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Alianza estratégica público-privada

Por Alejandro Navarro, senador por la Región del Bíobío

21 de noviembre de 2014

Imagen foto_00000030La Presidenta Michelle Bachelet y el Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, han señalado a través de los medios de prensa, de manera enfática, que en este ciclo de crecimiento de la economía una de las alternativas es la alianza estratégica público-privada.

 

Un conjunto de empresarios ha acusado recibido de ello y nos han preguntado a qué se refiere el Gobierno con esta alianza. ¿Se trata de más concesiones de hospitales, cárceles o carreteras? En realidad no. Eso es lo que existe hoy: una Ley de Concesiones que permite que el privado construya caminos y cobre peaje; que el privado suscriba un contrato y edifique hospitales. En ambos casos yo he sido contrario a ese tipo de alianza.

 

Al respecto, las cárceles concesionadas han sido un fracaso. Por eso quiero solicitar a Gendarmería de Chile, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Obras Públicas que nos entreguen, detalladamente, toda la información que tengan sobre el funcionamiento de las cárceles concesionadas. Es necesario saber cuánto ha sido el costo de cada una de ellas, cuál ha sido el comportamiento del MOP en la construcción, y el rol del Ministerio de Justicia, en la vigilancia, particularmente, en el ámbito de la rehabilitación y la reinserción social.

 

El sistema penitenciario en Chile es un fracaso desde el punto de vista de la reinserción y la rehabilitación. La lucha contra la delincuencia no la vamos a ganar jamás sin una política concreta de alta inversión pública.

 

Hasta ahora solo la Iglesia evangélica, de manera gratuita, ha trabajado codo a codo en las cárceles, logrando rehabilitación y reinserción sin cobrar un peso. Pero, como se trata de una política pública, esta responsabilidad no puede descansar en las diversas iglesias evangélicas, con sus distintas denominaciones, que actúan por motivos de fe y compromiso social.

 

La alianza estratégica público-privada que nos ha propuesto la Presidenta, dice relación con la capacidad del Estado de juntarse con el privado y enfrentar desafíos de innovación tecnológica y empresarial para definir cuánto están dispuestos a poner uno y otro con miras a impulsar proyectos emprendedores que den empleo y generen modos alternativos de desarrollo productivo.

 

Me reuní con la directiva de Arauco, grupo económico que tiene una presencia importantísima en la Región del Biobío, y les consulté sobre su disponibilidad para transformar una región forestal en región maderera. Las ventajas de la madera están a la vista en todo el mundo: en la construcción de viviendas y en usos alternativos. Sin embargo, nuestra región, desde la dictación en 1974 del DFL N° 701, sobre fomento forestal, se ha concentrado en la producción de materias primas para celulosa.

 

Algo similar ha hecho la industria pesquera, desde aquel mítico 1995, cuando extraíamos 5 millones de toneladas de jurel que transformábamos en harina. Hoy estamos pescando 200 mil toneladas. Hay un incipiente desarrollo de la industria alimentaria para las carnes blancas, pero es totalmente insuficiente.

 

La Región del Biobío se ha desarrollado de manera estructural en dos ejes: celulosa (bosque) y harina de pescado (pesca). Y ambos han tenido resultados desastrosos a la hora de evaluar los índices de crecimiento en la Región, su aporte al PIB nacional. Todo ello ha evidenciado que falta liderazgo político en la región. El liderazgo en el ámbito económico está en manos del sector privado, de los empresarios.

 

En esta alianza estratégica público-privada hay una enorme posibilidad de romper las ideologías, de acabar con los fantasmas. Porque una parte importante del sector privado dice que el Estado no tiene que meterse en el mercado y un sector de la Izquierda sostiene que hay que fortalecer al Estado, en desmedro del sector privado.

 

Quiero señalar -y creo que forma parte de ese desarrollo político estratégico- que ambos son necesarios: debe haber más Estado para que exista más mercado.

 

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