La posibilidad de generar garantías mediante distintos instrumentos financieros, incluyendo las hipotecas, evalúan los senadores de la Comisión de Minería en el marco del estudio del proyecto, en primer trámite, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras tanto públicas como privadas.

Así lo señalaron los senadores Baldo Prokurica y Ricardo Núñez, presidente e integrante de la Comisión de Minería, respectivamente. La instancia escuchó la exposición de los representantes del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile sobre la iniciativa.

La organización gremial dio a conocer los problemas derivados de "las incertezas legales que contendría el proyecto en materia de dualidad de atribuciones entre el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA); el impacto económico de la garantía que podría hacer inviables los pequeños y medianos proyecto y el rol y organización del Sernageomin".

Al respecto, el senador Baldo Prokurica destacó que el Instituto de Ingenieros de Minas ofreció "sus capacidades profesionales para involucrarse en estas instancias de discusión, como representante técnico con experiencia en la problemática que tienen los planes de cierres y con el objetivo de proponer una solución consensuada para los temas señalados".

Admitió que el tema de "proveer los dineros para constituir las garantías necesarias para los planes de cierre de una mina el mismo día que se inician las faenas podría hacer inviables muchos pequeños proyectos, porque no existe la capacidad de levantar esa importante cantidad de recursos que se requiere al inicio de las actividades".

Precisó que la Comisión va a estudiar todas las fórmulas que existen para resguardar el cuidado del medio ambiente y no impactar negativamente la actividad minera".

Puntualizó que "algunas de las propuestas tienen que ver con garantizar el cierre de faenas con otros sistemas que sean menos onerosos". Por estas razones, la Comisión solicitó un estudio de legislación comparada a la Biblioteca del Congreso que será analizado a partir de la próxima semana.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

En esa línea, el senador Ricardo Núñez destacó que se contempla, por ejemplo, que "las garantías no sean solo recursos frescos sino que también se pueda recurrir a otro tipo de instrumentos financieros, tales como, hipotecas o activos fuera del país y que sirvan como garantía al Estado, en caso de quiebra o agotamiento del mineral".

El parlamentario compartió las "inquietudes que existen respecto a que el cierre faenas no se transforme en un aumento del costo de producción porque en todas las faenas mineras no siempre el precio internacional de los minerales es competitivo". Por lo tanto, "hay que cuidar que el mayor costo que pueda implicar esta política no se recargue a tal punto que haga inalcanzables los proyectos".

En cuanto a la posibilidad de que se establezca un sistema de garantías de acuerdo al estado de avance de las faenas, el parlamentario manifestó sus aprensiones porque "en ese caso no sabemos qué pasará si la empresa quiebra y no tiene provisionados los costos. En Chile hay muchas minas abandonadas porque se agotó la ley o por fallas geológicas, entonces hay que tener cuidado con una propuesta de ese tipo".

Aclaró que "si bien no  existe una objeción alguna a que exista una ley que regule el cierre faenas se debe abordar con mucha cautela porque Chile no puede seguir aumentado sus pasivos ambientales o desechos por causa de las faenas mineras".

PROYECTOS DE ENERGÍA AUSTRAL

Por otra parte, la Comisión de Minería recibió en audiencia a los ejecutivos de la empresa Energía Austral, quienes expusieron acerca del proyecto hidroeléctrico Central Cuervo, Lago Cóndor y Río Blanco en la Región de Aysén.

La iniciativa que se encuentra en etapa de evaluación de impacto ambiental generaría un potencial de 1.000 megawatts y abriría una conexión hacia una importante área de la Región de Aysén que hoy día no tiene posibilidades productivas.

El senador Prokurica explicó que, de acuerdo a lo expuesto por los ejecutivos de la empresa, este proyecto tiene un menor impacto ambiental porque se realiza en una zona deshabitada y que no está abierta al turismo.

A su turno, el senador Núñez precisó que permitiría generar un millar de fuentes de trabajo y abriría nuevas rutas terrestres y marítimas mediante un sistema de catamaranes que luego de 5 años del periodo de construcción quedarían disponibles para realizar proyectos turísticos.

Los parlamentarios señalaron que si bien este proyecto tiene características distintas a la polémica megacentral de HidroAysen  "todavía falta conocer mayor información sobre el impacto geológico y medioambiental, así como una socialización entre las autoridades y la comunidad de la zona".