En condiciones de ser estudiada por la Cámara de Diputados quedó el proyecto que regula los servicios sanitarios rurales, luego que el Senado aprobara en forma unánime todas las disposiciones de la iniciativa que beneficiará a los millones de personas que compran y reciben agua administradas por cooperativas o comités de Agua Potable Rural (APR).

Si bien existió pleno acuerdo de los senadores en respaldar el proyecto, la disposición relativa a cuando dejan de ser indispensables los bienes utilizados por estos comités de APR, generó mayor debate, pero sólo por aspectos de carácter técnico.

Durante la discusión en Sala hicieron uso de la palabra los senadores Sergio Romero, Pablo Longueira, Hosaín Sabag, Juan Pablo Letelier, Antonio Horvath, Mariano Ruiz-Esquide, Jaime Naranjo, Ricardo Núñez, Jorge Pizarro, Carlos Kuschel, Evelyn Matthei y Nelson Ávila. También intervino el Ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, quien agradeció el trabajo realizado por los senadores y valoró la aprobación del proyecto.

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Romero, quien señaló que la iniciativa permitirá a los sectores rurales tener las condiciones necesarias para contar con un servicio sanitario adecuado. Recordó que si bien existía consenso entre los senadores respecto de crear una Dirección de Servicios Sanitarios Rurales, por razones del Ministerio de Hacienda debieron inclinarse por una Subdirección, institucionalidad que permitirá que la existencia de un servicio sanitario moderno no dependa de la voluntad de la autoridad respectiva.

En tanto, el senador Sabag destacó que la iniciativa busca el saneamiento rural, el tratamiento de aguas servidas y una solución sanitaria integral, estableciendo una institucionalidad definitiva al sistema sanitario rural.  Agregó que con ello no solo se pretende agilizar la ampliación del sistema de APR sino que entregar apoyo técnico y financiero a los distintos comités.

MARCO LEGAL

Por su parte, el senador Letelier señaló que una de las grandes conquistas del proyecto no es solo la creación de una institucionalidad, sino que se garantice la entrega de permisos para operar y que los actuales administradores tengan la opción de mantener la administración por un período largo, además de contar con un marco legal donde va a haber un proceso de fijación de tarifas. Valoró que se establezca por ley la existencia de financiamiento público permanente y que se permita la regularización de los bienes administrados por los comités y cooperativas de APR.

A su turno, el senador Longueira señaló que con este proyecto los comités y cooperativas de Agua Potable Rural dan un salto importante pues se crea una institucionalidad y se perfecciona el sistema de licencias y permisos que permitirá a los comités que se quieran constituir en cooperativas que se les entregue una licencia para hacer uso de este servicio por 30 años. En tanto los comités de APR van a tener permiso por 10 años de vigencia.

Agregó que la iniciativa posibilita un saneamiento total de todos los bienes raíces donde están las instalaciones indispensables para las cooperativas o comités, a través de la creación de un mecanismo expedito.

Por su parte el senador Horvath destacó que en la medida que tengamos mejor cobertura de agua potable se mejorarán los indicadores de salud y de calidad de vida, por lo que valoró la iniciativa. No obstante señaló que se debe avanzar en el tema de los derechos de agua y en lo relativo a las defensas fluviales, pues no existe ninguna institucionalidad que vele porque no se produzcan daños a predios a raíz de las crecidas de ríos.

El senador Ruiz-Esquide respaldó el proyecto pero advirtió que el cuidado del agua que es permanente, por lo que instó a sus pares a debatir sobre la reforma constitucional que presentó junto a otros parlamentarios para nacionalizar el agua.

En tanto, el senador Naranjo manifestó que el hecho de que se cree una institucionalidad le va a dar un carácter de mayor eficiencia que la que ya tiene el sistema de APR y enfatizó que uno de los logros del proyecto dice relación con el carácter de propiedad, pues con esta iniciativa se está diciendo no a la privatización del agua en el sector rural.

Por su parte el senador Núñez solicitó que se estableciera en la ley que el ámbito rural no sólo se refiere al vinculado al sector agrícola, sino que también al que forma parte del entorno urbano del país. Esto para que no se discrimine a ningún pueblo de áreas desérticas o lluviosas.

El senador Pizarro hizo un reconocimiento a los miles de chilenos que forman los comités de Agua Potable Rural, argumentando que el esfuerzo que ellos han hecho a lo largo del tiempo, les permitió contar con un proyecto que entrega una institucionalidad, les permite tener una legalidad adecuada y solucionar los problemas de propiedad que tenían.

El senador Kuschel valoró la iniciativa pero manifestó su preocupación por el atraso del Plan Chiloé, pues existen 22 islas sin Agua Potable Rural y sin electrificación, por lo que espera que este proyecto pueda beneficiarlos de alguna manera.

En cuanto a la disposición referida a los bienes indispensables de los servicios de APR, la senadora Matthei precisó que la idea es dejar establecido en la historia de la ley que cuando un bien deje de ser indispensable cuente para ello con la autorización de la Subdirección.

Esto fue respaldado por el resto de los senadores que habían manifestado sus dudas en un principio.