Por 28 votos a favor, uno en contra del senador Alejandro Navarro y 4 abstenciones, el Senado dio el visto bueno al informe de la Comisión Mixta que resolvió las divergencias entre ambas Cámaras sobre el proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

Ahora, solo resta que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre el informe y, de aprobarlo, el proyecto que sanciona con multas equivalentes a 5 veces el monto de la primera infracción por el no pago del tag, quedará en condiciones de ser promulgado como Ley de la República.

Durante el debate intervinieron los senadores Sergio Romero, Soledad Alvear, Pablo Longueira, Hosaín Sabag, Nelson Ávila, Alejandro Navarro y Mariano Ruiz-Esquide. Además del Subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia.

Por su parte, el senador Andrés Chadwick dejó constancia de su inhabilidad para votar sobre estas materias, debido a que su hermano es  presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública  (Copsa).

INNOVACIONES

El senador Sergio Romero aseguró que "la Comisión Mixta alcanzó un acuerdo unánime en todas las discrepancias planteadas" y destacó que el texto legal da cuenta de importantes innovaciones "que vienen a paliar y resolver situaciones que se produjeron en la aplicación práctica del sistema de concesiones en los últimos 10 años, logrando un equilibrio entre los intereses del Estado y de los concesionarios".

A su turno, la senadora Soledad Alvear hizo alusión al artículo que modifica el actual régimen de multas por el no pago del tag y recordó que esta norma tuvo su origen en una moción que presentó junto a los senadores Jaime Naranjo y Eduardo Frei. "La multa de 40 veces el monto de lo adeudado era irracional y se acordó que de ahora en adelante el beneficio de la multa vaya en un 50% a los municipios donde se cometió la infracción y el otro 50% al Fondo Común Municipal", dijo.

En tanto, el senador Pablo Longueira dio cuenta de las principales modificaciones que se introducen al proyecto y señaló que "hubo un importante perfeccionamiento en cuanto a que, en aquellas situaciones en que el Estado unilateralmente decida no otorgar una concesión, sin que haya ocurrido una situación grave se pagará por las inversiones efectivamente realizadas".  

Por otra parte, el senador Hosaín Sabag valoró los acuerdos alcanzados pero manifestó que "ojala no se vaya a abusar de la benevolencia de la rebaja de la multa, ya que en la práctica la norma de cobrar 40 veces el monto de la infracción nunca se cobró". Indicó que existe una cartera de US$4500 millones para las nuevas concesiones y "ojala se comiencen a ejecutar pronto".

El senador Nelson Ávila dejó constancia de sus dudas "sobre la benevolencia de rebajar las multas y sobre los beneficios del sistema de concesiones, porque prácticamente todo el país está concesionado". Agregó que a su juicio no se ha realizado un balance de lo que efectivamente han significado las concesiones en los derechos y calidad de vida de las personas, porque también ha habido impactos negativos".

Por su parte, el senador Alejandro Navarro justificó su voto en contra porque "el proyecto no aborda los graves problemas que se produjeron con las concesiones de la cárceles, donde además el Estado paga $526 mil a las concesionarias por cada reo". Añadió que lo esencial no son las multas sino los temas de fondo del sistema de concesiones

El senador Mariano Ruiz-Esquide aseveró que "este modelo de concesiones ha sido positivo porque ha significado la incorporación de capital privado", pero dejó constancia de que en materia de concesiones de hospitales, el Ejecutivo ha aclarado que lo que se va a concesionar es la construcción de esos recintos asistenciales, pero de ningún modo la administración de la salud.

Finalmente, el Subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia agradeció el respaldo otorgado a esta iniciativa y recalcó que "muchas de las observaciones manifestadas por los senadores están recogidas en el proyecto". Asimismo aseguró que "las concesiones de hospitales públicos no involucran ni la responsabilidad ni la atención médica, sino solo la construcción y operación de los edificios".

Cabe recordar que el proyecto que modifica la Ley de Concesiones tiene por objeto mejorar la actual ley para continuar con los esfuerzos del Estado, a fin de satisfacer las demandas de infraestructura que requiere el país. Con ese fin mejora los niveles de servicio, de modo que sean eficientes y debidamente fiscalizados.

Asimismo se propone una nueva institucionalidad con mayor poder de fiscalización y un mecanismo más expedito de resolución de controversias.

Se crea además un Consejo de Concesiones, cuya principal función será la de orientar las políticas de concesiones de obras públicas, de modo tal que sean consistentes con el crecimiento del país.

La normativa precisa además las hipótesis en las cuales el concesionario tendrá derecho a una compensación económica por concepto de inversiones no contempladas en el contrato original, como asimismo, al establecimiento de criterios económicos para la determinación del monto de dichas compensaciones.

Respecto al mecanismo de resolución de controversias, se modifica la composición de la Comisión Conciliadora y propone que ésta actúe de acuerdo a las normas fijadas para los árbitros mixtos, con fallo en derecho y apreciación de la prueba de acuerdo a la sana crítica, con la obligación de fundar la sentencia.