Tras un acalorado debate que estuvo cruzado por las duras críticas a la industria acuícola por su responsabilidad en la grave crisis que afecta al sector y por la calidad y duración que tendrán las nuevas concesiones, el Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto, en segundo trámite, que modifica la Ley de Pesca en materia de acuicultura

La decisión la adoptó por 28 votos a favor, 3 en contra de los senadores Guido Girardi, Alejandro Navarro y Carlos Ominami y 5 abstenciones de los senadores Nelson Ávila, Carlos Kuschel, Juan Pablo Letelier, Roberto Muñoz Barra y Jaime Naranjo. Además, se fijó plazo para realizar indicaciones hasta el próximo lunes 27 de julio.

Intervinieron los senadores: Antonio Horvarh, Camilo Escalona, Jaime Gazmuri, Jorge Arancibia, Hosaín Sabag, Carlos Ominami, Sergio Romero, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Baldo Prokurica, Nelson Ávila, Carlos Kuschel, Hernán Larraín y Jaime Orpis. Además del ministro de Economía, Hugo Lavados.

El senador Antonio Horvath, en su calidad de presidente de la Comisión de Pesca, entregó una detallada cuenta del proyecto que establece numerosas exigencias sanitarias y medioambientales para la actividad acuícola. Precisó además que se otorga "el aval del Estado para aquellas garantías de las concesiones que estén en lugares preferentes, de acuerdo a la zonificación del borde costero, sin que esto signifique entregar los bienes nacionales de uso público".

Por su parte, los senadores Camilo Escalona y Jaime Gazmuri expresaron sus aprensiones porque si bien el texto aclara que las nuevas concesiones tendrán un plazo definido "no se dice nada respecto a las concesiones ya existentes que fueron precisamente las que llevaron a este colapso de la industria". A juicio de los legisladores "no pueden existir concesiones indefinidas, ni menos que no se asuman las responsabilidades por el daño social, económico y medioambiental".

A su turno, el senador Jorge Arancibia indicó que "las concesiones no pueden ser eternas". Sin embargo, aclaró que "todos los sectores debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad en la situación que derivó en la crisis de la acuicultura y debemos aprender de nuestros errores". En tanto, su par, Hosaín Sabag recalcó que "una mayor regulación del sector es necesaria y por ello el proyecto define nuevas formas sustentables de producción en el tiempo".

Por su parte, los senadores Carlos Ominami, Guido Girardi y Alejandro Navarro fundamentaron su voto en contra porque existe "una abierta privatización del mar" y criticaron la posibilidad de "constituir hipotecas sobre las concesiones". Aseguraron que esta crisis "era previsible" y no se adoptaron medidas a tiempo, ya que las empresas "solo promovieron un crecimiento inorgánico del sector". Agregaron que tampoco en el proyecto se garantiza empleo alguno.

En la misma línea, los senadores Juan Pablo Letelier y Nelson Ávila fundaron sus abstenciones porque a su juicio deben dejarse establecidas las responsabilidades de la industria salmonera en esta crisis. En ese sentido reclamaron "la devolución de las concesiones de carácter indefinido y que fueron mal aprovechadas por la industria salmonera".

Asimismo, los senadores Nelson Ávila y Carlos Kuschel también se abstuvieron; expresando su esperanza de que durante el debate en particular se perfeccione la iniciativa en la línea de lo que ha trabajado la Comisión de Pesca.

A su turno, el senador Sergio Romero pidió realizar un debate constructivo porque "la crisis del virus ISA no fue producto de la empresa privada ni del Congreso ni el Gobierno. Lo que debemos hacer es sacar conclusiones positivas" y promover la recuperación de este importante sector productivo que se convirtió en el tercero en el país.

El senador Baldo Prokurica si bien valoró esta iniciativa recalcó que "también se deberían incluir a otros sectores productivos del borde costero de la zona norte y que también están afectados por problemas, por ejemplo, los ostiones y avalones". Agregó que tampoco es partidario de aumentar el valor de las patentes en tiempos de crisis.

En tanto, el senador Hernán Larraín propuso resolver jurídicamente el debate surgido a raíz de la privatización del mar ya que a su juicio se usa en forma errónea el término hipoteca. "Los bienes nacionales de uso público no se pueden privatizar y lo que se busca es dar seguridad para un crédito. Sin embargo, cuando se usa la palabra hipoteca se comete un error técnico porque se establece sobre un bien inmueble y las concesiones no lo son. Es más bien un derecho prendario".

A su vez, el senador Jaime Orpis resaltó que "lo importante es que mediante este proyecto se establece una certeza jurídica en la industria acuícola y recordó que esta misma figura en las concesiones en la industria minera permitió incrementar de forma importante la inversión privada. No obstante, como contrapartida, recordó que en el sector de los hidrocarburos resultó al contrario porque no existe certeza jurídica".

Finalmente, el ministro de Economía, Hugo Lavados admitió que el proyecto establece un plazo de 30 años para las nuevas concesiones acuícolas, sin embargo, respecto a las concesiones ya otorgadas "existe un problema constitucional porque hay un problema de derecho de propiedad previo y por eso queremos analizar la situación de las antiguas".