Con el fin de entregar a toda la población penal una herramienta que facilitará su verdadera resocialización y reinserción en la comunidad, el senador José Antonio Gómez, integrante de la Comisión de Constitución presentó un proyecto de reforma constitucional que dispone la realización de trabajos para las personas privadas de libertad.

La iniciativa que será analizada por la Comisión de Constitución plantea el trabajo para las personas privadas de libertad como "un deber, un derecho y no como un castigo, ya que en la actualidad solo parte de la población penal accede a una fuente de trabajo".

El parlamentario señaló que "las tendencias internacionales apuntan en la actualidad hacia una efectiva integración social de la población reclusa mediante la implementación de sistemas de rehabilitación".

Por ello, se ha dado especial importancia al trabajo y capacitación de reclusos dentro de las cárceles, lo que se ha establecido como un mecanismo eficaz para dotar a los infractores de conocimientos y habilidades aprovechables al momento de salir en libertad, permitiéndoles acceder a trabajos remunerados que los alejen de una posible reincidencia o nueva vinculación con el mundo delictivo, permitiendo con ello una verdadera capacidad de reinserción".

Aclaró que "si bien es cierto que actualmente el sistema carcelario ofrece la posibilidad de que parte de los reclusos interesados y autorizados por la autoridad carcelaria puedan desarrollar actividades laborales remuneradas, los beneficios que este tipo de actividades representan en el proceso de rehabilitación y reinserción social hacen recomendable su extensión al resto de la población penal, incluida aquella que voluntariamente no opta por ejercer este tipo de oficios".

El senador Gómez aseveró que "es precisamente entre la población penal con mayores problemas de socialización que el trabajo puede significar cambios más gravitantes, pues normalmente se trata de individuos que jamás han recibido capacitación laboral, que se encuentran inmersos en la cultura del delito y que normalmente no optan voluntariamente por este tipo de beneficios, simplemente porque no se representan ni han tenido la posibilidad de vislumbrar una vida distinta".

De este modo "el interno contribuirá de manera cabal, como hace mucho tiempo ha intentado el legislador, a cancelar e indemnizar, con el producto de su trabajo, los gastos que ocasione al recinto carcelario".

De igual forma, dijo el parlamentario "mediante con la presente iniciativa legal, se podrá hacer efectiva, en un tiempo breve y acotado la responsabilidad civil que le correspondiere y como ya se expresó podrá crear su fondo de reserva para ser retirado una vez que egrese".

Puntualizó que "la decisión que determina la clase de trabajo asignado a cada condenado o detenido es reglada y no discrecional. Los criterios objetivos para la determinación de las labores individuales impiden un trato discriminatorio o arbitrario aplicable al recluso".

El senador Gómez, aseguró que de acuerdo a la experiencia recogida por el Servicio de Gendarmería de Chile, "se produce una convivencia mucho más pacífica y ordenada en los recintos carcelarios donde operan talleres laborales, por lo que se requiere destinar menos esfuerzos a las tareas de control y vigilancia, y se puede desarrollar una acción rehabilitadora más efectiva".

Al mismo tiempo -afirmó- se ha constatado un positivo efecto psicológico sobre el recluso por el desarrollo de un trabajo. "Ello responde a la adquisición de una nueva calidad o identidad como trabajador, que se traduce en la posibilidad, como ya se señaló, de colaborar monetariamente en los gastos de mantenimiento del hogar".