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A un paso de ser discutido y votado por la Sala del Senado se encuentra el proyecto que establece la responsabilidad penal de las empresas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, luego que la Comisión de Constitución terminara el estudio de la totalidad de la iniciativa.
Así lo informaron los senadores Alberto Espina y Soledad Alvear, presidente e integrante de la citada instancia legislativa, tras explicar que sólo quedó pendiente una revisión técnica de las disposiciones del proyecto.
"Esto es un avance muy notable para la incorporación de Chile a la OCDE. Los países más avanzados tienen este tipo de legislación que se hace muy importante, por cuanto protege respecto de tres delitos que son graves: el de cohecho, el de lavado de dinero y el de apoyo a actividades terroristas", explicó la parlamentaria.
Por su parte el senador Espina señaló que esta iniciativa, que es uno de los requisitos que debe cumplir Chile para ingresar a la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, es de gran importancia por cuanto por primera vez sanciona a la persona jurídica.
"Actualmente se sanciona a los representantes legales y la persona jurídica sigue funcionando. Incluso puede cambiar a su representante legal y seguir cometiendo los mismos delitos. Las penas que fijamos van desde la disolución de la persona jurídica, es decir la empresa o sociedad que se le obliga a terminarse, hasta penas de multa que pueden llegar hasta los 700 millones de pesos, pasando por otra cantidad de sanciones", advirtió el legislador.
BUENA LEY
Según el senador Espina, esta iniciativa actualiza la legislación chilena respecto de delitos gravísimos, pero a su vez toma los resguardos necesarios para evitar la persecución indebida respecto de la empresa.
"Creo que hemos hecha una muy buena ley. Esto pretende impedir que en Chile el tráfico de drogas, el lavado de dinero, los delitos de terrorismo, de cohecho queden en la impunidad respecto de las empresas que están en forma habitual realizando esas conductas. No es que las realice el representante en forma aislada sino que lo esté haciendo la empresa en sí misma", sentenció.
Por su parte el Subsecretario General de la Presidencia, Edgardo Riveros, manifestó su satisfacción por el avance que tuvo este proyecto en la Comisión de Constitución, argumentando que "creo que vamos a tener una muy buena ley de responsabilidad penal de las empresas. Estamos en un escenario moderno en cuanto al derecho penal se refiere y creo que también es muy significativo el consenso que se ha ido logrando entre los diversos miembros de la Comisión, lo que avizora una aprobación pronta en el pleno del Senado".
Asimismo, el Subsecretario manifestó que Chile está a tiempo para presentar los antecedentes que le solicita la OCDE, señalando que "se ha hecho un esfuerzo importante, ha habido una convergencia significativa, pero lo más relevante es que nuestro país en esta materia va a tener una ley moderna donde además, de manera preventiva vamos a estar en condiciones de enfrentar idóneamente riesgos como son los delitos de cohecho, de lavado de dinero y de financiamiento de terrorismo".
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