Intervención Carlos Ignacio Kuschel Silva

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EXMINISTRO DE HACIENDA SEÑOR NICOLÁS GRAU VELOSO

El señor KUSCHEL.- Muchas gracias, Presidenta.

Puesto en esta encrucijada, anuncio mi voto favorable en cada uno de los capítulos de esta acusación.

Pienso que el señor ministro infringió la Constitución Política de la República y las leyes en el ejercicio de su cargo, específicamente las normas que regulan la administración financiera del Estado, la programación financiera, el control financiero y los deberes de dirección superior que el ordenamiento jurídico radica en él.

Considero que incumplió sus deberes constitucionales y legales, repito, de dirección, coordinación, supervisión y control de la programación financiera.

Esto lo hice presente en cada una de las discusiones presupuestarias del Gobierno pasado y agregué mi preocupación por la deuda en cada una de las capas de la administración del gobierno y en cada uno de sus sectores. Sé que no es un asunto propiamente legal, pero es mi preocupación y se refleja en la situación en la que estamos hoy día, la cual creo que se debe al descuido que he mencionado y advertido en los momentos en que correspondía hacerlo.

Pienso que hay que perseguir esta responsabilidad de ´economía política´, por ponerle un nombre, y que se fundamenta en en tres ideas: que el titular no se hizo cargo de sus deberes, que existían advertencias técnicas oportunas y suficientes para conocer la situación y corregirla, aunque fuera parcialmente. Sin embargo, fuimos teniendo dificultades cada vez mayores.

Por eso, estimo que, respecto al capítulo primero, efectivamente se vulneraron los deberes de probidad, transparencia e integridad en la gestión financiera del Estado.

También me parece que, en cuanto al capítulo segundo, se vulneraron los principios de unidad y coordinación que rigen la administración financiera del Estado.

Además, aunque no está en la acusación, hice presente en su momento el rol que le corresponde al ministro de Hacienda como director de las empresas del Estado: ¡todas mal gestionadas!, sin ninguna en que se tomara una medida correctiva. Lo mismo sucedió con los ministerios, las deudas, los municipios, los gobiernos regionales, los temas previsionales, los permisos, las licencias médicas, etcétera: ¡ninguna corrección!

En cuanto al capítulo tercero, hubo omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes que han contravenido el principio de universalidad presupuestaria, lo que guarda relación con el argumento anterior.

Finalmente, respecto al capítulo cuarto, considero que se vulneró el deber de consistencia y coherencia de la programación financiera del Estado.

Puesto en esta encrucijada, reitero mi voto a favor de los cuatro capítulos.

Gracias, Presidenta.