Por 19 votos a favor y 3 abstenciones, el Senado despachó la observación presidencial que establece multas entre los $360 mil y los $36 millones a quienes exijan el cheque o dinero en garantía como condición para la entrega de atenciones de salud.

Esta iniciativa legal complementa la ley N° 19.650, que prohibió exigir dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar la atención en caso de urgencia vital calificada por un médico.

De este modo, el veto presidencial que busca establecer la fiscalización del cumplimiento de la ley en cuanto a permitir la utilización de instrumentos mercantiles distintos del cheque para garantizar el pago de la atención de salud, fija además sanciones administrativas como la eliminación del registro de prestadores institucionales acreditados a quienes infrinjan la ley.

Asimismo le entrega la misión de fiscalizar el cumplimiento de esta legislación a la Superintendencia de Salud, por medio de la Intendencia de Prestadores, de modo de evitar la judicialización de una materia que requiere de soluciones inmediatas en vez de un largo proceso judicial.

EL senador Mariano Ruiz-Esquide, en su calidad de presidente de la Comisión de Salud, manifestó que "el veto del Ejecutivo otorga estas facultades expresas a la Superintendencia de Salud para hacer efectivamente la fiscalización".

Recordó que "en la Comisión hubo un acuerdo no escrito que consideraba que con las leyes de salud existentes se podía hacer esta fiscalización, sin embargo, quedó establecido que ello no era así y por eso se le solicitó al Ejecutivo que enviara esta observación que complementa el proyecto que es digno, justo, equitativo y saludable".

Cabe señalar que la observación presidencial busca proteger a los usuarios del sistema de salud y, al mismo tiempo evitar que  los prestadores individuales, es decir los médicos, exijan cheques como garantías de atención.

En lo fundamental se establece una multa a los infractores que va desde las 10 hasta las 1.000 UTM, es decir entre $360.000 y $36 millones aproximadamente, dependiendo de la gravedad de la situación en que se exigió un documento o dinero en efectivo en garantía.

Pero además, y con el propósito de desincentivar la infracción a estas disposiciones, se establecen sanciones administrativas que, sin afectar directamente el patrimonio del infractor, pueden dañar su imagen o prestigio.

Los prestadores institucionales, como clínicas u hospitales que incurran en este tipo de infracciones pueden ser sancionados  con la eliminación del registro de prestadores institucionales acreditados, y en el caso de las personas naturales, pueden ser sancionadas  con la suspensión del otorgamiento de Garantías Explícitas en Salud, hasta por 180 días a través de Fonasa o Isapres y con la suspensión para otorgar prestaciones en la modalidad de libre elección de Fonasa.

En caso de reincidencia en la infracción dentro de un plazo de un año, se podrán duplicar y hasta cuadriplicar la primera multa aplicada.

Por último, la Superintendencia deberá generar un sistema de atención continuo y expedito para recibir y tramitar los reclamos que reciba por incumplimiento de las normas de esta ley, con el propósito de garantizar el acceso oportuno a las prestaciones de salud. Este sistema deberá funcionar 24 horas al día los 7 días de la semana y proporcionar solución inmediata a los problemas que se le comuniquen.