Fuertes sanciones y multas para las empresas que atenten contra la libre competencia estableció la Comisión de Economía, en el proyecto que aumenta las facultades del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Así lo afirmaron los senadores Guillermo Vásquez y Jovino Novoa, presidente e integrante de la Comisión de Economía, respectivamente. La instancia recibió además al Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara.

Los parlamentarios señalaron que se acordó aumentar de 20 mil a 30 mil unidades tributarias anuales, es decir, de $8 mil millones a $12 mil millones, el monto máximo de las multas para las empresas que incurran en colusión para la fijación de precios en el mercado.

Además coincidieron en la necesidad de establecer la figura de la delación compensada como un estímulo para que las personas involucradas en investigaciones entreguen información relevante sobre los casos a cambio de beneficios como la reducción de las sanciones. Sin embargo, esta norma será votada la primera semana de enero.

El senador Vásquez explicó que "en el resto de las infracciones se mantiene el umbral de las 20 mil UTA y se avanzó además en establecer la prohibición de que las multas por infracción a la libre competencia sean pagadas por las empresas, cuando corresponden a los ejecutivos o gerentes".

Precisó que "en estos casos las multas deberán ser pagadas con el patrimonio personal de los infractores como una forma de inhibir la comisión de actos atentatorios a la libre competencia".

Por otro lado, señaló que se eliminó el requisito de consignación, es decir de depositar el 10% de la multa por infracción a la libre competencia en el tribunal, en caso de apelación, ya que se consideró que atentaba contra el libre acceso a la justicia".

Por su parte, el senador Jovino Novoa, se mostró satisfecho con el aumento del umbral de las multas para los casos de formación de "carteles de empresas" porque la idea es sancionar fuertemente los casos de colusión en el mercado y "con este rango de multas el Tribunal tendrá un amplio margen para aplicar las sanciones".

Asimismo valoró "la disposición que impone el pago de multas a las personas naturales para que no puedan ser pagadas por la sociedades o las empresas, de modo de desincentivar que los directores, los gerentes o las personas tomen las decisiones a nombre de las sociedades. Por lo tanto, habrán mayores estímulos para actuar responsablemente".

El parlamentario manifestó que quedaron pendientes los temas relativos a los procedimientos para establecer la remoción del Fiscal y las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, que "esperamos analizarán durante los primeros días de enero".