Mayores exigencias en la contratación de fiscales para el Ministerio Público y establecer alguna responsabilidad civil, es decir monetaria, cuando cometan errores que deriven en la detención innecesaria de personas inocentes, planteó el integrante de la Comisión de Constitución, senador Pedro Muñoz, como una forma de disminuir los errores judiciales que se cometen cada año en el país.

Según información entregada por la Defensoría Nacional, el año 2008 más de 500 personas estuvieron en prisión preventiva y posteriormente fueron absueltas y "declaradas inocentes". La cifra, que representa un aumento de 23% respecto de 2007, obedece en parte a "reconocimientos mal hechos" en ruedas de presos y set fotográficos.

No obstante, según datos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), desde que comenzó a regir la Reforma Procesal Penal,  nueve personas afectadas por este tipo de errores han demandado al Fisco, exigiendo $213 mil millones.

En tal sentido, el senador Muñoz señaló que "creo que la única forma de poder resolver estas anomalías que se producen en el Ministerio Público es con una mayor exigencia en la contratación de los fiscales, un mayor control en la eficiencia e irlos calificando por los resultados que van obteniendo. Una tercera posibilidad es que ellos debieran tener alguna responsabilidad civil, salvo que haya alguna excusa que pudieran hacer  valer en su favor, porque indudablemente pueden equivocarse".

REVISIÓN DEL SISTEMA

El senador Muñoz manifestó que "desde un tiempo a esta parte ha habido una serie de críticas al actuar del Ministerio Público a través de los fiscales.  Ha habido falta de acuciosidad en la investigación, formalizan, a veces, a  personas que no tienen nada que ver en los hechos que están siendo investigados, algunos están injustamente presos y al final son declarados inocentes".

En su opinión, ello ocurre por "falta de acuciosidad o por un exceso de protagonismo que quieren tomar los fiscales en algunos casos y tratan de resolver los asuntos que se le encomiendan a toda costa, sin medir las consecuencias porque no tienen responsabilidades de tipo pecuniario cuando se equivocan, como los casos que se han citado".

Asimismo, recordó que cuando se discutió en el Senado el proyecto que permitía a los fiscales solicitar información sobre las llamadas telefónicas sin la autorización previa de un juez, surgieron varias propuestas tendientes a revisar el actual sistema y las facultades que tienen los fiscales del Ministerio Público.

"Hay que hacer una revisión, porque no es posible que se repitan, en un sistema que es prácticamente nuevo, con tanta frecuencia este tipo de situaciones tan anormales. En el sistema antiguo igual se producían, pero era un sistema que tenía una serie de fallas. Seguramente la gente no tenía la costumbre de demandar al Estado, pero no recuerdo de que existieran tantas demandas y  por tal cantidad de plata en contra del Estado".