En los últimos meses hemos visto un preocupante rebrote de la violencia en nuestro país: problemas en la Araucanía, violencia intrafamiliar, homicidio de jóvenes, enfrentamiento de pandillas y acciones de grupos violentistas que la usan como forma de protestar.

Detrás de algunos casos de violencia se esconden diversas demandas de sectores de la sociedad. Muchas de estas demandas son legítimas y tal vez se esconde detrás de ellas el grito desesperado de un grupo que busca una solución.

Sin embargo, en el siglo XXI, en un Estado de Derecho, en un país con una democracia sólida, la violencia no está en el lado de las soluciones. La violencia está en el lado de los problemas, o mejor dicho, la violencia es uno de los problemas principales del país.

El violento por definición, está fuera de control y con sus acciones pretende castigar a la sociedad con los problemas propios que lo sobrepasan. En este sentido, decir que la violencia es la solución a los problemas es sólo una máscara detrás de la cual se esconde la venganza: la venganza de una persona que no quiere ni sabe negociar y prefiere extender el problema a todos.

La sociedad tiene una responsabilidad importante en esto. Hay millones de jóvenes,  trabajadores y mujeres que luchan día a día por la causa de sus familias, levantándose temprano, trabajando e incluso sufriendo una injusta cesantía.

Y esa mayoría silenciosa, no busca solución en la violencia, al contrario, contribuye al desarrollo y crecimiento del país.

La sociedad deberá entender que ni la pobreza ni los problemas justifican la violencia, ya que ella traerá mucha más violencia y muchos más problemas. Que los asaltos, incendios, ataques con bombas no pueden representan el sentir legítimo de una parte de la sociedad que tiene problemas y busca su solución,  sino que son expresión de una venganza inútil de un grupo pequeño de la misma.

Finalmente estas venganzas provocarán respuestas como la recientemente conocida en el sur del país y las víctimas comenzarán a actuar en legítima defensa. Eso nos aleja peligrosamente de Estado de Derecho y convierte a una parte de nuestro territorio en una zona de exclusión de la ley.

La sociedad espera una actitud enérgica y resuelta de quienes tienen a su cargo la misión de velar por la seguridad pública. Aún estamos a tiempo de evitar que lo que hoy son señales sean mañana nuestra realidad.