Intervención Esteban Velásquez Núñez

MEDIDAS DE SEGURIDAD, ORDEN Y RESPETO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El señor VELÁSQUEZ.- Gracias, Presidente.Desde el punto de vista técnico y legislativo, a nuestro juicio el proyecto tiene, tal como se ha mencionado en más de alguna intervención acá, ciertas tensiones o contradicciones; quizás la más evidente sea esta duplicidad o dicotomía entre seguridad versus derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

La sola revisión de mochilas y registros personales puede chocar con garantías constitucionales, incluso con la integridad psíquica, por ejemplo, y el respeto a la vida privada.

El proyecto no desarrolla suficientemente estándares ni límites claros, lo que a nuestro juicio abre espacio a arbitrariedades. Hay también una posible desnaturalización del espacio educativo al introducir claras herramientas propias del control policial, lo cual puede acarrear efectos contraproducentes en la convivencia escolar si no se implementan con mucho cuidado o con la tecnicidad requerida.

En términos institucionales, el proyecto no crea nuevas capacidades, pero sí aumenta exigencias, protocolos, procedimientos, gestiones internas. De hecho, el informe financiero dice explícitamente que no implica mayor gasto.

Entonces, ahí aparece esta alerta clásica que escuchamos permanentemente: más obligaciones, más solicitudes, pero sin recursos. Y los expositores en la Comisión de Educación manifestaron que la implicancia de no contar con recursos es que se puede ahondar en las diferencias y en la crisis que hoy día manifiestan las comunidades educativas.

También hay un problema de coherencia. El proyecto busca fortalecer la convivencia, pero varias medidas son más bien reactivas, punitivas y sancionatorias. O sea, no previene en el sentido pedagógico profundo, tal como se ha manifestado acá. De hecho, poco o nada se ha hablado del verdadero concepto de educación, que es la formación integral del educando en sus diversas dimensiones. De eso no hablamos mucho.

En cierta medida, Presidente, este proyecto tiene una lógica clara: responder a la crisis de convivencia con más herramientas de control y autoridad.

Es clave reconocer que políticamente se ve atractivo, potente y tal vez puede ser bien recibido en muchos sectores, pero jurídicamente tensiona derechos fundamentales y, desde una mirada más bien educativa, su enfoque puede ser ampliamente cuestionado.

Así como está estructurado, y considerando que nuestra tarea como legisladores es avanzar en una educación que sea un proceso que provoque cambios y sustente a una sociedad, el proyecto deberá ser objeto de muchas correcciones.

Creo que el texto actual es sinónimo de incertidumbre, Presidente.

Gracias.