En condiciones de ser promulgado como Ley de la República quedó el proyecto que eximirá a los planos de los recintos penitenciarios del requisito del permiso de la Dirección de Obras Municipales. Ello, luego de que el Senado despachara la iniciativa por 17 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones.

Por aprobar el proyecto se manifestaron los senadores Andrés Allamand, Nelson Ávila, Camilo Escalona, Alberto Espina, Eduardo Frei, Jaime Gazmuri, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Roberto Muñoz Barra, Jaime Naranjo, Jovino Novoa, Ricardo Núñez, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag y Guillermo Vásquez.

En contra votaron los senadores Baldo Prokurica y Adolfo Zaldívar; mientras que se abstuvieron sus pares: Carlos Cantero, Juan Antonio Coloma, José García, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Pablo Longueira y Jaime Orpis.

Durante el debate intervinieron los senadores Jaime Naranjo, Jaime Orpis, Juan Antonio Coloma, Guillermo Vásquez, Hernán Larraín y Jovino Novoa quienes discreparon sobre la necesidad de resolver este tema de reserva de los planos de construcción de las cárceles mediante una Ley Orgánica de quórum calificado y no mediante esta modificación al artículo 116 del D.F.L. N° 458 de 1975, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El senador Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Vivienda, dio cuenta del proyecto cuyo fin "es proteger la seguridad de estos recintos y homologar su situación a la de los recintos de las Fuerzas Armadas y de Orden que están exentas del mencionado trámite, pese a que de todas formas deberán dar cumplimiento a las normas de seguridad y habitabilidad que establece la Ley de Concesiones".

Por su parte, el senador Jaime Orpis dio a conocer su postura contraria porque "pese a estimo que los planos de los recintos carcelarios deben ser reservados no deben abstraerse de ser inspeccionados por los funcionarios municipales para que cumplan con las normas de carácter urbanístico y, por eso me inclino que los recintos penitenciarios sean una excepción a la norma constitucional que establece la publicidad de los actos del Estado".

El senador Juan Antonio Coloma coincidió con su par, en el sentido de que "entendemos que las cárceles, al igual que los recintos de FFAA y de Orden, en la medida que son públicos son más vulnerables". Sin embargo, se mostró partidario de seguir otro camino: "exigir los planos y permisos respectivos que generen las construcciones pero en virtud del articulo 8° de la Constitución dictar una ley de quórum calificado que exima de la obligación que se establece para que estos planos sean públicos"

Por su parte, el senador Guillermo Vásquez, aseveró que Gendarmería hoy se encuentra "en terreno de nadie" y "abstenerse de aprobar esta norma igual mantendría la eximición que rige a los recintos de las Fuerzas Armadas y de Orden de los mencionados permisos de las respectivas Direcciones de Obras Municipales, por lo tanto, si hay que recurrir a una ley de quórum calificado debería ser para todos estos recintos y no solo los de Gendarmería".

A su vez, el senador Hernán Larraín señaló que "lo que establece este proyecto es contrario a la filosofía que instaló la reforma a la Constitución de 2005 con la modificación al artículo 8°, que establece la publicidad de los actos del Estado. Y, si por razones de seguridad se desea evitar dar a conocer los antecedentes de la construcción de una cárcel, el camino es una ley de quórum calificado que establezca la excepción constitucional pero no éste que es solo un resquicio donde finalmente se les dice que no presenten los antecedentes". 

Finalmente, el senador Jovino Novoa, aseguró que la norma tal como está establecida busca proteger el carácter secreto de las instalaciones militares pero no solo respecto de un documento que puede ser la recepción final, sino de todos los permisos, inspecciones y recepciones, porque lo que se busca es que no hayan 30 ó 40 funcionarios municipales distintos que estén informados sobre las instalaciones porque después será difícil exigirles la reserva". En ese sentido, recalcó que "no me parece que sea un resquicio aplicar a Gendarmería esta norma que existe para las FF.AA".

RESGUARDO DE INFORMACIÓN

En lo fundamental el proyecto exime del permiso de construcción a los establecimientos penitenciarios con el fin de evitar que los planos de construcción de esos recintos estén expuestos ante la comunidad en la Dirección de Obras Municipales.

La iniciativa originada en un Mensaje del Ejecutivo se fundamenta en que las características de construcción  desde el punto de vista técnico están resguardadas en los respectivos contratos de concesión, conforme a la Ley de Concesiones y las obras son supervisadas por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Asimismo en estos casos procede la inspección técnica independiente del constructor que se exige para las obras de uso público, conforme lo dispone la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Cabe señalar que toda construcción, reparación, alteración, ampliación, demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requieren necesariamente del permiso de la Dirección de Obras Municipales.

Sin embargo, se excluyen de esta obligación a las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que estén destinadas a sus fines propios, sean urbanas o rurales.

Sin embargo, hasta ahora, ésta excepción no regía para la construcción de establecimientos penitenciarios, que mantienen la obligación de requerir permiso de la Dirección de Obras Municipales que impone la Ley General de Urbanismo y Construcciones a toda edificación.

Por estas razones, el proyecto pretende homologar esta norma y restringir la circulación de documentación relevante para la seguridad de los establecimientos carcelarios, tales como planos, especificaciones técnicas y otras características estratégicas.

Dentro de las instituciones eximidas de los permisos e inspecciones previstas se incluyen a las obras que tengan carácter penitenciario y que pertenezcan a Gendarmería de Chile, sean  urbanas o rurales y siempre y cuando sean destinadas a sus fines propios. Ello, en atención a la naturaleza jerarquizada, uniformada, disciplinada y obediente que reviste dicha Institución, la obliga legalmente a velar por la seguridad interior de los establecimientos penitenciarios.