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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 43ª, en miércoles 16 de agosto de 2006
Especial
(De 12:17 a 14:4)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,
Y JAIME NARANJO ORTIZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, las señoras Ministras Secretaria General de la Presidencia, doña Paulina Veloso Valenzuela y de Minería, doña Karen Poniachik Pollak. Asisten, asimismo, el Presidente Ejecutivo de CODELCO, señor Juan Pablo Arellano Marín; la Directora Ejecutiva de la CONAMA, señora Ana Lya Uriarte Rodríguez; el Director Nacional del SERNAGEOMIN, señor Patricio Cartagena Díaz; la Vicepresidente Corporativa de Excelencia Operacional, Promoción y Sustentabilidad de CODELCO, señora Isabel Marshall Lagarrige, y el Director de Gestión Ambiental de CODELCO, señor Fernando Toledo Tapia.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:17, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. ORDEN DEL DÍA


PASIVOS AMBIENTALES DE CODELCO

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Esta sesión ha sido convocada para tratar el tema de los pasivos ambientales de la Corporación Nacional del Cobre.
Están invitados la señora Ministra de Minería y Energía, el señor Presidente Ejecutivo de CODELCO, la señora Directora Ejecutiva de CONAMA y el señor Director Nacional del SERNAGEOMIN.
Solicito la anuencia de la Sala para que ingresen también la señora Vicepresidenta Corporativa de Excelencia Operacional, Promoción y Sustentabilidad y el señor Director de Gestión Ambiental de CODELCO.
--Se accede.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre.

El señor ARELLANO (Presidente Ejecutivo de CODELCO).- Señor Presidente, aprovechando esta invitación del Senado, preparamos una breve presentación que sintetiza la gestión ambiental de la Corporación Nacional del Cobre, sus principales políticas y acciones en esta materia.
Tal vez lo primero que uno debiera señalar cuando se refiere a la gestión ambiental de una empresa minera es que la industria de este sector operó por muchas décadas, en nuestro país y en el resto del mundo, en un contexto en que el medio ambiente no estaba presente ni en la legislación, ni en la cultura pública, ni en las demandas ciudadanas, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. Es importante recordarlo porque, CODELCO -sus divisiones, las empresas que la originaron- tiene una historia de más de cien años de operación. Por lo tanto, durante la mayor parte de su trayectoria como empresa minera -70 años, 80 años- no existían las normativas ambientales ni en Chile ni en el resto del orbe. Sólo hace poco más de diez años se dictó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que hoy regula la gestión ambiental tanto de la Corporación del Cobre como del resto de las empresas del país.
Con todo, CODELCO, dentro de esta historia, es una empresa que ha liderado las inversiones y las acciones en el campo medioambiental. Desde 1986 se empezaron a realizar inversiones importantes en la descontaminación de sus fundiciones.
La sustentabilidad, junto con la gestión de los activos y el desarrollo de las personas, constituyen hoy un pilar estratégico para la creación de valor dentro de la referida Corporación. En el pasado pudo enfatizarse la gestión de los activos, ponerse énfasis en las personas. Hoy día cualquier empresa -y por cierto CODELCO- tiene que incluir dentro de su política de desarrollo lo concerniente a la sustentabilidad ambiental. Y ése es el caso de la política que guía las acciones de la Corporación del Cobre.
Por eso, podemos decir que CODELCO cuenta con una Política Corporativa de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, establecida el año 2001, y otra de Desarrollo Sustentable, a partir de 2003.
Dentro de los cien años de historia de la empresa, ése es un período breve. Pero son las normas y la política que actualmente guían su gestión.
En ese contexto, CODELCO no sólo cumple con la legislación ambiental vigente y los estándares internacionales existentes al respecto, al punto que hay certificación de acuerdo a la norma ISO 14001, de gestión ambiental, y la OHSAS 18001, de seguridad y salud ocupacional, lo que acaba de concluir en los últimos meses. Además, la mencionada Corporación ha hecho práctica la publicación anual de un reporte de sustentabilidad, siguiendo las pautas internacionales de la Global Reporting Initiative, el cual no sólo representa el informe que CODELCO entrega, pues el último fue auditado, verificado externamente, por la firma PricewaterhouseCoopers.
Por lo tanto, hay una política en los cien años de historia, pero una política en que, desde fines de los 80, se empieza a realizar inversiones; y en forma más inmediata, otra que va más allá de las normas legales que rigen la política ambiental en el país.
Señor Presidente, quiero hacer un breve recuento de las inversiones realizadas con este propósito en los últimos quince o dieciséis años.
Originalmente, el énfasis se puso en los planes de descontaminación y en los tranques de relave, y de manera más reciente, en el manejo de residuos líquidos y sólidos. Es así como entre los años 1994 y 2000 se efectuó la mayor parte de las inversiones destinadas a aquellos planes.
En total, entre 1994 y 2005 se invirtieron 1.280 millones de dólares, la mayor parte de los cuales fueron para descontaminación. Y a este efecto se han seguido criterios de prioridad tanto corporativos como provenientes de las normas.
Además, existen acuerdos ambientales voluntarios en El Salvador, en Andina, en Ventanas y en El Teniente, principalmente para abordar la realidad de los pasivos ambientales históricos.
En esta lámina se pueden ver los niveles de inversión de los últimos doce años. Y hay una proyección de los que se prevén para el período 2004-2008, la cual no incluye las inversiones que demandarán las ampliaciones. Ésas son las inversiones conforme a las actividades de la operación programada para los próximos años. Pero, en la medida en que llevemos adelante proyectos que permitirán ampliar la capacidad productiva de CODELCO, ellos van a requerir inversiones ambientales importantes que no se hallan contempladas allí.
Me referiré en seguida a las emisiones atmosféricas, que es uno de los aspectos a los que se ha dado prioridad, por la importancia que revisten.
En 1986 se inició una política dirigida al ámbito de las fundiciones y de las emisiones atmosféricas, en la que se invirtieron más de 1.400 millones de dólares. Esto permitió que la captura de emisiones de dióxido de azufre aumentara de 5 por ciento, ese año, a 91 por ciento, en 2005. Vale decir, más del 90 por ciento de las emisiones son capturadas oportunamente, evitándose que vayan al ambiente. Y este porcentaje de captura de emisiones de SO2, al cual ha ido buena parte de las inversiones, pone a las Divisiones de CODELCO por sobre los promedios de Norteamérica, que es de 87 por ciento; de Australia, que llega a 80 por ciento, y de América Latina, que alcanza a 75 por ciento.
Las emisiones de arsénico se han reducido entre 50 y 96 por ciento.
La norma de calidad primaria del dióxido de azufre se cumple en Chuquicamata, Ventanas y Caletones. En Chuquicamata -y éste es un avance significativo- se logró pasar de zona saturada a latente.
Las normas de calidad secundaria anual y diaria se cumplen en Ventanas y Caletones, que son los lugares donde se aplican.
En este gráfico Sus Señorías pueden ver cómo a lo largo del tiempo se han reducido fuertemente las emisiones de anhídrido sulfuroso y de arsénico por unidad de cobre producida. A pesar de los aumentos de producción, observamos una caída sostenida de las emisiones por unidad producida. Ello, fruto de la política que se ha seguido y de las fuertes inversiones realizadas durante este período.
En cuanto a los residuos líquidos, el año 2003 se dictó una Directriz Corporativa de Recursos Hídricos y Residuos Líquidos. Como señalé, en los primeros años el acento estuvo en las emisiones atmosféricas, y con posterioridad se ha puesto mayor énfasis en los residuos líquidos.
Con ese objeto, se ha hecho una inversión importante en mejoras tecnológicas para recircular al proceso algunos de los residuos líquidos y disminuir los caudales.
Ello nos permite decir que estamos en condiciones de cumplir las normas de emisión de residuos líquidos. Y están prontas a entrar en vigencia las disposiciones del decreto supremo 90.
CODELCO se halla entre las empresas -lamentablemente, son todavía una minoría en el país- que van a cumplir toda la normativa relacionada con los riles, que son numerosos. Sólo en El Teniente más de 20 estarán sujetos a los preceptos del decreto supremo 90, los cuales comenzarán a cumplirse durante el mes de septiembre. Y en algunos casos hay planes para obtener su total cumplimiento en diciembre.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios ha sido informada de esos plazos y de la forma como estamos avanzando para dar cumplimiento a la normativa relacionada con los residuos líquidos.
Están, por otro lado, los residuos sólidos. Al respecto, durante el 2003 se dictó una Directriz Corporativa de Manejo. El problema de los botaderos se arrastra desde los inicios del siglo XX. Ha habido una política sistemática para eliminar los botaderos históricos, o para modificar su manejo, o, en todo caso, para que los existentes tengan las autorizaciones del caso y el manejo correspondiente. Con ese propósito, se ha desarrollado un sistema de información adecuado en cuanto a volumen y tipo de residuos generados y a su destino.
Hay Centros de Manejo de Residuos que gestionan los volúmenes y los lugares de generación; su recolección; su transporte; su almacenamiento, hasta llegar a su disposición final. La mayoría de esos Centros cuenta con rellenos de seguridad.
Finalmente, en cuanto a los residuos sólidos peligrosos, hay un nuevo reglamento: el decreto supremo 148. Existen procedimientos para identificarlos y cuantificarlos. Todas las Divisiones de CODELCO tienen residuos de esa índole declarados y han presentado oportunamente sus planes de manejo, de acuerdo con la normativa vigente.
Aquí también ha habido una preocupación por rescatar residuos sólidos peligrosos que en el pasado no estuvieron sometidos a las exigencias de hoy día, con el objeto de darles un manejo adecuado.
Señor Presidente, de esta manera muy apretada resumo la política corporativa de CODELCO en materia de gestión ambiental, que es activa a los efectos de tener un manejo sustentable del medio ambiente donde la empresa realiza sus actividades y respecto del cual, sin duda, la situación histórica ha cambiado, pues las exigencias actuales no son las que rigieron la minería de Chile y del resto del mundo durante siete u ocho décadas
Gracias, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, hemos convocado a esta sesión especial por varias razones.
Antes de explicarlas, quiero recordar, en el contexto del mes de la minería, el homenaje que rindieron hace dos semanas algunos señores Senadores de las Regiones mineras, y particularmente, la reseña efectuada al santo patrono, San Lorenzo.
Investigué un poco sobre ese Santo, primer Diácono de Roma en el siglo III, quien estaba a cargo de la administración de los bienes, entre comillas -y vamos a ver qué tipo de bienes-, de la Iglesia. Fue apremiado por el Emperador Valeriano, hombre déspota y codicioso, para que le entregara el tesoro. San Lorenzo lo enterró. Y como el apremio continuó, le llevó los pobres, los enfermos y los desamparados, diciéndole: "Éste es el tesoro de la Iglesia". El Emperador, muy ofendido, lo puso en una parrilla y lo ejecutó. San Lorenzo murió con su conciencia tranquila.
Señor Presidente, normalmente las autoridades del sector nos destacan el crecimiento económico asociado a una serie de medidas de sano equilibrio que requiere el país. Se entiende éste, en términos muy simples, como la suma de bienes y servicios que se producen en un año, expresados en porcentaje de incremento, descontada la inflación.
Sin embargo, por mucho que hemos insistido en el Parlamento, el Banco Central nunca nos ha entregado los datos de la variación de los recursos naturales y de los pasivos ambientales.
No se señalan la variación de los recursos renovables y de los no renovables; los aspectos relacionados con la contaminación; la disminución en calidad y cantidad de esos recursos; el daño a la salud de las personas, a los ecosistemas, a la cultura, a la identidad, a las formas de vida de los pueblos originarios; en resumen, la variación de la calidad de vida de las personas.
Mientras no hagamos ese balance, las cifras de crecimiento económico que se nos entregan son sólo un aliento, propio de los economistas, para mantener el optimismo en la actividad del país, que, desde luego, es una manera de hacer economía, pero que oculta la diversa realidad.
Se han incrementado los procesos de evaluación de impacto ambiental de todo tipo de proyectos y de sus ampliaciones. Las demandas externas a Chile en sus múltiples dimensiones no son sólo económicas, sino también laborales y ambientales. Los informes de sustentabilidad del país; los compromisos de los programas de Gobierno, el de la Presidenta Michelle Bachelet, son una clara demostración de que es importante recuperar y mantener la condición ambiental del país.
Lo relevante es que, además, el compromiso del candidato que casi resultó elegido, Sebastián Piñera, es muy similar. ¿Y por qué lo destaco? Porque en el fondo tenemos piso político para resolver los problemas.

El señor PIZARRO.- ¡Pero si a Piñera no le hacen caso¿!

El señor HORVATH.- No es así.
Después están los informes sobre nuestro país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que formula una serie de planteamientos acerca de los requerimientos que debemos cumplir para calificar y demostrar nuestra sustentabilidad.
Tenemos con muchos países múltiples tratados de libre comercio y asociaciones que llevan implícitos significativos aspectos ambientales y laborales. Y siempre van a pender sobre nosotros las amenazas del dumping ambiental y del juego de las barreras paraarancelarias.
A nuestro juicio, hay una desigualdad en las exigencias -y es uno de los temas de la presente sesión-, en momentos históricos distintos, entre la actividad pública y la privada, particularmente en el sector minero.
Desde luego, existen más demanda de recursos naturales y una creciente escasez de éstos a nivel mundial; costos más elevados de la energía; altos requerimientos de eficiencia y de reciclaje tanto de metales cuanto de los relaves, según mencionó el Presidente Ejecutivo de CODELCO.
Hay casos emblemáticos de exigencias de estudios de impacto ambiental, como el del proyecto Pascua Lama, que ha gatillado mayor conciencia con respecto a los glaciares, o el del proceso de cierre de la Compañía Minera El Indio. Ha habido progreso en este sentido; pero también los avances tecnológicos aumentan el acceso de la actividad minera a sectores bastante más frágiles y alejados del posible control.
Asimismo, existen precios más elevados del cobre, molibdeno y otros metales, pero en especial del cobre, que en 2005 arrojó excedentes superiores a 5 mil 300 millones de dólares, los cuales, de acuerdo con las cifras del primer semestre, en 2006 se van más que a duplicar.
Por todo lo anterior, estimamos que es el momento preciso para considerar los denominados "pasivos ambientales", establecer una política destinada a reducirlos y analizar una nueva manera de producir y de generar la energía.
Por su cercanía con el Ejecutivo, las empresas públicas al parecer tienen "más facilidades", lo cual vamos a explicitar.
Entiendo que las empresas tanto públicas cuanto privadas, por su naturaleza jurídica, social y natural -como bien lo grafica el notable documental canadiense "La Corporación", de Mark Achbar y Jennifer Abbott, que recomiendo a Sus Señorías ver, si no lo han hecho-, tienden a aumentar sus beneficios y a disminuir los costos, pero también a externalizar éstos. Se trata de una realidad que la sociedad debe saber regular para protegerse.
El siguiente gráfico contiene un listado de los pasivos ambientales a que nos estamos refiriendo.
En aire, tenemos la contaminación efectiva en la salud de las personas; en suelo, los relaves de metales pesados órganoclorados; en agua, la contaminación y -lo que es también muy importante, por los efectos de la actividad minera- el agotamiento de las napas subterráneas y su impacto en los ecosistemas alejados; en los glaciares, el derretimiento acelerado y su daño; en erosión, cómo se van afectando los suelos y la vegetación. Además, la desertificación acelerada, que compromete más de 48 millones de hectáreas en Chile -más de la mitad del territorio-, por la disminución del agua debido a los requerimientos de las distintas actividades mineras; la provisión de la energía y los impactos ambientales, tanto en la generación como en la transmisión, y en el mar, la contaminación de los recursos hidrobiológicos.
Aquí se detallan algunos ejemplos de actividades mineras y la contaminación que tienen asociada.
En Chuquicamata, que parte en 1910, se señalan los daños al aire y al río Loa, y algunas soluciones, como el tranque de relave, planta de ácido y traslado del campamento. En Potrerillos y Salvador, los residuos arsenicales e industriales, y la grave contaminación de la bahía de Chañaral y otros. Luego aparecen Andina, ex ENAMI (ésta es una herencia para CODELCO en el sector Ventanas, de Quintero) y El Teniente.
No voy a entrar a especificar lo que ocurre en otras empresas, como ENAP, ENAMI, RPC, las sanitarias, la ex Minera Aysén y diversos servicios públicos. Centraré el análisis en CODELCO, por las razones antes expresadas.
Desde luego, es preciso señalar que se trata de un problema de carácter histórico, no exclusivo del actual Gobierno o de otros anteriores, ni tampoco sólo del sector público. Es la herencia de una prolongada actividad minera, que presenta muchos aspectos positivos y también negativos.
En Chuquicamata tenemos la contaminación del aire y los riesgos asociados; el traslado del poblado, que ha costado más de 200 millones de dólares; las plantas de filtro; el mejoramiento y la ampliación de los tranques de relave.
Durante los fenómenos denominados "inviernos altiplánicos" se produce la contaminación del río más largo de Chile: el Loa. Por supuesto, la Corporación del Cobre no es la única responsable, sino, igualmente, la larga historia minera en esa enorme cuenca.
Aquí tenemos dos bellas imágenes del río Loa. Son increíbles los oasis y la fauna que podemos observar.
Sin embargo, ecológicamente, el río está muriendo, como se muestra en el cuadro siguiente.
Se presentaron algunos eventos a causa de la contaminación, como el del tranque Sloman, donde hubo una investigación, no del todo clara, acerca de los compuestos de xantato, la muerte de peces y la alteración de los recursos hidrobiológicos en el sector de la desembocadura que perjudicó por muchos años a los pescadores artesanales.
En cuanto al abastecimiento de energía, reconocemos el esfuerzo de CODELCO para instalar una planta eólica en el sector y captar bonos de carbono.
El origen de las aguas debe ser mejor investigado. Además -como expresó el Presidente Ejecutivo-, es necesario conocer el listado de los residuos y dimensionar bien los aspectos de pasivos ambientales en los riles y relaves.
En la División Salvador, con las minas Potrerillos y después Salvador, desde 1927 hasta 1938 los relaves se depositaron en una quebrada natural; entre 1938 y 1975, se derivaron desde Potrerillos por el valle del río Salado y fueron transportados en suspensión hasta la bahía de Chañaral. Allí, los residuos acumulados hicieron crecer la playa en más de un kilómetro, con 10 a 15 metros de espesor. En total, cubrieron una zona superior a 4 kilómetros cuadrados. Acciones posteriores, incluso, han afectado santuarios de la naturaleza y áreas reservadas del sector.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ésa es una de las zonas más seriamente contaminadas del planeta, y en forma concreta, del océano Pacífico. Son 320 millones de toneladas de relaves sólidos y de residuos líquidos industriales los que se han vertido en esa bahía. Y -como señaló el consejero regional Julio Rafael Palma- si se hiciera una fila de camiones con todo lo que ahí se ha derramado, daría vuelta dos veces y media la circunferencia de la Tierra en el Ecuador.
El mar está contaminado por arsénico, molibdeno, cobre y zinc, y, debido a los vientos, la población de Chañaral se halla expuesta a concentraciones de cobre, níquel y zinc. Ahora, el relave se transporta por un canal hasta el embalse Pampa Austral, donde se le efectúa un tratamiento de carácter general y nuevamente se lleva a la bahía, por la ruta del valle del Salado.
En esa zona se registra 19,5 por ciento de cánceres malignos en hombres y un 60,5 por ciento superior en las mujeres. Estas cifras son más altas que el promedio de la Región de Atacama y un 60,5 por ciento superior en las mujeres. El resultado de muerte por cáncer -según las sepulturas; porque las personas fallecen en hospitales distintos, por razones de nivel de éstos- fue de 28,5 por ciento en el año 1999 y subió a 35 por ciento en 2004.
Hay algunos hechos políticos.
En la década del 80 se crea el Comité Ciudadano de Chañaral, el que, luego de ganar un recurso de protección, genera la creación del embalse de relaves Pampa Austral por parte de CODELCO.
La entonces Ministra de Salud y hoy Presidenta de la República solicitó un estudio de bioacumulación sólo con relación a plomo y arsénico, pero, desgraciadamente, no a cobre. Además, estableció un compromiso de monitoreo. La verdad es que a estas alturas, por los daños que se observan, el resultado se conoce de antemano.
También tenemos el baño del entonces Presidente Ricardo Lagos cuando la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante señaló que el mar se encontraba en un nivel crítico de contaminación; y además lo hizo a 200 metros de la descarga de alcantarillado del sector.
Bueno, los epítetos con los cuales la gente de la Región califica esos hechos son bastante duros.

El señor NAVARRO.- ¡Al Presidente no le pasó nada¿!

El señor HORVATH.- Urge evitar que sigan muriendo víctimas inocentes.
Hay una propuesta de reciclaje que merece ser apoyada lo antes posible. La empresa propietaria de los relaves plantea que, por el mayor precio de los minerales en el mercado, es factible extraer 200 millones de toneladas de mineral. Y, con la asesoría de la Universidad de Lausanne, de Suiza, específicamente del profesor y geólogo Bernard Dold, se ha considerado, incluso, la lixiviación bacteriana para reobtenerlo.
Resulta importante garantizar, además, el manejo de otros contaminantes en el sector, como los residuos arsenicales, industriales y algunos policlorados.
Es de esperar que esas posibilidades de recuperación del mineral sean ciertas y que no vayan a resultar como la del Faro Millenium, que se usó para tranquilizar a la población.
A continuación, veamos de norte a sur la bahía de Quintero.
En Ventanas se encuentra la Refinería, que se instaló¿

El señor ROMERO.- ¿en 1963.

El señor HORVATH.- ¿en 1964, según tengo consignado. Originalmente se planteó para la comunidad como una solución, como fuente de desarrollo y trabajo. Hoy día nosotros la utilizamos como un ejemplo de lo que no se debe hacer.
Para quienes conocimos Ventanas y en general Quintero -residencia de, entre otros, Francisco Coloane-, eran una maravilla desde el punto de vista turístico, natural, del valor de los recursos naturales y ecológicos. Incluso, había humedales en el sector. Ahora constituyen un "paisaje lunar". Tampoco se ha producido un desarrollo de esa zona. Y de eso podrán dar más antecedentes sus representantes en el Senado.
Esa área se encuentra fuertemente contaminada y saturada. Se han hecho esfuerzos para revertir la situación, como el de instalar una planta de recuperación del ácido. Sin embargo, ahí existe una serie de presiones por usos adicionales, respecto de los cuales se deben analizar en profundidad sus efectos en la salud de las personas y en la productividad de una extensa superficie.
En ese sector se registran los mayores índices de nacimientos con malformaciones a nivel nacional y una alta incidencia de fallecimientos por cáncer.
Más al sur se ubica la División Andina.
Se ha mencionado mucho el proyecto Pascua Lama, por su intento de afectar glaciares en 10,4 hectáreas. Me refiero a los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Sin embargo, poco se sabe que desde la década del 80 la División Andina, junto con la Anglo American (ex Disputada de Las Condes), están interviniendo otros en la cuenca vecina. Se trata de más de 100 hectáreas de glaciares que se están removiendo en ese lugar.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, solicito que se me concedan unos minutos adicionales, porque creo que el tema lo amerita.

El señor LARRAÍN.- Nuestro Comité le cede tiempo.

El señor HORVATH.- El Comité Unión Demócrata Independiente me está otorgando algunos minutos.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si están de acuerdo, no hay objeción.
Se hallan inscritos siete señores Senadores. Y si no se respetan los tiempos, no podrán intervenir todos.

El señor HORVATH.- El Comité de la UDI me concede tiempo, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Bien.

El señor HORVATH.- En la década del 80 esta acción se presentó como un logro tecnológico -o sea, la visión era absolutamente distinta-, y en la del 60 se planteó como un avance el "pintar" los glaciares para tener escorrentía en épocas de sequía.
En la actualidad, la percepción ambiental y la valoración del medio, por suerte, han cambiado. No obstante, creemos que se debe legislar sobre el tema, pues carecemos de regulación al respecto. Y estamos trabajando en la Comisión de Medio Ambiente para valorar, dimensionar, proteger, recuperar y aprender a convivir con los glaciares, porque la proyección de la minería en Chile apunta a que, en el futuro, 70 por ciento de la actividad estará relacionada con ellos.
Continuamos, en esta rápida mirada, con la División El Teniente.
El humo clásico de las chimeneas de El Teniente, con su pluma hacia Santiago y Rancagua, ha quedado atrás producto de las plantas de recuperación de ácidos. También valoramos la recuperación del tren hacia San Antonio y Cartagena (a futuro) para movilizar este producto.
Sin embargo, existen otros pasivos ambientales, como los tranques de relaves. En particular, ha hecho noticia el de Carén.
Ese tranque puede constituir un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Y así fue publicitado y mostrado a la comunidad. Allí se ha generado un humedal, un sector de observación de avifauna; con las aguas claras que salen de él se ha desarrollado la agricultura y la ganadería, y también hay escuelas ecológicas que usan el sector.
Pero Carén no ha estado ajeno a riesgos. El 17 de abril último se produjo un grave derrame. En años anteriores hubo diversas investigaciones sobre daños, incluso, en el lago Rapel. Tal vez Sus Señorías recuerdan lo referido a la mortandad de peces en ese lugar.
Lo sorprendente es que, a pesar de que se ha evaluado, por parte del Servicio Agrícola y Ganadero y de otros organismos, el alto contenido de cobre, molibdeno y sulfato en los animales de la zona, en el Gobierno anterior se pretendió dictar el decreto supremo Nº 80, cuya finalidad era subir los niveles aceptables de molibdeno y sulfato.
Ante ese intento, que data de muchos años -desde 1995, con el decreto Nº 22-, la Contraloría General de la República había declarado, en forma sistemática, que era ilegal, arbitrario e inconstitucional. Por eso, lo había devuelto. Pero, hace poco, el Contralor -quien recientemente hizo entrega de su cargo-, semanas antes de su retiro de esa repartición, tomó razón de dicho decreto y lo dio por tramitado.
La verdad es que el artículo 40 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente permite relacionar las condiciones territoriales con los contaminantes que se viertan. Sin embargo, no se pueden superar las normas primarias ni las secundarias. El sentido territorial apunta a que lo que contamina en Santiago no necesariamente lo hace en Punta Arenas o en Arica.
A nuestro juicio -y como señaló antes la Contraloría-, hubo presión ilícita a fin de generar una norma de excepción para CODELCO. Además, en El Teniente hay 120 mil toneladas de residuos arsenicales que no cumplen con el decreto supremo Nº 148, del Ministerio de Salud; 130 botaderos de residuos industriales, de los cuales sólo 30 ó 40 reconoce la Mesa de Trabajo del sector; y 30 mil toneladas de cotrell, lodo proveniente de la Fundición de Caletones.
En fin, existen muchos aspectos sobre los que podríamos seguir insistiendo; pero queremos referirnos a la propuesta para lograr una política nacional respecto de los pasivos ambientales.
Las empresas mineras del Estado deben ser un ejemplo en el cumplimiento de las normas; en la reducción de los impactos negativos provocados por los pasivos ambientales históricos en el país.
Desde luego, tiene que haber igualdad de condiciones y de exigencias para los sectores público y privado; una acción sistemática de recuperación de los pasivos ambientales, y nuestras exportaciones deben reflejar los costos reales, pues de lo contrario sería como hacernos -por así decirlo- trampas en el solitario. Por ello, hemos presentado un proyecto de acuerdo al Senado.
Quiero recordar de nuevo la figura de San Lorenzo, en este mes de la minería, y preguntar dónde está el tesoro. Probablemente, muy lejos, a gran distancia de Chile; o, como lo presentó el propio santo, se encuentra entre las víctimas de Chañaral, de Puchuncaví, por los daños generados en la salud de las personas y en los ecosistemas. Y el minero, que cuenta con el auxilio de ese santo y que tal vez está sobre la parrilla, no tiene clara conciencia de los pasivos ambientales que se producen con esa importante actividad.
Señor Presidente, creemos que, dados los excedentes generados por el cobre hoy día, es el momento oportuno para que las empresas del Estado, y en particular CODELCO, den un ejemplo de manejo ambiental transparente, positivo y tendiente a la recuperación de los pasivos ambientales.
Muchas gracias.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, aprovecho de felicitar al Senador señor Horvath por su completa exposición, y creo que básicamente respecto de ella debiera producirse el debate.
A propósito de un tema que tocó Su Señoría y que ha sido preocupación, entre otros, de los Senadores señores Letelier, Girardi y Novoa, quiero aprovechar la oportunidad para formular una consulta muy precisa al señor Presidente Ejecutivo de CODELCO acerca del decreto supremo Nº 90.
Dicho decreto, que -como todos bien saben- entra en plena vigencia los primeros días de septiembre, regula la emisión de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos en las aguas marinas para todo el país -¡para todo el territorio, sin excepción alguna!-, la que en el caso específico del molibdeno y de los sulfatos es de 1 y de 1.000 milígramos por litro, respectivamente.
Sin perjuicio de esa regla general, que entrará en vigencia en pocos días más, el Gobierno está empeñado en publicar el decreto supremo Nº 80, de 2005, que establece una norma de excepción específica -la única que conocemos con respecto a las descargas en aguas marinas- para el estero Carén -y más específicamente, para un efluente de él, donde descarga el tranque de relaves de El Teniente-, ampliando los límites permitidos: para el molibdeno, de 1 a 1,60 milígramos por litro, y para los sulfatos, de 1.000 a 2.000.
El señor Presidente Ejecutivo, en su exposición inicial -si no entendí mal-, señaló que CODELCO es una de las pocas empresas del país que están en condiciones de dar total cumplimiento al decreto supremo Nº 90.
Eso reviste especial importancia, porque, como dije, el decreto supremo Nº 80 establece una excepción para la División El Teniente, referida, única y exclusivamente, a uno de los efluentes del estero en el cual descarga el tranque de relaves de esa División, específicamente para los residuos líquidos que contienen molibdeno y sulfatos. Ello, porque todos los estudios que hemos conocido para calcular la norma de excepción se han hecho sobre la base de los promedios históricos de descargas de los afluentes que El Teniente ha vertido en el estero Caren.
Entonces, mis preguntas precisas al señor Vicepresidente Ejecutivo de CODELCO son las siguientes: ¿Requiere o no la División El Teniente una normativa excepcional, en este caso específico, el decreto supremo Nº 80? O, tal como él ha señalado, ¿se halla CODELCO en plenas condiciones para dar cumplimiento al decreto supremo Nº 90, que contiene las normas generales sobre la materia?
He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear, por nueve minutos.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, omitiré algunos elementos básicos ya señalados por varios señores Senadores, por cuanto lo relativo a la producción de cobre y su importancia es de todos conocido.
Vale la pena destacar que desde 1990 hasta la fecha la producción minera nacional ha aumentado en 265 por ciento. Todos sabemos, además, que en estos momentos la minería se halla en una fase de fuerte expansión, debido a los históricos niveles de precios de los minerales. En ese contexto, según declara la Política Minera del Bicentenario, el desafío es mantener a Chile como el país más atractivo para invertir en esta actividad.
Ahora bien, para el ejercicio de la gran minería se requiere el uso intenso de algunos recursos naturales, notoriamente el agua, transformándose ello en un factor clave y limitante de su desarrollo.
En el norte del país, el agua contenida principalmente en acuíferos suele sustentar la existencia de vegas y bofedales que constituyen ecosistemas donde se desarrollan la vida silvestre y comunidades humanas.
Asimismo, este recurso es vital para otras actividades económicas, entre ellas la agricultura y el turismo.
En materia ambiental, existe mayor sensibilidad -bienvenida sea- y han aparecido preocupaciones país que hasta hace unos pocos años no eran vistas con la misma significación que hoy se les asigna.
Por otro lado, el proceso de internacionalización de la economía chilena hace que nuestras materias primas y productos elaborados alcancen mercados más exigentes desde el punto de vista ambiental. Así se ha manifestado el interés nacional e internacional por la forma como se compatibiliza el crecimiento de la minería con la protección del entorno en la búsqueda de un desarrollo minero ambientalmente sustentable.
Históricamente, las grandes faenas extractivas han causado graves problemas ambientales, sobre todo vinculados con la salud de las personas, no sólo en Chile, sino también en el resto del mundo. Ejemplos de lo anterior son las situaciones de contaminación del aire, en las fundiciones de Paipote y de Caletones, o bien del suelo y del agua, como ocurre en Chañaral.
Por otra parte, el desarrollo de los grandes proyectos mineros en el norte del país, tanto públicos cuanto privados, ha planteado una serie de conflictos con otras actividades o comunidades respecto de la utilización de recursos tan importantes como el agua. Este aspecto ha sido especialmente sensible en relación con las comunidades indígenas del altiplano.
Desde 1990 se ha realizado un trabajo focalizado para que la actividad minera reduzca su impacto ambiental y se haga cargo de las reparaciones por los daños producidos. De esta manera, CODELCO ha realizado importantes inversiones que han permitido, por ejemplo, mejorar sustantivamente la calidad del aire en el entorno de las fundiciones. Además, muchas empresas han desarrollado programas de responsabilidad social que incluyen compensaciones y mitigaciones por los impactos ambientales causados.
A mayor abundamiento, desde 1997 los grandes proyectos mineros se han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual ha asegurado que sus actividades se realicen respetando la normativa sobre el medio ambiente, asumiendo sus impactos e incorporando aspectos fundamentales, como los planes de cierre y abandono de faenas.
Por último, las grandes empresas mineras han logrado estándares de calidad que les permiten vender sus productos en los mercados internacionales. La mayoría de ellas cuenta con certificaciones según las normas ISO 9000 e ISO 14000, referidas a los aspectos de calidad y cuidado del medio ambiente.
Señor Presidente, sin perjuicio de los avances registrados hasta la fecha, uno de los principales desafíos consiste en asegurar la sustentabilidad de nuestro desarrollo, lo cual implica armonizar adecuadamente crecimiento económico, equidad social y protección ambiental, en un marco de democracia.
En tal sentido, los principales desafíos para el sector minero en general, de acuerdo con las recomendaciones de la Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile contenidas en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCED), de mayo de 2005, son las siguientes:

1.- Reducir aún más el impacto ambiental del sector minero (contaminación del aire con anhídrido sulfuroso y arsénico; contaminación del agua; sitios y tranques de relaves abandonados).

2.- Prestar atención especial a las pequeñas y medianas empresas, con asistencia tecnológica y financiera; consultorías y mejores relaciones con las grandes empresas mineras.
3. Aumentar el aporte financiero del sector extractivo a los efectos de apoyar la inversión de largo plazo en capital humano y social y para aplicar el principio de que "El que contamina, paga", conforme a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y contemplar la creación de un mecanismo que permita captar apropiadamente las rentas por concepto de recursos asociados a la explotación de minerales.
Por lo anterior, e independiente de algunas situaciones puntuales que pueden afectar a CODELCO, es imperativo mejorar en general nuestra legislación en materia de prevención y asunción de los impactos ambientales provocados por la actividad minera, sin que ello signifique frenar su crecimiento, de modo que podamos como país asegurar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.
En tal sentido, es urgente discutir iniciativas legales como la que reglamenta en forma detallada el cierre y abandono de faenas mineras, estableciendo los mecanismos jurídicos y financieros que garanticen, al término de la ejecución de un proyecto, la existencia de los recursos necesarios y la individualización de los responsables para reparar los impactos ambientales causados.
Por otro lado, es importante dictar una regulación que permita asumir los actuales pasivos ambientales mineros, es decir, sitios que ya fueron contaminados y que están abandonados o que han permanecido históricamente en dicha situación, de modo de determinar en forma adecuada los responsables y crear los mecanismos que permitan la reparación del caso.
Además, y tal como recomienda la OCED, resulta necesario apoyar a la pequeña y mediana minerías, desde los puntos de vista tanto de asesorías técnicas como del acceso a líneas de financiamiento especial, de manera que puedan desarrollar sus labores con pleno respeto a la normativa ambiental y eviten causar impactos.
Finalmente, es indispensable insistir en que el avance hacia una minería sustentable requerirá un equilibrio apropiado entre sus dimensiones económicas, ambientales y sociales. Sólo de esta forma podremos dar respuesta a la altura de los desafíos de explotar nuestras riquezas naturales, de modo que posibiliten el desarrollo de la industria, de las regiones mineras, de sus comunidades y de todo el país.
He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier, por diez minutos.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, no cabe duda de que durante los últimos quince años CODELCO ha efectuado una tremenda inversión para hacerse cargo de sus pasivos ambientales.
En el caso de la División El Teniente, que recientemente cumplió cien años, las administraciones, a partir de 1990, asumieron una historia de irresponsabilidad ambiental en la principal actividad cuprífera de la Sexta Región.
Cualquiera que desee ser equilibrado en su mirada tendrá que reconocer que se ha realizado una inversión extraordinaria para ordenar lo ocurrido en dicha División y disminuir las emisiones, mediante la construcción de la planta de ácido sulfúrico, lo que ha tenido un impacto positivo indesmentible.
De la misma forma, cuando uno recuerda la realidad de 1990 y lo que ocurría respecto de los botaderos -como se los llama vulgarmente en la División-, sobre los cuales no había ni siquiera un catastro de la cantidad de desechos, ni antecedentes del lugar donde se depositaban residuos sólidos de diferente tipo, sin duda que, mirado en esa perspectiva, hemos avanzado mucho.
En otras Divisiones también existen problemas. Después voy a volver al caso de El Teniente.
Sólo quiero subrayar que, respecto al norte, me inquieta sobremanera un pasivo ambiental que muchas veces no se pone en la lista, como es el relativo a las fuentes de agua. Quienes hemos recorrido la Segunda Región vemos con preocupación el accionar, no sólo de las Divisiones de CODELCO, sino también de la gran minería, que atentan contra las fuentes y los acuíferos existentes en ella, quizás por no contar nosotros con toda la información.
Pensamos que el peligro inminente es aún mayor de lo que se dice. Y sobre esta materia sería muy importante tener una proyección a futuro relativa a las fuentes de agua que se usan, con particular énfasis en la recién mencionada Región y en las localidades que hoy son administradas por comunidades de pueblos originarios que dependen de esos recursos hídricos para subsistir. Algunas han ido desapareciendo y hay lugares que se han ido despoblando, lo cual es motivo de preocupación.
Retomo el tema de El Teniente para hacer un par de consultas sobre la polémica reciente.
Yo asumo como un hecho -tal vez otros no lo hacen- que la minería es una actividad altamente contaminante, y que lo que se necesita es impulsar acciones para mitigar al máximo posible sus efectos. Tengo claro que hay pasivos que se han asumido, como el de los relaves, que no son pocos. En la Sexta Región son significativos: tanto Colihue como Barahona (hoy Carén) provocan un impacto territorial tremendo. ¿Cuál es el nivel de filtración que se produce? La verdad es que no sé si están siendo monitoreados activamente o no -a eso apunta mi primera consulta-. Porque Carén, al cual me voy a referir luego, es uno de los tres relaves que quedan en pie, y sería muy importante saber si existen registros efectivos en esa dirección.
También quiero decir que uno está consciente de que a veces ocurren accidentes, sobre los cuales no me voy a pronunciar. El que sucedió en Semana Santa fue un desastre, trágico, de un altísimo impacto. Más de 16 kilómetros del estero -algunos dicen 20- quedaron profundamente dañados. Pero entendemos que la empresa lo asumió como un accidente, un error humano. Y quizás se trató de un error más que humano. Uno se pregunta qué estaban haciendo las personas encargadas.

El señor CHADWICK.- ¡Estaban en el rodeo¿!

El señor LETELIER.- En el fondo, ¿fue un mal trabajo de ingeniería, una proyección errónea? Sería muy importante saberlo, por cuanto el daño fue grave. Sin embargo, tampoco me voy a referir a eso, y quiero apuntar a lo siguiente.
¿Por qué en nuestro país se regulan obligatoriamente los niveles de molibdeno y sulfato? ¿Quién los fijó y por qué? Son las primeras interrogantes que debemos plantearnos.
Algunos indican que en ningún lugar del mundo se regulan obligatoriamente tales substancias. Al respecto, sería muy interesante una explicación de la CONAMA en cuanto a si es importante hacerlo o no. Porque se supone que cuando los especialistas fijan determinada norma es porque por sobre ella el nivel es malo, y por debajo de ella, se puede aguantar. Por ende, las normas dicen relación a los niveles de protección que el país quiere.
A mí me enseñaron siempre que "la ley pareja no es dura". Por eso, me gustaría una explicación de por qué se fijó una norma para los niveles de emisión de molibdeno y sulfato.
Eso es lo que resulta inaceptable, señor Presidente: que se establezcan criterios excepcionales. El órgano competente fijó ciertos niveles de emisión, pero lo que no es aceptable, a mi juicio, es que se rompa la regla de que la ley pareja no es dura. Si es necesario elevar la exigencia, que se haga, pero para todo el país y no sólo para algunos.
Yo pregunto, de nuevo, si es cierto que en todos los países se regulan el molibdeno y el sulfato; si nosotros solamente le estamos siguiendo la corriente a otros, o si estamos haciendo algo que en el resto de los países no se hace; si es necesario contar con las normas aludidas y qué impacto real generan.
Conozco el embalse Carén y durante más de 10 años he estado al tanto de todo el proceso de seguimiento de las aguas claras río abajo. He visto los campos regados con ellas y la fruta que se exporta. Por tanto, me podrán convencer, como lego, de que no hacen mal. Pero no me convenzan a mí, sino a la CONAMA, que fijó las normas. ¿Para qué lo hizo? Porque esto es lo que no entiendo. Y lo digo honestamente. Ignoro si 1, 10 o más miligramos de molibdeno son muy perjudiciales o no. Tengo que confiar en los expertos.
Es ahí donde siento una tremenda contradicción con respecto a ese pasivo ambiental, que a la comunidad de la Región que represento nos pone en un pie forzado. Yo he visto el afluente El Carén, he paseado a caballo por la zona, que ya conozco como la palma de la mano, y, ¡por favor!, el estero Carén es un riachuelo, un río pequeño. Las aguas claras que lo alimentan son las de CODELCO. Por ende, no se trata de un gran estero, de un gran río donde se diluyan los productos de esta empresa (cobre, molibdeno, sulfato), que quizás son muy perjudiciales.
Lo cierto es que la lógica indica que si un ecosistema es más precario, la norma debe ser más exigente; y si no lo es tanto, debiera ser menos estricta. Se ha interpretado, señor Presidente, que la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente establece excepciones, pero a mí ese argumento no me convence. Sin embargo, lo dejo pasar. Pero -repito- no estoy convencido de que ese cuerpo legal permita fijar una norma particular para determinado territorio, para cierto estero, como aquí se ha querido dar a entender. Creo que eso no es correcto. No obstante -reitero-, lo dejo pasar. Lo que no sé es si la exigencia es mayor cuando se trata de ecosistemas más precarios.
En lo personal, estoy absolutamente disponible para llevar a cabo una revisión de la materia, en términos de modificar los parámetros, cambiar los plazos, en fin. Yo estoy interesado como el que más en que CODELCO siga produciendo mucho cobre, porque eso le hace bien a Chile. De manera que mi argumento en ningún caso apunta a que se reduzca la producción. Al contrario: ojalá aumente, pero dentro de normas comunes a todos.
Aquí se ha afirmado -no sé si es cierto o no- que sólo CODELCO está en condiciones de fijar las normas para el molibdeno y el sulfato. Desconozco si los niveles de este último sólo se dan en la División El Teniente de la Sexta Región o si otras Divisiones o empresas mineras tienen el mismo problema.
A mí me han dicho, señor Presidente, que en la gran mayoría de los países no existe tratamiento para los sulfatos. Me gustaría saber si esa información es correcta. Y si lo fuera, vuelvo a mi pregunta original: ¿para qué, como país, nos hemos autoimpuesto parámetros que, al parecer, pueden resultar inalcanzables?
Señor Presidente, reconozco el tremendo esfuerzo que han efectuado la División El Teniente y la Corporación del Cobre para hacerse cargo de sus pasivos ambientales, así como el que se ha realizado para construir en Carén una planta de batimento de molibdeno que reduciría las normas de emisión. Eso es tremendamente importante. Mis preguntas, más que a CODELCO, señor Presidente, van dirigidas a la CONAMA, que está representada aquí en la Sala: para qué se fijan normas como las vigentes, y si ellas deberían ser revisadas y aumentadas durante los próximos 20 años, hasta que el país posea la tecnología y los recursos para hacer algo distinto.
He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, por 9 minutos, el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, creo que estamos frente a una situación relevante, relacionada con el desarrollo de la minería en nuestro país.
El gran talón de Aquiles de nuestro desarrollo minero es la necesidad de cambiar la vieja minería por una nueva, con visión de futuro y que mire al país de manera integral. No dudo de que se han hecho avances, pero son precarios, parciales, y no dan cuenta de las necesidades por venir. Y esa debilidad somos nosotros mismos y nuestras malas prácticas. Con ello no solamente se daña la minería, sino también la agricultura: Chile jamás será una potencia alimentaria si la actividad agrícola está cercana a centros mineros. También se perjudica el turismo. Nunca seremos potencia turística en los entornos de la minería, porque el modo de explotación de ésta es brutal.
Cabe igualmente señalar -ya lo mencionó el Senador señor Horvath- el caso de Chañaral, que representa un vestigio, que tal vez podría ser parte de un museo arqueológico de lo que puede generar la minería.
Asimismo tenemos la situación de Chuquicamata. Me tocó sostener una fuerte controversia por la contaminación del río Loa, derivada de los vacíos ambientales dejados allí durante décadas. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Quién responde por la plataforma marina? Estoy seguro de que cualquier estudio en esa zona sobre muestreo de mariscos, de bivalvos, de peces, evidenciará que se hallan absolutamente contaminados. Tal es el impacto de la minería. Y para qué hablar del 2 mil por ciento de riesgo de cáncer de vejiga o de cualquier otro en la población por arsénico.
Hemos visto con pesar la situación de El Teniente.
Espero que esta nueva gestión cambie la manera de abordar el problema. Primero, un accidente, pero se miente, se engaña. Fue necesario que los servicios fiscalizadores de salud, del SAG, del SERNAGEOMIN, fueran a la Comisión a informar que allí se puso en práctica un proyecto sin autorización, al margen de la ley, lo que no corresponde en una empresa de la envergadura de CODELCO. Y como consecuencia de esa improvisación hubo un accidente que afectó un ecosistema muy frágil.
Más encima, CODELCO quiere normas especiales, trajes a la medida, sin cumplir las actualmente vigentes. En efecto, sería dable decir que, de acuerdo con un criterio ecológico, podría haber procedimientos especiales para ecosistemas con mayor capacidad de tolerancia y dilución de contaminantes.
¿Saben qué es lo que avergüenza en este caso? Que si uno tuviera que hacer una norma especial para Carén, debería ser más exigente -como sostuvo el Honorable señor Letelier-, porque hay una acumulación histórica de contaminantes que genera daños.
Yo desafío a CODELCO y a la autoridad de CONAMA a mostrar los estudios sobre calidad de las aguas. Todas las norias están contaminadas. Aún más, la Corporación del Cobre se vio obligada a poner red de agua potable, porque la gente no podía beber la existente. Se trata de un ecosistema saturado. Y esa zona estará contaminada a distancia, ya que se encuentran afectados los acuíferos superficiales y los profundos.
Finalmente, una norma especial es un atentado a la credibilidad ambiental del país. Ningún chileno ni nadie creerá a la autoridad correspondiente si propone trajes a medida. Ya sabemos que los estudios de impacto ambiental son una especie de fraude, burdo, debido a que se aprueban proyectos que carecen de la calificación ambiental técnica de los servicios correspondientes. Y se autorizan políticamente. Éstos son -por así decir- "permisos verdes", absolutamente fraudulentos, a los cuales se agrega esto otro.
La División Andina de CODELCO actualmente tiene gravísimos problemas por drenaje de ácido en aguas superficiales y profundas; por acopio de estériles; por botaderos que taparán lagunas altiplánicas con aguas fósiles; además, hay intervención de glaciares. Se han hecho depósitos sobre éstos, o bien se han removido, lo que crea una dificultad de fondo en el principal abastecedor de agua de la Quinta Región.
Desafío a que se haga un estudio serio sobre la situación. Porque si deseamos conocer el impacto ambiental causado por la Minera Andina, es muy fácil: observemos en algunos ámbitos de los ecosistemas cómo se afecta el entorno. Por ejemplo, en el río Aconcagua. Les aseguro que en él hay severos problemas de contaminación.
Pero ése no es un problema decorativo, sino una dificultad para la salud y la vida de las personas. Porque las normas no hacen sino representar los denominados "riesgos aceptables de enfermar y morir por determinado contaminante". Y cuando se sobrepasan aquéllas -como lo hace CODELCO- la población queda expuesta a dichos riesgos.
Se dijo que en el caso de la laguna Carén no había estudios. ¿Por qué no preguntan a personas que de verdad quieren investigar? ¿Por qué no consultan al doctor Tchernitchin -investigador independiente-, sobre los efectos del molibdeno y de los fosfatos? No hay que acudir a instituciones que a lo mejor, por tener otros intereses, realizan estudios que evidentemente son distintos a los de expertos como el citado especialista.
Por otra parte, deseo referirme a otras materias que me preocupan.
Aquí hay un fraude en curso por parte de CODELCO -lamentablemente tiene como aval a una institución patética, la CONAMA-, en lo relativo a la presentación de proyectos ambientales fraccionados.
¿Qué se ha hecho en la División Andina? Primero, se presentó un estudio de impacto ambiental: Expansión fase uno; después otro, Expansión fase dos, de Obras Complementarias. Posteriormente, aparecieron la Declaración de Estudio de Impacto Ambiental de Botadero de Drenaje Ácido y la Declaración para Depósitos Estériles; el Proyecto Modificación de Cauce de Río; el Proyecto de Captación de Agua, y uno referente al tranque Ovejería, que ya tuvo un problema hace cinco años.
Señor Presidente, ¿qué se está permitiendo con ello? Que no se evalúen los verdaderos impactos ambientales. Éstos son resquicios. Se trata de un solo proyecto, un solo impacto, el cual no puede ser dicotomizado, sino que debe ser analizado con un enfoque de cuenca. Es increíble que la CONAMA -que debiera siempre estar por un enfoque integrado de cuenca, con un análisis sistémico- sea cómplice y acceda a que los proyectos se fraccionen para que, en definitiva, se escondan los daños. Pienso que mientras se actúe así, evidentemente, se atenta contra el medio ambiente.
Pido que se investiguen los tranques de relave Piuquenes y Los Leones, porque están mal operados. Quiero tener la certeza de que no se producen filtraciones en ellos.
Por último, hay un proyecto sobre compromisos ambientales voluntarios. CODELCO deja de aplicar la norma y se pone de acuerdo con la autoridad para acatarla en determinados plazos. O sea, se negocia su cumplimiento. Me parece que eso es absolutamente ilegal y no corresponde, porque detrás se halla la vida y la salud de las personas.
Por eso, quiero exigir que se envíen a esta Corporación todos los compromisos ambientales voluntarios suscritos por CODELCO con las autoridades locales o regionales, que en definitiva permiten plazos que no tienen otros para el cumplimiento de normas.
Se habla de procedimientos para el cierre de faenas mineras. Y, sin entrar en polémica, debo aclarar que en Chile no existe legislación al respecto, lo que constituye una vergüenza. Hay un proyecto que duerme el sueño de los justos ¿no sé si en Minería o en la SEGPRES-, pero no una ley. Se dictó un pequeño reglamento que tiene que hacer cumplir SERNAGEOMIN, que es absolutamente insuficiente.
Estamos llenos de gravísimos problemas ambientales por carencia de normas sobre cierre de faenas mineras y por falta de responsabilidad.
Hay una ley para poder tratar los pasivos ambientales de la minería que también duerme el sueño de los justos, porque no quieren hacerse cargo de su responsabilidad quienes tienen que enfrentar el cierre de faenas mineras. Mientras eso ocurra, estamos condenando a poblaciones enteras. Si Sus Señorías van a Copiapó, se darán cuenta de que está rodeada de estériles, de acopios de residuos, muchos de ellos tóxicos, que siempre tendrán en jaque la vida y la salud de las personas, quienes corren peligro de adquirir cánceres y nacer con malformaciones congénitas. Pero ésa ha sido la práctica que hemos tenido.
Para qué hablar de¿

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor GIRARDI.- ¿la amenaza de las áreas silvestres protegidas. Muchos de los nuevos proyectos para los cuales se pide hoy autorización las afectan.
Me quedan 40 segundos, señor Presidente. Los usaré sólo para decir que gran parte de los nuevos recursos mineros están en las altas cumbres cordilleranas, donde hay glaciares. No digo que no se exploten, pero debemos ser cuidadosos, porque el recurso más valioso para el planeta en el futuro son las aguas dulces. Y Chile lo tiene en cantidades, pero en los glaciares, en los campos de hielo. Entonces, ¿cómo llevar a cabo una acción inteligente que posibilite al país explotar su minería, pero preservando un recurso tan valioso como los glaciares, que permiten tener acuíferos y generar vida, cuando no los destruimos?
Actualmente, la minería no se está haciendo cargo de esa responsabilidad. Por el contrario, destruye nuestra principal riqueza, que son las reservas de agua dulce.
He dicho.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ana Lya Uriarte, Directora Ejecutiva de CONAMA.

La señora URIARTE (Directora Ejecutiva de CONAMA).- Señor Presidente, preferiría intervenir después de escuchar las opiniones del resto de los señores Senadores inscritos.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
Informo a Su Señoría que cuando le quede un minuto, se lo diré, para que no piense que le estoy restando tiempo.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, es posible que no lo ocupe todo, porque deseo referirme sólo a un hecho que normalmente causa cierta risa, sobre todo en quienes no les gusta mucho la historia de nuestro país. Pero las naciones no se hacen de la noche a la mañana.
Quiero recordar que el mineral de Potrerillos estuvo más de 40 y tantos años en manos de extranjeros, quienes depositaron sus relaves en la bahía de Chañaral, y que -como todos recordarán- recién en 1970 pasó al Estado chileno, al igual que El Teniente, que empezó a ser explotado en l905. Es decir, 65 años estuvieron en manos de empresas extranjeras.
Lo mismo ocurrió con Andina y, por cierto, con otras minas, como Chuquicamata. La mayor parte de ese tiempo estuvieron en la Kennecott Corporation, en la Braden Cooper Company o en la Anaconda Cooper Mining Company. De modo que hagamos un poco de historia.
Un segundo aspecto de la historia es que siempre la actividad minera, y no solamente la de CODELCO, ha contaminado. Y lo viene haciendo desde la época colonial. Si no, es cosa de mirar Antofagasta, donde, en las afueras, todavía se ven relaves provenientes de la explotación minera que hicieron los españoles; al interior de todos los valles del Norte Chico -donde la explotación se viene realizando desde hace mucho tiempo- nunca se efectuó un tratamiento adecuado por parte de los Gobiernos republicanos de nuestro país.
¿Qué quiero decir con esto? Que el esfuerzo realizado por CODELCO-Chile y ENAMI durante los últimos años ha sido trascendental. Nunca antes alguna empresa había dedicado tantos recursos a evitar contaminación como lo han hecho ellas.
Por ejemplo, Paipote. Se habla mucho de Copiapó. Quiero decir a quienes no conocen tanto esta última ciudad que hace 10 años el aire allí era irrespirable.
ENAMI invirtió 120 millones de dólares para resolver los problemas de Paipote. Más aún, en el caso de Ventanas -no se encuentra presente el Senador señor Ominami-, por lo menos fueron 150 millones de dólares los que se utilizaron para la recuperación del ácido sulfúrico. O sea, 300 millones de dólares en total.
Hace 7 años el problema de la minería era la falta de ácido sulfúrico. Ahora no hallamos qué hacer con él. Es tanta la capacidad de recuperación, que hoy día su acumulación constituye un grave problema. Porque básicamente es usado por la pequeña y la mediana minerías. Aun cuando existe gran actividad en éstas y se lo utiliza bastante, tenemos para regalar e incluso para vender. En este momento se dona, lo cual no es la consecuencia de cualquier cosa, sino de la capacidad que ha tenido CODELCO para invertir a los efectos de recuperar esa enorme cantidad de ácido sulfúrico que antes iba a la atmósfera.
El caso de Chañaral ha sido parte importante de las contaminaciones más brutales en nuestro país. Es, seguramente, el paradigma de la polución, como también lo sucedido en la provincia de Aisén. Aquí no se ha hablado del destrozo ecológico que se produjo en ella, y menos del intento que hubo allí de instalar una mina de aluminio, que iba a contaminar los principales ríos de la Región. Felizmente, la gente se opuso a su instalación, la que en cualquier momento puede suceder, porque se tienen los permisos y las pertenencias mineras para funcionar. Y el aluminio -para que se sepa- contamina dos veces más que el cobre.
En consecuencia, a mi juicio, es bueno que se sepa, por ejemplo, que en el caso de Chañaral ha sido importante lo hecho con el tranque de relaves Pampa Austral. Éste ha logrado evitar que se siga contaminando más la bahía. El grave problema de la determinación tomada respecto de esas aguas fue que la Corte Suprema resolvió algo que debiéramos modificar: CODELO-Chile tenía que devolver al curso natural del río El Salado aguas claras. Y lo cierto es que el concepto de "aguas claras" es demasiado amplio. Tanto es así que ellas todavía están contaminadas, primero, porque no tenemos plantas de osmosis inversa que permitan su mejoramiento; y, segundo, porque hay muchos pequeños mineros que, producto de los relaves, las están lanzando a ese río. De modo que debemos mejorar notablemente lo que ocurre en ese sentido.
¿Se puede recuperar el mineral instalado en las playas de Chañaral? Sí, se puede. Pero hasta el momento no ha habido inversionistas. El Estado ha hecho todo lo posible para que éstos lo recuperen.
CODELCO-Chile no ha tenido nunca problemas -según entiendo- para entregar el mineral depositado en las aguas. Hubo varias empresas -una japonesa, australianas y suizas- dispuestas a ello. Sin embargo, no existe una tecnología adecuada que permita sacarlo con costos relativamente bajos. Felizmente, ahora, con el precio que tiene el mineral, es altamente probable que más de alguna se interese para recuperar esos 300 y tantos millones de toneladas que ahí se encuentran.
Hay un pasivo ambiental de carácter humano -no se ha mencionado aquí-, el cual consiste en que la mayor parte de nuestros trabajadores mineros tienen silicosis. Y no nos hemos hecho cargo de tal problema. No existe en nuestro país un hospital especializado en el tratamiento de ese mal. Solo en el Norte Chico, entre Coquimbo y Atacama, hay más de tres mil personas que lo sufren. ¡Tres mil personas condenadas a morir de la peor forma y no tenemos hospital! Creo que CODELCO-Chile -que en algún instante los tuvo, y muy buenos- podría especializar alguno (sea el de Chuquicamata o cualquier otro) en el tratamiento de la silicosis. Pero ese pasivo no lo hemos abordado como debiéramos.
En seguida, comparto el hecho de que tenemos un grave problema con los glaciares tanto en la Región de Atacama como en la División Andina. La única diferencia es que CODELCO está explotando y destruyéndolos. También hay una empresa norteamericana, la Barrick Gold, que pretende destruir dos glaciares al interior del valle de Huasco. De modo que todas las empresas, independiente de que sean estatales o no, generan contaminación y destruyen el medio ambiente de la manera como lo estamos viviendo en la Región de Atacama, con la explotación de una de las minas de oro más grandes, que es Pascua Lama. Ahí, uno de los graves problemas radica en que hemos sido extraordinariamente pasivos con Argentina. Tenemos un convenio de minería, y debiéramos procurar que los relaves fueran al lado argentino, no con el afán de contaminar, sino porque la cordillera de los Andes allí se comporta de modo distinto: mientras en la parte chilena cae abruptamente, en la otra lo hace de manera suave; por lo tanto, el lado nuestro no tiene los riesgos de los relaves.
Por último, concuerdo con lo señalado por el Senador señor Girardi en el sentido de que no tenemos una buena ley de cierre de faenas. La única mina que se ha cerrado o prácticamente se está cerrando conforme a normas modernas es El Indio. En ella se invirtieron más de 6 millones de dólares sólo en el cierre.
El resto de las minas, incluyendo las privadas, que han dejado de ser explotadas -para qué hablar, por ejemplo, de las de hierro en la Región de Atacama-, nunca se cerraron. Están ahí los hoyos. Siguen contaminando. Y hay un grave problema. Una empresa, la CMP -que tiene contratada por lo menos para los próximos ocho años la venta de sus productos-, va a habilitar un mineroducto en una bahía pesquera. Y, con justa razón, los pescadores no quieren que se instale ahí.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.- La CMP afectará un lugar llamado "Punta de Totoralillo", lo cual, seguramente, va a impedir que se siga explotando el mar de buena manera como lo han hecho hasta ahora los pescadores.
Me queda un minuto, señor Presidente.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Señor Senador, hice la advertencia no para disminuir su tiempo, sino precisamente para que pudiera finalizar bien su intervención, como lo ha hecho, de manera brillante.
Como los Senadores señores Zaldívar y Gómez no se encuentran presentes, tiene la palabra la señora Ministra de Minería.

La señora PONIACHIK (Ministra de Minería).- Señor Presidente, sólo quiero reiterar que, en efecto, durante agosto estamos celebrando el mes de la minería. Y mi foco este año se halla justamente en lo relativo a la seguridad.
Se encuentra a mi lado el Director de SERNAGEOMIN, don Patricio Cartagena, con quien hemos organizado una serie de celebraciones, focalizadas en la seguridad, la salud, la vida y el bienestar de las personas, no únicamente de las que laboran en el sector minero, sino también de aquellas que viven en zonas aledañas a las actividades mineras.
Como decía, el foco está en la seguridad. Hemos hecho diversos operativos especialmente orientados a la de la faenas. También hemos puesto el énfasis en la seguridad del medio ambiente. Y, en ese sentido, señor Presidente, quiero poner en antecedentes al Senado que estamos avanzando a todo vapor en dos iniciativas emblemáticas en materia ambiental relacionada con la minería. Se trata del anteproyecto de cierre de faenas mineras y del anteproyecto sobre remediación de pasivos ambientales.
El primero de ellos se encuentra por ingresar a la Comisión pertinente de la Cámara de Diputados. Estamos trabajando en los últimos aspectos vinculados con las garantías financieras que deben provisionar las empresas cuando se embarcan en programas de cierre de faenas mineras. Superados los aspectos tributarios -que, por la misma razón, se hallan en manos del Ministerio de Hacienda-, procederemos entonces a presentar dicha iniciativa a la Comisión.
Lo anterior es muy importante y tiene que ver justamente con los ejemplos aludidos en esta Sala -que es el cierre de las faenas mineras, algunas de las cuales siguen pendientes; no han sido cerradas- y con garantías específicas para se que cumplan las exigencias ambientales.
En cuanto al segundo anteproyecto, el de remediación de pasivos, aún se halla en estudio, pues no hemos logrado acuerdo en el marco de la mesa pública-privada que lleva el Ministerio de Minería, que es el que analiza estos proyectos de ley. No se ha logrado consenso en lo que respecta a la retroactividad de la normativa. Esperamos lograrlo en torno a dicha mesa -estamos trabajando en eso con la SEGPRES- para poder presentar esa segunda iniciativa.
Debo insistir en que hay una preocupación del Ministerio de Minería por avanzar decididamente en estos temas. Nosotros entendemos que todas las actividades extractivas, especialmente la minera, generan un impacto medioambiental, el cual, por supuesto, debe ser abordado tanto por las empresas públicas -en el caso nuestro, CODELCO y ENAMI; también la ENAP, en el ámbito de los hidrocarburos- como por las privadas.
Deseo dejar constancia, como Presidenta del Directorio de CODELCO, de los esfuerzos que está haciendo la empresa en lo atinente a gestión ambiental. En todo lo relacionado con emisiones y residuos sólidos y líquidos, existe preocupación por parte de ella, especialmente a partir del año 86, cuando tomó una actitud pionera respecto de la gestión ambiental, y desde 1990 en lo relativo a descontaminación de fundiciones y al control de emisiones. Se han invertido 1.200 millones de dólares, y existe un compromiso para invertir lo que sea necesario no sólo para cumplir con las normas ambientales, sino además para dar un ejemplo a nivel nacional al ser pionero en esta materia.
Lo mismo ocurre con ENAP y ENAMI, que también han hecho un esfuerzo considerable en cuanto a remediación de pasivos y a gestión ambiental.
Es preciso destacar que con los dos anteproyectos a que hice alusión buscamos poner al país en los estándares de la OCDE. Se mencionó aquí un estudio con respecto a exigencias ambientales. Chile tiene que avanzar decididamente para colocarse al nivel de las naciones de la OCDE en esta materia. Y ése es justamente uno de los mandatos que tenemos como Ministerio de Minería durante el presente Gobierno.
Por último, señor Presidente, quiero resaltar el rol de los organismos fiscalizadores, tanto del SERNAGEOMIN -se encuentra acá su Director Nacional, don Patricio Cartagena- como de la COCHILCO y de otras entidades que dependen del Ministerio de Minería. El tratamiento en cuanto a la fiscalización de las empresas públicas es exactamente igual al que se aplica a las privadas. En esto no hay ningún tipo de facilidades para las públicas, sino que, por el contrario, nosotros hemos solicitado a los organismos fiscalizadores que sean aún más estrictos con nuestras empresas, precisamente para evitar cualquier tipo de exenciones o de sensación de exenciones que pudiera existir.
Gracias, señor Presidente.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Ha solicitado la palabra la Directora Ejecutiva de la CONAMA, a quien se la concedo.

La señora URIARTE (Directora Ejecutiva de la CONAMA).- Gracias, señor Presidente.
En primer término, deseo manifestar que, como ha ocurrido anteriormente, es necesario hacer notar la situación ambiental en que se encuentra el país hoy día en relación con la que presentaba, por ejemplo, el año 1990. Y esto lo señalo como un antecedente previo antes de contestar específicamente la inquietud del Senador señor Letelier en cuanto a las razones que han llevado a dictar tanto normas secundarias de calidad de aguas como normas de emisión.
La ley Nº 19.300, promulgada en 1994, creó diversos instrumentos de gestión ambiental, en el entendido de que a través de ellos se podían implementar políticas ambientales. Uno de esos mecanismos, que desde luego ha sido importantísimo para imponer condiciones y exigencias a la realización de actividades que pueden tener impactos ambientales significativos, fue, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, otro instrumento de gestión ambiental -porque eso es lo que se busca: realizar gestión ambiental- lo constituye el establecimiento de normas de calidad primarias y secundarias y normas de emisión, mediante la ley Nº 19.300. En este contexto surge recién la posibilidad de utilizar estas disposiciones como instrumentos -insisto, y perdonen la redundancia- de gestión ambiental.
Es así como en 1998 -en todo caso, la discusión empieza mucho antes, en 1996- el primer tema que como país se decide abordar es la dictación del decreto supremo Nº 609, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
¡Y excúsenme los señores Senadores que haga un alcance! Ese tipo de normativas tienen el carácter de decreto supremo, es decir, son dictadas a instancias del Ejecutivo en uso de su potestad reglamentaria. No son leyes propiamente tales, sino decretos supremos.
Como decía, en 1996 se inicia una primera discusión respecto del tema aguas en general, y posteriormente el decreto supremo Nº 609 regula la descarga de residuos industriales a alcantarillados, que en ese momento no se regía por normativa alguna.
¿Por qué se inicia y se desata lo anterior? Porque el país había comenzado el proceso de privatización de las empresas sanitarias y, naturalmente, era necesario -y digo "naturalmente" en la lógica de lo que significaba la privatización de esas empresas- facilitar los proyectos de tratamiento de aguas servidas. Y para ello resultaba conveniente regular los contaminantes que iban a llegar precisamente a tales plantas.
Ésa es la primera acción que se toma como país respecto del tratamiento de residuos líquidos. Ocurre el año 1996 y culmina en 1998 con la promulgación del mencionado decreto supremo.
El paso siguiente sería dictar normas de emisión para regular las descargas a cursos superficiales de agua.
Ahí se inicia la discusión del decreto supremo Nº 90. Indudablemente, podríamos entender -de acuerdo con lo que sería ideal y con lo que, desde un punto de vista lógico, significa gatillar los procesos- que se debería haber empezado antes la dictación de normas secundarias de calidad de agua; es decir, disposiciones que regularan la calidad de las aguas en los ríos, en los lagos. Sin embargo, se hizo un intento que abortó en su desarrollo, puesto que como país dijimos: "Estudiemos la posibilidad de dictar una norma general de calidad de aguas para todo el territorio". Pero las condiciones específicas de los distintos segmentos de los ríos -ni siquiera de los diferentes ríos, sino de los distintos segmentos de éstos- hacen imposible pensar en una norma única de calidad de agua de norte a sur del país.
De hecho, hubo un primer anteproyecto que se envió a la Contraloría y ésta lo rechazó, porque establecía que cada región dictaría su propia norma respecto de los ríos que existieran en ella. El ente contralor argumentó que eso era imposible por cuanto un reglamento no podía entregar a un nuevo reglamento la determinación de la condición de la calidad de las aguas de los ríos.
Por eso nos encontramos en una alternativa -insisto- como país, porque la CONAMA es un órgano que coordina los demás servicios públicos con competencia ambiental. Y no actúa sola, sino acompañada de todo el aparataje estatal en términos ambientales.
Sobre esa base, señor Presidente, se inicia la discusión del decreto supremo Nº 90 como norma de emisión, es decir, calidad medida en el efluente. Y se determina, a partir de las experiencias internacionales conocidas, incluir los parámetros que aparecen en dicho decreto, que son los casos del molibdeno y el sulfato. ¿Por qué se incorporan estos elementos? En particular el sulfato porque no todos son inocuos ni presentan el mismo nivel de gravedad respecto del medio que van a impactar. El sulfato de aluminio, como señaló con toda razón el Senador señor Núñez, es muy distinto, en cuanto a sus efectos, del sulfato de calcio, presente en el estero Carén, donde las descargas de aguas claras se caracterizan por contener este último. En otras partes se descarga sulfato de aluminio.
Así, se incorporan muchísimos más parámetros que en las normas que podemos encontrar, por ejemplo, en la Unión Europea. Pero como país decidimos ser más estrictos y, en términos de protección, tratar de avanzar un poco más.
Sin embargo, durante la discusión del decreto supremo Nº 90, se advirtió que el estero Carén era el único lugar acerca del que disponíamos de información ambiental de 17 años de data para normar. Por eso se recogieron esos antecedentes. Y respecto de dicho estero fue posible dictar una normativa especial, particular, que es la del decreto supremo Nº 80. Debemos mencionar que la ley naturalmente preveía la posibilidad de establecer normas sitioespecíficas, es decir, considerando específicamente un río, o aun más, un segmento de un río, o aun más, un efluente determinado.
En cuanto a las normas -y ésta es la gran diferencia entre las normas de calidad primarias y secundarias-, dado que las primarias protegen la salud de las personas, naturalmente la concentración de plomo afecta por igual a un ciudadano de Arica o a uno de Punta Arenas. En cambio, no es lo mismo la cantidad de sulfato de calcio que podamos depositar en el estero Carén. Ésta constituye una norma de emisión. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a la de calidad de aguas, que es norma secundaria, que tiende a proteger el medio ambiente, no es lo mismo una descarga en un río en Punta Arenas que en uno en la Sexta o en la Quinta Región o en el norte de Chile.
Eso es lo que permite la lógica de la ley Nº 19.300, lo que establece su artículo 40 y lo que dispone, además, el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión: que exista una normativa particular, pero no de excepción, respecto de la descarga de aguas claras del tranque de relaves de CODELCO al estero Carén.

El señor CHADWICK.- La norma particular con relación a una general constituye una norma de excepción.

La señora URIARTE (Directora Ejecutiva de la CONAMA).- No. Hice la precisión acerca de la particularidad y la excepción, porque si bien es particular, ya que está orientada a un sitio específico, eso no la transforma en una normativa de excepción respecto del ordenamiento jurídico. Se trata de una norma general establecida en el ordenamiento jurídico que reconoce ciertas particularidades. ¿Cuáles? La del efluente, que en este caso es el agua del tranque de relave, y la del medio ambiente o el ecosistema que va a resistir esa descarga. Y por eso se elaboró el decreto supremo Nº 80.
Al respecto, deseo precisar que la discusión de esa norma se inició en 1996 y que, después de un largo proceso -no es del caso ahora detallarlo, pero, si así lo fuera, lo haré-, culminó con la toma de razón de la Contraloría en junio del presente año, habiéndose enviado los últimos antecedentes a dicho órgano en diciembre de 2005. Y ahora resta publicar el decreto.
El decreto supremo Nº 80 se hizo sobre la base del cumplimiento estricto del Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Medioambiental y de Emisión y de la ley Nº 19.300. Pero, además de la formalidad, debemos señalar que tanto las entidades públicas (entre ellas, CONAMA) como las privadas que participaron en la elaboración de la norma se hicieron cargo de los contenidos de los estudios de la Universidad de Chile, de CIREN y de CENMA (Centro Nacional de Medio Ambiente), que, más allá de las legítimas apreciaciones que se pudiera tener acerca de ellos, eran los análisis técnicos que había para dictar esa norma. Y éstos, que no han sido desvirtuados por otros posteriores, sostienen que el ecosistema del estero Carén, que confluye además con el estero Alhué, permite la descarga de molibdeno y sulfato sin que exista por ello riesgo para la salud de las personas que, como manifestó el Senador señor Girardi, se abastecen con agua potable, la que es proporcionada a toda la comunidad aledaña. Y las aguas claras efectivamente se usan para riego. Y esto ha significado que, según señala el estudio de la Universidad de Chile, se hayan infiltrado las norias, que naturalmente no estaban contempladas para consumo de agua por el ser humano.
Sobre la eventual desigualdad en el trato por parte de organismos públicos, y en particular del que yo dirijo, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, puedo afirmar que, dependiendo de si son empresas públicas o privadas, ello no está ni en sus criterios ni en su política de gestión.
Asimismo, los acuerdos o compromisos voluntarios celebrados por CODELCO respecto de determinadas áreas de su quehacer, en ningún caso pueden contemplar exenciones a la normativa vigente ni mucho menos establecer niveles o estándares más bajos o menos restrictivos que los que las normas estatuyen, porque la autoridad no está disponible para suscribir o avalar acuerdos de esta naturaleza, que incluyan situaciones como ésas.

El señor LETELIER.- Y la norma especial se aplica sólo para CODELCO

La señora URIARTE (Directora Ejecutiva de la CONAMA).- La norma del decreto supremo Nº 80, sin duda alguna, afecta exclusivamente a CODELCO.
Por cierto, se utiliza tanto para las aguas claras como para el tranque de relave que se ubica en el estero Carén. ¿Y qué tranque de relave se encuentra allí? El de CODELCO. No hay otro. Por lo tanto, efectivamente es así.
Sin embargo, esa norma podría ser replicada en otros lugares, respecto de otras materias, si es que se dispusiera de información, como en este caso ocurría, de una data de 17 años.
Acerca de la pregunta que se hizo sobre esta norma, debo decir que de acuerdo con la información técnica disponible, y más allá de las legítimas apreciaciones que puedan tener distintas personas -pero no avaladas por estudios científicos-, no hay evidencia de que los 1.6 miligramos por litro de molibdeno y los 2.000 miligramos por litro de sulfato que establece, signifiquen un impacto negativo para el ecosistema que los recibe. Respecto de los demás parámetros, CODELCO debe cumplir el decreto supremo Nº 90. Es decir, los únicos dos parámetros en los cuales éste no cumple, y sí lo hace el Nº 80, son en los relativos al molibdeno y el sulfato
Insistimos: sólo respecto de molibdeno y sulfato. Y de acuerdo con los antecedentes técnicos y estudios de que disponemos no tienen la connotación que se ha señalado tanto en esta Sala como en informaciones de prensa, etcétera.
No hemos recibido ningún estudio que avale una aprensión de esa naturaleza y mucho menos informes de los servicios de Salud de la Región que nos hicieran estimar que existe riesgo para la salud de las personas, lo cual sería más grave aún. Sin embargo, tampoco hay evidencia de ese tipo.
En el mismo sentido, a propósito de un instrumento de gestión ambiental para la minería como es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debo señalar que antes del año 1994 -cuando no existía la Ley del Medio Ambiente y, en consecuencia, no estaba creado dicho Sistema-, este sector se había desarrollado, como se ha dicho aquí, centenariamente y con los resultados de todos conocidos.
En efecto, la actividad minera provoca fuertes y significativos impactos en el medio ambiente. Por lo tanto, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento eficiente para mitigarlos y abatirlos.
En el proyecto Pascua Lama, de hecho, lo que en definitiva se determinó en la resolución de calificación ambiental que autorizó su desarrollo fue que los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, que son los que están en su zona de influencia, no podrían ser intervenidos, trasladados, removidos ni mucho menos destruidos. ¿Por qué se dictaminó eso? Porque los organismos competentes en materia ambiental, como son la Dirección General de Aguas, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Geología y Minas, etcétera, consideraron que, no existiendo ley, no había información disponible sobre autorización de actividad minera con intervención de glaciares, como fue el contenido primigenio del proyecto.
Por lo tanto, yo diría que con este antecedente -una resolución de calificación ambiental que modifica sustantivamente un proyecto que ingresó al sistema planteado de otra manera- se advierte que existe una activa preocupación y cumplimiento de las tareas encomendadas específicamente a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, pero también -y quiero insistir en esto- a los organismos públicos con competencia ambiental que la acompañan.
Porque la CONAMA es un ente coordinador. En consecuencia, cualquier adjetivación respecto del servicio que dirijo alcanza asimismo, sin lugar a dudas, al resto de dichos organismos públicos, de cuyos informes técnicos sólo nos hacemos tributarios.
Por otra parte, es muy importante destacar que la Comisión Nacional del Medio Ambiente y los demás órganos que la acompañan en la gestión ambiental tienen dos ejes orientadores fundamentales.
Primero, el desarrollo sustentable. Es decir, lograr algo que siempre implica confrontaciones y, en ocasiones, dificultades: alcanzar el crecimiento económico que efectivamente necesitamos con una adecuada protección del medio ambiente en un ámbito de equidad social.
Pero, de otro lado, también tomamos en consideración los principios que orientan la política ambiental de nuestro país desde 1998, los cuales dan cuenta de algo que resulta de toda evidencia en las intervenciones de quienes me precedieron: el del realismo y el de la gradualidad.
Los problemas medioambientales que enfrentamos como país no surgieron en la década recién pasada; tienen una larga data. En consecuencia, se requiere cierta gradualidad para solucionarlos.
En la gestión de los instrumentos ambientales de que disponemos, cabe señalar que ha habido una marcha blanca -entre comillas- desde 1994 a la fecha. Entonces eran mecanismos que no conocíamos. Hoy día el sistema está asentado y, por tanto, podemos plantearnos exigencias que antes, como país, no estábamos en condición de asumir.
Y ésos son nuestro trabajo y nuestro desafío en las actividades minera y de otra índole.
Por último, con respecto a los pasivos ambientales, esperamos expectantes la dictación de la ley pertinente en el sector minero. Por ejemplo, Bahía Chañaral es uno de los casos donde la aplicación de la normativa legal correspondiente será prioritaria, pues estamos hablando de décadas y décadas de contaminación muy severa.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Hago presente a la Sala que hay un proyecto de acuerdo, firmado prácticamente por todos los señores Senadores, relativo a la evaluación de los pasivos ambientales de las empresas públicas

El señor CHADWICK.- ¿Va a terminar la sesión, señor Presidente?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Quedan dos minutos.

El señor CHADWICK.- Es que hice al señor Presidente Ejecutivo de CODELCO una pregunta que aún no ha respondido.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Vayamos por orden, señor Senador.
Consulto a la Sala si votamos ese proyecto de acuerdo ahora o en la sesión de la tarde.

El señor HORVATH.- Ahora mismo, señor Presidente.

El señor LARRAÍN.- De inmediato.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece al Senado, se aprobará.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Puede contestar la pregunta pendiente, señor Arellano?

El señor ARELLANO (Presidente Ejecutivo de CODELCO).- Con mucho gusto.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra.

El señor ARELLANO (Presidente Ejecutivo de CODELCO).- Señor Presidente, señalé que CODELCO se halla entre la minoría de empresas que están en condiciones de cumplir la normativa atinente a los residuos líquidos.
En el caso de El Teniente hay 21 riles contemplados en el decreto supremo Nº 90; de ellos, 4 ya tienen cumplimiento definitivo y 17 cuentan con proyectos de solución en curso para este año, conforme al marco que establece dicho cuerpo normativo. En Andina hay 16 residuos industriales líquidos, en los cuales también existe cumplimiento conforme al referido decreto supremo; en Salvador, 2, y en Ventanas, 1.
Por lo tanto, la normativa del decreto supremo 90 afecta a más de 40 riles, todos los cuales están bajo cumplimiento. Sólo dos -recién se hizo referencia a ellos- tienen trato y condiciones distintos en el decreto supremo Nº 80, aspectos que, como acaba de indicar la señora Directora Ejecutiva de la CONAMA, estuvieron presentes desde el inicio de la tramitación del decreto supremo Nº 90, en 1996. Entonces se establecieron los parámetros que, por las razones que ella explicó, determinaban el procedimiento en este campo, los cuales quedaron consignados finalmente en el decreto supremo Nº 80.
En consecuencia, estamos hablando de una gran cantidad de residuos líquidos. La mayoría de ellos, lejos, está regida por el decreto supremo 90, y sólo dos, por el 80, conforme a la explicación que se ha dado.

El señor CHADWICK.- Es que el decreto supremo Nº 80 no se encuentra vigente.

El señor LETELIER.- Así es.

El señor CHADWICK.- Entonces, mi consulta es si CODELCO lo necesita o no.

El señor ARELLANO (Presidente Ejecutivo de CODELCO).- La verdad es que sí, señor Presidente.

El señor CHADWICK.- Ya.

El señor ARELLANO (Presidente Ejecutivo de CODELCO).- Esa norma es necesaria. Por eso se solicitó, sobre la base de los antecedentes técnicos que se expusieron cuando se inició la tramitación del decreto supremo 90, diez años atrás. En esa oportunidad se justificó por qué las normas pertinentes debían regir en determinada área, dadas sus condiciones. Y se solicitó de acuerdo a lo que la Ley sobre Bases del Medio Ambiente permite a cualquier empresa para territorios específicos.

El señor CHADWICK.- O sea, lo necesitó y lo solicitó.
El señor ARELLANO (Presidente Ejecutivo de CODELCO).- Eso es.

El señor LETELIER.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Estamos terminando la sesión, señor Senador.

El señor LETELIER.- Es que se hizo una pregunta¿

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, se consultó por qué se fijó determinada norma, y se indicó que todos los estudios demostraron que la necesidad existía.
Carén es el único lugar donde se han estudiado los afluentes en forma seria. Y la Directora Ejecutiva de la CONAMA -según lo que le entendí- se dio una vuelta -discúlpeme si estoy equivocado- absolutamente tautológica. Porque parece que la norma inicial fue mal planteada, pues aquél ha sido el lugar más estudiado y allí debieron elevarla.
Ésa es la parte que uno no entiende en toda la argumentación que se ha hecho sobre el molibdeno y el sulfato de calcio: por qué no cambiaron la norma general.
Porque parece que sólo CODELCO puede tener una norma de excepción.
Si no hay daño para la gente de Carén, ¿por qué va a haberlo para otros chilenos? Ésa es la pregunta evidente que uno formula. Y la respuesta entregada no se entiende.
Por eso, me quedo con la percepción de que no nos quisieron contestar.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, sólo deseo agregar que a la gente le prohibieron el consumo de agua de noria porque tenía sulfato y molibdeno.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene que pedir la palabra, señor Senador.

El señor GIRARDI.- Se la pido, entonces.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Es que estamos pasados de la hora.
Será la última intervención.
Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, la medida de ponerles agua potable a todas las casas a costa de CODELCO obedece a que las norias estaban contaminadas con sulfato y molibdeno.
¡Son tan buenos el sulfato y el molibdeno -cosa que yo no conocía; y me he dedicado algo a estudiar el problema-, que CODELCO hizo un gasto inútil: puso agua potable a los habitantes en circunstancias de que perfectamente pueden tomar agua de noria¿! Debieran poder hacerlo. Porque aquí se ha dicho que ello sería saludable y bueno para la agricultura.
¡Yo nunca había escuchado eso!
Alguien debe defender a los ciudadanos en este país, ya que la CONAMA no lo hace.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora Ejecutiva de la CONAMA.

La señora URIARTE (Directora Ejecutiva de la CONAMA).- Señor Presidente, por si no me di a entender bien, quiero precisar mis dichos.
El hecho de haberse normado los sulfatos para el país completo tiene como explicación que no todos ellos, en la forma como son descargados a los distintos cursos de agua, poseen las mismas características.
El sulfato de aluminio, según señalé, es mucho más nocivo y puede impactar ambientalmente de manera más negativa que, por ejemplo, el sulfato de calcio.
En el caso de las descargas del tranque de relaves al estero Carén, el sulfato de calcio que éste recibe es inocuo para la agricultura y para los animales.
Cabe señalar, señor Presidente, que en nuestro país la norma sobre consumo de agua potable es exigente. Y estamos, por fortuna, en una situación de saneamiento ambiental que nos permite hacer exigible aquél en las condiciones requeridas.
Ahora, el estado microbiológico del agua de noria del estero Carén no alcanza al nivel necesario para el consumo humano.
En consecuencia, la norma que debe cumplirse para el consumo de agua potable por la población es distinta de la aplicable para el riego y la bebida de animales, como ocurre generalmente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:4.
Manuel Ocaña Vergara
Jefe de la Redacción