BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Por unanimidad se aprobó el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que faculta renovación de bonificación por retiro voluntario, creada por ley Nº 20.135, y crea bonificación adicional para los funcionarios municipales que indica, aprobado por la Cámara de Diputados. (Boletín Nº 6.541-05)

El proyecto, iniciado en Mensaje, tiene por objeto extender los incentivos al retiro del personal de los municipios, como un mecanismo de renovación de sus estructuras, dentro del proceso de modernización de la gestión municipal, impulsado por el Gobierno.

Contenido del proyecto:

- Faculta a los municipios para renovar, dentro del período que va del 1º de enero de 2.009 y el 31 de diciembre de 2.010 y hasta por un total de 3.400 cupos, la bonificación por retiro voluntario para los funcionarios municipales, tengan o cumplan 65 años de edad o más, sí son hombres y, 60 años o más, si son mujeres.

- Extiende el derecho a esta bonificación a los funcionarios municipales que, dentro de las fechas señaladas, y cumpliendo con las edades exigidas, obtengan o hayan obtenido pensión de invalidez, o hayan cesado o cesen en sus funciones por declaración de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.

- Entrega a un Reglamento la determinación del procedimiento y de las modalidades para la concesión de la bonificación, así como las normas de precedencia de las municipalidades para acceder a los anticipos de fondos para la cancelación de estos beneficios.

- Dispone que, para tener derecho a la bonificación que se concede, la renuncia deberá hacerse efectiva dentro de los 120 días siguientes al cumplimiento de las edades exigidas.  Tratándose de las mujeres, éstas podrán impetrar el beneficio desde que cumplan 60 años y hasta los 120 días siguientes a que cumplan 65 años de edad, siempre que dichas edades se cumplan a más tardar el 31 de diciembre de 2010.

- Crea una bonificación adicional, equivalente a UF 527 o UF 395, según las plantas municipales a la que se haya pertenecido, que se otorgará por una sola vez, a aquellos funcionarios a los que se les conceda la bonificación por retiro voluntario.

- Permite acceder a esta bonificación adicional, hasta por un total de 150 cupos, a los funcionarios que, habiendo postulado al beneficio por retiro voluntario, no accedan a él por falta de cupos.

- Extiende, hasta el 31 de diciembre de 2010, la facultad que se concede a los municipios para solicitar anticipos del Fondo Común Municipal, con el fin de pagar las bonificaciones que en este proyecto de ley se establecen.

Intervinieron los senadores Evelyn Matthei y Hosaín Sabag.

En consecuencia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, para que lo remita al Ejecutivo comunicándole su aprobación.

SANCIONA PENALMENTE LA COLUSIÓN

 Quedó para segunda discusión el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona penalmente la colusión. (Boletín Nº 6.454-07)

El proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores Alberto Espina, Carlos Cantero, Andrés Chadwick, José García y Antonio Horvath, tiene por objeto reponer una sanción penal respecto de quienes se coludan para infringir las normas que resguardan la libre competencia, que fuera eliminada con motivo de la dictación de la ley que creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Contenido del proyecto

- Castiga con la pena de presidio menor, en cualquiera de sus grados (de 61 días a 5 años) a aquellos agentes económicos que, en forma expresa o tácita, acuerden fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, que limiten la producción, o asignen zonas o cuotas de mercado, abusando del poder que dichos acuerdos les confieran, perjudicando de esta manera a los consumidores.

- Dispone que las investigaciones de los hechos constitutivos de colusión, sólo podrán ser iniciadas por el Ministerio Público previa denuncia o querella de la Fiscalía Nacional Económica.

- Establece como eximente de responsabilidad penal, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos que haya prestado el imputado en la investigación de los hechos.

Intervinieron los senadores Guillermo Vásquez, Baldo Prokurica, Adolfo Zaldívar, Andrés Chadwick, y Carlos Cantero.

En consecuencia, procede realizar la segunda discusión en general de esta iniciativa, en la próxima sesión.

TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL CON SUIZA

Quedó para segunda discusión, el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, recaído en el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República de Chile y la Confederación Suiza, suscrito en Santiago, el 24 de noviembre de 2006. (Boletín Nº 5.796-10)

 El proyecto de acuerdo, iniciado en Mensaje, tiene por objeto, permitir una adecuada cooperación entre los Estados Contratantes, que facilite la investigación, persecución y castigo de los delitos, mediante la asistencia mutua en materia penal entre los órganos judiciales y autoridades encargadas de la persecución penal en ambos países.

Contenido del proyecto:

- Regula los mecanismos y condiciones de la asistencia judicial penal que mutuamente se brindarán las Partes.

- Dispone la obligación entre las Partes de brindarse la asistencia mutua penal, indicando cuales son las autoridades competentes en cada país para requerirla, especificando los procedimientos para la tramitación de la asistencia judicial.

- Este Tratado no se aplica a los siguientes casos: detención o prisión preventiva, para los efectos de extradición, de personas imputadas o condenadas por un delito; y, a la ejecución de sentencias penales.

- Detalla los motivos para denegar o posponer la asistencia judicial, entre ellos: un delito que el Estado requerido considere delito político o delito conexo con un delito político; un delito tributario; un delito que conlleve la pena de muerte en el Estado requirente, entre otros.

 Intervinieron los senadores Jaime Gazmuri y Baldo Prokurica.

En consecuencia, procede realizar la segunda discusión, en general y en particular de este proyecto, en la próxima sesión.

INCIDENTES

El senador BALDO PROKURICA se refirió a la denominada "velocidad sugerida" que se anuncia en distintos letreros camineros del país, término no utilizado por la ley del tránsito, llamando la atención por el hecho de que no está claro si exceder el límite de la velocidad sugerida constituye una infracción.

Informó que los jueces de policía local, no tienen un criterio uniforme en esta materia, siendo el único perjudicado el conductor.  Solicitó oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que informe sobre esta materia.

En otro orden de cosas, dio cuenta de diversas irregularidades detectadas en las OTEC que administran programas de empleo dependientes del SENCE en Atacama, señalando que una misma persona es dueña de dos organismos de capacitación técnica, y cónyuge de una funcionaria del SENCE. Solicitó oficiar al Ministerio del Trabajo para que investigue esta situación e informe al Senado.

El senador RICARDO NÚÑEZ se refirió al problema que se ha generado con la explotación del litio, puesto que la demanda ha crecido entre un 7% y 8% en los últimos 10 años, lo que ha llevado a que su precio aumente de US$ 1.760 por tonelada a US$ 6.000. Por su parte, el Banco Central ha señalado que las exportaciones mineras de este metal han crecido en un 460,3%.

Informó que la legislación minera chilena establece que esta sustancia no es susceptible de concesión minera y que su ejecución sólo puede realizarse por el Estado, sus empresas y, excepcionalmente, por concesiones administrativas o contratos especiales de operación.  Señaló que en el país sólo dos compañías producen este mineral: SQM y la sociedad Chilena del Litio, filial de la compañía alemana Chemetall.

Solicitó oficiar al Ministerio de Minería para que informe sobre las autorizaciones, concesiones administrativas o contratos especiales de operación que haya otorgado dicho Ministerio o la Comisión Chilena de Energía Nuclear, para la exploración, explotación o beneficio del litio.

La senadora  EVELYN MATTHEI informó de la visita que realizara, junto al Senador Jaime Orpis, a los pobladores que se encuentran en huelga de hambre, en protesta por las casas construidas en terrenos contaminados con plomo y otros minerales tóxicos en Arica y Parinacota, que han ocasionado graves enfermedades y en algunos casos la muerte.  Pidió que se haga un estudio de salud pública para que se informe sobre las enfermedades que se están produciendo en la zona y las medidas para solucionarlas.

El senador JAIME ORPIS se refirió al problema de los terrenos contaminados con polimetales en Arica y Parinacota, informando que el problema se arrastra por más de una década y, un reciente reportaje del Canal 13 de TV lo ha dado a conocer a la opinión pública. Las autoridades de gobierno han visitado la zona y han comenzado a formular planes de emergencia, los que, a su perecer, son insuficientes.

Solicitó enviar a la Presidenta de la República un proyecto de ley de su autoría, que establece un Programa Maestro de Intervención en las zonas con presencia de polimetales en la comunas de Arica y Parinacota.

Adhirió el senador Adolfo Zaldívar a nombre propio y del Comité Independiente.