Durante buena parte del año 2008, la Comisión que presido en el Senado, también compuesta por los senadores Núñez (PS), Orpis (UDI), Pérez Varela (UDI) y Sabag (DC), discutió una reforma constitucional acerca de la institucionalidad de los gobiernos regionales y la elección directa de los consejeros regionales, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional.

En el transcurso del debate, los miembros de la Comisión fuimos descubriendo, motivados e informados por numerosas exposiciones de académicos universitarios y actores del mundo regional, diversos temas que pueden ser profundizados y, por qué no, implementados para que las regiones del país dejen de depender de la Administración Central, logrando con ello la ansiada autonomía para el diseño e implementación de políticas públicas regionales.

Así las cosas, y autorizados por las normas respectivas en materia de formación de la ley, se acordó con el Gobierno un mecanismo de trabajo tremendamente fructífero, que tuvo como resultado no sólo aprobar la posibilidad de que los consejeros regionales fueran electos de manera directa, sino, además, que asuntos tan relevantes como la elección del presidente del consejo regional, la transferencia de competencias desde el nivel central hacia las regiones, la consagración constitucional de la obligatoriedad del cumplimiento de los convenios de programación y la inclusión de los municipios a este mecanismo de fomento.

Como puede apreciarse, la reforma constitucional aprobada por la Comisión de Gobierno constituía un paso trascendental para la descentralización del país, engarzando con las modificaciones que la misma Comisión comenzaría a trabajar en los próximos días en la ley orgánica de gobierno y administración regional, la que podría ser sustancialmente enriquecida respecto del proyecto que ha propuesto el Ejecutivo, con las ideas que surgieron durante el debate y exposiciones de esta reforma.

Esto no hace sino ratificar el consenso que se generó en la Comisión acerca de la urgencia de dotar a las regiones con instrumentos que les permitan ser realmente autónomas.

Sin perjuicio de que el acuerdo descrito contó con la aprobación de la mayoría de los miembros de la Comisión, la Sala del Senado, impulsada por una interpretación equívoca del Ministro Secretario General de la Presidencia y apoyada por algunos Senadores, acordó devolver el proyecto aprobado para que fuera discutido nuevamente.

Más allá de los detalles formales y las argumentaciones jurídicas que se pudieren invocar para responder al Ministro Viera Gallo, que las hay, queda claro que tanto desde el Ejecutivo como desde el Parlamento no existe el ánimo de entregar mayores competencias a las regiones, con lo que, hasta hoy, se mantiene el conservadurismo extremo de sostener que todo nace en Santiago, mermando con ello la democracia y su contenido más preciado: la participación de quienes serán los que sufran o perciban los efectos de las políticas públicas.