Por 12 votos a favor y las abstenciones de los senadores Carlos Cantero, Hernán Larraín y Jaime Orpis, el Senado acordó pedir a la Presidenta de la República que obligue a los organizadores de actos masivos con fines de lucro a devolver los gastos en que incurra Carabineros de Chile, por prestar  servicios de orden y seguridad en ellos.

La iniciativa impulsada por los senadores Baldo Prokurica y Jaime Naranjo se fundamenta en que se debe liberar a la policía uniformada de esta carga en personal e infraestructura.

Los parlamentarios propusieron terminar con los excesivos gastos en que debe incurrir Carabineros cuando se encarga de la seguridad de los grandes eventos con fines de lucro.

Señalaron que, de acuerdo a los oficios que pidieron respecto a los gastos en que incurren Carabineros en este tipo de eventos, en el año 2006 se hicieron 14. 337 eventos que significó distraer 117.065 policías, más la cantidad  de 20. 827 vehículos con un costo de $2.336 millones en personal y de $159 millones en vehículos.

En tanto, el año 2007 se hicieron 7.941 espectáculos mientras que, la cantidad de personal se mantuvo lo que le significó a Carabineros $2.223 millones en personal y $114 millones en vehículos.

Los parlamentarios impulsores de la iniciativa recordaron que desde hace varios años han venido denunciando el aumento de este tipo de eventos masivos, ya sean de carácter musical, artísticos u otros,  que requieren del resguardo del orden público, el cual es otorgado por Carabineros y no por los organizadores de los mismos.

Precisaron que en la actualidad estos servicios "no significan ningún costo operativo para todas las empresas que desarrollan estos eventos  y muy por el contrario implica la distracción de una enorme cantidad de funcionarios y de recursos de Carabineros al respecto".

De este modo la policía uniformada debe destinar personal de forma extraordinaria y asumir diversos costos adicionales - de carácter considerable, como el combustible -  los cuales ascienden a sumas importantes que son absorbidos por la Institución, constituyéndose como un privilegio gratuito de carácter económico para los organizadores.

Por estas razones, reiteraron que "estos recursos deben reintegrarse a Carabineros para que se puedan contratar a funcionarios jubilados y otro personal especializado".