Con el voto unánime la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar sobre la reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, que entre otras materias establece el fideicomiso ciego para determinadas autoridades del país.

No obstante, la instancia acordó invitar a expertos constitucionalistas, a los centros de estudios, al Consejo de Defensa del Estado y al Contralor General de la República, a objeto de conocer sus opiniones sobre la iniciativa, antes de someterla a votación en particular.

De hecho, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, manifestó que es probable que la votación del articulado de la iniciativa, que cumple su segundo trámite, ocurra en marzo al regreso del receso legislativo del verano.

Según explicó el presidente de esa instancia legislativa, senador José Antonio Gómez, "el avance más sustancial es que discutimos los artículos más complejos en relación a si los bienes en los casos de los Presidentes, ministros o parlamentarios tienen que ser enajenados o basta con el fideicomiso ciego".

Agregó que en su opinión, "las reglas del juego para el Presidente de la República debieran estar claras, sea que éste tenga cero patrimonio hasta muchos miles de millones de dólares. El ejercicio de ese cargo requiere normas claras para todos, porque el hecho de tener terrenos o una pertenencia minera puede significar un enriquecimiento, entonces para evitarle el problema al Presidente debieran haber normas muy claras donde se establezca el criterio o del fideicomiso ciego o de enajenación de bienes".

INCOMPATIBILIDADES

Pero además de ello, el senador Gómez explicó que también se discutió la posibilidad de que exista o no incompatibilidad  para el ejercicio profesional de los abogados parlamentarios.

Al respecto dijo que "no se pueden establecer normas discriminatorias respecto a profesiones porque un arquitecto que pueda hacer una gran población en un distrito siendo parlamentario, puede obtener una votación gigantesca. En mi opinión debiera haber una dedicación exclusiva del parlamentario a su función y no tener ninguna posibilidad de ejercer la profesión a menos que lo haga gratuitamente o con alguna disposición establecida en la ley".

Por su parte el senador Andrés Chadwick -integrante de la Comisión de Constitución- señaló que la iniciativa aprobada en general apunta a "favorecer que exista la mayor transparencia posible, en lo que dice relación con los intereses y patrimonio de las distintas autoridades como parlamentarios, ministros o Presidente de la República a objeto de que se pueda hacer una clara diferenciación entre lo que es el interés propio particular y el interés común que debe prevalecer entre las autoridades".

El legislador explicó que el Ejecutivo presentó una indicación que obliga a enajenar determinados bienes y que se optó por invitar a especialistas para conocer sus efectos o cómo operan normas similares en otras partes del mundo.

Agregó que "quiero que se precise bien lo que esa indicación pretende y qué tipos de bienes son los que están obligados a enajenar, ¿aquellos que son regulados por el Estado o aquellos que pueden verse beneficiados por conductas del Estado?. Quero ver una adecuada precisión para ver qué se pretende, porque podemos estar introduciendo una norma a la Constitución que no genere los efectos que buscamos".

Asimismo, el senador Chadwick destacó los avances que ha tenido nuestro país en materia de probidad y transparencia, argumentando que "se dictó una ley de probidad que es un ejemplo de legislación en materia de transparencia y probidad en Latinoamérica y lo que se está haciendo ahora es llevar ciertas disposiciones a la Constitución para los efectos de que tengan una mayor permanencia y estabilidad en el ordenamiento jurídico".

Cabe recordar que entre las disposiciones que contiene el proyecto se encuentra la que señala que el Presidente de la República y demás autoridades, señaladas por ley, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, y encomendar la administración de sus bienes y obligaciones a terceros, cuando aquella ley así lo exija.