Un exhaustivo trabajo está desarrollando la Comisión de Constitución para definir los distintos tipos penales vinculados al delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, en el marco del estudio del proyecto, en segundo trámite, que busca prevenir y sancionar de manera más efectiva dicha conducta.

Según informó el presidente accidental de la citada instancia legislativa, senador Hernán Larraín, durante la sesión de hoy se avanzó en la definición de los tipos penales que permitan garantizar que la trata de personas sea un delito bien definido que incluya todas las conductas que se podrían presentar.

"Se estuvo analizando en particular el delito que se refiere a la trata de personas, avanzando en la definición de diversos tipos penales que permitan garantizar que este sea un delito, preciso, amplio y que incluya todas las conductas que están ahí reseñadas, que acojamos el Protocolo que sobre esta materia existe a nivel internacional de manera que nuestra legislación se actualice, sea lo más amplia posible y lo más dura en este tipo de conductas que son francamente abominables", dijo el parlamentario.

Agregó que aún cuando existe un amplio consenso al interior de la Comisión en torno a la iniciativa, su tramitación será un poco más extensa, dada la complejidad de las materias.

COLABORACIÓN

Según explicó el senador Larraín, la instancia está contando con la colaboración de expertos en la materia y de personas vinculadas a organizaciones internacionales a objeto de considerar la mayor cantidad de información disponible.

"Estamos trabajando con la colaboración del Ejecutivo y sus expertos, con la colaboración del Ministerio Público. La Comisión le ha pedido al profesor y abogado Juan Domingo Acosta que nos asesore y él ha hecho un informe que permitió que el Ejecutivo hiciera una serie de indicaciones que fueron incorporadas y que han sido en general, materia de aprobación por parte de la Comisión", señaló.

Agregó que "incluso han asistido personas vinculadas a organizaciones internacionales que están también opinando y ayudándonos a resolver con precisión esta situación que es compleja y lo queremos hacer lo más amplia posible para que no quede ninguna conducta de éstas fuera".

En la sesión de hoy estuvieron presentes Jaime Esponda y Francisco Eurlani, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM Chile); representantes del Servicio Nacional de la Mujer y Marcela Neira y Ángela Chávez del Ministerio Público.

Según informó el senador Larraín, las penas que se están estableciendo como regla general son las de presidio menor en sus grados medio a máximo, es decir entre 61 días a 5 años de reclusión, "pero de ahí se establecen una serie de conductas agravantes que van aumentando la pena".

En tal sentido, señaló que las agravantes tienen que ver con conductas como, por ejemplo, si se trata de menores de edad, de personas a las cuales se les esté afectando su integridad física o su salud, o si se trata de funcionarios públicos que abusen de sus funciones.

"Además -precisó- los tipos penales son cada vez más amplios como por ejemplo, si se hace por engaño, o el abuso de poder, o que sea para captar, trasladar, financiar personas que vayan destinadas a explotación sexual, a trabajos o servicios forzados, a cualquier tipo de servidumbre, extracción de órganos, esclavitud o cuestión semejante, tienen penas que van siendo lo más fuerte posibles", indicó.