demócrata, un gran hombre público. Nos queda, sin embargo, el hermoso testimonio de su vida; esas vidas que enseñan, gracias a las cuales la democracia se va vigorizando y transformando en acción generación tras generación.
A su esposa Any, a sus hijas, les entregamos el testimonio de todo nuestro afecto y de nuestra solidaridad. Ante el dolor compartido que sentimos por la partida de Octavio, nos surge la resignación al constatar que en él tuvimos un hermoso ejemplo de vida que, sin duda, nos seguirá acompañando en el futuro.
He dicho.
--(Aplausos).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, estimada y querida familia de Octavio Jara.
Los Senadores democratacristianos adhieren, por mi intermedio, al homenaje que esta Corporación rinde al ex Diputado don Octavio Jara.
Más allá de la camaradería y amistad generadas en una lucha común de muchos años por recuperar la democracia, lograr el triunfo de sus ideas y trabajar por un país con justicia y equidad, nuestras palabras trasuntan un profundo y sincero pesar por su muerte y un público reconocimiento a sus virtudes.
Para algunos de nosotros, esta amistad fue generada en años de convivencia legislativa en la Cámara de Diputados. Para otros, ella se acrecentó en la diaria preocupación por nuestra Región, muy especialmente, por Biobío, su tierra natal, a donde volvió en medio de un pesar ciudadano pocas veces visto. Para mí, además, se acrecentó en conversaciones en distintos rincones de nuestra provincia, en visiones compartidas de nuestro quehacer e incluso en competencias partidarias y electorales que, por su fraternidad y respeto, más fueron un proceso de cercanía que uno de separación o enervamiento, como suele suceder.
Lo señalé en su despedida, y lo reitero ahora. Su vida fue un permanente testimonio de consecuencia política y personal. Su paso entre sus pares, su partido y su mundo, especialmente el de los más débiles, fue un camino de entrega y de servicio. Su señorío constituyó un gran ejemplo en política, y su sentido de hombre gregario, de hombre amoroso con su esposa y sus hijas nos enterneció a la hora de recordar sus dolores, asumidos con entereza.
Su muerte ¿como todas aquellas que nos tocan profundamente- es en verdad un tañido de campana para cada uno de nosotros mismos, que nos duele y nos mortifica en nuestra condición de seres limitados.
Su partida al Horizonte Eterno, en el que creía como un camino de perfección y tolerancia, es también el reconocimiento de su trascendencia, a la que todos aspiramos y que Octavio ya está vislumbrando.
En su diálogo con el Ser Eterno, se sonreirá probablemente porque habrá visto esa luz que aquí veíamos de distintos colores, y su Arquitecto y nuestro Dios lo habrán recibido en el mérito de su coherencia que todos admiramos.
Por ello, los Senadores democratacristianos lo recordaremos con emoción muy sincera, como lo hacen hoy sus camaradas, como lo hicieron ayer sus amigos en Los Ángeles o lo harán por siempre su esposa y sus hijas, a quienes saludamos con respeto, cariño y amistad.
He dicho.
--(Aplausos).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, señores Senadores, familiares de nuestro querido Octavio:
En aquellos momentos en que, en la provincia de Biobío llegamos al Cementerio General de Los Ángeles para despedir los restos de Octavio Jara, en realidad se expresaron muchos discursos. Hubo dirigentes políticos, representaciones de gremios, muchos dirigentes sociales, estuvo presente el mundo académico, como recordaba el Senador señor Parra. En definitiva, una sociedad completa. Y la razón fundamental por la cual llegábamos a ese lugar a despedir a Octavio era principalmente porque reflejó en su vida pública -en cuyo transcurso fue parlamentario, dirigente- un conjunto de consideraciones que sobrepasaron todos los aspectos de carácter político y doctrinario que una persona pueda tener. Lo que pasa es que Octavio Jara fue un hombre de Chile, no fue un hombre de un partido o de una agrupación, fue ¿repito- un hombre de Chile, de este país que nosotros queremos y respecto del cual naturalmente aspiramos a que todos seamos parte de él, y a que, en alguna forma, en el reflejo de nuestras labores y nuestras acciones, podamos representar mejor esta condición de ser hombres públicos de Chile.
En el caso de Octavio Jara, su acción y su presencia nacional fue el reflejo de un hombre de Chile. Nadie en la provincia de Biobío, salvo algunas excepciones, pudo saber en definitiva cuál era su partido político. Ése no era el tema. La gente no votaba por él porque era de un partido político determinado, o porque pertenecía a una coalición determinada. Lo hacía porque era Octavio Jara, el hombre de Chile, el que representaba tantos valores y tantas fuerzas espirituales que cada uno de nosotros siempre aspiramos tenerlas para concordar acciones que en común signifiquen caminos mejores para nuestra patria.
Quiero recordar en esta Sala un hecho muy interesante. Es cierto que, junto con el Honorable señor Ruiz-Esquide, fuimos candidatos a Senadores Octavio Jara y yo. Era una condición muy especial porque entre nosotros siempre existió estimación y respeto. Más aún: en esas esquinas polvorientas de Antuco, en alguna oportunidad los tres también conversamos, porque nuestra infancia transcurrió en ese lugar, en una pequeña localidad de no más de dos mil quinientos habitantes, ubicada a unos setenta kilómetros al poniente de Los Ángeles. Y en esos encuentros junto al volcán Antuco, cerca de nuestra cordillera, hubo muchas veces expresiones y palabras de aliento hacia lo que cada uno estaba haciendo. Por eso, a menudo, conversábamos con Octavio, con la confianza que teníamos, acerca del hecho tan incómodo de encontrarnos finalmente los tres de candidatos, de los cuales sólo dos serían elegidos. Ello resultó ser siempre complicado para nosotros. Siempre. En cierta forma, pudo haber producido algún efecto negativo entre nosotros, pero nunca se dio. Es posible que algún hecho en la campaña, de persona ajena a nosotros mismos, haya tenido lugar, pero al término de ella qué fantástico era oír a través del teléfono la voz de Octavio expresándome sus saludos, como seguramente lo hizo también con el Honorable señor Ruiz-Esquide.
Esa actitud se debía a que él era un hombre de Chile, de esta realidad que aspiramos a que se desarrolle en la plenitud de sus formas y con la belleza del alma que algunos pueden mostrar con tanta facilidad como en el caso de Octavio. Era, en definitiva, una persona que representaba fielmente lo que el país quería: la paz. Chile quiere paz, y Octavio daba esa paz. Eso no significaba que no pudiese tener de pronto expresiones aparentemente duras, por lo demás, muy pocas veces recurrió a ellas, porque sus principios y valores tampoco los transaba. Pero eso no le impedía entregar paz a la gente, a los hombres y mujeres que estaban en su entorno, a su propia familia, y muy especialmente a la sociedad que representó.
En nombre de los Senadores presentes, particularmente del Honorable señor Cantero que, por alguna razón, propia de los cambios de itinerario de los aviones y la tardanza con que nos impusimos de su fallecimiento, no ha podido estar presente, como quería hacerlo, entrego estas palabras de afecto y de cariño a la familia de Octavio Jara, con mucha pasión, por lo que él representaba, ya que la luz y el camino que siempre nos mostró constituyó una guía permanente para todos, sin preguntar jamás cuáles eran sus opiniones políticas o religiosas, porque, insisto, Octavio era un hombre de Chile.
He dicho.
--(Aplausos).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, la noticia de la enfermedad de Octavio Jara fue tan imprevista como injusta, e igualmente desconcertante su muerte. Tuve la suerte de ser su colega por ocho años en la Cámara de Diputados, adonde llegamos juntos en 1990 con el idealismo propio de quienes tienen conciencia de abrir una nueva etapa en la vida republicana. Ambos, además, pertenecimos a la misma bancada en ese momento, representábamos a diversos distritos de la Octava Región ¿en su caso, a Los Ángeles- y a comunas de la provincia de Biobío, su tierra natal.
En dicho lapso pude apreciar su gran calidad humana, su compromiso social a toda prueba y su destacada capacidad profesional, la que le valió el reconocimiento de sus colegas y de los habitantes de su zona.
Octavio Jara, como aquí se ha dicho, fue un abogado que se destacó en la defensa de los derechos humanos. Su entrega generosa es recordada por muchos hombres y mujeres de la Región del Biobío, y fue testimoniada en sus funerales por la presencia de tantas personas que le expresaron, con su postrer saludo, gratitud y afecto.
Me resultó imposible asistir a los funerales de Octavio, tal vez por lo improviso de la noticia de su fallecimiento.
Su fecunda labor legislativa ha sido recordada aquí, por lo cual sólo me resta corroborar todo lo ya señalado al respecto.
La Región del Biobío lamenta la partida de uno de sus hombres más connotados, cuya acción será recordada por largos años, particularmente en su vinculación con las organizaciones sociales y en materia de obras públicas, donde siempre desarrolló una tarea preponderante para agilizar los innumerables proyectos de adelanto concretados durante la pasada década.
Quienes pudimos trabajar junto a Octavio no olvidaremos jamás su sencillez y cómo sin vacilación defendió con ardor sus ideales: los de la libertad, la tolerancia y la justicia social; su trabajo perseverante y silencioso, pero ciertamente efectivo, a favor del país; su responsabilidad y vocación de servicio público para acometer cada una de las tareas que desempeñó, y su firme anhelo por lograr una sociedad más justa, con pleno respeto a los derechos de todos y con mejores condiciones de vida, especialmente para los más pobres.
En nombre de la bancada de Senadores socialistas, expreso a su viuda, Any; a sus hijas, Jimena y Julieta; a sus demás parientes; a sus amigos de Los Ángeles que nos acompañan esta tarde, y al Partido por la Democracia nuestro sincero pesar y solidaridad en este difícil momento.
El mejor homenaje que podemos rendir a Octavio Jara es perseverar en la lucha para concretar los ideales por los cuales él vivió.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente:
En representación de los Senadores del Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes, tengo el honor de rendir homenaje a don Octavio Jara Wolff, quien fue destacado miembro de la Cámara de Diputados.
Le conocí en esa rama del Parlamento durante dos períodos. Por tanto, puedo testimoniar ante el Senado cómo me impresionaron la estatura moral y la capacidad de Octavio, un político serio, talentoso, alejado de todo protagonismo, de gran tolerancia en el campo de las ideas; una persona intachable, consecuente; un servidor público a carta cabal, comprometido con su gente, con su Región; un gran señor de la política; un caballero, retraído, pero siempre afectuoso.
La vocación de servicio público de Octavio Jara -como se recordó en esta Sala- se manifiesta mucho antes de su labor parlamentaria, cuando recién a los 15 años de edad decide incorporarse a las filas del Partido Radical, y más tarde, a las del Partido Socialista. Luego participó en el Grupo de Estudios Constitucionales; presidió la Comisión de Derechos Humanos de su ciudad, y más tarde ocupó, en las distintas alianzas políticas de la época, cargos muy relevantes.
Como era lógico, un hombre de tanta raigambre en su zona resultó electo con una importante mayoría -la primera mayoría distrital- para ocupar el cargo de Diputado. Ya en la Cámara Baja, se destacó integrando -como lo recordó el Senador señor Bitar- importantes Comisiones, en las más diversas materias.
Su gran capacidad de trabajo parlamentario se vio reflejada en el hecho de que, de los treinta y nueve proyectos de la más distinta naturaleza que patrocinó durante su ejercicio como Diputado, treinta y cuatro fueron de su autoría. Con razón se le consideraba un parlamentario serio y de labor rigurosa.
Sólo un eficiente trabajo parlamentario y una identificación plena con su zona explican las enormes muestras de dolor con que la ciudad de Los Ángeles y la provincia de Biobío lo despidieron hace pocas semanas.
El contacto permanente que Octavio mantenía con la comunidad, sumado a ese estilo de trabajo -serio, consecuente y ajeno a todo protagonismo político-, le significaron ser considerado por sus pares de la Cámara Baja como uno de los mejores Diputados en 1997.
El revés que tuvo en la elección parlamentaria en que aspiraba a llegar al Senado no terminó con su vocación de servicio público. En su calidad de abogado, pasó a desempeñar de inmediato importantes tareas en el Sistema de Administración de Empresas de CORFO; fue consultor del Ministerio de Obras Públicas y asesor del de Economía. La autoridad política de la época consideró en forma instantánea su talento y capacidad para que continuara desarrollando el trabajo público, que era su gran vocación.
Esa incansable labor a favor de la gente de su tierra constituye un ejemplo digno de imitar.
Su cónyuge y sus hijas deben saber que Octavio siempre será recordado como un hombre íntegro, respetuoso y de palabra; un gran Diputado, y un gran servidor público.
Señor Presidente, en nombre de los Senadores del Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes, expreso nuestro profundo pesar por el lamentable fallecimiento de Octavio Jara. Su partida, sin duda, constituye una pérdida muy sensible para su Región y su partido; para el país, y para la vida política en general.
Nos deja Octavio grandes legados, que sabremos aquilatar aunque no hayamos compartido un mismo ideario político. Precisamente, sus grandes cualidades personales hacen que ahora, cuando ya no se encuentra entre nosotros, su ejemplo y vida adquieran una dimensión de mayor trascendencia aún.
Quienes profesamos una fe, por lo mismo, respetamos profundamente a aquellos que, como Octavio, viven consecuentemente su agnosticismo.
En esta hora, con mucho cariño y respeto, ofrecemos nuestra acción de gracias a Dios por habernos permitido conocer a Octavio Jara, seguros como estamos de que no ha muerto, sino que vive eternamente, como viven para siempre los hombres justos.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La Mesa expresa a la viuda, hijas y demás familia del ex Diputado señor Octavio Jara Wolff su pésame y condolencias.
Queda concluido el homenaje.
REFORMA DE CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XIII Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Continúa la discusión general del proyecto de reformas constitucionales.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor FERNÁNDEZ (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, en la Constitución se consagran las reglas sobre la forma como se origina, se ejerce y se controla el poder, así como los derechos y las garantías de las personas.
Se trata de la norma fundamental de un ordenamiento jurídico. Ninguna otra inferior puede contradecirla y todos los órganos del Estado deben actuar conforme ella lo establece.
La Carta expresa el consenso básico de una sociedad. Ella aborda de modo general las grandes directrices que definen y orientan el debate político y fija las reglas del juego a las que tal debate debe ajustarse. Ello no implica que el Texto Fundamental carezca de opciones valóricas; pero la expresión de las mismas proviene de la sociedad en cada época histórica y se manifiesta políticamente en el Parlamento. La Ley Suprema no puede encerrar el debate político, sino que, por el contrario, debe proporcionar un cauce para su buen desarrollo y perfeccionamiento.
La Constitución debe reflejar lo más claramente posible las distintas visiones que existen en una sociedad. Junto con su aplicación práctica, tal amplitud le otorga su legitimidad.
Con todo, la Carta no es una construcción abstracta ni estática. Las instituciones de un país sirven de base fundamental a partir de la cual se logra el desarrollo integral de la sociedad. Cuando ellas no cumplen su cometido, los países no se desarrollan y se generan inestabilidades o asimetrías que amenazan el orden democrático.
Las democracias, por otra parte, son integrales. Requieren dimensiones económicas, sociales y políticas. No puede haber estabilidad si estos tres elementos no se ajustan armónicamente.
Conviene tener presentes tales consideraciones en esta ocasión, cuando el Senado debate una serie de modificaciones a la Carta Fundamental.
Ésta no es la primera vez que el Congreso aborda reformas constitucionales en los últimos años. Durante el Gobierno militar, en 1989, se introdujeron al texto de 1980 cincuenta y nueve enmiendas; en la Administración de Patricio Aylwin, cuatro; en la de Eduardo Frei, siete, y bajo el actual mandato ya se han consagrado otras dos.
Pero también ha habido intentos frustrados de modificaciones a la Carta: en el Gobierno de Patricio Aylwin, dos, y en el de Eduardo Frei, cinco. Desde 1992 a la fecha, prácticamente ningún año ha estado ajeno al debate constitucional.
Dicha experiencia nos indica que no debemos desaprovechar esta oportunidad para avanzar sustantivamente en la adaptación de la Carta a los tiempos que vivimos. Los consensos logrados en la Comisión de Constitución, expresados en su informe y en el propio articulado que conocemos, permiten presagiar que nos encontramos en buen camino. El trabajo de dicho organismo técnico, especialmente el de su Presidente, Senador don Sergio Díez, ha sido un aporte duradero para nuestro devenir político y constitucional.
Estamos obligados a terminar bien este tema. Siempre ronda el argumento de que no es el momento para reformas; de para qué cambiar algo que ha funcionado bien; de para qué preocuparnos de los asuntos políticos en desmedro de otras cuestiones que interesan a la gente.
Sin embargo, tal argumentación liviana no considera la evidencia de que existen en nuestra Carta problemas que urge resolver. La Constitución no puede ser fuente permanente de controversias. Por el contrario, debe ser la expresión unitaria de los consensos sobre las instituciones del país.
Por lo tanto, no sigamos postergando los cambios y ajustes necesarios a la Carta y emprendamos un esfuerzo definitivo para consagrar un Texto Fundamental que por muchas décadas responda a todos los chilenos.
La reforma que nos ocupa introduce treinta y seis disposiciones permanentes y seis transitorias, según el informe que conocemos. No se trata, por lo mismo, de algo menor, sino de un cambio sustantivo que abarca gran cantidad de materias dogmáticas y orgánicas. Sin entrar en su detalle, suficientemente expuesto por el informe y en las exposiciones que hemos escuchado, deseo, empero, detenerme en lo que, a juicio del Gobierno, constituye una gran carencia de la propuesta que estamos discutiendo.
En efecto, hay tres temas sustanciales que han debido postergarse para la discusión particular: la supresión de los Senadores vitalicios y designados o institucionales y el reemplazo del sistema binominal; la forma de remoción de los Comandantes en Jefe y del General Director de Carabineros, y la nueva configuración del Consejo de Seguridad Nacional.
Admitamos que la Comisión tiene ideas avanzadas respecto de cada uno de esos temas, pero admitamos también que no ha logrado consenso sobre ellos.
El Gobierno considera que las reformas son un solo todo, a partir del espíritu consensual que presidió el debate en la Comisión.
Para decirlo muy claramente, la supresión de los Senadores institucionales y vitalicios sin el cambio del sistema electoral binominal y la ausencia de facultad presidencial para remover a los Comandantes en Jefe y de una regulación para el Consejo de Seguridad Nacional harían de ésta una reforma parcial, que no afrontaría los temas más esenciales para nuestra democracia.
No se trata de monedas de cambio -al revés de lo que se ha dicho aquí durante el debate-, sino de principios en cada uno de esos tres temas.
Deseo precisar además algunos aspectos planteados, especialmente por el Senador señor Chadwick, y que me han aludido directamente.
En efecto, en el debate de la Comisión al que fui invitado como experto en materias electorales -no como Ministro de Estado; en ese momento, de Defensa-, admití dentro de una larga exposición que el sistema binominal era proporcional en los resultados. Pero agregué algo que aquí se ha omitido: que era proporcional considerando a los partidos que obtienen representación parlamentaria.
Por lo tanto, no se corrige con eso la proporcionalidad que estamos pidiendo para toda la sociedad chilena. Si entran en el cómputo para los efectos de medir la proporcionalidad los partidos que no logran representación, además de las abstenciones y los no inscritos, estamos obviamente ante un sistema que no es proporcional.
Eso, en primer término.
En segundo lugar, en mi comparecencia como Ministro de Defensa, al discutirse los temas referidos a las Fuerzas Armadas, hice hincapié en el profesionalismo que debía resguardarse en cualquier reforma constitucional. Pero añadí que, a juicio del Gobierno, ese profesionalismo estaba resguardado en cuanto al Presidente le fuera restablecida la facultad para remover a los Comandantes en Jefe.
Sin embargo, debemos elegir entre aprobar o rechazar el articulado propuesto. Ante esta disyuntiva, optamos por aprobarlo, pues deseamos avanzar, pero esperando alcanzar las reformas sustanciales en las siguientes etapas legislativas.
No quisiéramos que se entendiera que por el hecho de que dichos aspectos no están en el texto propuesto por la Comisión hemos renunciado a ellos. Estos son asuntos medulares de la reforma; no son accesorios o intrascendentes. Por ello, el Gobierno insistirá en estos puntos durante la discusión particular mediante indicaciones en la dirección señalada.
En tal entendido, de buena fe, en nombre del Gobierno, llamo pues a aprobar las reformas en general. Pero advierto que el Congreso Nacional deberá suprimir la institución de los Senadores institucionales y vitalicios; reemplazar el sistema electoral binominal; restablecer la facultad presidencial para remover a los Comandantes en Jefe y al General Director de Carabineros, y modificar el carácter resolutivo del Consejo de Seguridad Nacional.
Nuestra Constitución deberá consagrar un Senado íntegramente elegido por el pueblo, mediante un sistema electoral que exprese las mayorías y minorías ciudadanas.
En ese momento, cuando la Constitución Política de la República dé cuenta de un verdadero consenso nacional, habremos cerrado una etapa de nuestra historia y cumplido con el encargo de nuestro pueblo.
He dicho.
_______________
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, solicito autorización a fin de que la Comisión de Constitución, citada para las 19, pueda sesionar simultáneamente con la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Le pido comenzar a las 19:15, señor Senador, si no hay inconveniente.
El señor DÍEZ.-
Lo haremos en esa forma, señor Presidente.
--Se otorga la autorización solicitada.
_______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Conforme a lo resuelto, corresponde votar la idea de legislar.
Varios señores Senadores no alcanzaron a intervenir durante la discusión general. Por tanto, propongo iniciar la votación con ellos, en el orden de inscripción y con el ruego de ser lo más breve posible, para seguir nominalmente una vez terminada la lista.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
No intervendré, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, la Constitución Política de la República conforma el marco en el cual se inserta y desarrolla todo el sistema legal y político de un país, ya que en ella se establecen las distintas relaciones de los Poderes del Estado, se determina su génesis y se fijan sus funciones. Allí se contienen los derechos fundamentales de la persona humana y se enuncian los grandes principios que inspiran el ordenamiento jurídico. Toda disposición con fuerza normativa y poder vinculante, por lo tanto, debe ceñirse a la Carta y adecuar a ella su validez tanto formal cuanto material.
Como expresión del poder constituyente, el Texto Fundamental es la máxima manifestación de la soberanía, razón por la cual su supremacía impera sin contrapeso en todas las ramas del sistema normativo.
La Constitución de 1980 cumplió más de 20 años y ha tenido una vigencia que ha sido examinada por distintos actores de la vida pública nacional. Ha sido analizada en distintos foros, especialmente universitarios, con participación de diferentes personalidades del quehacer público, los que han concordado en estimar su gran éxito en nuestro sistema democrático. Ha permitido al país transitar en paz desde un régimen militar a uno plenamente democrático, lo cual ha significado que la aplicación de sus normas transitorias cumplieron cabalmente su objetivo, cual era que ese traspaso del poder se hiciera pacíficamente, lo que no ha ocurrido en otras naciones de nuestro continente ni se recuerda algo parecido en otra parte del mundo. Con ello ya se ha cumplido, reitero, un cometido fundamental en el desarrollo del sistema democrático nacional: el traspaso pacífico del poder de un sistema a otro plenamente democrático.
Además, la Constitución ha tenido gran fuerza. No sólo ha permitido ese traspaso del poder, sino que también ha dado estabilidad y progreso al país. Ha posibilitado que la Administración, sobre la base de las facultades que establece, impulse el desarrollo del país, el que es considerado, incluso en el campo internacional, como una excepción dentro de nuestro continente en cuanto a tranquilidad, seriedad y responsabilidad en su actuar. Y en ello tiene gran responsabilidad la Carta de 1980. Quienes han ejercido el poder conforme a las atribuciones consignadas en la Constitución lo han podido hacer adecuadamente. No olvidemos que en el pasado se señalaba que los Presidentes de la República no podían gobernar porque no tenían facultades y que el Congreso les impedía cumplir apropiadamente con su función principal, cual es administrar la nación. Eso no ha ocurrido desde la vigencia de la Constitución de 1980, que creó un sistema político basado en un presidencialismo fuerte, que permite a los Jefes de Estado administrar y gobernar efectivamente el país. Además, el reconocimiento internacional como país ordenado y serio en el cumplimiento de sus obligaciones tanto internas como externas ha atraído a grandes inversionistas extranjeros, quienes, en virtud de las garantías constitucionales, especialmente las relativas al derecho de propiedad, se sienten suficientemente protegidos. Saben que la Constitución respeta esas garantías del mismo modo que los demás derechos de las personas.
A mi juicio, se está en presencia de un Texto Fundamental que posibilita gobernar con eficiencia y procura el progreso y beneficio del país. Y eso obedece al ejercicio de facultades tan importantes que muchas veces se critica a la Constitución por exhibir un carácter presidencialista que se ha tildado de "exagerado". Pero este presidencialismo, sustentado en facultades muy trascendentales de que no disponía antes para administrar la nación, se encuentra constreñido por ciertos contrapesos indispensables. Vale decir, se otorgan amplias facultades al Jefe de Estado para administrar, pero también se crean contrapesos a ellas. El contrapeso normal -y más importante- en un régimen democrático es el Congreso Nacional. También lo es el Poder Judicial independiente. Esos son los contrapesos más fundamentales del poder omnímodo del Presidente de la República.
Sin embargo, no pueden ser los únicos contrapesos. ¿Qué ocurre cuando la misma mayoría que gobierna coincide con la del Congreso? ¿Qué sucede si el Parlamento tiene el mismo signo político que el Presidente de la República? Como ese contrapeso natural se halla ausente, las facultades del Primer Mandatario pasan a ser exageradas. Entonces, cuando se concibió la actual Constitución fue necesario entender que existía otro tipo de contrapesos a las facultades presidenciales omnímodas. Se trata de facultades amplias que nosotros, a pesar de ser opositores al Gobierno, aplaudimos, defendemos y estimamos necesarias para que el Presidente pueda gobernar.
No obstante, como digo, se requieren otros contrapesos además del Congreso y del Poder Judicial autónomo, a fin de alcanzar un equilibrio constitucional adecuado. Me refiero, entre otros aquí señalados, al sistema binominal. Se ha dicho que no representa adecuadamente al país, pero se trata de un mecanismo que, válidamente ejercitado, ha exhibido resultados proporcionales muy parecidos a lo expresado por la ciudadanía. Baste recordar lo ocurrido en la elección recién pasada con los porcentajes obtenidos por la Oposición y por el Gobierno, y también lo sucedido en comicios anteriores, donde, si algo aconteció, fue la sobrevaloración de los porcentajes de la Concertación en el Congreso. Pero, en todo caso, se trata de un sistema que ha permitido dar estabilidad al país al crear dos grandes fuerzas: una de Gobierno y otra de Oposición, lo que facilita la gobernabilidad. Los sistemas políticos y los electorales no tienen por qué considerar a todos los actores de la vida nacional. No existe la posibilidad de que ello ocurra. Cuando el proporcionalismo se ha aplicado de esa forma, como en Israel y, en el pasado, en Italia, los países devienen en ingobernables o imposibles de administrar adecuadamente, o se está ante el gobierno de las minorías que permiten que las mayorías tengan el control del Congreso. Los ejemplos de la historia presente nos revelan que cuando las minorías entran a gobernar se produce un desequilibrio que impide la adecuada administración del Estado.
Por eso el sistema binominal -que no es exclusivamente mayoritario, sino que incluso debería considerarse como proporcional dentro de la clásica definición de sistemas mayoritarios y proporcionales- ha permitido la formación de dos bloques: uno de Gobierno y otro de Oposición, los que posibilitan que el país progrese y se desarrolle y que el Presidente de la República pueda gobernar con facultades del tipo ya señalado.
Se han distorsionado y caricaturizado ciertos aspectos del sistema binominal. Se dice que el 33 por ciento vale lo mismo que el 66 por ciento, hecho que ciertamente no ha ocurrido en ninguna elección. Nunca se ha dado en el ámbito nacional el caso de que una fuerza política haya obtenido el 66 por ciento y la otra el 33 por ciento. Con la aplicación del sistema binominal, en el país se produce una proporcionalidad muy semejante a la existente en la realidad en el Congreso.
Por otra parte, no debe olvidarse que las grandes democracias, las que se desarrollan, las que prosperan, las que tienen éxito, están basadas en sistemas mayoritarios, como la de Estados Unidos, donde hay dos partidos políticos. En sistemas mayoritarios, como el inglés -en que existen dos partidos políticos (hay un tercer partido con escasa representación en el Congreso)-, gana el que obtiene un voto más. Incluso podría darse el caso de que un solo partido político esté representado en la Cámara de los Comunes.
En consecuencia, se está frente a un sistema que da absolutas garantías de proporcionalidad al país en términos generales, como quedó demostrado en la última elección y en las anteriores. De tal suerte que aquí se está ante uno de los equilibrios concebidos en la Constitución precisamente con miras a que el Presidente de la República pueda ejercer facultades amplias. Entonces, si se pretende cambiar el sistema binominal, deben modificarse tales facultades. Y esto conviene entenderlo bien: no puede continuar teniéndolas conforme a la Constitución si no hay un sistema de equilibrio en el Congreso. De otra manera, inevitablemente, el mismo poder presidencial se aplicará en el Parlamento, y como éste no podrá fiscalizar o levantar su voz, aquél será depositario de un poder total. Por lo tanto, si se desea modificar la normativa electoral sin incurrir en caricaturas o en fórmulas que desnaturalicen el sistema político chileno, deben revisarse las facultades del Primer Mandatario, devolviéndoselas al Congreso. No somos partidarios de ello, no obstante ser Oposición, porque creemos que el actual sistema es más eficaz y, efectivamente, permite gobernar. Otros mecanismos electorales pueden llevar a la demagogia, al populismo y a la ineficacia, como desgraciadamente está ocurriendo en muchos países de nuestro continente.
Estas razones respaldan nuestro criterio de mantener el binominalismo, sistema que, como digo, se encuentra íntimamente ligado a las facultades presidenciales.
Además, la dogmática de la Constitución ha sido tremendamente exitosa. Se ha analizado en centros universitarios, tanto chilenos como extranjeros, por representar una concepción muy importante, moderna, o, en otros términos, una aproximación visionaria de los derechos y deberes de las personas, así como de las acciones para hacerlos cumplir.
Tal como lo acabo de señalar, la Carta de 1980 ha sido visionaria en ese sentido. Tan así es que se ha arraigado fuertemente en la ciudadanía. A diario se ejercen derechos constitucionales, especialmente el de protección, innovación trascendental de nuestra Constitución, ejercicio que se enriquece por la rica jurisprudencia que se desprende de los fallos de los tribunales.
Pero también la normativa constitucional de 1980, en razón de sus características, ha sido criticada injustamente. Su flexibilidad, contrariamente a lo que se ha manifestado y a lo que mucha gente cree, ha quedado demostrada por las correcciones, enmiendas y perfeccionamientos que se le han introducido. ¡Ha sido modificada catorce veces! Es la Constitución más modificada en nuestra historia, y lo ha sido para perfeccionarla. Entonces, la crítica a su inmovilismo o al carácter pétreo de algunas instituciones que establece es absolutamente falsa. Para que un Gobierno pueda administrar el país con eficacia y la democracia sea exitosa -o sea, no fracase, como ha ocurrido en otras partes-, se requiere que las facultades presidenciales vayan acompañadas de los llamados "contrapesos", como, por cierto, el sistema binominal, los Senadores institucionales y no poder remover a su arbitrio a los Comandantes en Jefe. El Presidente de la República no es el Estado; es el Gobierno, lo cual es distinto. Ahora no puede pedir, como lo hacía en el pasado, la renuncia a los Comandantes en Jefe por situaciones muy particulares, incluso por razones políticas. Hoy eso no puede ocurrir, porque carece de esa facultad omnímoda; pero sí puede solicitar al Consejo de Seguridad Nacional que acepte la remoción de uno de ellos. No me cabe duda alguna de que, si hay motivos fundados y serios, contará con la aprobación de ese organismo. Otra cosa es que el Primer Mandatario pretenda considerar a los Comandantes en Jefe como si fueran sus Ministros, sus Subsecretarios o sus funcionarios de su confianza. No. Las Fuerzas Armadas pertenecen a la nación toda y no al Gobierno.
En consecuencia, consideramos que en este ámbito la normativa vigente es adecuada, sin perjuicio de que puede consagrarse alguna fórmula mediante la cual, contando siempre con la voluntad del Presidente y de otro organismo -por ejemplo, el Senado o el Consejo de Seguridad Nacional (o de algunos de sus miembros) o de otros órganos-, se regule la remoción de los Comandantes en Jefe. Pero no somos partidarios de que ello ocurra conforme al mero arbitrio o voluntad del Primer Mandatario.
En atención al tiempo, no podré exponer muchas otras consideraciones. Por lo tanto, sólo me resta pronunciarme a favor de la idea de legislar.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, la Carta Fundamental fue producto, por cierto, del reconocimiento de valores intrínsecos y, también, de acuerdos logrados en la sociedad en períodos significativos.
Por eso, dada la naturaleza del debate, y considerando todos los elementos de esta reforma, es conveniente fijar un plazo para la presentación de indicaciones teniendo en cuenta los nuevos integrantes del Senado que deberán jurar en marzo. Entonces, ese plazo podría extenderse, por lo menos, hasta abril del año en curso.
La normativa propuesta es producto también de aportes de la Alianza por Chile, de la Concertación de Partidos por la Democracia, de veinticinco iniciativas provenientes de mociones parlamentarias y de otros importantes proyectos de ley enviados por el Ejecutivo.
Por lo tanto, me parece bien que, en este escenario, haya quedado para discusión particular temas que es necesario abordar, como el de los integrantes del Senado y la forma de su elección; los miembros y funciones del Consejo de Seguridad Nacional; el nombramiento y permanencia de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, lo cual, por lo demás, ha funcionado bien. Es una materia que debe ser analizada con mayor profundidad.
Como autor de una de las mociones que forman parte de la reforma en estudio, deseo destacar algunos aspectos no planteados en el debate.
En primer lugar, creo que, por la manera en que se regula la regionalización en algunos de los artículos de esta reforma -por ejemplo, en el 3º, el 99 y el 45-, ella sufriría un franco retroceso.
Es no es menor el hecho de que el artículo 3º -de un solo párrafo- se haya dividido en tres incisos y en el primero se diga perentoriamente: "El Estado de Chile es unitario.".(Punto aparte). La fórmula anterior, que contempla la división en regiones y un proceso de descentralización y desconcentración, por lo menos va en la línea correcta. Lo que aquí se ha planteado me parece negativo. Más bien hay que señalar que Chile se divide en regiones, las que pueden tener cierto grado de autonomía de acuerdo con la ley.
Respecto del artículo 99 -como bien manifestó el Senador señor Ríos-, tampoco puede ser adecuado que de constitucional se pase a rango de ley de quórum especial la creación, supresión, denominación de regiones, provincias y comunas. Creo que esto llevaría a intentos de generar regiones y otras instancias que no se enmarcan en un buen proceso de regionalización y que pueden caer en un franco localismo.
En lo referente al artículo 45, que define el número de Senadores y las trece regiones de Chile, obviamente hay que hacer una buena evaluación sobre el aporte de los Senadores institucionales antes de introducir cualquier enmienda, y evitar la tentación de abrir cupos para las cúpulas o de generar más espacios para la representación de los sectores más concentrados en población. Estimo más conveniente un sistema proporcional para la Cámara de Diputados y uno territorial para el Senado. En Estados Unidos esto ha funcionado bastante bien. Y no son menores las instancias que se han intentado en el Congreso Nacional de abrir una representación territorial al sector oceánico, Isla de Pascua y Territorio Antártico.
Por otro lado, en lo tocante al medio ambiente, la primera reforma se planteó en 1990, cuando inició sus funciones el Congreso -fui coautor de ella-, y apuntaba precisamente al perfeccionamiento del recurso de protección, que hoy se encuentra prácticamente imposibilitado de plantearse en razón de que el artículo 20 establece que él procederá cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto en el que concurran dos elementos: que sea arbitrario e ilegal. A mi juicio, la propuesta para reemplazar la expresión "acto arbitrario e ilegal" por "acto u omisión ilegal" constituye un gran avance para asegurar esa garantía consagrada en el Nº 8º del artículo 19.
En cuanto a la provisión de vacantes parlamentarias, considero inapropiada la actual modalidad de que se provean con el compañero de lista de quien cesó en el cargo, dado que normalmente entre ellos se produjo la competencia más exacerbada. Las nuevas fórmulas contempladas me parecen bien, pero son susceptibles de perfeccionamiento. Podría analizarse incluso la posibilidad de que una sea el reemplazo con el compañero de lista.
Lo relativo al sistema binominal debe continuar discutiéndose, a pesar de que ya se rompió en la instancia municipal. Al abrirse la elección de alcalde separada de la de concejales, aquél por lo menos no tendrá que corresponder a dos grandes bloques políticos de nivel nacional, con lo que estoy de acuerdo.
El tema territorial en Chile no se halla bien salvaguardado. En esta línea, hay dos mociones parlamentarias que no han sido acogidas en el proyecto: la referente a que los tratados o acuerdos internacionales que afecten el territorio, los límites y la soberanía siempre deben ser considerados por el Congreso Nacional, y la atinente a elevar el quórum para su aprobación a tres quintos de los Diputados y Senadores en ejercicio.
Casos como el de Laguna del Desierto; la mala negociación acerca del Campo de Hielos Sur; el de Douglas Tompkins y otros que, con proyectos atractivos o no, están comprando sistemáticamente el territorio nacional en el sur de Chile, deben ser salvaguardados en mejor forma en nuestra Carta Fundamental.
También significa un avance el aumento de 7 a 9 de los miembros del Tribunal Constitucional: 3 provenientes de la Corte Suprema, 3 designados por el Presidente de la República y 3 elegidos por el Senado.
Discrepo, sí, del traspaso a dicho Tribunal de las contiendas de competencia administrativas y judiciales. El Senado ha actuado bien en este sentido. Además, he sido testigo de cómo el Tribunal Constitucional se autointerpretó y se dio plazo para las reservas de constitucionalidad, que corresponden al día en que el Congreso Nacional termina de votar un proyecto o un tratado. Eso es realmente insólito y debe ser modificado.
Concuerdo en otorgar mayor capacidad de fiscalización a la Cámara de Diputados. Hemos visto cómo investigaciones importantes que se realizan no concluyen en sanciones o correcciones definitivas, sino que más bien generan gran impacto social y de prensa.
Con respecto a la duración del período del Presidente de la República y la simultaneidad de su elección con la de Parlamentarios, la Comisión desarrolló un extenso debate. Es preciso seguir revisando estos puntos.
La incorporación, en el artículo 8º, nuevo, de normas tendientes a garantizar y exigir que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al deber de probidad representa un enorme progreso. Sin embargo, habría que agregar la prescindencia de cualquier interés ajeno al bien público, como se propuso originalmente.
La modificación de las normas sobre nacionalidad y ciudadanía, en el sentido de que los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en el extranjero, puedan manifestar su voluntad de ser también chilenos, al extender el principio del "jus soli" al de "jus sanguinis", también creo que es muy positiva.
La eliminación de la causal de pérdida de la nacionalidad chilena contemplada en el Nº 3º del artículo 11 merece mayor explicación.
La Comisión desestimó la enmienda destinada a reemplazar la obligatoriedad del sufragio en las votaciones populares y expresó la conveniencia de avanzar hacia un sistema automático de inscripciones electorales y voluntariedad de sufragar. Sería bueno incluir esta materia en la presente reforma.
Se suprimen las legislaturas ordinaria y extraordinaria, estableciéndose un período único de sesiones. Esto permitirá, de alguna manera, un mejor contrapeso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Al mismo tiempo, significará mayor rendimiento en las labores del Congreso e impulsará las iniciativas parlamentarias, que en la actualidad se ven francamente disminuidas.
Por las razones expuestas, voto favorablemente el proyecto en general. Reservaré las observaciones de mayor profundidad para el debate del segundo informe, proceso que se abrirá en marzo próximo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, no es casualidad que en los últimos doce años -considerados como período de transición- hayamos estado discutiendo sobre temas constitucionales. En pocos países del mundo se observa una situación como ésta. En América Latina prácticamente ninguna de las naciones que han vivido transiciones ha hecho del tema constitucional un tema central. Ni Argentina -que contó por largo tiempo con una instancia constituyente en Santa Fe- logró resolver ese problema desde el punto de vista estrictamente constitucional. Los uruguayos siguieron trabajando casi con la misma Carta Política que tenían antes del golpe de Estado en su país. Chile es una de las pocas excepciones. Y, como digo, no es casualidad. En el mundo moderno existen dos maneras de construir Constituciones: o se imponen por la fuerza, o son producto de un gran consenso nacional.
En nuestro país, lamentablemente hubo cierta imposición, con las características y rasgos que todos conocemos. En efecto, en la Constitución de 1980 fue imposible participar en su discusión y estuvo prácticamente vedado formular indicaciones o hacer observaciones fundamentales, no sólo a los sectores proclives al Régimen militar, sino a toda la sociedad chilena, la que estuvo al margen de la factibilidad de analizar o reflexionar acerca de los alcances de la Carta Fundamental, que se aprobó posteriormente a través de un plebiscito.
Por lo tanto, los chilenos carecimos de una instancia constituyente -ése fue uno de los graves problemas que tuvimos- que verdaderamente nos permitiera generar todas las legitimidades que se requieren para los efectos de construir este nuevo consenso constitucional. No es el momento de "llorar sobre la leche derramada", pero este hecho forma parte de la historia reciente de nuestro país y, en consecuencia, debemos dar cuenta de ello.
Ese factor ha sido un freno significativo a la transición. Podríamos haber terminado ésta hace mucho tiempo, independientemente de los problemas de derechos humanos. Sin embargo, la falta de esa instancia constituyente y la larga discusión sobre el tema constitucional han redundado en que la transición chilena se alargue más allá de lo esperado. Lo más grave es que las instituciones nacieron con cierto grado de ilegitimidad.
Aparte las consideraciones personales que podamos tener respecto de los Senadores designados y vitalicios, lo cierto es que en la teoría democrática que conocemos tales instituciones tienen un grado de ilegitimidad.
Hasta hace poco, quienes componen las bancadas de Derecha señalaban que la institución de los Senadores designados era una teoría democrática perfectamente sostenible. Hoy todo el país está informado de que ellos son partidarios de modificarla.
Las teorías no se modifican en rangos de tiempo tan breves. Por lo tanto, se confirma lo que siempre sostuvimos, en orden a que desde el punto de vista de la teoría democrática moderna, surgida en el siglo XIX, los Senadores designados y vitalicios no corresponden, salvo en aquellos excepcionales regímenes políticos donde el Senado puede estar compuesto por miembros vitalicios, pero cumplen tareas totalmente distintas de las que competen al Senado de la República de Chile.
El señor CORDERO.-
Nosotros damos quórum.
El señor NÚÑEZ.-
Es lógico que Sus Señorías defiendan dicha institución. Me refiero a aquellos que ya no la defienden.
El principio de que los Senadores designados mantendrían el equilibrio del sistema político se ha venido abajo. Y es natural, porque no se sustentaba en la teoría democrática, que ahora parece que todos queremos defender.
Lo que está ocurriendo con esta reforma representa un esfuerzo loable. Coincido con lo expresado en su intervención por el señor Presidente del Senado en cuanto a que los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y otros señores Senadores no pertenecientes formalmente a ella realizaron un gran trabajo, que debemos valorar. Pero ese esfuerzo no está exento de riesgos y quiero señalarlo con mucha claridad. Hay riesgo de que no generemos los consensos o acuerdos sustantivos que nos permitan dar un paso esencial en la tarea de construir un consenso democrático que verdaderamente refleje las legitimidades que la sociedad chilena necesita.
Me habría gustado que en esta reforma hubiésemos al menos discutido o reflexionado sobre otras materias no necesariamente políticas. Ellas tienen, por supuesto, un fundamento político; pero el país requiere que las instituciones, sobre todo el Senado y la Cámara de Diputados, analicen qué tipo de estructura del aparato político-administrativo del Estado deseamos para los próximos 50 años.
Hace mucho rato que estamos hablando de descentralización, pero no sabemos en qué consiste ésta ni cómo quisiéramos llevarla a cabo. A mi juicio, esta reforma debiera haber abierto la posibilidad de discutir en serio qué estructura político-administrativa del Estado chileno queremos para el futuro próximo. Por eso, lamento mucho que el Ejecutivo no haya incorporado en su momento las modificaciones correspondientes.
Lo cierto es que no basta con elegir los Gobiernos Regionales, con su actual composición y estructura; no basta con elegir a los Consejeros Regionales. Hay varias cuestiones que dicen relación con el tema del tipo de Regiones que queremos en el país, que están pendientes.
Es más: resulta que en la misma Constitución que se nos está proponiendo se termina, en el artículo 45, con las 13 Regiones que el país ha tenido durante los últimos años. Seguramente ello nos va a llevar a una discusión mucho más grave de la que aparentemente surgirá a propósito de la eliminación de la existencia de las 13 Regiones. ¿Vamos a volver, acaso, a las 25 provincias que tenía Chile? Si eso es lo que realmente queremos, bueno, pero admitamos que ello significa dar por terminado el tema de la regionalización. Porque volver nuevamente a las mismas provincias que teníamos en 1925, fruto de la Constitución que surgió ese año, o mantener las 13 Regiones hoy vigentes son dos conceptos distintos de organización y administración del Estado.
Aquí hemos abierto una caja de Pandora. Estoy de acuerdo en que discutamos y reflexionemos sobre esta materia. Chile no puede tener 13 Regiones. Podrá haber 14 ó 15, y quizá presentaré indicaciones al respecto porque he estudiado bastante el tema durante muchos años, a partir de la regionalización que abriera CORFO, en 1938. Pero el volver a las 25 provincias a propósito de la modificación constitucional en votación nos coloca ante un cuadro absolutamente distinto.
Es uno de los temas que no hemos debatido, y creo que tiene tanta trascendencia como el que más.
Personalmente, señor Presidente, hace mucho rato que soy partidario de estudiar la naturaleza de nuestro bicameralismo, y lo he planteado en otras oportunidades. No creo que un régimen democrático se sustente sobre un bicameralismo en donde ambas Cámaras prácticamente son similares. Y si hemos de mantener el Senado, lo cierto es que debiera preocuparse de las grandes tareas de la nación chilena, que son, básicamente, relaciones exteriores, defensa y la hacienda pública. Y creo que podríamos perfectamente avanzar hacia un tipo de Senado como el que existe en otros países, pero a condición, obviamente, de que contemos con una Cámara de Diputados distinta de la actual. Y eso no lo hemos discutido.
Sé que es un tema muy controvertido, que dentro de la propia Concertación no hay una opinión muy concreta al respecto, y sé también que en la Alianza por Chile tampoco existe unanimidad sobre el particular. Pienso que en nuestro país tenemos un presidencialismo extremo. Sea quien fuere Presidente de Chile, lo cierto es que no hay en América Latina, y menos en Europa, un Presidente como el de nuestro país, que cuenta con tantas atribuciones. Lo cierto es que sus atribuciones son de tal naturaleza que prácticamente dejan al Parlamento con no más de 20 iniciativas de ley. Y esto, obviamente, es un tema significativo, que dice relación con el tipo de estructura política que queremos dar al Estado nacional.
En el texto contenido en el informe que hemos recibido se habla de que el Ministro del Interior será quien deberá subrogar al Presidente de la República. Sin embargo, el Ministro del Interior no es Vicepresidente de la República, salvo cuando el Primer Mandatario deja el territorio nacional. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que sea el Ministro del Interior quien asuma esa labor. En lo personal, me gustaría que mi amigo José Miguel Insulza subrogara al Presidente Lagos, si se da el caso. Ése no es el tema¿
El señor CORDERO.-
A mí no¿
El señor NÚÑEZ.-
Bueno, pero a mí sí.
Ni siquiera es Jefe de Gabinete. Eso no está en la Constitución Política. Tal expresión es una especie de bautizo que ha recibido hace mucho tiempo a través de los periódicos. Los periódicos lo llaman "Jefe de Gabinete", pero el Presidente, que nombra al Ministro del Interior, nunca se refiere a él de esa manera, sólo en su calidad de Ministro del Interior. En consecuencia, es una figura a la que debemos dar sustantividad. No la tiene. Ni es Vicepresidente, salvo cuando sale el Jefe del Estado del territorio nacional; ni tampoco es Jefe de Gabinete. Y no me parece posible que no toquemos el tema al tratar la presente reforma.
Hace algún tiempo, con el Senador señor Bitar presentamos un proyecto de reforma constitucional para incluir en la Carta el tema de la iniciativa popular para la formación de la ley. No viene en el proyecto en comento. Es lamentable, sobre todo en un país que tiene restringida la posibilidad del plebiscito, establecida solamente para cuando existen desacuerdos entre el Parlamento y el Presidente de la República. En ese caso el Presidente puede llamar al plebiscito.
Por eso insisto: encuentro lamentable que el país haya perdido la posibilidad de que sea su propia sociedad organizada la que genere iniciativas de ley. Como digo, ya hace seis años que presentamos un proyecto con el Senador señor Bitar para dejar lo señalado precedentemente consignado en la Constitución.
En seguida, deseo referirme a los temas más delicados que han centrado la discusión que hemos sostenido hoy en la tarde.
Ante todo, debo señalar que no estoy convencido de que la estabilidad política observada en la transición chilena se deba a la Constitución. Ella ha jugado un rol, un papel importante, sin duda alguna, pero de ninguna manera ha sido la única causa. Nuestra estabilidad política es producto de muchas otras situaciones, no solamente del ordenamiento constitucional. Se debe a la madurez de los partidos políticos, de sus dirigentes; a la capacidad que han tenido las fuerzas sociales del país para enfrentar la transición desde el punto de vista de sus intereses; a la capacidad demostrada por el mundo empresarial y los trabajadores, en fin. Hay un conjunto de factores que explican el hecho de que Chile haya tenido estabilidad política durante su transición, y, en consecuencia, no estoy por comprarme esta idea de algunos de que ello se deba solamente a la Constitución Política que nos ha regido durante estos años.
Asimismo, no estoy convencido de que los dos bloques sean parte de la naturaleza de la sociedad chilena. Los dos bloques existentes son producto directo del sistema electoral que se nos impuso. Si éste no hubiera existido, las fuerzas políticas serían distintas. Tal vez no tendríamos los dos bloques. Es que Chile no es una sociedad de bloques; no es Estados Unidos ni los grandes países europeos, en donde siempre tienden a existir dos fuerzas políticas. El pensar lo contrario es no entender la heterogeneidad y diversidad de nuestra sociedad. Chile es bastante más diverso. Y cuando una sociedad es diversa, es obvio que su sociedad política se exprese en partidos políticos distintos.
Por consiguiente, creo que los dos bloques no son producto de la Constitución, sino de la imposición de un sistema electoral que hemos heredado.
El Senador señor Chadwick nos señaló que en la última elección el sistema binominal se acercó bastante a la realidad y que, en consecuencia, la representación, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, refleja, de alguna manera, lo que los bloques han obtenido en las últimas elecciones. Eso no fue siempre así. Es obvio: después de siete elecciones, al final logramos un grado de cierta homogeneidad en la representación popular, pero ello es consecuencia de la imposición de doce años de un sistema binominal que ha generado grave desprestigio al sistema político chileno. Y, por cierto, entraña un grave problema de legitimidad, porque resulta que los Parlamentarios -los Diputados y Senadores que llegan a este recinto- representan, en su conjunto, no más del 40 por ciento de las personas que votan, y conste que no hablo de las que se abstienen ni de las que votan nulo o que no se inscriben. Debido al sistema imperante, los Senadores y Diputados no representamos más del 40 por ciento de las personas que votan. Hay un 60 por ciento de chilenos que queda fuera, que no se siente representado, no solamente porque no votó por nosotros, sino sencillamente por el sistema binominal. En último término, esas personas no se sienten representadas por sus mandatarios, y esto es un problema extraordinariamente serio.
En consecuencia, me parece absolutamente lógico que hayamos observado la necesidad de tratar en conjunto la composición del Senado, el sistema electoral y la supresión de los Senadores designados y vitalicios.
No solamente es legítimo que hayamos hecho esto. Creo que hay que discutirlo a fondo. Lo señalado por el Senador señor Chadwick, sin embargo, es una notificación: el sistema binominal no se modifica. Me parece que tal notificación es extraordinariamente grave. Porque pone un grado de rigidez a la posibilidad de llegar a un consenso, un acuerdo, a lo cual estamos dispuestos todos, en la medida, por supuesto, de que realmente podamos llegar a concordar en una modificación del sistema electoral vigente.
Por último, la potestad del Presidente de la República para remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, me parece absolutamente lógica dentro de un sistema presidencial. Quienes elaboraron la Constitución estaban convencidos de la necesidad de que Chile debería tener un sistema presidencial; y entiendo que el ex Senador Guzmán generó bastantes ideas en ese sentido desde el punto de vista teórico. Dentro de un sistema presidencial de la naturaleza del chileno, que es distinto del francés -presidencial por antonomasia y el más presidencialista de todos, aunque ahora ya no-, resulta obvio que el Presidente de la República, que en la Carta de 1925 era generalísimo de todas las Fuerzas Armadas, tenga tal potestad. Durante la vigencia de la Constitución del 25 ningún Jefe de Estado ejerció tal potestad de manera arbitraria. La situación que vivimos en tiempos de la Unidad Popular fue excepcional, y ningún Jefe de Estado anterior a esa época ¿repito- ejerció dicha potestad en forma arbitraria. En general, las Fuerzas Armadas de nuestro país no tuvieron la espada de Damocles de que sus Altos Mandos fueran removidos en cualquier momento por razones políticas.
Por lo tanto, considero absolutamente lógico...
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor NÚÑEZ.-
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Estamos en votación, señores Senadores.
El señor MARTÍNEZ.-
Pero Su Señoría está haciendo uso de 15 minutos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se tomó el acuerdo de que los Senadores inscritos podrían utilizar ese tiempo durante la fundamentación de su voto.
El señor MARTÍNEZ.-
Entonces, ¿no puedo hacer uso de la interrupción que gentilmente me ha concedido el Honorable señor Núñez?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No, porque estamos en votación.
Puede continuar Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, deseo solicitar que, dada la naturaleza de las materias que estamos tratando, el período para formular indicaciones no concluya el 15 de marzo, sino, al menos, a fines de dicho mes. Sabemos que el 11 de marzo se incorporan al Senado nuevos colegas y que en esa misma fecha algunos de los actuales dejan la Corporación, por lo que no podrán intervenir en la discusión particular de la iniciativa.
En consecuencia, señor Presidente, pido formalmente, en nombre del Comité Socialista, que el plazo para presentar indicaciones sea extendido por lo menos hasta el 30 de marzo.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente, se inició nuevamente un trámite de discusión general como resultado de un proyecto que reforma profundamente la Carta Fundamental de 1980.
Antes de avanzar mayormente en la materia, quiero hacer una breve referencia sobre el "poder constituyente", toda vez que se han elevado algunas opiniones que discrepan en cuanto a ciertos aspectos no esenciales de dicha potestad.
En razón de fundamentaciones estrictamente constitucionales y legales, y basándonos en el "Tratado de Derecho Constitucional" de don Alejandro Silva Bascuñán, debemos recordar que la soberanía reside en la nación, la que delega su ejercicio en las autoridades elegidas al efecto. Pero, tratándose de una Constitución como la nuestra, supone momentos de reflexión colectiva en que se manifiesta la voluntad de fijar o modificar las bases fundamentales del ordenamiento del poder político.
Es dable reconocer que el sistema constitucional imperante contempla dos características sobresalientes: la primera, que nuestra Carta es "estable", pues de lo contrario no expresaría la permanencia de la idea de Estado; y la segunda, que ella misma contiene el germen de la "variabilidad", lo que permite reflejar el movimiento progresivo del espíritu público.
Sin embargo, tal como lo anticipara, los "momentos de reflexión pública" tienen por objeto verificar, masiva y responsablemente, que la Constitución no obedece a las necesidades del país y que debe ser cambiada.
Queda demostrada la legitimidad de toda iniciativa tendiente a modificar la Carta Fundamental. Pero, en forma analítica y al margen de la legalidad o de la razón pura, se deben considerar aspectos tan importantes como la oportunidad para iniciar un debate parlamentario ajeno a los resultados de una "reflexión pública", en plazos exiguos, sin mayor conocimiento público y sólo con fundamentos nacidos de cúpulas partidistas, cuyos proyectos de reforma eluden muchos otros temas esenciales, para abocarse a otros asuntos de no tanta relevancia pero que, no obstante ello, pueden tener efectos perniciosos para nuestra democracia.
Al tenor de los informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, son tres las ideas básicas de la presente iniciativa, a saber:
1.-
Modificar la composición del Senado y del Tribunal Constitucional, de modo que aquél sea íntegramente elegido mediante votación popular y sean eliminados los Senadores vitalicios y los institucionales, que tanto han aportado en esta Corporación.
2.-
Suprimir el Consejo de Seguridad Nacional, acabando, de esta manera, con el único canal válido para hacer presente al Poder Ejecutivo aquellas materias que según las autoridades que lo componen ponen en riesgo la estabilidad institucional.
3.-
La idea, no estrictamente constitucional, de reformar el sistema electoral binominal, reemplazándolo por otro proporcional.
Estamos discutiendo un proyecto de reforma constitucional que, en general, y según opinión del señor Ministro del Interior, pretende "modificar" la Carta Fundamental para impedir, según sus dichos, "la tutela militar, la composición y las funciones del Congreso Nacional y el sistema electoral", que serían los pilares de una democracia protegida que es necesario cambiar.
Ahí radica el problema de esta iniciativa.
Nuevamente, deseo insistir en un aspecto de la mayor trascendencia para el Senador que habla. Me refiero a los "momentos de reflexión pública". El Honorable señor Chadwick indicó que "no le parece que el país esté tan expectante con respecto a las presentes enmiendas". Vale decir, las reformas propuestas, que pueden contener algunos elementos formales positivos, no son de mayor interés para la ciudadanía trabajadora o productora de bienes, ni menos para quienes tienen el asiento de sus actividades fuera de la Región Metropolitana o de las grandes ciudades.
Ninguno de los grupos sociales y políticos que regularmente visito y con los cuales tengo contacto fluido en la Décima Región de Los Lagos ¿a la que represento electoralmente-, me ha tratado jamás el tema y nunca me han realizado preguntas sobre el particular.
Queda claro, entonces, que bien poco les preocupa si el Tribunal Constitucional estará integrado por decisión exclusiva del Presidente de la República, o con acuerdo del Senado, o por Ministros que dejarán de pertenecer a la Corte Suprema, y así sucesivamente. Pero sí creo que les gustaría estar informados respecto del aumento del costo de funcionamiento del Tribunal Constitucional que se proyecta.
La Constitución que nos rige y la de 1925, hoy derogada, fueron instauradas mediante plebiscito, esto es, a través de consultas a la comunidad nacional, la que sólo podía aprobar o rechazar el proyecto. No hubo debate parlamentario sobre el particular y el poder constituyente primario estuvo radicado en las Comisiones Redactoras respectivas para, posteriormente, transferirse a la nación una vez que los textos pertinentes fueron sancionados. No obstante su aparente generación no estrictamente democrática, ambas tuvieron larga vigencia en el tiempo: la de 1925, por espacio de 48 años, y la actual, que lleva más de 20.
La Constitución de 1980 se estructuró sobre la base de un sistema de preeminencia presidencial, tendiente a evitar los errores, y también los horrores, de la sangrienta Revolución de 1891 a que dio origen la antigua Carta de 1833.
En la actual efectivamente existe -y ha existido, con buenos resultados- un sistema democrático que se protege a sí mismo, pues se estima que esa forma de gobierno es, por ahora, la menos perjudicial de todas y la que mayores garantías otorga a los ciudadanos y a la comunidad en general. Basta comparar las garantías constitucionales presentes en el derogado Texto de 1925 con los 26 números del artículo 19 de la actual Constitución, que representan otras tantas situaciones que se aseguran a todas las personas, sean naturales o jurídicas.
Para cautelar un adecuado manejo de la institucionalidad, existen necesarios contrapesos encaminados a evitar que determinados poderes del Estado se desborden fuera de la órbita de sus atribuciones.
Además, la Carta de 1980 contempla un sistema prácticamente original, mediante el cual las Fuerzas Armadas y de Orden pueden hacer presente al Jefe del Estado, al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional, su posición frente a un hecho, acto o materia que, a su juicio, atente contra la seguridad nacional o las bases de la institucionalidad. De haber existido una disposición similar en la derogada Constitución de 1925, se podrían haber evitado los motivos que dieron origen al Gobierno Militar ante el agotamiento de otras alternativas, al tenor de lo declarado por el Presidente de la Democracia Cristiana de la época.
La Constitución de 1980 es una buena Carta Fundamental. Permite la existencia de una democracia pluralista; en ella no hay movimientos o corrientes de opinión política excluidas "per se"; tiende a la formación de grandes bloques de partidos, como lo contemplan normativas centenarias de democracias estables como la norteamericana y la inglesa.
El propio Presidente de la República reconoce que "las Instituciones funcionan". Es decir, utilizando la Constitución como medio para ello, se alcanzan los objetivos de Gobierno.
Francamente, ignoro el resultado práctico que se pretende con esta reforma sometida al debate parlamentario en el Senado, pues hubiese sido preferible entregar previamente a un conocimiento generalizado de la comunidad el fin último de ella para entrar a un sereno análisis y, con el aporte de los nuevos legisladores que se incorporen próximamente, llegar a textos consensuados que rescaten lo mejor de las propuestas y podamos perfeccionar, sin desmantelar ni romper una esencia que por 20 años ha resultado exitosa.
Tampoco en nada cambiará la situación de determinados habitantes del país, chilenos por el "jus solis" o por el "jus sanguinis", cuyos ancestros o algunos de ellos pertenecieron a etnias que en su época fueron originarias, si el Estado -en una declaración que no puede ser sino romántica- dice que de ahora en adelante serán de su "preferente preocupación". Si observamos el quehacer de los Gobiernos de la Concertación, su preocupación ha sido más que preferente, y sus resultados no están aparejados con tan elevados propósitos. Y respecto de los demás habitantes, ¿habrá una "especial preocupación"? ¿No sería ésa una evidente discriminación?
Hay otras modificaciones de forma a normas positivas que en algo mejoran la aplicación del texto constitucional, pero a todas luces resultan inoportunas en el tiempo en que nos encontramos, pues están a punto de terminar su mandato un importante número de señores Senadores. Su rápido estudio no resulta adecuado para legislar en materia constitucional. La prisa en este ámbito no es buena consejera. Reconozcamos que en numerosas leyes hemos creado instituciones inaplicables o defectuosas, que hemos debido corregir. Sin ir más lejos, la legislación sobre tabaquismo, el cercenamiento de las potestades policiales, las normas sobre fotorradares, ciertas fórmulas de la Ley de la Renta, las modificaciones a las normativas sobre delitos-faltas, constituyen meras muestras que nos debieran hacer recapacitar. Legislemos, seamos constituyentes, pero con el debido conocimiento previo y público y, obviamente, con el apoyo ideológico de nuestros representados.
Al respecto, estimo que hay una situación que debe ser abordada en este estudio, para no volver a cambiar la Constitución en algunos meses más. Es preciso que el Ejecutivo considere introducir modificaciones limitativas a la adquisición del derecho de dominio y a la garantía de su tenencia, cuando ella perjudica la integridad territorial nacional. Creo que este caso es único en el mundo y, como no hay limitante legal, tampoco existe impedimento para que aumente su propiedad. Me estoy refiriendo al caso de la Región de Los Lagos, que represento en el Senado, donde un ciudadano extranjero, actuando por sí o en representación de entidades foráneas, ha hecho de su dominio vastos inmuebles que cortan el territorio nacional de mar a cordillera, limitando de hecho los derechos del Estado y de los particulares que deben utilizar el derecho real de paso.
Si bien nuestra Carta Fundamental, en los números 23 y 24 del artículo 19, limita en una cierta medida los requisitos para la adquisición del dominio en algunos casos o para la conservación del mismo -cuando los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad, la salud pública o la conservación del patrimonio ambiental lo requieran-, ello no ha impedido el "abuso del derecho", llegándose a los límites que se han expuesto.
Por lo tanto, solicito que, por intermedio de la Presidencia del Senado y con acuerdo de la Sala si es necesario, se oficie al Poder Ejecutivo, con el objeto de que envíe una indicación sobre la materia o amplíe el proyecto en debate, pues se trata de un caso de seguridad nacional de suma urgencia.
Finalmente, por no participar de la idea general de desmantelar la actual Ley Suprema, voto en contra del proyecto de reforma constitucional.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, haré uso de la palabra sólo porque quien habla, como otros parlamentarios, durante largo tiempo, nos opusimos a muchas de las modificaciones constitucionales que hoy se están aprobando.
Me parece importante dejar constancia del fundamento de esta posición en un debate que no sólo no atrae la atención pública, sino que tampoco la de los miembros de esta Corporación, a juzgar por lo que hemos podido ver esta tarde.
Cuando junto con los Honorables señores Díez, Chadwick y Romero presentamos en junio del 2000 el proyecto de reforma constitucional -que generó un proyecto de la Concertación y otros considerandos de proyectos anteriores en el trabajo de la Comisión-, nos pareció que 20 años de funcionamiento de la Carta era tiempo suficiente como para evaluar lo que había sido su incorporación en la vida jurídica del país, en el ordenamiento de las instituciones fundamentales y en la adecuación del sistema de los Poderes Públicos.
El examen que hicimos -que en buena medida se ha refrendado en varias de las intervenciones que hemos oído-, en muchos aspectos, es positivo. Algunos capítulos de la Constitución ¿sobre todo, los relacionados con toda la parte dogmática y con las garantías institucionales- han sido considerados un verdadero progreso en la historia del Derecho Constitucional chileno. Por lo tanto, al mirar esas instituciones, que por cierto siempre son perfectibles, ha habido un reconocimiento en cuanto a que gran parte de sus normas realmente constituyeron un progreso en nuestro Derecho Constitucional y en nuestro ordenamiento jurídico fundamental.
También lo avalan los resultados. Independientemente del cuestionamiento de una u otra institución, de hecho, en estos prácticamente 12 años de funcionamiento de la Carta en pleno régimen democrático, hemos tenido un país que no sólo ha vivido en democracia, sino en el que las instituciones funcionan, como lo ha señalado el propio Presidente de la República, y que permite la representación pluralista, con un adecuado equilibrio de poderes, que hace que Chile funcione.
Hay estabilidad política, económica y social, lo que demuestra la existencia de un equilibrio institucional, que se ha alcanzado en buena medida gracias a las disposiciones contenidas en la Carta Fundamental. Por cierto, que no se le puede atribuir a un texto legal la causa de toda la situación de estabilidad que hemos vivido en estos años; pero ciertamente debe reconocerse que aquélla ha jugado un papel muy importante.
Por eso, debemos reconocer que el tránsito desde un gobierno de facto, de un gobierno militar, de un gobierno autoritario a uno democrático se ha logrado en buena medida gracias al diseño de la Constitución.
Los actores han jugado un rol muy trascendente. Creo que los Gobiernos de la Concertación han tenido también una conducta política que cabe destacar. Por ejemplo, me parece que en todo lo que dice relación a las Fuerzas Armadas ¿se esperaba que iban a tener un comportamiento distinto, por ser detractores de las mismas durante el Gobierno Militar-, me parece que han actuado bien. Son muchos los factores, pero dentro de ellos, indiscutiblemente, la Constitución ha jugado un papel relevante.
Es importante subrayar que la Carta de 1980 no sólo limitó al Estado, sino también al Derecho, lo cual tiene un profundo significado jurídico, que hoy debemos destacar.
Sin perjuicio de ello, también hemos asistido a un debate que se ha estructurado alrededor del funcionamiento de distintas instituciones. Por eso, quienes patrocinamos la moción en representación de la Alianza por Chile buscamos un camino para perfeccionar algunas instituciones y colaborar en la búsqueda de un consenso, a fin de que en torno de la Constitución -que es la ley fundamental que estructura el orden jurídico y político del país- exista el mayor consenso posible. Y aun cuando nunca se podrá alcanzar el consenso total, sí creímos conveniente avanzar en ello.
Por eso, propusimos normas para modificar la composición del Senado. Advertimos en el último tiempo una desnaturalización del funcionamiento de los Senadores institucionales, desde el momento en que dejan de serlo y algunos pasan a ser Senadores de partidos, que no se distinguen de los elegidos, porque asumen responsabilidades políticas y no institucionales. Y tenemos temor de que esa tendencia se mantenga y se acentúe hacia el futuro si se sigue en el mismo camino.
Por eso, y no porque haya un cambio en la teoría democrática, planteamos enmendar la composición del Senado. La modificación del Tribunal Constitucional también va en la misma dirección. Y el cambio en las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional es consecuencia de las enmiendas anteriores.
Estimamos conveniente mejorar los equilibrios y contrapesos, y, entre otras consideraciones, aumentar la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, ya que no tiene capacidad para fiscalizar de verdad al Gobierno de turno cuando las mayorías políticas coinciden con éste.
También hemos considerado necesario mejorar el funcionamiento del Parlamento, por ejemplo, al suprimir las legislaturas ordinarias y extraordinarias, dado que corresponden a conceptos de otros tiempos.
En consecuencia, el trabajo realizado por la Comisión, que recoge en parte sustancial el proyecto que presentamos, nos llena de satisfacción. Y también nos complace el hecho de que se haya podido llegar a muchos acuerdos respecto del proyecto que posteriormente presentaron los Honorables colegas de la Concertación, recogiendo no sólo los planteamientos que ellos mismos formularon otrora, sino también ciertas reformas específicas que estaban en la Comisión y que habían sido presentadas en forma individual por algunos señores Senadores, sin reflejar posiciones de grupos, sino más bien anotando puntos concretos.
Por lo tanto, el trabajo de la Comisión merece nuestro reconocimiento. Uno nunca estará ciento por ciento de acuerdo con todo lo que se realiza, pero estimo bastante valiosa la labor efectuada por ella. Por eso, estamos en condiciones de aprobar el proyecto.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que me produce un enorme desconcierto el hecho de que ciertas materias, al final, a pesar de que había unanimidad a su respecto, hayan sido separadas y su aprobación condicionada al pronunciamiento favorable de esta reforma constitucional.
El hecho de que hoy día, por ejemplo, el tema de la composición del Senado, en el cual hay consenso en los miembros de la Comisión de Constitución, como se desprende de la lectura de sus actas, haya sido separado del texto general porque no había acuerdo en otras materias ¿el sistema electoral binominal y la remoción de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas-, me parece absolutamente increíble.
Aquí no se puede, a última hora, condicionar un proceso importante, de envergadura, en donde todos hemos hecho concesiones. No cabe señalar que por oponernos a un punto específico, como, por ejemplo, el sistema binominal, estamos actuando en forma cerrada o estrecha, en circunstancias de que, por distintas consideraciones que hicimos presentes en su momento, hemos cambiado posiciones sobre materias que antaño votamos en contra. En cambio, actualmente, las estamos promoviendo y defendiendo. Eso demuestra apertura y búsqueda de equilibrios, de común acuerdo y de consenso.
Pero los consensos suponen acuerdos. Si en doce o quince materias hay acuerdo solamente en 90 por ciento de ellas, el porcentaje restante en que no se logró entendimiento no obliga a tachar al adversario o a suspender lo ya acordado.
Considero inexplicable que la Concertación, que muchas veces propuso reformas constitucionales para terminar con los Senadores designados y los vitalicios, hoy día, pueda condicionar la aprobación de esa materia al cambio del sistema electoral binominal o de la forma de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Nunca lo hicieron, nunca lo plantearon. Y si ahora lo hacen, al final, las razones son espurias; pueden relacionarse con el cálculo electoral o con contradicciones políticas. Deseo escuchar las explicaciones ante la opinión pública, pues me parece que no se sustentan, y si cae en ese juego, la Concertación quedará en una posición muy errónea.
En cuanto a la modificación de la forma como se remueven los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, en general, hemos manifestado alguna flexibilidad. Ello queda demostrado, por ejemplo, en el tema de los garantes de la institucionalidad, pues, a pesar de que tiene un sentido claro en el origen de la norma, compartimos el que otros pueden darle un sentido equívoco, por lo que estamos dispuestos a arreglar esa situación.
En este sentido, también estamos contestes en analizar otras alternativas que no impliquen dejar a la mera voluntad unilateral del Presidente de la República la remoción de un Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Ello podría quedar en manos del Consejo de Seguridad Nacional, sin la participación de los Comandantes en Jefe, por mencionar una idea que pueda abrir espacios a acuerdo.
Lo concreto es que no entregaremos una nueva atribución al Primer Mandatario, en un régimen exageradamente presidencialista, respecto de una materia tan delicada, cuando queremos tener Fuerzas Armadas profesionales. No deseamos convertirlas en un Ministerio más o en una instancia política de dependencia exclusiva del Gobierno, pues de esa forma, precisamente, le quitaremos su carácter profesional.
Por otro lado, en lo que dice relación al sistema electoral, me parece que en la Sala se han entregado muchas opiniones que reflejan falta de comprensión del mismo. Desde luego, no existe un sistema electoral que pueda considerarse democrático por excelencia, ya que hay tantos sistemas como países en el mundo. Si bien es cierto que existen tendencias mayoritarias o proporcionales, no lo es menos que cada nación le incorpora tal grado de modificaciones que resulta difícil señalar cuál es el sistema electoral democrático por excelencia. Cada país escoge su propia realidad.
También se manifestó aquí que el sistema electoral binominal conduce al empate. Nada más equivocado. No conduce al empate. Ello depende de los momentos políticos. No hubo empate en 1990 ni en 1993 ni en 1997. Sólo se produjo recientemente. Pero no por lo ocurrido ahora podemos generalizar.
A lo que sí conduce es a centrar el debate político. A mi entender, ésta es una de las contribuciones del sistema electoral binominal.
Al recoger el pensamiento de algunos politólogos, como, por ejemplo, el de Ángel Sartori -cuya competencia a nivel internacional nadie discute-, quien, cuando analiza las causas de la caída del régimen político chileno en 1973, las atribuye precisamente a la existencia en nuestro país de un sistema de partidos políticos múltiple polarizado, que cada vez que había elecciones procuraba partir de cero; es decir, que la historia comience con cada uno de ellos en su momento. Y cuando uno de estos grupos se encontraba en el poder, quienes no lo estaban, se convertían inmediatamente en sus enemigos, sea cual fuere su filiación.
Lo anterior ocurría porque el sistema favorece las posiciones extremas. En palabras de Sartori, el sistema político múltiple polarizado y proporcional es un sistema centrífugo que saca a los países del centro político, de la moderación y del equilibro.
En cambio, el sistema binominal hace precisamente lo contrario: ordena a los actores, porque no discrimina en la proporcionalidad, salvo en los partidos pequeños, a los que no les reconoce representación. Por ejemplo, el Partido Comunista, con 4, 5 ó 6 por ciento de la votación no ha tenido representación parlamentaria. Eso es efectivo. Pero el sistema persigue consolidar grandes bloques, los cuales alcanzan su consolidación en forma proporcional. Así ha sido prácticamente siempre, como ha quedado demostrado en sucesivas elecciones, con la salvedad de la situación de los partidos pequeños.
Por consiguiente, se trata de la opción de un país de construir grandes bloques y de evitar que los pequeños grupos que obtienen 4 ó 5 por ciento de los sufragios se conviertan en los árbitros de la situación.
Precisamente, en un momento político de empate como el que vive Chile, la existencia de estos pequeños partidos podría ser fatal, pues se convertirían en árbitros, a pesar de no tener representación democrática. De manera que nada podría ser más antidemocrático que permitir que esas pequeñas colectividades fueran determinantes, como ha ocurrido en otros países con sistemas que conducen a formar dos bloques y dan cabida a partidos políticos menores que por su posición extrema pueden llevar a esa nación al abismo o a malas soluciones.
Lo otro que se esgrime como argumento es el factor numérico. Ello es, a mi juicio, bastante peligroso. Se sostiene que un tercio vale lo mismo que dos tercios. De hecho eso no ha existido, salvo en el caso puntual de una candidatura a Diputado o Senador. Pero en las grandes cifras, nunca ha ocurrido algo semejante.
Adicionalmente, deseo manifestar que si seguimos esa línea, en la elección presidencial el 51 por ciento se lleva el ciento por ciento. Cabe recordar que Joaquín Lavín obtuvo 49 por ciento de sufragios y, sin embargo, se fue para la casa sin una gota de poder. Y si no se hubiera presentado a las elecciones municipales, en estos momentos, sería un ciudadano particular más que ni siquiera ocuparía el cargo de alcalde ni tendría ninguna posición.
Son argumentos falaces. Cuando se habla de que un tercio vale lo mismo que dos tercios, es tan falaz como el afirmar que 51 por ciento es equivalente al ciento por ciento.
El sistema electoral es materia discutible. No niego que haya personas que tengan opiniones distintas, pero, como dicen, "por sus frutos los conoceréis", y el actual sistema ha permitido el funcionamiento político, democrático, pluralista, representativo y real de Chile. Por eso, no estamos disponibles para cambiarlo.
Si la Concertación estima que si no se modifica el sistema electoral vigente, no hay reforma constitucional, deberá asumir su responsabilidad histórica. Y nos vamos a encargar de que el país sepa que, por el afán de lograr el poder total, no están hoy día dispuestos a introducir cambios trascendentales en la Constitución, aun cuando siempre los quisieron.
Por ello, creo que no podemos limitar, ni por la vía de la extorsión política, nuestras intenciones. Lo anunciamos desde ya: si ésa es una condición, no habrá reforma constitucional. Pero quienes la están imponiendo deben saber que se encuentran recurriendo a una extorsión política antidemocrática y que el país lo sabrá.
Por tales consideraciones ¿por las primeras, no por las últimas-, quiero manifestar mi aprobación al proyecto en el cual me cupo participación como coautor de una de las mociones que le dieron origen, y si bien no soy miembro de la Comisión, asistí a la mayor cantidad de sesiones que pude, contribuyendo en la medida de mis posibilidades a mejorar nuestra situación institucional y a dejar una Constitución estable que, salvo ajustes menores, no tenga durante un largo período más motivos de debate.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se dará curso a la votación nominal.
--(Durante la votación).
El señor BITAR.-
Señor Presidente, al fundar mi voto quiero señalar que me embarga el sentimiento de estar tomando una decisión muy relevante para el país, por ser autor, junto con los Honorables señores Viera-Gallo, Silva y Hamilton, del proyecto de la Concertación.
Entiendo que aquí se expresa el deseo de dar un paso trascendental destinado a acercar la Constitución a su legitimidad, basado en la voluntad ciudadana plena. Esto no ha existido, ha habido demoras prolongadas, y la Historia enseña que las repúblicas que no saben acondicionar a tiempo sus marcos constitucionales a la evolución y al sentimiento ciudadanos, caen en crisis. Por ejemplo, no puedo dejar de recordar el extenso período de pérdida de legitimidad de la república parlamentaria, que culminó en 1925, con una transformación constitucional en condiciones que no fueron las más adecuadas para el orden del país.
Entonces, surge la pregunta: ¿sólo en crisis debemos abordar estas tareas? Y la respuesta es que si tenemos la capacidad de prevenir e inteligencia para avanzar, y lo hacemos a tiempo, el país caminará mejor. Desde esta perspectiva, considero que, aunque esto se hace con retardo, constituye un paso muy relevante. Si fructifica, como debe fructificar una reforma completa, que dé un paso serio hacia la democracia, creo que será un hecho de suma importancia.
Asimismo, debo señalar que nuestra satisfacción proviene de considerar que la Constitución de 1980 y sus dos reformas, llevadas a cabo en 1988 y 1989, se verificaron en momentos en que predominaba una alteración del orden institucional, cuando no existía democracia ni se hallaba en funcionamiento el Congreso, y que ésta es la primera de envergadura que se realiza dentro de un marco democrático, bajo la vigencia de un Parlamento
Hay, además, dos temas fundamentales sobre los cuales quiero sentar una opinión, al votar favorablemente en general este proyecto.
Con relación a las Fuerzas Armadas, quiero señalar que el país se ha enrielado en una normalización institucional, que ya es una realidad, y que la Constitución debe reflejar esta realidad. Creo que ha sido también un éxito notable de la transición democrática chilena el reciente nombramiento de la actual Ministra de Defensa. Su designación tiene un efecto simbólico y emblemático que, a mi juicio, muestra el punto en que nos encontramos. Ha constituido una señal de repercusión nacional y mundial el que sea la primera mujer en la historia de Chile la que ocupe ese cargo, proveniente de un partido como el Socialista, cuya confrontación con la dictadura y el trato que ésta le dispensó son ampliamente conocidos. Y, además, por tratarse de la hija de un general que falleció durante esa dictadura debido a los maltratos sufridos. Por lo tanto, es una expresión de voluntad de toda la ciudadanía, incluyendo a las Fuerzas Armadas, el mirar hacia el futuro, superar esa situación, de lo cual todos debemos alegrarnos.
Tal normalización debe culminar restituyendo al Presidente de la República la facultad de nombrar y remover a los Comandantes en Jefe. Y hago votos para que en la discusión en particular esto se lleve a cabo sin condicionantes que debiliten la autoridad del Primer Mandatario, porque ello comprometería el Estado de Derecho.
Creo también que este paso que damos ahora despeja la situación híbrida de un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones que conllevan un poder político paralelo de los militares, inaceptable en un orden democrático, como ocurre, por ejemplo, con la designación de Senadores.
La segunda observación, que dejo marcada al fundar mi voto, para considerarla en la discusión en particular, se relaciona con la necesidad de modificar el sistema electoral. Pienso que ello es indispensable para pasar de una democracia empatada a una que permita que las mayorías se expresen cabalmente y, por lo tanto, sea capaz de innovar.
Debo manifestar aquí mi preocupación ante la posibilidad de que pasemos de una democracia empatada a una democracia "empantanada" por un sistema electoral que no refleja la expresión mayoritaria del país.
El sistema actual está diseñado para el empate entre mayoría y minoría. Si una es de 48 por ciento, y la otra de 52 por ciento, no se nota. Pero si una es de 60 por ciento, y la otra, de 40 por ciento, o si se da una cifra de 58 por ciento, y otra de 37 por ciento, como ha ocurrido en elecciones como la del 93, se produce una grave deformación que altera el funcionamiento normal del sistema. Algunos podrían justificar este esquema en circunstancias excepcionales, de muy aguda polarización como lo fue el término de una dictadura. Pero en una democracia madura puede constituirse en factor de entrabamiento, de pérdida de legitimidad y de bloqueo a la innovación, y ese entrabamiento puede estar más cerca de lo que creemos. Yo no pienso como aquellos que señalan que se puede simplemente dejar correr el tiempo, y de ese modo resolver las cosas.
Considero que no debemos actuar con ceguera. Hay que hacer una reforma y, por tanto, es indispensable modificar el artículo 45 en forma simultánea, en lo relativo a los Senadores vitalicios y designados. Es necesario, además, fijar un nuevo número de Senadores y modificar el sistema binominal.
En ese sentido, se avanza a una Constitución democrática, no por conveniencia de un número, sino por principios. Si pretendemos contar con un régimen democrático, el sistema electoral debe ser modificado. Ésta ha sido siempre, desde un comienzo, la posición de la Concertación. Es inexplicable la actitud de una Oposición, que siempre estuvo en contra, y que ahora quiere actuar por tajadas y aceptar una parte. ¿Por qué no aceptamos este avance completo, con un sistema electoral que perfeccione el actual? No promovemos un sistema proporcional, es otro extremo, pero creemos, sí, que esta modificación debe verificarse.
Hay dos materias adicionales que por no disponer de más tiempo me limitaré a mencionarlas y respecto de las cuales he propuesto su modificación, y en cuyo estudio espero que se avance. Una, las nuevas formas de participación ciudadana. He propuesto una reforma constitucional para tener una iniciativa popular de ley. Ha habido oposición tanto para el plebiscito como para la iniciativa popular de ley. A mi juicio, en una democracia moderna debemos abrirnos a nuevas formas. En este aspecto hay una falencia, y si damos ese paso será un gran avance para el país.
Y la segunda, una enmienda constitucional que mejore la educación por la vía de establecer que serán obligatorias la educación básica y la media, lo cual constituye un gran salto respecto de la educación primaria obligatoria, que se aprobó en 1920. El siglo XXI puede tener otra proyección.
Por lo tanto, estamos por una democracia de verdad. Ésa es la posición de la Concertación, y queremos dar un paso sustantivo en ese sentido. No es falaz tener una posición contundente como ésta; lo falaz es aceptar las cosas a medias.
Voto favorablemente.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, el tiempo y el esfuerzo dedicados a este asunto permite adivinar por qué un tercio de nuestros compatriotas ni siquiera participan en el más elemental de los ritos democráticos, como son las elecciones. Reformar la Constitución interesa apenas a un tres por ciento de los ciudadanos, cifra que representa a los cuadros de los grupos políticos mejor organizados.
Todos sabemos que ahora los verdaderos desafíos, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto, son de carácter socioeconómico.
Se me objetará que no sólo de pan vive el hombre. Pero mientras el sistema de salud pública colapsa; mientras la educación pública garantiza la mediocridad de la próxima generación; mientras la cesantía se hace estructural y la seguridad pública se desvanece, ¿no es un poco vergonzoso o difícil de explicar que el Senado concentre sus mejores afanes en modificar la institucionalidad para redistribuir el poder político?
La autoridad está en deuda con la ciudadanía. Nuestro aporte legislativo para fortalecer condiciones encaminadas a solucionar los problemas que afectan en forma cotidiana a la gente ha sido escaso. De hecho, hemos permitido la aprobación legal de recetas ya fracasadas en todo el mundo y cuya aplicación está disolviendo a la clase media y empujando hacia la pobreza a un número cada vez mayor de compatriotas. Es comprensible, entonces, el verdadero desinterés del país real frente al espectáculo de las luchas partidistas.
Es imposible estar conforme con el espíritu de complaciente ineficacia que hoy impera en la esfera política, paralizando hasta la esperanza de medidas rectificadoras.
Con todo, señores Senadores, no hay que desesperarse. Afortunadamente, no todo funciona mal en nuestro país: el sistema institucional aún resiste y la Carta Fundamental de 1980 todavía presta a la comunidad nacional el servicio esencial para el cual fue concebida, esto es, sostener los pilares de un mejor futuro para Chile al hacer posible la democracia, el progreso económico y el desarrollo social de un país que durante medio siglo había perdido su vitalidad y cohesión como consecuencia del odio predicado incansablemente por los representantes de ciertas ideologías universales y totalizadoras.
Si el actual orden institucional ha funcionado bien, ¿cómo entender tanto empeño en debilitarlo? No basta con invocar el prestigio de la voz "perfeccionar" para justificar un cambio a todas luces artificial, innecesario e inconveniente. A este paso, sumidos en el espejismo de una transición infinita, acabaremos por retroceder hasta batirnos por asuntos que creíamos resueltos hace más de un cuarto de siglo.
Señor Presidente, escuché con atención y respeto todas las opiniones vertidas en la Sala. No comparto las motivaciones de las cúpulas partidistas ni creo que las disposiciones constitucionales hayan sido obstáculo para la vigencia del régimen democrático. Muy por el contrario, pienso que la integridad del orden institucional ha proporcionado estabilidad al juego político. Y ése es un bien que no debiéramos despreciar.
Asimismo, al menos para mí, ha quedado de manifiesto que la intención de quienes impulsan con mayor entusiasmo esta reforma inorgánica es alcanzar, a través de indicaciones, el núcleo de la Constitución. Para ellos, esto se traduce en la anulación de la función política que cumplen las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, es decir, garantizar en todo momento y circunstancia el funcionamiento de las instituciones, como se dice ahora. No nos engañemos: si todos garantizan, nadie garantiza. ¿Y a quién favorecerá la desaparición de la efectiva, real y verdadera garantía del libre funcionamiento de las instituciones republicanas?
A mi juicio, aprobar la idea de legislar en los términos propuestos supone olvidar que cada nación digna de ese nombre tiene instituciones propias, ligadas en su origen a una trayectoria histórica concreta y destinadas a encauzar su porvenir, único e irrepetible, hacia el cumplimiento de un gran objetivo nacional. No debiera acomplejarnos lo que otros hacen. Sería un grave error sustituir la experiencia vital de nuestra patria, gallarda en tantas ocasiones decisivas, dándonos por sucedáneo un ideal teórico, contenido en las más hermosas páginas del mejor texto de teoría política jamás escrito.
En suma, tengo gran respeto por las disposiciones constitucionales que han sostenido exitosamente el esfuerzo de nuestro pueblo hacia el logro de sus legítimas aspiraciones, y me parece que la reforma que nos ocupa, en su propio mérito, es inconveniente para el bien de Chile.
En consecuencia, voto no a la idea de legislar.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente, primero quiero efectuar una reflexión.
Se ha hablado tanto, durante toda la tarde, del problema de los Senadores institucionales, designados o vitalicios, que se produce también una confusión: se confunde a los designados con los institucionales, etcétera.
Pero yo me pregunto: ¿Y por qué no se habla de los candidatos? ¿Quién los elige? ¿El pueblo? ¿O los ponen los partidos políticos? ¿Qué participación tiene el pueblo en la elección de los candidatos? ¡Ninguna!
Entonces, no hay que rasgar vestiduras tan fuertemente, porque, a mi juicio, a ese respecto existe una equivocación.
En este minuto, todos los candidatos que reúnen los requisitos exigidos para ser Diputado o Senador pueden inscribirse en una Región. Y con nuestro sistema computacional, es factible votar en los Redbanc.
Un alto porcentaje de candidatos a Diputado o Senador no cumplen con la cantidad de votos que necesitan para ser elegidos, y los designa la ley. Es decir, ¡son designados...!
Señor Presidente, un detenido análisis de las materias sobre las que se pretende legislar permite concluir que ellas son totalmente ajenas al interés de la ciudadanía y, además, que las disposiciones que se pretende introducir son altamente inconvenientes para nuestro orden institucional.
En una democracia como la nuestra, el Parlamento debe ser la expresión de la voluntad ciudadana. En la medida en que nos apartamos de dicha voluntad, nuestras acciones dejan de ser legítimas, pues se constituyen en actos cupulares, sólo de interés para la clase política. De esta forma, se desatiende el sentir de la comunidad, que es la real despositaria de la soberanía, y las decisiones resultantes, aun cuando son formalmente correctas, pierden legitimidad sustancial.
Específicamente, deseo salvar mi responsabilidad ante las futuras generaciones manifestando mi enérgica oposición a este nuevo intento de convertir a las máximas autoridades de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros en simples funcionarios de confianza del Régimen de turno.
Tengo el personal y categórico convencimiento de que la inamovilidad es la única garantía real de imparcialidad e independencia de las funciones militar y policial. Sobre esto no puede haber dos opiniones. Y los hechos lo están demostrando.
Todas las instituciones que según nuestro orden institucional deben tener independencia del poder político están protegidas con la inamovilidad en el cargo de la autoridad que las ejerce. Así ocurre con los jueces y ministros del Poder Judicial; con el Contralor General de la República; con los consejeros del Banco Central; con el Fiscal Nacional, y con otras autoridades que cumplen funciones esenciales en la vida nacional. Todos ellos desempeñan tareas que -como señalé- no pueden estar supeditadas al Gobierno de turno: ni a éste ni a ningún otro.
Los mandos superiores de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros encabezan instituciones permanentes del Estado, y no del Gobierno. Por lo tanto, se deben a toda la ciudadanía, y no a determinados sectores sociales o políticos. Por eso, su función debe estar garantizada con la inamovilidad en el cargo.
En el caso específico de Carabineros, la inamovilidad del General Director es un gran "paraguas" que cubre a todos los miembros de la Institución. Sólo contando con esta garantía el Alto Mando puede actuar en forma profesional e independiente, resistiendo las naturales presiones y reacciones viscerales que suele tener la autoridad política respecto de las actuaciones policiales.
Podría dar innumerables ejemplos. Empero, sólo deseo recordar que en junio recién pasado -¡junio recién pasado!- se formuló una falsa acusación en el sentido de que personal de Carabineros de unidades de Valparaíso estaba presuntamente involucrado en una red de protección al narcotráfico. La reacción de la autoridad política fue exigir la baja de diez miembros de la Institución. La respuesta del Mando fue categórica, negándose a la exigencia del Gobierno y reiterando que los carabineros no tienen más derechos que los ciudadanos comunes, pero tampoco menos, y que las sanciones expulsivas únicamente se adoptarían cuando se estableciera de manera clara la responsabilidad de los presuntos involucrados. ¿Y qué pasó? Actuando de oficio, la justicia resolvió rápidamente y, declarando la absoluta inocencia de los uniformados, restableció la verdad y su dignidad.
De haber estado vigente la reforma que se pretende introducir hoy, tendríamos a diez funcionarios inocentes expulsados de Carabineros, sin derecho a defensa y mancillados en su honor, por una decisión caprichosa de la autoridad política.
Como señalé, existen innumerables situaciones que ilustran la gravedad de los efectos de la norma propuesta en la reforma, las que haremos presentes en su oportunidad.
Por tales consideraciones, y actuando en interés de la comunidad y de sus instituciones fundamentales, voto que no.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, a todo lo manifestado por los Senadores institucionales que me antecedieron en el uso de la palabra, deseo agregar dos aspectos, uno de forma y otro de fondo.
El de forma, a su vez, tiene dos divisiones que considero importantísimas.
Primero, se habla mucho aquí de la soberanía popular, de la representación que se tiene en el Parlamento. Eso no lo desconozco. Al contrario, es un elemento fundamental de la autoridad de quienes estamos legislando. Por lo tanto, es primario. Pero, si aplicamos aquello, ¿qué grado de participación real ha tenido la nación en esta reforma que se propone? Aparentemente, casi ninguno; limitadísimo, diría yo. Porque no ha habido una difusión amplia, pormenorizada, de las proposiciones que tanto la Alianza por Chile como la Concertación de Partidos por la Democracia y diversos señores Senadores han hecho en esta oportunidad. Aquí ha estado ausente la difusión de las ideas fundamentales. Por ello, sólo 2,3 por ciento de la gente, según la última encuesta, se interesa en esto, pues pertenece a una élite. De manera que la nación no está presente.
Quiero insistir en el punto, porque es gravísimo: ¿Dónde están los foros sobre la reforma? ¿Dónde están las comunicaciones en la prensa? ¿Dónde están las invitaciones para discutir?
Cuando se hicieron las reformas que llevaron a la Constitución del 80, cuyo estudio comenzó en octubre de 1973, se tuvo especial cuidado de que toda la ciudadanía fuera entrevistada a través de diferentes formas y encuestas, y finalmente se las sometió a plebiscito.
Sin embargo, en este caso no tenemos una difusión amplia y la ciudadanía sigue indiferente. Claro. Se va a aprobar por la mayoría -no hay duda- la idea de legislar. Pero la nación está indiferente, en circunstancias de que, de prosperar las modificaciones a la Carta, le van a afectar en su vida durante los próximos diez, doce o quince años.
Segundo aspecto de forma. ¿Sobre qué proyecto nos vamos a pronunciar en general: el de la Concertación, el de la Alianza por Chile o el que estamos analizando, que figura en este documento? ¿Cuál de los tres textos votaremos?
Y no es una cuestión menor, porque puede invalidar todo el proceso. Reglamentariamente, eso no puede ocurrir. Sin embargo, está ocurriendo.
Entro ahora al aspecto de fondo: ¿para qué se va a modificar una Constitución cuyo texto ha permitido que Chile, institucionalmente, se mantenga incólume en el concierto de América Latina y en resto del mundo a pesar del temporal político, social y económico que azota al continente?
Lo que sucede es que el interés fundamental es esencialmente administrar el poder político. Y por eso aparecen todas estas proposiciones para introducir cambios respecto del Consejo de Seguridad, para romper la inamovilidad de los Comandantes en Jefe en forma abierta, cambiando lo que rige ahora, en que se halla condicionada la Concertación, etcétera.
Reitero: el interés fundamental es administrar el poder político.
En una democracia formada, el poder político debe estar administrado, como lo establece la Constitución de 1980, por un fraccionamiento de él. Y ese fraccionamiento se encuentra en los partidos políticos, en los grupos intermedios de la sociedad. Pero aquí estos últimos no figuran. Luego, la reforma en estudio apunta a fortalecer a aquellas colectividades.
Tengo gran respeto por las tiendas políticas. Ellas canalizan las ideas. Sin embargo, sólo representan al 7 por ciento de los chilenos. El resto no está representado. Los independientes, tampoco. En ninguna parte de las modificaciones propuestas aparece que se aumenta el cupo de los independientes, que se pueden presentar listas fuera de los partidos. Se rigidiza el proceso y avanzamos en un sentido negativo, que tuvo un tremendo efecto durante la vigencia de la Carta de 1925.
El equilibrio del poder es la clave. Empero, cada vez más vamos al rompimiento de ese equilibrio. Incluso el Presidente -esta Constitución es esencialmente presidencialista, por el gran poder que entrega al Primer Mandatario; lo hemos escuchado- tiene dificultades hoy para buscar a los hombres que lo acompañan en su gestión como Ministros, porque los partidos políticos le están exigiendo, a través de diferentes formas, el acondicionamiento.
Estamos en presencia, entonces, de una reforma constitucional que a mi juicio ha sido, desgraciadamente, expuesta de manera muy apresurada. Razones personales (las reconozco) más que políticas (las respeto, porque provienen de personas). Pero ello no es prudente para la salud del país.
A mi parecer, se ha actuado apresuradamente. Es bueno meditar mucho, porque la Constitución, en último término, es un mosaico. Y cuando uno retira las piezas fundamentales, se deforma su figura; es decir, se deforma su espíritu.
Mi voto es contrario a la idea de legislar. La considero altamente negativa, pues rompe el dique que significa analizar en forma previa si conviene o no modificar estas materias.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, en la sesión pasada en que se debatió en general este proyecto hice ver cómo el Senado que tenemos ha sido exitoso y ha venido a cumplir una aspiración de muchos Presidentes de la República que veían en la Cámara Alta anterior, la de la Constitución de 1925, un obstáculo para su labor de gobernar. El Senado mixto, con participación de miembros institucionales, respondió a una demanda histórica y no surgió por generación espontánea del constituyente de 1980.
Asimismo, creo que la presencia de distintas instituciones mediante personeros que se han nutrido de una vida de participación en ellas es una necesidad cada vez más creciente en los tiempos actuales.
Tengo la impresión de que la experiencia que nos trae la dramática situación de Argentina en gran medida también recoge la importancia de apoyarse en muchas instituciones sólidas y no concentrar todas las responsabilidades en una o dos; en este caso, en los partidos, al entregarles por entero la decisión política en el Senado.
Sin embargo, hay además otra fuerza que en circunstancias normales influiría en mi decisión, cual es el deseo natural de sumarse a una iniciativa que va en la búsqueda de acuerdos y persigue la voluntad de contar con instituciones que conciten el respaldo de todos los actores políticos. En mi opinión, por primera vez en doce años, en el Senado se ha generado una iniciativa que reúne a prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas representativas del país.
Sumarse a ese movimiento cuando ya se ha iniciado es una inclinación natural. Sin embargo, mi caso es muy particular, pues estoy terminando mi participación en esta Corporación. Hoy día se está votando la idea de legislar; pero no existe acuerdo formado sobre cómo terminará el proyecto. Hay muchas materias pendientes y ello lo refleja la discusión habida en la Sala, pero no hay consenso en cómo resolverlas.
Me siento inhabilitado para dar mi voto favorable a la iniciativa, ya que no tendré ninguna injerencia en el debate y votación en particular.
Por esta razón, he optado por abstenerme.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, voto favorablemente el proyecto.
Sin embargo, mi planteamiento es básicamente la visión de un hombre que no intenta concebir la Constitución sólo como un instrumento de derecho, sino también como el marco, el cauce, en el cual una sociedad democrática tiende hacia su perfección. Por ello, todo lo que apunte a su petrificación obviamente no da funcionalidad al desarrollo de la sociedad democrática. Por lo mismo, desde 1990 hemos intentado reformar la Carta Fundamental en procura de su efectivo desarrollo. La democracia es esencialmente la posibilidad de perfección y hasta la fecha el proceso de mejorar la Constitución ha sido lento y extremadamente insuficiente y menor.
La iniciativa que nos ocupa refunde las opiniones tanto de la Alianza Por Chile ¿el conglomerado de la Oposición- como de la Concertación, en los términos en que lo fundamentó el Honorable señor Díez, y constituye una manera de avanzar. De eso, no cabe ninguna duda.
Pero hay tres o cuatro elementos esenciales, señalados aquí con extraordinaria claridad, que debieran ser objeto de cambios, a fin de que la Carta Fundamental realmente sea un instrumento de plena y absoluta libertad, y de real y objetiva democracia, sin otra presión que la mayoría del pueblo que se expresa de manera razonable.
Ésa es mi concepción democrática.
Entiendo que otros señores Senadores tengan una idea de la democracia distinta o que la conciban de forma diferente o que la prefieran protegida o limitada.
En tal sentido, apruebo el proyecto de reforma constitucional, pensando que se modificarán los aspectos pendientes.
En todo caso, después de escuchar a algunos señores Senadores de Oposición, tengo serias dudas de que realmente se avance en los puntos que han quedado abiertos para ser analizados en la discusión particular, especialmente lo relativo al sistema binominal. A mi juicio, éste no se relaciona con una expresión numérica ¿si sólo fuera eso, no tendría mayor trascendencia-, sino con la legitimidad de quienes están representados y quienes no lo están, pues lo vigente puede dejar fuera del régimen político parlamentario a personas con buen respaldo ciudadano. Esta situación genera la peor de las formas de quebrar el sistema por quienes se sienten permanentemente perjudicados.
Luego de oír los planteamientos de los señores Senadores que nos han notificado expresamente que no aprobarán ninguna de las ideas pendientes, uno se pregunta: ¿cuál es la razón, entonces, de aprobar la idea de legislar? Y la respuesta es: sólo la esperanza fundada de que se logren acuerdos.
También debo decir, con mucha franqueza -y lamento que no esté presente en la Sala el señor Senador que lo manifestó-, que no podemos aceptar que se exponga a la Concertación. Se nos dice que estamos cayendo en una actitud espuria por el hecho de no aceptar los argumentos que nos señalan o que vamos a negociar la situación de los Senadores institucionales o designados. Se trata simplemente de la forma de negociar -que en estos doce años ha permitido lograr la normativa constitucional actual y que todavía debe ser reformada- frente a una Oposición tan tajante que, gracias al mismo método creado durante la dictadura en la Constitución de 1980 y que no fue cambiado en 1989, está aprovechando una mayoría que, más allá de las personas, no representa la voluntad mayoritaria del país.
Por eso, rechazo enérgicamente que se nos diga que adoptamos una actitud espuria o, peor todavía, que se nos notifique con extraordinaria soberbia que no se aceptarán otras ideas en el momento en que se está aprobando el proyecto en general, en el cual se ha dejado expresa constancia de la posibilidad de apertura para discutir, en particular, otro tipo de soluciones.
En ese entendido, considerando esa limitante y esa esperanza a veces no muy fundada después de escuchar a la Alianza Por Chile, pero convencido de que esto es un avance ¿la política es también el arte de lo posible-, voto favorablemente la iniciativa y rechazo plenamente esta suerte de notificación pública que se nos ha hecho, que rompe el proceso con que se venido discutiendo el proyecto.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, quiero hacer una reflexión no para cerrar este importante debate, sino para que no quede en su espíritu y en el ambiente general que la Constitución Política o las Fuerzas Armadas son las responsables de los desacuerdos, de los enclaves autoritarios y de los problemas que han generado distintas situaciones político-históricas. Tales desacuerdos no son producto de la Carta Fundamental ni de este presente. En realidad, provienen de los siglos pasado y antepasado. Lo que ahora estamos haciendo es un análisis muy coyuntural de su aplicación a partir de 1980.
Se ha hablado de dictadura, de presiones por parte de las Fuerzas Armadas y de democracia protegida, en circunstancias de que, en realidad, son muy pocos los países del mundo que tienen instituciones armadas como las nuestras. No existe en la región latinoamericana ni en Europa Fuerzas Armadas tan vocacionales y profesionales como las de Chile. Es un privilegio decir que actualmente el personal militar está en sus cuarteles, después de un largo período de gobierno militar, subordinado a la autoridad política y preocupado de sus responsabilidades por la defensa de la patria, en forma externa e interna. Estimo que merecen respeto por haber contribuido a hacer posible el momento presente de Chile. Las Fuerzas Armadas jamás han estado en una revolución. La anarquía política y el debilitamiento del Estado de Derecho han sido siempre los motivos que las han obligado a salir de sus cuarteles. Sin embargo, inmediatamente después de neutralizado cada uno de estos efectos, las Fuerzas Armadas vuelven a cumplir las responsabilidades que les encomienda la Constitución.
Me permito hacer este alcance porque es deber de todos los chilenos expresarles nuestro respeto y reconocimiento por su contribución al país, en el pasado y en el presente.
En cuanto a las reformas constitucionales en sí, se ha discutido mucho lo relativo al Capítulo X. Me habría gustado que este tema no se hubiese tocado. Sin embargo, se ha debatido bastante acerca del significado de la expresión "garantes" y la trascendencia de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe. Creo que desde el punto de vista doctrinario no se ha analizado en su verdadera profundidad lo establecido en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Fundamental, referente a lo que son las Fuerzas Armadas. Tal vez, la doctrina no se aborda en su totalidad. Cuando se habla de las Fuerzas Armadas no sólo se alude a las Instituciones de la Defensa. Las Fuerzas Armadas son la sumatoria de ellas, pero, para que actúen en forma conjunta, necesitan una dirección o un mando superior, que es el Presidente de la República. Por lo tanto, al señalarse que las Fuerzas Armadas son garantes, se está diciendo que Primer Mandatario, apoyado por las Fuerzas Armadas, son los garantes de la institucionalidad. Y el artículo 24 de la Carta Fundamental, cuando se refiere a la responsabilidad del Presidente de la República, no establece que es el primer garante de la nación. No está escrito. Si lo estuviera, habría concordancia en la línea de mando: la autoridad superior es el Presidente de la República, con el apoyo con las Instituciones de la Defensa, que constituyen las Fuerzas Armadas.
Lo mismo ocurre con la inamovilidad de los Comandantes en Jefe en cuanto a algunos aspectos que deberían analizarse en la instancia particular de discusión, porque en este campo la Constitución tiene una profundidad doctrinaria que no ha sido destacada suficientemente.
Creo que aquí no hay acuerdo. Desde mi ubicación, puedo ver perfectamente bien cómo se entrecruzan desacuerdos y fundamentos, algunos de éstos muy buenos. Tales desacuerdos debilitan la posibilidad de aprobar una reforma profunda, cuyos alcances sean consecuentes con este presente. No sé si existe manera de alcanzar un acuerdo que nos involucre a todos. Lo digo porque la Constitución es la base fundamental donde descansa la supervivencia de la nación.
Por estimar muy prematura la reforma y por el hecho de que la Carta de 1980 ha respondido a sus objetivos originales, voto negativamente la idea de legislar.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (40 votos contra 5 y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Cantero, Cariola, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Lavandero, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pérez, Pizarro, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Urenda, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Canessa, Cordero, Martínez, Stange y Vega.
Se abstuvieron los señores Prat y Ríos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Como no hay quórum para tomar acuerdos, en la sesión de mañana se fijará el plazo para la presentación de indicaciones.
En todo caso, la Mesa acepta desde ya proposiciones.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, insinúo que no sea antes del 15 de abril.
El señor VEGA.-
¿Cuándo vamos a definir el asunto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Mañana.
El señor VEGA.-
¿Y por qué no lo resolvemos ahora?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Porque no tenemos quórum para tomar acuerdos. Habría que suspender la sesión y llamar a los señores Senadores, pero, por respeto al Honorable señor Martínez, que intervendrá en la hora de Incidentes, no lo haré.
El señor MARTÍNEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, a la señora Subsecretaria de la misma Cartera y al señor Presidente de la Comisión de Bienes Nacionales del Senado sobre PROYECTO DE LEY QUE REGULARIZA OCUPACIÓN DE BIENES INMUEBLES FISCALES EN ZONA AUSTRAL (UNDÉCIMA REGIÓN); al señor Director Nacional de Aeronáutica Civil y señores Directores Regionales de la Décima y Undécima Regiones, acerca de PROHIBICIÓN DE ATERRIZAJE Y DESPEGUE DE AVIONES BIMOTORES EN AERÓDROMO LA PALOMA (DÉCIMA REGIÓN).
Del señor STANGE:
Al señor Ministro del Interior, en cuanto a DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL EN COMUNAS DE DÉCIMA REGIÓN.
_______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pido el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera el Senador señor Ruiz-Esquide.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Ruiz-Esquide, en calidad de Presidente accidental.
_______________
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, los Comités Institucionales 1, UDI e Independientes y Renovación Nacional e Independiente me han cedido su tiempo.
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-
Bien, señor Senador.
REFORMA CONSTITUCIONAL Y PARTITOCRACIA
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, Honorables señores Senadores, en relación con el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esta Corporación, recaído en el proyecto de reforma constitucional que ha refundido dos mociones con que se inician sendas iniciativas tendientes a introducir diversas modificaciones a la Carta Fundamental, y que a su vez integran indicaciones y otras proposiciones de reformas que estaban en tramitación, debo formular algunos planteamientos que estimo esenciales para los efectos de comprender los alcances de la aprobación en general de la idea de legislar para modificar la Constitución de 1980, que acaba de ser votada y aprobada por esta Sala.
Cabe destacar que estamos en presencia de una proposición de reforma no sólo bastante extensa, sino que cualitativamente trascendente, por la entidad de las mutaciones que pretende introducir a nuestro ordenamiento constitucional.
Tan evidentes son tales características que, por esta razón, la Comisión de manera inusual acordó editar con formato de un libro su informe para su adecuado conocimiento "por parte de las autoridades del sector jurídico, académico y judicial, y de la opinión pública informada de la nación.".
Esta difusión elitista, me pregunto, ¿cómo se concilia con la remisión al pueblo que en nombre de la democracia se hace para justificar tantas decisiones, pueblo al que se le ha dado voto aun cuando sea analfabeto? Esto responde a una explicación partitocrática, de acuerdo con los razonamientos que haremos.
Se ha pretendido justificar esta vastedad con el argumento de que se han cumplido veinte años de vigencia de nuestra Carta Fundamental y que, por lo tanto, corresponde actualizarla, revisarla y colocarla en sintonía con nuevas realidades.
La Constitución de 1980 ha sufrido ya -contando las 54 primeras alteraciones que se le introdujeron en 1989- más de diez reformas en tan solo veinte años de vigencia, convirtiéndose en la Carta más revisada de nuestra historia republicana, lo que dificulta convencerse de que se trataría de actualizar sus disposiciones. De hecho, además, desde 1990 el Congreso permanentemente ha debido atender múltiples iniciativas reformadoras, invocándose como justificación a la mayoría de ellas el terminar lo que muchos entienden por "transición" y que, en definitiva, es sólo su anhelo de revertir la institucionalidad a esquemas pretéritos, no queriendo aceptar que la auténtica transición transcurrió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Una de las notas características de las Cartas Fundamentales es su perdurabilidad y estabilidad en el tiempo, puesto que ello constituye una decisiva garantía para el adecuado desenvolvimiento del país y de sus habitantes. En materia constitucional, Chile tiene el orgullo de haber demostrado solidez jurídica con la vigencia por casi cien años de su Constitución de 1833, con sólo muy pocas modificaciones.
Por otra parte, nuestra Carta fue el resultado de largos y concienzudos estudios y análisis que recogieron la experiencia más grave y traumática de nuestro devenir histórico y político, y fue confeccionada conforme a avanzados criterios de constitucionalismo, habiendo demostrado en su aplicación que representó un decidido avance en nuestra historia constitucional, sobre todo si se la mira a partir de los perfeccionamientos que introdujo a la Carta de 1925.
Sólo por mencionar algunos ejemplos evidentes, cabe destacar la maciza y extensa consagración de los derechos esenciales de la persona, el perfeccionamiento de los mecanismos de control de la supremacía constitucional, el establecimiento de nuevas garantías o mecanismos de defensa de los derechos de las personas, la consagración del llamado Orden Público Económico, o el innovador y pionero tratamiento de asuntos tales como el terrorismo o la contaminación del medio ambiente.
Es democráticamente importante anotar, de otro lado, que toda la información disponible en relación con los pareceres, opiniones, inquietudes y problemas de la ciudadanía, nos indica que prácticamente nadie está preocupado o interesado por la circunstancia de si se aprueban o no estas reformas a la Constitución. Y ante esa situación nos vemos enfrentados a una disyuntiva que por desgracia se está tornando recurrente: o somos realmente representantes de la voluntad del pueblo y nos abocamos con prontitud a las demandas que aparecen como las más relevantes y urgentes para los chilenos, o nuevamente asumimos el papel de grupo de iluminados con batería propia que, a pesar de lo que nos está diciendo el pueblo -soberano de una democracia-, decidimos que es necesario hacer otra cosa. Y, por ello, dedicamos, como en este caso, tiempos importantes de nuestra labor a una discusión que nosotros podríamos estimar como de gran importancia, pero que al común de la gente no le interesa; realmente no siente que sea vital o indispensable y no quiere que nos enfrasquemos en ella.
Como una manera de reafirmar lo anterior, debo señalar que en la reciente campaña electoral para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y parte del Senado, una vez más se enarboló por las fuerzas de la Concertación el tópico de las reformas constitucionales como un factor importante que debía tener presente la ciudadanía al momento de escoger a los futuros Parlamentarios. Sin embargo, los resultados de las urnas demostraron que ese tópico no sólo no tuvo ninguna repercusión en el electorado, sino que sus efectos resultaron negativos para sus fomentadores. De esto se deduce además una trascendente conclusión: ningún sector político avanzará mayormente en su respaldo ciudadano por el hecho de aprobar o no aprobar estas reformas constitucionales; de modo que todos aquellos que pretenden sacar cuentas alegres en uno u otro sentido del proceso de votación a que hemos asistido, me parece que adolecen de una falta de realismo político muy relevante.
En lo que respecta al texto mismo de las reformas que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha sometido a nuestra consideración, y sin perjuicio de apreciar que hay ciertos ajustes aislados que podrían estimarse convenientes, creo que en su contenido general encierra problemas de magnitudes políticas e históricas no menores.
En efecto, pienso que una nota muy marcada del proyecto dice relación a una pretensión del partidismo político por alcanzar cuotas de poder o influencia cada vez mayores en los diferentes y más importantes órganos del Estado.
Todos sabemos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han estado sujetos históricamente al afán de ser dominados por las directivas partidistas, las cuales permanentemente tratan de impartir órdenes, criterios de acción o lineamientos a sus militantes que ocupan cargos en esos dos Poderes del Estado. El problema radica muchas veces en que el mecanismo más viable para alcanzar la titularidad de integrantes de ellos pasa necesariamente por el ingreso a una tienda política, la cual los catapulta hacia tales cargos. Una vez allí, las lealtades se hacen sentir y resulta difícil desatenderse por completo del partido.
El problema de todo lo anterior no es desestimable si se tiene presente que los partidos políticos extienden así su natural ámbito de actuación a realidades que no les corresponden, con el grave riesgo de desvirtuar el parecer del soberano, que, aunque parezca redundante, es el pueblo, y no las directivas partidarias.
La Constitución de 1980 se hizo cargo de este problema, que, como ya señalé, es de antigua data. Cualquiera que conozca la historia patria podrá darse cuenta de que las dificultades en torno de este asunto han sido arduas y de que varios Jefes del Estado hicieron saber su parecer crítico respecto de la excesiva influencia de los partidos en los quehaceres y decisiones gubernativos.
Sobre el particular, cito a don Arturo Alessandri Palma, dos veces Presidente de Chile y de cuya legitimidad democrática nadie podría dudar, al punto de que su estatua preside el Palacio de La Moneda, quien, al promediar su primer Gobierno, refiriéndose a los desbordes de la actividad partidista señaló: "siempre he pensado que es indispensable corregir este mal y este pensamiento lo he acentuado durante los tres años y medio de mi administración, porque durante este tiempo he visto cómo se han estrellado inútilmente todos mis esfuerzos a favor del Bien Público contra esta roca de los intereses partidistas. Constantemente he estado luchando contra la intervención de la política dentro del gobierno, o sea, la acción de los partidos políticos en la Administración Pública. Y por eso digo que, mientras haya política partidista en la Administración del Estado, es totalmente imposible pretender hacer buen gobierno en el país".
Nuestra actual Carta Fundamental adoptó medidas para aminorar las extralimitaciones en torno del poder, que resultan relativamente habituales por parte de los partidos, cuyos malos hábitos, acrecentados durante el transcurso del tiempo, en gran parte fueron responsables de la mayor crisis de nuestra institucionalidad en 1973. Tal esfuerzo de la Constitución del 80 por superar la posibilidad de esas extralimitaciones partidistas ha sido etiquetado como "antidemocrático" o creador de "enclaves autoritarios", por cuanto representa espacios, instancias o funciones que no están bajo un control o influencia directa de los partidos. De allí que se advierte la tendencia de fortalecer o acrecentar, en vez, lo que en mayor propiedad podría denominarse "enclaves partidocráticos".
Un ejemplo de lo anterior es la propia figura de los Senadores institucionales, que en parte encarno, y que ahora se pretende aventar. Estos Senadores son jurídicamente y de verdad Parlamentarios elegidos por el pueblo, según su voluntad expresa y solemnemente manifestada dentro de un esquema selectivo de segundo grado, vía absolutamente legítima en nuestro sistema jurídico, en el derecho comparado y en la experiencia internacional. Téngase presente, de paso, cómo con el tiempo de estada en el extranjero que la época actual parece imponer al Primer Mandatario, han asumido la Jefatura del Estado, con todas sus prerrogativas, los Ministros del Interior, Secretarios de Estado que a veces han llegado a sumar más de un año en estas funciones. ¿Quién podrá objetar su real representación popular por provenir de un sistema indirecto o de segundo grado dispuesto así por el pueblo?
Si se eliminan los Senadores institucionales se habrá desposeído al trascendental Poder del Estado que conformamos de la posibilidad de que criterios del todo independientes se hagan sentir tanto en la discusión de los relevantes asuntos que aquí se analizan, como en la elaboración de las normas legislativas que rigen nuestra convivencia. Si se quiere eliminarlos argumentando que han sido desnaturalizados por pertenecer alguno de ellos a definidas y claras corrientes partidistas, bastará que esto se aclare en una modificación especial, estableciendo que no deben integrar partidos políticos.
Similar situación se puede parangonar con la que se pretende establecer respecto del Tribunal Constitucional. Dado lo delicado y el superior rango de sus atribuciones, resulta fundamental que ese órgano sea lo más neutro posible en términos político-partidistas, de modo que nada amague su real independencia para obrar conforme a criterios estrictamente jurisdiccionales en el orden normativo supremo, y que así no se repita más una estructura netamente vulnerable a ser politizada, como ocurría en el período previo a 1973.
Por eso, la Constitución de 1980 determinó que 5 de sus 7 miembros tuvieran un origen no político. Sin embargo, con los cambios que ahora se proponen, dos tercios de su composición estarán de manera clara bajo la real y directa influencia de los partidos y/o coaliciones partidistas.
Resulta por ello preocupante que se fortalezcan las atribuciones del Tribunal Constitucional en este nuevo contexto, sobre todo si las funciones que se le encomiendan derivan de la privación que se pretende hacer de atributos de evidente más clara independencia partidista, como son los del Poder del Estado que representa la Corte Suprema. Ello ocurre específicamente respecto del decisivo punto jurisdiccional de la inconstitucionalidad de las leyes. Con las reformas que se están proponiendo, todo este control de las leyes, tanto a priori como a posteriori, quedaría radicado en el referido órgano de origen esencial y determinantemente político-partidista a que nos hemos referido. Desde la perspectiva de un Estado de Derecho en forma, ese fenómeno me parece del todo preocupante.
Otra área que la Constitución de 1980 pretendió dejar a salvo de la introducción de criterios político-partidistas, sobre todo por los nefastos precedentes que se habían dado y por lo extremadamente peligroso que resultaba, es la relativa a las Fuerzas Armadas. La inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las mismas; la designación en ese cargo de entre 5 oficiales generales de mayor antigüedad; la exigencia de una "proposición previa" del respectivo Comandante en Jefe para los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales castrenses, según la normativa complementaria e inherente por su naturaleza a la Constitución; la participación de los altos Jefes Institucionales en el Consejo de Seguridad Nacional, son todos mecanismos establecidos con el objeto de asegurar el profesionalismo castrense, evitando que en la composición de los altos mandos se pudiera caer en la tentación de optar por criterios de instrumentalización político-partidistas.
De hecho, la experiencia vivida en materia de designación de Comandantes en Jefe bajo el imperio de la Constitución de 1925 es reveladora en sus efectos negativos. Por ejemplo, en el caso de los Comandantes en Jefe del Ejército, entre 1925 y 1973 duraron como promedio 18 meses en su cargo, lo que implica que varios de ellos sólo alcanzaron a ejercerlo por pocos meses, situación que obviamente impide cualquier planificación seria y sistemática en el mando de la institución, limitando así gravemente su desarrollo.
Bajo la normativa presente, las Fuerzas Armadas se han desenvuelto con total normalidad con relación al Gobierno y los desafíos y misiones que les son propios, y sus integrantes tienen una importante mayor certeza de que sus respectivas carreras profesionales se desarrollarán conforme a estrictos criterios técnicos y objetivos, sin interferencia de otras variables ajenas a la vocación militar.
No hay, por consiguiente, situaciones reales que ameriten alterar esa situación, sino sólo pretensiones subjetivas que obedecen en no pocos casos a revanchismos trasnochados, exigencias ideológicas o falaces comparaciones con realidades de otros países que nada tienen que ver con nuestra traumática y única experiencia histórica. Pero, en todo caso, con estas proposiciones se asegura el control político partidista en este decisivo componente de la nación toda.
Al respecto, cabe considerar que el mayor imperativo por resguardar el profesionalismo castrense se originó en Chile ante la introducción de criterios ideológicos que aspiraban a la dominación del poder total y, por lo mismo, a controlar ideológicamente a las Fuerzas Armadas para ponerlas al servicio de sus afanes totalitarios. De hecho, uno de los puntos centrales que se tuvo en vista al momento de discutirse y aprobarse la reforma constitucional a la Carta de 1925, conocido como "Estatuto de Garantías Constitucionales", fue el de asegurar el carácter estrictamente profesional de las Fuerzas Armadas.
La pregunta obvia que cabe hacerse es por qué en ese momento histórico -año 1970- se hizo imperioso reafirmar tal carácter. ¿Qué se temía o qué se esperaba para Chile y sus Fuerzas Armadas? Sería interesante que la Democracia Cristiana nos contestara esa pregunta, por cuanto ella fue la gestora de tal reforma y la que se la impuso al ex Presidente Allende y a la Unidad Popular.
Por otra parte, en lo relativo al rol de garantes de la institucionalidad que se asigna en la Constitución a las Fuerzas Armadas, si bien no cabe duda, como lo propone el proyecto en discusión, de que todos los órganos del Estado son garantes del orden institucional, no puede sin embargo desconocerse que tal función tiene una especificidad en su modo y oportunidad de ser aplicable. Con lo que previene el artículo 90 de la Constitución sólo se quiso resaltar la apropiada singularidad que tiene esa garantía por parte de las Instituciones Armadas, situación que no resulta necesaria con otros órganos del Estado. Dicha disposición no pretendió, pues, excluir la función garantizadora de aquellos otros órganos, sino que no omitir para tales efectos la especificidad de garantes que compete de suyo a las Fuerzas Armadas.
El artículo 90, en efecto, quiere señalar que las Fuerzas Armadas son garantes del orden institucional -como los demás órganos del Estado-, pero bajo modalidades, oportunidades y formas que corresponden a su naturaleza, características y misiones, de modo que su supresión significaría empobrecer cualitativa y cuantitativamente el real sentido respecto de ellas que trae el garantizar el orden institucional del país. Aquéllas tienen, por lo demás, bajo la norma de ser garantes de la institucionalidad, el imperativo de mantener la democracia que asumen cuando se da esta expresión.
Debe subrayarse, al respecto, que en el caso de las Fuerzas Armadas dicha especificidad está estrechamente vinculada a los otros objetivos o misiones que les encarga el artículo precitado, y que las vincula a acontecimientos que comprometan la defensa de la nación y la seguridad nacional. En ese sentido, obviamente representa una misión disuasiva de última instancia, cuando ya en el resguardo de esos bienes supremos se hace evidente la ineficacia de otras soluciones derivadas de la organicidad del país y del cúmulo de deberes compartidos en cuanto a garantizar el orden institucional de la República por parte de los otros órganos del Estado. Así lo reconoció expresamente el histórico acuerdo de la Cámara de Diputados, de 22 de agosto de 1973, convocado por la bancada democratacristiana.
La reforma constitucional que ahora se pretende estudiar, en forma previa a las indicaciones que cada uno formule -aun cuando en definitiva la Comisión no incluyó una proposición sobre el punto de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe ni se resolvió lo relativo al Consejo de Seguridad Nacional-, está orientada nítidamente a hacer desaparecer o debilitar de manera sustantiva aquellas áreas que el Constituyente de 1980 quiso mantener saludablemente al margen del control político-partidista o ideológico.
Desde una perspectiva general, en la apreciación del proyecto de reforma se observa, por otra parte, un aspecto de extrema importancia en las pretensiones de avance partidocrático en nuestra estructura pública a que nos hemos referido. Como se sabe, no es novedosa tal tendencia en nuestra historia, como tampoco lo es la situación de que cuando ese fenómeno se ha acentuado el país ha vivido situaciones de gran conflictividad o de pérdida de energía en el progreso. El caso de la llamada "República Parlamentaria" es la mayor expresión del fenómeno.
De hecho, entre muchas manifestaciones en el sentido señalado que se aprecian en el articulado del proyecto de reforma en análisis y que abarcan varios ámbitos de la vida nacional, merece especial atención lo concerniente al propósito de reforzar la labor fiscalizadora del Congreso y particularmente la de la Cámara de Diputados.
En efecto, se sugiere un conjunto de medidas que, dependiendo del espíritu y orientación que se les dé, podrían estar sentando las bases para una posterior evolución hacia un sistema neoparlamentarista, tal como en su momento aconteció con la reforma de octubre de 1874 a la Constitución de 1833, que de acuerdo con los historiadores sentó los presupuestos para que después de 1891 y hasta mediados de la década del veinte se diera curso, en los hechos, a la ya referida y denominada "República Parlamentaria", cuyas características inspiraron los juicios de don Arturo Alessandri Palma que hemos citado.
Por lo demás, la tendencia a favor de un parlamentarismo o semiparlamentarismo ha estado explícitamente manifestada desde que la Concertación empezó a gobernar, proviniendo la idea principalmente del Partido Socialista, pero concurriendo también personeros u otros sectores o agentes políticos. De manera que no resulta aventurado suponer que nos hallamos en un proceso de calculada mutación de nuestro régimen político presidencialista, y entrando a una etapa ya recorrida varias veces en toda la historia de Chile en la pugna entre los atributos del Poder Ejecutivo y las pretensiones de las frondas, llámense aristocráticas o partidistas.
La Constitución de 1925 trató de zanjar este incordio, aunque a la postre infructuosamente, siendo en este punto la decisión clara del Constituyente de 1980 poner un esquema de solución que diera sólida respuesta a tal dinámica en extremo negativa para los intereses permanentes y superiores del país.
Desde otra perspectiva, no podemos dejar de considerar que estamos entrando aceleradamente en una nueva época. Esta frase, que muchas veces también se utilizó en el pasado, hoy tiene un asidero real muy incisivo sobre todo de la mano de los avances tecnológicos y los límites inconcebibles a que se nos está llevando, con una capacidad formidable de introducir cambios culturales y valóricos profundos en las personas.
En el contexto en que vivimos, lo esperable de una reforma constitucional es que apunte a perfeccionar la Carta Fundamental, y no a desmantelarla. Los puntos más importantes que se pretenden cambiar sustancialmente o hacer desaparecer serían susceptibles de perfeccionamientos con adecuada imaginación creativa, que, junto con mantener la institucionalidad vigente, satisficieran las razones que a lo menos se exigirían como justificación de los cambios.
El aprobar la idea de legislar es abrir las puertas para una reforma verdaderamente regresiva, que nos llevaría de nuevo a experiencias ya sufridas por el país y comprobadamente negativas para su desarrollo.
En la línea del perfeccionamiento, lo que sí de manera sorprendente se echa mucho de menos es un cambio profundo referido a la composición, estructura y funcionamiento de los partidos políticos. Me parece que la ciudadanía ha dado suficientes muestras de aspirar a que se lleve a efecto un cambio bastante decisivo en la manera como se presentan y actúan las colectividades políticas, y, en cuanto legisladores, deberíamos tomar debida cuenta de ello, si decimos que escuchamos la voz del pueblo.
En la consolidación de nuestra democracia y considerando el problema desde el nacimiento de los partidos políticos, aparece un verdadero "eslabón perdido", no solucionado en nuestra estructura republicana, para llevar a la realidad conceptos básicos que conforman la democracia sobre la base de los términos "demos" y "kratos"; es decir, de la relación entre el pueblo y el poder, los dos puntos esenciales de una auténtica democracia. Porque ocurre que nuestro ordenamiento jurídico no contempla un vínculo necesario entre la organización y estructura directiva de los partidos políticos con las correlativas determinaciones del pueblo. Este vacío es evidente y no se satisface con el escaso número de adherentes exigido inicialmente para la creación de un partido político.
La regulación legal de éstos hace posible que tanto su directiva como sus comisiones políticas no requieran obligatoriamente de la integración de personeros que hayan recibido mandato popular a través de elecciones libres, salvo en el estamento de los consejos generales, únicas instancias donde se contempla la presencia de parlamentarios, pero de manera que en definitiva constituyen una minoría.
Por lo tanto, si se analiza la vida política del país y la incidencia que en ella tienen los partidos políticos, atendida la situación señalada puede con seriedad afirmarse que el poder público en definitiva y en la práctica reside en estos agentes colectivos llamados partidos políticos, que tienen el insondable y decisivo vacío, en su misma base, de una desconexión con el pueblo, origen y causa del esquema democrático. A esta enorme desconexión la he llamado el "eslabón perdido" en el sistema democrático, y debiera ser el objeto primordial de una reforma constitucional que en verdad termine con los "enclaves autoritarios", no militares, sino civiles partidistas o "partitocráticos", con sus propias utopías e ideologías y en cuyas organizaciones realmente reside el poder, al disponer las candidaturas y al intervenir en las innumerables instancias de la conducción del país y en el comportamiento dentro de los Poderes del Estado de los personeros que legalmente son los representantes auténticos del pueblo que los eligió.
Si no se resuelve esta anomalía, bastante grande, que es como la viga que no se ve en el ojo propio, la Constitución Política debería ser reformada estructurando la organicidad del país sobre la base de la organización partidista y no sobre los tradicionales Poderes del Estado, cuya composición y ejercicio de sus respectivas atribuciones no puede prescindir de los partidos políticos.
En definitiva, pienso que tenemos que estar a la altura de las circunstancias nacionales y mundiales y de lo que la gente espera de nosotros. Debemos estar dispuestos a ser realmente innovadores, a perfeccionar efectivamente nuestra democracia, pero en el sentido correcto de dar más poder a las personas y a sus organizaciones y no en el de aumentar las condiciones que favorezcan el establecimiento de un monopolio del poder a cargo de los partidos políticos.
En este último aspecto radica uno de los puntos clave: no es que no sean legítimas las opciones personales de vida pública política, como tampoco las asociaciones partidistas, que son de derecho natural y del todo positivas. Lo inaceptable es el monopolio excluyente, que ha llevado a que los políticos partidistas definan como "poderes fácticos" a ámbitos determinantes de la realidad nacional y que, con los debidos resguardos, no pueden ser marginados de la cosa pública. De acuerdo con lo que hemos dicho, y mientras ello no se enmiende, los verdaderos poderes fácticos desde un punto de vista democrático son los partidos políticos, en su estatus deficitario actual frente a la representación de la soberanía popular.
Si aprobamos las reformas planteadas en los términos en que se encuentran elaboradas, lo único que estaremos logrando es distanciar cada vez más al mundo político de la civilidad, con el grave riesgo de ilegitimidad que ello trae consigo para todo el sistema político. Con ellas se ha iniciado un movimiento que arrastrará todo el edificio de leyes orgánicas constitucionales que se derivan de las modificaciones a la Carta, cuya discusión particular ha de comenzar pronto.
Conforme a lo expresado, y dada la entidad de mis apreciaciones y aprensiones, no me ha sido posible aprobar siquiera en general un proyecto tan gravemente distorsionador del orden constitucional que nos rige, nacido de importantes experiencias y que fuera tan larga y hondamente estudiado y sancionado por el pueblo en dos oportunidades.
Por estas razones, he votado negativamente la idea de legislar.
Espero que se ilumine a las personas para tratar de rectificar tales situaciones.
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 21:23.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción