Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 26ª, en miércoles 23 de enero de 2002
Especial
(De 15:16 a 16:9)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:16, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 23ª y 24ª, ordinarias, en 15 y 16 de enero del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor SEPÚLVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, inicia un proyecto de ley que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito, cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y suspende por noventa días la vigencia de los equipos de registro de tales infracciones (Boletín Nº 2.889-15)
Asimismo, incluye el referido proyecto en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional.
--Por acuerdo de Comités, se exime del trámite de Comisión, y queda para tabla.
Con el segundo, hace presente la urgencia, en el carácter de "Discusión Inmediata", respecto del proyecto de ley que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito, cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y suspende por noventa días la vigencia de los equipos de registro de tales infracciones (Boletín Nº 2.889-15).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el tercero, manifiesta que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Carta Fundamental, respecto del proyecto de ley que agrupa a los tribunales de la reforma procesal penal de la ciudad de Santiago (Boletín Nº 2.812-07).
--Se manda remitir el proyecto al Excelentísimo Tribunal Constitucional, en conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 82 de la Carta Fundamental, en relación con el inciso primero Nº 1 de esa misma norma.
Oficios
De la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha dado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto de ley que agrupa a los tribunales de la reforma procesal penal de la ciudad de Santiago (Boletín Nº 2.812-07).
--Se mandó comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Del señor Ministro Secretario General de Gobierno, mediante el cual responde oficios enviados en nombre de los Senadores señores Parra y Pérez, en relación con el pluralismo informativo de Televisión Nacional de Chile.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Mociones
Dieciocho del Senador señor Errázuriz:
Con la primera, inicia un proyecto de reforma constitucional, en relación con la duración en el cargo de Ministro de la Corte Suprema (Boletín Nº 2.869-07)
Con las siguientes, inicia los proyectos de ley que se indican:
1) El que modifica el artículo 10 del Código Penal, relativo a las circunstancias eximentes de responsabilidad criminal (Boletín Nº 2.870-07)
2) El que modifica el artículo 212 del Código Penal, con el propósito de establecer la figura del delito de fraude procesal (Boletín Nº 2.871-07)
3) El que modifica el artículo 144 del Código Penal, en cuanto a la definición de los elementos objetivos que configuran el tipo penal contemplado en la citada norma (Boletín Nº 2.872-07)
4) El que modifica el artículo 145 del Código Penal, sobre la definición de los elementos objetivos que configuran el tipo penal contemplado en la citada norma (Boletín Nº 2.873-07)
5) El que modifica el artículo 161-A del Código Penal, estableciendo elementos complementarios para la definición del tipo penal a que se refiere la citada norma (Boletín Nº 2.874-07)
6) El que modifica el artículo 211 del Código Penal, relativo a la acusación o denuncia calumniosa (Boletín Nº 2.875-07)
7) El que modifica el artículo 222 del Código Penal, acerca del delito de prevaricación de peritos (Boletín Nº 2.876-07)
8) El que modifica el artículo 223, Nº 1, del Código Penal, eliminando la concurrencia del dolo directo en el tipo penal de que se trata (Boletín Nº 2.877-07)
9) El que modifica el artículo 224, Nº 1, del Código Penal, e incorpora en la figura de prevaricación contenida en la norma mencionada el fallar contra ley expresa (Boletín Nº 2.878-07)
10) El que modifica el artículo 224, Nº 7, del Código Penal, e incluye la existencia de una causal de recusación dentro del tipo penal contenido en la citada disposición (Boletín Nº 2.879-07)
11) El que modifica los artículos 399 y 494, Nº 5, del Código Penal, en relación con el delito de lesiones (Boletín Nº 2.880-07)
12) El que modifica el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, sobre procedencia del recurso de casación en el fondo (Boletín Nº 2.881-07)
13) El que modifica el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la vista de la causa en el recurso de apelación (Boletín Nº 2.882-07)
14) El que modifica el artículo 161 del Código de Procedimiento Civil, y establece la certificación que indica al momento de dictar sentencia (Boletín Nº 2.883-07)
15) El que deroga el inciso segundo del artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales, en materia de responsabilidad de los miembros de la Corte Suprema en los casos que indica (Boletín Nº 2.884-07)
16) El que modifica el Código Orgánico de Tribunales, en relación con la queja administrativa (Boletín Nº 2.885-07)
17) El que modifica el artículo 3º del Código Civil, en lo relativo a la uniformidad de la jurisprudencia (Boletín Nº 2.887-07)
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. (Estos proyectos no podrán ser tratados mientras no sean incluidos por Su Excelencia el Presidente de la República en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
_______________

El señor MORENO.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor MORENO.- Señor Presidente, en la mañana de hoy la Comisión de Agricultura celebró una sesión, con el objeto de aprobar el proyecto sobre bolsas agrarias, con las indicaciones que envió el Ejecutivo.
En dicha discusión, se acordó solicitar a la Sala, por intermedio del señor Presidente, la autorización para que las Comisiones de Agricultura y de Hacienda puedan sesionar conjuntamente, a fin de analizar las medidas que plantea el Ejecutivo en sus indicaciones. De otra manera, podría dilatarse el debate y, probablemente, perjudicar la tramitación del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que dicho proyecto sea enviado a las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, unidas?
--Así se acuerda.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor HOFFMANN (Secretario).- La unanimidad de los Comités, en sesión de hoy, acordó lo siguiente:
Respecto del proyecto que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito, cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y que suspende por noventa días la vigencia de los equipos de registro de tales infracciones, se acordó, como ya se dio cuenta, eximirlo del trámite de Comisión y despacharlo en la presente sesión.
V. ORDEN DEL DÍA



SUSPENSIÓN DE USO DE FOTORRADARES Y AMNISTÍA
PARA INFRACCIONES


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El objeto de esta sesión especial es tratar el proyecto, iniciado en mensaje, que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito, cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y suspender por noventa días la vigencia de los equipos de registro de tales infracciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2889-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 26ª, en 23 de enero de 2002.

El señor HOFFMANN (Secretario).- El señor Presidente pone en discusión el proyecto, en primer trámite constitucional, sobre suspensión de la aplicación de los fotorradares y amnistía de las infracciones cursadas.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándolo de "Discusión Inmediata".
Su objetivo es otorgar una amnistía a todos los conductores de vehículos motorizados que, a la fecha de publicación de la ley, hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones y suspender por noventa días la vigencia de los equipos denominados fotorradares.
Por acuerdo de los Comités del día de hoy, se eximió del trámite de Comisiones a tal iniciativa.
Cabe hacer presente que las normas contenidas en el proyecto requieren para su aprobación el voto de 25 señores Senadores.
Finalmente, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, el proyecto debe ser discutido en general y particular a la vez, por tener urgencia calificada de "Discusión Inmediata".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular, el proyecto.

Tiene la palabra el Ministro Secretario General de la Presidencia.

El señor FERNÁNDEZ (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, después de dos días de expectación ciudadana, el Senado está sesionando para pronunciarse sobre la suspención de los fotorradares por noventa días y la amnistía para los infractores detectados con tal mecanismo.
Quiero expresar mi convicción de que el Ejecutivo y el Congreso han actuado inspirados por el bien común, tratando de encontrar la mejor fórmula de solución al problema que nos ocupa.
Si la decisión del Gobierno de retirar el proyecto ya aprobado por el Senado ha sido un empleo brusco de esta prerrogativa legislativa, ofrezco mis excusas a la Corporación; pero nuestro propósito sólo ha sido impedir que la disparidad de criterios entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo se formalizara a través de un veto.
Existe la percepción de que en la operación de los fotorradares se ha incurrido en abusos. Al margen de que éstos registran infracciones, las personas creen que los municipios no los han utilizado con el objeto de velar por el respeto al ordenamiento jurídico del tránsito y de evitar accidentes, sino como instrumento para recaudar recursos.
En el diario "El Mercurio" de Santiago de hoy se consignan las recaudaciones que arrojó el sistema. Dicho listado lo encabezan los principales municipios del país.
Además, la existencia de un Registro de Multas Impagas, de consulta obligatoria por los municipios al momento de renovar permisos de circulación, ha generado inquietud en la población por la posibilidad de verse afectada por dicho instrumento.
La moción de los Senadores señores Andrés Zaldívar y Ríos recogió esta inquietud y planteó una alternativa de solución: derogar el Registro de Multas Impagas, así como el mecanismo de fotorradares. Además, proponía una amnistía para todos los infractores detectados por ese instrumento.
La semana recién pasada el Senado aprobó unánimemente esa moción, luego de un análisis en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y de una discusión muy acotada en la Sala. El Ejecutivo explicitó su posición en esta materia en dicha comisión, aunque sin presentar indicaciones.
El Gobierno -quiero decirlo con mucha claridad- es partidario de los fotorradares como instrumentos auxiliares, pero no de los abusos en que se ha incurrido con su operación. Ellos constituyen un mecanismo moderno para detectar infracciones y se utilizan en muchos países, con fructíferos resultados en la prevención y disuasión de transgresiones a la normativa y en la disminución de accidentes de tránsito. La única investigación empírica disponible efectuada en la Municipalidad de Santiago apunta en ese sentido.
Deseo mencionar un ejemplo sobre empleo de tecnología que es análogo a la situación que nos ocupa.
En el próximo tiempo, el Gobierno ingresará a trámite legislativo un proyecto de ley destinado al cobro automático de los peajes en las vías urbanas concesionadas. Esto operará también mediante un mecanismo electrónico, que se ubicará dentro de los automóviles, de modo de registrar cada paso por dichas vías. El usuario recibirá sólo el cobro por el uso de las mismas.
En eso también hay tecnología de punta. Pero para que opere el sistema -al igual como en el caso que estamos tratando- es esencial que nadie eluda el pago de los peajes ni cometa infracciones de tránsito.
Por lo tanto, la derogación de los fotorradares y del Registro de Multas Impagas es un asunto cuyo tratamiento debería tomar más tiempo y estudio. Por ello, decidimos retirar el proyecto.
Después de los debates de ayer, agradezco la disposición del Senado para acoger una fórmula de entendimiento a través del proyecto en debate.
La iniciativa, en primer lugar, suspende la aplicación de los fotorradares por 90 días. Dentro de este plazo deberemos identificar los perfeccionamientos necesarios al sistema, para corregir abusos y vacíos. En esa línea, el Gobierno desea anunciar en esta oportunidad que también revisará el destino de los ingresos que se recauden por las multas provenientes de las infracciones cursadas sobre la base de fotorradares, con el propósito de que no se establezca una relación entre infracciones y recaudaciones para las arcas de cada municipio.
Se buscará, entonces, el perfeccionamiento del sistema de fotorradares, y no la derogación de su empleo.
Los perfeccionamientos al sistema se harán mediante indicaciones a la moción de los Senadores señores Andrés Zaldívar y Mario Ríos, las que se presentarán en marzo en la Cámara de Diputados, reponiéndose el proyecto en esa Corporación.
En segundo término, la iniciativa en discusión amnistía a todos los infractores, para lo cual recoge exactamente lo propuesto en la referida moción y se hace cargo de un clamor popular.
En tercer lugar, el proyecto sometido a la consideración del Senado no toca el Registro de Multas Impagas -éste mantiene su plena vigencia-, pues en él se anotan no sólo las multas no pagadas por infractores y que son cursadas sobre la base de fotorradares, sino también todas las infracciones de tránsito morosas.
En definitiva, creo que estamos en presencia de una buena fórmula. Lo pudimos hacer de otra manera, quizás. Pero lo relevante es que la encontramos y los beneficiarios, a pesar de las críticas que hemos recibido, serán las personas. En este sentido, la Constitución da facultades a ambos Poderes del Estado para buscar el bien común.
Junto con reiterar una vez más mi agradecimiento por la disposición tenida por la Cámara Alta ¿especialmente del señor Presidente -, formulo un llamado para que el proyecto de ley sea aprobado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Deseo agradecer muy sinceramente al señor Ministro las palabras que ha expresado hacia el Senado y las proposiciones que ha traído a la Sala.
Efectivamente, se trata de una materia que hemos podido superar con un buen entendimiento y con proposiciones concretas, respecto de las cuales creo que la Corporación está atenta como para proceder a su despacho.
Además, deseo destacar la voluntad de los Comités del Senado de reunirse hoy en la mañana para analizar el tema y de dar su acuerdo para celebrar esta sesión especial, con el objeto de abocarnos al tratamiento de la iniciativa.
La idea es que, si la Sala se pronuncia hoy -como debe ser-, el proyecto se remita a la Cámara de Diputados y que el asunto quede zanjado en los términos propuestos.
En todo caso, deseo manifestar que hay una proposición de los Comités -ya se la hice presente al señor Ministro- que podría ser considerada: en lugar de un plazo de 90 días, se establezca uno de 120 días. A mi juicio, la petición es razonable y en nada entorpece la tramitación del proyecto.
El señor FERNÄNDEZ (Ministro Secretario General de la Presidencia).- De acuerdo, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, con motivo de este análisis, deseo dar a conocer un antecedente importante que, en mi opinión, es revelador de cómo se ha manejado la situación relacionada con los fotorradares.
Hace algún tiempo, recibí la denuncia de don Jaime Valdés González y de su esposa Lorena Soto Zamudio, quienes, cuando iban de viaje a Valdivia, tuvieron que pasar por la Municipalidad de Pitrufquén, que se encuentra dentro de mi circunscripción y está ubicada en un lugar contiguo a la carretera.
Ellos hicieron una denuncia a varias personas para que investigaran el hecho insólito de que en plena carretera había una señalización que exigía disminuir la velocidad a 30 kilómetros por hora.
Pues bien, el hecho es que el 12 de enero les cursaron una infracción con apoyo del fotorradar; y el 19 del mismo mes, cuando volvían a Santiago, también fueron sorprendidos, pero ahora con la diferencia de que en la ruta no había aviso que indicara disminuir la velocidad de 100 a 30 kilómetros por hora, pese a lo cual se les hizo efectivo un segundo parte.
Frente a tal situación, esas personas me enviaron una carta. Exigí a la Contraloría General de la República una investigación sobre la materia. Para no extender mis observaciones, daré lectura a dos párrafos de la resolución emitida por el organismo contralor, que fue firmada por el Contralor Regional, señor Ives Zegers Lynch, y acreditada por el fiscalizador del mismo, don Nelson Muñoz Araya.
Dice: "Ahora bien, en conocimiento de que el Inspector Municipal señor Luis Moreno Jara, el día 19 de enero de 2001 hacía uso de permiso con goce de remuneraciones y don Mauricio Palma Parra" -son los inspectores que cursaron los partes- "se encontraba, según el Decreto Alcaldicio Exento Nº 003, de 2001, con feriado legal de 10 días a contar del 15 de enero de 2001, se solicitó en la oficina de fotorradar la nómina de las placas patentes infraccionadas el día 19 de enero de 2001, remitida por la Empresa "Los Andes Ingenieros Constructores S.A.", verificándose 56 partes cursados.".
"A su vez, se requirió parte de los denuncios efectuados, correspondientes a la nómina de las placas patentes infraccionadas el día 19 de enero de 2001, verificándose en 17 de ellos la situación irregular de que el Inspector Municipal que denunciaba las infracciones cometidas ese día en particular al Juzgado de Policía Local de Pitrufquén era el funcionario municipal don Luis Moreno Jara, funcionario municipal que como se expresó anteriormente, hacía uso de permiso administrativo, documentos que además habían sido certificados previamente, según manifestó el Inspector, por el Director de Tránsito don Juan José Chesta Garcés, acreditando que el Inspector en cuestión habría obtenido los medios de prueba operando un equipo con sujeción a la ley.".
Como los señores Senadores pueden observar, se trata de un hecho grave donde se ha sustituido a dos inspectores que, no obstante estar de vacaciones, aparecen firmando un parte por infracción registrada mediante fotorradar. Y figuran como cómplices de esa irregularidad el Director de Tránsito de la Municipalidad y el propio Juez de Policía Local.
De la conclusión del fiscalizador de la Contraloría Regional se desprende claramente que procede disponer la investigación administrativa y sancionar a los responsables, es decir, a quienes suplantaron a los inspectores municipales para cursar los partes por infracciones registradas por fotorradar. El señor Contralor me señaló que desgraciadamente no puede sancionar al Alcalde, pues esto compete a un tribunal de la justicia ordinaria.
Lo expuesto demuestra cómo para allegar recursos una municipalidad recurre a los procedimientos más insólitos y aun reñidos con las disposiciones legales. A eso debe agregarse que la ley otorga un plazo de 45 días para efectuar las notificaciones, el cual en los casos descritos se hallaba excedido.
¡He ahí, señor Presidente, la clase de irregularidades que nos impulsaron a aprobar por unanimidad el proyecto anterior, para evitar que se continuara usando y abusando de este procedimiento!
Lo que nosotros hemos señalado es la inconveniencia, no de los fotorradares sino del uso abusivo de ellos y de resquicios legales en cada una de las normativas sobre la materia, por cuyo motivo en vez de constituirse en un elemento de prevención de accidentes de tránsito han pasado a ser un sistema captador de fondos para financiar los municipios.
El proyecto que la semana pasada aprobamos de buena fe, no contiene ningún elemento contrario ni irregular. Sin embargo, las municipalidades se valieron de resquicios legales para detener su tramitación e ir por distintos caminos que los contemplados unánimemente aquí para corregir la posibilidad de accidentes de tránsito en lugares donde habían ocurrido otros y costado la vida al conductor o causado daño a otras personas.
Me alegro de que el Gobierno haya reaccionado y enviado el proyecto de ley en debate -que de alguna manera permite rectificar el retiro de la convocatoria de la iniciativa indicada- amnistiando a todos los conductores de vehículos motorizados que hubieren sido denunciados por infracciones mediante estos procedimientos irregulares, contrarios a la ley e incluso delictivos. ¡Delictivos!
La presente normativa nos da plazo para introducir correcciones al sistema de fotorradares a fin de que puedan ser usados con propiedad y con miras al objetivo que se persigue. Por cierto, nosotros propiciaremos que los fondos por ese concepto vayan al Fondo Común Municipal, para su distribución. Así, dejará de ser una tentación para algunas municipalidades pobres el hacerse de recursos a costa de la ingenuidad -y también de la mala fe en el uso del sistema- de algunas personas.
De otro lado, es necesario destacar que el artículo 1º de la iniciativa, al establecer la amnistía, habla de quienes hayan incurrido en contravenciones "a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones,". O sea, se refiere a elementos de radar fijos o móviles. Debemos estar conscientes de que comprende a todos los aparatos fijos y a todos los móviles. No hace distingos, por ejemplo, entre una pistola o un equipo fijo, sino que estatuye claramente que el factor probatorio haya emanado de "algún equipo de registro de infracciones".
Reitero, para los efectos del establecimiento de la historia de la ley, que el proyecto del Ejecutivo se refiere a todos los equipos que controlan a través del radar, sean los de Carabineros de Chile o los fotorradares operados por inspectores municipales.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, con el propósito de que no haya problemas, le aclaro inmediatamente que lo señalado por Su Señoría dice relación a la amnistía, no al uso de fotorradares.

El señor LAVANDERO.- Por eso digo que se refiere a todos los equipos de esa naturaleza.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Insisto en que sólo tiene que ver con la amnistía por las infracciones detectadas mediante esos sistemas de registro.
Durante la discusión de nuestro proyecto, la semana pasada, quedó claro que él no suprime los equipos que usa Carabineros de Chile, sino solamente los fotorradares. Y el que ahora nos ocupa suspende en forma momentánea el uso de estos últimos, pero esencialmente concede amnistía por las infracciones derivadas de ellos.
_______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura ha solicitado autorización para funcionar simultáneamente con la Sala de 15:30 a 16, y para que quienes la integran depositen su voto en la testera.
--Se accede.
_______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Lamento discrepar del señor Presidente, que se halla en la testera; pero, en fin, igual reafirmo lo que dije sobre el artículo 1º, que expresa: "Concédese amnistía a todos los conductores de vehículos motorizados que, a la fecha de publicación de esta ley, hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones,".
El texto citado no excluye los equipos que utiliza Carabineros de Chile. De manera que si no es ésa la intención debe corregirse el precepto, para que no se diga después que los Parlamentarios presentamos iniciativas legales imprecisas o con elementos que más adelante no sirven.
Aquí hay un hecho claro: el Ejecutivo ha enviado un proyecto confuso que ampara todo tipo de equipos de radar, sean fijos o móviles, instalados por las municipalidades (fotorradares) u operados por funcionarios de Carabineros.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Reitero a Su Señoría que el artículo 1º de la normativa en discusión tiene que ver sólo con la amnistía, que sí incluye las infracciones derivadas de todo equipo de registro.
La iniciativa que pasó a segundo trámite a la Cámara de Diputados aborda otro tema.

El señor ROMERO.- Tiene razón el señor Presidente. Se concede amnistía por toda infracción derivada de esa clase de equipos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sí. La amnistía es respecto de los partes.
El señor LAVANDERO.- Lo relativo a los fotorradares se resolverá dentro de 120 días.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Restan tres cuartos de hora para analizar y votar la iniciativa. A las 16 debe estar despachada.
Los señores Senadores que lo deseen pueden dejar su voto en la testera, sin necesidad de intervenir.
Quedan inscritos cuatro oradores, a quienes les pido que ojalá restrinjan su discurso al tiempo más breve posible.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, la Ley de Tránsito provoca muchísimos problemas. Los fotorradares son sólo la punta del iceberg y la cuestión principal a su respecto es el destino de los fondos.
Tal vez logremos terminar con el sistema de fotorradares, pero igual se producirá un abuso sistemático en contra de los automovilistas, como sucedía ya antes de la existencia de esa clase de registro. Cabe recordar que se fijaba una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y Carabineros cursaba alegremente los partes cuando los vehículos iban a 35. ¿Por qué? Porque generalmente la municipalidad instalaba la señal limitando la velocidad a 30 justamente para poder cobrar las multas, que benefician a la entidad comunal.
A mi juicio, no debería aplicarse la misma pena el conductor de un vehículo que circula a exceso de velocidad, por ejemplo a 62 kilómetros por hora en una zona en que la máxima es 60, que al que lo hace a 150 donde la máxima es 80. ¡No es lo mismo! El grado de peligro a que se expone la persona a sí misma y a terceros es muy distinto.
No es lo mismo, tampoco, que un camión (con toda la masa que arrastra) ande a exceso de velocidad, a que lo haga un auto pequeño. Obviamente, la factibilidad de que éste cause daños a terceros es mucho menor.
Resulta inadmisible que las sanciones sean iguales para todos los casos y que la ley no haga distingo, en cuanto a exceso de velocidad, sobre el tipo de vehículo de que se trate.
En ese sentido, el 22 de agosto de 2001 los Senadores señores Chadwick, Novoa, Stange y quien habla presentamos un proyecto que aborda muchos de esos aspectos, porque consideramos que la Ley del Tránsito acusa severos defectos. Sin embargo, no ha figurado en la convocatoria, y pido al Ejecutivo que lo incluya para que podamos empezar a estudiar en forma más amplia todo lo relativo a esa legislación porque, insisto, son múltiples las materias que deberemos analizar.
Llama la atención la actitud que en general ha mostrado el Ministerio de Transportes, o la Subsecretaría del ramo, frente al abuso horroroso que ha significado la operación de los fotorradares. Venimos señalando este hecho desde hace unos dos años y medio, y hoy hemos tenido que recurrir a un proyecto como éste, que concede una amnistía y que, en el fondo, prohibe el funcionamiento de fotorradares, sencillamente porque nunca se han tomado medidas razonables frente al problema.
El Ejecutivo no puede seguir ignorando los rumores a voces -no sabemos si son ciertos, falsos o malintencionados-, difundidos por todas las radioemisoras y programas de información, acerca de posibles conexiones entre funcionarios del Ministerio de Transportes y empresas de fotorradares.
Opino que, ya sea para limpiar el nombre de aquellos funcionarios, o para que la ciudadanía sepa la verdad, el Gobierno debe darles respuesta. Espero que no sea verdad. Nada me consta. Pero la autoridad no puede seguir ignorando esas graves acusaciones.
Me apuntan que la iniciativa está en la convocatoria, pero no ha sido estudiada. En ese caso, señor Presidente, solicito ponerla en tabla.
En seguida, debo señalar que, en lo referente a la utilidad de los fotorradares, solamente el ocho por ciento de los accidentes que ocurren en Chile se debe a excesos de velocidad. ¡Sólo ocho por ciento! Sin embargo, éste es el único factor que en la práctica se controla. Es obvio que aquí se ha producido una falla gravísima de la CONASET, y también de la Subsecretaría de Transportes, porque todavía la ciudadanía carece de información respecto de los lugares y las causas donde se produce la mayoría de los accidentes, y cuáles son mortales o graves. Se insiste en el exceso de velocidad como causa, y en el uso de los fotorradares. Sin embargo, todo parece indicar que las causas principales de los accidentes son los malos accesos, la deficiente condición de los caminos, las señalizaciones inadecuadas, y no el exceso de velocidad.
Por otro lado, mientras no aclaremos el problema de fondo, que es el destino del dinero producto de los partes, los abusos continuarán. Por ejemplo, en este minuto, en la Carretera del Sol se están pasando partes a algunos automovilistas por circular por la pista izquierda. ¡Por eso se levanta una infracción! ¡Es una estupidez! Probablemente, luego nos obligarán a los que transitamos por la Avenida Kennedy a conducir por la pista derecha, y cursarán partes por ocupar la pista izquierda de esa vía. Debo advertir que, desde el punto de vista de la seguridad, todos los países modernos procuran que, ojalá, nunca nadie se cambie de pista. La mayoría de los accidentes no se producen por desplazarse por la derecha o por la izquierda, sino por esa maniobra.
En Inglaterra, donde hay carreteras de cuatro pistas, se usan grandes carteles que dicen "Por favor evite el cambio de pista", porque¿insisto- es la causa de la mayor parte de los accidentes. Sin embargo, acá quieren que nos movilicemos por la derecha. En verdad, toda la ley carece absolutamente de sentido.
El origen de esta situación es el apetito insaciable de las municipalidades por conseguir más dinero. Por sus déficit, dependen en su mayoría de los recursos provenientes de los partes para pagar las cuentas de luz, de agua. Por lo tanto, todo el sistema de multas y la Ley de Tránsito no tienen por objetivo la seguridad de las personas, sino cómo sacarles dinero a los automovilistas.
Chile registra tasas por concepto de invalidez y muertes en accidentes del tránsito que resultan vergonzosas e inaceptables. Exhibe tasas que en verdad no es posible seguir aceptando. Esta situación nunca se ha abordado en forma sistemática, y la labor que debería cumplir al respecto la Subsecretaría del ramo ha sido francamente deficiente. Lo hemos señalado aquí en numerosas oportunidades, y espero que algún día abordemos el problema en su conjunto, y no sigamos legislando como ahora, con medidas de parche, con amnistías (ésta es la segunda que tenemos que dictar), porque los automovilistas, a coro, están alegando por el tremendo abuso de que han sido objeto.
La situación de esta actividad en Chile no es aceptable. Tenemos una ley anticuada, mala, carente de sentido y de lógica, por lo que es hora de corregirla con seriedad.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, entraré derechamente a tratar el proyecto, el que, aparentemente, busca zanjar un problema de coordinación surgido al interior del Ejecutivo.
Me pregunto si en realidad esta iniciativa es necesaria.
El proyecto de amnistía de los Senadores señores Andrés Zaldívar y Ríos reproduce textualmente la parte pertinente de la ley Nº 19.676, que trató de salvar el problema en su momento. Y simplemente la actualizan para hacer extensivos sus efectos al año 2001. Y, a su vez, el proyecto del Ejecutivo hace exactamente lo mismo.
La ley Nº 19.676 no sólo concedió la amnistía, que tuvo su origen en el trabajo de la Comisión Mixta, que me tocó presidir. De hecho, la indicación respectiva fue una iniciativa personal, porque precisamente habíamos advertido lo mismo que hoy fundamenta la inquietud de los autores del proyecto, y ahora la del Gobierno: el mal uso de los fotorradares.
Pero quiero señalar que esa misma iniciativa estableció exigencias perentorias para la utilización de los equipos de fotorradar, y no sólo de éstos, sino que de cualquier equipo en general. En tal sentido, lo que ha afirmado el Senador señor Lavandero es efectivo.
El concepto contenido en el artículo 3º de la ley de amnistía, reproducido por las distintas iniciativas legales anteriores, debemos entenderlo en el contexto de la mencionada ley Nº 19.676, que hizo extensivas sus normas a todo elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones a la Ley de Tránsito: fotorradares, pistolas o cualquier instrumento que sirva para grabar, por medios tecnológicos, alguna forma de probar la infracción al tránsito de que se trata. De manera que hay que entenderlo en el sentido amplio.
Sin embargo, para utilizar esos equipos, a partir de dichas disposiciones, debían cumplirse una serie de exigencias. Y me pregunto si efectivamente se ha procedido en tal sentido, porque tengo la impresión de que no ha ocurrido así.
¿Cuáles son las exigencias que establece el artículo 2º de esa disposición que, curiosamente, en el número 2 del presente proyecto, propone suspender por 90 días precisamente las normas que aseguraban que, antes de utilizar los elementos probatorios, se han de establecer las condiciones para su uso?
En mi opinión, esto es francamente inentendible. Las disposiciones que se quieren suspender son precisamente las que establecen los requisitos para el uso de los fotorradares y demás elementos de carácter tecnológico. ¿Cuáles son? Están al alcance de la mano, y hoy día son ley, aprobadas por el Congreso, y dicen: "Las normas de tránsito cuyo cumplimiento se fiscalice mediante el uso de los equipos antes mencionados, deberán estar señalizadas de conformidad a las disposiciones del manual de señalización de tránsito, cuando corresponda.".
Debo preguntar si el manual de señalización de tránsito ha sido dictado. No lo ha sido.

El señor MORENO.- El manual existe.

El señor LARRAÍN.- No. Lo que pasa es que este manual debía actualizarse para cumplir el objetivo, y, además, dar cumplimiento al otro que figura más adelante en el propio texto que estoy citando, y que dice en el número 2, inciso primero del artículo 161 de la Ley del Tránsito: "Se sustituye la expresión "y previo informe de Carabineros" por la siguiente: "previo informe de Carabineros y previo estudio elaborado de acuerdo a los criterios que contemple el Manual de Señalización de Tránsito para la determinación de las velocidades máximas".
Es decir, la lógica de la ley era que el uso de los fotorradares fuese objeto de una regulación de acuerdo con lo señalado en dicho Manual, el que debe predeterminar los límites de velocidad a los cuales habrá de sujetarse la aplicación de los equipos pertinentes.
Por consiguiente, ningún municipio puede utilizar hoy esos equipos si el Manual de Señalización de Tránsito no ha fijado los criterios para determinar las velocidades. Y como esto no se ha hecho, ya tenemos una primera forma de impedir que las municipalidades o Carabineros utilicen los fotorradares, porque falta actualizar el Manual en comento.
En segundo lugar, la ley vigente establece que "El reglamento, que se expedirá por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, contemplará los estándares técnicos que tales equipos" (aquellos de los cuales estamos hablando) "deberán cumplir en resguardo de su confiabilidad y certeza, y establecerá las condiciones en que han de ser usados para que las imágenes u otros elementos de prueba que de ellos se obtengan puedan servir de base para denunciar infracciones o contravenciones.".
Ese reglamento tampoco ha sido dictado. Por ende, no pueden aplicarse los equipos de fotorradares u otros semejantes, pues para ello se requiere que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establezca los estándares, lo que no ha sucedido.
Pero hay más, señor Presidente. La misma normativa agrega: "Para que carabineros o los inspectores fiscales o municipales puedan utilizar equipos de registro de infracciones de propiedad de particulares, los contratos con éstos deberán celebrarse luego de licitación pública, en cuyas bases se establecerá que el contrato será adjudicado al proponente que efectúe la mejor oferta económica. Se prohíbe estipular en los contratos la obtención de un número mínimo de películas, fotografías u otros de los elementos probatorios a que se alude en el inciso tercero durante un período determinado, o la presentación de alguna cantidad de denuncias, así como relacionar, directa o indirectamente, el valor de los servicios con la cantidad de elementos probatorios obtenidos o de denuncias efectuadas, ni con el monto de las multas aplicadas o percibidas.".
Señor Presidente, este proyecto es innecesario. Bastaría que el Ejecutivo aplicara las normas legales vigentes, que impiden el uso de los fotorradares u otros equipos como registro de infracciones mientras no se cumplan las exigencias que consigna la ley. Esto fue propuesto en el informe de la Comisión Mixta, y en su momento, aprobado por la Cámara de Diputados, el Senado y el Presidente de la República. Bastaría, entonces, cumplir tales regulaciones. Y el Ejecutivo tiene todo el tiempo para lograr que ello ocurra.
Pienso, señor Presidente, que la situación es bastante paradójica: estamos tratando de legislar sobre algo ya resuelto por la ley.

El señor RÍOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor LARRAÍN.- Por consiguiente, solicito que, más que dictar nuevas leyes, apliquemos las actuales.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.

El señor RÍOS.- ¿Me permite una interrupción, Su Señoría?

El señor MUÑOZ BARRA.- Con todo gusto, si la Mesa lo permite.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, lo señalado por el Honorable señor Larraín es efectivo y muy razonable: el problema radica en que el Reglamento contiene normas que no han sido ejecutadas.
La totalidad de los elementos que utiliza Carabineros -por ejemplo, los radares- para cumplir las funciones que le asigna la ley deben exhibir un certificado previo de su funcionamiento, pero la verdad es que ninguno lo tiene. Eso no significa que dichos equipos sean malos o que funcionen inadecuadamente. Empero, existe un problema burocrático y administrativo que debió solucionarse.
Tenemos el convencimiento más absoluto, Honorable señor Larraín, de que ninguno de los fotorradares que se utilizan hoy en el país cuenta con dicho certificado.
Desde el punto de vista práctico, si todos los automovilistas fueran tan entendidos en la materia como el Senador señor Larraín, en Chile no habría problemas. Pero la cuestión deriva de que incluso los propios jueces de policía local asumen posiciones distintas. Aún más, respecto de las fechas en que se exime del pago de multas ya cursadas, la propia Corte Suprema no se pronunció y dejó a los propios magistrados de policía local que aplicaran su criterio.
Por lo tanto, sobre una ley se dictará otra que dejará claro un criterio nacional para los efectos de estudiar con tranquilidad, en el curso de tres o cuatro meses, una reformulación de todo el proceso, respecto de la cual -como expresé- el país entero está convencido.
Concordando, entonces, en que muchas cosas ya están resueltas, me parece que, por la complejidad del problema y el desconocimiento de los afectados, procede aprobar nuestra proposición y la del Ejecutivo, para claridad del país.
Muchas gracias, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Está con la palabra el Honorable señor Muñoz Barra. Sin embargo, reglamentariamente, debo solicitar el asentimiento de la Sala para prorrogar la hora de la sesión especial -ella terminó y la votación debía comenzar a las 16-, entendiendo que la sesión ordinaria se iniciará una vez que ésta concluya.

El señor LAVANDERO.- Empálmela, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No, señor Senador, porque se nos presentará un problema de quórum.

El señor LARRAÍN.- De acuerdo, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece al Senado, se prorrogará la hora.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.

El señor LARRAÍN.- Perdón, señor Presidente, pero quiero recuperar el uso de la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Su Señoría concluyó.

El señor LARRAÍN.- Concedí una interrupción al Honorable señor Ríos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No, señor Senador: la interrupción fue otorgada por el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor LARRAÍN.- Entonces, ¿puedo pedir una interrupción al Honorable señor Muñoz Barra?

El señor MUÑOZ BARRA.- Si Su Señoría se compromete a ser breve...

El señor LARRAÍN.- Muy breve.

El señor MUÑOZ BARRA.- ...y la Mesa lo permite, con el mayor agrado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor HAMILTON.- ¡La del Honorable señor Larraín es una infracción grave...!

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, si, según lo señalado por el Honorable señor Ríos, lo que justifica la existencia de la ley en proyecto es la no aplicación de la legislación vigente por los jueces, corresponde que mantengamos la amnistía. Sin embargo, carece de sentido que suspendamos la vigencia de los artículos de la ley en vigor que permiten el debido funcionamiento de los fotorradares.
Eso es lo que no logro entender.
Por eso, si el argumento para avalar este proyecto es el de que no se ha aplicado la ley, concedamos amnistía, y por un período más largo de lo que la iniciativa sugiere, hasta que se normalice la situación. Pero la normativa del caso está vigente y en ella se contienen los criterios para resolver el problema.
Por lo tanto, habría que aprobar el artículo 1º del proyecto, pero no el 2º, porque éste, sin ninguna lógica, suspende la aplicación de las normas que permiten resolver el problema.
Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Advierto a la Sala que, luego de la intervención del Honorable señor Muñoz Barra, los próximos oradores inscritos deberán fundamentar el voto. Si no, algunos Senadores que lo interpretan así -no es mi caso- podrían solicitar el fracaso de la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, haré una breve aclaración.
El Honorable señor Larraín tiene mucha razón en lo que expuso. Pero nos habría ayudado sobremanera si hubiese hecho sus planteamientos cuando tratamos el proyecto presentado por los Senadores señores Ríos y Andrés Zaldívar. ¡Por Dios que nos habríamos evitado un sinfín de problemas a posteriori!

El señor LARRAÍN.- Doy mis excusas. No leí ese proyecto. Pero...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay lugar a interrupciones, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Perdón, señor Presidente.

El señor MUÑOZ BARRA.- Ahora bien, no me gustaría pensar, señor Presidente, que la iniciativa en debate viene enfrascada en la lógica de la zanahoria y el garrote: la zanahoria sería el artículo 1º, porque concede la amnistía, y el garrote, el artículo 2º, cuando suspende por 90 días la vigencia de los fotorradares. Porque, ¿qué va a pasar después de ese plazo?
Hace unos días me encontré con un alcalde que me interpeló manifestándome que constituiría una aberración que en el Senado impidiéramos la vigencia de los fotorradares. Cuando traté de explicarle cuáles eran los aspectos que analizábamos, me respondió: "¡Imagínate el problema que me vas a crear en el desfinanciamiento que afecta a mi municipio!".
Aquello me dejó muy claro que la implementación de los fotorradares no está orientada a velar por la vida de los conductores o de las personas que caminan por las calles, o esporádicamente, también por las carreteras, sino que tiene una intencionalidad de financiamiento ante el desfinanciamiento de los municipios.
Hay un refrán que dice que "Lo que abunda no daña". Pero creo que en este caso daña. Porque el Estado es el responsable, en gran medida, de la protección de la vida de las personas en las carreteras y calles de nuestro país. Por eso en los últimos años ha habido avances bastante importantes en la infraestructura vial, una mayor profesionalización de los conductores y más requisitos para obtener la licencia pertinente; se han incorporado instrumentos de prevención, como los equipos de registro que usa Carabineros; se ha liberado de tareas administrativas a efectivos de la policía uniformada, para permitirles dedicarse a las labores que les atañen más directamente. Pero lo que produce sospecha e inquietud y se cuestiona por todo el mundo es esta sociedad entre municipios y empresas privadas.
Por la prensa me enteré de que 47 municipalidades han recaudado 4 mil millones de pesos. Y hay cosas que resultan extrañas, raras. Leo: "Un extenso informe preparado por la Contraloría General de la República comprobó que 47 municipios cuentan con el sistema de fotorradares, de los cuales cerca de 30 han contratado el servicio sin la licitación pública exigida por la ley.". Es decir, aquí ha existido una relación muy íntima, muy directa, entre las municipalidades y estas empresas. Y eso no es claro ni transparente.
Tampoco se sabe si los 4 mil millones de pesos recaudados por los municipios se han empleado en la construcción de lomos de toro, en semáforos, en señalizaciones, etcétera. No hay una acentuación visible en esos aspectos.
Por tanto, coincido con el señor Senador que sostuvo que esto de los fotorradares está un poco de más. Y, fuera de eso, las estadísticas indican que en muchos de los lugares donde aquéllos se hallan instalados proliferan los accidentes. Entonces, ello hace pensar que su emplazamiento obedece a la finalidad que señalé.
Sabemos -así se informó en la Comisión de Transportes, a la que pertenezco- que algunos municipios han recibido 500 partes en un día -¡500 partes en un día!-, lo cual es bastante extraño e insólito. Ocho de ellos han obtenido la mayoría de los 4 mil millones de pesos. La comuna de Pitrufquén (se refirió a ella el Honorable señor Lavandero) ha recaudado casi 200 millones de pesos por concepto de tales partes desde 1997 a la fecha.
Por esa razón, y a pesar de la amnistía, para ser consecuente con mi preocupación de que el Ejecutivo no hubiere mejorado la moción de los Honorables señores Andrés Zaldívar y Ríos por la vía de las indicaciones o del veto, me voy a abstener en cuanto a este proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hago presente a la Sala, y en particular a los dos oradores inscritos que aún no han intervenido, que frente a un posible reclamo sólo tengo una salida desde el punto de vista reglamentario: levantar esta sesión y abrir la siguiente, para efectuar en ella la votación del proyecto. Porque ya estamos sobrepasados en el tiempo.
Otra alternativa es que aquellos dos Senadores renuncien al uso de la palabra, permitan recoger la votación y así...
No existe acuerdo al respecto.
Por ende, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 16:9.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción