Un contundente rechazo le dio el Senado,  en el último trámite legislativo, al informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos, que entre otras medidas permitía que los fiscales del Ministerio Público pudieran solicitar a las compañías telefónicas, sin autorización judicial previa, datos sobre el tráfico de llamados de sus clientes.

Con 26 votos en contra, uno a favor del senador Jorge Pizarro y dos abstenciones de los senadores Guido Girardi y Ricardo Núñez, la Sala rechazó la iniciativa, por estimar que la citada disposición vulnera la garantía constitucional del derecho a la intimidad y privacidad de las personas.

Asimismo, señalaron que la existencia de esta norma podría derivar en abusos por parte de algunos fiscales, puesto que no contarían con un contrapeso como lo son los jueces de garantía.

Durante la sesión intervinieron los senadores Evelyn Matthei, Hosaín Sabag, Alberto Espina, Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Jaime Orpis, Jorge Pizarro, Carlos Cantero, Nelson Ávila, Juan Antonio Coloma, Adolfo Zaldívar, Sergio Romero y Alejandro Navarro.

La iniciativa facultaba a los fiscales para requerir directamente a las concesionarias de servicio público telefónico, sin autorización judicial previa, la localización y los datos de tránsito de las comunicaciones, el número de origen y destino y la duración de éstas. Para ello, las empresas deberían conservar, a lo menos por un año, la información y datos citados.

Asimismo, se obligaba a las concesionarias de telefonía móvil a mantener un registro actualizado de las personas a las que presten sus servicios, independiente de si se trata de clientes con un plan contratado o con sistema de prepago.

VIOLACIÓN A LA PRIVACIDAD

Según la senadora Matthei, es inaceptable que el Ministerio Público pueda acceder directamente, al tráfico de llamadas de los usuarios de telefonía móvil, pues ello vulnera la intimidad y privacidad de las personas. Agregó que la norma que obliga a inscribir los teléfonos celulares, no sólo puede derivar en la existencia de un mercado negro por parte de delincuentes, sino que en dificultades para que usuarios de zonas apartadas puedan cumplir con esa obligación.

En tanto, el senador Sabag anticipó su voto en contra argumentando que con ello defiende el derecho a la privacidad de la inmensa mayoría de los chilenos. Asimismo, manifestó sus aprensiones al mal uso que podrían hacer los fiscales de esta atribución, señalando que tiene que existir un contrapeso.

El senador Espina señaló que si bien se debe buscar una fórmula que permita perseguir a quienes cometen delitos a través de teléfonos robados, ello no puede vulnerar la garantía constitucional de respeto y protección a la vida privada. Agregó que espera que el Ejecutivo pueda concordar un veto que cumpla la posibilidad de velar por las garantías y a la vez perseguir a delincuentes.

La senadora Alvear, en tanto, señaló que una iniciativa como ésta debió necesariamente haber sido analizada por la Comisión de Constitución, pues vulnera el Código de Procedimiento Penal, en tanto da facultades diferentes a las que tienen los fiscales.

En una línea similar el senador Gómez señaló que todas las iniciativas que afecten el ordenamiento jurídico debieran ser derivadas a la Comisión de Constitución, pues en este caso, de haber sido aprobado el proyecto existían altas posibilidades de que fuera declarado inconstitucional.

Por su parte, el senador Orpis manifestó que este proyecto rompe con la filosofía de nuestra legislación penal, pues incluso en casos tan graves como el narcotráfico, siempre actúa el juez de garantía.

Una opinión distinta tiene el senador Pizarro quien señaló que ya existe la posibilidad de acceder a datos sobre llamadas telefónicas, pero en algunos casos las concesionarias los entregan sin mayor problema y en otros solicitan la orden judicial, asunto que se quiere corregir con este proyecto. Agregó que el objetivo del proyecto es loable y que se puede perfeccionar en un veto presidencial.

ATRIBUCIONES DE FISCALES

El senador Cantero, quien en un principio era partidario de la iniciativa, anunció su voto en contra argumentando que es un hecho que se acrecienta la crítica y desconfianza respecto de la acción de los fiscales, por lo que se deben evaluar sus atribuciones.

A su turno, el senador Ávila también manifestó su voto en contra señalando que con esa facultad podría ocurrir que se solicite información sin necesidad de justificar la investigación que lleva a cabo.

El senador Coloma manifestó que el proyecto no sólo daña la privacidad de las personas, sino que generará una serie de problemas para los usuarios de celulares de prepago de zonas alejadas del país, que deberían inscribirlos obligatoriamente.

Por su parte el senador Zaldívar señaló que la privacidad y la intimidad es un derecho fundamental de la sociedad y en ese sentido, esta es una mala iniciativa que debe ser rechazada.

El senador Romero, en tanto, destacó el nivel de análisis y debate que se generó en la Sala del Senado, pues ello permitió conocer en profundidad los alcances de esta iniciativa.

Finalmente el senador Navarro manifestó que nadie duda de la necesidad de combatir el delito y la sustracción de teléfonos móviles, pero advirtió que se debe fortalecer el derecho a la privacidad y endurecer las penas para que los investigadores privados también tengan restricción de acceso a estos datos.