"Creo que fue una gran acierto haber permitido que capitales privados pudieran incursionar en las empresas sanitarias en el país porque ello ha significado que Chile esté a la vanguardia en cobertura de agua potable y además en tratamiento de aguas servidas", así lo aseguró el senador Hosaín Sabag, integrante de la Comisión de Gobierno.

El parlamentario quien participó en la modernización del Código de Aguas indicó que "tenemos prácticamente cobertura de agua potable y alcantarillado casi cercano al 100% y en tratamiento de aguas servidas estamos en una cobertura del 75%. Sin embargo, una vez que se terminen las obras de construcción de la planta La Farfana llegaremos al 95% lo que es un hito muy importante que incluso está por sobre los países desarrollados".

Manifestó que a raíz de la modernización del sector sanitario "se han hecho enormes inversiones" y el Fisco también se ha visto beneficiado porque mantiene una participación accionaria relevante a través de Corfo en las empresas sanitarias, lo que se ha traducido en que el Estado ha obtenido unos US$557 millones desde 2001.

De acuerdo a la información proporcionada por el Sistema de Empresas Públicas (SEP), las inversiones en el sector sanitario entre 1999 y 2008 suman los US$3.000 millones.

CONTRARIO A LA NACIONALIZACIÓN DEL AGUA

Por estas razones, el senador Sabag se mostró contrario a las iniciativas que proponen nacionalizar el agua, porque "en nuestro país, el progreso, el adelanto y la confianza descansan en el irrestricto respeto del derecho de propiedad".

Recordó que "países como Venezuela o Ecuador que han abolido este derecho sólo provocan mayor incertidumbre lo que redunda en una disminución de la inversión y mayor escasez".

Sostuvo que "los derechos de agua son de propiedad y entonces se tendría que cambiar la Constitución para nacionalizar. No obstante, las aguas son públicas y las manejan los privados mediante la adquisición de los respectivos derechos para realizar obras".

Afirmó que "en el Congreso discutimos largamente como resolver la situaciónque se producía con la acumulación de derechos de aguas que estaban en manos de particulares pero que, a veces, los utilizaban para impedir que otros hicieran uso de ellos".

Por eso "llegamos a la conclusión de que había que crear el cobro de una patente por el no uso de las aguas. Esto comenzó a regir este año y va en aumento exponencial, eso quiere decir que si una persona posee derechos de aguas y no los utiliza va a tener que pagar mucho dinero y si no lo hace el Estado rematará dichos derechos".

El senador Sabag aseguró que "por esta vía del remate, el Estado puede recuperar estos derechos y entregarlos a quienes realmente los ocupen en actividades productivas".

De este modo, se logró compatibilizar la Constitución con el bien común porque si no se paga esta patente por no uso, opera el mismo sistema que rige para las contribuciones de las propiedades, porque lo que se desea es que las aguas se usen en beneficio de la producción del país que es un bien nacional de uso público pero que es escaso".