El golpe de Estado en contra del gobierno del presidente de Honduras José Manuel Zelaya fue perpetrado hace ya más de tres meses.

Muchas naciones del mundo,  organismos internacionales, fuerzas políticas e importantes sectores de la sociedad civil en toda nuestra región, condenaron con prontitud y firmeza el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras, así como así su detención y posterior expulsión del país, y demandaron el restablecimiento de la normalidad democrática e institucional en esa nación centroamericana.

En el mismo sentido, cabe destacar también que los Estados Unidos condenaron resueltamente el golpe de Estado en Honduras, sin entrar a sopesar lo cercanas que les podrían resultar las simpatías de los golpistas, lo que contrasta con las experiencias de los '60 y '70 y anuncia el fortalecimiento de una relación respetuosa y madura entre ellos y las naciones de América latina

Todo esto debe ser observado con satisfacción. Quisiera expresar mi convicción de que hoy la región vive en un tempo de madurez democrática que hace inviables soluciones de facto. Llegar a este momento ha sido un camino largo, iniciado hace cerca de 30 años con los procesos de recuperación democrática en el Cono Sur, pero que al presente debemos asumir y preservar como una valiosa conquista nuestra.

El presidente Óscar Arias, la Organización de los Estados Americanos (OEA)  y su Secretario General, vienen desplegando sus mejores esfuerzos en orden a instaurar el diálogo entre el gobierno de facto y les depuestas autoridades democráticas.  Estos esfuerzos, en mi opinión, no suponen el reconocimiento de ningún gobierno que intente reemplazar por la fuerza al legítimamente constituido. La Carta Democrática Interamericana debe ser respetada. Toda solución a la crisis hondureña pasa por el reestablecimiento del presidente Zelaya en el poder que legítimamente debe detentar.

Además de mi satisfacción por la reacción de condena internacional robusta ante lo acaecido, quisiera expresar mi preocupación ante la falta de visión de las elites sociales, económicas, políticas y militares hondureñas, las que apostaron por esta solución de quiebre. La salida ante las tensiones democráticas como de las que se acusaba al presidente Zelaya, pasan por más democracia y no por interrumpir por la fuerza la legitimidad institucional de un gobierno. Así lo comprueban, por lo demás, experiencias tanto o más difíciles que la hondureña en nuestro continente, como las que conocimos hace años atrás en Bolivia o Paraguay, naciones que apostaron por la preservación de sus democracias.   

Los golpistas se equivocaron también si pensaron que con el tiempo la preocupación externa iba a ceder y que las alegaciones de tratarse de asuntos internos terminarían haciendo eco en la comunidad internacional. Los medios de comunicación ahí están para recordarnos que en Honduras el gobierno de facto restringe las garantías constitucionales y ha estado denegando  el acceso de funcionarios internacionales, los que, finalmente, solo buscan ser parte de la solución de normalización institucional. Desgraciadamente,  nuestras peores aprensiones de escalada de la violencia entre la población civil hasta ahora se han hecho realidad.

Ahora solo nos queda confiar en el buen término de los esfuerzos del llamado al diálogo que formuló el miércoles último el Secretario general de la OEA José Miguel Insulza al instalar la Mesa de Diálogo entre representantes del Presidente José Manuel Zelaya y del gobierno de facto de Honduras que se está desarrollando en Tegucigalpa.

Mi reflexión final sería reiterar mi compromiso con Honduras y con su democracia. No dejemos que los acontecimientos, los actos y el tiempo terminen legitimando en ejercicio a una autoridad que no fue legítima en origen. Reitero que la región ha avanzado mucho y este avance ha sido a costa de mucho esfuerzo de nuestros pueblos. No dejemos que el peso de la noche se vuelva a cernir sobre nosotros.