Un exhaustivo análisis e intercambio de opiniones jurídicas respecto de los conceptos vinculados al uso de Internet, realizaron las Comisiones Unidas de Economía y de Educación, en el marco del estudio del proyecto que modifica la ley sobre Propiedad Intelectual, a objeto de evitar la piratería.

Así lo informó el senador Carlos Cantero, integrante de la citada instancia legislativa, tras manifestar que lo que se busca es que en la Ley queden todos esos conceptos -tales como servidores, prestadores de servicios, entre otros- claramente definidos a objeto de evitar dobles interpretaciones al momento de aplicarla.

"Esta ley tienen una serie de conceptos vinculados a la utilización de Internet y estuvimos discutiendo y definiendo criterios comunes para que no se produzcan interpretaciones distintas, pues si no queda bien precisado esto en el proyecto, no funcionaría la normativa", explicó el senador Cantero.

Agregó que si bien no se sometió a votación ninguna indicación sobre la materia, si se pudo avanzar en lineamientos generales.

Asimismo, sostuvo  que el debate sobre el capítulo de este proyecto referido a Internet estará centrado en la responsabilidad que puedan tener quienes suban información no permitida a la web y la forma en que deben "bajarse" dichos antecedentes.

"La discusión está en si los prestadores de servicios van a tener responsabilidad o no. Y lo que se dice es que no; pero la segunda discusión es si puede bajarse la información por vía administrativa o por vía judicial. Lo que se está planteando es que debe ser por vía judicial porque por vía administrativa se puede prestar para todo tipo de manejo", explicó.

ALCANCES DEL PROYECTO     

Cabe recordar que en esta etapa de la tramitación, las Comisiones Unidas de Economía y de Educación están abocadas a definir las responsabilidades que puedan tener ante la ley quienes suban a Internet obras artísticas sin respetar los respectivos derechos de autor.

Previamente, lograron zanjar las discrepancias que existían en torno al denominado "uso justo" de las obras artísticas y literarias, culminando con ello el estudio de las normas relativas a las excepciones del derecho de autor.

En lo fundamental, el proyecto apunta a adecuar la normativa nacional en materia de derechos de autor y derechos conexos a los compromisos asumidos por Chile en los Tratados Internacionales que ha suscrito con otros países, estableciendo una serie de medidas que garanticen una adecuada protección a las frecuentes infracciones calificadas como "piratería".

Para ello, establece un marco regulatorio que garantice a la ciudadanía el acceso a los bienes culturales, tal como se ha reconocido en los distintos Acuerdos de Libre Comercio, y regula la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet.

Asimismo, contempla un nuevo mecanismo de fijación de tarifas de las sociedades de gestión colectiva.

Mediante la iniciativa se pretende establecer medidas efectivas que garanticen un adecuado nivel de protección mediante acciones civiles y penales para la observancia de los derechos de autor y fijar un adecuado marco de excepciones y limitaciones al derecho de autor y derechos conexos que garanticen el acceso a bienes culturales y el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía.