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Valparaíso | 13/01/2009 | Departamento de Prensa
Senadores aprobaron en general nuevo proyecto que regula el lobby pero anticipan cambios a la iniciativa
Durante la sesión de esta tarde, los 12 legisladores que intervinieron plantearon perfeccionar la definición de lobby, así como una serie de conceptos contenidos en el proyecto enviado por el Ejecutivo.

En un tercer intento por regular el lobby o gestión de intereses, la Sala del Senado aprobó, con 30 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, la idea de legislar sobre el nuevo proyecto que envío el Ejecutivo para normar esa actividad. Ahora corresponde que la iniciativa sea discutida en particular, para lo cual se fijó como plazo el lunes 9 de marzo para presentarle indicaciones.

 

Durante la sesión de esta tarde, los 12 senadores que intervinieron anunciaron que presentarán modificaciones al texto presentado por el Ejecutivo, sobre todo para precisar las definiciones de lobby y de otros conceptos contenidos en la iniciativa, tales como la habitualidad o el interés individual.

 

Luego de dos horas de debate, votaron en contra de la iniciativa los senadores Nelson Ávila y Mariano Ruiz-Esquide; mientras que los senadores Evelyn Matthei y Carlos Ominami, se abstuvieron.

 

A favor del proyecto, que cumple su primer trámite, se pronunciaron los senadores Andrés Allamand, Soledad Alvear, Jorge Arancibia, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Camilo Escalona, Alberto Espina, Fernando Flores, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Jaime Gazmuri, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Hernán larraín, Juan Pablo Letelier, Pablo Longueira, Roberto Muñoz Barra, Jaime Naranjo, Alejandro navarro0, Ricardo Núñez, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Hosaín Sabag, Guillermo Vásquez y Adolfo Zaldívar.

 

AVANCE

 

Al momento de informar el proyecto en Sala el presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Bianchi, recordó que esta iniciativa fue enviada por el Ejecutivo luego que las normas contenidas en un veto que se presentó a un proyecto anterior, no recogiera todas las inquietudes planteadas por los senadores.

 

Agregó que los aspectos del nuevo texto que generaron más debate son el relativo a lo que se entenderá por interés individual, el alcance y obligaciones derivadas de los registros de audiencias que deben mantener las autoridades sobre sus reuniones con lobbystas; y la determinación de los sujetos activos de lobby, considerando que hay actividades que por su propia naturaleza revisten caracteres de representación de intereses o influencias.

 

En su opinión se debe regular el lobby para que todos los actores sociales puedan realizarlo en forma regular, transparente y legítima, y que todos los ciudadanos puedan acceder a las autoridades.

 

En tanto, el senador Orpis manifestó que, pese a tener diferencias profundas con el proyecto del Ejecutivo, optó por respaldar la idea de legislar pues estima necesario que debe existir un ordenamiento jurídico que ayude a la transparencia. No obstante, anunció que presentará indicaciones a objeto de que solo quede en vigencia el artículo 15 del proyecto que establece la obligación de registrar las audiencias que tengan las autoridades.

 

A su turno, el senador Ruiz-Esquide anunció su voto en contra, argumentando que no es partidario de profesionalizar por ley el lobby o gestión de intereses. En una línea similar el senador Ávila manifestó que no es partidario de legislar sobre este proyecto pues estima que no cree que se erradiquen del ámbito público las prácticas que acentúan la discriminación, la desigualdad ante la ley y contribuyen al mayor enriquecimiento de unos pocos.

 

Una opinión distinta manifestó el senador Muñoz Barra, quien señaló que Chile no puede carecer de una norma que regule el lobby, pues ello fortalece la probidad y la transparencia en los asuntos públicos.

 

En la misma línea el senador Pérez dijo que es fundamental transparentar una actividad que se ha mantenido en la penumbra, pero anunció que presentará indicaciones para perfeccionar lo que se entenderá por habitualidad y por interés individual, a objeto de que no se confunda con tráfico de influencias o pago de favores.

 

El senador Gazmuri señaló que esta nueva iniciativa es un avance en comparación con el proyecto anterior, pero señaló que mantiene algunas de las mismas discrepancias, en el sentido de que no se precisa bien quienes serán los que podrán ejercer la actividad de lobbystas.

 

El senador Larraín señaló que la regulación del lobby tiene que ser más descriptiva que genérica y si bien destacó los avances de este proyecto señaló que mantiene el problema de fondo en el sentido de definir e ámbito en que se centrará esta regulación.

 

Una opinión similar manifestó el senador Sabag, mientras que el senador Navarro se mostró partidario de legislar, pero anticipó cambios al concepto de habitualidad.

 

El senador Núñez recordó que este es el tercer texto que conoce sobre la materia y que en todas las oportunidades ha sido partidario de legislar pues ello contribuye a darle mas transparencia a la actividad pública.

 

Finalmente el senador Naranjo señaló que carecer de una ley sobre la materia ha generado un daño que es necesario corregir. No obstante, señaló que este proyecto vuelve a plantear las dudas que se han registrado antes en cuanto al ámbito de aplicación de la ley.

 

Cabe recordar que el nuevo proyecto contempla la creación de cinco registros públicos de lobbystas. Además especifica el ámbito y propósito de la ley, luego define el lobby como una gestión o actividad que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés individual, respecto de las decisiones que en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las autoridades, miembros, funcionarios o servidores de los órganos de la Administración del Estado o del Congreso Nacional.

 

Por otra parte, y con el propósito de acotar las actividades o gestiones propias de lobby, existe una norma que dispone las actividades que no constituyen gestiones de lobby.

 

Tampoco serán lobby las actividades desarrolladas por los miembros de las directivas de asociaciones gremiales, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, fundaciones  y colegios profesionales, salvo que gestionen intereses individuales.

 

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