La implementación de un organismo que supervigile a las entidades privadas y públicas que administran bases de datos y que también resuelva administrativamente los litigios entre los particulares y los administradores de los registros, es el objetivo central de la reforma constitucional que crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

La iniciativa, que fue presentada por los senadores Pedro Muñoz, Jaime Gazmuri y Camilo Escalona, fue derivada a la Comisión de Constitución para su estudio y en lo fundamental señala que "habrá una Agencia, autónoma y con personalidad jurídica, encargada de velar por la adecuada protección de los datos de carácter personal, resguardar la aplicación de las leyes y los derechos de los ciudadanos en la materia y los responsables de los registros privados o públicos".

Según explicó el senador Muñoz "resulta indispensable crear un organismo público que fiscalice a las entidades que mantienen bases de datos y que también informe a los ciudadanos respecto de sus derechos. Si bien hay un proyecto que entrega esta función al Consejo para la Transparencia, es inadecuado para la atención especializada de la protección de datos".

Más aún, señaló, cuando los avances en los soportes informáticos, la difusión de las tecnologías y los requerimientos en materia de identificación de las personas, se han masificado en las bases de datos.

DERECHO A LA PRIVACIDAD

El senador Muñoz es fundamental tener en consideración que las bases de datos revisten enorme importancia, tanto respecto de aspectos personales de los individuos, como de sus decisiones económicas más trascendentes, como la adquisición de bienes, suscripción de contratos u obtención de créditos.

"La importancia del proyecto es que se puede fijar qué datos son los que  realmente se pueden tener de las personas. Hay una serie de agentes externos que disponen de los datos personales de uno con la consiguiente invasión de la privacidad. De hecho, si uno va a pedir un crédito en una entidad financiera, ellos ya saben todo y la idea es que la Agencia vele por los datos que estén en las bases de datos", explicó.

Si bien valoró el avance que significó la Ley sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal, advirtió que el tiempo ha revelado diversas imperfecciones del texto legal, el que se ha hecho insuficiente para regular eficazmente la situación actual que se caracteriza por una gran cantidad de bases de datos.

Agregó que entre las principales falencias que existen sobre la materia se cuentan la falta de registros respecto de las bases de datos particulares existentes; las débiles sanciones para las infracciones a la ley y las dificultades para frenar el uso indiscriminado de publicidad indeseada, por los más diversos medios, entre otros.

Según el senador Muñoz el Sernac o algunas de las Superintendencias pueden actuar supletoriamente cuando se ven vulnerados los derechos de las personas, pero no existe y una instancia especializada como ocurre en otros países.

A modo de ejemplo, señaló que en España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unida, República Checa, Grecia, Holanda, Polonia, Irlanda, Portugal, Argentina y Nueva Zelanda existen instituciones especialmente dedicadas a vigilar la integridad de los datos de las personas, las que han operado satisfactoriamente.