Con el objeto de establecer con precisión en la Ley lo que se entenderá por "información sensible" para las empresas del Estado, la Comisión Mixta de senadores y diputados encargada de zanjar las discrepancias en torno al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso acordó acoger algunas propuestas del Contralor General, Ramiro Mendoza, en torno al tema.

Así lo informaron los senadores Andrés Chadwick y Hosáin Sabag, presidente e integrante accidental de la citada instancia, respectivamente, tras explicar que con estos cambios, sólo resta una última revisión de la iniciativa para dejarla en condiciones de ser votadas por las Salas del Senado y de la Cámara de Diputados.

"Vimos una corrección al artículo que regula la entrega de información al Congreso y vamos a tener una nueva redacción nueva para ver si logramos la unanimidad. Esto apunta a las empresas públicas, a las sociedades en que el Estado tiene participación y a las corporaciones o fundaciones que reciban aporte estatal para el cumplimiento de sus servicios públicos", explicó el senador Chadwick.

Agregó que "la idea es poder establecer un cierto concepto de lo que la ley entiende por información sensible, pero dejar remitido a que el órgano que tenga la potestad de definir sea la Contraloría".

PRIVACIDAD NECESARIA

Por su parte el senador Sabag señaló que la idea de escuchar la opinión del  Contralor respecto de la fiscalización de las empresas del Estado, tenía por objeto conocer lo que él estimaba pertinente, como titular del organismo contralor, sobre la materia.

"Le hicimos presente que si bien son empresas del Estado con recursos públicos, desarrollan un trabajo estratégico comercial y por lo tanto debe haber privacidad en todos sus aspectos comerciales porque si no, cualquiera podría pedir los antecedentes y eso podría afectar la competencia comercial", señaló el legislador.

Agregó que por ello, se acordó redactar una disposición que contuviera los aspectos planteados por el Contralor, pero también las observaciones que plantearon los parlamentarios para resguardar la competitividad de las empresas estatales.

Cabe recordar que este proyecto también considera la creación de un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, encargada de definir los montos de tales recursos, y la implementación de un Comité de Auditoría Parlamentaria, integrado por tres profesionales externos al Congreso y de probada trayectoria.

La propuesta también contempla que las declaraciones de intereses de los parlamentarios se presenten al inicio de su período electoral y deban actualizarse cada vez que haya un cambio en los intereses de los legisladores, y 120 días antes del término de su período legislativo.

Asimismo, se busca que la Ley Orgánica del Congreso consagre la existencia de un procedimiento de transparencia regulado por reglamento, y se consagre la obligatoriedad de que los reglamentos de cada cámara contemplen la existencia de una Comisión de Ética o Conductas Parlamentarias y Transparencia. En todo caso, esto ya fue adoptado por el Senado, antes de la puesta en marcha de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.