Por 29 votos a favor y una abstención del senador Mariano Ruiz-Esquide, el Senado aprobó dos indicaciones que aclaran las facultades que tendrá el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII)  para acceder a las cuentas corrientes de los contribuyentes como una forma de combatir los delitos tributarios.

Previamente, la Sala aprobó la idea de legislar de este proyecto por 33 votos a favor y 3 en contra, Con ello, la iniciativa que cuenta con urgencia de discusión inmediata, es decir de tres días para ser despachada por cada rama legislativa, quedó en condiciones de cumplir su último trámite, en la Cámara de Diputados.

De ser aprobada, Chile contaría con este importante cuerpo legal que es considerado por el Gobierno como "un requisito previo al ingreso del país a la Organización para la Cooperaciones y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que lo sacaría de la zona gris de los países que no cuentan con instrumentos para acceder a las cuentas bancarias para verificar la tributación de los contribuyentes".

El debate no estuvo exento de polémica ya que, mientras los senadores Hosaín Sabag, Alejandro Navarro, José García, Evelyn Matthei, Camilo Escalona y Pedro Muñoz apoyaron favorablemente la iniciativa, su par Juan Antonio Coloma insistió en que la normativa atenta contra "la libertad e intimidad de las personas".

En tanto, los senadores Alberto Espina y José Antonio Gómez, presidente e integrante de la Comisión de Constitución, respectivamente, dejaron constancia de su molestia por la decisión del Ejecutivo de imponer discusión inmediata a este proyecto, pese a que la instancia tenía previsto escuchar durante el debate en particular, a constitucionalistas y representantes de organizaciones gremiales.

Por su parte, los senadores Guillermo Vásquez y Hernán Larraín pese a compartir la necesidad despachar el proyecto se mostraron partidarios de introducir algunos perfeccionamientos, para evitar futuras interpretaciones que dificulten su aplicación.

Es así como el senador Vásquez presentó dos indicaciones para aclarar que será solo el Director Nacional del SII el que solicitará al juez de garantía correspondiente el levantamiento de información bancaria sometida al secreto o reserva y que las disposiciones de esta Ley no restringirán las demás facultades del Servicio de Impuestos Internos. Ambas disposiciones fueron aprobadas.

LIBERTADES Y SECRETISMO

El senador Hosaín Sabag aseveró que el levantamiento de la reserva de las cuentas corrientes es fundamental en un sistema de libre mercado y globalizado, donde se "exige el fin del secretismo o los privilegios que pudieran ser usados como escudo frente a las facultades de autoridades administrativas".

A su turno, el senador Juan Antonio Coloma, precisó que "se está imponiendo la lógica del Gran Hermano" y no compartió los argumentos de que esta normativa permitirá una mayor recaudación y poder integrar la OCDE porque "ello se hace a costo de la libertad y la intimidad de las personas".

El senador Alejandro Navarro discrepó de su par porque "su apelación a la libertad se justifica solo cuando se trata de poderosos con cuello y corbata que esconden sus ingresos para no cancelar sus impuestos".

En tanto, el senador Alberto Espina recalcó que "la iniciativa afecta por igual a los grandes y pequeños empresarios y contribuyentes". Asimismo lamentó que la Comisión de Constitución no haya podido revisar esta en forma acuciosa el texto porque adolece de un problema técnico: "la norma impone al juez de garantía un trámite donde nunca puede decir que no".

Sin embargo, el senador José García despejó las aprensiones sobre este cuerpo legal ya que "en el mundo de hoy el lavado de dinero, el tráfico de drogas, los negocios y las rentas ilícitas son el pan de cada día y muchas veces nos sorprendemos cuando se descubren grandes fraudes y nos preguntamos por qué el SII no se dio cuenta antes".

Coincidió con su par la senadora Evelyn Matthei, quien aclaró que "no veo ningún drama ni riesgo de constitucionalidad. Es un proyecto sencillo que ayudará a evitar la evasión de impuestos. No se van a publicar las cuentas corrientes y le hace bien a Chile". 

Por su parte, el senador José Antonio Gómez dejó constancia de su preocupación por "la forma del Ejecutivo de tomar decisiones de fondo, ya que podríamos encontrarnos con un proyecto que no resuelva bien las cosas técnicamente".

El senador Camilo Escalona aseguró que "nuestro país necesita modernizar su legislación para poner límites a este tipo de abusos donde algunas personas consiguen mayor rentabilidad con negocios ilícitos".

A su turno, el senador Guillermo Vázquez manifestó que "la única autoridad administrativa con facultades para acceder a una cuenta corriente cuando se investiga un delito tributario es el Directorio de SII y eso es prudente porque no es adecuado que esta facultad quede en manos de cualquier funcionario".

El senador Hernán Larraín coincidió con el planteamiento de su par "porque sería delicado que cualquier funcionario de impuestos internos tuviera esas prerrogativas".

Por su lado, el senador Pedro Muñoz Aburto, recordó que la información de las cuentas bancarias es actualmente manejada por los ejecutivos de instituciones financieras y "todo sistema tributario moderno necesita esta verificación cuando hayan dudas o sospechas".

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo justificó la urgencia a este proyecto porque "se trata de un tema de Estado y las oportunidades que los países tienen son independientes del gobierno de turno, porque si Chile entra ahora a la OCEDE será el próximo Presidente de la República el que firme el Tratado definitivo".

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco afirmó que la iniciativa debe estar despachada del Congreso y no solo aprobada en general porque en ese estatus ante el Comité de Expertos de la OCDE podría ser objeto de modificación.

En lo fundamental el proyecto regula el procedimiento que deberá seguir la autoridad tributaria para acceder a la información bancaria sujeta a reserva o secreto con el fin de evitar la evasión.

Asimismo establece que la justicia ordinaria podrá autorizar el examen de informaciones relativas a las operaciones bancarias de personas determinadas, sujetas a secreto o reserva, en el caso de procesos relacionados con delitos tributarios.