Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 9 de noviembre, quedó el proyecto, en primer trámite, que sanciona con penas de cárcel el delito de colusión en bienes de primera necesidad.

Ello, luego de que el Senado aprobara por 22 votos a favor y 4 abstenciones la iniciativa que sanciona con penas entre 61 días a 5 años de presidio y multas en beneficio fiscal de hasta 30 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), a quienes realicen prácticas concertadas para fijar precios de venta o de compra de bienes y servicios de primera necesidad.

El senador Alberto Espina, presidente de la Comisión de Constitución, destacó la importancia de esta iniciativa que establece sanciones proporcionales a la gravedad que significa una conducta de colusión mediante la cual se ponen de acuerdo -en forma premeditada- dos o más empresas con el propósito de alterar el precio de los valores de la libre competencia.

Aseveró que la acción penal correspondiente sólo se podrá iniciar a requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el Ministerio Público, de modo de evitar la proliferación de querellas ante los tribunales.

Asimismo "se entregan todos los instrumentos para mantener la figura de la delación compensada que demostró ser una norma extraordinariamente útil en la investigación de la Fiscalía Nacional Económica", dijo el legislador.

Puntualizó que durante el debate en particular se podrá perfeccionar el proyecto a fin de recabar la opinión de los jueces sobre la posibilidad de la interceptación telefónica que se contempla en el proyecto, ya que en la actualidad solo rige en la investigación de crímenes.

Cabe señalar que el proyecto que tuvo su origen en una moción de los senadores Alberto Espina, Andrés Chadwick, Carlos Cantero, José García y Antonio Horvath sancionará penalmente, los actos de colusión para fijar precios de venta o compra de productos de primera necesidad, para limitar su producción, así como para fijar zonas o cuotas de mercado sobre estos bienes.

Asimismo se dispone que la delación compensada o el arrepentimiento eficaz de los denunciantes que sea aceptado por la FNE producirá la extinción de la responsabilidad penal en materia penal y se autorizará a la Fiscalía del Ministerio Público a interceptar teléfonos para probar estos delitos, con la autorización de los jueces de garantía.

La iniciativa también autoriza a los tribunales chilenos a investigar este tipo de delitos de colusión cuando éstos tengan su origen en el extranjero pero produzcan efectos en Chile.