Establecer un requisito mínimo de antigüedad para que las organizaciones de Derechos Humanos puedan participar en la designación de consejeros para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (IDH), propuso el senador Jaime Naranjo.

Esto, tras la polémica generada por la designación de dos de los cuatro representantes que deben elegir las agrupaciones para el directorio del IHD.

Cabe recordar que el proceso de designación fue declarado "ilegítimo" por agrupaciones como Codepu, Fasic, Parque Villa Grimaldi y ex presos políticos de la Región de Valparaíso, entre otros, que acusaron anomalías en el proceso de inscripción de 15 agrupaciones de Puerto Varas que se establecieron recién en 2009 y que declararon idéntica dirección, domicilio donde hoy no funciona ninguna sede.

A juicio del senador Naranjo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, "el error estuvo en no establecer en la ley que las organizaciones de Derechos Humanos tenían que tener un cierto número de años de vigencia, porque eso ha hecho que de manera sorpresiva y absolutamente inusual, aparezcan unas organizaciones que hoy día nadie conoce".

En su opinión tales entidades "no tienen ninguna legitimidad histórica de lucha ni de compromiso y por eso creo que el error estuvo en que no incluimos un mínimo de años que debiera tener cada organización que participe en estas designaciones".

El senador Naranjo manifestó que "espero que esto se corrija para evitar situaciones como las que se están viviendo, que no parecen adecuadas, ya que de la noche a la mañana aparecen un sin número de organizaciones que nadie conocía. Creo que en esto hay que ser muy firmes y las organizaciones que deben participar son las que tienen historia", sentenció.

Cabe precisar que se está evaluando convocar a una nueva asamblea de las organizaciones de Derechos Humanos para que realicen una nueva elección de sus representantes.

El consejo del Instituto de Derechos Humanos está integrado por dos consejeros designados por el Presidente de la República; dos por el Senado: dos por la Cámara de Diputados; uno por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores y de universidades autónomas; y cuatro consejeros designados por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que gocen de personalidad jurídica vigente