El concepto de descentralización está constituido por dos elementos centrales: por una parte el argumento político, y, por la otra, la eficiencia en la asignación de recursos y competencias. El argumento político busca facilitar un mayor involucramiento de la comunidad en la gestión de los gobiernos regionales, lo que se traduce en un importante grado de transferencia de competencias desde el Gobierno Central hacia las regiones. En lo que dice relación con la eficiencia asignativa, significa una adecuada provisión de bienes y servicios públicos para la satisfacción de las demandas locales.

Considerando lo anterior, es fácil darse cuenta que hoy el sistema de organización político-administrativa del país no responde a ninguno de los dos ejes que componen el concepto de descentralización. Es más, las regiones hoy no cuentan con los grados de independencia - ni política ni normativa ni presupuestaria - para llevar adelante las iniciativas que les permitan solucionar problemas que obedecen a distintas necesidades. Chile, si bien es un todo nacional, está constituido por una diversidad que hay que tener en cuenta a la hora de resolver cuál es la mejor arquitectura constitucional para enfrentar dichas necesidades.

Por las razones expuestas, el proyecto de reforma constitucional que aprobó - de manera unánime - la Sala del Senado constituye un hito en materia de Gobierno y Administración regional. Temas tales como la elección popular de los consejeros regionales y la transferencia de mayores grados de competencia a las áreas subnacionales resuelven una deuda histórica no sólo con las regiones, sino que también con el sistema democrático.

Pero esos no son los únicos temas que ocuparán al Senado durante la discusión de esta reforma constitucional: la creación de la figura del Presidente del Consejo Regional; la determinación de competencias regionales en la propia Constitución, y la facultad del Senado para resolver como jurado en caso de controversias entre la Administración Central y los gobiernos regionales, serán la base para la revisión de un sistema que hoy no hace sino atrofiar el crecimiento del país. Chile no es Santiago, sino que la suma de la riqueza de cada una de sus regiones.

Así, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tendrá una oportunidad histórica para presentar a la Sala un proyecto de reforma constitucional que, luego de un amplio debate, entregue las soluciones pertinentes para lograr mayores grados de independencia regional. 

Finalmente, quiero destacar la votación que la reforma constitucional obtuvo tanto en la Comisión de Gobierno como en la Sala: en ambas instancias resultó aprobada unánimemente, lo que demuestra, una vez más, que el Senado de la República es un lugar en donde se arriba a los grandes acuerdos nacionales que permiten hacer de nuestro país un Chile más democrático, moderno e independiente. El reconocimiento que se ha hecho de la necesidad de debatir acerca del actual modelo constitucional en esta materia no hace sino confirmar lo anterior.