Aún cuando entregaron su total respaldo al proyecto que sanciona con penas de hasta cinco años de cárcel a quienes realicen prácticas concertadas para fijar precios de venta o de compra de bienes y servicios de primera necesidad, los senadores Guillermo Vásquez, Baldo Prokurica, Adolfo Zaldívar y Andrés Chadwick anticiparon que durante la discusión en particular de la iniciativa presentarán algunas indicaciones para perfeccionarla.

Esto, durante la segunda jornada de debate del proyecto que tuvo su origen en una moción de los senadores Alberto Espina, Andrés Chadwick, Carlos Cantero, José García y Antonio Horvath.

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Vásquez quien recordó que es fundamental concordar las disposiciones de esta iniciativa con las contenidas en una ley recientemente aprobada que entrega facultades a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en lo relativo a las medidas de intervención e interceptación de comunicaciones.

Asimismo, dijo que le llama la atención que el delito de colusión solamente se aplique en el caso que recaiga en cuotas de mercado, o acuerdos de colusión respecto de bienes o servicios de primera necesidad, pues existen muchos bienes de uso común que no son de primera necesidad, como los celulares.

LÍNEA CORRECTA

A su turno el senador Prokurica manifestó que los planteamientos del proyecto van en la línea correcta, pues dada la gravedad de estos delitos se amerita una sanción que no sólo sea pecuniaria. A modo de ejemplo, señaló que el caso de las farmacias que se conoció hace algunos meses, le generó a estas empresas una cantidad enorme de recursos que podrían pagar muchas veces las multas establecidas.

Una opinión similar manifestó el senador Zaldívar quien dijo que si bien el proyecto va en la línea de lo que la gente solicita, aún se requiere avanzar en el cambio de modelo económico que concentra las principales actividades en pocos grupos empresariales. Agregó que ello está significando que se genere una inmensa concentración de la riqueza sobre la base de la expropiación clara y abusiva, a través del crédito, de todo el sector asalariado del país.

Finalmente, el senador Chadwick, uno de los autores del proyecto, señaló que se debe seguir avanzando en establecer una adecuada eficacia de los dos sistemas que pudiesen existir en nuestra legislación para combatir estas colusiones.

Agregó que la actual legislación exige que estos acuerdos de colusión impliquen un poder de interferir dentro del mercado, cosa que no se establece en esta iniciativa y que se debe corregir, pues en la práctica significa que la infracción administrativa tiene exigencias que son mayores que el tipo penal que va a traer la sanción penal.