Postergar la discusión sobre el rango que tendrá en el Ministerio de Obras Públicas la dependencia de los nuevos servicios sanitarios rurales fue el acuerdo que adoptó la Comisión especializada, tras escuchar los argumentos que entregó la Dirección de Presupuestos para no crear un nuevo servicio, tal como lo solicitaba la instancia.

Así lo afirmaron los senadores Pablo Longueira y Juan Pablo Letelier, presidente e integrante de la Comisión de Obras Públicas, respectivamente, quienes explicaron que este tema se abordará en un futuro proyecto de ley que reformule completamente la institucionalidad del Ministerio.

El senador Longueira señaló que "el Director de Presupuestos, Alberto Arenas nos pidió que dejáramos esta discusión para la futura ley que va a crear la nueva institucionalidad del Ministerio de Obras Públicas".

Explicó que "ellos estimaron que incorporar una Dirección de Servicios Sanitarios, dado el rango que tienen estos organismos en el MOP, significa prácticamente crear un nuevo servicio público. Esto iba a generar una polémica que haría imposible avanzar en esta legislación que crea los servicios sanitarios rurales".

Entonces, dijo el parlamentario, "para no dilatar el debate sobre esta legislación tan importante para las comunidades rurales se propuso aceptar que los nuevos servicios sanitarios dependan de una Subdirección a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), sin perjuicio de que posteriormente se discuta el tema nuevamente".

El senador Longueira aseguró que "una vez despejado este punto, acordamos revisar las indicaciones y la redacción del texto legal para que el Ejecutivo formalice las modificaciones correspondientes".

BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES RURALES

Coincidió con su par, el senador Juan Pablo Letelier, quien explicó que "dimos un paso más para avanzar en una nueva Ley que regulará los servicios de saneamiento rural. Estamos hablando de casi 3 millones de personas que compra y reciben agua de cooperativas y que poseen una institucionalidad única en el país".

Destacó que estos servicios "tienen una cobertura del 95% en áreas concentradas de los sectores rurales y, con esta ley se va a seguir garantizando que estas redes de distribución de aguas y, mañana, de tratamiento sanitario de las mismas sean administradas por la comunidad lo que garantiza un costo accesible".

Puntualizó que "la duda era si la contraparte del Ministerio iba a tener rango de Dirección o de una Subdirección. El Ejecutivo planteó que hoy debería ser solo una Subdirección, a la espera de una reforma del MOP de mayor magnitud".

Aclaró que "en la futura modificación al Ministerio de Obras Públicas se tendrá que definir toda la institucionalidad que dice relación con el uso del recurso hídrico y, por el momento, quedamos de concluir la revisión del texto de este proyecto que garantizará la exclusividad de los comités y cooperativas de agua potable rural durante los primeros 30 años, para administrar estos servicios, cuando tengan permiso o sean titulares de licencias".

En lo fundamental, la iniciativa contiene la definición de una política nacional de prestación de servicios sanitarios en el ámbito rural, que incorpora tanto la provisión y distribución de agua potable, como la posibilidad de incorporar soluciones de recolección, disposición o tratamiento de las aguas servidas.

Se establece además la creación de un Consejo Consultivo para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, con la participación de los entes públicos más directamente vinculados con el sector, y con representación de las organizaciones sociales de los servicios sanitarios rurales.

El proyecto establece la obligación de todos los operadores de proporcionar el servicio de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales para uso doméstico: servicio sanitario rural "primario". También podrán prestar un servicio secundario, en la medida que garantice la cobertura del servicio sanitario rural primario.