Efectivamente era indispensable proceder a un paquete de estas características. Entiendo que tiene una amplitud y diversificación que lo hace altamente efectivo en sus alcances tanto en lo que se refiere a respaldar de manera inmediata y efectiva a las familias más humildes con el bono por carga familiar a implementarse en el mes de marzo por 40 mil pesos por cada carga; así como en lo relativo a un conjunto de medidas de carácter tributario que van a facilitar las cosas a un conjunto de personas que se desempeñan en el ámbito profesional, que son parte de lo que en nuestro país caracterizamos como la clase media; así como también los diferentes aportes que se van a hacer a los emprendimientos productivos.

Esperamos que tengan una especial importancia en lo que se refiere a las pequeñas y medias empresas con las facilidades que se otorgarán del punto de vista tributario, entre otras medidas aquellas que dicen relación con la rebaja de los pagos provisionales mensuales, con el propósito de ampliar la capacidad de liquidez de las empresas y, en consecuencia, mantener la actividad económicas en las mejores condiciones posibles dado el empequeñecimiento de la economía mundial y la contracción que muchos mercados a los cuales los productos de nuestro país concurren van a vivir en los meses venideros.

 También del punto de vista territorial, creo que la medida está bien pensada.                

Lo que se refiere al aumento de los subsidios a la forestación, creo que es un aporte del punto de vista de la localización de estas iniciativas para que un conjunto de zonas del país en que la actividad maderera es muy importante pueda verse también aliviada. Y, en ese sentido, el aporte a los pequeños y medianos productores en el campo es muy importante.

 O sea, la iniciativa tiene imaginación, tiene por cierto una cantidad muy importante de recursos, aumenta la inversión pública de manera significativa con el objeto de que aquella responsabilidad que en épocas normales corresponde a los emprendimientos privados puedan ahora, en condiciones de reducción de la actividad privada, ser desarrollados por el Estado.

 Y, por lo tanto, tendremos una ley  que va a ampliar significativamente la capacidad de las obras públicas, todo lo que se refiere a caminos y conectividad, que al mismo tiempo va a ayudar a que numerosas localidades mantengan, no solamente las mantengan, sino que mejoren y amplíen sus condiciones de acceso a los mercados en las diferentes Regiones del país. Y también el impacto y el aporte que eso va a tener en lo que se refiere al empleo.

Especial significado creo yo también  que tiene,  lo que se refiere a la inversión pública en el ámbito de la vivienda. Yo entiendo que son centenares de miles de familias las que en nuestro país están postulando a poder tener su hogar y su vivienda propia y se respaldan en el Fondo Solidario o en las diferentes iniciativas que hay en el ámbito de la vivienda.

 Esto se ha transformado con el curso de los años en una parte clave del mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más humildes y de las familias que aspiran a mejorar sus condiciones de vida y de dignidad.

 No cabe ninguna duda de que el país ha ido dando garantías a las familias que postulan y son ya, año a año, decenas de miles de aquellas que pasan de tener una condición de allegado o allegada, de arrendador o de arrendatario, a contar con una vivienda propia. Y, en ese sentido, las miles de familias que esperan incorporarse a este beneficio se van a ver beneficiadas, así como también esto va a tener un impacto en el empleo yo creo que de una altísima significación.

 Son sectores que, sobre todo en aquellos lugares en que se puede contraer la actividad productiva por el impacto de la crisis mundial en los mercados en los cuales concurren nuestros productos, como ya señalé, con esta cuantiosa inversión pública va a poder contrapesarse y contrarrestar aquel impacto, aunque no se pueda eliminar. Pero lo peor hubiese sido que el Estado hubiese permanecido de brazos cruzados.

 En tal sentido, creo que esta es una clarísima reafirmación de lo que en cierto momento a muchos pareció anticuado o una frase anacrónica, que se refiere a la responsabilidad del Estado en asegurar y garantizar el bien común de la nación. Sin la capacidad del Estado para llevar a cabo esta iniciativa, no cabe ninguna duda de que la crisis económica hubiese tenido el impacto social terrible, como lo tuvo en los años 82, 83, 84, 85, en que el desempleo se transformó en el que efectivamente reinaba a nivel nacional ante un Estado completamente impotente de poder llevar a cabo medidas eficaces.

 Así también, quisiera señalar que esta es una medida que reafirma la política de responsabilidad fiscal que ha llevado adelante los Gobiernos de la Concertación. Entiendo que en un primer momento esta política de responsabilidad fiscal produjo la sorpresa en nuestros interlocutores de los partidos de Oposición, porque ellos siempre partieron de la base de que los partidos democráticos en el Gobierno no iban a tener la capacidad de actuar con responsabilidad y esperaban simplemente que un manejo desprolijo y una acción populista o demagógica produjera un descontrol de las finanzas públicas.

 No ha ocurrido así. Ha ocurrido exactamente lo contrario, y la política de responsabilidad fiscal se ha transformado en realidad, en un sello de la conducción económica de la Concertación y, en particular, en el curso de los últimos años, la política llamada "de balance estructural", que incluso se vio ratificada en este Congreso Nacional a través de una ley relativa a esta materia, viene a dar la razón a un esfuerzo que el país viene desarrollando ya desde hace varios años. Y no solamente desde esta Administración sino que de la Administración del ex Presidente Ricardo Lagos, pero, como digo, política de responsabilidad fiscal que se comenzó a aplicar en el país desde la Administración de don Patricio Aylwin y que fue proseguida también por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y, como señalé, prolongada por las Administraciones concertacionistas recientes.

 De manera que en esto hay un mérito del país, Presidente, pero también creo que es la justa expresión de la persistencia y de la tenacidad que ha habido para colocarse al frente del país, a veces en condiciones difíciles y en circunstancias que no pocas veces no son fáciles y que pueden resultar ingratas.

 Pero, al final de cuentas, creo que la política de responsabilidad fiscal tiene un premio, que es ahora la capacidad de poder ejecutar un plan contracíclico que tiene, ni más ni menos, que la dimensión de 4 mil millones de dólares y que el país efectivamente está en condiciones de asegurarlo, de llevarlo a cabo y de no tener que golpear puertas fuera del país en busca de aquellos onerosos préstamos con los cuales históricamente se tenían que resolver nuestros problemas, que sobre todo son tremendamente onerosos en épocas de crisis, cuando la liquidez de los mercados mundiales se termina y conseguir recursos para enfrentar los problemas se transforma en un vía crucis.

Ahora la situación para Chile ha sido completamente distinta. Yo creo que aquí hay una expresión de cómo las cosas se pueden también mirar en una perspectiva de tiempo, con el grado de seriedad con la que se ha sido capaz de actuar en el curso de los últimos años.