Aunque las violentas protestas de los importadores de vehículos usados del país altiplánico no eran un tema de la agenda bilateral que abordaron las Comisiones de RR.EE de Chile y Bolivia en la reunión que sostuvieron en La Paz, éstas llamaron la atención de los senadores de ambos países quienes compartieron la necesidad de que el Gobierno de Evo Morales aplique esta medida gradualmente.

Así lo señalaron los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín, presidente e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, respectivamente quienes manifestaron su preocupación por los efectos que esta medida tendrá en el empleo y en las pequeñas y medianas empresas tanto de Bolivia como de Chile.

Los parlamentarios indicaron que "en el marco de las conversaciones con nuestros pares bolivianos les representamos la necesidad de resolver este tema de manera razonable", sin embargo, coincidieron en que se trata de una decisión que está en manos del Ejecutivo de Bolivia.

El senador Jaime Gazmuri aseguró que "estábamos allá cuando se produjo este episodio que tiene que ver con un tema interno boliviano porque mediante una disposición gubernamental se pretende controlar una importación muy masiva de autos muy antiguos de incluso más de 10 años, lo que tiene una justificación técnica y medioambiental".

No obstante, "esta importación de autos a Bolivia la hacen pequeños y medianos empresarios bolivianos básicamente a través de la Zona Franca de Iquique y por eso hubo mucha protesta en Bolivia de parte de importadores, las que costaron incluso la vida de al menos una persona", dijo el legislador.

Por estas razones, "en las conversaciones personales con nuestros pares hicimos ver nuestra inquietud pero no lo incluimos como un punto bilateral porque no lo es. Sin embargo, tengo la impresión que esto tendría una solución rápida porque el error administrativo fue aplicar esta decisión de manera abrupta porque habían muchos negocios comprometidos".

Agregó que "uno no puede criticar que Bolivia quiera un parque vehicular más nuevo y menos contaminante, pero como se afectan algunos negocios particulares esperamos que se resuelva una fórmula de gradualidad para la implementación de la medida".

ROL DE LOS MANDATARIOS

Por su parte, el senador Hernán Larraín precisó que "estamos frente a un decreto del Gobierno boliviano que reduce la antigüedad de los autos que ingresen al país porque sus autoridades no quieren que se convierta en un depósito de chatarra de la región".

El problema es que "esta medida tiene un impacto económico muy dañino tanto al interior de Bolivia como para Chile y, en ese sentido, tuve la oportunidad de plantear este tema al Presidente del Senado de Bolivia, Oscar Ortiz Antelo, como a otros senadores para que entendieran que era complicación enorme y que estaba generando violentas protestas en su país".

Por eso "planteamos que se tomen medidas graduales en el tiempo y que no perjudiquen la aplicación de importaciones que están hechas y no se afecte aún más el empleo y la actividad económica en ambos países, sobre todo considerando que estamos en un periodo donde la crisis económica internacional afecta el crecimiento".

En esa línea, el senador Larraín puntualizó que "esto es algo que está en manos del Ejecutivo de Bolivia y por eso propusimos a nuestros pares representar esta preocupación a sus autoridades y nosotros haremos lo mismo para que los Presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet puedan abordar este tema en la Cumbre del MERCOSUR que se realiza en Brasil y que se busque una fórmula de transición que evite los daños económicos".

Cabe señalar que las ventas en Arica e Iquique por concepto de importación de vehículos usados es de US$ 300 millones anuales y por lo tanto, el decreto boliviano pone en riesgo unos 13 mil empleos.