"No estamos buscando que las viviendas sociales sean inembargables o que se condonen sus deudas sino una oportunidad para que sus propietarios puedan renegociar ante situaciones de morosidad", así lo aseguró el senador Jaime Orpis, presidente de la Comisión de Vivienda, que escuchó a los representantes de la Superintendencia de Bancos.

La instancia analiza el proyecto, iniciado en una moción presentada por los senadores Orpis y Jaime Naranjo que establece un mecanismo de embargo especial de viviendas sociales de hasta 650 unidades de fomento, equivalentes a unos $13.500.000.

El parlamentario aseguró que "estamos conscientes de que éste es un tema delicado pero estamos proponiendo una fórmula que permitirá que antes de que se produzca el remate de una vivienda social,  el propietario tendrá una instancia de negociación con la institución financiera".

Agregó que "de este modo se podrá desarrollar una reprogramación y si no la cumple recién entonces se dará curso al remate. En el fondo lo que se propone es generar una oportunidad para que no se pierda el bien más preciado de una persona modesta que es su vivienda y, al menos, haya una instancia obligatoria de negociación para reprogramar con el sector financiero público o privado".

Puntualizó que a través de este mecanismo existirá una posibilidad para que se vuelvan a normalizar las situaciones de pago y, si finalmente no se produce, entonces procedería el remate, como última instancia".

El senador Orpis recordó que a raíz de la crisis financiera se ha producido un importante incremento de la cesantía lo que ha golpeado fuertemente a los quintiles de más bajos ingresos de nuestra sociedad, dejándolos muchas veces en la imposibilidad de cumplir sus compromisos".

Precisó que, en la actualidad, "unos 191 mil deudores de viviendas sociales se encuentran con los dividendos atrasados y si su situación no mejora podrían enfrentar futuros embargos o remates, dejando familias enteras en la calle".

Agregó que "si bien la encuesta Casen define como línea de pobreza los $47.100 pesos per cápita, resulta ilógico considerar que quienes estén por sobre dicha suma no son pobres, ya que este valor escasamente puede cumplir con todos las necesidades básicas y primarias de una persona, es decir, vestimenta, comida y techo".

Aseveró que "ni siquiera el sueldo mínimo es capaz de solventar dichos gastos de manera holgada, sobretodo cuando dentro de la familia un solo integrante está capacitado para trabajar, o estando el resto capacitado también, no puede hacerlo porque no existen fuentes laborales suficientes".

El legislador recalcó que también es "urgente establecer un sistema de interés especial en los préstamos hipotecarios en estos casos, de modo que no superen el 2%, pues muchas veces, debido al círculo vicioso que se produce debido a la mora y los intereses que ésta generan, estos mismos deudores terminan debiendo tres veces el valor de su vivienda, lo que imposibilita aún más la solución de su conflicto".

Recordó que "este año se paralizaron los remates de numerosos deudores hipotecarios gracias al Decreto 43 del Ministerio de Vivienda, pero esto no es una solución definitiva. Por lo mismo, hemos elaborado un sistema de convenio de renegociación de la deuda que permita asegurar que las viviendas que no tengan un valor superior a 650 UF puedan renegociar sus compromisos".