Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado al proyecto, en segundo trámite, que amplía la jurisdicción de los tribunales nacionales para conocer de los delitos de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, cometidos en el exterior por chilenos o por personas con residencia habitual en Chile.

Votaron a favor de dicha disposición los senadores Soledad Alvear, Nelson Ávila, Fernando Flores, Jaime Gazmuri, Guido Girardi, Antonio Horvath, Pedro Muñoz, Ricardo Núñez, Carlos Ominami, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag y Guillermo Vásquez.

En tanto, los senadores Jorge Arancibia, Carlos Bianchi, José García, José Antonio Gómez, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Baldo Porkurica y Sergio Romero, se abstuvieron.   

Por otra parte, por no alcanzar el quórum requerido se  rechazó  una norma que señalaba que nuestros tribunales también serían competentes para conocer del delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, "incluso cuando sólo una parte de su ejecución haya tenido lugar en Chile".

Ahora corresponde que la iniciativa, que forma parte de uno de los requisitos que solicita la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para que Chile ingrese a ese organismo, pase a cumplir su tercer trámite a la Cámara de Diputados.

Según explicó el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, la disposición contenida en este proyecto ya había sido aprobada previamente por el Congreso, pero dado que se obvió consultar a la Corte Suprema en su oportunidad, el Tribunal Constitucional la anuló. Por ello, solicitó el respaldo a la iniciativa, pues se trata de ratificar algo previamente aprobado.

NORMA INNECESARIA

Al momento de hacer uso de la palabra, los senadores Larraín y Gómez, valoraron los alcances de la iniciativa, pero justificaron su abstención en torno a la norma que finalmente fue rezada, argumentando que ella era innecesaria.

En tal sentido, el senador Larraín manifestó que la misma Corte Suprema elaboró un informe en el que señala que la disposición que nuestros tribunales también serían competentes para conocer del delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, incluso cuando sólo una parte de su ejecución haya tenido lugar en Chile, ya existe en nuestra normativa legal.

En la misma línea, el senador Gómez señaló que la actual normativa establece cual es el tribunal competente en el evento en que se produzca la situación planteada y además, consideró que dicha disposición extendía la jurisdicción chilena "más allá de lo razonable".